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Todo tiene que ver

Conocido el fallo y las penas que el Tribunal aplicara por el caso denominado obras de Vialidad con epicentro en Santa Cruz, y más allá de las futuras apelaciones, es oportuno reflexionar sobre aspectos que adecuadamente evaluados, pueden generar un verdadero saneamiento institucional. La presente etapa puede describirse bajo la metáfora de que para curar al enfermo es necesario identificar la patología, para lo cual colaboran las recientes expresiones en el recinto del senador Parrilli, al afirmar que los jueces de la Corte “son unos mafiosos”, de altos funcionarios de gobierno replicando el término “mafia” para desacreditar a jueces, fiscales y periodistas, y el .senador Mayans sugiriendo “cambiar impunidad por paz social”. Ante estas concordancias, la palabra “mafia” dejó de ser un insulto circunstancial, para pasar a describir la enfermedad que el país sufre desde hace décadas, y explica su degradación económico-social: existe un Estado mafioso.

Ante este reconocimiento oficial, cabe identificar los patrones de conducta de los virus “mafiosos” políticos, que a diferencia de los clanes que competían por negocios privados, en las mafias estatales son los funcionarios quienes las encabezan y organizan las tramas para saquear recursos públicos. En ambos casos la conformación y consolidación de las estructuras mafiosas exige tiempo, requisito que cumplen nuestras dirigencias políticas y corporativas actuantes desde hace al menos 25 años. También son similares, con la salvedad del crimen, los métodos para conseguir objetivos: transacciones espúreas (coimas, privilegios), y coacciones directas (espionajes, amenazas, armado de situaciones comprometedores). El léxico mantiene una grandilocuencia amenazante, que en política se manifiesta en los términos proscripción, persecución, fusilamiento, golpe de estado, y similares. A nivel declarativo jamás se confiesa culpabilidad, y menos aún se explican las escandalosas fortunas obtenidas. En cuanto a repercusiones sociales, siempre existen grupos que, sea a mafiosos de antaño o corruptos modernos, se los justifica apelando al “roba pero defiende a los pobres”. En un contexto en que política y corrupción se imbrican es importante desentrañar los mensajes, por lo que vale destacar una frase pronunciada en redes sociales por la vicepresidenta para explicar el atentado contra su vida: “Todo tiene que ver con todo”. La frase presenta una dualidad oportuna para confundir: sirve tanto para armar relatos en donde con partes inconexas se intenta conformar un todo homogéneo falaz y persuasivo, o para lograr una sólida interrelación de partes veraces y verificables que permitan argumentaciones que justifiquen la toma de decisiones virtuosas. Un ejemplo de esta duplicidad lo brindó el presidente Fernández cuando descendió al “sótano de la democracia” para denunciar por cadena nacional una reunión de funcionarios, jueces y empresarios en el sur, basado en una escucha telefónica ilegal. Pero como entre los recursos mafiosos está el de operar, degradar, amenazar, igualar, pero sin llegar al juicio oral y público pues la verdad nunca es un objetivo, no se debe caer en la trampa de tomar partido inmediato ante denuncias, sino exigir el esclarecimiento judicial para comprobar inocencias y culpabilidades. Entender los métodos mafiosos es trascendente para lo que se avecina, pues se está transitando una muy dura etapa en la que coexisten una crisis económico social inédita, mafias sectoriales perennes que luchan para subsistir, oportunismos dialécticos carentes de políticas, y una oposición que pareciera repetir el error del actual gobierno en el 2019, que es armar acuerdos solo para triunfar.

Es importante también sacar a Cristina Kirchner como foco judicial excluyente (lo que era aceptable en la causa Vialidad por congregar a funcionarios políticos, empresarios y presupuestos con obras concentradas en Santa Cruz), para ampliar el espectro a otros personajes principales y secundarios nefastos, tal el caso del demorado juicio oral de la llamada causa Cuadernos. De la causa Vialidad cabe destacar un concepto con sentido exculpatorio hacia la vicepresidenta vertido por muchos de sus defensores, que sintetizara el ministro Massa en un tuit: “el veredicto es insostenible porque corta la cadena de responsabilidades administrativas”. El planteo, debidamente profundizado y clarificado por interrelacionar sistema político (presidencialista), estructura burocrática, circuitos administrativos y normas legales, transparentará las omisiones y contradicciones que posibilitan conformar una matriz de corrupción estatal-privada. Paradójicamente (o no?), en un Estado sobredimensionado.

Buenos Aires, 14 de diciembre 2022

Aprendizajes políticos básicos

La función de la educación pública básica es la de actuar como un igualador social que provea niveles básicos de entendimiento y análisis que permitan a cualquier ciudadano alcanzar la inteligencia que Maquiavelo denominaba “entender al menos lo que otros disciernen”. Virtud de la que carece la propaganda política moderna, que nacida a comienzos del siglo XX, no busca educar sino influir y dirigir la opinión pública con mensajes masivos que priorizan lo emocional antes que lo racional. Cuando el mensaje se sectoriza, se ingresa a las tareas de campo, como convencer a empresarios en un congreso, o a pobres del conurbano con la acción de punteros. Por ello es interesante decodificar la propaganda que se dirige a la sociedad en su conjunto, para lo cual hay que formar creativamente a los sectores sociales más postergados a fin de posibilitarles que formulen sus propios interrogantes, y detecten el sentido oculto y las contradicciones de los mensajes políticos, rompiendo con el preconcepto de que la adhesión de los pobres al kirchnerismo/peronismo es producto de su irracionalidad y/o bajo nivel cultural, cuando similar adhesión tienen vastos sectores corporativos, que a diferencia de los pobres, son muy ricos. Así como la escuela primaria nos igualaba para aprender a leer y escribir, similar criterio se debe aplicar para diseñar pautas analíticas que, comprensibles para todas las franjas socio/culturales, a modo de un entretenido juego plantee interrogantes personales trascendentes para la sociedad.

