Mes: febrero 2026

Círculo rojo desteñido

Las transformaciones democráticas presentan una etapa en la que coexisten la  identificación de vicios del pasado, con un diseño pretendidamente virtuoso del futuro. A fin de lograr consensos sólidos y comprensibles para todos los sectores socio-culturales, las argumentaciones y análisis deben ser didácticos y basados en datos esenciales, veraces y verificables, relegando los escándalos, frivolidades discursivas y amenazas directas, como se observara en las recientes sesiones legislativas en diputados, al espectáculo farandulero.

Como las reglas de la propaganda política creadas en las primeras décadas del siglo XX permanecen vigentes, cabe recordar algunas de ellas: el uso del eslogan, frase breve que pretende un impacto masivo por repetición; la mimetización de un grupo con simbologías y personajes históricos; falacias persuasivas, y concentrar los ataques en enemigos únicos, para no diluir sus efectos (Kirchner, Milei, FMI). Sin embargo, el problema que afronta la clase dirigente argentina es haber vulnerado un principio clave de toda propaganda: los mismos personajes que llevaron al empobrecimiento de una enorme mayoría social no pueden mantenerse en el tiempo repitiendo las mismas políticas y los mismos mensajes, salvo en dictaduras. Es por ello que las polémicas y quejas desatadas por la reforma y/o modernización laboral, asoció públicamente a personajes que hasta ahora se suponían con intereses divergentes. Entre otros, a Paolo Rocca y Madanes Quintanilla en el mundo empresario; Moyano, Barrionuevo, Martínez y Rodríguez en el mundo sindical, y para citar a un peronista auténtico y racional, Pichetto en el mundo político. El hecho de que todos ellos superan los 70 años, lleva a trabajar sobre una hipótesis a ser verificada a futuro, basada en que existe una dirigencia generacional activa desde hace más de tres décadas, que atravesó una etapa de degradación económico-social sin menoscabo para sus patrimonios, enriquecimientos y privilegios. De ser así, los beneficiarios repiten un interrogante de validez universal: si estamos bien en lo económico y usufructo de privilegios, ¿para qué cambiar?

Como toda hipótesis exige demostración, vale detenerse en aspectos propagandísticos manipuladores de la opinión pública, que han perdido eficacia. Tal el recurso de la “grieta”, que según el diccionario es “una hendidura o abertura alargada en la estructura de un cuerpo sólido”, pues los problemas pasados y futuras soluciones no dependen de dos sectores divididos, sino de tres por igual: empresarios, sindicalistas y políticos, quienes asumen la responsabilidad de acordar transformaciones en pos del interés común. Tampoco sirve el ocultista uso de abstracciones, como indica la aparición en queja de los relevantes empresarios industriales Rocca y Madanes Quintanilla, dando una saludable voz y encarnadura a la mística abstracción Círculo Rojo. Y menos aún, como mostró el vergonzoso debate legislativo por la ley laboral, políticos mimetizándose a los gritos con las memorias de Alem, Yrigoyen y Perón, reduciéndolos a simbologías que disimulen las malas praxis y corrupciones de quienes gobiernan desde hace más de tres décadas, en las que existieron formidables avances tecnológicos y se atravesaron crisis locales e internacionales, pese a lo cual, para justificar incompetencias y enriquecimientos, se continúa culpando a los “malévolos” chinos, “yankees”, o enemigos de ocasión.  

