Mes: abril 2020

Transcurrido el primer año de gobierno nacional de la coalición Cambiemos, y de ejecutivos provinciales y municipales que tuvieron renovaciones generacionales en unos casos, o ratificaciones de conducciones casi feudales en otros, es oportuno reflexionar sobre transformaciones necesarias para que no se reiteren políticas pendulares recurrentes, que catalogadas como neoliberales o populistas, arrojaron un único resultado: políticos y empresarios enriquecidos, con población empobrecida. Los extremos del péndulo se repiten desde hace décadas. Se adoptan decisiones meramente recaudatorias y/o confiscatorias ante emergencias económicas terminales, para que años más tarde, los mismos actores retomen un festival de gastos públicos irresponsables y corruptos. Sirvan de ejemplo las privatizaciones y reestatizaciones de YPF, Aerolíneas y sistema jubilatorio.

Se entiende como lenguaje político los mensajes propalados a través de diversos medios de comunicación en busca de adhesión, presentando a la opinión como si fuera información. Con el surgimiento de los regímenes totalitarios del siglo XX, y el simultáneo desarrollo tecnológico que permitió comunicar masivamente a grandes distancias, surgieron las reglas de propaganda política hoy vigentes, direccionadas a lo emocional antes que a lo racional. La posterior aparición de Internet y redes sociales, si bien expandieron el fenómeno, no modificó la esencia de las reglas originales. Por lo tanto, informarnos requiere el mismo esfuerzo que afrontábamos en las clásicas bibliotecas: buscar las fuentes relacionadas con el tema en cuestión, procesar datos y formar nuestra opinión.

Pero esta evolución comunicacional produjo una consecuencia en los actores políticos aún no debidamente mensurada. Se manifiesta principalmente en el sector legislativo, por su responsabilidad primaria de establecer leyes y normativas de los temas en debate (controles públicos, sanciones administrativas y penales, minoridad, leyes sociales, etc.). Mientras los ciudadanos incrementaron sus niveles de interacción y espíritu crítico, los legisladores, obligados a tener presencia activa en redes sociales y como panelistas en programas de opinión, desnudan preocupantes contradicciones, desconocimientos y oportunismos. Se mantienen en el esquema de opinar, pero no de informar y/o formar.

Ejemplifiquemos con un tema de actualidad: la baja de imputabilidad de menores de 16 a 14 años. La legisladora “Doña Margarita” twitea que se opone, y el legislador “Don Raúl” que aprueba. Pero ninguno de ellos nos expresa cuáles son sus propuestas y las de sus bloques al respecto; cuándo las presentarán, y si atenderán integralmente la problemática, o serán parches acordes sucedan los hechos y repercutan en la sociedad. Aún con su limitación de caracteres y espacios, las propias redes sociales permiten brindar información. Solo se debe incluir el “link” que una vez abierto, permita conocer en detalle sus propuestas y proyectos de ley.

Paralelamente, este contexto digital brinda al ciudadano común una herramienta aún no usufructuada de modo adecuado. Consiste en no limitarnos a mantener el rol de usuarios pasivos característico de los medios clásicos (lector, oyente, espectador), pulsando “me gusta / no me gusta” o “seguir”, sino transformarnos en actores activos, exigiendo al legislador o funcionario propalador de mensajes sintéticos, respuesta a nuestros pedidos de información. Deberá ser una tarea persistente, porque políticos, empresarios y gremialistas no están preparados para responder, sino para convencer unilateralmente a receptores masivos, en base a frases hechas, verdades a medias o incomprobables. En la próxima opinión analizaremos algunos ejemplos de actualidad con frases o conceptos altisonantes que se viralizan, pero que nada aportan en la búsqueda de la verdad, o peor aún, la ocultan.

Buenos Aires, 25 de enero de 2017

En un país con alta corrupción y pasividad judicial, cuya única estrategia defensiva de los funcionarios acusados es denunciar “persecución política”, resulta preocupante los reiterados y oportunistas pedidos de renuncia de integrantes del ejecutivo por parte de legisladores, basados en meros trascendidos periodísticos o delitos no comprobados. Pero es inadmisible que esos mismos “indignados” legislen para que un senador condenado y legisladores procesados por delitos comunes, puedan continuar ejerciendo sus funciones, o en esa condición presentarse como candidatos en las elecciones legislativas. Tales actitudes entran en el campo de la ética cínica, que permite el juego de la confusión para favorecer la impunidad. El cinismo es una escuela filosófica originada en la Grecia clásica, que con el tiempo adquirió su actual sentido peyorativo. Consiste en mentir para ocultar y/o defender acciones condenables con argumentos convincentes.

