Letras y números dispersos

En la etapa infantil en la que se aprende a leer y escribir, que iguala a todos los sectores sociales, se enseña que el lenguaje se conforma con letras que deben ordenarse adecuadamente para formar palabras, oraciones y conceptos, y que para realizar operaciones matemáticas los números se relacionan a través de signos tales como suma, resta y otros; en ambos casos los procesos responden a reglas predeterminadas. Para diseñar mensajes, las propagandas políticas intentan mantener esta uniformidad de origen, pero no recurriendo a lo racional (pensar/aprender), sino a lo emocional (adherir/creer), como sucede con el eslogan. Pero cuando el mensaje en lugar de responder a un planificado diseño político se transforma en expresión de un hartazgo social generado por crisis económicas sistémicas bajo las mismas clases políticas y con una alta corrupción, las consecuencias son inmanejables. Ello explica que Milei no fuera elegido por el 56% de los votantes por ser anarco-capitalista o adherir a la llamada escuela austríaca cuyo mayor exponente es el economista, jurista, filósofo y premio nobel Friedrich Hayek, sino por haber caracterizado en su prédica a las viejas dirigencias como castas enriquecidas y ladronas.

Pero terminada la etapa electoral, y para continuar con el espíritu de que las opiniones y mensajes sean masivamente comprensibles, a las actuales palabras y números les falta sustentarse en una clara explicitación de la organización institucional que los interrelaciona y ordena en base a datos “duros” fehacientes, sea en lo estructural-burocrático (ministerios, organismos, agencias, institutos, empresas públicas, sociedades de derecho privado), y en lo operativo-numérico (funciones, personal, erogaciones, relación costos-beneficios sociales, resultados), imprescindibles para formular y explicar políticas consistentes y adoptar decisiones. Esta información la posibilita el desarrollo digital y la “Big Data”, que permite acceder a un gran volumen de datos con rapidez, por lo que esta falencia que se transparenta en los cambios de gobierno de distinto signo y abarca a todo el arco político, es producto de un secretismo que necesariamente deriva en corrupción, porque se practica para ocultar datos o asuntos que debieran ser de acceso público. La magnitud del problema la marca que a nivel nacional y considerando los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se estima, pues no hay información oficial, que existen unos 8.000 cargos políticos.

Esta desinformación, que se replica en los gobiernos provinciales y municipales, permite que ante intentos de desactivar privilegios, los saqueadores de recursos públicos griten el eslogan “la Patria está en peligro”, o simulando indignación, declaren “con los viejitos jubilados no”, mientras mantienen vigentes los regímenes jubilatorios especiales. Mucho más relevante y formativo para la sociedad sería que por vía internet cada organismo oficial publique su estructura jerárquica, personal con sus funciones e ingresos, y como corolario, acciones de interés público concretadas y en gestión, para que cualquier ciudadano pueda juzgar por si mismo cuando “la Patria está en peligro”, y cuando lo están las corruptelas y privilegios.  Esta crucial tarea informativa solo la realizan parcialmente y con dificultades organizaciones privadas y periodísticas.

En cuanto  a la “debilidad” de Milei pese a haber obtenido el 56% de los votos, cabe considerar que existieron señales de cambio precedentes como las derrotas electorales provinciales de expresiones caudillescas, como en San Luis, Chaco y Santa Cruz entre las más representativas, que dejaron crisis económico- sociales extremas como las recibidas por Milei a nivel nacional. Otro aspecto no menor, es que las dos expresiones electorales predominantes desde hace dos décadas, como Unión por la Patria y Juntos por el Cambio según sus últimas etiquetas aún vigentes, terminaron licuándose para mutar en variopintos y fluctuantes bloques legislativos con creativos nombres pero conocidos personajes. Esta situación cabe considerársela como una oportunidad, siempre y cuando se asuma que la responsabilidad para definir un futuro de país recaerá en los 355 elegidos a nivel nacional para ejercer un poder institucional, por lo que lo relevante será evaluar las decisiones concretas que adopten, por sobre sus escarceos verbales que poco esclarecen y nada solucionan.

Buenos Aires, 31 de enero 2024