Mes: abril 2020

La permanencia de las mismas clases dirigentes desde hace más de dos décadas, inevitablemente arroja las mismas consecuencias. La principal, que explica la involución del país y consolidación de la pobreza, ha sido la desaforada corrupción estatal-privada, sin consecuencias penales ni políticas. El acceso al poder de una nueva fuerza ajena al cada vez menos monopólico justicialismo, debiera activar nuestro espíritu crítico antes que fervores emocionales, para no repetir frustraciones. Ello exige exponer las contradicciones u omisiones de viejos discursos falaces y encubridores.

El más incoherente, porque lo critican los mismos que lo generan, es el referido al déficit fiscal, que surge cuando un gobierno gasta más que lo que recauda. Superados ciertos niveles de déficit, se hace necesario financiarlo contrayendo deuda. Ante planteos de reducirlo, voceros beneficiarios lanzan el clásico diagnóstico oportunista y cínico: el costo lo pagarán los que menos tienen, con bajos salarios y despidos de personal. Temor inicialmente justificado, porque es lo que ha sucedido históricamente. Pero lo que no plantean políticos y economistas supuestamente en las antípodas, como Dujovne, Kicillof, Pitrola, Lavagna o Loustau entre otros, es que la reducción del déficit lo absorban los que más tienen, sean funcionarios, sindicalistas o empresarios, responsables además de su existencia. Un breve comentario respecto a la estructura del Estado, que merecerá un análisis más profundo. Para hacerla eficiente, el primer paso se debería basar en el principio democrático de igualdad de oportunidades, dejando de subsidiar salarialmente a quienes no cumplen tareas específicas y horarios de trabajo, hacen de las falsas licencias médicas una práctica, y desde el poder político ejercen un nepotismo desaforado cubriendo cargos públicos con familiares.

Pero lo más importante es destacar el meollo del problema, que nadie menciona con nombres y apellidos. Consiste en derivar sin control multimillonarios fondos públicos a empresas privadas o cooperativas, bajo los encubridores objetivos de consolidar el desarrollo industrial y crear fuentes de trabajo. Los resultados fueron monumentales déficits fiscales, con créditos estatales irrecuperables. Recordemos el vaciamiento sufrido por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo, creado en 1971 y liquidado en 1993, con pérdidas de 5.700 millones de dólares por créditos otorgados a empresarios asociados al poder político. A ello se suma la recurrente estatización parcial de deudas en dólares a privados, la última de las cuales se realizó en el año 2002. Estos ejemplos dan por tierra con clásicas definiciones en cuanto a roles de los actores económicos. Empresario es quien combina capital propio de riesgo y trabajo, para producir bienes y/o servicios que ofertados al mercado le produzca ganancias. El sindicalismo tiene por fin asociar a trabajadores del rubro para defender sus intereses ante empleadores y gobierno. Por último, el gobierno establece políticas de desarrollo, marcos impositivos y vela por el cumplimiento de las leyes. Nuestros habituales casos de corrupción muestran que no existe capital de riesgo; que los sindicalistas no protegen las fuentes de trabajo ni vigilan los aportes patronales, y que funcionarios públicos venales se asocian al vaciamiento de empresas.

Tres ejemplos recientes ilustran sobre el origen de enormes déficits fiscales. 1) Oil Combustibles de Cristóbal López, evadió tan solo en impuestos a los combustibles, de los que era agente de retención, 8.000 millones de pesos. 2) Sancor, cuyo presidente es Gustavo Ferrero, adeuda a la AFIP más de 2.000 millones de pesos, además de aportes patronales, con el silencio de Héctor Ponce, secretario del gremio Atilra. 3) OCA, presidida por Patricio Farcuh, adeuda a la AFIP 3.200 millones de pesos, más aportes patronales, sin que Pablo Moyano, del gremio Camioneros, reaccionara en tiempo y forma. Pese a estos antecedentes, empresarios y sindicalistas responsables no se inmutan. Bajo la amenaza de dejar un tendal de despidos y crisis sociales que ellos mismos generaron, pretenden que el gobierno acuda una vez más con recursos públicos al rescate de sus negociados, incrementando el déficit fiscal. El gobierno deberá encontrar necesariamente soluciones para los genuinos trabajadores, pero con una salvedad: que las ayudas no se canalicen a través de los mismos empresarios y sindicalistas que llevaron a las empresas al estado de quiebra. Ello no solo sería suicida, sino lo haría sospechoso de complicidad. Solo en los ejemplos mencionados, el Estado ha sido defraudado en más de 13.200 millones de pesos.

Para concluir, definamos brevemente a las víctimas de estos manejos. Son pobres los que carecen de los ingresos mínimos necesarios para vivir dignamente.

Buenos Aires, 03 de mayo 2017

Para entender la continuidad temporal de la sólida trama política-judicial-gremial-empresaria de nuestra corrupción estatal-privada, e intentar detectar las matrices de saqueo primero e impunidad después, es necesario interrelacionar a estos sectores. Los negociados de impacto en los presupuestos públicos presentan una vía delictiva unidireccional: el funcionario facilitador como eslabón interno, y el empresario receptor asociado como eslabón externo, quien retorna a los funcionarios partícipes parte de sus beneficios desmesurados obtenidos a través de sobrecostos y/o incumplimientos contractuales. Con este esquema recurrente colabora el habitual fárrago de acusaciones cruzadas entre políticos, buscando mimetizar a honestos denunciantes con deshonestos encubridores. Sin embargo hay un factor común en este vocinglerío: se evita formular acusaciones concretas contra los empresarios cómplices. Cuando sus nombres se hacen público, es debido a investigaciones periodísticas.

