politicaenborrador

La AFI no existe

A la espera de que se conozca y debatan las condiciones del posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se mantienen en el campo de los fenómenos parasicológicos como la telepatía y clarividencia, mientras entusiastas médiums aventuran cómo votará cada legislador lo que no conoce, es oportuno concentrase en las imprescindibles reformas institucionales a encarar localmente para revertir la decadencia argentina.  

Cabe mencionar a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo del Sistema de Inteligencia Nacional, que pese a ser catalogada como foco de corrupción política, se mantiene inmutable. Sus fracasos en las tareas de inteligencia y contrainteligencia en cuanto a cumplir su misión de obtener, sistematizar y analizar información específica de “hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación” (art. 2°, inciso 1, ley 25.520), quedaron expuestos en casos como los de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA; la presencia no detectada de un iraní reclamado por Interpol sospechado de planificarlos, en la reciente jura del presidente nicaragüense Ortega; la muerte del fiscal Nisman, y la detección de carteles internacionales del narcotráfico en el país. Por el contrario, las causas judiciales de los últimos años que involucran al organismo, confirma que su accionar se remite exclusivamente a burdos espionajes locales, cuyos objetivos ajenos a la seguridad exterior e interior, son los de lucrar con información y/o mantener impunidades en casos de corrupción. Esta falta de profesionalidad no debiera sorprender considerando que al frente del organismo se ubican conducciones políticas circunstanciales carentes de toda formación específica, como indican las designaciones de Parrilli, Pocino, Tailhade, Mena, Arribas, Magdalani y actualmente Caamaño, quien llevó a su clímax un absurdo que no reconoce antecedentes en los organismos de inteligencia del mundo desarrollado y subdesarrollado, respecto a que las investigaciones de posibles delitos internos de espías sean derivadas a la justicia sin verificaciones previas que confirmen veracidad de los hechos ni se adjunten pruebas concretas.

Este amateurismo de las últimas conducciones, en especial de la actual intervención, produjo por el absurdo un efecto no deseado saludable para reformular a la AFI. Desde el caso Nisman en el 2015 (juez Ercolini), y el reciente caso Gestapo en el 2022 (juez Kreplak), la AFI, sus directivos, personal y asociados, se encuentran involucrados en diez causas judiciales simultáneas, distribuidas entre los juzgados federales de los jueces Servini de Cubría, de Giorgi, Ercolini, Ramos Padilla, Villena, Auge y Kreplak, con sus trámites de incompetencias y traslados de juzgados incluidos, que salvo en el caso Nisman, se refieren a supuestas escuchas ilegales y/o legales a personajes políticos y/o relacionados directa o indirectamente con causas de corrupción. Los nombres de acusados, testigos, espías de campo sin inteligencia, ex espías, policías, altos niveles políticos, jueces, fiscales, gremialistas, empresarios y abogados que desfilan por los distintos expedientes judiciales, recuerda a pujas entre pandillas antes que a búsqueda de justicia y un saneamiento institucional. Algunos ejemplos de “agentes secretos” serían desopilantes sino involucraran a un organismo relacionado con la seguridad.

1.- Declaró la interventora Caamaño que las escuchas y videos presentados en sus diversas denuncias para que “sean investigados”, se hallaron tras sucesivas tareas de limpieza en el organismo. Lo que hace sospechar que fueron olvidados por lúcidos espías macristas en su huida ante el cambio de gobierno. 2.- A requerimiento del juzgado de Lomas de Zamora, Caamaño envió información reservada con datos personales de unos cien espías, que naturalmente se hizo pública. Dos de ellos situados en el extranjero, debieron ser repatriados por riesgo de vida. 3.- Cuando el fiscal Taiano solicitó a la AFI el listado de los 89 espías que registraron intercomunicaciones activas el día de la muerte del fiscal Nisman para citarlos a declarar, la interventora respondió que, cual vendedores puerta a puerta antes que sofisticados agentes de inteligencia, 64 de ellos ya no pertenecían a la AFI y se desconocían sus paraderos. Como curiosidad, el juez de Giorgi mantiene sin avances desde hace cuatro años la causa que involucra a la ex presidenta Cristina Kirchner, por información de inteligencia encontrada en el allanamiento de su vivienda ordenada por el fallecido juez Bonadío, y recientemente ingresó en su juzgado la de Mauricio Macri por escuchas a familiares del ARA San Juan. Dado que el objetivo de estas denuncias es el de desarticular causas de corrupción y no el de sancionar, seguramente ninguna de ellas llegará a la instancia del juicio oral. Pero queda instalado un desafío: cómo crear para el país un organismo de inteligencia profesional y útil. Comenzando por las conducciones.

Buenos Aires, 03 de marzo 2022

A quiénes salvará el FMI?

La presente coyuntura económico-social recuerda que en los naufragios (léase crisis políticas), no siempre los que conducen son los últimos en abandonar el barco, y peor aún, muchos sustraen los salvavidas destinados a los más débiles. Tras el vendaval político del 2001-2002 que produjo miles de víctimas, las clases dirigentes lactantes de recursos públicos de entonces permanecen vigentes, por lo que es razonable sospechar que nuevamente pretenderán mantener su sobrevivencia y privilegios. Pero una sociedad más madura, crítica de mesianismos, corrupciones e hipocresías, tiene la oportunidad de organizarse para promover transformaciones que viejos linajes políticos intentarán evitar. Esta posibilidad no existió en la crisis 2001/02.