La palabra clave del juego para evitar preconceptos que impidan una visión general es equidad. En consecuencia, la problemática del delito común se debe tratar junto con la de la corrupción política; la de los planes mal llamados sociales con la de los planes de cargos políticos, y así sucesivamente. Superar esta crisis es y será duro, pero será imposible lograrlo sin desarmar privilegios y evitar saqueos a los recursos públicos. Menos aún gobernando a la manera de Don Corleone, negociando favores individuales y/o sectoriales con empresarios (léase dar dólares), o con grupos de presión piquetera (léase dar subsidios intermediados), para que la “familia” política mantenga el poder.

El primer ejercicio analítico básico consta de un listado de 100 políticos, economistas, sindicalistas y empresarios, relacionados con recursos, negocios y/o beneficios estatales, que tuvieron incidencia política relevante directa y/o indirecta durante los últimos 25 años, y muchos de los cuales desempeñan simultáneamente los roles de políticos, empresarios o sindicalistas. Como el ejercicio parte de un mismo valor de fichas, o sea de apellidos, no se incluyen valoraciones personales morales, éticas o intelectuales. El listado (se pueden armar otros similares), está conformado por los siguientes apellidos reconocibles:

A nivel político, Duhalde; Cristina Kirchner y familia; Macri; Alberto Fernández, Massa y familia Galmarini; Manzur; Zannini, Parrilli, Pichetto; Negri; Sanz; Naidenoff; Rossi; Rodríguez Larreta; Quintela y familia;Insaurralde, Katopopdis, Espinoza, Berni, Aníbal Fernández, Moreau y familia, Mussi y familia, Secco, hermanos Rodríguez Saa, hermanos Gioja; hermanos Capitanich, hermanos Urtubey, Gerardo Zamora y esposa, Soria y familia; Schiaretti y esposa, Ricardo Alfonsín, Felipe Solá, Scioli, Ritondo, Patricia Bullrich, Carrió; Gerardo Morales, Insfrán, Santilli, Donda, Carlos Alvarez, Raimundi, Basteiro, Eduardo Valdés, Vaca Narvaja y familia, Pérsico y esposa, Granados y familia y Descalzo. Como economistas Lavagna, Prat Gay, Loustau, Redrado, Batakis, Melconian, Kicillof y Nielsen. En cuanto a sindicalistas, Genta, Daer, Barrionuevo, Cavalieri, Lingeri, Moyano y familia, Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, Piumato, Santa María, Maturano, Baradel, Yaski, Biró, Palazzo y “Cachorro” Godoy. En el campo empresario De Mendiguren, Bulgheroni; Elsztain; Funes de Rioja; Eurnekian; Weiss, Werthein, Filiberti, Depresbiteris, Hugo Sigman; Eskenazzi y familia; Chernakoski, Caputo, Manzano, Vila, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra, Coto, De Narváez, Braun, Roemmers, Belocopit, Marcelo Figueiras, Elsztain, Acevedo, Rocca, Pérez Companc, Midlin y Madanes.

Todos ellos, con independencia del resultado electoral mantendrán su presencia y/o influencia a partir de diciembre del 2023, por lo que el primer interrogante a plantear es el siguiente: ante este listado, cómo imagina el ciudadano que se puede producir un cambio profundo que derive en un sostenido desarrollo nacional, sin privilegios ni corrupciones?

Buenos Aires, 07 de diciembre 2022

Amnesia política selectiva

El actual gobierno presenta un fenómeno inédito en la política argentina, consistente en que quienes ejercen el poder omiten gran parte de su gestión simulando amnesias selectivas, pero sin poder evitar sufrir sus patologías: confusión y desorientación de ideas, recordar hechos pasados pero no presentes, e imaginar falsas confabulaciones. Este recurso plantea al marketing político el desafío de relacionar estas simulaciones con un diseño comunicacional electoral creíble y persuasivo.  Esta dificultad se transparentó en el acto realizado en el estadio único de La Plata para recordar el 50° aniversario del regreso de Perón al país, con Cristina Kirchner como única oradora.

Marketing es un concepto comercial relacionado con la promoción de productos, que aplicado al campo político promociona personas y mensajes. La diferencia estriba en que comercialmente un mal producto no puede sostenerse en el tiempo, pero políticamente es posible lograrlo con dinero público y manipulando leyes electorales que limiten el poder del  ciudadano. En sentido, en la campaña electoral los asesores de imagen y creativos publicitarios tendrán el desafío de promocionar a dirigencias fracasadas que se mantienen desde hace más de 25 años en posiciones de privilegio, muchas de ellas carentes de identidad e ideología, como fieles menemistas ayer que son sus feroces críticos hoy, o radicales que colaboraron con la caída de De la Rúa en el 2001 y mutaron en “radicales k” en el 2003, mientras el rebelde peronista Chacho Alvarez fuera premiado con un cargo diplomático. Estos acuerdos basados en “adhesión por cargos”, se observarán en las próximas negociaciones preelectorales. Pero el fenómeno nuevo a analizar, es el de funcionarios que en ejercicio de gobierno y manteniendo sus cargos políticos y privilegios, pretenden ser simultáneamente oficialismo y oposición, dificultándoles realizar una campaña electoral coherente con el contexto político-social. El acto en el estadio único de La Plata mostró claramente esta dificultad.  