Para argumentar sobre la hipótesis generacional empobrecedora, se fija a las décadas del 60/70 como punto de partida arbitrario, con la revolución militar de Onganía que derrocó a Illía, y consolidó el principio mussoliniano del corporativismo, al lograr adhesiones gremiales con el otorgamiento de Obras Sociales y la vigente Ley Laboral. En paralelo se promovió geopolíticamente el desarrollo patagónico, que se plasmó en 1971 con el ya mencionado Parque Textil Trelew (Chubut), y en 1972 la promoción de la industria electrónica fueguina, aún vigente. A esta época se remonta los ancestros de Madanes Quintanilla, cuando en 1971 tras una compulsa internacional, el entonces presidente militar Lanusse adjudicó por decreto una planta productora de aluminio instalada en Puerto Madryn (Chubut), a la firma italiana Aluar, en cabeza entonces de Manuel Madanes, tío del actual presidente de la empresa. Las obras se contrataron con las empresas italianas Impresit e Italipianti, que inclusive importaron cemento y hierros de construcción desde Italia (verificar este dato). En 1974 se produjo la primera colada de aluminio, con la habilitación de parte del total de 92 cubas electrolíticas. Al ser consumidora de gran energía eléctrica, una Sociedad del Estado construyó la presa hidroeléctrica Futaleufú en la cordillera, y una red de alta tensión de 600 kilómetros hasta la planta, que se habilitó totalmente en 1978. El estado nacional por su parte, construyó un muelle de aguas profundas en el Golfo Nuevo para exportar el aluminio. Carece de sentido profundizar hoy sobre las polémicas provocadas por la adjudicación. Lo relevante es que la industria es exitosa y exportadora, pero asociada a enormes inversiones del Estado. Cabe preguntarse: ¿considera Madanes que su cancha quedó nivelada? No; siempre solicita nuevas prebendas.

Transformar, informar y formar a la ciudadanía en forma clara, no lo lograrán grupos fascistas en el recinto legislativo, troskistas en la calle, y empresarios ocultos en Círculos Rojos.

Buenos Aires, 25 de febrero 2026

Del papelito a la burocracia judicial

Cabe retomar al desarrollo de las causas judiciales en trámite, con base en la llamada “Mansión Pilar” relacionada con la AFA, porque tiene una fecha de inicio definida (noviembre de 2025), derivaciones que se interrelacionan con otras causas, complicidades multisectoriales, y la intervención de una sorprendente cantidad de camaristas, jueces y fiscales en menos de tres meses, lo que la convierte en un didáctico ejemplo para analizar estrategias, procedimientos y eventuales impunidades judiciales. En las argumentaciones no se utilizará la abstracción JUSTICIA, sino se identificará por sus nombres a los funcionarios actuantes, con sus antecedentes verificables de ser necesario, sin adosar adjetivaciones, que solo generan polémicas que no esclarecen.  

La estrategia de la grieta en la llamada “familia judicial” nació en su propio seno, con la creación de la asociación civil Justicia Legítima en el año 2013, que hizo suponer que no existía en el país una justicia unívoca. Pero ante el accionar de sus propios miembros surgieron incongruencias en cuanto a objetivos declamados. Por ejemplo, Garrigós de Rébori a cargo del Sistema Penitenciario, facilitó el “home office” en las cárceles; Cristina Caamaño, directora de la AFI, reveló nombres de espías argentinos en el exterior, y Alejandro Ramos Padilla intentó hacer caer la causa Cuadernos. Es por ello que ante la necesidad de producir cambios estructurales que saquen al país de la decadencia, los análisis priorizarán la simpleza verificable para que sean masivamente comprensibles, apelando en algunas circunstancias al diccionario, usado en la escolaridad básica como instrumento unificador de conceptos. Ello permite, por ejemplo, asumir que es incorrecto decir que poderes del Estado y organismos estatales son independientes, pues el diccionario indica que tal condición la cumplen quienes “no dependen de otro”, que no es el caso, por lo que son interdependientes. Pero es en el Poder Judicial que se observa una mayor dependencia del poder político, cuyo interés en las designaciones se centra en posibles futuros fallos judiciales en causas de corrupción, antes que en la idoneidad profesional. Ello se manifiesta en las pujas para designar integrantes de la Corte Suprema, y cubrir más del 40% de vacantes en juzgados. Para disimular esta realidad, se crean estructuras como el Consejo de la Magistratura, cuya ineficacia y politización nos retrotrae a una vieja anécdota de mayo de 2002, cuando durante un trámite de pliegos de jueces, el entonces senador Raúl Alfonsín fue fotografiado leyendo un papel que decía “el juez que hay que cajonear es Antelo”, entonces secretario de la Corte Suprema. Como es usual en el cine clásico político, se produjo gran escándalo y denuncias, para concluir que nadie sabía quién había alcanzado el papel, y menos aún quien lo había escrito. Desde entonces nada cambió en el metafórico intercambio de papelitos entre senadores, que finalmente son quienes deciden. Es en este contexto judicial que cobra valor el caso “Mansión en Pilar”, observándolo a través de su secuencia cronológica, actualmente en la etapa investigativa.