Para lograrlo es necesario conformar una masa crítica ciudadana que no se someta a las manipulaciones comunicacionales y/o propagandísticas basadas en noticias ocultistas, falsas o distorsionadas, sino que reflexione en base en las acciones y declaraciones fehacientes provenientes de las propias dirigencias, que suelen ser igualmente abundantes, para detectar contradicciones e identificar vicios estructurales que expliquen la decadencia del país. Para evitar preconceptos partidarios e ideológicos que eviten consensuar propuestas transformadoras que sean posteriormente institucionalizadas, y dado que los partidos políticos tradicionales han ido perdiendo presencia e identidad, con dirigencias en las que predominan intereses de coyuntura por sobre consideraciones de coherencia, capacidad y honestidad, que son virtudes apolíticas, se considerará como hipótesis inicial a la clase política como algo homogéneo. El drama de Corrientes expuso nuevamente la disociación entre dirigencias y ciudadanos. Mientras el gobernador provincial y el ministro Cabandié cruzaban acusaciones en cuanto a responsabilidades, y tardíamente el gobierno nacional enviara un apoyo de 200 millones de pesos, un joven “influencer” no solo recaudaba de la solidaridad social más de 150 millones de pesos en pocos días, sino a diferencia de la pobre capacidad de gestión de los burócratas, detalló tipo y cantidades de bienes a adquirir, y localidades correntinas en las que serían distribuidos. Casi simultáneamente, el ministerio de Seguridad a cargo de Berni adquiría un avión de uso ejecutivo, en lugar de aviones hidrantes.

Lo señalado lejos de agotarse en una crítica pesimista, parte del principio que para curar un cuerpo enfermo (en este caso el sistema institucional y burocrático), es necesario identificar la causa de la enfermedad. Tarea que no realizarán funcionarios incompetentes y beneficiarios de privilegios, sino organizaciones civiles democráticas con diversidades ideológicas, interrelacionadas para formular propuestas y acordar acciones creativas de interés general. Las primeras posibilidades didácticas para detectar falacias y evitar engaños, las proveen los propios políticos con sus dialécticas oportunistas, incongruentes y superficiales, apoyadas en costosas campañas publicitarias. Cabe destacar tres ejemplos recientes esclarecedores:

1.- A tres meses de las elecciones legislativas y a un año y medio de las presidenciales, varios políticos entre ellos Alberto Fernández, expresaron su intención de ser candidatos a presidente. Dejando en claro que expresiones como “tierra arrasada” cuando se asume un gobierno, es un cínico recurso declamatorio de quienes buscan ocultar no solo su corresponsabilidad en las crisis pasadas, sino su convencimiento de que  con cargos políticos superarán cualquier crisis (con ayuda del FMI?), y aseguran su futuro.   

2.- En su declaración como testigo en el juicio oral por supuesta corrupción en obras viales en Santa Cruz, el presidente Fernández, quien se jacta ser hijo de un juez y profesor en derecho Penal, contradijo sus expresiones públicas formuladas desde el llano en relación a la causa. Ello confirma que las opiniones vertidas fuera de los estrados, no suelen coincidir con las declaraciones emitidas ante un tribunal  con obligación de decir verdad. Y desactiva el valor de las especulaciones teóricas como el “lawfare”, pues en los juicios orales y públicos que muchos “inocentes” quieren evitar, solo pesan las pruebas concretas.

3.- Respecto al caso de las 24 muertes por consumo de droga adulterada, el locuaz ministro de Seguridad Berni señaló como causales del narcotráfico al insuficiente personal y equipamiento policial; a la dilación en el accionar de la  justicia; al fácil otorgamiento de excarcelaciones (responsabilidad que incluye a los legisladores), y ausencia de la escuela como centro de formación y contención. Dado que las “multicausales” mencionadas (término de moda para que el responsable de un área distribuya culpas), son responsabilidades ineludibles del Estado, cabe preguntarse si el Estado nos cuida.

Buenos Aires, 23 de febrero 2022

Halcones, palomas y humanos

Carl Schmitt, reconocido teórico del derecho alemán propulsor del Estado fuerte y admirador del nazismo, fundamentó la disyuntiva amigo-enemigo hoy vigente, como eje central del juego político. Pero cuando esta condición binaria se la asimila al campo zoológico dividiendo a los actores en halcones y palomas, se omiten rasgos personales más relevantes, tales como conciliador, irrespetuoso, patotero, calmo, claro para exponer, útil para coaccionar, coherente, no confiable, entre otros, por lo que los análisis ingresan en una superficialidad ajena a la compleja postura de Schmitt. Sin embargo, la metáfora es asiduamente usada tanto por analistas y comunicadores oficialistas y opositores.

Los halcones son aves de presa de carácter fuerte y garras filosas para cazar pequeños animales, y las palomas, por sus connotaciones simbólicas relacionadas con la inocencia y la paz, tienen mayor cercanía con los humanos. Tras esta caracterización zoológica, se puede llamar halcón a quien sostiene con firmeza posturas fundadas, y paloma (cuyo símil es dialoguista), a quien con una sonrisa negocia votos canjeando cargos y privilegios. Por lo que estas designaciones banalizan análisis y debates, y facilitan utilizar los escándalos, agravios y polémicas personales como estrategia para entretener y/o engañar a la sociedad en lugar de esclarecerla. Toda reflexión u opinión de hechos presentes con proyecciones futuras debe partir de datos veraces, o bien de hipótesis de trabajo explícitas, como muestran dos temas de gran actualidad e impacto en la sociedad: las muertes por consumo de droga adulterada y la negociación con el FMI.