En este contexto, podría sospecharse que el abusivo uso del término ética no es casual. Pero desnuda una paradoja. Los que legislan leyes que los amparen para permanecer en sus funciones en caso de ser procesados, son los mismos que pretenden exhibir autoridad moral para reclamar renunciamientos éticos a funcionarios de otros poderes, a los que no están obligados por ley. Esta dicotomía explica el viejo juego político del “todo vale”. Para proteger corruptos se acude al principio de inocencia; para atacar adversarios, en nombre de la ética se apela al principio de sospecha. Ante esta dualidad, emerge una duda inquietante: cómo podemos detectar si el cinismo de ciertos legisladores se aplica solo como mera especulación política, actitud de por sí dañina, o como estrategia planificada para mantener estructuras delictivas consolidadas? El reciente caso Gómez Centurión en la Aduana, actualiza este interrogante. La táctica de la sospecha y el desprestigio es un instrumento con diversas utilidades. Suele aplicarse sin disimulo, de forma persistente y simultánea, pues importa más instalar la duda que convencer. El ataque comunicacional para enlodar al fiscal Nisman a horas de su muerte, es un ejemplo cercano.

A diferencia del periodismo en su acepción general, que actúa como vehículo transmisor de información de origen variado sin certificar verosimilitud, el de investigación se caracteriza por una complejidad que requiere adecuada formación y soporte económico. Hugo Alconada Mon y Daniel Santoro, por citar dos prestigiosos ejemplos, detectan fuentes, identifican circuitos de dinero, cuentas bancarias y estructuras empresarias, cotejan datos, y transparentan tramas. Si el trabajo es profesional, se evitan selectividades políticas. Más allá de sus obvios impactos periodísticos, estas investigaciones tienen como naturales destinatarios a jueces y fiscales, que son quienes deben certificar autenticidad y peso probatorio de los elementos brindados a la opinión pública. Fue el periodismo de investigación el que desnudó la manifiesta morosidad de las tramitaciones judiciales ante tan valiosos aportes.

Si bien nada impide que legisladores formulen denuncias utilizando trabajos periodísticos, sus obligaciones primigenias son las de legislar para definir delitos, y establecer normativas de control y sanción. Son los responsables de minimizar la práctica de la ética cínica, legislando que ningún funcionario del ejecutivo (salvo los que deben ser removidos por juicio político), legislativo y judicial, pueden desempeñar sus cargos en condición de procesados por delitos comunes. Ello no implica presunción de culpabilidad, sino un requisito ético del cargo con fuerza de ley. De no actuarse de este modo, las denuncias serán utilizadas tanto por oportunistas políticos, como por delincuentes vinculados a la corrupción público-privada para proteger sus redes de impunidad y enriquecimientos ilícitos. No es casual que en la Argentina los saqueadores de recursos del Estado, en lugar de fundamentar su inocencia, recurran al argumento “todos somos corruptos”. Para esta estrategia, la ética cínica es invalorable.

Buenos Aires, 18 de enero 2017

En el siglo XVIII, Jean-Jaques Rousseau expresaba: “El pueblo inglés solo es libre mientras dura la elección de los miembros del parlamento. En cuanto esos miembros son elegidos, el pueblo vuelve a convertirse en nada”. 270 años más tarde, la vida política evolucionó acorde al desarrollo industrial, tecnológico, y la aparición de las sociedades de masas. Pero las pugnas y ambiciones humanas para alcanzar y mantener escaños de poder, se mantuvieron inmutables.

Las elecciones legislativas nacionales del 2017 nos permitirá ese momento de libertad, pero con limitantes: un sistema electoral restrictivo y manipulable que facilita asombrosas continuidades dirigenciales, y alternativas partidarias atomizadas y oscilantes. Pero como la política y el sistema democrático son los instrumentos más adecuados para el progreso de las sociedades, proponemos un juego playero que además de colaborar con unas relajadas vacaciones, cumpla un rol formativo para afrontar los próximos bombardeos de campaña. Consiste en acertar los nombres de quienes encabezarán las listas de las principales agrupaciones para alcanzar o renovar bancas legislativas en las Cámaras de diputados y senadores de la Nación. Como en todo juego, es necesario conocer previamente sus reglas.

