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La indignación de Vallejos

El próximo 24 de julio vencerá el plazo de presentación de candidaturas para renovar 128 diputados y 24 senadores, a través de las inamovibles listas cerradas o sábanas. Durante esta etapa bianual, en la que el ciudadano podrá observar los comportamientos y expresiones individuales de nuestras castas políticas, pujarán con fervor para acceder a una banca quienes desean renovarla (todos), y quienes pretenden acceder a dicho privilegio (muchos). Las listas, cual marquesina teatral, podrán incluir alguna figura popular, mientras repetidos políticos temerosos de dejar de pertenecer al mundo de los privilegios, resucitarán a las apuradas la fracasada tercera opción o vía del medio. Vencido el plazo y retirados del campo de batalla los postergados y resentidos, lo individual dará paso a lo grupal, retomándose la “grieta” discursiva que proclama virtudes propias y destaca vicios de opositores.   

Esta ansiedad generalizada por ser legislador contrasta con la reciente indignación pública manifestada en un tuit por la diputada Fernanda Vallejos en cuanto a las dietas, ante las críticas provocadas por el aumento del 40% otorgado por Cristina Kirchner y Sergio Massa a los legisladores y trabajadores del Congreso, a tan solo seis meses de que aprobaran una inflación del 29% en el presupuesto 2021. Señaló la diputada Vallejos que “los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de Juntos por el Cambio no están por esa plata. ¡Por favor! Ellos son todos ricos. Están porque capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico, al que responden”, y criticó “que un CEO de cualquier empresa gane más que un representante de la voluntad popular”.

En el marco de una situación económica-social crítica y de deterioro creciente, su opinión es relevante debido a su formación profesional (es economista) y pertenecer a una nueva generación política, por lo cual la convicción que transmite transparenta la disociación de las castas políticas con la sociedad que dicen representar. Analicemos sus indignaciones.

1.- “Diputados argentinos tienen los salarios más bajos de la región”. En la relación institución-desarrollo social, omite decir que nuestro país tiene los indicadores de inflación, pobreza y desocupación no solo mucho más altos en la región, sino en el mundo. Básicamente producto de ineficacias legislativas asociadas el poder ejecutivo, con leyes oportunistas, confusas y cambiantes.  

2.- “Los diputados de Juntos por el Cambio no están por esa plata. Ellos son todos ricos. Están en la legislatura para garantizar los verdaderos negocios del poder económico”. Cabe recordar que su coalición gobernante tiene mayoría en ambas Cámaras, en las que también existen “ricos”, comenzando por su líder Cristina Kirchner, su hijo Máximo y Mendiguren, entre otros. Ni hablar si a esta categorización agregamos gobernadores y sindicalistas. En cuanto a negocios del poder económico, la diputada Vallejos debiera reparar en la aprobación de leyes que licúan enormes deudas impositivas de empresarios procesados, o permiten adquisiciones y/o fusiones de empresas en base a refinanciaciones ruinosas de deudas con el Estado. Para saquear recursos públicos se asocian funcionarios, empresarios y testaferros sin prejuicios ideológicos, lo que explica la persistencia para hacer caer las causas judiciales por corrupción que involucran a políticos y empresarios asociados.

3.- “Indigna que un CEO de cualquier empresa gane más que un representante de la voluntad popular”. Respecto a la dieta actual de$ 240.711 brutos, más gastos de movilidad y desarraigo, se omite mencionar lo más grave: un legislador no tiene la obligación de asistencia al trabajo, ni de entender o presentar proyectos. Se le otorgan más de diez “asesores” a su elección, usualmente familiares, amigos y recomendados, que tampoco tienen obligación de asistencia, y solo cumplen tareas de apoyo en la carrera política del legislador. En algunos casos, legisladores autoproclamados como “independientes”, agregan beneficios negociando sus votos. Un CEO, con menores privilegios y más salario (es verdad), si no satisface el afán de lucro de quien lo emplea, o la empresa quiebra por mala praxis o políticas públicas erráticas, termina en la calle. Un legislador, aunque no trabaje o carezca de capacidad no corre ningún riesgo. En cuanto a la voluntad popular, cabe recordar que se ingresa por lista sábana, no por elección individual del votante.

Quizás la diputada Vallejos entienda ahora porque existen tantas tensiones en el armado de las listas legislativas, ante el temor de muchos políticos de dejar de pertenecer a las castas privilegiadas y tener que conseguir trabajo en el llano.

Buenos Aires, 30 de junio 2021

Secretismo no es confidencialidad

Tras la irrupción de la pandemia, el gobierno mostró una tranquilizante racionalidad comunicacional, a través de conferencias de prensa quincenales que compartían de modo ameno Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. La estrategia inicial consistió en una cuarentena estricta durante la cual incrementar el número de camas de terapia intensiva, y evaluar los avances que países desarrollados y grandes laboratorios tenían en la búsqueda de vacunas contra el virus. Pero las castas políticas, más acostumbradas a las pullas entre sus miembros que a pensar en el bien común, en poco tiempo abandonaron la racionalidad para dar lugar a su habitual mediocridad.

