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Democracia o mafia

La verborragia individual usada como método comunicacional, que en la última reflexión se la ejemplificó con la desplegada por el ministro Berni, se complementa con el eslogan, que es un texto breve, simple y tajante adaptado al menos inteligente de los individuos. Tanto la estrategia verbal (dinámica) como la escrita y/o gráfica (estática), buscan influir en la opinión pública desde lo emocional, sin mayores análisis. Consecuentemente, el resultado son debates basados en altisonancias y escándalos que ocupan amplios espacios en los medios de comunicación por atraer audiencia. Estas simplezas propagandísticas bien empleadas, pueden servir para detectar omisiones o falseamientos en el discurso político que en las entrevistas periodísticas no se preguntan o los entrevistados no  responden, apelando al recurso igualmente simple de replicar la sana curiosidad infantil en la etapa de aprender: preguntar, previo a someterse a conclusiones meramente emocionales. Método que puede emplear cualquier ciudadano, en especial los menos formados, a quienes se los deja en manos de demagogos que manipulan necesidades, humillan con “planes platita” y caracterizan de electorado cautivo. 

Cabe comenzar por el eslogan “democracia o mafia”, de fuerte propagación. Es tan clara la divergencia de la opción, que en una encuesta hasta los mafiosos dirían democracia. Pero el promovido por el gobierno dice “democracia o mafia judicial”, por lo que el mensaje deja de ser rotundo, al confrontar un concepto global (democracia), con uno sectorial (judicial). Dado que el judicial es uno de los tres poderes independientes que se limitan entre sí para conformar una república, las posibles preguntas serían: ¿cómo es posible que haya solo mafia judicial, considerando que los integrantes de la Corte y jueces son elegidos por mayorías especiales legislativas? ¿porqué se ataca y amenaza a quienes juzgan o condenan actos de corrupción estatal, y no a jueces como Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que designados para integrar el tribunal oral para actuar en la causa Los Sauces y Hotesur, y con la disidencia de la jueza Adriana Pailloti, dictaron el sobreseimiento de los imputados sin llevar a cabo el juicio? Si el eslogan fuera “Democracia o mafia estatal”, ¿no se daría respuesta a todos los interrogantes planteados?

El siguiente caso, en el habitual contexto preelectoral en el que se manipulan interpretaciones de leyes, calendarios y requisitos para ser candidatos, pues el individuo predomina por sobre el todo, se inserta la decisión del jefe de la ciudad Rodríguez Larreta de realizar en el mismo día elecciones concurrentes entre listas de candidatos para cargos nacionales en una urna, y del gobierno de la ciudad en otra. Ante las reacciones de integrantes de su propio partido, Larreta en todos los medios de comunicación se justificó repitiendo que “cumplió con la ley”, lo que es un mérito; pero las preguntas a responder serían entonces: ¿porqué semanas antes declaraba que oportunamente tomaría una decisión al respecto? ¿Existían opciones dentro de la ley?

Por último, cabe mencionar la declaración del ministro Aníbal Fernández, uno de los lenguaraces criollos más reconocidos, al declarar que “si gana la oposición, las calles van a estar regadas de sangre y de muertos”. Dicha expresión provocó la natural repercusión en el mundo del espectáculo político, que incluyó denuncias penales e indignaciones sobreactuadas. Pero los lenguaraces, como cuando Berni informó sobre 2.500 millones de pesos que el gobernador Kicillof había entregado a las empresas transportistas para invertir en medidas de seguridad en los colectivos, hoy desaparecidos, tienen la virtud no deseada de filtrar en sus torrentes dialécticos información útil. En el caso de Aníbal Fernández la pregunta inicial podría ser: ¿Fernández se refirió a sangre de narcotraficantes y delincuentes en caso de combatirse realmente el delito, o bien de ciudadanos comunes en manifestaciones de protesta?

A la espera de una aclaración, y para curarse en salud vistos los antecedentes históricos al respecto, en la próxima reflexión se planteará una “Hipótesis de conflicto”, basada en que dicha catástrofe intentara generarse, por lo que surgen las siguientes preguntas: ¿cuáles son los antecedentes de sangre en las calles? ¿cuál sería actualmente el contexto necesario?  ¿cuáles serían las metodologías y qué personajes las implementarían? Dado que en este caso se incursiona en el campo de la acción y no de la verborragia, no perder tiempo en denuncias estériles, y ponerse a pensar.

Buenos Aires, 19 de abril 2023

Políticos lenguaraces

Las acciones y dichos de dirigencias que permanecen inmutables desde hace décadas, facilitan comprender didácticamente las causas del empobrecimiento mayoritario de los argentinos. Un ejemplo lo brindó el histriónico Sergio Berni, fiel representante del antiguo lenguaraz, que hasta avanzado el siglo XIX tenía el rol de la comunicación entre indios y criollos, siendo caracterizado por el militar y escritor Lucio Mansilla por su memoria para traducir hablando de corrido, una garganta privilegiada, y de ser necesario, ser irrespetuoso, desvergonzado y atrevido.  