Se priorizarán historias electorales de los candidatos, por sobre proclamas oportunistas tales como derecha, izquierda, peronista, radical o progresista. Los objetivos serán individuales y terrenales, con mutaciones de personalidad. El fenómeno se transparentó en las fórmulas presidenciales De la Rúa-Carlos Alvarez en 1999; Cristina Fernández-Julio Cobos y Roberto Lavagna-Gerardo Morales, ambas en el 2007. Las contradicciones se incrementan en las elecciones legislativas. Felipe Solá alcanzó sus diputaciones en listas encabezadas sucesivamente por Kirchner, De Narváez y Massa. El caso de la diputada Mónica López en el 2015 es inolvidable. Tras embanderarse con el Frente Renovador durante toda la campaña del 2015, y criticar duramente a la gestión Scioli por la inundación de la provincia de Buenos Aires, a días de la primera vuelta electoral anunció su apoyo a Scioli. Recientemente, el caudillo conservador puntano “el Alberto”, hermano “del Adolfo”, decidió militar en defensa de Milagro Sala. Las siglas partidarias como PJ, UCR, PRO, FR, FAP, GEN y otras, no son determinantes. Ni siquiera existe certeza que el FPV participe con esta sigla en la próxima elección. Otro factor a considerar son los llamados “heridos”, como se denominan a quienes quedan fuera de las negociaciones del armado de listas, que usualmente se realizan en quinchos familiares. Se deberá especular con sus eventuales traspasos curativos de último momento, justificados bajo el pomposo paraguas de haber acordado “denominadores comunes”, o sea, “conseguí ubicarme”.

Vayamos ahora a las piezas del juego. Se deberán completar dos colectivos. Uno de 127 plazas para diputados, y otro de 24 plazas para senadores. Por la sobreabundancia de candidatos en adquirir pasajes, el juego se dividirá en distritos. El más complejo está en la caja denominada Ciudad y provincia de Buenos Aires. En este caso, se deberá acertar los nombres de los primeros seis lugares para diputados, y los dos correspondientes a senadores.

Como base previa de análisis, se tomará en cuenta que en diputados terminan mandatos entre otros, Alfonsín, Argumedo, Barletta, Binner, Brizuela del Moral, Cabandié, Carrió, Carrizo Carla, Ciciliani, Conti, Costa Eduardo, Daer, De mendiguren, Di Tullio, Giustozzi, Heller, Kunkel, Laspina, Massa, Mendoza Sandra, Plaini, Recalde, Sánchez Fernando, Sola y Stolbizer. En el Senado, finalizan Abal Medina, Fellner Liliana, García Virginia, Linares, Menem, Negre de Alonso, Naidenoff y Rodríguez Saa Adolfo. Será fundamental considerar a quienes ansiosamente pretenden acceder desde el llano, como Kirchner Cristina, Scioli, Yoma Jorge, Fernández Alberto, Randazo, Lozano, Filmus y Artaza Nito.

Cada jugador enviará sus predicciones en sobre cerrado a la Cámara Nacional Electoral, cinco días hábiles antes del cierre de listas o de pases, según se prefiera. Días más tarde se realizará apertura de sobres ante escribano público. El ganador encabezará una importante lista sábana en la elección nacional del 2019.

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016

A través de la historia, las imágenes exigen al espectador, además de una evaluación de calidad artística y técnica empleada, conocimiento de los contextos históricos o significados simbólicos representados. Este ejercicio es válido para obras clásicas como “La última cena” de Leonardo, en donde el gesto de cada apóstol no es casual, o en las viejas fotos de familia, en las que los “nonos” van sentados al centro, los niños en primera fila, y los más jóvenes al fondo de pie.

La foto del “histórico” acuerdo multipartidario opositor que aprobó un proyecto mal llamado de ganancias (corresponde decir ingresos), si bien es irrelevante desde lo estético, permite múltiples reflexiones desde lo político. Sobresalían justicialistas puros, renovadores y kirchneristas. A fin de balancear la presencia de personajes “duros” y aportar rasgos más sensibles, se incluyeron a las diputadas Alicia Ciciliani; Victoria Donda y Alcira Argumedo, pertenecientes a la agencia de colocaciones cuya híbrida razón social es “progresismo”. La representación de la “Última cena política” no careció de elementos místicos. Fuera de escena sobrevolaban los diputeólogos Sergio, Máximo y Margarita (esta última, como es habitual entre legisladores, de gira por el exterior). El toque final, a manera de ángel de la anunciación posado en una nube, lo protagonizó la vicepresidente Michetti profetizando: “si el proyecto sale así, Macri lo vetará”. Provocó el alborozo de opositores (ganancia política), y gobernadores (sin pérdida económica).

