Degradaciones legislativas
El tortuoso trámite de armado de listas legislativas en la provincia de Buenos Aires para elegir a un total de 69 legisladores, se repetirá en el armado de las nacionales para elegir a 151 (127 diputados y 24 senadores), entre los que pujarán Massa, Moreau, Lousteau, Carrió, Stolbizer, Monzó y Manes entre otros, y cuyo cierre operará el 17 de agosto próximo. Se repetirán oportunismos, peleas y desconfianzas, que recuerdan el consejo de Maquiavelo referido a las tropas mercenarias que se ofrecen al mejor postor: “Viven desunidos, son ambiciosos, indisciplinados, desleales, altaneros entre amigos y cobardes frente al enemigo. Desean ser soldados mientras no haya guerra; pero en cuanto esta estalla, prefieren la deserción o la fuga”. La única diferencia con nuestra realidad, es que entre viejos políticos no hay deserciones o fugas, sino por el contrario, intentos de continuar o retornar el usufructo de privilegios, porque la guerra electoral es solo de palabras.
Mientras se desarrolla la campaña, será más productivo para la sociedad profundizar de modo comprensible para cualquier ciudadano con independencia de su tendencia política, sobre el rol y funcionamiento del poder legislativo dentro de la proclamada y poco ejercida división republicana de poderes, dado que recaerá sobre sus espaldas en condición de opinión pública, forzar las transformaciones institucionales que el país requiere, pues los beneficiarios de corrupciones y privilegios no las realizarán por sí mismos. Inicialmente cabe destacar los siguientes aspectos.
Son los legisladores quienes congregan y representan a todas las provincias y expresiones partidarias diversas, y aprueban leyes que los poderes ejecutivo y judicial deben aplicar y administrar. Son ellos entonces los que deben generar los tan mentados consensos, que de por sí no son suficientes, pues pueden lograrse para votar malas leyes, paralizar las social y económicamente transformadoras o coaccionar al poder político. Pueden diseñar sistemas jubilatorios, laborales e impositivos modernos de aplicación factible y sostenible en el tiempo, y una ley marco de distribución de recursos entre Nación y provincias, obligación constitucional incumplida desde 1995, como también amenazar con comisiones investigadoras o juicios políticos históricamente inútiles, e integradas muchas veces por quienes defienden la impunidad de corruptos, y legalizar un entramado electoral que les facilita continuidades políticas, que incluye la burla de las candidaturas testimoniales (elegí a mi cara bonita, aunque no asumiré la banca), además de adjudicarse prebendas que rompen con el principio constitucional de igualdad ciudadana ante la ley.
Otro aspecto es la ratificación de que para mantener poder, no existen grietas partidarias o ideológicas insalvables. Enemigos hasta hace días, pueden compartir una misma lista proclamando una falsa unidad. Las grietas se utilizan para manipular más fácilmente a las masas, forzándolas a optar en lugar de indagar y pensar. Pero este recurso pierde eficacia en tanto y en cuanto los fracasos se mantengan en el tiempo con los mismos personajes, lo que se manifiesta en eslogans de campaña simplones y opiniones hipócritas. El último ejemplo lo proveyó el senador Mayans en un reportaje en La Nación el 27 de julio, al declarar que “Milei no cree en la división de poderes: su gobierno es unitario y parece de facto” (textual). Mayans representa a Formosa, gobernada por Gildo Insfrán desde hace 28 años.
Vale cerrar con un tema que debe comenzar por el Congreso Nacional, dado que su estructura física, operativa y presupuestaria debiera estar relacionada con los 326 legisladores que entre senadores y diputados dicen representar a la ciudadanía, lo que supone extremar capacidad de trabajo, ejemplaridad, sobriedad en el gasto, resultados virtuosos, y transparencia en su accionar. Por ello vía Internet, es imprescindible brindar información oficial centralizada y mensualmente actualizada, de la planta de personal con sus nombres, funciones, nivel educativo, salarios brutos, domicilio real, viajes al exterior, asistencia a sesiones y proyectos presentados, como base de “datos duros” no pasibles de discusión u ocultamientos. Obligación que deberá ser extensible a todos los organismos y empresas estatales, sean centralizados o descentralizados. Esta tarea de verdadera transparencia pública es de rápida implementación vía inteligencia artificial, dejando la inteligencia humana para las polémicas y escándalos. Solo como referencia, pues las fuentes de información son disímiles y no certificables, el Congreso tendría 11.000 empleados para un total de 329 legisladores, de los cuales 2.200 en diputados y 1.500 en el senado, revisten la enigmática condición de asesores.
Buenos Aires, 30 de julio 2025