Bajo la óptica de que los hechos resonantes con repercusión mediática no deben analizarse aisladamente, sino también por lo que aportan para conocer vicios y virtudes del contexto político general, cabe comentar lo que se inicia en una madrugada de La Matanza con el asesinato del colectivero llamado Daniel Barrientos, tras lo cual sus compañeros de trabajo realizaron un paro y corte en la avenida General Paz reclamando seguridad. De improviso y a cientos de metros del punto de conflicto, sobre la avenida desierta aterrizó un helicóptero del que descendió sin custodia el ministro de Seguridad provincial Berni, quien a paso firme y monopolizando imágenes televisivas, se dirigió hacia el núcleo de protesta ubicado en una especie de “checkpoint Charlie” criollo, que divide provincia y ciudad, por lo cual la tensión cinematográfica era insoportable. Se generaron discusiones, la injustificable agresión al ministro, y su rescate por la policía de la ciudad para trasladarlo al hospital policial Churruca, a fin de evaluar su condición física tras los golpes recibidos. Al salir de la revisión médica, Berni expresó ante los periodistas que lo rodeaban que tuvo un fuerte golpe en el cráneo y una desviación del malar, con la expectativa de una eventual cirugía, lo que suponía que debía guardar reposo. Sin embargo, esa misma noche asistió a un reportaje televisivo, y a primera hora del día siguiente a uno radial, ejercitando su rol de lenguaraz ya no entre indios y criollos, sino entre políticos y ciudadanos. A partir de ese momento la víctima dejó de ser Barrientos, sino funcionarios que afirmaron afrontar oscuras operaciones políticas.

En sus reportajes, hablando de corrido y siendo difícil interrumpirlo, distribuyó variadas culpas y sospechas al expresar: la policía de la ciudad (tuvo ocho heridos), me retiró de la escena a la fuerza; si el ministro Burzaco me llama lo puteo; Patricia Bullrich fogoneó el crimen; el modus operandi del asesinato me parece raro; hubo infiltrados del PRO en la protesta; Aníbal Fernández no manda los gendarmes que le pedí, y miente; la General Paz es jurisdicción de la Capital Federal; yo doy la cara; el gobernador Kicillof entregó hace más de dos años 2.500 millones de pesos a las empresas para poner cámaras en los vehículos (los rostros de los presentes secretario de la UTA Fernández y el ministro de Trabajo D`onofrio se mantuvieron inmutables); nos tiraron un muerto.

Cabe reflexionar acerca de las tres últimas expresiones. 1) “Dar la cara” no se agota en una presencia, pues lo relevante es asumir responsabilidades profesionales e informar fidedigna y coherentemente, en lugar de distribuir histéricamente culpas; 2) En su velocidad verbal los lenguaraces suelen tener deslices, como mencionar los 2.500 millones de pesos entregados hace más de dos años por Kicillof a los empresarios de transporte para instalación de cámaras en los vehículos, sin que nadie conozca su destino. Lo que demuestra que inutilidad y corrupción suelen ir asociados, o bien cabe pensar el pago de coimas para simular inutilidad. 3) la frase “tirar un muerto” no solo es típicamente mafiosa, sino exhibe el escaso valor que los juegos políticos le dan a los dramas de los ciudadanos comunes. Tras las declaraciones de Berni, las víctimas pasaron a ser funcionarios inútiles tratando de eludir responsabilidades, y no Barrientos y su familia.  

Las malas praxis deberían servir para que en la presente campaña electoral la ciudadanía evalúe si se continuarán incorporando en las listas sábanas a quienes carecen de los conocimientos más elementales para legislar y solo votan por acumulación de manos o negocian beneficios personales, y si se continuarán designando en altos cargos políticos de conducción a quienes carecen de la formación específica para desempeñarlos.

Buenos Aires, 12 de marzo 2023

Aprendizajes para votar

Los ochenta días faltantes para el cierre de listas de precandidatos, momento a partir del cual se supone se deberán explicitar propuestas de gobierno concretas para transitar el período que va  hasta las elecciones internas del 13 de agosto (Paso), para definir quiénes encabezarán los distintos espacios políticos en la elección presidencial, son oportunos para que los votantes desarrollen un espíritu crítico en base a conceptos simples pero relevantes y fidedignos que sean entendibles por todos los niveles socio-culturales, y en especial “por los que más sufren”, como denominan a los sectores postergados quienes desde hace décadas usufructúan privilegios estatales.

La inédita confluencia de dos factores facilita este ejercicio: la perdurabilidad de muchos dirigentes políticos, sindicales y empresarios privilegiados, lo que les dificulta diseñar estrategias electorales, propagandas y discursos creíbles y de calidad, sumada al valioso aporte de este gobierno al visibilizar con crudeza todos los vicios y absurdos políticos latentes desde hace décadas, que para evitar preconceptos que invaliden todo análisis, les son aplicables a las oposiciones de turno. Para ordenar las reflexiones vale partir de una grilla de temas, cuyo objetivo inmediato es instalar criterios racionales disruptivos que eludan intereses personales y/o sectoriales predominantes, enmascarados tras polémicas superficiales y ruidosas que se asemejan más al mundo de los escándalos que a las políticas de gobierno.

1.- Partidos, programas e ideologías. Los más de 40 meses del gobierno nacido con la curiosa elección de Alberto Fernández como candidato a presidente mediante un tuit de Cristina Kirchner, quien se reservó el cargo de vicepresidenta, y la incorporación inmediata de Massa, arrojan conclusiones relevantes a futuro. Por sus antecedentes, dialécticas y entornos se suele identificar a Cristina Kirchner de izquierda, a Fernández de centro y a Massa de derecha. Sin embargo, los tres han coincidido en los aspectos más medulares de la gestión: 1) crecimiento desmesurado de las estructuras burocráticas para financiar militancia y apoyos políticos en detrimento de la calidad de gobierno; 2) acuerdo ineficaz con el FMI solo para que nada cambie, y salvaguarde prebendas políticas, empresariales y sindicales; 3) utilización del aparato institucional para mantener impunidades judiciales en casos de corrupción estatal-privada; 4) aplicar medidas que retrotraen a la crisis 2001/2022, canjeando inversiones en dólares de los jubilados  en favor de los Bancos, bajo el discurso cínico de que los jubilados ganan. Estos mojones debieran servir para no distraerse con dialécticas que invocan derechas, centros, izquierdas, peronismo, radicalismo, centralismo, federalismo y otras diversidades ideológicas, cuando al fin del camino permanecen los mismos políticos, sindicalistas y empresarios succionadores de recursos públicos. Por ello lo importante será prestar atención a los candidatos, sus antecedentes, y como en el fútbol, ver en cuantos equipos (léase partidos, coaliciones), jugaron.