En primer lugar, la envergadura de la convocatoria con la vicepresidenta como única oradora, revela que mantiene un poder de decisión excluyente en el Frente gobernante, y que por esta misma razón no puede desligarse de las responsabilidades asumidas en su gobierno. Pero también que con independencia de que Cristina Kirchner sea o no candidata a presidenta, será la que tome las decisiones más trascendentes. El resto de los que la acompañan están para quejarse, amenazar, negociar o ser bendecidos, pero no para liderar. En cuanto a la estética escenográfica y discursiva, ambas revelan actitudes manifiestamente conservadoras que se referencian siempre en el pasado. La escala monumental del escenario ocupado por una oradora única con adherentes enfervorizados en primer plano, remiten a totalitarismos de mediados del siglo XX, que hoy ofrecen los regímenes hereditarios de Cuba y Corea del Norte. En lo simbológico, una vez más se reutiliza a Perón, muerto hace 48 años, convirtiéndolo en un recuerdo al que se echa mano en épocas electorales o crisis extremas, y que incluyen oportunistas ovaciones de quienes lo combatieron o despreciaron. Más entusiasmo generan personajes contemporáneos como Néstor Kirchner, Hugo Chaves, Evo Morales y Rafael Correa, entre otros. A tamaña emocionalidad se pretende darle cierta consistencia citando cifras falaces o engañosas, como suele ser habitual en los discursos políticos.  

Los eslogan por su parte, intentan mimetizar el conocido “Perón vuelve” con “Cristina presidenta”, pero las distorsiones causadas por los efectos amnésicos comienzan a surgir cuando los mensajes pretenden instalarse en la actualidad, al plantear “el cambio somos nosotros” y “sí, se puede!!”, vociferados por  Máximo Kirchner. Pero lo más destacable es una frase de la vicepresidenta que marca una directriz comunicacional a futuro: “hacer lo que se tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría” (léase, cuando yo gobernaba). Pero una contradicción no deseada surgió cuando una imagen televisiva mostró al millonario heredero Máximo Kirchner y a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza saltando alegremente en la tribuna. Esta imagen excede al hecho puntual, porque muestra que en las últimas décadas abundan las dirigencias políticas y corporativas que jamás perdieron la alegría al calor de los recursos públicos. Lo que se pretende es mantenerla.

El análisis se centra inicialmente en el gobierno, dado que su estrategia de “amnesia selectiva” lo obliga a adelantar la campaña electoral fundamentalmente ante sus seguidores. Pero muchas de las observaciones formuladas serán aplicables a las diversas oposiciones y corporaciones. 

Buenos Aires, 30 de noviembre 2022

La serpiente en movimiento

La última reflexión se refirió a la cantidad de organismos y cargos políticos nacionales que configuran una organización burocrática sobredimensionada, conservadora y elitista que se la asimiló al “huevo de la serpiente”, destinado desde hace décadas a crear estructuras para mantener poder y privilegios que oficialismos , oposiciones y dirigencias enriquecidas pretenden mantener. La condición de elitista se expresa en la permanente creación de beneficios laborales, jubilatorios y salariales, de los que carecen empleados y ciudadanos comunes.

Es razonable estudiar a la serpiente estatal en movimiento a partir de 1997, mediados del último mandato de Menem, porque 25 años define a una generación, y el período alberga a la mayoría de las dirigencias que prevalecen hoy. Un certero diagnóstico de la actualidad, paradójicamente lo formuló hace más de medio siglo Juan Perón, a cuya memoria recurren personajes oportunistas y enriquecidos para encubrir delitos y malas praxis. En su libro “La hora de los pueblos”, escrito en 1968, señalaba: “Se habla de una crisis argentina porque su economía está en bancarrota, pero no se habla de una crisis mayor representada por una falta total de ética y honestidad que habiendo sido el comienzo, amenaza con ser también un final trágico de nuestros males. La crisis moral es el peor azote de la situación actual, con el agravante que ha sido provocada desde el poder, que se empeña con una contumacia incomprensible de mantenerla, y su solución ha de ser previa a toda solución”. Su precisión y actualidad exime de mayor comentario. Cabe citar ejemplos recientes de la serpiente en movimiento.

1.- Pese a que las políticas sociales públicas están a cargo de áreas específicas de Nación, provincias y municipios, para manejar sus recursos se insertó en la estructura estatal a líderes piqueteros, bajo el principio mafioso de canjear “paz social por dinero”, quienes a su vez financian sus propias subestructuras con dinero público. Ante un negocio tan lucrativo, más organizaciones pretenden ser beneficiarias, por lo que los piquetes continúan. La voracidad de la serpiente burocrática impulsó la realización en 30 días de una tardía auditoría de planes sociales. Vencido el plazo, surgió un igualmente tardío informe de la AFIP que detectó innumerables irregularidades, que en lugar de ser considerado positivo, se lo sospechó de “carpetazo”. La ministra Tolosa Paz señaló que las irregularidades alcanzan a solo el 0,3% del total de beneficiarios, dando de baja solo a 2.243 planes, que a $ 27.225 por cada uno, implica hasta el momento 61 millones de pesos por mes, los que sin seguimientos administrativos profesionalizados son deglutidos por la serpiente, debido a que la militancia rentada no brinda servicios públicos, sino autoservicios.

2.- Pasando al sofisticado campo empresarial, el ministro Massa presentó un nuevo plan de regulación de precios denominado “Justos”, sin que ningún funcionario o empresario supieran explicar a la sociedad que los convertía en justos, y con la presencia de Coto y De Narváez entre otros supermercadistas. A días del anuncio, el acuerdo basado en “paz de precios por entrega de dólares” no se había firmado, pues la serpiente burocrática no contaba con datos consistentes para definir productos, puntos de venta, distribución, y las contraprestaciones en dólares a los empresarios.