Noviembre 2025: la causa se inicia con una denuncia de la Coalición Cívica. Es sorteado el juez federal Rafecas, quien se declaró incompetente, pasando el expediente al juez penal-económico Aguinsky, quien también rechazó intervenir.  Diciembre 2025: Ante la denuncia de vecinos en cuanto a movimientos en la mansión, Rafecas ordenó varios allanamientos. En pleno desarrollo de los mismos, el camarista Bruglia resolvió que el caso lo tramite el juez Aguinsky, quien inició nuevas medidas de prueba. Enero 2026: el día 2, el juez Saettone, de San Isidro, a pedido del fiscal Camafreitas, dispuso el allanamiento de la vivienda de Matías Yofre, uno de los denunciantes en la causa. El juez Aguinsky citó a declarar a los “dueños sin recursos económicos” de la mansión, Pantano y Ana Conte. De inmediato, el abogado defensor solicitó que la causa pase al juez federal de Campana, González Charvay, a lo que accedió el camarista Alberto Lugones. Febrero 2026: El fiscal Cearras se opuso a la competencia de Campana, y acudió en queja ante la Cámara Federal de San Martín, que confirmó a Gonzáles Charvay, quien de inmediato inició actuaciones. Ante ello Cearras planteó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación, integrada por Petrone, Carbajo y Mahiques, quienes definirán la controversia. Hasta el momento se observa un esquema habitual de los abogados defensores en causas de corrupción: demorar discutiendo competencias y excusaciones. Es así como a casi tres meses de iniciada la causa, los supuestos dueños Pantano y Conte aún no declararon. Ello plantea ante la ciudadanía un interrogante esencial, relativo a si las leyes penales permiten que el Estado pueda incautar, decomisar o confiscar a la brevedad y sin condena previa bienes en manos de testaferros, para ingresarlos al erario público. Un beneficio subsidiario, sería el de hacer menos rentables los artilugios judiciales dilatorios.

Otro aspecto a clarificar es el de si las leyes son pasibles de “interpretación”, pues el diccionario define al término “interpretar” como una “comprensión personal de la realidad”. Por lo tanto, si una ley es interpretable, o está mal redactada, o no se le puede exigir a un ciudadano que no pueda invocar desconocerla.  

Buenos Aires,  18 de febrero 2026

Peluca y Chatarrín

La pérdida por parte de Techint de la licitación internacional para proveer caños de acero para la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, al ofertar 40% más que la empresa india ganadora Welspun, reavivó un debate con argumentos que en nuestro país son inmutables desde hace ocho décadas. Sobre la base de que existe un contexto político-social que busca transformar y evolucionar en lugar de conservar, vale focalizarse en los dos actores más representativos de intereses en principio encontrados: Milei, presidente de la Nación, y el CEO de Techint Paolo Rocca, el empresario industrial más importante del país, Para entender la divergencia de posturas de modo distendido y sin apelar a descalificaciones inútiles, se usará la licencia humorística de llamar “Peluca” a Milei, y “Chatarrín” a Rocca. Y para evitar la jactancia de opinar sin los fundamentos necesarios, solo se mencionarán algunos hitos históricos verificables y relevantes, que por elegirse arbitrariamente, pueden ser complementados o sustituidos por otros. Lo relevante es que con independencia de coyunturas internacionales y locales, la recurrencia argentina en pos del fracaso es inédita.

Década del 40.- En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, con Europa en ruinas. Japón, que sufrió dos bombas nucleares, es hoy la cuarta economía mundial. En Argentina se comenzó a financiar un gasto estatal descontrolado con emisión del Banco Central. En esta década se fundó Techint.   

Década del 50.- Bajo el régimen de Mao, en China se produjo la gran hambruna, con millones de muertos. En Argentina, en 1955 un golpe militar derrocó a Perón.

Década del 60.- Australia y Nueva Zelanda ganaron mercados mejorando notoriamente su productividad, mientras en nuestro país la industria textil se mantuvo estancada, En 1966 se produjo un nuevo golpe militar.

