Entre mafias y elecciones

“Mafias” y “elecciones” son expresiones que marcarán el devenir político del presente año. En el primer caso, debido al invalorable aporte de gran parte de la clase política, que al catalogar en sus discursos y redes sociales como “mafiosos” a altos funcionarios oficialistas, opositores y judiciales, permite que mafia deje de utilizarse como metáfora para ajustarse a una realidad explícita, aspecto que no deberán obviar los análisis políticos. En cuanto a las elecciones, se presentan dos etapas: la que culmina el 24 de junio como fecha límite de presentación de listas de precandidatos, período durante el cual los políticos negocian apasionadamente intereses personales, mutaciones partidarias y ubicaciones en las listas sábana, para encarar luego la campaña electoral que definirá quienes conducirán el país a partir de diciembre. En este contexto, los ciudadanos deberán esforzarse en detectar los mensajes falaces, pero partiendo de considerar al sistema democrático de gobierno como el mejor entre los posibles, y que la frase “todos los políticos son iguales” no se utilice para encubrir corruptos.  

El inédito reconocimiento de la existencia de “mafias” políticas estatales, fue consecuencia de que muchos de sus partícipes al ver amenazados judicialmente sus negocios, patrimonios y libertades, se ven obligados a actuar como mafiosos cercados por la policía tratando de escapar a los tiros y a cara descubierta, disimulando sus objetivos de lograr impunidad tras engañosos debates constitucionales e ideológicos. Para esta estrategia cobran relevancia “personajes secundarios” poco conocidos públicamente, tales como jueces y fiscales federales en provincias, abogados todo terreno, burdos espías públicos carentes de inteligencia, y muchos gobernadores, legisladores, sindicalistas y empresarios que temen que si se acabara la mafia que simulan denunciar, la justicia podría ir por ellos. Lo que explica que la condena judicial a una vicepresidenta y sus partícipes necesarios genere tal descalabro institucional, en el que los acusados y/o condenados por corrupción, en cabeza nada más ni nada menos que del presidente, acusan y pretenden destituir y/o eliminar a quienes los juzgan y condenan,

Consolidar mafias estatales, y en especial en un sistema democrático, necesita de tiempo y complicidad de un amplio espectro político que vaya desvirtuando legislaciones virtuosas basadas en el interés ciudadano mayoritario, para sustituirlas por las que fomentan privilegios políticos elitistas, sean salariales, administrativos o penales. Por ello la irrelevancia de catalogar la acción de gobierno como “alejada del interés y urgencias de la gente”, cuando desde hace décadas estas agendas políticas han sido recurrentes: regímenes jubilatorios privilegiados, reformas electorales oportunistas para restringir el poder del votante a elegir, capciosas interpretaciones penales de los fueros legislativos, ejercitar el secreto de la información pública y en paralelo acudir al espionaje ilegal para coaccionar y no para castigar, promover reformas procesales que permitan que corruptos enriquecidos transiten su vida política siendo “inocentes hasta que no se pruebe lo contrario”, condonar millonarias deudas impositivas a amigos del poder. Hechos que una vez más, certifican que en el mundo de las mafias no hay derechas e izquierdas. 

En este contexto quienes pretenden presentarse como una opción de gobierno no pueden limitarse a expresar indignaciones y críticas inconducentes, colaborando con la estrategia de las grandilocuencias que eviten centrarse en aclarar y/o explicar corrupciones concretas,  pues resulta evidente que las causales para promover el juicio político de todos los integrantes de la Corte Suprema no son las de un régimen de coparticipación federal, cuya obligación constitucional de reformularlo está incumplida por los políticos desde 1996, ni una de las tantas modificaciones sufridas por el Consejo de la Magistratura, que entre paréntesis jamás sancionó a un juez y/o fiscal por corrupción, sino el de lograr impunidad judicial incluso por sobre el objetivo de mantener el poder.

Para fundamentar esta hipótesis, cabe preguntarse cómo se llegó a esta debacle, subyacente desde hace décadas tras cuarenta años de democracia. Será tema de la próxima reflexión, partiendo de una fecha clave no muy lejana: 18 de mayo de 2019.

Buenos Aires, 01 de febrero de 2023