3.- En el campo judicial descolló el juez federal Martínez de Giorgi, quien sobreseyó al ex subsecretario legal y técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo Carlos Liuzzi, acusado de enriquecimiento ilícito. Había ingresado a la función pública con 286.000 pesos declarados, y se retiró con departamentos en Puerto Madero, cocheras, empresas, autos BMW y una mansión en Marbella, en la que vive con su esposa. El juez de Giorgi se justificó en que no pudo determinarse si existió un incremento apreciable e injustificado de su patrimonio, debido a que un perito oficial presentó tarde y mal sus conclusiones. Pese a no aclarar porqué el supuestamente inepto perito oficial no fue sustituido en tiempo y forma, el juez de Giorgi no fue acusado hasta el momento de aplicar el “lawfare” en su fallo.

Estos e innumerables otros casos similares, demuestran que gran parte del “gasto público” no es en beneficio de los pobres, sino de la intencionalmente deformada estructura política de cargos ejecutivos, legislativos y judiciales, responsables de malas praxis, afectación de los recursos públicos, corrupciones e impunidades. Por ello, a la serpiente burocrática se la mantiene viva y engordando.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2022

El huevo de la serpiente

El sistema de gobierno, la calidad de su estructura burocrática operativa (incluye a los poderes legislativo y judicial) y la profesionalidad de quienes deciden y conducen, definen el desarrollo de una sociedad. No se puede tener éxito con administraciones sobredimensionadas, jerárquicamente descoordinadas carentes de gestión, sin seguimiento de resultados en tiempo real, y con empleados capacitados obligados a convivir con mediocres acomodados políticos. Por ello las alternativas son dos: o se producen transformaciones dolorosas pero equitativas, o se continúa repitiendo ajustes igualmente dolorosos para mantener privilegios y prebendas, sin expectativas de futuro. Lamentablemente, el gobierno, la principal oposición y el Fondo Monetario Internacional coinciden en mantener indemne al huevo de la serpiente burocrática que alimenta continuidades políticas y corporativas causantes de las crisis argentinas.  

La referencia al FMI tiende a clarificar responsabilidades. El organismo no es un Banco privado, sino una institución financiera que con el aporte de países centrales (Estados Unidos, Japón, Francia, China), fue creado para socorrer a países que soliciten su apoyo para afrontar crisis económicas extremas, provocadas usualmente por malas praxis de los propios gobiernos. Para revertirlas, se acuerdan indicadores macro, como aumentar reservas, disminuir hasta extinguir déficits fiscales y normalizar la inflación, pero no incluyen modernizaciones estructurales, eliminación de privilegios para pocos elegidos  o cláusulas contra la corrupción. La única molestia que el FMI causa a los políticos respecto de otras fuentes crediticias internacionales es el control del organismo de las pautas acordadas, pese a que el acuerdo vigente no exige al actual gobierno desembolsos durante su gestión, le entrega aportes extras, y tiene una actitud condescendiente con los incumplimientos,. Queda claro entonces que las reformas institucionales estructurales imprescindibles para un desarrollo sostenible es responsabilidad exclusiva de los políticos argentinos oficialistas y opositores, beneficiarios directos de las malas praxis, sobredimensionamientos burocráticos y distorsiones jurídicas. 

Dados los antecedentes en cuanto a que las reformas estructurales se anuncian pero no se cumplen, un nuevo intento debe prever la resistencia de los beneficiarios del sistema, que será dura y hasta violenta, usando a conocidos gremialistas como fachada. Por ello es esencial comunicar a la sociedad una línea de acción clara que explicite que el objetivo prioritario no es el gasto público global, sino el político en particular, imprescindible para promover un Estado equitativo y eficaz, no sometido a estructuras y plantas políticas sobredimensionadas, ineptas y familiares. Respecto al personal estable, solo se verán afectados quienes no trabajen o cumplan con los requisitos legales para el cargo, siendo reemplazados por quienes sí los cumplan (principio de equidad).

Para no diluir el enfoque en anécdotas parcializadas, cabe comenzar actuando sobre la estructura administrativa nacional, cuyos excesos y deformaciones se replican en provincias y municipios. La etapa democrática se inició en 1983 con 8 ministerios, con roles trascendentes y definidos. En la actualidad existen 20, sin que lo justifiquen sus atribuciones y resultados.  Por ejemplo, Alemania tiene 14 y Estados Unidos 15. De estas puntas de iceberg, ante la ausencia de relevamientos oficiales completos, se estima que se desprenden 110 secretarías de Estado; 180 subsecretarías, 687 direcciones nacionales y generales; 122 institutos, 138 entes descentralizados, indefinidas subsecretarías “adjuntas” carentes de toda interrelación funcional, y 40 empresas estatales “patrióticas” pero a pérdida. Muchos de los organismos creados solo para lograr adhesiones políticas y sumar militantes, que en nada favorecen a los ciudadanos comunes, inmersos en el subdesarrollo, más de 40% de pobreza y 90% de inflación.

Cuando de los organigramas se pasa a los cargos políticos, muchas veces cubiertos por quienes carecen de formación específica, los estudiosos los estiman en más de 10.000 solo en el ámbito nacional. Resulta una obviedad que con estas estructuras públicas resulta imposible planificar un futuro con objetivos compartidos, y tener conducciones profesionalizadas, situación que como nunca desde 1983 transparenta el actual gobierno, que transitará su período completo de gestión al amparo del “vamos viendo”, pero sin cambiar. Por lo que urge que el gobierno y oposiciones expliciten una propuesta de reformulación profesional, eficaz y virtuosa de la estructura estatal, sea en lo inmediato, y/o con miras al 2023. Lograrlo implica un ajuste, pero político. O sea de los que más tienen, pero succionando recursos públicos sin brindar servicios de calidad o generar desarrollo.