Ante las 24 muertes provocadas por el consumo de drogas adulteradas en provincia de Buenos Aires, los máximos responsables de la seguridad nacional y provincial, Aníbal Fernández y Sergio Berni, en lugar de proveer información oficial coherente en cuanto al curso de investigación y políticas de seguridad, para entretener montaron el patético espectáculo de acusarse públicamente sobre quién es más inútil en su función, dejando la tarea de esclarecer en manos de crónicas periodísticas. Como la superficialidad es contagiosa, cuando el verborrágico Berni declaró que se venden 200 mil dosis de cocaína diarias, a nadie se le ocurrió preguntarle qué medida adoptó con los comisarios de las seccionales en las que actúan los bunkers narcos allanados, aparentemente menos informados que los vecinos.

Respecto al acuerdo de refinanciación de deuda con el FMI, que a dos años de asumido el gobierno se mantiene en un limbo, halcones, palomas e híbridos especulan sin datos concretos, y juegan con entusiasmo al conteo de posibles votos legislativos. En este caso, a falta de información fehaciente, se deben formular hipótesis de trabajo a ser verificadas próximamente. a) Un default, inicialmente es peor escenario que un acuerdo; b) Las metas económico-financieras anunciadas por el ministro de Economía, consideran un déficit fiscal de 2,5% en 2022; 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024, este último sin emisión monetaria para financiarlo, y 0 en el 2025. Por lo que anunciar que se cumplirá lo acordado sin “AJUSTES” es falso e imposible. Lo importante es conocer si el ajuste será equitativo y proporcional a las posibilidades de cada sector, en especial en lo referido al gasto político sin utilidad social; c) Saber si el acuerdo a votar contendrá solo metas e intenciones, o se anexará un programa y presupuesto anual veraz que las viabilicen y equilibren las inevitables cargas sociales (recordar que el FMI hará controles trimestrales); d) Dado que la negociación del acuerdo es responsabilidad exclusiva del gobierno, reviste el carácter de oficial. Por lo que los disensos internos, como que opina Cristina Kirchner, al momento de su tratamiento legislativo son irrelevantes. El funcionario que exprese su rechazo deberá renunciar a su cargo, porque será un obstáculo futuro. e) La oposición no debe “acompañar”, sino estudiar el acuerdo en profundidad, formulando las objeciones enriquecedoras y factibles que considere pertinentes. f) El acuerdo debe ser de conocimiento público, sin cláusulas secretas ni ocultamientos. g) Como pregunta estúpida final de un neófito, cabe conocer si el acuerdo toma en cuenta los desembolsos en moneda extranjera y pesos previstos por otras deudas.   

Esta tarea es para políticos serios y formados, no para halcones y palomas.  

Buenos Aires, 16 de febrero 2022

El soporte del poder

Los responsables políticos de la degradación económico-social del país,  pretenden encapsular el debate para superar la crisis solo en un eventual acuerdo con el FMI, ignorando u omitiendo las profundas reformas internas necesarias para superarla. Es por ello oportuno reflexionar sobre la estructura administrativa estatal, que junto al sistema político y recursos humanos conforman el trípode que define a un gobierno. Este aspecto es clave, ya que si bien se supone diseñada para cumplir con eficacia y profesionalidad las obligaciones indelegables del Estado destinadas al interés general, al ser también un soporte fundamental de poder, lo general (el ciudadano), suele ser afectado por el interés particular (político y/o corporativo). Este es el huevo de la serpiente que explica el empobrecimiento nacional y los privilegios de castas, que incluye a toda la clase política, sin diferencias ideológicas o partidarias.

La importancia de profundizar el análisis de la estructura administrativa reside en que interrelaciona aspectos concomitantes y simultáneos, tales como las crisis económico-sociales recurrentes, déficits fiscales, baja calidad institucional con alta corrupción y la permanencia de castas políticas. Por ello preocupa la falacia discursiva de que se podrá crecer sin ajustes ni reformas estructurales, que es un modo de decir que los privilegios políticos y las estructuras que los alimentan no se tocarán. No en vano en plena crisis, abundan los autoproclamados candidatos presidenciales para el 2023. El objetivo inicial de una reformulación burocrática no debiera ser el de disminuir el costo fiscal, sino lograr una administración profesional eficaz y socialmente equitativa, por lo que las transformaciones se deben concentrar en los organismos y cargos políticos en la administración central, entes descentralizados, empresas públicas, institutos, agencias, entre otras. Lo que también evita que los políticos y sindicalistas beneficiarios de lo público boicoteen toda reforma denunciando el despido de “miles de trabajadores” de planta. Para evaluar la escala de una estructura burocrática, inicialmente cabe preguntarse si a través de las últimas gestiones presidenciales los organismos y cargos políticos se insertan en una estructura administrativa racional consolidada preexistente, o por el contrario, va creciendo permanentemente en los sucesivos períodos de gobierno. Vale recordar que los crecimientos demográficos no implican nuevos organismos y cargos, sino mayor personal operativo de ser necesario, en especial de los que se consideraron trabajadores “esenciales” durante la pandemia

En una configuración administrativa jerárquica en principio piramidal, como primera anomalía se observa que no necesariamente es congruente con responsabilidades y salarios. La recuperación de la democracia en 1983 se inició con 8 ministerios, hasta que la reforma constitucional de 1994 generó una multiplicación de organismos con unánimes consensos políticos: se crearon defensorías que no defienden, Jefatura de Gabinete que no actúa como tal, Consejo de la Magistratura que no sanciona jueces, organismos de derechos humanos politizados que defienden victimarios y no víctimas. Paradójicamente, se incumplió con el objetivo nacional más relevante: establecer un nuevo sistema de coparticipación entre Nación y provincias. A partir de este hito, cada gobierno dibujó su propia ley de ministerios, creó entes descentralizados y multiplicó casilleros jerárquicos, llamados en la jerga “ravioles”. Durante los gobiernos de Cristina Kirchner se llegó a tener 17 Ministerios con 40% más de empleados públicos. Al asumir, Mauricio Macri aumentó la cantidad de Ministerios a 23. El gobierno actual tiene 21, con 87 secretarías de Estado; 207 subsecretarías; 687 direcciones nacionales y generales; 122 institutos y organismos, que suman más de 3.000 funcionarios políticos. Si se agregan organismos descentralizados, empresas con presencia estatal y cargos diplomáticos se estima que se llegan a 8.000 cargos políticos solo nacionales.

