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Puntos…a votar

En cada acto electoral viene a la memoria una escena del “Tercer hombre”, un clásico policial del año 1949 desarrollado en la Viena de posguerra con guion del escritor Graham Green, que sirve como adecuada y vigente metáfora para señalar la distancia que existe entre los políticos y los votantes. Harry Lime, interpretado por Orson Wells, ofrece a su amigo de la infancia Martins, desocupado en Estados Unidos, que trabaje con él en Viena. A su arribo Martins es informado que Lime acababa de morir atropellado por un auto, y se dirige presuroso a su entierro. Policías presentes en la ceremonia lo interrogan respecto a su relación con Lime, y le informan que traficaba en el mercado negro penicilina adulterada, causando centenares de muertes, en especial niños. Días más tarde Martins descubre que Lime había simulado su muerte para evitar ser detenido, y consigue contactarlo para reunirse con él en el Prater, el parque de atracciones más viejo del mundo. Para conversar a solas suben a una de las  cabinas de la famosa rueda giratoria Noria Grande, y al reprocharle Martins las víctimas inocentes de su negocio, Lime, a 70 metros de altura de quienes circulaban por el parque, le responde: Víctimas? Mira ahí abajo; de verdad sentirías pena si un punto de esos dejara de moverse para siempre?  

A diferencia de la filmografía clásica, que se goza como espectadores, en la cabina de nuestra realidad política igualmente clásica desde hace décadas, permanecen los mismos personajes políticos, mientras los ciudadanos anónimos que se mueven cual puntos sobre el terreno, se reproducen en cantidad y pobreza. Cabe preguntarse cuánto tiempo más los “puntos” aceptarán repetir esta escena hasta el hartazgo, cuando quienes ejercen la dirección de esta inacabada película argentina, presentan una atomizada estructura política carente de formación profesional, y sin un plan que a manera de libreto indique a millones de ciudadanos como actuar coordinadamente. Esta anomalía quedó expuesta en el proceso electoral, que ratificó un principio publicitario que indica que no se puede asegurar por mucho tiempo el éxito de un mal producto, por lo que el marketing político abundó en frivolidades, infantilismos y sobreactuaciones. En defensa de los asesores y publicitarios de campaña, no es fácil entusiasmar cuando no existen soportes de identidad (partido), imagen (candidatos) y mensaje (ideas). La identidad está diluida en coaliciones que fluctúan en cada turno electoral, las imágenes muestran a viejos políticos o a sus apadrinados incluidos en listas sábana, y las ideas se redujeron a repetir acciones que concluyeron en fracasos estruendosos.

Tras esta mediocridad, expertos extranjeros en campañas electorales como el catalán Gutiérrez Rubí, para ordenar lo gráfico y discursivo, deslumbra explicando la valoración positiva del “sí” en relación al “no”. Pero sin soportes conceptuales sólidos, el resultado es una insustancialidad que ejemplifica el presidente en un párrafo de su discurso en la Cámara de la Construcción, cuando expresa “a escuchar y gobernar yo le digo que sí; y le digo que no a la idea de encerrarnos, a la idea de creer que debemos gobernar sin escuchar al otro…”. Vale decir, opiniones que no se practican, sin concreciones. Sin embargo, de la mediocridad política y comunicacional, pueden extraerse dos elementos a considerar a partir del 15 de noviembre. El primero surgido durante la pandemia, es la burbuja, consistente en encierros delimitados como protección social sanitaria. Durante la campaña se potenció algo habitual entre castas, que es priorizar comunicacionalmente polémicas entre burbujas integradas por políticos, en la que los ciudadanos son meros espectadores, antes que la relación entre candidato-ciudadano para comprometer propuestas. Las burbujas más conocidas son “ahh…pero Macri” y “ahh…pero Cristina”, a las que se suman otras burbujas integradas por funcionarios y políticos privilegiados que opinan y acusan sin asumir responsabilidades.

El segundo elemento se transparenta en los actos electorales, al observar a quienes se encuentran en palcos y escenarios. Salvo en lo dialéctico, al amparo de recursos estatales otorgados discrecionalmente se congregan derechas, izquierdas, neoliberales, populistas, peronistas, kirchneristas y radicales. Lo que los unifica ideológicamente es el conservadurismo, tanto del poder como de sus privilegios. No es casual entonces que apelen a viejas políticas de congelamientos; utilicen impuestos para auto promocionarse en lugar de aplicarlos a educación, salud y seguridad; se resistan  a cambiar la estructura del Estado y las leyes laborales; defiendan la impunidad y tiendan a aislarse del mundo. O que intendentes del sufrido conurbano vivan en Puerto Madero. Piensan como conservadores: si en el poder vivimos bien, para qué cambiar?

Con estos antecedentes, en lugar de plantear recurrentemente “grandes acuerdos”, el primer paso es definir los temas y propuestas, y quiénes lo suscribirán. Lo evidente en lo inmediato, es que en la versión argentina del célebre policial del 49, a partir del lunes 15 “los puntos” deberán estar alertas.