El primer mojón discursivo lo produjo el presidente cuando planteó a la vida y a la economía como opciones, no como preocupaciones simultáneas. Más aún en una sociedad en la que coexisten quienes cobran salario aunque no trabajen, con los que no comen sino trabajan. En plena pandemia comenzaron a surgir acciones políticas sectoriales y descoordinadas, tales como intentos de expropiaciones y usurpaciones, impunidad judicial, afectación unilateral de coparticipaciones, y tras la aparición de las primeras vacunas, gestiones de compras que mimetizaban intereses de funcionarios con empresarios. Es en este contexto que debe analizarse el discurso político, que en lugar de informar a los ciudadanos la dinámica que interrelaciona laboratorios, provisión de vacunas, logística de traslado y aplicación, evaluación de resultados y evolución de la pandemia, transparentó la ausencia de una conducción unificada y confiable, que aunara lo operativo con lo científico a través de la comisión oficial de infectólogos, que extrañamente no incluía a la Anmat, organismo que debe aprobar las vacunas. Pese a lo cual, el gobierno intentó hacer recaer en periodistas y opositores las dudas generadas por la natural multiplicidad de opiniones científicas y políticas respecto a pandemia y vacunas, en las que coexistían conocimiento, hipótesis y necedad. Por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sin ningún fundamento ni apoyo científico, expresaron que no era necesario que la segunda dosis de la vacuna Sputnik se aplique dentro de las doce semanas como fuera originalmente anunciado. De tal modo, lo discursivo ingresó en la bruma de la confusión, ocultamiento y estupidez, generando inquietud e interrogantes no clarificados.

En un viaje reciente, la ministra de Salud Vizzotti verificó en México la entrega de vacunas AstraZeneca, y firmó en Cuba un contrato por provisión de vacunas que se producirían en dicho país, sobre el cual no se explayó aduciendo “confidencialidad”. Concepto aplicable al campo privado (confesión, médico, periodismo), pero no a lo público, que en casos extremos aplica el término “reservado”. Dicho lo cual, no se comprenden las razones por las cuales dicha “confidencialidad” impida informar a la sociedad el tipo de vacuna cubana, etapa en desarrollo, cantidades ofrecidas, entregas estimadas y contraprestaciones establecidas. Tampoco Vizzotti informó porque dicho viaje excluyó al vecino Estados Unidos para establecer contactos directos con los laboratorios de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Ello nos recuerda que también se desconoce a quienes en el gobierno tienen las atribuciones para concentrar todo lo atinente al manejo de la pandemia desde lo comunicacional, contractual, gestión ante proveedores y planificación logística. Tal omisión hace sospechar que la mentada confidencialidad, en realidad encubre secretismo, que caracteriza a los burócratas que se niegan a informar asuntos públicos, habitual en dictaduras, autocracias o gobiernos poco democráticos. Esta situación facilita mensajes políticos falaces, oscurantistas e incluso delirantes, sin que la oposición aporte claridad al respecto. Sirvan los siguientes ejemplos.

“Pfizer me ponía en una situación muy violenta por exigencias” (presidente Fernández) “Las vacunas Pfizer no nos hacen falta; además son de logística complicada” (diputada Mara Brawer) “Es mentira que Pfizer haya comprometido 13,2 millones de dosis” (presidente de la Comisión de Salud, diputado Pablo Yedlin). “Pfizer exigió como garantía hielos continentales” (Jorge Rachid, médico asesor del gobernador Kicillof). “Según información periodística Perú y Brasil tuvieron que conceder sus recursos naturales a Pfizer. Aunque no conozco los contratos, sé que fueron muy complicados” (diputada Cecilia Moreau). “No compramos las vacunas Pfizer porque son caras” (jefe de gabinete Cafiero). La ausencia de verdad ante la ciudadanía forma parte del secretismo, con el que colabora muchas veces la impericia de la oposición. No es casual, tras quince meses de pandemia, que solo se mantenga clara la instrucción de usar barbijo, lavarse las manos y mantener distanciamiento.

Buenos Aires, 23 de junio 2021

Ceos, científicos y burócratas

Nuestras castas políticas no se presentan como planificadoras de un futuro virtuoso, sino como reparadoras del pasado prometiendo “reconstruir al país”, pese a mantener el mismo sustrato político, gremial y empresario causante de los fracasos. Situación que se agrava en años electorales, en los que para triunfar, adoptan medidas de efectos económico-sociales destructivos en el corto plazo. Como votantes comunes, es prioritario detectar las falacias del discurso político, nexo comunicacional entre gobernante y gobernados. Hechos recientes brindan un excelente campo de análisis.

Al plantear Fernández en su eslogan electoral que su gobierno “no será de CEOS sino de científicos”, omitió a un sector políticamente esencial: el burócrata, funcionario público con responsabilidad de conducir y administrar. Un requisito ineludible para todos es el de capacidad de gestión para obtener resultados. Mientras el CEO refiere a directores ejecutivos en grandes empresas, y el científico sea en el campo privado o público, tiene la relevante tarea de generar nuevos conocimientos, el burócrata político es quien determina la impronta de un país, pues posee potestades para legislar, ejecutar y juzgar, y quien determina políticas a futuro. Todos los sectores además, debieran cumplir con los requisitos de formación y honestidad. Sin olvidar que las ineficacias de los CEOS, que manejan capitales privados, se refleja en los balances. Mientras que las de los burócratas, que manejan recursos públicos aportados por todos los argentinos, se traducen en los índices de inflación, pobreza y desocupación. Las diferencias aumentan cuando las castas políticas juegan a ser CEOS para manejar lo público, como el diputado Massa poniendo a su esposa al frente de la empresa Aysa, y el gobernador Morales a la suya en el directorio del Banco Nación.