2.- Analizar los hechos políticos relevantes concatenados con la estructura burocrática-institucional vigente. Ello permitirá comprender que el costo social de una estructura burocrática sobredimensionada e ineficaz no reside inicialmente en el gasto que provoca un exceso de personal, sino por generar una organización jerárquica atomizada, indefinición de responsabilidades (no sabía, yo no fui), baja formación de funcionarios, y facilitación de la corrupción estatal-privada. Casos como la causa judicial de Vialidad; la causa Cuadernos; al juicio político a la Corte Suprema, y la pesificación de las inversiones en dólares de la Anses, no son hechos independientes encapsulados, sino producto de la estructura burocrática- institucional vigente.

3.- Propaganda electoral. Factor Milei. Para los diseñadores de campañas decidir si la imagen y discurso de desprestigiados políticos buscará revalorizarlos o disimular sus falencias, será una tarea ardua. Esta dificultad la confirman Rodríguez Larreta invocando paz y amor; Alberto Fernández gritando “sueñen conmigo”; Schiaretti y Urturbey planteando lo mismo que no llevaron a cabo hace cuatro años, y un reconocido abogado recorriendo una villa en musculosa y ojotas. La irrupción novedosa la protagonizó Javier Milei, que con solo catalogar a los políticos de “casta”, y en momentos de exaltación de “ladrones”, logró lo anhelado por toda propaganda: insertarla con fuerza en la sociedad, al interpretar su hartazgo explícito o subyacente. Y como contrapartida, desnudó la mediocridad de quienes solo se preocupan en establecer a qué coalición le “roba” más votos, o intentar asimilarlo a Hitler, sin reparar que su impacto se centra en el mensaje y no en un programa de gobierno mínimamente esbozado y con complejidades económicas. La forma de competir con Milei es presentar a la sociedad a partir del 24 de junio una propuesta de gobierno integral, moderna y factible, sustentada en un equipo con las capacidades necesarias para llevarla a cabo. Y sin mentir.

Buenos Aires, 05 de abril 2023

Políticos entre sábanas

Esta etapa en la que la clase política,  caracterizada como divorciada de las necesidades de la gente, está sumergida en sus conflictos e intereses producto de un sistema político-electoral conservador de baja institucionalidad, debiera servir para que la sociedad visualice sus vicios, y poder juzgar con mayor precisión las propuestas concretas de gobierno que se presenten a partir del cierre de precandidaturas el 24 de junio, en las PASO del 13 de agosto, y la elección presidencial el 22 de octubre.

Las actuales pujas políticas son inevitables, producto de sistemas electorales restrictivos del poder del votante como las listas sábanas y ley de lemas, diseñados para permanecer en el poder. Muchos de los que se presentan como candidatos a presidente, lo hacen solo para negociar otros espacios de poder en el próximo gobierno, sea como oficialismo u oposiciones. Las inmutables listas sábana para los anhelados cargos legislativos, por ejemplo, aseguran una continuidad temporal política con extensa planta de asesores y otros beneficios anexos, aunque no legisle o no tenga capacidad para ello. De este modo muchos legisladores priorizan los intereses de quien negoció su incorporación en la lista, y no el de los ciudadanos que votaron la sábana. El sistema permite además que una vez asumido, el legislador pueda separarse de la papeleta partidaria por la que accedió al cargo para armar un bloque propio, o negociar su incorporación a un bloque opositor que indefectiblemente es el gobernante, transfuguismo que es cada vez más habitual entre los oportunistas de coyuntura. Pero como los cargos legislativos a cubrir cual botes del Titanic son limitados y no alcanzan para todos los postulantes, se negocian opciones como futuros ministerios, organismos y cargos varios, generando una estructura burocrática desmesurada e ineficaz, pues la ecuación negociadora es acuerdo igual a un cargo, muchas veces con familiares incluidos. El mayor riesgo en este proceso lo asume Juntos por el Cambio, que al tener mayores expectativas de triunfo electoral concentra el interés de los numerosos saltimbanquis políticos, que en muchos casos negocian sus sellos de goma partidarios. Por ello cuando el precandidato Rodríguez Larreta plantea la necesidad de alcanzar un consenso del 70%, debiera aclarar si dicho porcentaje incluye a conocidos políticos, sindicalistas y empresarios responsables de los fracasos, pues en ese caso, cualquier modificación de las estructuras conservadoras vigentes será imposible. No pueden ser confiables quienes con cargos y/o beneficios personales se pasan de un espacio político a otro, por lo que entre los desafíos para generar un gran cambio, está el de legislar profundas reformas en el sistema electoral.