Buenos Aires, 10 de noviembre 2021

Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021

Política, administración y déficit

La pandemia asociada a la crisis económico-social transparentaron en la presente campaña electoral los principales vicios de las castas políticas, sea en cuanto a responsabilidades públicas como en estrategias comunicacionales. Si bien un número creciente de ciudadanos se resistieron a ser identificados con el humillante mote de “votos cautivos”, ello no es suficiente para aventurar cambios, pues ante el reclamo de que “se vayan todos” en la crisis 2001-2002, se quedaron casi todos los que hoy son responsables de la decadencia argentina. En lo inmediato, la crisis de representación de quienes deben deliberar y gobernar en nombre del pueblo, hace necesaria una participación ciudadana más directa, activa y orgánica en la elaboración de propuestas que integren un acuerdo político sustentable, muchas de los cuales no serán del agrado de las castas. Dichas propuestas deberán propagarse a todos los niveles sociales de modo comprensible, pues no en vano la enseñanza educativa más igualadora y similar para todos, es la de aprender a leer y escribir.

Para un acuerdo político se podría partir de tres capítulos básicos: política, administración y déficit. La política refiere al factor humano, por el cual los actores intervinientes debieran poseer ética, capacidad intelectual y honestidad planificadora, para que el proyecto nacional cumpla con los principios democráticos de equidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, para exigir sacrificios a los ciudadanos con cierta autoridad moral, prioritariamente deberían derogarse los innumerables privilegios políticos, que no pueden disfrazarse de derechos adquiridos, más aún cuando los de los ciudadanos comunes son permanentemente vulnerados: incautación de ahorros, manipulación de jubilaciones, educación desigual, etc.

El factor administración, que considera la estructura física y operativa del Estado en sus tres poderes, llegó a tal nivel de sobredimensionamiento e ineficacia, que inicialmente impacta más en la calidad institucional y de prestación de servicios que en lo económico. Para evitar que ante un planteo de racionalidad administrativa los políticos y gremialistas beneficiarios apelen al conocido ardid de denunciar despidos masivos de trabajadores, se actuará explícitamente sobre los organismos y niveles jerárquicos innecesarios, creados solo para cubrir compromisos políticos y familiares, sin con ello afectar a los legítimos derechos de empleados de planta permanente. La actualidad brinda una oportunidad para concretarlo, porque como nunca antes se transparentaron los perjuicios sociales que provocan una estructura estatal atomizada, improductiva y jerárquicamente inmanejable, con salarios y beneficios disociados de la realidad económica de las actividades privadas en general.   

Tras lo humano (responsables políticos), y lo físico (estructura administrativa), emerge el tercer factor clave, de índole económica: el déficit, que no debe confundirse con deuda, que de por sí no es mala. Cuando un ciudadano común saca un crédito para un emprendimiento, vivienda o vehículo contrae una deuda, que se supone analizó quien la otorga, y planificó su amortización quien la asume. Pero si los gastos del beneficiario superan mes a mes a los ingresos, tendrá un déficit que le impedirá amortizar la deuda, en cuyo caso o planificó mal, o generó conscientemente la insolvencia, vía gastos excesivos destinados a privilegios legalizados o corruptos. Así como en el campo de los ciudadanos comunes abundan reconocidos deudores morosos con excelentes niveles de vida que para no pagar utilizan excusas banales, en el campo político la diferencia estriba en que las excusas son más sofisticadas: fuga de capitales, cuentas “offshore”, créditos de la banca pública ruinosos, evasiones fiscales, hasta arribar a la habitual proclama pronunciada por los políticos responsables: “no pagaremos las deudas con el hambre del pueblo”.

El problema político hasta ahora no resuelto, es que estos términos los usan quienes están en el poder desde hace décadas, favorecieron la corrupción y son morosos con un excelente nivel de vida. Pero institucionalmente la exigencia de hoy no es “qué se vayan todos”, sino qué acuerdos se establecerán para que el país avizore una transformación virtuosa y definitiva de mediano y largo plazo. De ahí la importancia de una participación ciudadana activa.

Buenos Aires, 03 de noviembre 2021

Perón es inocente

Ante crisis sociales extremas, la Argentina está plagada de invocaciones a diálogos y acuerdos incumplidos, utilizados como recurso de emergencia por las castas corporativas para lograr su supervivencia en un marco de nepotismo, corrupción y mediocridad conductiva. Pero como un nuevo intento de acuerdo político-institucional, económico y social surge como imprescindible, es oportuno identificar vicios y falacias que derivaron en los repetidos fracasos.  