Para referirse a los empresarios en supuestos casos de corrupción, los políticos, aún los de izquierda, apelan a títulos, pero sin contenido. Los más conocidos son “grupos económicos concentrados” y “sectores financieros privilegiados”. El histórico “oligarquía vacuna”, con la tecnificación del campo perdió actualidad. En este contexto, no es extraño que resulte difícil encontrar políticos que realicen denuncias de carácter personal consistentes; solo se limitan a repetir publicaciones periodísticas. Los escasas excepciones corresponden a mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer. En disenso con lo expresado, se podrían citar innumerables casos de empresarios expuestos por su relación prebendaría con el Estado. Pero en el campo literario de las biografías, identificándolos enigmáticamente como “grupos de poder o dueños de la Argentina”, sin formular acusaciones formales. O en casos judiciales, utilizándolos solo para relacionarlos con adversarios políticos, o frontón para negociar impunidad con el poder de turno. A nivel judicial, a diferencia del juez Moro en Brasil, no se los investiga para determinar culpabilidades, y una vez obtenidas las evidencias, negociar delaciones que involucren, ahora sí, a los funcionarios públicos partícipes en la corrupción. Consideremos dos casos icónicos: Héctor Magnetto y Franco Macri.

Está demás señalar que los medios de comunicación son un instrumento de poder, directamente proporcional a la cantidad de usuarios. La relación Kirchner-Clarín fue excelente (se avaló la fusión Cablevisión-Multicanal), hasta que se produjo el conflicto del campo, y Kirchner perdió en 2009 la elección de diputados. Inicialmente se arremetió contra su directora Herrera de Noble, y ante la escasa repercusión pública, se proyectó a la fama al hasta entonces ignoto Magnetto. El resto de la historia, aún vigente, es conocida. Pero jamás se acusó a directivos de Clarín de delitos económicos en connivencia con funcionarios del Estado. La utilidad de Magnetto consiste en invocarlo para disimular responsabilidades políticas. De igual modo, la historia de Franco Macri es ampliamente conocida, sea por su actividad privada, o como contratista del Estado a través de sucesivos gobiernos. Tampoco se le formularon acusaciones concretas que lo asocien a funcionarios públicos del presente o pasado. El objetivo no es el patriarca Macri, sino utilizarlo para echar sospechas sobre su hijo, actual presidente.

Este principio de invisibilidad empresarial se prolonga a la Justicia. En el caso Ciccone a cargo del juez Ariel Lijo, este limitó su investigación a Boudou y su entorno, sin avanzar sobre quienes se sospecha proveyeron los fondos para la compra de la empresa: Banco Macro, de Jorge Brito, y London Supplay, cuyo principal directivo es Miguel Castellanos. No es casual que empresarios asociados al poder político, que lucraron e intermediaron enormes recursos del Estado, evadieron impuestos y aportes laborales, y en muchos casos dejaron un tendal de despidos, no sean objeto de denuncias o investigaciones. Recordemos solo a Gvirtz, Spolzki y Garfunkel en medios de comunicación; Otero en la terminal de Retiro; Cirigliano como concesionario de transportes; Esquenazi accionista en YPF; Rasic a cargo de Cresta Roja; Angeli en Sol Líneas Aéreas; Farcuh en OCA. Todos ellos mantienen alto nivel de vida, sin ver afectados sus patrimonios. En Argentina no hay, como en Brasil, un juez Moro.

Buenos Aires, 26 de abril 2017

En el ámbito judicial es habitual la frase que con tono irónico, expresa que para juzgar, “la mitad de la biblioteca dice una cosa, y la otra mitad otra”. En las últimas décadas adquirió verosimilitud en relación a la protección de la corrupción estatal-privada, convirtiendo al derecho en una ficción jurídica. Lo reconocen los propios integrantes del Poder Judicial, al crear una línea interna llamada Justicia Legítima, lo que supone la existencia como contraparte de una justicia ilegítima. El poder político colabora sancionando leyes que permiten innumerables tácticas procesales dilatorias a través de impugnaciones y apelaciones; otorgando fueros que permite a los legisladores mantener sus bancas estando procesados por delitos comunes, y un Consejo de la Magistratura inactivo ante jueces y fiscales sospechados de corrupción. Todo ello complementado por un manejo de la opinión pública, a través de estrategias comunicacionales que intentan neutralizar serios trabajos de investigación periodística, y masificando las sospechas de corrupción a través de un alud de denuncias inconsistentes, escuchas judicialmente irrelevantes, y locuaces testigos que declaran una cosa en público y otra distinta ante el juez. Citemos ejemplos tan repetidos como falaces.

1.- La justicia se acomoda a los tiempos políticos. Ello no se ve reflejado en las penalidades aplicadas a los responsables de corrupción contra el Estado en las últimas décadas. Por el contrario, exhiben homogeneidad en cuanto a mantener impunes esos delitos. La supuesta mayor actividad judicial actual no fue producto del cambio de gobierno en diciembre del 2015, sino causada por tres hechos impactantes: 1) Un video con allegados a Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero; 2) Un video con allegados a Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación en Jujuy; 3) Un ex Secretario de Obras Públicas de la Nación intentando ocultar nueve millones de dólares en un extraño convento.