Va de suyo que esta estructura elefantiásica e ineficaz plagada de nepotismos y amiguismos con escasa formación y nula capacidad ejecutiva, en un gobierno que además se define como “fuertemente presidencialista”, es incapaz de formular y aplicar un proyecto nacional serio de mediano y largo plazo. Este es el verdadero costo fiscal. Las consecuencias las describe con precisión el estudioso de la intrincada dinámica estatal Oscar Oszlak, quien expresa: “Cuando no hay planificación, no hay futuro, es puro presente, y presente continuo, que no se armoniza. Y tampoco hay pasado: no hay seguimiento, control de gestión, evaluación de resultados. Hay una tendencia a decidir a medida que los problemas se presentan, no anticipándolos o imaginando a lo que se quiere arribar”.

Buenos Aires, 09 de febrero 2022

No es el FMI, estúpido

Un 24 de diciembre de hace 21 años, el presidente interino Adolfo Rodríguez Saá, invocando a la Argentina, la Patria y el Pueblo, anunciaba ante la Asamblea Legislativa y con la ovación que brindaron de pie la mayoría de los legisladores presentes, la suspensión de pagos de deuda externa por más de 100.000 millones de dólares. Esta escena de júbilo no acorde con la grave crisis social de entonces, vale rememorarse por Internet. Cuando lo discursivo se tradujo en hechos, quedó en claro que los políticos festejaban su supervivencia y la de un sistema conservador de privilegios: se incautaron ahorros privados, se estatizaron deudas empresarias en dólares, una fuerte devaluación multiplicó el desempleo y la pobreza, surgieron los primeros planes de auxilio social, y las amenazas de investigar la “deuda inmoral” no superaron el marketing, El default concluiría 15 años más tarde.

El recuerdo no es banal, considerando que la mayoría de los actores políticos, sindicales y empresarios de entonces se encuentran vigentes, y pretenden repetir hoy su estrategia de sobrevivir sin que nada cambie. No en vano otro caudillo Rodríguez Saá, “el Alberto”, con una verborragia que incluía al indio Atahualpa, San Martín, Rosas y Bolívar, propuso en la reunión de gobernadores no pagar la deuda.  Para evitar la reedición de engaños, es necesario poner bajo la lupa preconceptos supuestamente consagrados, que se intentan instalar a través de mensajes confusos y/o falaces alrededor del aún hoy fantasmal acuerdo con el FMI. Organismo creado en 1944 por urgencias de posguerra e inicio de la llamada “guerra fría”, y que con el transcurso del tiempo cambió objetivos hasta concentrarse en acordar acciones que corrijan los desequilibrios de países asociados en crisis que soliciten asistencia crediticia y/o refinanciación de deudas, siendo los más gravitantes según sus aportes, Estados Unidos, Japón, China, Alemania y Francia, en ese orden. Argentina ingresó en 1956, y a partir de 1958 se firmaron 21 acuerdos de asistencia incumplidos, lo que muestra que las morosidades e incumplimientos del país son recurrentes, como también sucede con los acuerdos fiscales que internamente se suscribieron entre Nación y provincias, el último de ellos en el 2017.

Como lo discursivo antecede a toda acción política, cabe alertar acerca de la histórica promesa de que no se ajustará “a costa del hambre del pueblo”; falacia conceptual que transparenta el 42% de pobreza, el 50% de inflación y 8,5 % de desempleo, por lo que es obvio que el pueblo sufre permanentes y crecientes ajustes, que jamás afrontaron las enriquecidas dirigencias políticas, sindicales y empresarias responsables. Lo que lleva a suponer que la obsesiva promesa de “no ajustar”, encubre la intención de las castas dirigentes beneficiarias, incapaces de formular un proyecto nacional creativo de largo plazo, ya no para el FMI sino para los argentinos, de mantener sus privilegios y una estructura burocrática estatal ineficaz y onerosa para la ciudadanía. No es casual entonces que transitados 24 meses de gestión de gobierno, se intente distraer a la población con crisis casi familiares, rumores incomprobables, reuniones político-corporativas solo para la foto, y cifras dispersas no oficializadas que no se acompañan con un plan que indique acciones y tiempos previstos para alcanzar las distintas metas.

En este contexto, ante una nueva posibilidad de concretar un acuerdo de largo plazo, tarea en la que comparten responsabilidades el gobierno, las oposiciones, sectores corporativos y el FMI, cabe recordar que este organismo se concentra en aspectos económicos macro, tales como el déficit fiscal causante de las deudas, su financiamiento, política de acumulación de reservas (tener dólares para pagar), y reformas estructurales para cumplir con dichos objetivos. Pero el FMI no exigirá terminar con jubilaciones de privilegio, rediseñar una estructura estatal de baja calidad de servicios públicos plagada de nepotismos y mediocridad, o incluir cláusulas contra una corrupción institucional que impacta en los presupuestos públicos, más aún cuando altos niveles políticos y judiciales libran una desembozada lucha para mantener impunidades y patrimonios mal habidos. Corregir estas graves anomalías institucionales recae exclusivamente en la clase política, por lo que será importante prestar atención sobre quienes recaerán los inevitables ajustes, para no repetir la algarabía legislativa del 2001.     