Como todo análisis necesita un punto de partida sólido basado en realidades, el peronismo puede cumplir este requisito, no desde un debate historicista, sino en base a una actualidad que presenta cinco elementos concurrentes: 1) una pandemia cuya prolongada cuarentena transparentó desigualdades económicas, laborales y educativas; 2) una coalición de gobierno con un presidente designado por su vicepresidenta, conformada entre enemigos para derrotar a otros enemigos; 3) un poder ejecutivo sin objetivos definidos, parcelado en todas sus áreas, y que se enorgullece de carecer de un plan y descreer del mérito; 4) una deuda externa en dólares e interna en pesos, impagables en el corto y mediano plazo; 5) una ausencia de identidad ideológica en un gobierno que se dice peronista, como reflejó la conmemoración del 17 de octubre a través de tres actos en días sucesivos, con representaciones oficiales divergentes. Esta última anomia fáctica que no se condice con las invocaciones discursivas, hace pensar que la memoria de Perón, fallecido hace ya 46 años, podría brindar un aporte póstumo para encauzar la actual crisis, y marcar un camino que posibilite un acuerdo institucional, económico y social viable y virtuoso de corto, mediano y largo plazo. La posibilidad surge del propio Perón, cuando en la conferencia de prensa que brindara en 1972 a su regreso al país, señalara como fuerzas políticas activas a los radicales, socialistas y conservadores, entre otras. Al mencionársele la omisión del peronismo, respondió con su habitual ironía: “es que peronistas somos todos”.

La frase, pronunciada en una época de fuertes enfrentamientos, incluso armados, hacía referencia no solo a que su primer gobierno había impregnado la cultura política argentina, sino también al uso de su nombre e imagen para otros intereses. Bajo este planteo, deberían ser peronistas quienes integran y/o apoyan al gobierno, como el presidente Fernández, Guzmán, Kicillof, Moyano, Daer, Barrionuevo, Donda, Carlotto, Massa, Boudou, De Narváez, Brito, Mendiguren, Moreau, Ricardo Alfonsín, Zannini, entre otros. Incluso la propia vicepresidenta debió recordar en su discurso del 17 de octubre que era peronista. Del mismo modo en la oposición cabe citar a peronistas como Pichetto, Rodríguez Larreta, Santilli, Ritondo, De la Torre, Monzó, Amadeo, entre tantos otros. Sin embargo, el paso del tiempo puede convertir convicciones sentidas del pasado en hipócritas oportunismos presentes, con consecuencias sociales ruinosas.  A Evita la hubiera sorprendido que sus queridos “grasitas” de entonces se multiplicaran, y sean utilizados hoy por otros “grasitas” más vivos para intermediar recursos públicos. O que Perón comprobara que la columna vertebral del movimiento la integran gremialistas enriquecidos, manejando “holdings” de medios de comunicación, correo, empresas constructoras, aseguradoras, entre otros negocios familiares. O que el partido Justicialista se diluyera en distintos nombres de fantasía en cada instancia electoral; que miembros del partido Radical no solo pueden romperse, sino cargos mediante, también pueden doblarse; y que los revolucionarios de antaño son los conservadores de hoy.   

Es momento entonces que previo a establecer temarios y estrategias de un acuerdo nacional integral y sostenible, aceptar circunstancialmente ante la emergencia y como recurso aglutinador que “somos todos peronistas”, o por el contrario, reconocer que como bien expresara textualmente un peronista histórico como Julio Bárbaro, “desde la muerte de Perón, el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos”.

Sea cual fuere la decisión, llegó la hora de que las castas políticas y corporativas dejen de justificar oportunismos, malas praxis, corrupciones y degradaciones institucionales, utilizando la memoria de Perón. Y se asuma que con la democracia como abstracción, no “se come, se educa y se cura”. Lograrlo requiere de una clase política formada, capaz y honesta, en lugar de burócratas enriquecidos clamando desde los palcos que “con el hambre del pueblo no se juega”. Definida una base de partida común, surge el verdadero desafío, consistente en establecer una estrategia operativa y participativa, que evite que el acuerdo quede solo en manos de las mismas castas y corporaciones responsables de la decadencia argentina, lo que aseguraría un nuevo fracaso.

Buenos Aires, 27 de octubre 2021

Jueces al aire libre

Las alternancias entre gobiernos de distinto signo político, tienen dos efectos inmediatos: la pérdida de poder por parte de quienes lo usufructúan, y más importante, afectan a las estructuras de corrupción estatal-privada que se conforman durante ejercicios prolongados del poder. No en vano solo quienes lo ejercen reclaman “necesitar veinte años de gobierno para producir cambios”. Nuestro país, cuya decadencia económico-social está asociada a castas políticas y corporativas perennes, confirma la teoría.

La alternancia producida en el 2015, sumó al habitual juego de denuncias e impunidades hechos emblemáticos, como José López ocultando un bolso en un convento con nueve millones de dólares; integrantes del grupo Lázaro Báez filmados contando millones de dólares, y aparición de “fotocopias” de ocho cuadernos del chofer Centeno detallando los circuitos recaudatorios de coimas. En paralelo se aprobó la ley llamada del “arrepentido”, y la sociedad pudo comprobar que investigaciones complejas como la causa cuadernos se pueden realizar en menos de dos años, y que es posible llegar a juicios orales y públicos en plazos razonables. El propio poder judicial había producido un aporte esclarecedor, al confesar que no existe una única justicia, sino dos: una autoproclamada “legítima”, y por oposición, otra que no lo es. Respecto a esta anomalía, el ex juez de la Corte Antonio Boggiano señaló que un juez no está habilitado a realizar una superación de la ley, por lo que la justicia “legítima” es una justicia de partido, en donde no hay verdad sino intereses. Las castas por su parte, mantuvieron la legislación que permite a procesados y condenados gobernar, y poner a sus abogados defensores en organismos de control o cargos judiciales. En este contexto, el retorno en el 2019 de quienes gobernaran hasta el 2015 no debe entenderse como un retroceso en la búsqueda de un saneamiento institucional, sino inserta en una secuencia temporal inevitable y necesaria para arribar a cambios de fondo definitivos. En democracia, a diferencia de las revoluciones o dictaduras, las transformaciones no son instantáneas; se producen por efectos de saturación, descomposición o hartazgo social.

