¿Acuerdo o cohecho político?

En un reciente artículo publicado en La Nación, el versátil político Emilio Monzó afirmaba que el triunfo contundente del gobierno en la elección legislativa, se debió a que sus errores políticos y económicos generaron un “miedo emocional” en la sociedad, de tal modo que en lugar de castigarlose le otorgara el triunfo. Es interesante el uso del término “emocional”, pues asociado al espectáculo, es la esencia de la propaganda política, que puede alcanzar límites bufonescos, como los recientes juramentos de muchos legisladores, alguno de los cuales al momento de distribuirse privilegios mutan en positivistas, planteando “por mi voto, ¿qué me ofrecés?”  Por ello, para elaborar argumentaciones racionales (pensar y optar), en lugar de emocionales (contagiarse y aceptar), los análisis se centrarán en los 355 nombres propios que integran el presidente, gobernadores y legisladores nacionales, responsables de cambiar la matriz de decadencia del país. Esta guía puede extenderse a las legislaturas provinciales y municipales de todo el país, que presentan una relación costo-beneficio social escandalosa.

Al respecto es útil detenerse en el hecho protagonizado por el gobernador y legisladores de la provincia de Buenos Aires, para avalar que el Ejecutivo se endeudara en 3.685 millones de dólares, de los cuales 1.446 son para afrontar vencimientos de deuda (razonable), y el saldo para incrementar el déficit fiscal, invocando “no afectar la salud, la educación y la seguridad” (al menos no se citó a los cargos políticos). Como se necesitaba el apoyo de los 2/3 de ambas Cámaras para lograr el objetivo, tras acordar ampliar el directorio del banco Provincia de ocho a catorce integrantes, y repartir otros cargos políticos, el endeudamiento se aprobó con apoyo de los bloques del PRO, UCR, Coalición Cívica, y ex libertarios que abandonaron el partido. La crítica en este caso no debe centrarse en el peronismo que encabeza Kicillof, sino en quienes se presentan como oposición declamando apoyar el equilibrio fiscal, y los más audaces, luchar contra los privilegios políticos.

Manteniendo la estrategia de que los análisis se sustenten en nombres concretos, y no por lo que se declama sino por lo que cada legislador vota o se ausenta, vale citar los nombres de los cinco supuestos opositores designados en el directorio ampliado, para envidia de muchos oficialistas. Por ser en general desconocidos a nivel público, junto a sus nombres se indicará partido al que dicen representar, y entre paréntesis, el político conocido al que responden internamente. Ellos son: 1) PRO: Adrían Urreli (Grindetti) y Matías Ranzini (Ritondo); 2) UCR: Fernando Pérez (Lousteau); 3) Fernando Rozas (ex libertario), 4) Marcelo Daletto (sector Monzó). Los datos lo aportan algunos medios gráficos, que brindan información clara, comprensible y didáctica de las votaciones trascendentales como la presente, que incluyen fotos de los votantes claves y/o beneficiarios de los acuerdos, sus procedencias partidarias, antecedentes transfuguistas, y políticos a los que responden.  

Como lo descripto ratifica el conocido sendero de acuerdos malsanos y canje de privilegios a costa de incrementar la estructura burocrática ineficaz en desmedro de la salud, educación y seguridad, es válido formular interrogantes, inicialmente infantiles, para ser esclarecidos con el debido soporte jurídico.  

1.- ¿Lo negociado es un acuerdo o un cohecho, como el Código Penal define al delito de un funcionario público que solicita, acepta o recibe un beneficio (dinero, regalos o favores), para realizar u omitir un acto relacionado con sus funciones? Por ejemplo, cuando para votar leyes se utiliza dinero que perjudique al erario público a través de sobrecostos injustificados emergentes de crear cargos públicos altamente rentados e innecesarios, ¿se lo puede considerar cohecho en términos jurídicos, o bien “inhabilidad moral” y/o “falta de ética”, que no son penalmente punibles, pero los políticos aplican según convenga? O para usar un término de moda, pagar favores con cargos innecesarios con salarios que superan los 13 millones de pesos mensuales, ¿sería una forma de coimear “en blanco”?

2.- El segundo interrogante tiene larga data: ¿la banca pertenece al partido que presenta una lista que oficializada vota el ciudadano, o al legislador una vez que asume, dando lugar a transfuguismos vergonzosos que rompen con compromisos electorales. Pregunta para Monzó: ¿esto no causaría miedo emocional en la sociedad?

3.- Tarea para la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué requisitos debe presentar un partido, agrupación o espacio, según se prefiera, para certificar su real existencia y habilitarlos para presentarse en una elección? Vale decir, sede, autoridades, actividad cierta, balances, reglamentos, afiliados certificados y rendición de cuentas. Pues son las normas electorales las que posibilitan las extensas continuidades de reconocidos políticos, no el “miedo emocional” del votante.

Maquiavelo alertaba que “el príncipe que descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque son ambiciosos, desleales, no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”

Buenos Aires,10 de diciembre 2025