Tras el ruido, la reflexión

La ratificación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema y su detención, con el consecuente impacto político, debiera ser un punto de partida para encarar análisis que, dentro de la hojarasca declarativa e informativa, diferencie entre aspectos socialmente trascendentes, y los que incursionan en el espectáculo u opiniones irrelevantes. Es adecuado sustentarse en hipótesis, las que requieren datos explícitos, entendibles y verificables, por sobre las suposiciones, que son subjetivas.  

1.- Cabe comenzar con el hecho, que refiere a la condena de la ex presidenta junto a otros funcionarios y privados asociados, por la apropiación de recursos estatales en beneficio propio, a través del organismo Vialidad. Lo peculiar del caso es su clara trazabilidad delictiva, pues nace en Santa Cruz con el acceso de Néstor Kirchner a la presidencia en el 2003, y tras casi doce años ininterrumpidos de gobierno kirchnerista, concluye en la misma provincia en diciembre del 2014, con el cambio de gobierno y la disolución abrupta de la empresa constructora beneficiaria. Tras un juicio oral y público de amplia difusión, y haberse cumplido todas las etapas ratificatorias de las condenas, judicialmente el caso está cerrado.

2.- Ya en el campo de las estrategias discursivas defensivas y/o encubridoras, un error analítico (¿intencionado?), es considerar a la opinión pública como una masa homogénea, en lugar de sectorizar en franjas de responsabilidad y de comprensión intelectual. Las respuestas a la pregunta ¿usted cree que Cristina es culpable o inocente?, tienen distinta valoración según respondan políticos, abogados, empresarios o sindicalistas relacionados desde hace décadas con el poder y privilegios estatales, o por los ciudadanos comunes que, alejados de las sutilezas políticas y víctimas de la decadencia, tienen derecho a creer, suponer, adherir o fanatizarse emocionalmente. Esta diferencia, explica a quienes van dirigidas las aparentemente simples estrategias de victimización que excluyen declararse inocente. Otro beneficio de las mafias estatales es que, a diferencia de las mafias privadas, aún en democracia cuentan con tres vías de escape: administración central, poder legislativo y poder judicial. 

3.- Si se presta atención a lo discursivo, los pronunciados por autócratas y corruptos nunca han sido útiles para la reflexión, pues solo pretenden persuadir, no explicar. Mussolini decía que “el hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer”. Sin embargo, las continuidades políticas en nuestro país, que partiendo del 2001 involucra a una generación, otorgó a la ciudadanía un aceptable espíritu crítico para detectar contradicciones y falsedades. El discurso de Cristina Kirchner tras el fallo de la Corte aporta elementos importantes para una transformación institucional estable. Tras las referencias simbólicas de rigor, como Patria, Pueblo y Perón, y ya en el campo terrenal, mencionó a Macri y la causa del Correo, el poder de Magnetto a través de Clarín, la fuga de dinero de grupos económicos concentrados, entre otras acusaciones. Lo interesante es que no plantea su inocencia, sino la supuesta impunidad de muchos otros culpables. Por ello en lo político-institucional genera un interrogante: ¿durante los once años de la defraudación coordinada entre Nación y provincia en el caso Vialidad, ningún funcionario u organismo vio nada? Algunas excusas orillan el ridículo, como la del gobernador riojano Quinquela el día de la marcha en apoyo a Cristina, cuando en un reportaje radial se preguntó: ¿cómo un presidente puede saber lo que hace un director? Sin pretenderlo, pone en escena a actores políticos y administrativos secundarios (colaboradores pasivos), que recuerdan al defensor de la economía de mercado sin intervención gubernamental, que en el siglo XVIII pronunció la famosa frase “dejar hacer, dejar pasar”. Por ello las condenas del caso Vialidad antes que un hecho histórico, debiera considerarse un punto de partida para transformaciones institucionales profundas.

4.- En cuanto el escenario político inmediato, la pretendida “centralidad” escenográfica de la ex presidenta basada en un balcón, bailes, tobillera o banderazos, en nada cambia las pujas por el armado de listas legislativas, que en lo inmediato se centran en la provincia de Buenos Aires. Tampoco es justo considerar a Cristina Kirchner como la madre de todos los problemas, pues ver a Massa, Máximo Kirchner y Grabois encabezando una reunión del partido justicialista, indica que la problemática es mucho más compleja.