En este contexto de sobrevivencias personales y armado de promesas electorales, los presentes actos de gobierno producen hechos reveladores de la liquidez política y la insustancialidad dialéctica. Para sostener la sobrevivencia de un ajado gobierno y/o sistema político, el ministro Massa con la conformidad del presidente y la vicepresidenta, impulsó un decreto de necesidad y urgencia que obliga a la Anses a canjear sus tenencias en bonos en  dólares u otra moneda extranjera por nuevos bonos en pesos. Como para generar consensos mayoritarios se debe partir de mensajes veraces y comprensibles para la gran mayoría de la población, y recién entonces incursionar en consideraciones institucionales, económicas y jurídicas más complejas y controversiales, vale formular interrogantes aptos para una mesa de café barrial: porqué los dólares van de los jubilados a los Bancos, y no de los Bancos a los jubilados? A los jubilados se les pesificaron recursos, como sucediera en la crisis del 2002 con otros ahorros personales? Si la Anses es un ente descentralizado, porqué un simple decreto puede obligarlo a disponer de sus inversiones? Cómo se instrumenta primero la decisión de canje, para luego promover una auditoría universitaria sobre resultados económicos futuros?

Las crisis políticas desordenan cursos analíticos basados en un orden racional de prioridades, pues priman frases políticas engañosas y rimbombantes, de las que participa en este caso el propio FMI. Dado que hasta el presente predominan viejos políticos, con viejos intereses, propagandas y discursos, un eslogan virtuoso debiera ser “piense, luche y no vuelven”.  

Buenos Aires, 29 de marzo 2023.

Inútiles y sus chupetes

Si bien las continuidades políticas, liquideces ideológicas y mafias entroncadas en altos niveles institucionales no podrán corregirse durante el proceso electoral y en el mediano plazo, será imprescindible que las propuestas de gobierno planteen una reformulación de la sobredimensionada e ineficaz estructura administrativa, y se elimine la posibilidad de que inútiles ocupen cargos políticos. Si bien las estructuras burocráticas suponen mayor permanencia en el tiempo, al subordinarse su diseño a compromisos políticos y nepotismos familiares, se comenzará por analizar las consecuencias de la inserción de inútiles todoterreno en cargos políticos, porque al ser visibles y entendibles por gran parte de la sociedad los daños que provocan, facilitará comprender luego las distorsiones estructurales más complejas, comenzando por los ministerios.

El término inútil define a persona u objeto que no produce provecho, servicio o beneficio, y en sí mismo no es degradante. Todos somos inútiles para desempeñar tareas para la que no estamos formados o carecemos de aptitudes. No ser inútil en el desempeño de cargos políticos es esencial considerando que solo a nivel nacional se estiman en alrededor de 10.000, y que los políticos presuponen que son aptos para todo servicio. El planteo no parte de lo meramente económico como engañosamente se pregona para que nada cambie (costo organismo e inútil x cantidad de organismos e inútiles), sino de una racionalidad virtuosa que permita lograr un Estado moderno y eficaz que genere desarrollo y bienestar general, en lugar de beneficiar a inútiles. Si se analiza la organización institucional desde 1983 a la fecha, se constata que el crecimiento exponencial de organismos públicos y cargos políticos desde entonces tiene su correlato en peor funcionamiento estatal, creciente empobrecimiento social y corrupción. Llegando al absurdo que cuando beneficiarios de cargos políticos deben abandonarlos por inútiles u otras razones, de inmediato se los designan en otro cargo político, muchas veces creado para la ocasión, como en el reciente caso de Victoria Donda, que echada del intrascendente Inadi, recaló en la provincia de Buenos Aires en una creativa Subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico.

En cuanto a lo discursivo, y sabiendo que los políticos practican la locuacidad, la capacidad argumentativa de los inútiles es pobre, por lo que suelen aplicar en sus manifestaciones la técnica del chupete, cuya utilidad reside en que el bebé pueda satisfacer la necesidad de succionar más allá de la lactancia materna o toma de biberón. El chupete lo tranquiliza y adormece, situación que el político intenta replicar en los ciudadanos, hablando de corrido repitiendo obviedades usualmente exculpatorias, con datos inconexos cuando no falaces, sin informar y/o responder adecuadamente acerca del fondo de las cuestiones planteadas. Un ejemplo lamentable lo brindó el manejo de la problemática por los cortes de luz, principalmente por la empresa Edesur.

Ante los permanentes y prolongados cortes en diversas zonas de la ciudad y provincia, solo ante el hartazgo de los usuarios, acciones directas de protesta y coberturas periodísticas, tardíamente el gobierno y el Enre apelaron al chupete para tranquilizar a los quejosos, anunciando tres medidas: 1) denuncia penal contra Edesur; 2) presentación en 90 días una auditoría para evaluar la calidad de prestación de servicio; 3) evaluar la posible caducidad del servicio. Ninguna de ellas resuelve la problemática de los afectados, ni establece una metodología de reparación económica. Pero lo más grave es lo que no se explica. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) es un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Economía, creado en el año 1992 con motivo de las privatizaciones, para regular las concesiones de transporte y distribución de energía eléctrica en el país. Posee un Directorio de cinco miembros, encabezado por Walter Martello como interventor, quien carece de formación en el rubro energético. Pero que el Enre necesite 90 días para presentar una auditoría de la empresa, revela que no realizó ningún seguimiento contractual en tiempo y forma, pese a que en diciembre del 2022 en Acta suscrita entre Energía, Cammesa y el Enre, se disminuyó en $ 47.000 millones la deuda de Edesur con el Estado. Surge entonces un interrogante nunca respondido: la tarifa que subsidia el Estado a Edesur y Edenor, incluye los costos de mantenimiento y de nuevas obras? Según la respuesta, se estaría configurando un engaño estatal o bien una estafa privada, por lo que el debate no debería ser “más o menos Estado”, sino “mejor o peor Estado”.