Por ello en cuanto a corrupción, la atención pública deberá centrarse en el poder judicial, entendido no como una abstracción global, sino identificando a peritos oficiales, fiscales y jueces intervinientes en cada caso, evaluándolos no solo por sus fallos, sino por sus antecedentes y tiempos procesales. Para evitar evaluaciones subjetivas, sería oportuno diseñar una ficha síntesis de cada causa distribuidas a través de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, con la siguiente información de base: 1) Fecha de inicio de la causa, con juez y fiscal actuante; 2) tiempo de investigación y resolución final, sea de desestimación o elevación a juicio oral; 3) en caso de juicio oral, integrantes del tribunal, fechas de inicio y de sentencia. Informaciones más detalladas pueden obtenerse a través de portales web específicos. Cabe ejemplificar con algunos casos recientes.  

1) El juez Daniel Obligado denegó a Boudou en diciembre de 2020 un pedido de prisión domiciliaria. Entrevistado de inmediato por sus defensores Peñafort y Rúa, Obligado modificó su decisión. Condenado a cinco años y diez meses, Boudou cumplió escasos meses en prisión.

2) En el año 2007 se inició en el juzgado de Servini de Cubría una causa por fraude a la administración pública contra la ex Secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti. Quince años más tarde, el tribunal oral conformado por los jueces Sabrina Namer, Giménez Uriburu y Guillemo Costabel, e intervención del fiscal Luciani, la condenó a tres años de prisión en suspenso y a devolver siete millones de pesos.

3) En noviembre de 2016 el fallecido juez Bonadío elevó a juicio oral la causa por defraudación conocida como Plan Qunita. En septiembre de este año el tribunal oral integrado por Grunberg, Michilini y Basílico, por recomendación de la fiscal Gabriela Baigún y peritos de la Corte, sobreseyó a los 18 acusados.  

4) En la causa por encubrimiento en la firma del Memorándum con Irán iniciada en el juzgado del fallecido juez Bonadío, el tribunal oral integrado por los jueces José Michilini, Graciela López Iñíguez y Daniel Obligado sobreseyeron en octubre a todos los acusados sin citar a juicio, por entender que no hubo delito.

Cabe recordar la frase del legislador ateniense Solón en el año 594 a. C.: ““Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”

Buenos Aires, 20 de octubre 2021

Secretos divulgados

En su discurso de cierre de la campaña electoral de las PASO, el presidente Fernández afirmó textualmente: “En este gobierno ya no tenemos más espías al servicio de los jueces ni espiando a los argentinos, ni operadores oficiales metidos en los despachos comprando jueces y voluntades”. Como las relaciones entre política, justicia y espionaje son inevitables en lo administrativo y operativo, lo relevante es establecer profesionalidad y honestidad. En tal sentido, lo único que se modificó producto de las urgencias provocadas por los avances en procesos por corrupción y la ineptitud de la Agencia Federal de Investigaciones, es que el habitual secretismo que rodea a estas relaciones se trasladó a la esfera pública, sin modificar el trasfondo de impunidad. 

Los llamados “operadores oficiales”, que actúan ante los magistrados convenciendo, amenazando o sobornando, fueron sustituidos por altos funcionarios de gobierno amenazando públicamente a jueces y fiscales que avanzan en las causas de corrupción estatal-privada. Tarea en la que colaboran integrantes del poder judicial y del Consejo de la Magistratura. La ofensiva contra los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky a fin de afectar sus dictámenes judiciales, acusándolos de haberse reunido con el ex presidente Macri, contó con el aporte de la jueza Servini de Cubría, que en plena internación por estar afectada por Covid, se tomó el trabajo de enviar el 19 de abril una carta pública al camarista Hornos, pidiéndole que renuncie al cargo en aras del bien de la República. Invocación ética que ingresó en un cono de sombras, al ser designado simultáneamente su hijo Juan Carlos en el Consejo de la Magistratura, con aval del gobierno. Las presiones alcanzaron a la propia Corte Suprema, con declaraciones como las del legislador Moreau, o el camarista Juan Ramos Padilla propiciando por redes sociales el 05 de diciembre del 2020 un juicio político a la Corte, por haber confirmado la condena a Amado Boudou. El politizado e ineficiente Consejo de la Magistratura por su parte, ante la decisión de la Corte de que concursen sus cargos decenas de jueces cuyas designaciones o traslados de juzgados se realizaron sin acuerdos de Senado, (situación de la propia jueza Cubría), solo se abocó a concursar los que ocupan Castelli, Bertuzzi y Bruglia, a los que el gobierno intenta remover por sus fallos. Con respecto a la “compra de jueces y voluntades” que el presidente no identifica, dicho Consejo jamás actuó y/o condenó a magistrados denunciados por enriquecimiento ilícito. Con estos antecedentes, no son necesarios operadores subrepticios.