Buenos Aires, 24 de junio 2025

Políticos, periodistas y golpistas

Continuando con la reflexión de la última newsletter, centrada en las polémicas originadas por el ataque de funcionarios a periodistas, cabe recordar que para que las argumentaciones sean masivamente comprensibles por la sociedad, las abstracciones globalizadoras que no clarifican deben ejemplificarse con personajes y hechos reconocibles. Por ello no se hablará de polémicas y agravios entre la política, gobierno y periodismo, sino entre determinados políticos y periodistas, actuando los medios de comunicación como vehículos democráticos imprescindibles para interconectar las dialécticas de dichos actores. Pero cabe una prevención; en el marco de estas polémicas centradas en modos y formas, han resurgido los golpistas, que suelen combinar reclamos de institucionalidad con amenazas explícitas y acciones directas cuidadosamente planificadas. Un primer indicio es la repetición del traumático recuerdo del 2001, con muchos de sus actores hoy vigentes en funciones políticas y con cercanías al poder.

Hecha esta salvedad, cabe retomar las polémicas entre funcionarios y periodistas, pero en un contexto democrático y de libertad de opinión. El primer interrogante lo provoca la duda de si los agravios intercambiados por muchos de los partícipes responden a mediocridades y necedades, o a un sutil recurso consistente en mezclar lo trascendente con el espectáculo farandulero, y modos de competencia en el mercado de la comunicación. Para desarrollar esta hipótesis se eligieron a tres representantesrelevantes e intelectualmente formados: el presidente Milei por el sector público, y Jorge Fernández Díaz y Jorge Fontevecchia por el privado. De Milei, sin por ello justificarlo, se planteó que su forma de ser era conocida antes de ser votado, y que eventualmente sus diatribas actuarían como escudo ante su debilidad legislativa, carencia de gobernaciones y de municipios. Algunas de sus palabras emblemáticas, como “ensobrados, mandriles, econochantas, ratas, kukas, ignorantes”, promueven verborragias pero no racionalidad, y presentan el riesgo de que lanzadas a nivel masivo, sobreexcitan a los obsecuentes y fanáticos, que son carne de cañón de las mafias golpistas. En la práctica, el poder sufre más con el humor irónico y las silenciosas caricaturas si responden a la realidad, como lo demostraron entre otros Tato Bores y Hermenegildo Sabat, porque los festejan oficialistas y opositores.

En la guerra de palabras cabe incursionar en ejemplos privados. Jorge Fontevecchia, en portadas de su revista Noticias, publicó los siguientes encabezados: “Milei, poder inmoral”; “Apriete con la pauta”; “Presidente mesiánico”; “La obsesión gay de Milei”. Jorge Fernández Díaz por su parte, en su opinión del pasado 1° de junio en La Nación, comparó a Milei con el “populista de extrema derecha húngaro Orban”, lo caracterizó de “emperador temperamental”, expresó que “será muy tarde cuando la sociedad se dé cuenta que se enamoró de la persona equivocada”, para concluir con el siguiente giro poético: “la motosierra no se detiene en el follaje de la burocracia y el curro; tiene vida propia y avanza sobre los brazos y piernas del cuerpo humano”, ante lo cual el perro Mendieta, fiel acompañante del gaucho Inodoro Pereyra, lanzaría su famosa reflexión: ¡qué lo parió! En esta coctelera de palabras y frases, no resulta fácil establecer cuáles son las más agraviantes.

Dejando sentado que todas las variantes periodísticas son válidas, deberevalorizarse al periodismo de investigación, que sin utilizar grandilocuencias discursivas descorre los velos de la corrupción y de los secretismos estatales. Por ejemplo, recientemente la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), expresó su preocupación por la exclusión de la editorial de Fontevecchia en la distribución de publicidad de empresas con participación estatal mayoritaria. Ello amerita una investigación que determine cuál es la política estatal vigente respecto a pautas, listado de empresas y montos entregados en este año, criterios de elegibilidad, y si ello incluye a empresas estatales, cumpliendo de este modo con el principio de que la información completa debe preceder a los reclamos, opiniones y críticas.

Mientras se desarrollan estos peligrosos juegos verbales, se debe recordar que reingresaron al escenario público los golpistas, mucho más hábiles en las estrategias comunicacionales, pues las amenazas, insultos, aprietes y agresiones, en paralelo las complementan con las palabras democracia, libertad, pueblo, injusticia y persecución política, entre otras.  

Buenos Aires, 18 de junio 2025

¿Batalla cultural o educativa?