El surgimiento de una pandemia de proyecciones aún indefinidas, puso a prueba a partir de marzo del 2020 el gobierno de científicos anunciado por Fernández, en el que coexisten burócratas (conducción, planificación y legislación), científicos (asesoramientos e investigación), y estrategias comunicacionales (discurso político). Esta interrelación debe evaluarse en cuanto a capacidad de gestionar el recurso vacunas, planificar logísticas, procesar resultados y emitir mensajes convincentes, para afrontar con éxito una pandemia que a nivel mundial presentará coyunturas sanitarias y farmacológicas cambiantes en el mediano plazo. El contexto no excluye pujas entre intereses económicos y juegos geopolíticos inevitables entre potencias y países desarrollados, pero demenciales en países con bajos niveles económicos y sociales como el nuestro. Dado que nuestras castas políticas manejarán la emergencia, por añadidura en medio de una campaña electoral que siempre les es de interés prioritario aún en pandemia, es oportuno reflexionar sobre las acciones y planteos discursivos políticos, preocupantes de mantenerse a futuro. Partamos de un breve resumen ordenador de antecedentes de hechos y declaraciones oficiales relevantes en el año 2020.

1) El 20 de marzo, conformada una mesa asesora de científicos epidemiólogos, el gobierno estableció una cuarentena estricta hasta el día 31 de ese mes. Tras 13 prórrogas sucesivas, finalizó de hecho el 31 de octubre.

2) En julio, tras reunirse con el representante de Pfizer en nuestro país, que utilizó a 6.000 argentinos para la etapa de experimentación, el presidente anunció el compromiso de la empresa para entregar 12,3 millones de dosis.  

3) En agosto se anunció oficialmente que a través del empresario argentino Hugo Sigman, se contrató con la empresa AstraZeneca la provisión de 22,4 millones de vacunas, a producirse con México y la Argentina asociadas.

4) En diciembre, en conferencia de prensa se anunció la firma de un contrato con Rusia para vacunar entre enero y febrero del 2021 a 10 millones de personas con dos dosis, o sea, 20 millones de vacunas Sputnik.

5) El 25 de diciembre del 2020 llegaron al país las primeras vacunas, con el envío de 300.000 dosis Sputnik. Se comienza a vacunar.

En la próxima reflexión se analizarán las contradicciones discursivas acumuladas en el presente año, pese a la experiencia transitada en el 2020. Las palabras claves a considerar serán confidencialidad, garantía, negligencia, esencial, estratégico, desorganización.

Buenos Aires, 16 de junio 2021

Engañar fingiendo virtud

Aceptada la hipótesis que la decadencia argentina es causada por castas políticas, gremiales y empresarias que carecen de grietas ideológicas y/o partidarias insalvables cuando en un marco de baja calidad institucional se negocia poder, cabe analizar el fenómeno de su permanencia por décadas, comenzando por la propaganda emitida a través del discurso político.  

La propaganda política moderna nació a inicios del siglo pasado en el seno de las tres dictaduras movilizadoras de masas: comunismo, fascismo y nazismo. Las tres comparten como instrumentos los avances tecnológicos (radio, cine, televisión), y las reglas básicas de la propaganda (simplificación, orquestación, unanimidad y contagio, etc.), diferenciándose en las metas proclamadas. Las de Lenin eran reales, aunque ocultaba las formas de lograrlas. Las de Goebbels no explicitaban metas ciertas, sino buscaban exaltar a las masas a través de promesas, mentiras, gritos o amenazas. Ambas opciones propagandísticas continúan vigentes en la modernidad, con independencia de que los gobiernos sean de derecha o izquierda. En nuestras castas vernáculas se combinan el ocultamiento de las metas con la exaltación y grandilocuencia discursiva. Lo curioso es que pese a los reiterados fracasos y promesas incumplidas, nuestras castas repiten esta estrategia sin variantes, lo que abre el interrogante respecto a alcanzar un peligroso punto de hartazgo en la sociedad. Un ejemplo reciente ante una nueva crisis de deudas externas (extrañamente nunca se habla de las internas, no menos graves), es repetir el recurso de anunciar la presentación de una denuncia penal contra el gobierno anterior y funcionarios del FMI como cómplices, por supuesta ilegitimidad de la deuda asumida.

El objetivo de estas denuncias es presentar a los denunciantes (gobierno) como víctimas de la crisis, y a su vez paladines de la honestidad en defensa de los intereses nacionales. En esta oportunidad, con la incongruencia de que un gobierno que encabeza una fuerte embestida contra el poder judicial para lograr impunidad de funcionarios y empresarios en casos de corrupción, pretenda otorgar a su denuncia fines virtuosos. Esta estrategia solo admisible tras una dictadura, es inaceptable en sucesiones democráticas en las que tanto oficialistas como opositores poseen todos los organismos e instrumentos de control de fuga de divisas y lavado de dinero, con la tecnología necesaria para lograr inmediatez en la información. Tal es así, que la justicia deberá pedir al Banco Central y Tesorería del Ministerio de Economía la documentación necesaria para determinar delitos si los hubiere. Ello augura que las denuncias no tendrán resultados concretos, pues las castas políticas las usan para simular virtud y/o coaccionar, no para proteger y/o recuperar patrimonios mal habidos.

Un claro ejemplo avala este supuesto. En el año 2001 se constituyó una Comisión Legislativa conformada por nueve diputados para Investigar la fuga de divisas y lavado de dinero. La documentación de base provino de una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, que a partir de un testigo reservado que trabajara con el fallecido banquero argentino Raúl Moneta, logró el levantamiento del secreto bancario en dicho país. La que involucraba a importantes políticos, empresarios y empresas argentinas, cuya base financiera de traslado de fondos se ubicó en Uruguay y Panamá, fue enviada en 18 cajas a nuestra Comisión vernácula purificadora. Un detalle a prestar atención es que las investigaciones probatorias que se inician en el exterior con involucrados argentinos (FIFA Gate; Panamá Papers; Paradise Papers, Odebrecht), se diluyen en nuestro país, probablemente porque los involucrados cubren todo el espectro político e ideológico sin grietas, por lo que investigar y sancionar es meramente escenográfico. Tras cuatro meses de trabajo, las conclusiones se dieron a conocer en agosto del 2001, en cuatro informes distintos. Léase bien: nueve diputados, cuatro informes. El suizo Giannakopoulos, director de la organización no gubernamental especializada en el estudio de redes criminales Inside Co. que actuó como asesor de los legisladores, criticó la falta de homogeneidad y consenso del informe, señalando que era un recurso político de manual para licuar su efectividad.