En cuanto a los espías, el panorama es más patético. En la AFI parecieran abundar espías, pero no agentes de inteligencia que procesen la información recolectada para detectar riesgos que conspiren contra la seguridad exterior e interior de la Nación (Artículo 2° de la Ley de Inteligencia). La fiscal Caamaño, designada interventora de la AFI, logró un hecho inédito en el mundo del espionaje: involucrar y exponer al personal de inteligencia en diversas causas tramitadas simultáneamente en cinco juzgados federales: Luis Rodríguez, Martínez de Giorgi y Servini de Cubría (Comodoro Py); Federico Villena (Lomas de Zamora), y Martín Bava (Dolores). Al juez Villena la interventora Caamaño le envió documentación sensible con datos de más de 100 espías, algunos destinados en el extranjero que debieron ser repatriados. Y en la causa Nisman, cuando el fiscal Taiano citó a declarar a 89 agentes de inteligencia activos el día de su muerte, Caamaño informó que 64 de ellos ya no trabajaban en el organismo, exhibiendo una rotación de personal más comparable a vendedores puerta a puerta que a un organismo de inteligencia. Ni al libretista de la vieja serie “Superagente 86” se le hubiera ocurrido tantos disparates.

Una base para conjeturar el destino de estas causas la brinda la tramitada en el 2019 por el juez Ramos Padilla en el juzgado de Dolores, conocida como operación “puf” de la causa cuadernos, en la que intervienen espías activos, ex espías, policías, fiscales, abogados, funcionarios y empresarios, en su mayoría  partícipes en otras causas judiciales y operaciones políticas relacionadas con corrupción. Por lo que es razonable aventurar que esta causa ya cerrada sin haber logrado el objetivo originalmente buscado, jamás se elevará a juicio oral y público. Es lo que sucedió con el reciente fallo del Tribunal Oral Federal n°8 en la causa por la firma del Memorándum con Irán, que pareciera haberse basado en evitar las declaraciones públicas de los testigos involucrados. Por ello el discurso presidencial presenta veracidades pero no virtudes. Las amenazas a jueces y fiscales permanecen, pero pasaron a ser públicas. De igual modo se mantiene inmutable la escasa profesionalidad de los organismos de inteligencia, en cuya conducción rotan políticos, magistrados y empresarios.    

Buenos Aires, 13 de octubre 2021

Tercer triunvirato

A más de 200 años de que el poder ejecutivo lo ejercieran dos triunviratos, el primero en 1811 y el segundo en 1812, imprevistamente surgió en nuestro país el tercero, integrado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y José Manzur. En esta curiosidad histórica, se destacan las similitudes entre los contextos políticos de entonces y el actual: conflictos en el seno del poder, caudillismos provinciales, visiones de futuro distintas, pujas económicas, y triunviros que tenían divergencias entre ellos, con escasa operatividad y corta duración en sus cargos, por lo que este tipo de conducción se abandonó. Retomada recientemente, sus expectativas de sobrevivencia llegan hasta el 14 de noviembre, pues el lunes 15, sea cual fuere el resultado, la historia será otra.

Tamaña crisis la provocó el instrumento más idóneo para que los ciudadanos se expresen, aún en un país con un historial de “fraudes patrióticos” y un sistema electoral amañado: el voto simultáneo, secreto y obligatorio. Si bien los votos ni siquiera consagraron legisladores, despertaron el temor a perder mayorías legislativas que aseguren a las castas mantener poder e impunidad. El resultado sorprendió no solo por su extensión territorial, sino por incluir a franjas sociales empobrecidas humillantemente identificadas como “votos cautivos”, como si tal condición no incluyera a políticos enriquecidos y empresarios con prebendas. Frente a esta confluencia popular activa, se produjo una confluencia política reactiva para recuperar votos fugados “del redil”, según léxico de caudillos. El primer paso consistió en la resurrección histórica del triunvirato, cuyo accionar se concentrará hasta el 14 de noviembre. En este breve plazo se podrá visualizar con claridad y en modo simultáneo las tres patas del trípode que caracterizan a nuestras rancias castas políticas: conservadoras en el ejercicio del poder, líquidas en lo ideológico y cínicas en lo discursivo.