Pretender incursionar en batallas culturales sin una base educativa que provea conocimientos esenciales para el posterior desarrollo personal, como comprender el significado básico de las palabras y frases, implica el riesgo de ser manipulados por políticas comunicacionales que intenten convencernos de que entendemos, cuando en realidad adherimos a quienes nos hacen creer que entendemos. Evitarlo parte de saber que lo cultural es un patrón conformado por valores, usos y costumbres de la sociedad, pasibles de debates, y en donde los libros de texto escolares masivamente comprensibles, son sustituidos por una diversidad de enfoques transmitidos a través de diversos medios de comunicación, lo que obliga a que mensajes y opiniones sean debidamente procesados. Confundir educación con cultura es una estrategia que cuando es planificada se asocia a la propaganda, y cuando es dispersa o unilateral, puede albergar necedades, aprietes o intereses sectoriales. Por lo tanto, con diccionario en mano, vale comenzar por diferenciar entre periodismo, medios de comunicación y periodistas.

El periodismo es una actividad profesional que consiste en la obtención, investigación, elaboración, difusión y análisis de diversas informaciones, por parte de periodistas que individualmente o en grupo cumplen tareas específicas, como conducir, describir, opinar o investigar. Lo elaborado se transmite a la sociedad a través diversos medios de comunicación, tales como prensa escrita, televisión, radio, o de modo más universal, a través de plataformas digitales. En nuestro país la actividad se desarrolla con mafias en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales reconocidas por los propios políticos en sus discursos y cruces de acusaciones, lo que deriva en una manifiesta pobreza institucional. En este contexto se insertan los permanentes ataques entre el presidente, sus adláteres y periodistas a niveles tan peligrosos, que hace pensar que las polémicas plagadas de grandilocuencias, necedades, falacias, insultos, escándalos y denuncias, responden a un recurso político y empresarial distractivo, dado que política y espectáculo configuran una simbiosis cada vez más habitual. Para avanzar en esta hipótesis, se plantean los siguientes supuestos: 1) Como periodismo es un término abarcador y abstracto, cabe preguntarse: ¿existe en el país libertad de prensa y de opinión, tradicionalmente molesta para los gobiernos? La respuesta es afirmativa, porque no existe prohibición de voces y prensa opositoras. Pese a lo cual, se deberá estar atento a intentos legislativos para cercenar esta libertad, invocando habitualmente la “defensa de la democracia”. 2) La reconocida libertad genera una diversidad y competencia tanto en lo tradicional (gráfica, radio, televisión e Internet), como en lo evolutivo (redes sociales e inteligencia artificial), en donde conviven la verdad y la mentira, lo formativo y la falacia. Es así como entre otros medios, coexisten los tradicionales como La Nación, Clarín con diversificaciones empresariales, Página 12 conducida por un sindicalista, o C5N manejado por un empresario asociado a negocios con el Estado, simultaneidad saludable que obliga a comparar y analizar. Los intentos de prensa oficial propagandística nunca fueron buenos, por ser sesgados y mediocres. 3) En cuanto a individualidades, por su representación institucional se comienza por el  presidente Milei. Sus improperios e histrionismos, injustificables en sí mismos, son conocidos desde mucho antes de que ganara la elección, lo que promueve un interrogante a develar: ¿es posible que quienes se oponen a cambios profundos lo disimulen afirmando que critican sus formas y no el fondo? ¿Es posible que muchos de quienes invocan “cuidar la institucionalidad”, desde hace décadas faciliten corrupciones y protegen a corruptos; digan defender a jubilados sin desactivar regímenes de privilegio, o permitan que impunemente saqueadores de recursos públicos realicen proclamas golpistas? Como aporte a estos interrogantes, se cita el espectáculo que en la Cámara de Diputados protagonizara la diputada Carignano, funcionaria del gobierno anterior, cuando a los gritos acusó al diputado Gerardo Milman de drogadicto y promotor de un magnicidio, y denunció que en el recinto había muchos “gatos”, identificando algunos. En aras de no discriminar al sexo femenino, si se observa el griterío y pobre nivel de los debates legislativos, es razonable pensar que también hay muchos “perros”.

La próxima reflexión continuará con las referencias individuales, profundizando el histrionismo de Milei desde el Estado, y mencionando a dos reconocidos periodistas del sector privado: Fernández Díaz y Jorge Fontevecchia.

Buenos Aires, 11 de mayo 2025

¿Existe la SIDE?

Reflexionar didácticamente acerca de hechos políticos, implica partir de postulados básicos, veraces y masivamente entendibles. Tres de ellos acapararon la atención mediática reciente: las empanadas de Darín, las condiciones actorales de la jueza Mackintosh, y la existencia de una directiva secreta de la SIDE para “monitorear a grupos sociales vulnerables”, denunciada por el periodista Alconada Mon el 28 de mayo en La Nación. Por ser un tema histórico recurrente y de importancia institucional, se analizará el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que en el gobierno anterior se bautizara como Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dado que las fuentes de información de un ciudadano común provienen de medios de comunicación, el primer paso para evitar la simplista afirmación de “lo creo o no lo creo”, es replicar la curiosidad infantil en la enseñanza básica que impulsa a preguntar, y ya más adulto, detectar omisiones o contradicciones.