Los nombres de los legisladores intervinientes, agrupados por cada uno de los cuatro informes, es el siguiente: 1) Carrió y Ocaña (ARI), Gutiérrez (Demócrata de Mendoza) y Vitar (Frepaso); 2) Cristina Kirchner y el fallecido Soria, padre del actual Ministro de Justicia (PJ); 3) Stolbizer y Pernasetti (UCR), y 4) Scioli (PJ). Si quedan dudas respecto a las intenciones investigativas de las castas, nueves meses más tarde y en plena crisis del 2002, el Senado derogaba la ley de Subversión Económica entonces vigente, quitando a la justicia la principal herramienta para sancionar delitos financieros. Nombres casi todos vigentes, viejas siglas partidarias y los nulos resultados obtenidos, clarifican el daño que causan las castas políticas al patrimonio de los argentinos.    

Buenos Aires, 09 de junio 2021

Las castas nunca pagan

Hay dos términos interrelacionados y contrapuestos: crédito y deuda. Obtener y devolver, opciones que definen a cumplidores e insolventes. Estos últimos pueden sacrificar bienes propios para cumplir, o bien invocar excusas para no pagar, haciendo de la insolvencia una forma de vida, vicio que en el campo político presenta un denominador histórico: las castas hereditarias recaudan, gastan, pero no devuelven; sus saldos siempre son negativos. Al respecto Argentina ofrece una recurrencia internacional inédita, considerando que su insolvencia se remonta al empréstito tomado en 1824 con la Banca Baring para financiar obras públicas. Pasemos a la actualidad.   

El 22 de diciembre del 2001 el designado presidente interino Rodríguez Saá en un mensaje histórico, anunciaba la suspensión del pago de la deuda externa, aduciendo “que ese dinero lo utilizaremos para los planes de creación de fuentes de trabajo y progreso social” (textual). La grabación de la escena con la mayoría de los legisladores estallando en vítores, es ubicable en Internet. La inflación era del 1,1 % negativa (convertibilidad), y la pobreza el 29,3%. Tras diez días como presidente, Rodríguez Saá fue reemplazado por Duhalde, que el 2 de enero resolvió entre otras medidas, confiscar los ahorros particulares, canjeándolos por opciones financieras diversas de largo plazo, mientras los grandes deudores licuaban sus deudas. La sociedad comprendió entonces que el festejo legislativo no respondía a un supuesto progreso social futuro sino a la sobrevivencia de los privilegios políticos, provocando el reclamo popular “que se vayan todos”. Veinte años más tarde, con muchos de los responsables políticos de entonces vigentes, 40% de inflación y casi 50% de pobreza, se repiten procedimientos, discursos y el objetivo de mantener privilegios.   

El reciente pronunciamiento ”25 de mayo” reclamando el no pago de la deuda con el FMI y Club de París, es un ejemplo. La mayoría de sus avaladores, sean como funcionarios, proveedores o prestadores de servicios, son beneficiarios de recursos estatales. Como por ejemplo el ex juez Zaffaroni, con una jubilación de $ 853.000 mensuales; el ex vicepresidente Boudou condenado por corrupción y una pensión de $ 320.000 mensuales, y el abogado constitucionalista Barcesat, con un contrato de asesor en el Ministerio de Agricultura, que oficia de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para castas políticas. Evitando prometer que lo no pagado se destinará “al progreso social” como en el 2001, se utilizó el abarcador concepto de proteger al “pueblo argentino”, que tiene la virtud de incluir a las castas políticas. Ante estos antecedentes cabe resaltar viejas falacias conceptuales y engaños discursivos que se mantienen inmutables, para entender los daños presentes y futuros. 

Asumiendo la obviedad que las deudas y sus vencimientos vigentes son impagables, el desafío inmediato consiste en definir como negociar, no como pagar. Así sucedió con las crisis de deudas que años atrás afrontaran países como México, Rusia, Portugal y Grecia. En cuanto a lo que las propagandas políticas distorsionan, se debe tener presente que cuando se reclama “no pagar al FMI”, en realidad se plantea no pagar a los países que lo integran y aportaron el capital. El FMI es un organismo técnico creado para asistir a países en crisis con recursos de los países integrantes, encargado de elaborar un preacuerdo con el país en crisis, y una vez aprobado, realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones establecidas. Peculiar es el caso del Club de París, formado en 1956 por países europeos, cuya primera tarea fue la de renegociar la deuda que con muchos de ellos tenía la Argentina. La última renegociación la realizó en el 2014 el entonces ministro de Economía Axel Kicillof por una deuda en default de u$s 5.000 millones, que tras la negociación se transformó en u$s 9.600 millones, entre capital, intereses y punitorios.

Las deudas no son de Menem, Kirchner o Macri, sino del Estado argentino. Pero en nuestro caso, lo que preocupa es que su resolución estará en mano de las mismas castas políticas que en las sucesivas crisis, y en especial a partir de la del 2001-2002, no solo se mantuvieron económicamente indemnes, sino incrementaron sus privilegios, las estructuras burocráticas ineficientes de sostén, y la corrupción estatal-privada. Es en este punto donde las castas apelan a la estrategia de las falacias discursivas y altisonantes que intentan montar espectáculos que encubran las propias responsabilidades. La habitual es denunciar penalmente supuestas deudas ilegítimas y fuga de capitales, o constituir comisiones investigadoras legislativas para tal fin. Para ejemplificar el engaño, en la próxima newsletter se recordará una Comisión legislativa integrada para investigar la fuga de divisas en el período 2001-2002 a través de instituciones financieras. El nombre de sus integrantes y conclusiones serán indicativos no solo de que estas denuncias buscan distraer en lugar de esclarecer, sino la real existencia de castas políticas.  