La pata de prácticas conservadoras se desplegó con la designación del gobernador tucumano Juan Manzur como cabeza del triunvirato, con apoyo testimonial de reconocidos caudillejos provinciales, para apelar a estrategias igualmente añejas: comprar voluntades con platita en el bolsillo, garrafas, zapatillas, en lugar de asegurar educación, salud y seguridad. Al trasladarse este esquema al centro de poder “porteño”, se desplegó la siguiente pata: la liquidez ideológica. Se designaron ministros identificados con tradicionales derechas, sin que ello provocara las renuncias o quejas de quienes dicen pertenecer a autoproclamadas izquierdas, sean de funcionarios como Gómez Alcorta y Donda, entre otros, o representantes de entidades financiadas con recursos públicos, que seguirán lucrando bajo un barniz progresista basado en declamar derechos humanos, igualdad de género, lucha contra la discriminación y lenguaje inclusivo, beneficios que jamás llegarán a las franjas sociales más desprotegidas, y no interesan a los tradicionales caudillismos. Tales oportunismos demuestran a quienes desde hace décadas claman por consensos políticos, que canjeando cargos públicos y otros privilegios es posible alcanzarlos, y más aún, lograr que derechas e izquierdas compartan gobierno sin “grietas”.

La tercera pata del trípode sostiene a los cinismos discursivos, y es la más habitualmente desplegada, especialmente en procesos electorales. Se destacan dos frases emblemáticas: “no supimos escuchar a la gente”, y libretita en mano, “queremos conocer sus necesidades y opiniones”. Son pronunciadas por quienes ocupan cargos políticos de relevancia desde hace décadas, por lo que cuentan con todos los instrumentos institucionales, legales, operativos y estadísticos que les permite tener un preciso cuadro de situación del país que gobiernan. Una inédita pandemia le sumó cinismo operativo, consistente en eliminar de forma súbita todas las prolongadas restricciones que provocaran serios daños económicos y sociales, convirtiendo en una abstracción al término “aforo”, que en el apuro no se especificó quién y cómo se controla. Como novedad, los legisladores aceptaron trabajar en forma presencial, en este caso con aforo fácilmente verificable.

Parafraseando una conocida frase de Borges, se diría que nuestras viejas castas políticas son incorregibles.

Buenos Aires, 06 de octubre 2021

Maquiavelo, cartas y decretos

“El príncipe”, texto del florentino Maquiavelo, considerado creador de la ciencia política, no es un manual de la maldad sino una precisa descripción del accionar político necesario para conseguir el poder y mantenerlo según observara en su breve carrera diplomática, desarrollada en un contexto de permanentes conflictos entre ciudades-estado de Italia (el Vaticano una de ellas); amenazas externas (Francia), predominio del individualismo, batallas, acuerdos volátiles, intereses financieros, y un desarrollo cultural y artístico excepcional. Las órdenes y normas emitidas en ese entonces por la autoridad política real, que debían ser cumplidas y no interpretadas, se transmitían a la población a través de pregoneros o carteles llamados bandos. En cuanto a contextos históricos, si se sustituye el concepto de monarquías por las variantes autocracia, feudalismo, conservadurismo y castas hereditarias, nos encontramos en nuestra actualidad política.

Por ello, la implosión que provocó en la coalición gobernante la crudeza del bando/carta emitido por la vicepresidenta Cristina Kirchner, a cuatro días de elecciones internas negativas para su gobierno que ni siquiera consagraron candidatos, podría analizarse a la luz del pensamiento de Maquiavelo. Su repercusión se potenció ante la mediocridad de los entornos políticos, cuyas credibilidades se diluyen en declaraciones superfluas, engaños, falacias y frivolidades, más cercanas al mundo del espectáculo que al de la política. Una referencia sexual en la campaña, por ejemplo, logró tal cobertura gratuita en medios de comunicación, que no sorprendería que surja algún candidato/a que diga que le gusta hacer tríos. El análisis debe comenzar por definir el perfil del personaje emisor del bando/carta, evitando subjetividades (no es fácil), especulaciones basadas en rumores, y fútiles evaluaciones psicológicas. Cristina Kirchner no es una brillante estadista u oradora; sus contradicciones en cuanto a opiniones o acciones a lo largo del tiempo no difieren de las de Fernández, Massa, y muchos otros políticos. Con independencia de sus resultados, conoce el poder, le gusta ejercerlo y concentra decisiones. Algunos de los que integran la escudería “Frente de Todos”, murmuran que tiene un núcleo duro de solo 25/30% de votantes; que su poder se concentra en el conurbano, y que su vigencia está agotada. Ante la disonancia entre sus supuestas debilidades, el poder que ejerce entre los propios y el impacto de su bando/carta, Maquiavelo formularía una observación al respecto: “El príncipe que descansa en soldados mercenarios, no estará nunca seguro y tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos”.  (Capítulo XII)

Transitados los primeros días de la crisis, que incluyeron frases altisonantes, como la diputada Vallejos actuando como acompañamiento coral del bando/carta para degradar al presidente, renuncias masivas presentadas a través de medios de comunicación y reuniones varias, al momento de toma de decisiones se aplicó el consejo de Maquiavelo: ”Los hombres se ganan mucho mejor con las cosas presentes que con las pasadas, y cuando en las presentes hallan provecho, las gozan sin inquirir nada”(Capítulo XXIV).