Buenos Aires, 16 de noviembre 2022

Atrapado sin salida

La actual coyuntura política recuerda a la famosa película de 1975 “Atrapado sin salida”, interpretada por Jack Nicholson, que se desarrolla en un hospital psiquiátrico cuyos internados, sometidos a normas rigurosas, acabarán desencadenando una guerra entre pacientes y personal del hospital, rol que en nuestra versión criolla encarnan quienes ejercen roles políticos. Como metáfora, son nuestros ciudadanos comunes los pacientes que atrapados sin salida desde hace décadas, deberán rebelarse contra quienes los sojuzgan para forzar acciones nacionales transformadoras.

No es casual que los jactanciosamente llamados “debates políticos” sean en realidad toscos espectáculos, en los que Cristina Kirchner habla de supuestos y confusos logros pasados omitiendo el presente, el heredero Máximo critica a su propio gobierno, Morales y Macri discuten sobre Yirigoyen, y Patricia Bullrich amenaza con romperle la cara a un funcionario de la Ciudad, entre otras puestas en escena del “under” teatral político. Esta disociación con la realidad se visualiza en los actos de juras de funcionarios y políticos partidarios, en los que los convocantes se exhiben sonrientes y eufóricos en medio de la pobreza, detalle que asesores de imagen y publicistas parecieran no advertir. La única alternativa entonces, es que sean los sufridos ciudadanos quienes instalen y promuevan hasta las elecciones de 2023 temas relevantes para la sociedad, sin por ello obviar peleas y necedades discursivas mediáticas, pero solo como mero esparcimiento en el negocio del escándalo.

Las argumentaciones deberán emplear un léxico claro y entendible por todas las franjas sociales, eludiendo las manipulaciones o engaños del discurso político; y los análisis se referenciarán en acciones u opiniones de funcionarios relevantes con altas responsabilidades públicas, con veracidad certificada vía reportajes, audios y videos, omitiendo a bufones de palacio que solo aportan confusión y/o sumisión. Vale el reciente ejemplo del tratamiento de la ampliación de la Corte en el Senado, cuando el senador Parrilli hizo referencia a jueces mafiosos y Mayans propugnó cambiar impunidad por paz social, lo que de hecho oficializó la existencia de una estructura estatal mafiosa, lo que expone el uso de un recurso habitual de las mafias por parte de políticos y asociados, consistente en saturar a los juzgados con denuncias para coaccionar a determinados actores en busca de acordar impunidad, y en paralelo, resistirse a los juicios orales y públicos, que es la única instancia que define inocencias y culpabilidades.

La tarea exige un ordenamiento temático que establezca prioridades estructurales, y evite comenzar con parcializaciones prejuiciosas o “grietas” paralizantes. Por ello es oportuno comenzar por un aspecto que involucra por igual al oficialismo, oposición y Fondo Monetario Internacional: ninguno de ellos plantea como prioritaria y urgente la transformación concreta de la estructura burocrática y jurídica estatal, que plagada de ineficacia y privilegios es la causante del subdesarrollo del país. Quienes por el contrario, por acción u omisión protegen lo que Max Weber denominó patrimonialismo: enriquecidos funcionarios, empresarios, sindicalistas, cortesanos, gobernadores, favoritos y vendedores de gracias, con ciudadanos sumidos en la pobreza, a los que el Estado “cuida” con miserables dádivas. La ausencia de propuestas se reemplazan por peleas, oscuras gestiones y mutaciones partidarias basadas en intereses individuales de quienes pretenden desde posiciones de privilegio, seguir “cuidando” a la población con recursos del Estado a partir de diciembre de 2023. Estas actitudes recuerdan a la ironía y precisión con la que describía el fallecido politólogo José Nun a muchos de estos actores del espectáculo político: “En las zonas cálidas abundan los peces voladores, que saltan casi un metro fuera del agua y planean unos 200 metros antes de volver a sumergirse, para huir de sus atacantes marinos. Tienen un aire de familia con el planeo de muchos de nuestros políticos. Estos lanzan ideas voladoras, que tampoco llegan demasiado lejos, pero les sirven para salir a la superficie, esquivar a sus críticos y entretener a sus seguidores”.

Esta coincidencia entre oficialismo, oposiciones y FMI se analizará en la próxima reflexión.

Buenos Aires, 09 de noviembre 2022

Mafia estatal oficializada

Las argumentaciones deben minimizar adjetivaciones y descartar agravios, para que no se diluyan en polémicas ruidosas que intentan ocultar las causas de los problemas. El discurso político criollo abunda en este recurso, muchas veces complementados con personajes delirantes que a través de insultos y amenazas públicas obtienen una envidiable repercusión mediática. En la reciente sesión del Senado que trató la ampliación de miembros de la Corte Suprema, se produjo sin embargo un hecho clarificador que extrañamente pasó desapercibido. En su exposición, el senador Parrilli dijo “hoy en la Corte hay cuatro mafiosos, que se denuncian entre ellos, se hacen operaciones entre ellos”. Complementó el senador Mayans afirmando: “si queremos paz social paremos el juicio vergonzoso contra Cristina”, refiriéndose a la procesada vicepresidenta de la Nación, que preside el Senado. De este modo al quedar involucrados altos niveles de dos de los tres poderes del Estado (Legislativo y Judicial), se reconoció oficialmente y sin eufemismos, una realidad que expresada por otros actores sería agraviante: la existencia de una mafia estatal consolidada, que pugna desesperadamente por sobrevivir.