Buenos Aires, 02 de febrero 2022

Fernández, arquetipo político criollo

En esta primera reflexión política del 2022, cabe detenerse en un claro arquetipo de quienes gobiernan al país desde hace más de tres décadas: el presidente. Detectar sus características permitirá tener una visión razonablemente aproximada de los actuales y próximos cursos de acción del gobierno, no así de sus consecuencias finales.

Arquetipo es un término de origen griego que establece determinados patrones, que en el campo político democrático identifica personalidades, actitudes y creencias de quienes pretenden posicionarse como líderes y/o conductores de sociedades a través del discurso, persuasión y acción. En tal sentido el presidente transparenta la ausencia de estos atributos por carecer de estructura partidaria y votos propios, por haber obtenido la presidencia ungido por decisión exclusiva de la vicepresidenta. Por el contrario, su arquetipo conjuga verborragias, contradicciones e insustancialidades conceptuales, que en gran parte no difieren de quienes actúan en ámbitos de poder desde hace décadas, tal como recientemente se ratificó en las habituales urgencias parlamentarias de fin de año, que expusieron las enormes distancias existentes entre las distendidas opiniones formuladas en ámbitos periodísticos, con las acciones concretadas al momento de votar leyes o adoptar decisiones de gobierno. Por ello antes que solazarse en la crítica fácil e irónica, el arquetipo Fernández debiera servir para detectar y neutralizar falacias comunicacionales, que cual ritos la vieja política mantiene inmutables. Y preguntarnos cómo es posible que las mismas dirigencias continúen subsistiendo con los mismos engaños.  Al respecto Fernández brinda una pista.

Ante la confrontación de sus declaraciones actuales con las vertidas anteriormente respecto a hechos que mantienen los mismos contextos y actores, suele criticársele sus “cambios de opinión”. Pero cambiarla en ámbitos de debate en los que prima un raciocinio coherente y fundado, es aceptable. No así cuando “se carece de opinión”, la que es emitida en función de oportunismos y/o presiones de coyuntura. Detectada esta última opción, los análisis para interpretar los hechos políticos cambian sustancialmente, como así las conclusiones. Por ejemplo, los referidos a las negociaciones con el FMI, las operaciones de espionaje (mal llamadas de inteligencia), o el armado de gravosas e ineficaces cortes (perdón, administraciones públicas), destinadas solo a mantener privilegios de clanes familiares políticos, con noviazgos incluidos. Todo ello bajo el engañoso ropaje discursivo cuasi sacerdotal, de defender a los más necesitados.

Por otra parte el presidente, se ignora si por convicción o autoprotección, blanqueó otra característica de las castas políticas beneficiarias de la mediocridad y ocultamientos, al afirmar descreer de las planificaciones y de la meritocracia, lo que preanuncia el oscuro destino que aguarda al “querido pueblo argentino”, con o sin acuerdo con el FMI. Gobernar, intrínsecamente implica hacerlo en una dirección determinada, en base a estrategias cronológicas interrelacionadas, con evaluaciones y ajustes secuenciales que no cambien el objetivo final, sino permita alcanzarlo en plazos cercanos a lo previsto. A la incapacidad de nuestra clase política conservadora de privilegios de encarar una creatividad disruptiva que nos provea de un horizonte, se agrega una inédita anomalía institucional en la cúpula del poder que ya describiera Maquiavelo en “El príncipe”, cuando se refería a los modos de acceder a los principados: “Cuando uno alcanza el poder por gracia de quien lo cede, lo consigue con poca fatiga, pero todas las dificultades surgen una vez instalado”.

Maquiavelo formuló esta advertencia cuando en las pujas palaciegas de entonces el pueblo era un mero observador. Lo sorprendente es que quinientos años más tarde y tras las recientes elecciones, en nuestro país las acciones legislativas y ejecutivas recientes, que incluyen traspasos entre principados oficialistas y opositores, parecieran someter al ciudadano  al mismo rol pasivo de antaño.

Buenos Aires, 26 de enero 2022

El hartazgo de los gobernados

Los conflictos históricos que provocaron grandes transformaciones políticas (caída del imperio romano, revolución francesa y rusa entre otros hitos) tuvieron un denominador común: la degradación de los gobernantes y el hambre de los gobernados. En la antigüedad llegar al estallido podía llevar siglos, pero en la modernidad pocos años o décadas. Nuestro país exhibe una peculiaridad que registra escasos antecedentes a nivel mundial, y es que pese a la decadencia económico-social de décadas, se mantienen en esferas del poder las mismas castas políticas y corporativas responsables. Recordando la histórica relación entre degradación de los gobiernos y hambre de los gobernados, cabe preguntarse si las transformaciones virtuosas surgirán de modo racional y consensuado, o por estallidos inicialmente incontrolables.

Las últimas elecciones y reacciones políticas resultantes muestran una incipiente y saludable “grieta”, ya no ideológico-partidaria, sino entre castas políticas y el electorado. En este tránsito pierde eficacia el recurso de manipular y captar voluntades de los ciudadanos tras opciones basadas en abstracciones tales como peronismo / no peronismo; neoliberalismo / populismo o derecha / izquierda,  cuando son los propios políticos quienes saltan de un partido a otro con privilegios bajo el brazo (último caso la diputada Sánchez Jáuregui  que pasó de Juntos al Frente de Todos en provincia de Buenos Aires), y cual ancestrales cortes monárquicas, se reparten los cargos políticos entre esposos, hermanos, hijos, primos y amigos del poder (últimos casos el hijo de Bielsa y la hija de Sabatella). De este modo mientras el monarca de turno reparte graciosamente entre “el sufrido pueblo” bonos, dádivas y servicios de remises para votar, funcionarios con excelente nivel de vida en lugar de sostener a sus hijos desocupados con sus propios recursos, los ubican en un cargo público bien remunerado. No es casual entonces que en plena crisis económica, debate presupuestario y negociación con los malvados del FMI, ni el oficialismo ni la oposición planteen racionalizar una sobredimensionada, ineficaz y costosa estructura burocrática sostenida con impuestos, ya no para solucionar de por sí el déficit fiscal, sino para dar una señal de ejemplaridad que otorgue autoridad moral para adoptar medidas dolorosas para la población.  