Sobre la base de acordar “cosas presentes”, se produjo un reacomodamiento, en el que los funcionarios no perdieron privilegios o cargos, revivieron viejos personajes, otrora enemigos recompusieran vínculos, comparten gobierno rancias derechas con rentadas izquierdas, y el ícono de funcionario que no funciona terminó como canciller. El presidente por su parte, permanece alerta por si debe firmar algún decreto. Se ratifica así que en las castas políticas la desocupación es nula, pues los cargos no se pierden; solo se transforman o intercambian. Es injusto entonces relacionar la “compra de votos” vía “platita en el bolsillo” solo con los más pobres, cuando esta práctica es aplicable a castas políticas mediocres, oportunistas y mercenarias.  

En cuanto al intento de revertir en dos meses la situación electoral, Maquiavelo es escéptico, al señalar que “en las cosas del Estado, los males que nacen en él, cuando se los descubre a tiempo se los cura pronto; pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto de que todo el mundo los ve”. (Capítulo III). Más preocupante es lo que avizora Maquiavelo tras la elección, respecto a los entornos del poder: “Los príncipes irresolutos, para evitar los peligros presentes, siguen la mayoría de las veces el camino de la neutralidad, y la mayoría de las veces fracasan”. (Capítulo XXI).

Retomando nuestra condición de ciudadanos comunes, es conveniente verificar una vez más el estado de los salvavidas a usar a partir del 15 de noviembre.

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2021

Ajedrez o truco político?

En su programa televisivo, el periodista Feinman utilizó el ajedrez, juego milenario de estrategia militar en el que el éxito reside en prever varios movimientos futuros, para asimilar el conflicto entre el presidente y su vice, como una apertura de Cristina Kirchner con fichas blancas para intentar un gambito de dama. Manteniendo la metáfora del juego, sería más entendible apelar al popular truco, juego de naipes en el que el triunfo se obtiene en tiempos más cortos, a través de picardías, señas y mentiras. Previo a jugarlo, es oportuno presentar un registro sintético de antecedentes e hipotéticas jugadas, que merecerán análisis más exhaustivos a futuro.

1.- El presente truco político tiene una variante criolla inédita presentada a la sociedad sin disimulo, por la cual una vicepresidenta impone unilateralmente al presidente, bajo el eslogan “con Cristina no basta, sin ella no se puede”. Por lo cual no cabe invocar engaño, y las responsabilidades las comparten Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa.

2.- En el acuerdo privado entre desiguales en cuanto a peso político, Cristina definía la impronta de gobierno, mientras Fernández y Massa recolectaban votos en sectores medios y empresarios, y operaban sobre la justicia para desactivar causas judiciales que involucran a la ex presidenta y varios de sus funcionarios. En cuanto a los compromisos públicos electorales, no se apartaron de lo habitual desde hace décadas: el bien (promesas incumplidas), contra el mal (la herencia recibida). 

3.- El objetivo judicial en busca de impunidad ocupó gran parte de la acción de gobierno desde su inicio, en desmedro de otras prioridades y urgencias de la sociedad. Ello explicaría que la insólita implosión de la coalición provocada por una elección legislativa, ni siquiera cerrada sino en la etapa de definir candidaturas, concentre la preocupación en la pérdida de senadores que avalen acciones que diluyan las causas de corrupción, antes que en el resultado global. Tarea que cuenta con apoyo de muchos magistrados.

4.- Asumido que las castas políticas legislan buscando autoprotección judicial y mantenimiento del poder, es necesario que para la elección del 2023 se establezca que ningún procesado por causas penales por corrupción podrá ser candidato a cargos públicos políticos, y se implemente la lista única de candidatos. De igual modo, evaluar una reforma constitucional electoral, pues con estos niveles políticos el país no resiste elecciones cada dos años. En las PASO de agosto del 2019 en la que también perdió el oficialismo de entonces, el dólar estaba a $ 46,00 el viernes previo a la elección, y a $ 57,30 a dos días de conocido el resultado.

5.- El discurso político debe terminar con el cinismo de que existen “dos proyectos en pugna” o “debemos debatir que país queremos”. Hace treinta años que rotan por distintas esferas del poder las mismas castas, sin ningún plan integral y coherente sustentable en el tiempo. En contraposición, quienes representan “la voz del pueblo” son cada vez más ricos, y el pueblo más pobre.

6.- En rol de entrevistador, el periodismo debería ser más punzante respecto a preguntar cuáles son los dos proyectos en pugna. Si se obtienen respuestas con más de mil palabras que contengan datos en lugar de diagnósticos y promesas, sería un éxito. Sorprende la ausencia en los debates y cuestionarios periodísticos la ausencia de temas judiciales relacionados con la corrupción, eludidos tanto por el oficialismo como por la oposición.

7.- En lo estrictamente económico, hace décadas que al “querido pueblo” se le sigue poniendo el chupete preelectoral “deuda impagable” y “FMI go home”. La sociedad no tiene dudas que sus recursos públicos han sido saqueados, y que existe un sistema de impunidad judicial. En lo inmediato, el debate electoral debería plantear a los políticos “que nos cuidan” como hipótesis, cuál sería el plan de gobierno suponiendo que refinanciada a 4 o 6 años, no se pague ninguna deuda en moneda extranjera. Y que dicho plan de gobierno aprobado legislativamente, sea el verdadero acuerdo político institucionalizado.