2.- La justicia es lenta. Formulada como una consecuencia inevitable, la frase es falsa. Ello quedó demostrado con dos casos de corrupción estatal-privada con importantes funcionarios y empresarios involucrados, y alta complejidad investigativa. El de Cromagnon, que entre el hecho y las condenas pasaron menos de cinco años, y la tragedia de Once, en la que en menos de tres años se realizó el juicio oral y se dictaron las condenas. Ambos tuvieron como factor común el accionar mancomunado y persistente de los familiares de las víctimas. Lo que estaba en juego no era el abstracto concepto “el dinero de todos los argentinos”, sino la memoria de seres queridos con nombre y apellido.

3.- Los jueces y fiscales son lentos. Esta frase es más congruente con la realidad, pero no satisface. Cabría preguntarse las razones de su “lentitud”. Incapacidad? Complicidad? La duda surge porque jueces y fiscales saben ser “rápidos” para las absoluciones de los delitos más fáciles de demostrar: el de los enriquecimientos ilícitos. Cabe recordar el del matrimonio Kirchner por Oyarbide previo a la Nochebuena del 2009; el de Scioli por el juez de La Plata Pablo Reale en el 2015, y el del camarista Eduardo Freiler por el juez Martínez de Giorgi en el 2016. En todos los casos coinciden peritajes insuficientes y complacientes, y la omisión de apelación por parte de los fiscales.

4.- Investigaciones a presidentes de la Nación. Un sistema democrático exige que en el caso de investigaciones a presidentes, sean Cristina Kirchner o Mauricio Macri, las actuaciones tengan prioridad, celeridad y profesionalidad. Las dilaciones son usadas por las tramas de corrupción para generar acciones encubridoras bajo el manto de “persecuciones políticas”, en donde los acusados ejercitan un show twitero sin atisbo de defensa personal, y promueven acusaciones variadas e incomprobables como coacción para negociar impunidad. En el caso de Macri, destacamos dos ejemplos. Desde hace un año el fiscal Delgado investiga su eventual participación en el entramado societario familiar del llamado Panamá Papers, lo que es correcto. Pero transcurrido el tiempo, la Cámara Federal le solicitó que defina la situación del presidente ante la falta de pruebas de delito. El fiscal Di Lello por su parte, imputó a Macri por el trámite de acuerdo con el Correo Argentino. Correcto. Pero simultáneamente citó a declarar al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, por el pago en el 2012 de 7,6 millones de pesos a la inexistente empresa The Old Fund, para renegociar una deuda de la provincia con la Nación. Cómo definiríamos entonces al fiscal Di Lello? “Rápido” por la imputación a Macri, o “lento” por la citación a Insfrán?

Buenos Aires, 19 de abril 2017

El título pareciera contradictorio, pero no lo es. Aristóteles señalaba que las asociaciones tienden a un fin determinado. Cuando ese fin comprende a todos los demás, la asociación se llama política, o más precisamente Estado. El término “política”, de origen griego, significa “relacionado con los ciudadanos”. “Político” por su parte, es quien interviene en la toma de decisiones que afectan a determinados grupos de ciudadanos. En el áspero campo del ejercicio del poder público, en el que se intermedia entre conflictos de intereses, no siempre prevalece el abstracto idealismo del “interés común”. Pero “hacer política” muchas veces excede los marcos institucionales, y las sociedades sorprenden con mensajes claros y contundentes no previstos.

La movilización ciudadana en la tarde-noche del pasado sábado con epicentro en Plaza de Mayo y principales ciudades del país, sorprendió por su masividad. Convocada vía redes sociales por desconocidos, no solo careció de apoyo político, sino fue expresamente desaconsejada por dirigentes del radicalismo y Coalición Cívica. La difusión fue escasa, y los periódicos del día señalaban al Obelisco como punto de encuentro, en lugar de Plaza de Mayo. Las columnas de ciudadanos de a pie respetaban los semáforos, permitiendo circular a los vehículos, muchos de los cuales apoyaban con bocinazos. Bares y restaurantes, en lugar de bajar persianas trabajaron más de lo habitual. Los traslados en colectivos contratados, fueron reemplazados por una confesión:”vine con la SUBE”. No hubo banderías políticas sino banderas argentinas, y los estribillos se pronunciaban a viva voz, sin micrófonos. Existieron referencias al gobierno anterior y al actual, pero la consigna predominante era la defensa de la democracia. Los concurrentes también debían pagar aumentos de tarifas y transportes; trabajar para sostener sus comercios, pequeñas empresas y actividades; sufrir la educación de sus hijos. La pregunta entonces es: qué pasó?

En principio, no debiera sorprender que genuinas convocatorias ciudadanas superen a las político-gremiales planificadas. Sucedió con el reclamo de seguridad por el caso Bloomberg, también un 1° de abril pero del 2004, y en febrero del 2015 por la muerte del fiscal Nisman, bajo una lluvia torrencial. Pero el trasfondo de la marcha del pasado sábado debiera compararse con las secuencias traumáticas provocadas por la caída del gobierno democrático de la Alianza en diciembre del 2001, que precisamente los organizadores del acto del 24 de marzo se solazaron en recordar, a través de la imagen “del helicóptero”. Omitieron que esos días aciagos con muertos y saqueos, no concluyeron días más tarde con el habitual y cómodo reemplazo de quienes “no saben gobernar por quienes sí saben”. Para sorpresa de muchos, con cacerolas como única arma, la ciudadanía hizo tronar el reclamo aún latente: “Que se vayan todos!!!”. Es verdad que la mayoría de los políticos, llamados “profesionales” por su capacidad de permanencia, se quedaron casi todos, incluido Carlos “Chacho” Alvarez. Pero se licuaron los partidos.