Buenos Aires, 22 de marzo 2023

Pegoteos políticos conceptuales

El paso del tiempo, aún en las peores circunstancias, jamás debiera ser en vano. La última dictadura implicó un punto de inflexión que terminó con los recurrentes golpes militares, posibilitando que a partir de diciembre de 1983 las responsabilidades institucionales recayeran en la capacidad política democrática. Pero tras cuatro décadas, anomalías institucionales y expresiones conservadoras nepotistas sumergieron a muchos ciudadanos en la pobreza y decadencia. Al exponer el actual gobierno en tan solo cuatro años todos los vicios acumulados, que por acción u omisión alcanzan a las expresiones políticas en general, se abre la expectativa de lograr un nuevo punto de inflexión, en este caso de saneamiento político-institucional. Para facilitarlo es necesario identificar adecuadamente muchos de dichos vicios, como las mencionadas mafias entroncadas en altos niveles políticos, y la ausencia de grietas insalvables en las cúpulas dirigenciales.

Las mafias políticas explican el ataque a jueces y fiscales que juzgan y condenan a funcionarios por corrupción, en la desactivación de inteligencia criminal carcelaria, la instalación de “home offices” en las celdas de narcos, y que en el epicentro de la violencia narco los legisladores santafesinos aprueben leyes que los eximen ser investigados por corrupción, y se adjudiquen partidas presupuestarias políticas que superan largamente a las destinadas a los fiscales que investigan el narcotráfico. El fenómeno de la plasticidad de las grietas existentes en las cúpulas de poder, queda reflejado en la sorprendente coincidencia entre oficialismo, oposición y FMI, de concentrarse en discutir metas económico-financieras en base a valores absolutos o porcentuales fluctuantes habitualmente incumplidos, evitando modificar una estructura burocrática sobredimensionada, elitista y fuertemente deficitaria, plagada de privilegios, incapacidad de gestión, y altos niveles de corrupción. Omisión que provoca que una vez más los necesarios ajustes no los afronten quienes provocan las crisis, sino quienes las sufren.

Otro factor crítico a considerar es el de los falseamientos ideológicos, que inicialmente excluye el peligro de la presencia de una izquierda revolucionaria marxista con sus variantes, reemplazada por una izquierda declamatoria burocrática deseosa de acceder a “vicios capitalistas” usufructuando prebendas estatales, sea como funcionarios o intermediadores de pobres. Es por ello que la negociación de Massa con los bancos nacionales, que no financian desarrollos privados sino déficits públicos a tasas onerosas, en la que se acordó trasladar vencimientos de deuda a los años 2024/25 otorgándoles como contrapartida bonos que cuentan con un seguro de cambio que actualiza los montos por inflación o valor dólar, según sea el índice mayor, entre otros beneficios, no motivó que los actuales revolucionarios de izquierda hablen de “patria financiera” como los de otrora. Tampoco se catalogó de defensa a la “patria contratista”, las presiones que el gobierno ejerce sobre la justicia para conseguir impunidad en causas de corrupción, como por ejemplo, demorar y/o anular la llamada Causa Cuadernos de obras públicas, que registran sobreprecios y pago de coimas que en efectivo y en dólares billete, empresarios privados entregaron a funcionarios patriotas autoproclamados de izquierda popular. 

Las liquideces ideológicas y disonancias entre discurso, escenografía y acción es tan evidente, que quienes dicen adherir a países/sistemas de ideologías marxistas consolidadas como en China, Rusia y Cuba, localmente promuevan políticas impensables en dichos países: fuerzas de seguridad debilitadas, laxitud en el combate contra el delito, impunidad en las corrupciones estatales, cortes de calles y rutas, promoción de organismos de utilidad nula creados para pagar militancia con recursos públicos,  como los dedicados a la defensa de la mujer desde oficinas, a la igualdad de género, a los no binarios o al lenguaje inclusivo, entre otras acciones.  

Comprendido este contexto, no sorprenderán determinados armados electorales que se diseñarán hasta el cierre de listas, en donde las fluctuaciones de ocasión se darán tanto en lo partidario como en lo ideológico. Un excelente ejemplo de tamaña liquidez lo brindó la asociación entre Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa en el 2019. Los resultados están a la vista.

Buenos Aires, 15 de marzo 2023

Bullrich, Larreta y la grieta

Con el objetivo de ir detectando incongruencias de los mensajes políticos hasta el cierre de listas de precandidatos el 24 de junio, es el turno de analizar la polémica nacida dentro de un mismo espacio político. Tras el spot propagandístico de Rodríguez Larreta desde los confines patagónicos, llamando a luchar contra la “estafa de la grieta”, respondió vía tuit Patricia Bullrich, señalando que no se puede negociar con personajes como Cristina Kirchner, Zaffaroni, Moyano y Baradel, entre otros. Dichas expresiones provocaron debates acotados a lo discursivo, cuando pueden ser de gran utilidad para situar a la “grieta” en el contexto de la política argentina.

Los diccionarios definen a la grieta como una abertura alargada que se produce en tierras o cuerpos sólidos, con muy poca separación entre los bordes. Aplicado este fenómeno físico a los actos humanos, los términos adecuados serían antagonismo, enemistad, desacuerdo, antinomia. Por lo que usar “grieta” como recurso metafórico para explicar divisiones tajantes en la ciudadanía, en realidad intenta ocultar la práctica de una estrategia histórica: “dividir para reinar”, cuyo símil moderno es la teoría más sofisticada de “amigo-enemigo”. No casualmente, el virus “grieta” es necesariamente inoculado desde el poder político a la sociedad a través de mensajes conceptualmente simples disfrazados de principistas o ideológicos, con estrategias de propaganda llamadas de “orquestación”, por la cual un mismo mensaje debe ser repetido incansablemente, para lo cual se busca como voceros a diversos personajes públicos conocidos, como artistas, periodistas, intelectuales y organizaciones intermedias, siendo sus servicios retribuidos con cargos, contratos, subsidios, sostenimientos financieros, entre otras prebendas. Trasladado este proceso a nuestra realidad política, comienzan a surgir curiosidades esclarecedoras.