Pero publicada la ya famosa foto, se produjo un hecho no menos religioso. Un ángel protector se le apareció en sueños a Macri, aconsejándole: “No vetarás”. Macri, reconfortado por esa señal, anunció que no vetaría. Comenzó entonces otra historia mucho más dinámica y enriquecedora, que si bien muestra los enormes esfuerzos que deberá afrontar la sociedad para cambiar paradigmas políticos que explican el atraso y pobreza del país, abren también una luz de esperanza.

El portavoz del acuerdo “en bien de los trabajadores” fue el diputado Kiciloff, quien anunció con enjundia que el mínimo no imponible de 15 mil pesos que él dejara un año antes como ministro de Economía, subiría a 45 mil pesos. El costo fiscal fue avalado entre otros por Marcos Lavagna, desoyendo el consejo de su padre Roberto, quien semanas antes había expresado su preocupación por el aumento del déficit fiscal y el endeudamiento. Gioja, presidente del PJ y fervoroso defensor de la megaminería, nada dijo de la reinstalación de impuestos a la actividad minera. Los supuestos nuevos ingresos que pagarían los que “más tienen”, no incluían al sistema judicial exento de ganancias, sino solo a los jueces que se incorporen a futuro, lo que es inconstitucional. El declamado impuesto al juego era 15 veces menor que el previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. El indefinido concepto de “inmuebles improductivos” recaudaba solo 60 millones de pesos. Paralelamente, el Senado tiene paralizada la ley de Extinción de Dominio aprobada en Diputados, que en lo inmediato permitiría que entre José López, Florencia Kirchner y Lázaro Báez se recauden como mínimo 30 millones de dólares, o sea, más de 480 millones de pesos.

El debate de ganancias dejó expuestos arcaicos vicios políticos, que en un año electoral cuyo resultado no modificará sustancialmente las mayorías y minorías legislativas vigentes, expondrá claramente intereses personales. Pero visto positivamente, lo sucedido rescata una dinámica legislativa y política que desconocíamos desde hace más de una década. La atomización partidaria, según evolucione, puede ser una oportunidad. A la sociedad ya no se la arrastra tras etiquetas absolutas como peronismo, radicalismo, izquierda, derecha. La divisoria de aguas empieza a ser entre legisladores capaces u oportunistas; entre políticos honestos o deshonestos; entre sistemas de gobierno modernos o arcaicos caudillajes conservadores; entre trabajadores o patoteros; entre renovaciones periódicas democráticas naturales o amenazas fascistas de golpismo.

Quizás en el año que finaliza pueda haber una nueva foto llamada “Última cena política II”, con gobernadores, gremialistas y funcionarios anteriormente ausentes. En ese caso, tener presente ubicar en el ángulo superior derecho, al ángel protector que aconsejara a Macri no vetar el proyecto inicial de la oposición.

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016

En el discurso político, la verdad consiste en que haya coincidencia entre lo que se dice, se hace, y los hechos. La simulación por su parte, consiste en enmascarar con astucia los hechos bajo la apariencia de verdades. Esta práctica de “verdades aparentes”, se potencia con la regla propagandística llamada “De orquestación”, consistente en la repetición incesante de mensajes simples o “envasados”, que bajo supuestas posturas ideológicas, enmascaran la verdad. De aplicación universal, en nuestra política vernácula ofrece la peculiaridad que tras 33 años de democracia, se mantienen inamovibles un gran número de dirigentes, y sus anacrónicos y/o engañoso mensajes. Citemos algunos de ellos.

1.- Hemos encontrado denominadores comunes para un acuerdo. Desaparecidos los partidos políticos tradicionales y participativos, esta frase la pronunciarán dirigentes que pretenden renovar sus cargos legislativos , o quienes desde el llano intenten acceder a ellos. El denominador común será acordar su ubicación en los primeros puestos de las listas de candidatos. En elecciones anteriores, ya hemos asistido a alianzas personales insólitas, sin ningún pudor.

2.- Con la inflación sufren los que menos tienen. Frase habitual, que omite una consecuencia complementaria más ilustrativa: “y ganan los que más tienen”. Al perderse el valor real de los productos o servicios, la especulación de mercados dominantes maximizan sus ganancias. De hecho, pasó durante el kirchnerismo con los supermercados, el sector financiero y telefónicas, entre otros.