Por ello esta sorprendente convocatoria debería relacionársela con el acto que tan solo nueve días antes, en lugar de recordar el golpe militar de 1976, se utilizó para denunciar “la dictadura del gobierno de Macri”. Plantear que personajes como Bonafini, Baradel, Yasky, Micheli, Esteche, Espinosa, entre otros, alegremente puede calificárselos de marginales o inimputables, es una ingenuidad. Conocen el peso de sus palabras y acciones, y saben cómo y cuándo usarlas. Pero sus gritos debieran preocupar tanto como los silencios. Ningún representante de partidos de oposición o entidades civiles emitió opinión, ni siquiera por twitter. No lo hicieron Gioja, Scioli, Massa, Stolbizer, entre muchos otros. El único que sin subterfugios, definió la intención de las expresiones de quienes encabezaron el acto que usufructuó el pasado para encubrir intenciones presentes, fue Marcos Aguinis. Los llamó golpistas. Nueve días más tarde, la “mayoría silenciosa” en todo el país, salió a manifestar lo que vastos sectores dirigenciales no se atrevieron.

Buenos Aires, 05 de abril 2017

Si existe un tema en el que no hubo ni habrá “grieta”, es el referido a la corrupción estatal-privada. Es un fenómeno mundial. La tentación es enorme: el dinero a sustraer es “el de los impuestos de todos”, vale decir, dinero sin dueños identificables. Todo comienza con el armado de una logística de sustracción e impunidad, de la que participan funcionarios, empresarios asociados, testaferros, gremialistas, organismos de control, jueces y fiscales. Las ideologías son irrelevantes: intervendrán peronistas, radicales, progresistas, apolíticos, derechas, izquierdas, y hasta algún integrante del clero. En los controles administrativos y judiciales se aplica un principio de la economía liberal: “Dejar hacer; dejar pasar”.

Este circuito consolidado desde hace décadas, tambaleó al asumir un gobierno de distinto signo político en diciembre del 2015. Pero si bien se reemplazaron las cúpulas de organismos del Ejecutivo, legislativamente el oficialismo es minoría. Y obviamente, se mantuvieron las estructuras judiciales, gremiales y empresariales. En este contexto la red de impunidad lucha denodadamente para sobrevivir. Una de las estrategias apela a la propaganda política, cuya esencia consiste en influenciar y direccionar a la opinión pública a través de estudiados mensajes breves y contundentes. No se debe decir “Cambiemos es la derecha”, sino “Macri es la derecha”. Contra lo que se cree, estos mensajes “simples” no se destinan solo a los sectores más postergados económica y culturalmente, sino a todas las franjas sociales. En paralelo, existen mensajes más sofisticados dirigidos a sectores llamados dirigenciales o de poder. La brevedad del eslogan es reemplazada por textos, conceptos, declaraciones en “off” y cifras nunca certificadas. También difiere el léxico empleado. Mientras en el debate político predomina el agravio, la insustancialidad y denuncias cruzadas, en las esferas privadas y judiciales desaparecen las adjetivaciones rotundas: no hay jueces o fiscales corruptos, sino “lentos”. No hay empresarios visibles que pretenden mantener prebendas, sino misteriosos “círculos rojos”. Como voceros suelen utilizar a terceros que actúan a modo de oráculos de la antigüedad, en los que sacerdotes o pitonisas interpretaban a los dioses o anunciaban sucesos a través de señales físicas o simbólicas.

Vaya como ejemplo el artículo de Marcelo Bonelli publicado en Clarín el día 17 pasado, titulado “Presidente: ¿porqué no va presa Cristina Kirchner?”. Se inicia con un fenómeno parasicológico, al hacer referencia a una conversación que mantuvieran el ex Jefe del Gobierno español Felipe González y Mauricio Macri “a solas” (el micrófono estaba escondido en el florero?). La supuesta inquietud del español residía en saber “si Cristina irá presa”. La pregunta en realidad es recurrente en medios de comunicación, con resultados igualmente recurrentes: favorecer una vez más la impunidad. Su eventual detención generaría debates estériles, sin determinar inocencias y culpabilidades. Esa trampa ya se usó con Menem, que fuera detenido por corto tiempo, y pese a estar condenado ejerce como senador. No debiera sorprender que esta exitosa estrategia se use también con Lázaro Báez y José López, liberándolos cuando cumplan dos años de detenidos, mientras jueces y fiscales continúan lentificando las investigaciones. La pregunta correcta debiera formularse al Poder Judicial: “Cuándo serán elevadas las causas a juicio oral y público, con fecha establecida?” Otro interrogante no menos importante debiera responderlo los integrantes del Poder Legislativo: cuándo aprobarán la ley de Extinción de Dominio, que permitiría la incautación por parte del Estado de parte de los fondos sustraídos? Por ejemplo, los nueve millones de dólares de José López. Mientras no haya respuestas, dejemos a Cristina en el Calafate enviando tweets contra el gobierno.