La crisis del 2001, que provocó que justicialismo y radicalismo dejaran de ser opciones partidarias identificables y tradicionales que sumaban más del 80% de los votos, licuó las grietas insalvables entre las dirigencias políticas, y generó un marco de liquidez ideológica en las que los dirigentes pueden adoptar una postura hoy y la contraria mañana, pues el verdadero objetivo es permanecer, lo que explica la habitual crítica respecto a que nuestras dirigencias cometen los mismos errores, aplican las mismas estrategias fracasadas y pronuncian anquilosados discursos, pues no son de izquierda o derecha sino simplemente conservadoras, pretendiendo: que nada cambie. Es por este pegoteo de ocasión entre viejas dirigencias que la reflexión hace referencia a “poder y sistema político estable”, y no a peronismo, radicalismo, kirchnerismo, macrismo, u otras etiquetas vacías de contenido.

Un ejemplo excelente para refrendar lo expresado lo brindó el escenario del discurso de apertura de sesiones legislativas pronunciado el primero de marzo por el presidente Fernández en el Congreso Nacional. Sentados en sus bancas o ubicados en palcos, estaban quienes ejercen representaciones políticas, empresariales y sindicales ininterrumpidamente desde hace al menos dos décadas. Las eventuales caras nuevas ingresaron avaladas por viejos políticos a través de listas sábana. El cerrado andamiaje electoral permitirá que tras las próximas elecciones, casi todos, incluyendo procesados y condenados, continúen ocupando cargos en Nación, provincias y municipios, a costa del crecimiento desmesurado de una estructura estatal socialmente ineficaz.

En cuanto al cinismo discursivo, fue ejemplificado por el presidente en poco más de dos horas: se declaró orgulloso porteño pero criticó la opulencia y egoísmo porteño; se presentó como moderado y dialoguista para terminar exaltado atacando a la oposición; pidió que la justicia actúe con premura en casos de empresarios poderosos imputados, y subterráneamente se intenta demorar y/o anular la Causa Cuadernos por coimas y sobreprecios en obras públicas;  se autoproclamó honesto, pero afirmó que la vicepresidenta, sentada a su lado, fue condenada por corrupción en un juicio “simulado”, y arremetió contra los integrantes de la Corte Suprema.

Si se reconoce que la “grieta” no es aplicable a las perennes y privilegiadas dirigencias, vista la facilidad con que la van sorteando para mantener cuotas-parte de poder y/o prebendas, podría pensarse que a esto se refirió Larreta cuando mencionó la “estafa de la grieta”, pero no fue suficientemente claro. Por ello tanto Bullrich mencionando nombres, como Larreta apelando a conceptos, tienen el mismo desafío a partir del 25 de junio: presentar propuestas de gobierno concretas (no diagnósticos, propuestas), y explicitar con quienes integrarán equipos y suscribirán acuerdos virtuosos. Teniendo presente el consejo de Maquiavelo al príncipe: para llegar y ejercer el poder con éxito, los mercenarios son los más peligrosos.

Buenos Aires, 08 de marzo 2023

Meta versos numéricos

El objetivo de la propaganda política de influenciar para que los ciudadanos adopten determinadas decisiones a través de mensajes simples que lleguen a todos los sectores sociales, incluye referencias numéricas y económicas aisladas para otorgar solidez al discurso político. Para ello se utilizan falacias de evidencia, un tipo de meta verso verbal (no confundir con el metaverso de inteligencia artificial), consistente en interrelacionar solo las cifras que conviene al político partiendo de bases comparativas distintas. Esta argucia permite que se pueda expresar impávido que después de China somos el país que más creció en el mundo, u otras afirmaciones similares que dejan a los ciudadanos como bebes sin pañales en una cuna.  

Pero usados de modo didáctico y sin manipulaciones, los números pueden ser de gran utilidad para extender la comprensión de la realidad política a todos los ámbitos sociales. Para ello es imprescindible partir de bases ciertas, siendo responsabilidad del Estado, como cuerpo político de una sociedad responsable de conducir y definir el perfil de un país, brindar cuadros con datos relevantes y fidedignos actualizados mensualmente, de modo que  oficialismo y oposiciones debatan propuestas coherentes y posibles en lugar de discutir la veracidad de los números. Un ejemplo es el índice de inflación, masivamente comprensible por su continuidad mensual y repercusión concreta en la economía y calidad de vida de cada ciudadano. No en vano se llegó a falsear este dato durante más de siete años. El índice de pobreza por su parte, tiene una repercusión más sectorizada según niveles socio-económicos, lo que no impide que discursivamente todos se preocupen por los pobres.

Cabe reflexionar sobre dos conceptos habituales en el discurso político: distribución del ingreso y sectores vulnerables. Un indicador internacional reconocido es el PBI, que permite medir comparativamente la riqueza tangible de las naciones. Pero llevado al ingreso per cápita según cantidad de habitantes, se produce la distorsión ejemplificada por el semiólogo Umberto Eco: “en el arte de la estadística si un hombre come dos pollos y otro ninguno, el resultado da invariablemente un pollo por cabeza”.