Década del 70.- Con el gobierno militar vigente, en febrero del 70 se crearon Obras Sociales con control sindical. Se implementó el IVA, que pagan ricos y pobres, con una tasa del 13%. En 1971 se creó el Parque Industrial Trelew, en Chubut, aportando la Provincia tierras fiscales, infraestructura de servicios y exenciones impositivas durante 10 años. Se instalaron 56 fábricas textiles, procesando el 90% de lana del país. Vencido el plazo de promoción, más de 45 cerraron sus instalaciones. En 1972 se creó el régimen promocional de la industria fueguina, basada en importar productos desarmados y armarlos en la isla con un enorme costo fiscal. En 1973 se reingresó a la democracia, con el triunfo del peronismo. En 1975 se produjo el Rodrigazo, y en 1976 un nuevo golpe militar. En mayo del 76 se promulgó la Ley de Contrato de Trabajo vigente. En China, tras el fallecimiento de Mao, en 1978Deng Xiaoping introdujo el “socialismo con características chinas”, eufemismo para no hablar de capitalismo, con un modelo exportador inicialmente precario, que provocó las primeras quejas empresarias locales por competencia de productos de baja calidad fabricados con “mano de obra esclava”.

Década del 80.- Guerra de Malvinas. En 1983 se recupera la democracia. Fracasó el intento de Alfonsín de actualizar la Ley Laboral. En 1986 el IVA se unificó en el 18%. Hiperinflación en 1989.

Década del 90.- En diciembre de 1991 cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En nuestro país, en 1990 Tierra del Fuego se convirtió en la provincia número 24. Rebrote hiperinflacionario. En 1991 se estableció la Ley de Convertibilidad. El IVA se incrementó al 21%. Se privatizaron empresas públicas, entre ellas YPF. En 1994 se reformó la Constitución Nacional, creando organismos grandilocuentes pero irrelevantes en la práctica, mientras que el mandato de crear un nuevo régimen de coparticipación federal no se cumplió entonces, ni hasta la fecha.

Década del 2000.- El 21 de diciembre de 2001, cae De la Rúa, que también fracasó en su intento de actualizar la Ley de Contrato de Trabajo. Designado a cargo del Ejecutivo, Rodríguez Saá anunció ante el Congreso el día 24, el default de la deuda externa argentina, la mayor de la historia, entre vítores legislativos pues se salvaban privilegios. No así el de los ciudadanos, a quienes se les confiscaron depósitos. Ante la fuerte devaluación se implementó la pesificación asimétrica, por la cual parte de las deudas en dólares de grandes grupos empresarios fueron absorbidas por el Estado (léase ciudadanos), para salvar “fuentes de trabajo”, frase que se instaló como eslogan para ocultar corrupciones y malas praxis. Se reestatizaron empresas públicas, como YPF.

 Década del 2010.- China tuvo un desarrollo tecnológico exponencial, siendo hoy la segunda potencia mundial, en competencia con Estados Unidos.

Década del 2020.- Pasados más de 50 años, el 31 de diciembre de 2023 caducaron los beneficios fiscales a favor de las industrias armadoras radicadas en Tierra del Fuego, pese a lo cual el ex presidente Fernández lo prorrogó en octubre del 2023 por 15 años.

A la luz de los hitos mencionados, y en pos de revertir la decadencia argentina, como legítimos representantes de lo público y lo privado, los simpáticamente llamados Peluca y Chatarrín tienen mucho que analizar y acordar en bien del país.

Buenos Aires, 12 de febrero 2026

En la AFA Maquiavelo no murió

Cabe retomar las reflexiones políticas semanales comenzando por la afirmación de Milei en el foro internacional de Davos, respecto a que Maquiavelo ha muerto. Ello nunca sucederá, porque su filosofía refiere a los diversos matices del ejercicio del poder político bajo la perspectiva del realismo, y no del idealismo, invocado discursivamente pero poco practicado. Sin embargo, su planteo de que el éxito de un gobernante podría justificar acciones cuestionables, excluía las corrupciones que derivaban en el empobrecimiento de los gobernados. Esta diferencia se visualiza en los hechos de corrupción de la Asociación del Fútbol Argentino, con punto de partida en noviembre de 2025, cuando Tapia otorgó un inexistente título de campeón 2025 a Rosario Central. Enriquecimientos ilícitos desmesurados y visibles (realismo), se intentan encubrir planteando que la AFA es una entidad privada sin fines de lucro, y que los clubes son de los socios (idealismo).