Buenos Aires, 02 de mayo 2021

Canje de especias políticas

Definir alineamientos basados en generalidades (neoliberalismo o populismo), o nombres (Kirchner o Macri), evita al emisor el ejercicio de argumentar, y al receptor el de pensar. Entender la permanencia de las castas políticas responsables de nuestra decadencia económico-social, exige detectar las argucias institucionales que lo posibilitan. Entre ellas la legitimidad de representación de los legisladores, actualmente debatiendo el intento de designar en el Senado al jefe de los fiscales con la mayoría absoluta de sus miembros, en lugar de los dos tercios vigentes. Modificación que implicaría que el procurador fuera elegido por quienes tienen procesos por corrupción, lo que ningún legislador desconoce.

El artículo 22 de la Constitución expresa que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. Pero la actual legislación impone que los legisladores se eligen a través de listas sábanas o cerradas armadas por las castas políticas, impidiendo que el ciudadano elija individualmente a sus representantes según sus méritos y antecedentes. Si a esta limitante se agrega la licuación de identidades partidarias, cabe preguntarse a quiénes representa realmente cada legislador; si a los que los incluyeron en las listas, a los gobernadores o a los distritos. La duda se incrementa ante distorsiones que burlan al votante, como el caso de quienes asumen integrando determinada lista sábana, para luego abandonar dicho espacio político autoproclamándose “independientes”, para integrar interbloques que como tales, nadie votó, afectando de este modo la representación porcentual del voto ciudadano. Es el caso reciente de los diputados Ansaloni (Buenos Aires), Beatriz Avila (Tucumán) y Carambia (Santa Cruz), que abandonaron el PRO. Una situación similar afrontó el kirchnerismo cuando perdió la elección presidencial. Por lo que el sistema electoral vigente presenta un doble perjuicio de representatividad: preelectoral (ingresa en lista sábana), y poselectoral (abandona la lista para negociar como independiente). Existen además interbloques sobre los que el gobierno opera para negociar, que se referencian en provincias (cuatro cordobeses; tres misioneros); en partidos (dos socialistas santafesinos), o en políticos (tres lavagnistas). El interrogante sobre qué bases de representatividad utilizarán para fijar postura y aprobar leyes se mantiene.    

En cuanto a las vías de gestión para decidir posturas, se reactivan viejas estrategias: el canje de especias políticas. O lo que el ex diputado Monzó, entre aplausos de los presentes en el recinto, llamara “la rosca”. El parlamentarismo (parlar, hablar), supone negociar, acordar. Pero los acuerdos tienen que sustentarse en mayorías legítimas, no distorsionadas por reconfiguraciones poselectorales que nadie votó. Un gobernador puede ser convencido con obras del poder central o aumentos impositivos coparticipables, pero al menos representa a una provincia. Por el contrario, los mutados en “independientes” se representan a sí mismos. En algunos casos con debilidades a tener en cuenta: de los diez legisladores sobre los que opera el gobierno para tener quórum a fin de tratar el tema procurador, ocho finalizan su mandato el próximo doce de diciembre. Y como sabemos, la carne es débil.

Un ejemplo de lo expuesto es el legislador mendocino José Luis Ramón (Partido Intransigente), cuyo mandato vence en diciembre próximo. Adquirió exposición pública encabezando un reducido interbloque que promueve el apoyo al proyecto oficial. Ramón tuvo la franqueza de declarar públicamente cual fue la “especie” que acordó con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, para brindar apoyo: la creación de una Procuraduría de Defensa de los Usuarios y Consumidores, organismo irrelevante pagado por una población empobrecida, para que librepensadores no tengan que trabajar como ciudadanos comunes a partir de diciembre. Por ello es importante en procesos preelectorales como el presente, en los que la escena pública para el armado de las listas sábanas la monopolizan políticos conocidos desde hace décadas, prestar atención a los antecedentes de los candidatos ubicados en posiciones inferiores con posibilidad de ingresar, tarea en la que el periodismo puede cumplir un rol esclarecedor inestimable. Sabiendo que las ubicaciones en las listas una vez elegidos y asumidos los legisladores, pierden relevancia. Cada legislador es un voto. Y muchos pueden transmutar en “independientes”.

Buenos Aires, 26 de mayo 2021

Al Capone candidato

Para revertir el proceso de nuestra decadencia política de al menos dos generaciones, se deben formular diagnósticos correctos para luego diseñar transformaciones virtuosas. Un impedimento que caracteriza a dictaduras o autocracias pero no a sistemas democráticos, es que nuestras representaciones políticas y gremiales en lugar de ser circunstanciales y rotativas, permanecen en manos de castas familiares y hereditarias responsables de la decadencia, que son las que diseñan el andamiaje institucional que las sustentan. Esta anormalidad se puede ejemplificar a través de una hipótesis supuestamente inverosímil, por la que Al Capone, el más conocido delincuente de la historia, en nuestro país estaría en condiciones de ocupar altos cargos públicos, sea como funcionario, legislador o binomio presidencial.