El término “mafia”, al ser comprensible por todos los niveles sociales, facilita los análisis políticos. Originada en ámbitos rurales de Sicilia, identifica a un tipo de crimen organizado que se trasladó a diversas metrópolis, siendo Nueva York y Chicago las más conocidas. Organizada en clanes que acordaban áreas de influencia, sus negocios se basaban en el contrabando, el juego, la prostitución y el pago de protección (similar a lo que hoy se llaman loteos estatales). En busca de incrementar ganancias y poder, los acuerdos se incumplían, causando conflictos que se dirimían en forma sangrienta hasta arribar a nuevos acuerdos, nunca positivos para las sociedades. Bajo el principal requisito de cumplir con la “omertá” o ley del silencio, los capos mafiosos contaban con complacencias y/o complicidades políticas (funcionarios, jueces y policías), logradas por coimas, miedo o coacción, como fotografiar a un político o juez con una prostituta para amenazarlos con el desprestigio público, recurso que en la actualidad se denomina “carpetazo”. Para justificar sus considerables ganancias y enriquecimientos ilícitos ante el fisco, avezados contadores crearon una cadena de lavaderos (conocidos como ropa limpia para negocios sucios), dando origen a las prácticas de lavado de dinero. Muchos mafiosos despertaban admiración, buscaban inserción social, brindaban trabajo, realizaban tareas benéficas y ofrecían una imagen familiar.

Cuando los negociados privados se entremezclaron con el saqueo de recursos públicos, para estos últimos se invirtió el orden jerárquico de las tramas delictivas, siendo encabezadas por funcionarios políticos asociados a privados externos (concesionarios, contratistas, proveedores, patoteros), y salvo las sangrientas matanzas, mantienen los mismos recursos operativos contra quienes ponen en riesgo sus patrimonios mal habidos y libertades: miedo, insultos, amenazas y coacciones. En el campo institucional, las complacencias (dejar hacer), se logran mediante cargos y privilegios públicos.

Conocida esta matriz, no es casual que pese a que los integrantes de la Corte y jueces son elegidos por mayorías legislativas, con el necesario apoyo de peronistas, de actuar contra la corrupción pública pasen a ser “mafiosos y sinvergüenzas”. Por el contrario, quienes facilitan la impunidad o resuelven sobreseimientos sin llevar a cabo los juicios orales para los que fueron designados, no sufren coacciones. En cuanto al léxico usado, la única diferencia reside en que ante los tribunales, los gángster de antaño se declaraban inocentes, mientras los procesados/condenados criollos claman sin rubores ser “perseguidos políticos”.

Ello explica que en un país sumergido en una crisis extrema cuyos indicadores socio-económicos son conocidos, gran parte de la gestión de gobierno se concentrara en reformas judiciales extemporáneas promovidas por quienes se enriquecieron con recursos del Estado, y en paralelo, se presionara a quienes pretenden ejercer justicia. Para desarmar esta realidad, concentrar el debate en Cristina Kirchner o en el kirchnerismo y/o peronismo es engañoso, porque la existencia de mafias necesita de extendidos apoyos políticos, de empresarios prebendarios, sindicalistas, e incluso sectores eclesiásticos complacientes en su silencio. Ello abre un serio interrogante en esta etapa preelectoral. Cuando discursivamente se plantea la necesidad de diálogos, acuerdos y consensos mayoritarios (Larreta menciona un 75%), cabe preguntarse entre quiénes, sobre qué bases y con qué distribución de costos. Hasta tanto se explicite, en lo inmediato los ciudadanos debemos exigir que se lleven a cabo los juicios orales y públicos para que se determinen inocencias y culpabilidades, instancia que los “perseguidos políticos” siempre quieren evitar.

Buenos Aires, 19 de octubre 2022

Próxima newsletter el 09 de noviembre

Manes: choque de neuronas

Las declaraciones del neurólogo Manes en un programa televisivo provocaron una imprevista alteración en diversas neuronas políticas, con reacciones más emocionales que racionales. Su formación científica y autor del libro “Usar el cerebro”, práctica recomendable para la actividad política, hace presuponer argumentaciones entendibles (causa-efecto), que permitan arribar a conclusiones consistentes, pues en caso contrario solo aportan a la confusión general, que es un defecto habitual del discurso político. Razón por la cual el ciudadano antes que subyugarse por lo que se dice, debe escudriñar en lo que se omite, por lo que el caso Manes no puede agotarse en un cruce de apoyos, rechazos o comunicados, sin profundizar en el sentido de sus tres frases que causaron los desequilibrios neuronales.  

Frase 1: “Macri y Cristina no nos permiten pensar un país”. Para ir al nudo de la cuestión, se acepta considerarlos en un pie de igualdad, pese a que Cristina gobernó casi once años (se incluyen los tres actuales y no se consideran los cuatro de su fallecido marido), y Macri solo cuatro. Las dudas surgen respecto al eventual poder paralizante que ejercen, considerando la gran cantidad de políticos, sindicalistas y empresarios que ocupan espacios de poder desde hace décadas, lo que haría sospechar que tal supuesto impedimento en realidad encubre oportunismos, comodidades, mediocridades y sometimientos, sustentados en privilegios y recursos públicos. Ahondar en esta hipótesis es un excelente desafío para un neurólogo, pero descargar inicialmente todos los fracasos en Cristina y Macri pareciera una desmesura.