Resumiendo. Políticos…. reemplazar “sarasa” por trabajo virtuoso.

Buenos Aires, 22 de septiembre 2021

Halcones, palomas e híbridos

La definición tras las PASO de candidaturas para la elección legislativa del 14 de noviembre, merece algunas reflexiones con vistas al futuro político inmediato. Existe consenso respecto a la pobreza comunicacional de la campaña, que salvo excepciones semejaron a espectáculos tipo “stand up”, con candidatos gesticulando, gritando, formando coreografías, acusando, promoviendo sexo, astrología y hablando con las mamás. Esta mediocridad publicitaria y discursiva transparenta peligrosamente la mediocridad intelectual de las dirigencias responsables de conducir, legislar e impartir justicia. No en vano los publicistas sostienen que es imposible realizar una buena campaña con un mal producto, o que el engaño se mantenga en el tiempo. Asimismo, dado que las propagandas políticas se diseñan para llegar a todos los públicos, los resultados indicarían que no impactaron en los sectores sociales angustiados por la pobreza y falta de trabajo, sirviendo solo para el entretenimiento y/o crítica de sectores sociales sin necesidades básicas insatisfechas. Clarificarlo sería un buen aporte de encuestadores y sociólogos.

Tal mediocridad deja en claro que los cambios estructurales deberán consensuarlos y promoverlos una ciudadanía movilizada y propositiva, dentro de marcos democráticos. Ello implica clarificar y reformular el concepto “grieta”, inoculado en la sociedad por las castas políticas para mantener poder. La versión moderna de dividir binariamente a una sociedad surge con la doctrina del filósofo jurídico alemán nacionalsocialista Carl Schmitt. Crítico de la democracia liberal y parlamentaria, propugnó una autocracia con partido único, para lo cual estableció la distinción entre amigo-enemigo, porque “el enemigo es simplemente el otro que está en contra de mi posición”. No en vano este planteo hoy vigente, se desarrolló en el período en el que predominaron Mussolini, Hitler y Stalin. Este principio se trasladó a la propaganda política a través de la técnica llamada “del enemigo único”, el que preferentemente no debía ser un partido sino en el jefe de ese partido, pues es más fácil para las sociedades individualizar a un adversario que a una institución. Por ello se busca fanatizar a través de personalismos (Cristina Kirchner/Mauricio Macri), o generalizaciones supuestamente ideológicas (liberalismo/populismo; derecha/izquierda), en lugar de formular opciones que definan perfiles políticos, como capaz/incapaz; honesto/deshonesto; principista/oportunista.

Sin embargo esta estrategia discursiva y manipuladora ofrece en nuestro país una paradoja peculiar. Las fluctuantes configuraciones electorales producidas desde la crisis 2001/02 a la fecha, muestran que la “grieta” no rige para las castas que la promueven, dado que en cada turno electoral se presentan realineamientos oportunistas basados en el intercambio de cargos y privilegios. Vale citar como ejemplos paradigmáticos los casos de Cristina Kirchner-Cobos y Lavagna-Gerardo Morales (2007); Ricardo Alfonsín-González Fraga-Francisco De Narváez (2011); Massa-Stolbizer (2017); Kirchner-Fernández-Massa y Macri-Pichetto (2019); Manes-Stolbizer (2021). Si extendemos los ejemplos a segundas líneas, cabe recordar que la tercera vía electoral de Lavagna en el 2019, terminó incorporando a varios de sus integrantes al actual gobierno, o que Ricardo Alfonsín fuera premiado con la embajada en España por criticar al gobierno de Cambiemos.

Abandonada la simplicidad binaria de la “grieta”, los análisis y evaluaciones del ciudadano común serán más profundos y exigentes para interpelar a las castas dirigentes, en lugar de someterse a reacciones emocionales o desgastarse en acaloradas discusiones improductivas. Por ejemplo, el simplista planteo binario basado en la caracterización zoológica de “halcones o palomas”, usado en los análisis periodísticos  para señalar actitudes políticas, hace suponer que los primeros son malos, y las segundas buenas. Pero en los hechos puede llamarse “halcón” a quien se niegue suscribir acuerdos nocivos al interés general, y “paloma” a quienes los apoyen negociando favores personales. Además, esta división binaria zoológica omite la existencia de los híbridos, como se denominan en el mundo animal o vegetal a quienes tienen progenitores de distintas especies. En política serían quienes se presentan ante la sociedad con una identidad para ser elegidos, y una vez asumidos como legisladores adoptan otra para votar, afectando seriamente a la democracia, porque burlan la voluntad popular y facilitan la sobrevivencia de las castas políticas al intercambiar prebendas.

Esta amplitud mental deberá ejercitarse para lo que viene, en momentos en que todos invocan sin más detalles la necesidad de un gran acuerdo político, sin explicitar ante la sociedad las acciones concretas que lo integrarán, quiénes lo suscribirán, y qué cláusulas penalizarán eventuales incumplimientos

Buenos Aires, 15 de septiembre 2021