Capone nació en 1899 en Nueva York en donde inició su carrera delictiva, trasladándose posteriormente a Chicago para convertirse en la figura criminal más importante en las décadas del 20 y 30. Los negocios ilícitos por los que las mafias de entonces competían sangrientamente, y vía coimas o amenazas contaban con altas complicidades políticas, judiciales y policiales, eran el juego ilegal, el contrabando y la prostitución. Ante la opinión pública se mostraba como benefactor de los pobres y humildes, justificando su alto nivel de vida como vendedor de antigüedades. Al imponer en 1927 el Tribunal Supremo un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos obtenidos ilícitamente, el castigo que no se logró por sus crímenes se obtuvo por evasión de impuestos, descubierta por un investigador del Departamento del Tesoro. Momentos previos al inicio del juicio oral y público en 1931, el juez del tribunal cambió a último momento los jurados, que estaban sobornados o amenazados. Comprobada la evasión, Capone fue condenado a once años de prisión, que cumplió primero en Atlanta y luego en Alcatraz. Transcurridos ocho años obtuvo la libertad condicional por mostrar signos de demencia y deterioro físico, para morir en 1947 en Miami por neumonía.

Traslademos a Capone a la Argentina actual, en la que muchos delitos también cuentan con complicidad política, judicial y policial, acusado por sustracción de impuestos por no entregar al Estado 8.000 millones de pesos percibidos entre 2011/15 como agente de retención de combustibles en sus estaciones de servicio. A diferencia del gobierno de Estados Unidos, el delito de nuestro supuesto Capone no fue detectado por organismos estatales, sino por investigaciones periodísticas. Durante su prisión preventiva e invocando persecución de un tal Mauricio Macri, que una alta autoridad política denunciara en un tuit que “tenía un componente mafioso por sus ancestros calabreses”, organizaciones de derechos humanos rentadas por el Estado pedirían su liberación. Previo al juicio no existiría un sorpresivo cambio de jurados que el Capone criollo hubiera denunciado como “lawfare”, pues en nuestro país se acostumbra a cambiar jueces de tribunales, no jurados. Una vez condenado nuestro Capone tampoco sería trasladado a prisión, porque a diferencia de otros países desarrollados, en libertad apelaría ante la Cámara de Casación y Corte Suprema sucesivamente. Períodos durante los cuales el condenado puede exclamar desafiante “soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, cuando la frase debiera ser inversa. Reunido con sus viejos protectores políticos, le permitirían devolver lo sustraído al Estado en un cómodo plan de pagos a varios años con intereses promocionales, que posiblemente tampoco pague. Ya más distendido, nuestro Capone criollo repararía en que leyes y fueros especiales aprobadas por las castas políticas, permiten que procesados y condenados puedan ser funcionarios, legisladores y presidentes.

Ante ello y para protegerse de futuras experiencias amargas y traumáticas, decidiría incursionar en política y presentarse a un cargo electivo. La hipótesis inicialmente inverosímil dejó de serlo. En nuestro sistema político-electoral, Al Capone podría ser candidato y ser elegido.

Buenos Aires, 19 de mayo 2017

Discursos paranoides

Es habitual identificar épocas a través de figuras preponderantes, sin profundizar sobre sus entornos inmediatos, cuya mediocridad es directamente proporcional al nivel de autoritarismo y mesianismo de quienes conducen. Cuando estos procesos se prolongan en el tiempo sin marcos institucionales estables y consolidados, la consecuencia es irreversible: subdesarrollo y pobreza.  Es preocupante entonces que nuestras castas políticas, en lugar de extremar la capacidad de planificar y conducir estrategias eficaces para afrontar los presentes desafíos, persistan en repetir viejos recursos para mantener su poder y privilegios, priorizando intereses individuales (judiciales, electorales) por sobre los intereses ciudadanos (campañas de vacunación, fuentes laborales). Situación agravada por un presente en el que las castas manipulan precios, tarifas, dólar y salarios para triunfar en una elección, para una vez cerrado el escrutinio, corregir las severas distorsiones provocadas con ajustes mucho más dolorosas para la sociedad (recordar el rodrigazo en 1975).

No menos preocupante es que quienes conducen, en lugar de exhibir templanza transmiten un descontrol emocional y verbal inédito desde 1983, pues no lo manifestaban el fervor discursivo de Alfonsín o Néstor Kirchner, o la circunspección de De la Rúa, que en todos los casos se correspondían con sus personalidades. Al combo pandemia, año electoral y descontrol emocional, se agrega que los mensajes institucionales lo comparten el binomio Alberto Fernández – Cristina Kirchner, en lugar de concentrarse en el presidente como máxima autoridad de gobierno. Ante esta situación, es más importante reflexionar sobre como influenciará esta realidad en las políticas públicas de corto y mediano plazo, que distraernos en presuponer “quien manda en el binomio”, o más infantil aún, quién es el bueno y quién el malo.

El descontrol emocional no refiere a las abundantes contradicciones discursivas, prácticas habituales que suelen ejercitar los políticos sin consecuencias traumáticas para ellos. Se presenta cuando el presidente llama “miserables” a empresarios; “asesinos” a quienes pretenden cierta presencialidad escolar, “odiadores” a quienes no terminaron un plan de viviendas, “golpistas” a integrantes de la Corte ante un fallo, o expresar con el dedo alzado “conmigo, rebeliones no”. Para pocos días más tarde, invocar la necesidad de unión nacional y consensos políticos. Esta desmesura que es producto de la desconfianza y recelo que el afectado tiene hacia los demás, caracteriza a las actitudes paranoides. Que pueden ser circunstanciales sin implicar una patología, pero sufrida por una máxima autoridad institucional en momentos críticos, tienen graves consecuencias.     