Frase 2: “En el gobierno de Macri hubo operadores que manejaban la Justicia y evidencias que se espió gente incluso de su gobierno”. Durante el reciente tratamiento de la ampliación de miembros en la Corte, senadores oficialistas confesaron públicamente que nuestro país tiene un Estado mafioso, lo que insólitamente fue obviado por el debate político, y se comentará en la próxima reflexión. En este contexto mafioso se insertan la AFI y variados operadores judiciales, que en lugar de ser desactivados se los utiliza para que ingenuos o corruptos desprestigien adversarios. En su crítica Manes omite que la Agencia Federal de Inteligencia como tal no existe, pues se dedica solo a burdos espionajes domésticos (Estado mafioso), con escaso o nulo procesamiento de inteligencia, lo que se refleja en su incapacidad para prever o esclarecer amenazas exteriores, o peor aún, detectar la existencia local del sofisticado grupo “Los copitos”. El uso político se manifiesta en que la AFI está involucrada en ocho causas judiciales en cuatro juzgados distintos, por la que desfilan oscuros personajes que de “secretos” no tienen nada. Peor aún protegen a patotas, como cuando en la gestión de la fiscal Caamaño limpiando armarios, se encontrara casualmente un video que permitió que el juez Alejandro Esmoris anulara la causa contra el “Pata” Medina, y sobreseyera a todos los imputados. Esta falta de profesionalidad no debiera sorprender, pues no existe en el mundo un servicio de inteligencia que en menos de una década haya sido conducido por Parrilli, Tailhade, Mena, Arribas, Majdalani, Caamaño y Rossi, burócratas todo terreno que pasan de la administración pública al servicio de inteligencia y viceversa. Por ello Manes debiera decir que el gobierno de Juntos por el Cambio mantuvo el problema, y por ello su Coalición presentará una propuesta concreta para profesionalizar de forma integral todo el sistema nacional de inteligencia, evitando las desgastadas promesas políticas tales como “sanearemos los servicios” o “desactivaremos los sótanos de la democracia”.

Frase 3.- “Populismo institucional”. La novedosa frase carente de precisiones la asimila a un simple eslogan, por lo que el propio Manes debería clarificarla. En esta instancia de libre interpretación, si quiso referirse a una estructura burocrática plagada de nepotismos e ineficaz siquiera para cumplir con las obligaciones ineludibles del Estado, o más grave aún, promotora y protectora de una corrupción desenfrenada, su descripción sería aceptable.  

A futuro, para evitar polémicas frívolas e intentar disimularlas afirmando que la unidad no implica complacencia o silencio, y considerando que de acceder la oposición al poder en el 2023 deberá afrontar una situación más crítica que la actual, con dirigencias movilizadoras mucho menos complacientes, y una sociedad con altos niveles de hartazgo, debiera ser más coherente en sus estrategias, clara en sus propuestas, y consciente de la situación que viven millones de argentinos.

Buenos Aires, 12 de octubre 2022

Leyes para resistir

“Hacia fines del siglo XIX las burguesías gobernantes comprendieron que la exclusión del pueblo tenía grandes desventajas y la ampliación del sistema electoral, si se hacía con los controles del caso, no afectaba el desarrollo y supervivencia del sistema, sino que por el contrario lo legitimaba y legalizaba”. El texto corresponde a un artículo de Felipe Pigna, referido a la época de la creación de la Ley Sáenz Peña que instaló el voto universal, secreto y obligatorio, y los posteriores artilugios electorales de las élites gobernantes para minimizar los efectos del voto popular y continuar ejerciendo el poder. Si “siglo XIX” se reemplazara por siglo XXI, describe los objetivos de las continuas y oportunistas modificaciones e interpretaciones de las leyes electorales realizadas a partir de la reforma constitucional de 1995 (reelección de Menem), usualmente promovidas por los mismos actores que aprobaron lo que se pretende modificar. De este modo en cada elección en busca de distorsionar el poder del voto popular, surgen variantes insólitas no habituales en democracias, tales como listas sábana, listas colectoras y espejo, candidaturas simultáneas en más de una lista, candidaturas testimoniales, modificaciones en las elecciones internas, y ley de lemas. Cuando los gobiernos surgidos de estas manipulaciones fracasan, se acusa a los ciudadanos de no saber votar.

El ejemplo más claro es la Ley de Lemas, nocivo anacronismo creado en Europa hace más de cien años, y abandonado por casi todos los países. No casualmente la reactivaron caudillismos provinciales como los de Santa Cruz, San Luis y San Juan. Consiste en que un partido (lema), dirima su interna en la elección general, al albergar su lista dos o más candidatos (sublemas), y al momento del escrutinio final el que obtuvo más votos individuales, suma los obtenidos por los restantes de la lista, que eventualmente están políticamente enfrentados. El caso más reciente de este fraude electoral legalizado fue la elección de 2015 en Santa Cruz, donde Eduardo Costa de la UCR fue el individualmente más votado, pero triunfó Alicia Kirchner del Frente para la Victoria, porque sumó los votos del otro integrante de la lista, Daniel Peralta. Vale decir, triunfó con votos de quienes no la votaron.

Lo engañoso del sistema tiene una demostración concreta en la elección de gobernador en la provincia de Chubut en septiembre de 1991, porque al exigir la constitución provincial que el Poder Ejecutivo sea desempeñado “por un ciudadano con el título de gobernador, que será elegido directamente por el pueblo, a simple pluralidad de sufragios”, en caso que el sublema más votado del lema mayoritario haya obtenido menos votos que un candidato de otro lema, obligaba a un “balotage” entre ambos. El lema justicialista obtuvo 76.889 votos contra 40.929 del lema radical., arrojando una diferencia de 27.970 votos. Pero como el sublema radical tenía como único candidato al doctor Carlos Maestro, quien superó por 8.426 votos al sublema del ing. Sala, el candidato más votado dentro del lema justicialista, se realizó el “ballotage” entre ambos el 13 de octubre, a escasos 35 días de la primera elección. Pese a la diferencia original de casi 28.000 votos a favor del lema justicialista, triunfó el radical Maestro, que aumentó su caudal de votos del 32 al 53%, mientras el ing. Sala bajó del 53 al 45%, dejando en claro que una mayor cantidad de votos positivos otorgados a determinado candidato de determinado partido, configura un parámetro de legitimidad insustituible. En esa época Jujuy, Santiago del Estero y Santa Fe, que utilizaron la ley de Lemas sin “ballotage”, en sus gobiernos tuvieron graves crisis políticas por conflictos internos.

