Empresarios a exámen

Dado la degradación institucional, económica y social de nuestro país en las últimas décadas con la permanencia de las mismas clases dirigentes, es necesario variar los igualmente repetidos enfoques analíticos y discursivos. Para ello se podrían crear canales comunicacionales que faciliten que sean los ciudadanos comunes quienes formulen interrogantes a ser respondidos por diversos niveles de representación y/o poder. En newsletters anteriores se simularon “exámenes” con preguntas específicas que intenten evitar que se eludan respuestas precisas bajo el artilugio de incursionar en abstractos debates ideológicos o apelar a eslógans o estadísticas de veracidad incomprobable. Se analizó anteriormente a economistas, jueces y sindicalistas. Es ahora el turno de los empresarios.

El término empresario se consolida a fines del siglo XVIII con la Revolución Industrial, caracterizando a quien interrelaciona recursos materiales, trabajo y capital para producir bienes y servicios. Evaluarlos presenta una primera dificultad; a diferencia de la locuacidad mediática de políticos, economistas, sindicalistas y aún jueces, empujados por la reacción social contra la corrupción, en el empresario predomina la discreción, el silencio, el secreto. Utilizan la globalidad estadística como factor de presión pública (la industria, las pymes, las textiles), pero jamás presentan estudios de costos y menos aún, informan márgenes de ganancia. Su frase preferida es “trabajamos a pérdida”. Se expresan a través de las cámaras que los representan, lobbystas cercanos al poder político (ejemplo Mendiguren), y en un hecho inédito que realimenta la inflación, actúan muchas veces asociados con los sindicalistas, quienes cumplen el rol de presionar “en la calle”, para luego acordar aumentos que de inmediato son trasladados a la sociedad. El caso más reciente es el de los empresarios de transporte de cargas, cámara que conduce Daniel Indart, y el gremio de camioneros que dirige los Moyano, padre e hijo. Ambos hicieron paro; los primeros para que el Gobierno (o sea la sociedad), les subsidie combustibles y peajes; el gremio para lograr incrementos salariales por sobre la media. Demagògicamente invocan paritarias libres, pero durante las negociaciones las partes involucradas les hablan al Gobierno, para que se haga cargo. Excepcionalmente el reclamo es explícito: “El Gobierno debe intervenir más fuerte en las paritarias” (Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, La Nación, 17 de mayo de 2014).

Esta habitual asociación empresarios-sindicalistas adquiere ribetes más graves cuando acuerdan conjuntamente con funcionarios, financiarse y/o enriquecerse a costa de evadir sumas impactantes en impuestos y aportes patronales: Oil Combustibles; Grupo Indalo; OCA; Sancor; Cresta Roja, y una larga lista de empresas. La excusa para facilitar los negociados y/o salvar patrimonios propios indigna por su cinismo: crear y/o cuidar fuentes de trabajo.

En una organización social sana los roles son definidos: el sector político crea instrumentos de desarrollo y equidad; el sindicalista representa derechos de los trabajadores, la justicia cuida el cumplimiento de la legalidad, y el empresario aporta capital que se supone de riesgo, creatividad, profesionalidad. Que pasa cuándo éstos roles se confunden, intercambian o asocian, descapitalizando al Estado? Dejan de ser unívocos, y se superponen: son empresarios y políticos; son sindicalistas y empresarios, son jueces y políticos. Ello facilita prebendas, negocios fáciles sin riesgos económicos, y naturalmente, corrupción.

Hay quienes equivocadamente asocian el concepto populismo con políticas distributivas virtuosas, pero sus consecuencias son las mismas que en un capitalismo salvaje: enriquecimiento desmesurado de los beneficiarios de las corruptas asociaciones estatales-privadas, y lógico crecimiento de la pobreza y marginalidad. En este esquema reclaman ser subsidiados los pobres, pero también enriquecidos empresarios exitosos gestionadores de prebendas. Es momento entonces que los empresarios, sindicalistas y funcionarios “buenos” predominen sobre los “malos”, y acuerden políticas que desactiven esta máquina de generar inflación, privilegios, desempleo y pobreza. No sorprendería que lo logren sin afectar salarios, si desarman los costos extras injustificados o corruptos que no van al bolsillo ni a la seguridad social del trabajador. En defensa de los empresarios genuinos, diremos que la conocida frase “el capital no tiene ideología” ya no se les puede adjudicar en exclusividad. Muchos políticos y sindicalistas tampoco parecieran tenerla.