Ante este conservadurismo de castas, la mayor evolución está surgiendo de los estratos sociales más postergados, que están dejando de ser electoralmente cautivos de los demagogos que generan pobreza, avalan la corrupción, y desde 1983 sumergieron al país en tres graves crisis: hiperinflación en 1989 (con réplicas en 1991); la del 2001-2002 con salida de la convertibilidad, y la actual, que es la que urge solucionar. Sin embargo, las castas repiten fracasadas políticas, se solazan en irrelevantes añoranzas del pasado, y proclaman necias autocomplacencias.

Para consolidar esta etapa social emergente, los análisis debieran destinar un espacio a la docencia política no partidaria, clarificando conceptos básicos que sean igualmente entendibles por todos los ciudadanos sin menospreciar a los menos formados, más aun considerando el bajo nivel del discurso político casi que se transmite en los actos partidarios. Para los neófitos interesados en consolidar fundamentos teóricos atemporales, hay tres libros breves y esclarecedores siempre vigentes: “El príncipe” de Maquiavelo, publicado hace más de 500 años en la Florencia renacentista, que describe las actitudes humanas en las luchas para alcanzar el poder y mantenerlo. “La propaganda política” del sociólogo Jean Marie Domenech, y el del mismo título del psicólogo inglés Bartlett, ambos publicados en la década del 50, que describen la propaganda política nacida con los totalitarismos bolcheviques, fascistas y nacional socialista en la primera mitad del siglo XX, cuyas reglas se mantienen vigentes,

Asimismo es válido utilizar ejemplos populares para entender debates más complejos. En el caso del presupuesto nacional, es oportuno asimilarlo a los balances anuales de los clubes de fútbol, en general deficitarios o fundidos. En los pasivos, si no se falsean datos, las deudas detalladas incluyen jugadores mediocres por los que se pagaron injustificados montos en dólares. Como contrapartida, en los activos patrimoniales se estiman cotizaciones irreales de jugadores propios, para que el resultado final exhiba equilibrios o pérdidas menores que oculten la situación ruinosa del club. También es válido apelar a las llamadas “preguntas estúpidas”, método que no discrimina entre niveles intelectuales, y que de ser acertadas tienen difícil respuesta por parte de “quienes saben”. En el caso del presupuesto oficial presentado, la pregunta estúpida aún no respondida es: está acordado con el FMI, o será reformulado ante un eventual próximo acuerdo con el organismo internacional?

Para cerrar el año y considerando las delirantes juras de legisladores, para no aparecer como un ciudadano retardatario y anacrónico se obviarán los formales saludos de fin de año. Solo cabe desear que tengamos un adecuado desenchufe espiritual y psicológico para afrontar el presente y lo que se viene.

Buenos Aires, 22 de diciembre 2021

Próxima newsletter el miércoles 26 de enero del 2022

Entre bloquistas y mutantes

Finalizada una elección legislativa, los resultados se reflejan en cuadros que indican cuantitativa y porcentualmente la distribución de votos que a nivel nacional definen la distribución de bancas de diputados y senadores. Sobre esta base se proyectan posibles escenarios políticos según se trate de lograr quórum u obtener mayorías simples y especiales, en los que se repite un fenómeno recurrente que distorsiona el mandato expresado en las urnas: la existencia de políticos que sufren una mutación, como se define biológicamente al cambio espontáneo y súbito en la secuencia del ADN del individuo, producto de una recombinación de genes. En política este fenómeno lo causan la soberbia individualista, o el oportunismo para conformar interbloques que nadie votó, para negociar privilegios con el poder de turno.

Las consecuencias de los mutantes no se agota en una crítica ético-moral, sino explica una secuencia conformada por un sistema electoral plagado de vicios, una estructura burocrática estatal onerosa e ineficaz en permanente crecimiento y funcionarios carentes de las capacidades necesarias para cumplir con las responsabilidades que asumen, lo que redunda en una grave distorsión de los circuitos burocráticos de toma de decisiones que afectan a la eficacia de un gobierno. Este cuadro se observa claramente en el actual gobierno, impedido de tener un plan sustentable por carecer de una coherencia ideológica, programática e instrumental. En este contexto,  se crean organismos irrelevantes solo para responder a compromisos políticos que canjean adhesión por cargos, y cuyos sectores internos se “lotean” entre distintas facciones. Sirvan como ejemplos la creación del Inadi en favor de Victoria Donda; el Ministerio de Género para Gómez Alcorta, o el ex radical Ricardo Alfonsín designado embajador en España. Este vicio se extiende a las oposiciones de turno, lo que explica la resistencia a transformar la desmesurada y nepotista estructura burocrática estatal política. Pese a lo cual, aún hay quienes se sorprenden que en una misma coalición coexistan rancias derechas con cerradas izquierdas.