Existe un índice internacional más preciso pícaramente obviado, que mide la política distributiva y equidad social en función de la pirámide salarial y jubilatoria estatal: cuanto mayor es la diferencia entre el vértice y la base, el país es más pobre. Si se toman las jubilaciones estatales argentinas, sean percibidas vía Anses o regímenes de privilegio, se observa que a valores de marzo/2023, la jubilación mínima será de $ 58.665 (no se consideran bonos otorgados por gracia del gobierno), y la máxima estimada es de $ 1.600.000 (no se considera eventuales pensiones agregadas a la jubilación) Entre el vértice (pocos) y la base (muchos), existe una diferencia de 28 jubilaciones mínimas. Otra distorsión surge cuando se presentan crecimientos globales en las tasas de empleo. Para tener una perspectiva correcta en cuanto a tipo y calidad de empleo, el Estado debiera presentar un cuadro laboral mensual que indique cantidad de asalariados privados, asalariados estatales, autónomos, monotributistas, cuentapropistas no registrados, y considerados ocupados por tener planes sociales. La sola palabra “crecimiento” no es suficiente.

Un tema recurrente es el referido a la deuda pública, que el discurso circunscribe al FMI, aunque en los últimos años comenzó a considerarse la incidencia de la deuda interna en pesos. Debiera existir un cuadro oficial mensual que indique montos actualizados de deuda en monedas extranjeras y en pesos. La información puede profundizarse vía Internet a través de un link, que despliegue el detalle de montos según acreedores, tasas de interés y desembolsos previstos. Por ejemplo, partiendo de noviembre del 2019, fin del gobierno anterior, se destacan el desembolso del FMI de u$s44.150 millones, y un saldo líquido de reservas de u$s 14.000 millones. En este gobierno, a octubre de 2022 el total de deuda pública a valor dólar alcanzó los u$s 384.104 millones, o sea u$s 83.000 millones más que en noviembre de 2019. Si del total dolarizado extraemos la deuda en pesos, esta alcanza los 24 billones, que vencen en 2023. Como estos datos son originados en analistas financieros, es necesaria una información oficial fehaciente al respecto. De este modo durante la campaña electoral en lugar de opinar irrelevancias como que la deuda es manejable o que es una bomba próxima a estallar, los candidatos con ayuda de los banqueros, debieran explicar cómo se refinanciará y pagará.   

Buenos Aires, 22 de febrero 2023

Mensajes enlatados

La propaganda es un instrumento comunicacional ineludible en una campaña electoral, que no puede confundirse con publicidad por perseguir un fin político y no comercial, ni tampoco con tener objetivos didácticos, pues su designio es convencer y subyugar. Sus principios básicos se crearon en las primeras décadas del siglo XX por representantes de totalitarismos, unos de izquierda (Lenin y Trotsky), y otros de derecha (Hitler y Goebbels). Por su alcance masivo, los mensajes aplican entre otras reglas, las de simplificación (deben ser breves y comprensibles), y de unanimidad (deben convencer que el líder o candidato piensa y actúa como desea o conviene a la mayoría). El psicólogo británico Bartlett, que en la década del 40 la estudió desde lo cognitivo, la definió “como una tentativa para ejercer influencia en la sociedad, de manera que las personas adopten una opinión y una conducta determinadas”.

Ante el comienzo del proceso electoral, es oportuno plantear algunas reflexiones. Si bien inicialmente las continuidades de nuestras perennes dirigencias políticas facilitan un análisis ciudadano crítico basado en el conocido eslogan de un supermercado “Yo te conozco”, suponen a su vez un gran desafío para quienes deban diseñar campañas coherentes y convincentes tanto para el oficialismo como para las oposiciones. Tal dificultad se reflejó en el spot presidencial de dos minutos de duración emitido a inicios de este año, que transparentó tal disociación con la realidad que ni siquiera puede ser tildado de manipulador. Comienza con un ombliguismo político habitual, en el que el presidente Fernández se refiere a una opinión del ex presidente Macri, tras lo cual se despliega un “collage” de imágenes que incluyen la frivolidad de su entorno familiar con perro incluido, mezcla épocas y personajes disímiles, intenta mimetizarse con méritos ajenos, abunda en abrazos, sonrisas y alegría, obviando toda referencia a las urgencias sociales, inflación y pobreza. El resultado es una falta de coherencia estructural que impide lograr un mensaje claro y potente recordable, que es el peor vicio de una propaganda política. La utilidad del video excede a sus particularidades, porque ejemplifica las dificultades que tendrán los candidatos para presentar campañas creíbles.

Tras la crítica corresponde incursionar en un campo propositivo acorde a la situación del país. La propaganda política se sustenta en un trípode soporte del candidato y/o partido, conformado por la pata visual, la discursiva y la programática, que debieran conformar un todo que contenga claridad, veracidad y coherencia. Como ejemplo vale recordar la campaña electoral de 1983, pues tras más de seis años de dictadura se desarrolló en un marco de estructuras partidarias en reconstrucción con escasos recursos económicos, y un entusiasmo político ciudadano en el que la esperanza suplía a las militancias rentadas. En este contexto de recursos escasos, en el que reconocidos publicistas argentinos debían extremar su creatividad, la campaña del candidato triunfante Alfonsín estuvo a cargo del prestigioso David Ratto, que trabajó ad honoren. Como soporte inicial invalorable tuvo la credibilidad que emanaba del candidato. El diseño del isologo (denominación que se da a una imagen de comunicación visual fácilmente recordable e identificable), fue un óvalo con los colores de la bandera nacional como fondo y las siglas RA en el centro, mimetizando las referencias República Argentina y Raúl Alfonsín, que subliminalmente asociaba al candidato con argentinidad, excluyendo referencias ideológicas o al pasado. En cuanto a la imagen, y sabiendo que los políticos en ámbitos públicos siempre saludan, aunque los insulten, se resolvió con el candidato uniendo sus dos manos volcadas a su izquierda a la altura del hombro. En los actos lo discursivo se cerraba con el recitado del preámbulo de la Constitución argentina, como claro símbolo de institucionalidad. Y como síntesis de la plataforma electoral, se realizó un armado con los denominados “100 medidas para que su vida cambie”, que permitía su publicación en medios gráficos a página completa, para ser leídas, entendidas y guardadas. Esta coherente integración entre candidato, gráfica, discurso y plataforma, hoy parecería imposible atento a las disoluciones partidarias y una grilla de candidatos plagados de fracasos. 