Buenos Aires, 21 de junio 2018

Consensos entre quiènes?

Es recurrente e inevitable que ante situaciones políticas complejas, distintos analistas políticos y representantes sectoriales reclamen un acuerdo político entre oficialismo y oposición para revertir una decadencia de décadas. Pero jamás identifican a los autores y garantes del eventual acuerdo. Resumen sus deseos en abstracciones tales como gobierno, oposición o similares, sin establecer referentes sectoriales con legitimidad de representación. Esta hibridez conceptual se manifiesta en denominar a la oposición “el peronismo”, sin referenciarlo con el receptáculo político-institucional que debiera otorgar organicidad y coherencia: el Partido Justicialista. Este fenómeno se refleja en menor medida en los radicales, quienes al menos mantienen la estructura UCR, más escenográfica que real. Ni hablar de los volátiles partidos menores. Esta realidad genera confusión en propios y extraños, y nos retrotrae a la pregunta del inicio: quiénes serían los autores y garantes de un consenso virtuoso?

Para intentar una respuesta sin entrar en intencionadas “grietas”  que eludan debates,  se debe partir de algunos supuestos: 1) Los rótulos peronistas, radicales y similares, deben ser completados con el término “dirigentes”, para no involucrar a los ciudadanos en su conjunto. 2) Hablar de peronismo en forma global como lo mencionan políticos y periodistas, elude señalar que en la Coalición Cambiemos abundan peronistas que no reniegan de ello, e integran el gobierno. Del mismo modo hay quienes se dicen radicales y se acoplaron al peronismo. 3) Contra lo que se supone, a partir de 1990 abundaron los consensos pero a nivel de cúpulas, con resultados nefastos. Veamos una reseña histórica.

El Partido Justicialista fue fundado por Peròn en el año 1946. El nombre de peronista o justicialista, sea presentándose como tal o conformando frentes con partidos menores, se mantuvo en las elecciones presidenciales de 1951, 1973, 1983 y 1989. En el 83 el PJ sufre su primera derrota electoral a manos de la UCR, sumando entre ambos partidos el 92% de los votos. En el 89 triunfa Menem con el Frejupo, con el PJ a la cabeza. En 1995 repite Menem con un Frente con predominio del PJ, y se quiebra el bipartidismo: la UCR salió tercera. La elección de 1999 exhibe el primer “consenso”: triunfa la fórmula De la Rúa (radical)-Carlos Alvarez (peronista). En el 2003, tras la crisis 2001/02, Menem triunfó al frente del PJ con el 24,45 % de los votos, pero no se presentó a la segunda vuelta, accediendo a la presidencia Néstor Kirchner con  el Frente para la Victoria. En esa elección, los partidos PJ y UCR sumaron solo el 25,16% de los votos. Los “consensos” no virtuosos se desataron. En el 2007 triunfó el FPV con la fórmula Cristina Kirchner (peronista)-Julio Cobos (radical). Ni Perón y Balbín lo habían logrado. En la misma elección compitió la fórmula Lavagna (peronista)-Morales (radical). El PJ no participó. En el 2011 triunfa nuevamente el FPV con Cristina Kirchner, superando al “consenso” UDESO, que presentó la fórmula Ricardo Alfonsín-González Fraga, y a Francisco De Narváez como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El PJ como tal, obtuvo el 5,86 % de los votos. En el 2015 triunfó la Coalición Cambiemos sobre el FPV, del que se desconoce su futuro. El PJ por su parte, sacó el 1,64 % de los votos. Es evidente que la memoria de Perón no puede usarse para encubrir oportunismos y/o corrupciones actuales. Dos argentinos describen con precisión la mutación peronista. Exequiel Adamosky, profesor de historia en Londres, expresa en un reportaje: “En el peronismo, antes de los 90 la oposición al poderoso era más fuerte, y el componente asistencialista era complementario. Ahora su identidad pasó a ser la ayuda a los pobres, sin buscar a los responsables de la pobreza”. Julio Bárbaro, peronista genuino, señala: “Desde la muerte de Perón el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos, pero también en el receptáculo de las ideas de moda: el liberalismo con Carlos Menem, y la izquierda con Cristina Kirchner”.