3.- Es necesario un ajuste fiscal y terminar con el clientelismo. El ajuste es presentado como perjudicial para las clases medias y bajas, y el clientelismo como forma de lucrar políticamente con los pobres. Lamentablemente, los antecedentes avalan este temor social. Pero se elude decir que ante la inevitabilidad del ajuste, este debe y puede ser soportado por los que más tienen, y que el impacto del clientelismo en las últimas décadas ha sido mayor en grupos económicos empresarios asociados al Estado, que el destinado a sectores sociales carenciados. El marco preexistente necesario para una crisis y los posteriores ajustes, es similar a nivel mundial (México, Rusia, Argentina, Grecia, Brasil): altos niveles de corrupción estatal-empresaria; altos funcionarios de gobierno y empresarios reconocidos o testaferros asociados, escandalosamente enriquecidos. Paralelamente, altos índices de pobreza y desempleo. Pongamos esta generalización en números, con dos ejemplos:

1) En la crisis 2001-2002, se incautaron los ahorros de pequeños y medianos ahorristas por más de 40 mil millones de pesos/dólares, que fueron devueltos pesificados, o a lo largo de diez años. Paralelamente, se estatizó parte de las deudas de 15 mil millones de pesos/dólares de grandes grupos empresarios nacionales y extranjeros.

2) A fines del 2016 se aprobó una ley de emergencia social que destina 30.000 millones de pesos para el período 2017-2019. Pero sin engorrosos debates legislativos, en el gobierno “populista” anterior, el ex director de la AFIP Ricardo Echegaray permitió que el empresario Cristóbal López no reintegrara 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles, para destinarlos a nuevas inversiones propias.

4.- Crear fuentes de trabajo / perder fuentes de trabajo. Frase clara desde sus efectos, con la complicidad de funcionarios, empresarios y gremialistas, la “creación de trabajo” se utilizó muchas veces como tapadera para encubrir negociados a costa del Estado, y la “pérdida de trabajo” como factor de presión para mantener clientelismos empresarios, ante intentos de afectarlos, sea por finalización y/o incumplimientos de contratos de concesión; vencimiento de regímenes promocionales, o adopción de medidas que afecten monopolios (supermercados; industria farmacéutica, del juego, etc.). Cabe preguntarse: que rol desempeñan los gremialistas en este esquema? Lo analizaremos en la próxima opinión.

En lo inmediato, será didáctico observar la lucha titánica encarada por el empresariado para no bajar los precios de contado. Cabe preguntarse la razón de su preferencia por continuar con la cadena de la felicidad de “12 o 18 cuotas sin interés”. No hay economistas de izquierda que lo expliquen?

Buenos Aires, 08 de febrero 2017

En 1973, jóvenes entusiastas festejaban el regreso de Perón tras su exilio. Muchos de ellos, que lo combatieron meses más tarde y hoy se dicen peronistas, superan los 65 años. Desde la recuperación de la democracia en 1983, han pasado 33 años. Vale decir, una generación de argentinos. Tiempo suficiente como para que viejas dirigencias continúen ocultando sus fracasos bajo la mortaja de la historia. Con la democracia recuperada, los argentinos sufrieron tres hiperinflaciones (Alfonsín, Menem y Duhalde); dos incautaciones de sus ahorros (Menem con el plan Bonex, y Duhalde con los Boden); estatización de deudas privadas (Duhalde), y una cesación de pagos de deuda externa (Rodríguez Sáa).

Si bien radicalismo y peronismo mantienen legitimidad como expresiones nacionales históricas, como UCR y PJ resignaron representatividad e identidad. Ello plantea interrogantes no resueltos: Cambiemos es cambiar? Renovador es renovar? Qué es progresismo? A quiénes representa el FPV? Consolidar un nuevo escenario político exigirá abandonar actitudes y lenguajes políticos agotados. Un año electoral legislativo, en el que viejos y más noveles dirigentes priorizarán el terrenal deseo de acceder y/o mantener los apetecibles cargos legislativos, no pareciera ser el adecuado para este desafío. Pero la sociedad no puede permitirse que el 2017 se dilapide en pequeños intereses de campaña, o que empresarios succionadores del Estado hagan trascender que aguardarán los resultados electorales para decidir inversiones.

La simplificación es la principal regla de la propaganda o discurso político. Su objetivo es que el mensaje masivo sea lo más simple y entendible posible. (Jean-Marie Domenach, París, 1950). Su aplicación no asegura veracidad; puede tener el fin de confundir (decir parte de los hechos); ocultar (negar los hechos), o mentir (crear hechos inexistentes). Será tarea de los ciudadanos modificar el clásico circuito comunicacional político unidireccional (dirigente a ciudadano), para convertirlo en una doble vía (dirigente-ciudadano-dirigente). Las redes sociales lo posibilitan. Para lograrlo deberemos ejercitarnos en discriminar entre verdades y falacias; esclarecimiento u ocultamiento. Y básicamente, exigir información completa y veraz. Citemos dos ejemplos recientes:

1.- Macri es “un hdp”. Lo manifestó el dirigente del fútbol Raúl Gámez refiriéndose al presidente Macri, ante la ratificación presidencial de no seguir financiando “Fútbol para Todos”. Gámez, que eludió mencionar la corrupción en la dirigencia del fútbol, nos recordó que los clubes son entidades sin fines de lucro. Días más tarde, se instaló una polémica entre Vélez y el jugador Juan Manuel Martínez, por un acuerdo para que jugara en el club por seis meses, cobrando libre de impuestos 22 mil dólares por mes. Vencido el plazo sin costo de rescisión, el jugador retornaría a EE.UU. Pero al momento de la firma, el club intentó cambiar las condiciones. En apoyo de su postura, Martínez exhibió el contrato ante cámaras televisivas. Consultado Gámez por los mismos periodistas, dio confusas respuestas, y solo atinó a criticar al jugador por mostrar su salario. Es un ejemplo de los que los dirigentes entienden por “entidades sin fines de lucro”. Con la escenografía habitual de insultos, acusaciones y sospechas, se intenta disimular la falta de información veraz sobre ingresos y egresos por compraventa de jugadores, primas y salarios, cronograma de deudas de aportes e impositivas, juicios en trámite, etc.

2.- La sospecha de Stolbizer. La legisladora fue aceptada como “amicus curiae” (amiga del juez), en la causa contra el contratista del Estado Lázaro Báez a cargo del juez Casanello y el fiscal Marijuán, que lo acusa de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y pago de coimas a funcionarios. Stolbizer, pese a los antecedentes de Casanello, denunció la intervención del gobierno para demorar los avances judiciales. No aclaró si dicha información provino del juez o de otros ámbitos políticos, y no identificó a los funcionarios o intermediarios que ejercieron la supuesta presión. Se repite el caso Gámez; frases espectaculares sin ningún aporte concreto de información. Casanello por su parte, agradecido.

Estos ejemplos se asocian a otra regla, llamada de contrapropaganda. Consiste en desacreditar a oponentes y/o sus denuncias, presentando a la sospecha o falsedad como verdad. Para lograrlo sin costos, es necesario contar con una justicia cómplice y/o ineficaz.

Buenos Aires, 01 de febrero 2017

Recientemente se denunció que el Correo Argentino fue defraudado en 61 millones de pesos entre el 2011 y 2015, como resultado del convenio suscrito entre dicha empresa estatal y la cooperativa El Aldabón, de La Plata, para que ésta repartiera correspondencia de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA). La denuncia está bajo investigación del juez federal Torres y el fiscal Di Lello. Lo que parecía un caso más en la desenfrenada corrupción en el Estado, la airada reacción de la ex presidente Cristina Kirchner por redes sociales, lo transformó en un admirable paradigma de la política argentina en las tres últimas décadas.

El motivo de tal enojo se debió a que su madre Ofelia Wilhelm (84 años), integraba dicha cooperativa como síndico. Como argumento exculpatorio, la ex presidente atacó airadamente al actual presidente Macri, enrostrándole la participación de su padre Franco (86 años), en el manejo del Correo entre 1997 y 2003, privatizado por el entonces “justicialismo modernizador”. Como esta breve crónica atraviesa en principio dos generaciones (Ofelia/Franco y Cristina/Mauricio), resumiremos biografías y contextos. Ofelia fue empleada estatal y gremialista, hasta su jubilación. Franco, nacido en Italia, arribó a nuestro país en la posguerra, y se dedicó a la construcción. En pocos años conformó un grupo económico integrado por diversas empresas, actuando en varias ocasiones como contratistas del Estado. Por ejemplo, en la privatización del Correo Argentino.

Pasemos a la siguiente generación: los hijos. Cristina fue elegida en 1989 diputada provincial en Santa Cruz. Dos años antes, su fallecido esposo Néstor asumía como intendente de Río Gallegos. Desde esa época el matrimonio ocupó importantes cargos públicos a tiempo completo, incluidas las presidencias del país entre 2003 y 2015. Mauricio por su parte, defraudando las expectativas de su padre Franco para convertirlo en su sucesor, decidió abrir su propio camino, ayudado por el bagaje de recursos y educación brindados por la familia. Se inició en la política como diputado en el 2005, fue Jefe de Gobierno de la Ciudad entre 2007-2015, y es actual presidente de la Nación. Según las diatribas de la hija Cristina, a Ofelia y Franco los une el Correo, señalando que convenios entre empresa y cooperativas similares al denunciado, ya se firmaban cuando Franco manejaba el Correo. Considerando que las privatizaciones provocaron retiros voluntarios y/o despidos de miles de empleados, contratar innecesariamente ente la pasividad de los dirigentes gremiales a una cooperativa para distribuir correspondencia, podría explicarse como una táctica de “triangulación” para pagar los retornos o coimas a los funcionarios públicos. Vele decir, nada distinto a lo que sucede hoy.