La parte final del artículo de Bonelli abandona las inquietudes morales de inversores extranjeros, para transmitir inquietudes más mundanas del “círculo rojo” criollo: transparentar los precios paralizó las ventas, y el negocio financiero de las tarjetas de crédito cayó en picada; el Banco Central interviene para sostener el dólar; la apertura de importaciones; la caída de consumo (no de precios). Un párrafo del artículo expresa que “Muchos empresarios locales resolvieron postergar decisiones económicas hasta que se aclare si la ex Presidente tiene reales chances electorales”. Dado que el Estado jamás recuperó el dinero que le fuera sustraído, se debería clarificar si las dudas consisten en establecer si la corrupción continuará, o será desactivada y deberán competir sin la lecha materna del Estado.

Buenos Aires, 28 de marzo 2017

Suele afirmarse que cometer los mismos errores arroja las mismas consecuencias. Lo que no termina de dilucidarse, es porqué los dirigentes que los cometen pueden mantenerse por décadas. Surge un interrogante: esas eternas permanencias aplicaron políticas supuestamente distintas?. Previo a responder, establezcamos si el término “distinto” se aplica al envase o al contenido. El filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard, crítico de la sociedad de consumo, señalaba en la década del 70 que la publicidad constituía “un mundo inútil, inesencial”. No solo porque trata del consumo, sino porque la misma publicidad se convierte en objeto de consumo. Aplicado el concepto a la política, el envase es el dirigente. Muchos de los que actuaron en la época de Menem, lo hicieron en la de Kirchner, y continúan hoy. Los contenidos son las políticas aplicadas. Fueron distintos el “neoliberalismo” privatizador de Menem, y el “populismo” reestatizador de Kirchner?. En ambos casos coincidieron necesidades recaudatorias del Estado, vaciado de recursos. También fueron similares los contextos: éxitos electorales, empresarios con prebendas, gremialistas complacientes, justicia cómplice y oposición laxa, que derivaron en una desaforada corrupción estatal-privada. No debiera sorprendernos entonces que los mismos que privatizaron años más tarde reestatizaron.

Asegurar impunidad en una democracia implica una sólida trama de complicidad entre los partícipes necesarios políticos, empresarios, gremiales y judiciales. Reemplazar parte de estos eslabones pone en riesgo esta compleja red (ejemplo Aduana). Por ello, tras los justos reclamos sociales de las víctimas del saqueo al Estado, actuarán quienes pretenden salvar sus libertades y patrimonios. Ejemplifiquemos lo planteado con casos de añejos “envases” pertenecientes a bodegas políticas, empresarias y judiciales, que intentarán cambiar de etiqueta, pero no de contenido, apelando al recurso psicológico de la “doble personalidad”. Consiste en sufrir amnesia por los pecados pasados (lado malo), mientras se rediseñan las “etiquetas” de los viejos discursos incumplidos, con esperanzadoras promesas de futuro (lado bueno).

Como ejemplo político mencionaremos a Alberto Fernández, de buena formación intelectual y trato respetuoso, que pretende ser legislador por el Frente Renovador. Habitual asistente a programas de opinión, es crítico del actual gobierno. Cuando se lo interroga respecto a la corrupción del kirchnerismo, responde: “mientras yo estuve como Jefe de Gabinete entre mayo del 2003 y julio del 2008, salvo Skanska y Antonini Wilson, no vi corrupción”. Sin embargo, el propio Fernández se enorgullece de su rol en el Grupo Calafate, creado hace 20 años, que sirviera de soporte para la candidatura y acceso a la presidencia de Néstor Kirchner. Época en la que se conformó la matriz de negocios públicos-privados que se trasladó posteriormente a la Nación. Fernández pudo observar la estructura política feudal de Santa Cruz, y compartir múltiples reuniones con los funcionarios provinciales Julio De Vido, Ricardo Jaime y José López, entre otros. Desde entonces observó solo dos casos de corrupción? De ser así, su capacidad perceptiva y autocrítica es muy limitada.

En el ejemplo industrial, José de Mendiguren fue Ministro de Producción de Duhalde en el 2002, promoviendo una fuerte devaluación y estatización parcial de deudas privadas en dólares. Actualmente es diputado por el Frente Renovador. Declaró que “las importaciones, dólar bajo y presión impositiva aumentan los problemas de competitividad de la industria”. Lo dijo en el 2002 o en el 2017? Mendiguren es persistente: hace 15 años y ahora.

En el campo judicial, el juez Casanello y el fiscal Marijuán, tras eludir durante tres años investigar al empresario Lázaro Báez, al difundirse el video con su hijo y allegados contando millones de dólares en Puerto Madero, comenzaron a moverse. Pese a la espectacularidad de algunas diligencias, recientemente los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah dictaminaron que en nada avanzaron para vincular los fondos manejados por Báez, con el irregular otorgamiento de obras públicas a sus empresas, y sus relaciones con lo más alto del poder. La justicia también es persistente. Continúa tan lenta y evasiva como siempre.

En la próxima opinión comentaremos un artículo de Marcelo Bonelli titulado “Presidente: ¿porqué no va presa Cristina Kirchner?”, publicado en Clarín el 17 de marzo pasado. Refleja el juego entre política, empresas y justicia.

Buenos Aires, 22 de marzo 2017

Desactivar la matriz de la corrupción estatal-privada instalada en el país desde hace al menos 25 años (una generación), no será nada fácil. La sólida trama delictiva conformada por políticos, empresarios, gremialistas e integrantes del poder judicial, ha desplegado una estrategia de confusión y ocultamiento hasta ahora exitosa, destinada a mantener libertades y patrimonios mal habidos. Existen elementos que lo manifiestan.