En cuanto a las PASO, creadas por Néstor Kirchner tras su derrota electoral con el empresario De Narváez, no fue concebida para competir, sino para que los perdedores quedaran inhabilitados para participar en la elección general, impidiendo picardías del peronismo, como participar de una interna, perderla, y después competir por afuera en la general. Como virtud, tienen un saludable efecto ordenador de las elecciones generales, evitando una confusa sobreoferta de candidaturas. Quienes fundamentan hoy eliminar las PASO por razones económicas utilizan el cinismo para encubrir el repetido debate terrenal criollo, centrado en las conveniencias electorales de coyuntura. Y vulneran un principio siempre vigente planteado por Aristóteles: “Acostumbrarse a cambiar las leyes con facilidad puede ser más perjudicial que los beneficios del cambio, porque eso debilita a todas las leyes”.

Buenos Aires, 05 de octubre 2022

Sonámbulos y figuritas

La asociación de hechos con distintas significancias y temporalidades, desde lo simbólico permite abrir vías analíticas útiles para desentrañar la actualidad política. En este caso, relacionar la Primera Guerra Mundial con el accionar de nuestros políticos.

En su libro “Sonámbulos”, Christopher Clark describe con una precisión densa pero didáctica (624 páginas), cómo Europa llegó en 1914 a la guerra. Si bien el desencadenante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo en junio de ese año, las causas fueron décadas de reivindicaciones territoriales con base en los Balcanes no resueltas, y desconfianzas cruzadas que se plasmaron en dos alianzas defensivas integradas por distintas potencias europeas, pese a que tres de los monarcas reinantes (Guillermo II de Alemania, Jorge V de Inglaterra y Nicolás II de Rusia), eran primos. En este largo proceso, cúpulas gobernantes privilegiadas y ajenas a las necesidades y urgencias de sus pueblos, cometieron una sucesión de impericias y frivolidades políticas y diplomáticas, pese a lo cual, a escasas horas de iniciarse el conflicto bélico ninguna de las partes intervinientes lo deseaba o creía posible. Estas necedades llevaron a que Clark catalogara a los gobernantes y sus gabinetes como sonámbulos.

Trasladado el ejemplo a nuestra clase política, ya no monárquica pero igualmente conservadora y privilegiada, se observa similar disociación con las necesidades y prioridades de los ciudadanos, como indican dos ejemplos recientes. Bajo el eslogan de que hay que priorizar los dólares para la producción y evitar viajes al exterior, se implementó el dólar turista con altos impuestos. Pese a lo cual los funcionarios y gobernadores efectúan con recursos públicos permanentes viajes al exterior con nutridas comitivas, para realizar actividades y discursos absolutamente irrelevantes en un contexto de crisis, o interesar a jeques, petroleros y otros potenciales inversores para explotar recursos del país, pese a la existencia de una inflación récord, alta pobreza, cepo cambiario, creciente endeudamiento, y horizonte económico indefinido. En cuanto a seguridad jurídica, los senadores implementaron un atrapante bingo para definir si la Corte Suprema debía tener 25, 15, 9 o 5 miembros. Ganó Wertilinek, de Río Negro, con 15. Es evidente entonces que en estas condiciones, solo pueden invertir quienes acuerden privilegios sectoriales altamente rentables, o carteles de narcotráfico, para los que estos dislates no constituyen un problema.

A escala más doméstica, la Secretaría de Comercio convocó a una reunión con empresarios y kiosqueros para tratar los faltantes de álbumes y figuritas referidos al mundial de fútbol en Qatar. Tal frivolidad sin embargo, debidamente reformulada, puede facilitar las evaluaciones políticas de un ciudadano común a través de un álbum de figuritas políticas, integrado por los equipos partidarios (Juntos, Todos y demás participantes), que competirán en el campeonato Elecciones 2023. Las figuritas tendrán los nombres de los potenciales candidatos/jugadores a cargos electivos nacionales, y un plantel técnico conformado por presidente, vice y gobernadores. De cada uno de ellos se indicarán antecedentes y datos de rendimiento, tales como cuántos equipos (partidos políticos) integró, y en cuántos puestos (cargos) jugó. Sus cualidades técnicas no deberán evaluarse en función de lo que declaren, sino por como deciden votar o habilitar quórum, ya sea por sí o indicación de los gobernadores a quienes responden. En esta evaluación no hay que centrarse en identificar halcones (núcleos duros), sino palomas (voluntades blandas), fácilmente adaptables para lograr mejores ofertas. Se debe tener presente que nuestros sonámbulos conservadores, ya sea utilicen camisetas de derecha o izquierda, están estudiando de apuro a nivel nacional y provincial modificaciones electorales que minimicen el poder de daño del voto ciudadano.

Una virtud de la actividad lúdica de armar álbumes, es que estos informan sin sonido, por lo que se minimiza la hojarasca verbal y autocomplaciente de los jugadores (candidatos). Pese a lo cual el interrogante clave en nuestro caso subsiste: el estallido sorprenderá a nuestros políticos sonámbulos, como sucediera en 1914?

Buenos Aires, 28 de septiembre 2022