Si bien la presencia de Ofelia otorga al caso mayor impacto mediático, ello no justifica buscar impunidad desprestigiando la denuncia escudándose en un ensañamiento contra una indefensa anciana de 86 años. Esta estrategia se usó en el recordado intento de José López de ocultar 9 millones de dólares “de la política” en un Convento. Las crónicas resaltaron a la nonagenaria hermana Alba, pero jamás dieron a conocer los nombres de los integrantes de la asociación civil que maneja dicho Convento. El problema entonces no es la señora Ofelia, sino el habitual esquema de corrupción llevado a cabo a través de cooperativas utilizadas para triangular fondos públicos. Si bien cabe preguntarnos: conocía la ex presidente el uso que se hacía de su madre para firmar estos convenios? No debió haberla protegido de estos negociados?

Esta duda alcanza finalmente a la tercera generación de ésta historia: los hijos de Cristina y Mauricio. No debió haber cuidado la ex presidente a su hija Florencia, en lugar de involucrarla depositándole más de 5 millones de dólares en sus cajas de seguridad?. A su hijo Máximo, al menos lo ubicó como diputado nacional por Santa Cruz, protegiéndolo de eventuales arrestos a través de los democráticos fueros parlamentarios. En cuanto a los hijos de Mauricio, por su corta edad Antonia carece de capacidad legal para integrar cooperativas o abrir cajas de seguridad. Sus hijos mayores, aparecen hasta el momento alejados de la política. Como conclusión, es de esperar que el sistema político acabe con nepotismos y permanencias electivas hereditarias, que mezclan lo familiar, los negocios y lo público.

Alberto Landau

En el juego de mesa llamado “Armar un Estado”, describimos anteriormente sus reglas y fichas; es momento de dedicarnos al tablero, cuyos casilleros representan distintos organismos públicos. La primera dificultad surge de inmediato: su tamaño es desmesurado, impidiendo que los jugadores tengan el panorama necesario para evaluar las jugadas más convenientes. Esta deformación de escala perjudica notoriamente a quienes a través de sus fichas “virtuosas”, pretenden alcanzar la meta de lograr un Estado eficaz y honesto en el más breve tiempo. Por el contrario, favorece la sinuosidad de los jugadores que usando las fichas llamadas “viciosas”, pretenden impedir que se alcance tal objetivo.

Esta metáfora nos ejemplifica que un Estado “grande” solo en términos de tamaño y cantidades, generan organigramas ineficaces e inútilmente costosos para la ciudadanía. Pero en un sistema fuertemente presidencialista, se plantean además dos aspectos aparentemente contradictorios: 1) cómo maneja quien gobierna una estructura que la corporación política intencionadamente sobredimensiona? 2) cómo se pudieron armar sistemas de complicidad e impunidad que asocian a los tres poderes públicos con envidiable eficacia, para permitir una corrupción estatal desaforada? La metáfora del juego de mesa, que interrelaciona reglas, tablero y fichas, permite esbozar una respuesta a estos interrogantes.

El tablero sobredimensionado es complementado con un manifiesto predominio de fichas “viciosas” por sobre las llamadas “virtuosas”. Esta sobreabundancia es posible mediante dos ardides: 1) proteger la ilegalidad de las “viciosas” a través de tramas de impunidad (sobornos; enriquecimientos ilícitos; prebendas), o bien “legalizarlas” a través de acuerdos con la corporación política-legislativa-judicial, para hacerlas pasar por “virtuosas”. Ejemplos: sistemas electorales que limiten las opciones de elegir; leyes procesales benignas contra la corrupción; leyes que promuevan excepciones y/o emergencias para eludir controles, etc. Ello permite nepotismos y permanencias en cargos electivos casi hereditarios, que para sustentarse deben crear una enorme cantidad de organismos públicos innecesarios, para distribuir cargos y salarios privilegiados como moneda de cambio. La contraprestación de los favorecidos será la inacción (dejar hacer), o la complicidad (ocultar y proteger).