Contra lo que se pretende hacer creer, la Justicia no modificó su actitud indolente en cuanto a tiempos, tramitaciones, y demoras increíbles para iniciar juicios orales y públicos. No debiera asombrarnos: los mismos jueces y fiscales que mantuvieron paralizadas las causas, hoy simulan activarlas tras lentas y publicitadas rondas de declaraciones de imputados o procesados, que en la práctica se reduce a presentar escritos sin responder preguntas. Solo compararnos con Brasil nos humilla. En el caso Lava Autos, iniciada hace menos de cuatro años por una investigación menor en Curitiba por el juez local Moro, se comprobó una enorme red de sobornos local e internacional en cabeza de empresas con Petrobras y Odebrecht. Hoy altos funcionarios y empresarios han sido juzgados y condenados. La única verdad es la realidad. En Brasil, el poderoso empresario Odebrecht está condenado y preso. En Argentina, el condenado senador Menem legisla.

Varios legisladores por su parte, priorizan luchar para renovar en la próxima elección sus mandatos vencidos. Ni hablar de los políticos de a pié que pretenden acceder a la condición de “representante del pueblo”, manteniendo fueros no previstos en la Constitución, que los protejan en caso de delitos comunes. La ley de Extinción de Dominio se encuentra paralizada en el Senado. La Ley del Arrepentido se promulgó en octubre del 2016, seis meses más tarde que el fiscal Raúl Pleé escribiera un artículo señalando que la ley ya existía, y solo debía ser ampliada. Tras esta nota, Fariña declaró bajo la figura del arrepentido. El Consejo de la Magistratura mantiene su inoperancia. Pese a todo, hay quienes en campaña electoral pretenden entretenernos con modificaciones al Código de Ética.

Los mensajes “todos somos ladrones” se suceden. En las causas que involucran a altos funcionarios por el cobro de coimas, éstos interrogan capciosamente: porqué no investigan a los empresarios, en especial a familiares y amigos de Macri? El ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández afirmó en defensa de José López, que “una coima no es robarle al Estado”. Demos respuesta a esta falsedad, sin caer en la trampa del debate ideológico. Para ello ejemplifiquemos con dos contratistas antagónicos: Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner, y Ángelo Calcaterra, amigo del presidente Macri. No solo en Argentina sino en el mundo, las coimas de contratistas del Estado surgen de sobreprecios acordados previamente entre funcionarios y empresarios. Vale decir, son recursos públicos, no privados. Inclusive en los países más pobres las coimas son más altas. Al recibir el empresario el primer pago estatal, la coima se “retorna” a los funcionarios por vías privadas, pagándoles alquileres, servicios no prestados, etc. Es de suponer que tanto Báez como Calcaterra aportaron el correspondiente diezmo.

Surge entonces la pregunta: la investigación debería comenzar por el empresario o por el funcionario? Este último presenta dos debilidades: 1) haber autorizado el sobrecosto de la obra; 2) casi seguramente, exhibir un enriquecimiento patrimonial injustificado. Ambos aspectos no deberían tener mayor complejidad investigativa y probatoria, mediante peritajes correctos. Solo ante pruebas concretas, podrían producirse arrepentimientos “judiciales” de los acusados, prestando además colaboración para desactivar la trama delictiva, en búsqueda de disminuir sus penas. La otra alternativa sería un arrepentimiento “religioso”, que nace de la convicción íntima de retomar la senda moral del cumplimiento de los mandamientos de Dios. No creemos que Báez, Calcaterra u otros empresarios, alcancen este estado espiritual y místico. Cabe entonces preguntarse: están jueces y fiscales recolectando las pruebas necesarias para dar lugar a los más mundanos arrepentimientos judiciales?

Buenos Aires, 08 de marzo 2017

Continuando con las repercusiones causadas por el acuerdo Gobierno-Correo Argentino, intentaremos la disección de algunos de los cerebros políticos opinantes sobre el tema, para encuadrarlos según los tipos descriptos por Maquiavelo: excelentes, buenos o inútiles.

Es importante evaluarlos, porque en sus roles ejecutivos, legislativos y judiciales, sean oficialismo u oposición, determinan el nivel de desarrollo y calidad democrática de un país. Si bien son poderes independientes en cuanto a obligaciones específicas, son interdependientes para el logro de resultados institucionales coherentes. Por ello, es lógico Incluir al poder judicial en el campo de los cerebros políticos. Para comprender el genérico término “político”, es conveniente compararlo inicialmente con el de estadista, que define al arquetipo político que aspira a lograr objetivos superiores de largo plazo, a partir de la realidad en la que convive. La definición de político es más sucinta y concreta: “es quien se dedica a la política”. No agrega exigencias complementarias de tipo ético-morales, bondad o capacidad intelectual. Esta diversidad obliga a que los partidos con aspiraciones de poder o que lo ejerzan, deban contar con quienes a los requisitos de capacidad, honestidad y actitud que se supone deberían cumplir quienes ocupan cargos públicos, no fáciles de lograr simultáneamente, le agreguen la condición de “hábil político”, para mediar entre intereses superiores, intereses sectoriales y eventuales juegos políticos de coacción. Este perfil destinado a conciliar objetivos de gobierno con posibilidades de implementación y oportunidad, puede describirse a través de una frase popular y entendible: “alguien que sepa meter los pies en el barro”. No en vano, en política es más habitual el término “negociar” que “acordar”. Más aún en nuestro país, en donde los acuerdos muchas veces encubrieron intereses personales y/o espúreos. Los antecedentes de las últimas décadas hacen necesario aclarar que este perfil político no excluye la honestidad.