Alconada Mon expresó que lo denunciado “consta en una copia de esa orden secreta firmada por Diego Kravetz que obtuvo La Nación, siendo  circulada por al menos una decena de despachos oficiales, y cuya autenticidad se verificó con dos fuentes independientes entre sí”. La primera inconsistencia es que la circulación de la nota por múltiples despachos, profesionalmente le quitaría su condición de secreta. En cuanto a los intentos de hackeos sufridos por el periodista de los que da detalles, hace suponer que de ser aptos, la SIDE y otros organismos de inteligencia deberían ubicar a los responsables en el corto plazo. Y por último, resurge el clásico pedido legislativo de llamar al responsable de la SIDE, Sergio Neiffert, para que brinde explicaciones, lo que genera otra incongruencia: ¿no se debería llamar previamente a los doce legisladores que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de inteligencia, presidida por el senador Lousteau, que tienen obligación de controlar y  poseen facultades para investigar de oficio?

Mientras estas dudas se dilucidan, a fin de establecer un cuadro de situación primero y plantear una hipótesis luego, se citan antecedentes recientes del Organismo verificables por Internet, teniendo presente que el Sistema de Inteligencia de la Nación fue promulgado por ley 25520 en diciembre del 2001, y según su artículo 2°, inciso 1, tiene como misión detectar amenazas a la seguridad exterior e interior de la Nación. 1) Respecto a información y documentación interna, el personal deberá observar las clasificaciones de estrictamente secreto, secreto, confidencial, reservado y público. 2) En cuanto a la profesionalidad de las conducciones, vale comenzar por un hecho icónico producido en 2004, en el programa televisivo de Hora Clave conducido por Mariano Grondona, cuando el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz mostró la foto del agente de inteligencia Antonio Stiuso, describiéndolo como peligroso. Tal vulneración de reserva implicó que Béliz debiera trasladarse con su familia a Estados Unidos, mientras que Stiuso no solo continuó ejerciendo sus funciones, sino que fue permanentemente mencionado en crónicas periodísticas y acusaciones políticas asociándolo a actividades tenebrosas, y participando de reuniones sociales de políticos, fiscales y jueces. Lo que pareciera una rareza en agentes secretos, no es tal si se observa quienes condujeron al Organismo desde el 2015: el político Parrilli; el empresario Arribas; la fiscal Caamaño; el político Rossi; la política administrativa Alberdi; el abogado administrativo Silvestre Sívori y el político Neiffert. En posiciones relevantes, se destacaron los políticos Majdalani, Tailhade y Mena. Vale decir, en tan solo diez años la SIDE (o AFI) tuvo siete conducciones distintas, sin formación específica, y rotando por distintos cargos burocráticos. 3) Como no podía ser de otro modo, las incongruencias se extendieron al campo judicial, dado que las supuestas actividades “secretas” de los servicios de inteligencia criollos eran ventiladas ante distintos juzgados, entre ellos los de Servini de Cubría, de Giorgi, Ercolini, Ramos Padilla, Villena, Auge y Kreplak. La incompetencia la reflejó la conducción de la fiscal Caamaño, con dos hitos épicos: cuando a requerimiento del juzgado de Lomas de Zamora debió enviar información reservada con datos personales de unos cien espías, la misma se hizo pública, y dos de los espías situados en el extranjero debieron ser repatriados por riesgo de vida. Y cuando el fiscal Taiano solicitó a la AFI el listado de los 89 espías que registraron intercomunicaciones activas el día de la muerte del fiscal Nisman para citarlos a declarar, la interventora respondió que 64 de ellos ya no pertenecían a la AFI, y se desconocían sus paraderos. El juez Martínez de Giorgi por su parte, mantiene desde hace años cuatro causas de espionaje ilegal sin avances. Tales absurdos aconsejan aclarar que no corresponden a capítulos de la inolvidable serie televisiva americana Superagente 86, que en la década del 60 parodiaba a las películas de espías.

Con estos datos públicos y verificables, es momento de abandonar la figura literaria que califica a los servicios de inteligencia como “sótanos de la democracia”, para preguntarnos si los políticos formaron una inteligencia apta para proteger al país de amenazas exteriores ya instaladas, o solo una tipo casero para espionajes burdos, negociados y debates políticos oportunistas.    

Buenos Aires, 04 de mayo 2025