Esta planificada minimización de las fichas “virtuosas” tiene su máxima expresión en las reformas constitucionales, que sin excepción, nacen con un objetivo terrenal excluyente: la reelección del mandatario que promueve la reforma. En la reforma de 1994, un interesante ejemplo fue la creación del Consejo de la Magistratura. Fue planteada como el clímax de transparencia y meritocracia, que acabaría con las recoletas transacciones entre senadores para designar y/o sancionar jueces. En la actualidad se integra con 13 miembros (3 jueces, 2 abogados, 1 académico, 1 representante del Ejecutivo y 6 legisladores). La presencia mayoritaria de legisladores, ya hacía suponer que no se renunciaba a su manejo político. Sus nefastos resultados son conocidos. El Consejo es un organismo burocrático, ineficaz y costoso, con concursos y orden de méritos digitados; utilización del juicio político para proteger a jueces venales y amenazar a jueces probos, y centenares de juzgados sin jueces designados.

Otra manifestación inequívoca del desprecio por las fichas “virtuosas” en dicha reforma, fue la incorporación del artículo más relevante para el federalismo, que obligaba al diseño de un nuevo régimen de coparticipación. Ante la urgencia de la reelección, se recurrió al artilugio de plasmarlo en una cláusula transitoria que obligaba a implementarlo antes de la finalización del año 1996. Jamás se cumplió.

Recientemente, en una carta transmitida a través de redes sociales, la ex presidente Cristina Kirchner resumió con precisión la estructura del sistema político argentino de las tres últimas décadas, que impide armar un Estado eficaz y honesto. La analizaremos en la próxima reflexión, bajo el título “Mi mamá, tu papá y sus hijos”.

Alberto Landau

Todo juego de mesa se compone de reglas, tablero y fichas. Reflexionar sobre el rol y estructura de nuestro Estado como si fuera un juego, pretende sentirse capaz de participar sin restricciones intelectuales. Aristóteles decía que tratar las diferentes clases de gobierno, exige que inicialmente se determine con claridad el concepto del Estado, que suele ser equívoco. Actos que emanan del Estado, para algunos pueden ser democráticos, y para otros corresponder a un tirano o a una minoría oligárquica.

En el juego “Armar un Estado”, las leyes y sus objetivos serán parte de las reglas; las instituciones conformarán el tablero; y las fichas, con una regla en cada una de ellas, se distribuirán entre los jugadores políticos, quienes podrán tener asesores en las sombras (empresarios, testaferros, familiares). Parte de las reglas corresponden a tres leyes de carácter superior, general y cumplimiento obligatorio:

Constitución Argentina (año 1994). Se aplicarán: 1.– Retribución justa; salario mínimo vital y móvil, e igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis); 2.- La igualdad es la base del impuesto y cargas públicas (art. 16); 3.- Atentará contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento (art. 36); 4.- Se promoverá la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna (art. 76); 5.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos; financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo (art. 92).

Ley de Ética Pública (año 1999). Se utilizarán los siguientes artículos: 1.- No recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones (art. 2); 2.- Presentar una declaración jurada patrimonial integral dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos, que incluye a los tres poderes y entes descentralizados (art. 4); 3.- La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. (art. 6).

Ley de Empleo Público Nacional (año 1999). Se aplicará solo el artículo 4, que expresa que se deberá asegurar el principio de igualdad de acceso a la función pública.

Las fichas basadas en estas leyes se llamarán “virtuosas”, y permitirán avanzar casilleros para lograr la meta. Cada ficha contendrá uno de los siguientes cinco objetivos: 1) igualdad de acceso a la función pública; 2) retribución justa e igual remuneración por igual tarea; 3) grave delito por enriquecimiento público; 4) declaraciones patrimoniales; 5) control externo económico-operativo de los organismos estatales.

Si el juego contara solo con fichas/reglas “virtuosas”, y los jugadores/funcionarios de los tres poderes no tuvieran otras opciones, existiría un Estado eficaz y honesto, por lo que el juego carecería de desafíos. Por ello, para los jugadores cuyo interés sea impedirlo, existirán fichas denominadas “viciosas”, también con cinco objetivos: 1) cleptocracia (corrupción desde el poder); 2) nepotismo (cargos públicos discrecionalmente otorgados a familiares y amigos); 3) enriquecimientos ilícitos (en perjuicio del erario público); 4) prebendas políticas (negociar con dinero y cargos adhesión e impunidad); 5) sistemas electorales que limiten la voluntad popular y faciliten fraudes (listas sábana; ley de lemas, manipulación de boletas).

Para completar los componentes del juego, en la próxima reflexión hablaremos del tablero y sus casilleros, o sea, las instituciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

Buenos Aires, 16 de noviembre de 2016