Esta práctica adquiere especial gravedad cuando afecta a algunos de los 257 diputados y 72 senadores, quienes deben representar a quienes los votaron, pues el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Hecha la salvedad que constitucionalmente los senadores representan a sus provincias y se identifican claramente en las boletas, mientras que los diputados, que representan al conjunto de la sociedad, son elegidos a través de extensas listas sábana o cerradas. Por ello no es suficiente señalar que las dos expresiones mayoritarias conformadas por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio reunieron el 75,54% de los votos emitidos, para avizorar posibles políticas acuerdistas mayoritarias. Los mandatos electorales se ven vulneradas ante la presencia de peligrosos mutantes que recombinan genes para armar sub bloques internos, o se apartan de la lista que les permitió acceder a la banca, para con otros mutantes conformar nuevos interbloques legislativos que nadie votó, y que suelen favorecer intereses cercanos al poder, que tiene los recursos para ofrecer contraprestaciones materiales en busca de adhesión, evitando someterse a enriquecedores debates para acordar políticas virtuosas. Se llega al punto que legisladores voten en perjuicio de sus propias jurisdicciones, como sucediera con quienes en representación de la ciudad de Buenos Aires avalaran la quita compulsiva de su coparticipación. Estas distorsiones deberán corregirse en la próxima elección eliminando las listas sábanas, o bien estableciendo que la banca pertenece al partido, y no al legislador que pretenda abandonar su bloque.

El diputado José Luis Ramón por ejemplo, que ingresó por un partido provincialista mendocino, ganó visibilidad armando un interbloque integrado por ocho diputados, entre los cuales se encontraban tres que habían ingresado por la lista del PRO. Bajo el paraguas de “federal” (todos se autodenominan federales), facilitó quórums y aportaron los votos necesarios para la aprobación de proyectos oficialistas.  Al no renovar su banca y en agradecimiento por los servicios prestados, Massa le prometió a Ramón crearle la Procuraduría de Defensa del Consumidor, siguiendo una matriz clásica: oportunismo personal / vulneración de la voluntad popular / creación de organismo burocrático inútil como contraprestación / aumento de impuestos.  

Por ello, las gestiones políticas destinadas a “ampliar coaliciones” no debieran significar que los costos de los políticos mutantes y mediocres los afronte una sociedad empobrecida, mientras las castas aseguran su futuro. Sabido es que oportunismos y privilegios mata ideologías y pruritos morales.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2021

Ajuste, FMI y espiritismo

La primera instancia educativa socialmente igualadora es la de aprender a leer y escribir. Se comienza relacionando letras con imagen para armar sustantivos simples que conceptualmente no dejan lugar a dudas: mamá, papá, mesa, silla. La combinación con otros sustantivos, adjetivos y pronombres forman frases más complejas, que exigen un incipiente proceso de comprensión y/o interpretación, para finalmente ejercitar lo que, aún con poblaciones mayormente analfabetas desarrollara en la antigüedad Sócrates, entre otros filósofos: la capacidad de razonar por sí mismo.

Esta supuesta simplicidad analítica lejos de suponer superficialidad, deberán ejercitarla los ciudadanos para encarar el desafío de detectar falacias y verdades en los múltiples mensajes emitidos por avezados políticos y sus entornos respecto al eventual acuerdo con el FMI. Pese al uso de términos rituales aislados tales como FMI, ajuste, hambre, déficit y crecimiento, sin propuestas concretas conocidas, extrañamente dan lugar a innumerables reuniones públicas entre funcionarios y dirigencias diversas que simulan convergencias, lo que nos instala en un ambiente de prácticas espiritistas, en el que el objeto de deseo es invocado sin que aparezca. Esto hace dudar acerca de si las castas responsables de la decadencia (funcionarios, gobernadores, intendentes, gremialistas, empresarios), muchos de los cuales integraron asociaciones político-privadas para saquear recursos públicos con cobertura judicial, intentarán engañar nuevamente a la población negociando su propia salvaguarda, como sucediera en la crisis 2001-02. O por el contrario, están dispuestas a generar una profunda transformación económica, legal y burocrática basada en esfuerzos equitativos que eliminen prebendas y privilegios, que permita avizorar un desarrollo factible y sostenible. Muchos de los negociadores o avaladores de un acuerdo hacen temer por los resultados, pues los organismos financieros internacionales pretenden un saneamiento económico para poder cobrar sus acreencias, no un saneamiento moral. 

Como las sesiones espiritistas y oscurantistas las convocan quienes hace dos años ejercen la responsabilidad de gobernar, y sus mensajes presentan manifiestas contradicciones, es momento entonces de intentar el ejercicio de razonar, a partir de las simples palabras emitidas.

1.- “Acuerdo con el FMI y/o acuerdo político”. El debate virtual se centra solo en el acuerdo con el FMI, cuyos términos serán estrictamente económicos (plazos de amortización, tasas de interés, déficit fiscal, balanza de pagos, política cambiaria), pero nada se dice de acuerdos políticos internos transformadores, con cambios estructurales, legales e institucionales que optimicen el funcionamiento del Estado, para que las metas económicas sean cumplibles. 

2.- “La sombra de Cristina y la lapicera del presidente”. La lapicera mágica es mencionada por la vicepresidenta en su carta del 28 de noviembre pasado, que aporta un dato del mundo real, al señalar que la ley 27.612 obliga a que lo acordado con el FMI, cuya negociación recae en el Poder Ejecutivo, requerirá de una ley del Congreso de la Nación. Ello significa que la propuesta de acuerdo deberá contar obviamente con un consenso interno previo en el gobierno, para luego someterlo al conocimiento y debate de los legisladores. En esta instancia no caben místicos “silencios”, abstenciones o ausencias legislativas para eludir responsabilidades. Tampoco aprobaciones a “paquete cerrado”, lo que quitaría la condición de acuerdo.

