Decíamos en la última newsletter que el desprestigio del término “ajuste” aplicado en respuesta a crisis económico-sociales terminales, se justifica por los antecedentes. La primera contradicción, es que lo aplican los mismos sectores políticos, empresarios y gremiales que generaron las crisis, empleando en los anuncios indicadores económicos “macro” (globales), para no modificar los vicios estructurales concretos que les permite mantener prebendas. No es casual que en las últimas cuatro décadas se repitieran cíclicamente “ajustes viciosos”. Es oportuno ejemplificarlos recordando el más reciente, engañosamente llamado “crisis del 2001”, en lugar del 2001-2002.
Marzo 2001.- Tras diez años de gobierno justicialista y con un déficit fiscal 7.350 millones de dólares, a 15 meses de asumida la presidencia De la Rúa designó a López Murphy como Ministro de Economía. Se anunció un severo ajuste fiscal por 2.000 millones de pesos/dólares, con recortes de fondos en las áreas de salud y educación, recortes en jubilaciones por 127 millones, achique y recorte en los programas sanitarios por 50 millones, un aumento del IVA del 15 al 21 % para espectáculos culturales, fútbol, teatro y cine, despido de 40.000 empleados públicos, flexibilización laboral, y recortes en las indemnizaciones por despido, entre las medidas más resonantes. López Murphy duró solo 15 días en su cargo.
Agosto 2001.- Los legisladores sancionaron la ley 25.466 de “Intangibilidad de los depósitos” de los ahorristas, que redundantemente expresaba que todo depósito captado por entidades financieras eran intangibles, por lo que el Estado nacional no podría alterar las condiciones pactadas. Fue un cínico engaño a los ahorristas.
Diciembre 2001.- El ministro Cavallo, reemplazante de López Murphy, estableció la restricción del dinero en efectivo depositado en bancos, con un tope de extracción de 250 pesos/dólares mensuales. A los pocos días cayó el gobierno de la Alianza, generándose una inédita rotación de dirigentes peronistas en la ocupación provisional de la presidencia. Se destacó un eufórico Rodríguez Saá, que declaró el no pago de la deuda externa, provocando la ovación de los legisladores presentes.
Enero 2002.- En medio de un caos político, el 03 de enero asumió la presidencia Eduardo Duhalde, quien de inmediato derogó la convertibilidad y pesificó los créditos en dólares. La devaluación inicial del 40%, en pocos días se duplicó. El corralito se transformó en corralón, confiscándose el ahorro privado con distintos plazos de devolución, según fueran pesos o dólares (éstos a 10 años). Por el contrario, a importantes empresas privadas y entidades financieras se les estatizó gran parte de sus deudas en dólares. La pobreza, que en diciembre era del 22%, alcanzó el 53%; la desocupación del 18,30% en diciembre, subió al 21,5% en el 2002. El severo ajuste fiscal de 2.000 dólares intentado por López Murphy, 10 meses más tarde constituía un retoque numérico menor. Pero nada cambió. La pobreza del 22% en diciembre del 2001, en diciembre del 2015 era del 29%.
Este cercano antecedente de “ajuste vicioso” llamado cínicamente por los políticos “patriótico”, permite destacar dos inconvenientes a sortear para manejar en la actualidad alternativas que permitan un inédito ajuste “virtuoso”. Ellos son:
1.- Los principales actores políticos, empresarios y gremiales del 2001-2002, tienen plena vigencia. Con el agravante que el oportunismo destruyó identidades políticas y partidos consolidados. Hoy, ni el más avezado politólogo podría diferenciar entre los variados justicialismos, radicalismos, progresismos y afines. Basta mencionar que de las tres principales fuerzas que compitieron por la presidencia hace menos de 24 meses, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador no participan como tales en la legislativa de este año.
2.- El crecimiento desmesurado de las estructuras estatales, acompañó y/o protegió el crecimiento inédito de la corrupción estatal-privada. Históricamente circunscripta a cúpulas, en la última década se “democratizó”, extendiéndose a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fuerzas de seguridad, contratistas y/o proveedores del Estado, gremialistas empresarios, Universidades, Fundaciones, Cooperativas y entes relacionados con la Cultura. Con tres factores comunes: 1) saqueo de los recursos públicos; 2) involucrados autoproclamados “defensores de los pobres”; 3) una sólida trama político-judicial que asegura total impunidad.
Dicho esto, comencemos a desbrozar conceptos para un posible “ajuste virtuoso”.
Buenos Aires, 26 de julio 2017