Pero pese a este marco de escepticismo el país reclama una oportunidad, que debiera nacer desde los propios ciudadanos antes que desde la oferta de candidatos. Para lograrlo se deberá extremar tanto el espíritu crítico para detectar falacias y contradicciones en el discurso político, como las exigencias para que se presenten compromisos programáticos con argumentaciones coherentes que demuestren que son de interés general y factibles. Nunca es tarde.

Buenos Aires, 15 de febrero 2023

De un tuit a un juicio político

Las crisis recurrentes deben analizarse en el marco de un contexto temporal definido, que incluya un pasado reciente generacionalmente conocido por gran parte de los ciudadanos, identifique causales de los males presentes, y obligue a definir un futuro cercano, dado que las anécdotas puntuales, aún valederas, no son sino secuencias de una forma de ejercer el poder público.  En consecuencia, para intentar entender cómo con una crisis económico-social inédita en los últimos 30 años, los debates se concentran en acusaciones entre funcionarios de integrar mafias estatales (en muchos casos reales), y encarar un extemporáneo juicio a los integrantes de la Corte, se considerará el período comprendido entre  el 18 de mayo de  2019 hasta diciembre del 2024, dado que el ciudadano con su voto no podrá evitar que muchos de sus responsables continúen actuando en el año 2024 y subsiguientes. En este ejercicio los antecedentes y hechos concretos deben primar por sobre promesas, propagandas banales y frivolidades discursivas.

En mayo de 2019 Cristina Kirchner anunció por tuit que la fórmula electoral de su Frente se conformaría con Alberto Fernández como precandidato a presidente y ella a vicepresidenta. Al no ser objetada la decisión por sus aliados, ratificó su rol de líder indiscutida de un espacio con aura de progresismo de izquierda rentada, y dejó expuesta la mediocridad de quienes la rodean, gobernadores inclusive, expectantes de contar con su bendición para ambiciones futuras.  Semanas más tarde, Fernández acordó con Massa su incorporación al Frente de Todos, que resultó triunfante en las elecciones presidenciales. En ese entonces la decisión de la vicepresidenta motivó una hipótesis: Fernández, carente de estructura para competir por espacios de poder y con experiencia administrativa, aportaba su condición de lobista judicial para lograr al menos la impunidad de la vicepresidenta y su entorno familiar; y Massa contribuía con su condición de lobista en círculos empresariales relacionados con negocios con el Estado. Pero más allá de esta hipótesis, ya entonces surgieron constataciones  y repercusiones partidarias inmediatas.  

Los antecedentes de centroderecha de Fernández y Massa, mostraron que como en las mafias, en los acuerdos para mantener poder y/o negocios las ideologías o viejos agravios no constituyen obstáculos, aunque encierran un riesgo latente que describiera Maquiavelo hace más de 500 años: la traición de los mercenarios. Asimismo en cuestión de horas, Cristina Kirchner al lograr la licuación del peronismo autoproclamado federal, con Massa saltando al kirchnerismo y Pichetto como vicepresidente de Macri, demostró que opciones serias de gobierno no pueden armarse en pocos meses, o con figuras emergentes disruptivas carentes de estructuras nacionales consolidadas. Pero la enseñanza más grave surgió una vez iniciada la gestión de gobierno: tampoco pueden ofrecer coherencia para gobernar, más aún cuando se carece de un programa de gobierno sólido, compartido y explicitado, espacios mayoritarios que incorporen a oportunistas que se suponen útiles para ganar, pero un lastre para gobernar. Transcurridos casi cuatro años de emitido el tuit y vistas las consecuencias, es importante debatir en la presente campaña electoral si es admisible que la legislación vigente permita que los integrantes de una fórmula presidencial estén procesados o condenados por delitos contra el Estado, considerando su potestad de elegir a todos los integrantes de organismos de control que deben defender los intereses del Estado, y no el de quienes los designan. Los daños institucionales quedaron actualmente expuestos con un gobierno que en defensa de prioridades personales, dedicó al menos la mitad de su gestión para operar sobre el campo judicial en busca de impunidad por actos de corrupción estatal-privada, en detrimento de lo que exige la situación económico-social.

Para evitar esta inconsistencia que entre otros efectos promueven campañas falaces como “Cristina (o quien fuere) está proscripta”, se debería debatir que, considerando antecedentes de países desarrollados, un procesado o condenado esté impedido de integrar cuanto menos una fórmula presidencial, para que sus integrantes y adherentes no puedan utilizar todas las estructuras ejecutivas, legislativas y judiciales disponibles para atacar, degradar o sustituir a quienes pretendan actuar eficazmente en causas de corrupción contra el Estado. La ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional, en su inciso c) del Artículo 5° señala que no podrá ingresar a la administración “el que tenga proceso penal pendiente que pueda dar lugar a condena por los delitos dolosos o contra la Administración Pública Nacional”. En esta reflexión no se menciona a la insulsa ley de Ética aplicable a quienes ejercen la función pública surgida por imposición de la Reforma constitucional de 1994, porque en las mafias el término ética es reemplazado por el término códigos.

Buenos Aires, 08 de febrero 2023