En este juego discursivo bipolar la vicepresidenta se mueve con mayor comodidad, por cuatro razones: tiene menor exposición pública, elige los temas y oportunidad sobre los que opinará, el medio que utilizará (redes sociales o discurso ante adherentes), y cuenta con una cohorte rentada con fondos públicos de replicadores textuales de sus mensajes, en los que puede transmitir enojos reales o actuados, pero no descontrol emocional. Estrategia que deriva en otro absurdo: el presidente Fernández termina convirtiéndose a su vez en un propagador textual de los mensajes de la vicepresidenta, y no a la inversa.

Para no colaborar con la confusión general en una situación de crisis, los análisis deberían considerar al binomio representado por el presidente (ejecutivo), y vicepresidenta (Senado) como una unidad que comparte políticas y responsabilidades, situación que no es privativa de la política: en un avión lo representan el piloto y copiloto; en un barco el capitán y el contramaestre. Ello sin desconocer la importancia de los propagadores rentados de mensajes preelaborados, útiles para acompañar creando climas y ejerciendo presiones; pero no para aportar creatividad virtuosa o decidir. Los que todos debieran tener presente es la posibilidad de que los pasajeros (ciudadanos), se subleven por hartazgo ante la incompetencia de quienes conducen y comparten privilegios públicos, que incluye a supuestos opositores y falsos “independientes”.

Buenos Aires, 12 de mayo 2021

No sabía, yo no fui

La expresión del título remite a excusas de la infancia ante travesuras de relativa gravedad que presuponían un castigo familiar. Si bien parecería absurdo que la formularan los padres ante sus infantes, ello sucede en nuestras castas políticas ante hechos que involucran al Estado en perjuicios patrimoniales o sospechas de corrupción. El conocimiento público de los mismos suele darse a través del odiado periodismo de investigación, que no debe confundirse con amarillistas operaciones de desprestigio. Tres casos actuales que interrelacionan altas autoridades públicas con grupos privados asociados, ejemplifican lo expresado: 1) gestiones para contratar la provisión de vacunas contra el Covid y planificación de vacunación; 2) la extracción irregular de dinero en efectivo en ATC; 3) el cobro de hisopados rápidos y obligatorios en Ezeiza y Aeroparque, por un laboratorio desconocido.

En dichos casos cabe destacar las declaraciones exculpatorias de los responsables involucrados, sin presuponer irregularidades o corrupciones aún no certificadas judicialmente, sino desde la óptica institucional, administrativa y operativa que define responsabilidades jerárquicas, niveles de control y calidad de gestión. Recordando que las castas designan en cada condado (repartición estatal), a personas de su “máxima confianza” (parientes, amigos y recomendados de otras castas), pese a lo cual al momento de aclarar y/o justificar irregularidades resurge el absurdo: los padres (altos funcionarios), dicen a sus hijos menores (ciudadanos): “no sabía, yo no fui”.

1.- En marzo del 2020 se decretó el primer aislamiento nacional obligatorio. En julio se anunció contactos presidenciales con el laboratorio Pfizer, que aseguró prioridad para el envío de 13 millones de vacunas al país en etapas a definir, por haber realizado ensayos de la vacuna con 5500 voluntarios argentinos, En agosto, el empresario argentino Sigman comprometió la provisión de 22,4 millones de dosis del laboratorio Astra Zeneca, abonándose un equivalente a 54 millones de dólares por el 60% del contrato. En medio de negociaciones confusas con crisis ministeriales y diplomáticas, cobra influencia la asesora argentina Nicolini, una desconocida de reciente residencia en España, con una supuesta mayor eficacia de gestión que el presidente, ministros y diplomáticos. Se negocia entre estados con Rusia y China para obtener vacunas de ese origen, tras lo cual el 10 de diciembre el presidente anunció un contrato con Rusia por el que se vacunarían 10 millones de personas entre enero y febrero, y 5 millones adicionales en marzo. El 24 de diciembre llegan las primeras 300 mil vacunas Sputnik al país, en medio de una algarabía aeronáutica. También ingresan vacunas chinas (Sinopharm), y  de Astra Zeneca vía Organización Mundial de la Salud para países en vías de desarrollo, fabricadas en India. Se retoman gestiones con Pfizer, y se anuncian contactos para obtener una desconocida vacuna cubana, y con el dueño del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, para fabricar la Sputnik en Argentina en plazo indefinido, dado que a la fecha no cuenta con infraestructura y capital nacional necesario. A mediados de marzo, Sigman anuncia que en mayo llegarán las primeras partidas de Astra Zeneca, sin definir cantidades. El viernes 30 de abril se lanzó una campaña publicitaria oficial eufórica basada en el número 10, que refiere a  las 10 millones de vacunas llegadas al país hasta el momento, sin cronograma de entregas futuras. Conclusión, las castas políticas en una instancia de máxima gravedad exhibieron sus vicios: exitismo inicial y autocomplacencia, conducción administrativa carente de profesionalidad, y reformulaciones estratégicas tardías. En este combo, “yo no sabía, yo no fui” abunda.

2.- A comienzos de marzo trascendió que directivos del canal oficial ATC retiraron de la sucursal del Banco Itaú 11,4 millones de pesos en efectivo. Rosario Lufrano, quien preside la empresa estatal, manifestó sorpresa y anunció una auditoría, cuando lo inmediato era que los responsables explicaran la extracción irregular del dinero, y se aclararse si la misma es posible sin la firma, conocimiento explícito o responsabilidad de la máxima autoridad. En el interín se conocieron los desmesurados salarios de los responsables, que se asimilan a canales privados de alta rentabilidad obtenida por el aporte de anunciantes y clientes, pese a que la función de un canal oficial es priorizar lo cultural y lo “nacional y popular” por sobre lo comercial. Por el momento, Lufrano mantiene “no sabía, yo no fui”.