Lo ilustrativo de este caso es que no se circunscribe a casos sectoriales como la causa Vialidad, de clara matriz santacruceña, o de empresas de obras públicas conocida como Cuadernos, sino que involucra a los poderes públicos ejecutivo, legislativo y judicial, empresarios privados, sindicalistas, financistas, y partícipes necesarios en condición de activos (planificar y ejecutar), y pasivos (dejar hacer). Tal diversidad y complejidad aconseja establecer una estructura analítica masivamente entendible que procese las informaciones útiles, irrelevantes o falsas que proveen los medios de comunicación, para luego resaltar contradicciones o formular interrogantes. Un primer paso consistiría en unificar conceptualmente los diversos hechos que se tramitan en distintos juzgados, como “corrupción en la AFA”, pues el primer intento encubridor será desmembrar las investigaciones. Seguidamente plantear como marco analítico un metafórico tablero de ajedrez, en el que se moverán piezas negras y blancas. Las primeras representan a diversos actores que, sin prejuzgar culpabilidades, están directa o indirectamente relacionados con la AFA. A manera de ejemplo se citan algunos nombres: Tapia, Toviggino, Riquelme, Villarroel, Montaña, Milito, Moretti, Nakis, Belloso, Malaspina (Comité Ejecutivo de la AFA); Beligoy y Rapallini (responsables del referato); Massa, Blanco, Moyano, Grindetti, Scioli, Espinosa, Brito, Vila, Russo, Ritondo y Angelici (políticos involucrados con los clubes); Kicillof y Achával (brindaron a la AFA asilo en la provincia); Vallejos y Piccirillo (financistas y prestamistas); Carmona, Müller y Billordo (pilotos de helicópteros); Conte, Pantano, Capurro, Verón y Yaniello (testaferros); Faroni, Paz, Ojeda, Schmalz, Beacon, Scornik, Saracco (intermediación de dinero). BCRA, ARCA, UIF, IGJ, ANAC y entidades financieras ante operaciones sospechosas (organismos de control). Lo ilustrativo de este listado es que ratifica que invocar “persecuciones políticas” como intento encubridor carece de fundamento, dado que la corrupción a costa de recursos públicos no diferencia entre alineamientos políticos, ideológicos o laborales. Pero también hace suponer las presiones que sufrirán (o aprovecharán) las fichas blancas, que conforman exclusivamente camaristas, jueces y fiscales, de los que se indican nombres. Excluidos los que integran los tribunales de Ética y Disciplina de la AFA, con las causas en trámite entre paréntesis, se cita a: 1) Rafecas, camarista Bruglia, Aguinsky, camarista Lugones y González Charvay (mansión en Pilar a nombre de testaferros). 2) Armella y fiscal Incardona (lavado de dinero de Vallejos). 3) Villena (fideicomiso del club Bánfield con Vallejos). 4) Capuchetti (lavado de dinero de Vallejos, Piccirillo y Hauque). 5) Servini (operaciones cambiarias de Piccirillo y Vallejos). 6) jueza Petazzi, que planteó incompetencia a favor de Armella (recepción de registros bancarios desde Estados Unidos, por empresas fantasmas de Faroni y su esposa en negocios con la AFA). 7) Servini, Capuchetti y Casanello (venta de dólares del Banco Central a precio oficial durante el cepo, con intervención del directorio e inspectores, que incluye a implicados en el caso AFA). 8) Amarante (solicitud de levantamiento del secreto fiscal y bursátil de Tapia, Toviggino y Malaspina).

Para los análisis futuros será útil el reconocimiento por los propios políticos de la existencia de mafias estatales (aunque los mafiosos “sean los otros”), pues facilita comparar similitudes en actitudes y estrategias, comenzando por la clásica “omertá”, como se llama al código de silencio que prohíbe delatar actividades delictivas, y que se encuentra en plena aplicación, con declaraciones tales como “no lo sé”, “no recuerdo”, “no lo conozco”. Un dato llamativo es la inusual cantidad de jueces que, inclusive en plena feria, desean intervenir en las causas AFA, en especial en la llamada “mansión de Pilar”. Dados los antecedentes judiciales en casos de corrupción, cabe la duda si primarán los que actuarán en defensa de la sociedad y en recuperar parte de lo mal habido, o quienes cumplirán la tarea de congelar y diluir las investigaciones. Como simple observador, Maquiavelo sonríe.

Buenos Aires, 04 de febrero 2026