En el caso Correo Argentino, comenzaremos con las disecciones de los cerebros de los funcionarios del Ejecutivo, que sabiendo que el acuerdo involucraba indefectiblemente al presidente Macri, por estar el grupo ex concesionario litigante encabezado por su padre Franco, fallaron notablemente en el manejo político. Se debería haber brindado la mayor información pública posible sobre los antecedentes, alternativas de acuerdo posibles y tratativas en curso, destinadas a cerrar un conflicto de larga data. No sucedió, por lo que los cerebros de los funcionarios intervinientes deberían ser catalogados como inútiles. Pero se les presenta una oportunidad.

Una vez más a través del periodismo serio, por notas propias o reportajes a especialistas, la sociedad pudo conocer y/o recordar detalles concretos del caso irresuelto desde hace más de 12 años. Como consecuencia, quedaron planteados interrogantes cuyas respuestas no debieran demorarse. El dictamen de la fiscal Boquin deberá desmenuzarse para establecer su solidez y legalidad. Los expertos tendrán que definir si el concurso de acreedores congela o no los intereses de deuda, y evaluar los efectos de una eventual quiebra del Correo. Es en esta actualizada etapa administrativa y judicial, que los funcionarios tendrán la oportunidad de actuar con profesionalidad y claridad ante la opinión pública, para que sus cerebros asciendan a la categoría de buenos.

Los cerebros inútiles también abundaron entre los opositores, que a falta de informar, se dedicaron a twittear eslógans irrelevantes y oportunistas. El senador Solanas, por ejemplo, afirmó que “el Gobierno perdonó 70.000 millones de pesos”. La diputada Donda no se quedó atrás, cuando con calculadora en mano, afirmó que “el acuerdo con el Correo equivale a siete bolsos de José López”.

La mayor coherencia la exhibió el justicialismo kirchnerista, al utilizar el caso para sostener su estrategia exculpatoria por hechos de corrupción, basada en que en realidad “todos somos corruptos”. El más demostrativo fue el diputado Recalde, quien con alegría afirmó que “con el acuerdo, el delito se consumó”. Por claridad de objetivos, merecen que sus cerebros se consideren buenos.

Buenos Aires, 02 de marzo 2017

Expresaba Maquiavelo en su obra “El príncipe”, hace casi 500 años: “Hay tres clases de cerebros; el primero discierne por sí mismo, el segundo entiende lo que otros disciernen y el tercero no discierne ni entiende lo que otros disciernen. El primero es excelente, el segundo bueno y el tercero inútil”.

Estas tipificaciones relacionadas con el intelecto y el entendimiento, Maquiavelo las aplicaba a quienes integraban los ámbitos de poder, sin diferenciar entre tipos de reinados o grupos en conflicto, que hoy asimilaríamos a los denominados oficialismos y oposiciones. Cuando nos han acostumbrado a que “un año electoral” habilita todo tipo de mensajes oportunistas y/o falaces que aportan al ocultamiento y a la confusión, es oportuno bucear sobre nuestros cerebros políticos vernáculos. Un caso testigo excelente para este ejercicio, es la polémica desatada por la propuesta de acuerdo suscrita en junio del año pasado entre el Gobierno y el Correo Argentino. Básicamente, porque exhibe aspectos ilustrativos de las políticas contradictorias aplicadas durante las últimas décadas por los mismos dirigentes políticos, gremialistas y empresarios, hoy vigentes. No debiera sorprender entonces, que más allá de los disfraces ideológicos de ocasión, el resultado final sea siempre el mismo: arcas del Estado vaciadas, con funcionarios, intervinientes judiciales y empresarios asociados, enriquecidos.

Breve síntesis cronológica. 1) Privatización en 1997 del Correo Argentino por el ex presidente Menem (hoy senador, que pese a estar condenado por contrabando, puede legislar); 2) Cesación de pagos de la empresa en el 2001, entrando en concurso de acreedores; 3) Reestatización de la empresa en el 2003 por parte del fallecido ex presidente Kirchner; 4) Con un bagaje de 102 cuerpos de expedientes con más de 22.000 fojas, en junio del 2016 se elabora una propuesta de acuerdo entre Gobierno y empresa. Hasta este punto, una secuencia repetida en el juego ruinoso de privatizaciones y posteriores reestatizaciones. Pero a mediados de este mes, el caso adquiere un matiz especial: la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquin denunció al convenio por abusivo. Tras ellos, distintos cerebros se pusieron en funcionamiento, recordando que Franco Macri, quien encabeza el grupo empresario litigante, es padre del actual presidente Mauricio Macri.

Previo a intentar la disección de algunos cerebros tras la sintética cronología del litigio, es importante instalarnos en el contexto actual. Con pretensiones de gobernar existen tres agrupamientos: 1) Cambiemos, en ejercicio del poder; 2) Frente Renovador, deseando alcanzarlo a futuro; 3) Frente para la Victoria, que gobernara durante 12 años entre el 2003 y 2015, y cuya preocupación inmediata es sortear responsabilidades penales por los casos de corrupción estatal-privada durante su gestión. Entre los tres Frentes, fluctúan repetidos políticos que sin estructuras partidarias elementales y bajo la autoproclamada condición de “progresista”, en instancias electorales buscan acoplarse a listas sábanas con posibilidades electorales, para de este modo continuar usufructuando cargos legislativos con actuaciones puramente dialécticas.