3.- La demora en la obtención de vacunas fue concomitante con la escasez de testeos. Pero ello no impide la obtención de ganancias fáciles auspiciadas por el Estado, que emitió una resolución administrativa que obliga a hisoparse a pasajeros del exterior (excelente). Tras lo cual el concesionario Aeropuertos 2000 cede el operativo con una recaudación diaria multimillonaria a la Fundación Educativa San Lázaro (los habituales intermediarios sin fines de lucro), que a su vez contrata al desconocido laboratorio Labpax, cuyos responsables son dos monotributistas. Detectada la irregularidad por un odiado periodista de investigación, los ministerios de Salud y de Transportes deslindaron responsabilidades, y Aeropuertos 2000 anunció una insólita auditoría, dado que se supone que conocía previamente los antecedentes de quienes contrató. En este caso el “no sabía, yo no fui” lo comparten Ministerios, una Fundación y Aeropuertos 2000.

Buenos Aires, 05 de mayo 2021

Castas, Maquiavelo y Argentina

Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política. Su formación se desarrolló en el fecundo ámbito de la Florencia del Renacimiento italiano. En ese entonces Italia se dividía en ciudades-Estado esbozadas como repúblicas o principados (Milán, Venecia, Pisa, Roma-Vaticano, Nápoles), manejadas por castas (Medici, Sforza, Orsini, Borgia), en un clima de permanentes conflictos plagados de traiciones y engaños, sean internos, entre ciudades o amenazas extranjeras (Francia y Alemania). Las tropas de apoyo usualmente eran mercenarias. Los recursos económicos se obtenían de altos tributos que debían pagar el pueblo trabajador, sean labriegos, comerciantes o artesanos, en parte derivados para desarrollar un florecimiento intelectual y artístico inédito (Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael). Como diplomático ante los más altos estamentos de poder, Papa incluido (Alejandro VI), Maquiavelo percibió con agudeza las acciones humanas innatas para obtener, concentrar y mantener el poder.  

Bajo esta óptica historicista pueden confrontarse las similitudes entre lo descripto y nuestra actualidad política: 1) ciudades-Estado (Formosa, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz), manejadas por castas familiares (Insfrán, Rodríguez Saá, Zamora, Kirchner); 2) conflictos internos plagados de traiciones y engaños, y tensiones políticas jurisdiccionales (Nación y Ciudad); 3) aislamiento internacional, sea con países vecinos o apoyo a autocracias/dictaduras (Venezuela); 4) tropas políticas mercenarias con “condottieris” volátiles (Alberto Fernández, Massa, Alfonsín hijo, Pichetto), cuya soldadesca (militancia) se alquila con cargos públicos; 5) altos tributos al trabajo para sostener al privilegiado sistema de castas, que a diferencia de la época renacentista, en lugar de destinarse parte de lo recaudado al desarrollo educativo y artístico, se consume en corrupción estatal-privada. Cuando los costos de estas estructuras burocráticas familiares se hacen insostenibles para los gobernados y aumenta la pobreza, estallan revoluciones (francesa, bolchevique). Que a diferencia de los llamados “golpes” producto de peleas entre castas, tienen consecuencias incontrolables.  

Un conflicto vigente ejemplifica lo expuesto. En el marco de una pandemia inédita y creciente pobreza, se crea un conflicto demencial entre la Nación y Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de impuestos y su nivel de autonomía, alejado de las urgencias de la sociedad,. Su origen reside en la reforma constitucional de 1994, cuyo objetivo principal era prolongar el mandato presidencial del representante de la entonces poderosa casta Menem. Tal era el apuro por la reelección, que se postergó mediante una cláusula transitoria hasta diciembre de 1995 el tratamiento del aspecto más importante para el país, referido al diseño de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, que hoy privilegia a la Nación. En su lugar, los constituyentes priorizaron dedicarse a incrementar desproporcionadamente las estructuras burocráticas administrativas estatales, para asegurarse en el futuro puestos laborales públicos que sostengan a familias y herederos de las diversas castas. Pero un tema aprobado solo ante la urgencia de lograr la reelección presidencial, causó escozor en el poder nacional centralista: la autonomía a la ciudad de Buenos Aires. No solo jamás se cumplió el mandato constitucional de implementar un nuevo régimen de coparticipación de impuestos, sino el entonces senador Antonio Cafiero, que integrara el gabinete de Perón en 1952 y diera nacimiento a una de las castas más tradicionales que mantiene una presencia de tres generaciones, promovió una ley que limitó las atribuciones constitucionales que le fueran conferidas a la ciudad (justicia ordinaria, fuerzas de seguridad, determinados servicios públicos, propiedad de inmuebles). En el actual conflicto desatado por el presidente Fernández con el “condottieri” Rodríguez Larreta en representación de la casta Kirchner (a la fecha con dos generaciones), el nieto de Antonio llamado Santiago, es Jefe de Gabinete. Y dos de los jueces de la Corte que deberán expedirse sobre el litigio (Maqueda y Rosatti), integraron la constituyente de 1994. A lo que se agrega que siete de los legisladores elegidos para representar a los porteños, votaron a favor de la quita de recursos. Y los candidatos electorales perdidosos a “condottieri” de la ciudad, Matías Lammens y Matías Tombolini, compensados con cargo público otorgado por la casta gobernante, se llamaron a silencio. Cuando hay acuerdos entre castas, no pierden ni los que perdieron.

Lo expuesto es metafórico en cuanto a lo temporal, pero no en lo conceptual. Lo ratifica el propio Maquiavelo cuando expresa que “es partidario de la República, pero bien organizada, disponiendo de las instituciones necesarias para canalizar el conflicto entre pueblo y gobierno dentro de las mismas, sin las cuales la República se desarmaría”. Argentinismo puro.

Buenos Aires, 28 de abril 2021