La Biblia habla de una Bestia del Apocalipsis popularmente identificada con el número 666. Pero como los argentinos somos invariablemente distintos, para el proceso eleccionario que concluirá el 22 de octubre próximo creamos nuestra propia Bestia llamada 624, que corresponde a la cantidad de partidos políticos habilitados para participar en la contienda electoral en todo el país.
En un contexto de licuación de los partidos nacionales tradicionales competitivos, esta incongruencia que coexiste con los híbridos mensajes de campaña, desnuda que esta supuesta diversidad está más asociada al “negocio” que a los debates ideológicos o programáticos. Nuestra Bestia 624 fue engendrada por leyes de partidos y electorales que buscan la permanencia de oligarquías políticas, minimizando el poder del voto ciudadano. Es más fácil usufructuar la pobreza en lo discursivo y denunciar fraudes, que elaborar leyes verdaderamente democráticas. Ante tamaña Bestia, resulta evidente que la Cámara Nacional Electoral no controla el cumplimiento de requisitos para constituirse como partido, ni la Justicia Electoral controla gastos de campaña en tiempo y forma. En este contexto, los manipuladores de recursos del Estado encontraron un negocio “pyme”: armar un envase comercial disfrazado de partido para, en beneficio de sus “dueños”, comercializarlo en una elección ante candidatos electoralmente más fuertes. Las leyes permiten, por ejemplo, que Pino Solanas con dos años más como senador, sin renunciar a su cargo juegue a ser nuevamente candidato a senador en otro distrito. Para ello recibió del Estado $ 1.554.390. Cuando el andamiaje “legal” para permanecer no es suficiente, sus beneficiarios estallan en indignación. El Adolfo Rodríguez Saá no llamó al resultado electoral de San Luis el libre juego de la democracia, sino “traición”. Refiriéndose quizás a los votos de los peones de su estancia (perdón, provincia).
Es necesario entonces que con la conformación de las nuevas legislaturas, junto con los imprescindibles cambios tecnológicos operativos como la boleta electrónica, se desactiven las trampas laboriosamente legalizadas, como las listas colectoras, listas espejo, ley de lemas, candidaturas testimoniales, listas sábana y demás esperpentos, producto de enriquecedores “acuerdos políticos” y oportunistas interpretaciones judiciales. En ambos casos sin “grietas”.
En cuanto a la corrupción, tema aún extremadamente incómodo para plantear en campaña (la ex presidente no la menciona y Massa debió asociarse con Stolbizer), también los hechos superaron a los discursos, ratificando que “la única verdad es la realidad”. En la sesión de Diputados del 26 de julio pasado, en una votación esclarecedoramente nominal (los ausentes son igualmente relevantes), no se alcanzaron los votos necesarios para suspender al procesado diputado Julio De Vido. Días más tarde, tras la tenaz defensa que el juez federal de La Rioja hiciera de la renovada candidatura a senador de Menem, la Cámara Electoral la impugnó por tener dos condenas penales firmes. Tras el fallo, el Partido Justicialista, que simulara criticar a Menem por neoliberal, se abroqueló en su defensa y presentó una apelación ante la Corte. Por último, el camarista Freiler, cuyo enriquecimiento desmesurado no pudo justificar, fue finalmente suspendido en su cargo por el Consejo de la Magistratura para someterlo a juicio político, provocando fuertes polémicas por las posibles “argucias” empleadas. El enojo no residía en sus derechos de defensa (que los tendrá), sino en perder sus votos ante casos de corrupción, que pese a ser cantados, en la justicia no se anulan.
Tanto fervor político en favor de tres casos emblemáticos de corrupción, indican que la fuerte trama de funcionarios, empresarios y testaferros asociados, dará dura lucha para mantener patrimonios y libertades. Lograr ajustes “virtuosos” que afecten a los sectores políticos, gremiales, judiciales y empresariales privilegiados, no será nada fácil. Mientras tanto, sus beneficiarios continúan invocando en sus discursos falsas “legalidades”, disfrazando a las prebendas como derechos adquiridos, y autoproclamándose representantes hereditarios de “los que menos tienen”.
Buenos Aires, 23 de agosto 2017