Otro aspecto a resaltar es el objetivo final pretendido del análisis del caso Correo: conocer con precisión la vía adecuada para arribar a una solución definitiva que minimicen costos para el Estado, que por la prolongación del conflicto en el tiempo serán inevitables. Para lograrlo, deberemos evitar el juego del oportunismo político, las frases falaces o de la desinformación cómplice. Si realmente queremos cambiar, el juego del “pro Macri o anti Macri” nos retrotraerá a viejos eslógans encubridores, tales como “pro Menem o anti Menem”, o “pro Kirchner o anti Kirchner”, mientras la matriz de corrupción, tras décadas de plena actividad, goza aún de buena salud.

Dicho esto, preparemos nuestros bisturíes para iniciar en la próxima opinión la disección de algunos cerebros. Como corresponde por orden de responsabilidad jerárquica, comenzaremos por los que integran el gobierno.

Buenos Aires, 22 de febrero 2017

El título no está referido a conocidos casos de gremialistas que utilizan su condición para conformar empresas propias relacionadas con la actividad que representan, como servicios logísticos, aseguradoras, salud, sino apunta a su rol específico de defender los intereses laborales y salariales de sus afiliados. Hablaremos solo del gremialismo relacionado con la actividad privada, pues el estatal posee matices propios que se analizarán a futuro. La tercera pata del trípode del mercado laboral, la conforman los Estados nacional y provinciales, con su responsabilidad superior de defensa del interés general.

Porqué planteamos “gremialista igual a empresario”, y no a la inversa? Es cada vez más habitual que en las pujas de distribución del ingreso entre el capital (empresarios), y salarios (trabajadores), el rol de portavoz de reclamos empresariales para obtener concesiones y/o beneficios por parte del Estado, lo asuman casi en exclusividad los gremialistas. Lo grave es el elemento de coacción utilizado: despidos o amenazas de despido de trabajadores.

Recordemos dos ejemplos recientes. En febrero de 2016 Pablo Moyano, del gremio camioneros, encabezó una protesta ante el Banco Central aduciendo que la no distribución de los resúmenes bancarios en papel, significaba la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en la distribuidora OCA. Patricio Farcuh, presidente del grupo controlante de la empresa, se mantuvo en silencio. Posteriormente se conoció que OCA tenía una millonaria deuda por aportes patronales y con la AFIP. El gremio lo sabía? En la misma época se produjo un conflicto en Cerro Dragón, principal yacimiento de petróleo del país, ante la baja del precio internacional del crudo. Las caras visibles del reclamo de soluciones ante el gobierno nacional, representado por el ministro Aranguren, fueron el sindicalista Jorge Ávila y el gobernador de Chubut. Públicamente no participaron los concesionarios privados (grupo Bulgheroni, Tecpetrol de Techint y la china Cnooc). Sus aportes en el acuerdo se redujeron a “no echar gente”?

Este rol gremial de “vocero oficioso” de intereses patronales no explícitos, que pretenden subsidios y/o aportes del Estado con bajo o nulo riesgo empresarial, explica en gran parte la creciente desocupación, precariedad laboral, trabajo en negro y baja competitividad. El sistema político argentino de las últimas décadas, bajo etiquetas de progresismo, populismo, neoliberalismo, pero con los mismos políticos, dirigentes y empresarios, mantuvo una práctica recurrente: hasta la siguiente crisis económica, siempre el que paga es el Estado. Paga subsidios que mantienen pobres a los pobres, paga subsidios y prebendas promocionales a ricos, paga sobrecostos en obras públicas, acepta descapitalizaciones en las concesiones de servicios, crea o mantiene onerosos e inútiles organismos de control que no controlan o apañan. La contrapartida es la baja calidad de los servicios estatales de educación, salud y seguridad pública, y presión impositiva creciente. Para transformar esta realidad que lleva décadas (ver calendario de crisis económicas-sociales), deberemos evitar embarcarnos una vez más en falsos e intrascendentes debates ideológicos. Con corrupción y negociados, la ideología es una pantalla. Lograrlo, dependerá tanto del oficialismo como de la oposición.

Alcanzar transformaciones saludables y estables en las relaciones laborales entre Estado, capital y trabajo, es posible con los instrumentos existentes. En primer término, aunque sabemos que la Constitución nacional se aplica según convenga, está en el párrafo del artículo 14 bis, que incluye entre los derechos del trabajador su “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”. Recordarlo, al menos debería servir para cumplir con dos acciones posibles en lo inmediato: 1) transparentar las estructuras de costos sectoriales, que indiquen incidencias salariales, beneficios empresariales, aportes directos o indirectos del Estado si los hubiere, y cargas impositivas. Esta información es la que desde hace años, con expresión enigmática, los funcionarios llaman “determinar la cadena de valor”, y otros denominan “el costo argentino”; 2) utilizar como únicos indicadores de referencia los hoy confiables del Indec, por representar el interés general. Ningún país puede desarrollar políticas coherentes con índices oficiales ocultados o falseados.

Invocar actos de justicia ante la sociedad, debe sustentarse en datos ciertos y concretos, no en grandilocuencias verbales o coacciones.

Buenos Aires, 15 de febrero 2017