3.- “No se ajustará con el hambre del pueblo”, expresó el presidente. Ajustar es un verbo que significa adaptar, juntar, encajar, una cosa con otra. En principio no pareciera de por sí ser una acción criticable; inclusive podría ser virtuosa. Pero el término “pueblo” no distingue entre hambrientos y sectores privilegiados (sean privados o públicos), pues los primeros y trabajadores en general ya están y seguirán ajustados. Lo que hace sospechar que una vez más se intenta mantener indemnes a quienes gozan de privilegios a costa de recursos públicos, lo que incluye la corrupción estatal-privada.  

4.- “Crecimiento sin ajuste fiscal”. Esta frase es formulada por médiums del gobierno sin más detalles, en declaraciones y sesiones espiritistas públicas con empresarios (UIA), sindicalistas (CGT), y dirigentes de movimientos sociales intermediadores de la pobreza. Vele decir que a la imposibilidad de ajustar a quienes tienen hambre y afrontan pobreza, se le agrega la intención de no ajustar las sobredimensionadas estructuras burocráticas y corporativas que usufructúan solo las castas políticas y sus asociados. Ante ello, cabe preguntarse cómo se hará para crecer y cambiar la matriz de la decadencia.  

En base a lo señalado y terminada la etapa espiritista, cómo se corporizará el acuerdo?  

Buenos Aires, 08 de diciembre 2021

Dos jueces audaces

Se define como audaz a quien es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican, con independencia de que el objetivo de la audacia sea loable o malicioso. Comenzar la reflexión caracterizando de audaces a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que sobreseyeron sin juicio oral a los dieciséis imputados en la causa de los complejos hoteleros Hotesur y Los Sauces, inicialmente evita utilizar el preconcepto “escandaloso”.

Es sabido que la Justicia no se configura a través de caprichosas elaboraciones jurídicas y procesales aplicables a una sociedad, sino es ésta la que impone un ordenamiento legal acorde a sus necesidades, usos y costumbres, las que no debieran ser distorsionadas con argucias por parte de quienes lo elaboran y aplican. Principio básico que ya se respetaba en los más antiguos códigos conocidos, como el del rey babilónico Hammurabi de hace 3.750 años, tallado en piedra. El fallo Obligado-Grünberg expone una serie de anomalías vigentes desde hace décadas, que deberán ser corregidas con urgencia, a fin de que los próximos acuerdos políticos, sean internacionales o locales, que inevitablemente exigirán mayores sacrificios a todos los ciudadanos que no gocen de privilegios, ostenten una legitimidad y equidad que no pueden ofrecer los corruptos y promotores de impunidad. Cabe mencionar algunos aspectos emergentes de este y otros fallos:

1.- La perdurabilidad de castas políticas y corporativas sostenidas en nepotismos que obligan a sobredimensionar estructuras burocráticas para negociar privilegios e impunidades, hace que la independencia de poderes sea declamatoria. Lo confirma los habituales intercambios de roles entre miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que la existencia de las llamadas “mesas judiciales” y sus consecuencias resultan obvias: una impunidad histórica. En el período 2015-19 avances judiciales que demostraron que eran posible realizar investigaciones complejas y elevar las causas a juicio oral y público en tiempos razonables, parecieron revertir las políticas de impunidad. 

2.- Sin embargo, con las castas políticas legislando que procesados e incluso condenados por delitos de corrupción puedan gobernar y ocupar altos cargos políticos, permite que quienes ejerzan poder político sean juez y parte y actúen en su propia defensa e interés. Las misteriosas “mesas judiciales” abandonaron las sombras para mostrarse a la luz pública, con amenazas realizadas sin subterfugios por el presidente, su vice, ministros y legisladores a magistrados intervinientes en causas de corrupción, complementadas con un acompañamiento coral de complicidad, que intentaba confundir la persecución del delito estatal con persecución política, y licuar pruebas tangibles mediante la abstracta teoría del “lawfare”.

3.- Esta estrategia incorporó una novedad: los designados en un Tribunal Oral y Público para juzgar a imputados en causas que habían transitado la compleja etapa investigativa de recolección de pruebas y declaración de testigos, con intervención de fiscales, jueces y camaristas ante eventuales apelaciones, pueden resolver “per se” que todos ellos estaban equivocados, y sobreseer a los imputados sin someterlos a consideración pública en un juicio oral. Es lo que hicieron los jueces Obligado y Grunberg, pese a que la tercera integrante, la jueza Adriana Pallioti, dictaminara que no se presentó prueba nueva alguna que justificara la decisión de extinguir la acción penal, como indica la ley. Ante lo cual se abren dos únicas posibilidades: o el nivel profesional de los magistrados actuantes precedentemente es preocupantemente bajo, con errores que detectaron y corrigieron Obligado y Grunberg, o la impunidad judicial alcanzó niveles explícitos inéditos. Dichas opciones son de una gravedad institucional manifiesta, por lo que la ciudadanía merece una aclaración unívoca por parte del poder judicial y de quienes legislan.

4.- A futuro y en condición de ciudadanos comunes, es importante identificar explícitamente a los actores de hechos políticos, legislativos y judiciales, evitando opinar y/o juzgar en base a generalidades que no esclarecen, tales como “la Justicia”; “el Tribunal Oral 5 sobreseyó…”, u obviedades como “hay fiscales y jueces honestos y otros que no lo son”. En este caso los actores preponderantes son los jueces Obligado y Grunberg, no Cristina Kirchner. Que sin duda, son jueces audaces.

Buenos Aires, 01 de diciembre 2021