En este contexto hablar de “consensos” y objetivos sin actores legítimos y confiables tanto del oficialismo y como la oposición, es repetir engaños. La tarea no será fácil; todos los responsables de la decadencia siguen vigentes. En el caso del genérico “peronismo” por ejemplo, a quiénes se debería convocar: a Cristina Kirchner, Schiaretti, Urtubey, Zamora, Barrionuevo, Gioja, Massa, Picheto, Moreau, Nito Artaza? A todos juntos quizás? El caso de los gobernadores es peculiar. Arman las listas sábana para legisladores nacionales, pero al momento de votar políticas acordadas con la Nación, definen a sus elegidos como librepensadores. Un último deseo: que los periodistas no entretengan a la ciudadanía con juegos infantiles como Mauricio o Cristina; peronistas racionales o irracionales (que para mayor confusión votan juntos). Y que los políticos sean coherentes con sus discursos, y alguna vez actúen en beneficio del país.

Buenos Aires, 07 de junio 2018

Jueces a exámen

El Estado es un concepto que refiere a la organización política, social y económica de un país. No hay “grietas” entre lo público y privado. Es entonces a partir del Estado que se debe intentar desentrañar la matriz política que sumergió al país desde hace décadas en una permanente decadencia. Para manejar hipótesis de trabajo concretas, el abstracto concepto “décadas” se acotará al período definido entre la recuperación de la democracia en 1983 y la actualidad. En estos últimos 35 años resaltan tres aspectos: 1) continuidad del sistema democrático; 2) continuidad de personajes políticos, empresarios, judiciales y gremiales, sea por una envidiable longevidad, sucesiones familiares o sistemas electivos basados en el dedo; 3) continuidad discursiva para diagnosticar los mismos problemas sin resolverlos. Surge entonces el interrogante: cómo es posible tamaña continuidad de los responsables de la decadencia?

Es verdad que los sistemas electorales están finamente diseñados para que las opciones ciudadanas sean circunscriptas a rótulos partidarios rotundos, como renovación, neoliberalismo “malo”;  justicialismo racional o  justicialismo irracional, pero siempre con listas abiertas a los continuistas hasta el cierre del libro de pases. Ante esta reiteración de actores y discursos, pareciera evidente que los vicios de fondo son ocultados a la opinión pública. Una forma de torcer esta matriz, es que sean ciudadanos comunes quienes formulen interrogantes sencillos basados en conceptos conocidos, a ser respondidos  en una mesa de exámen por diversos sectores de poder. Se hizo con un grupo de sagaces economistas, y es el turno de los jueces, emblemas del Poder Judicial. Iniciemos el cuestionario:

1.- “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar” (Solón, 600 a.C). Muchos integrantes del poder judicial ejercen la docencia. Supongamos que a un alumno se le formula una pregunta definitoria: el caso de Cristóbal López implica defraudación o evasión a la AFIP? Cuál sería la respuesta correcta para aprobar el exámen?

2.- “Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. (Artículo 16 de la Constitución Nacional). Porqué entonces miembros del poder judicial no aportan salarialmente impuestos a las ganancias, y lo llaman derecho adquirido?

3.- “La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia. En casos de complejidad podrá prorrogarse por un año más” (Ley 24.390). Esta normativa no está fijando claramente el plazo razonable para llegar a la instancia de juicio oral y público?

4.- “Combatir la corrupción fortalece la economía y la democracia” (Isabel Groba Vieira, fiscal del caso Lava Jato). Los examinados deberán explicar estas dicotomías:

4.1.- Contrabando de 944 kilos de droga desde Argentina a España (2011). En España fueron juzgados y condenados los hermanos Juliá. En nuestro país no hay avances.

4.2.- Coimas pagadas por la empresa Odebrecht (2014). En Brasil fueron procesados y condenados empresarios, funcionarios oficialistas, opositores e intermediarios. En nuestro país los jueces Casanello,  Martínez de Giorgi y Rafecas no tienen avances concretos.

4.3.- Sobornos en la FIFA (2015). En Estados Unidos están condenados o procesados altos funcionarios, entre ellos los argentinos Burzaco, De Luca y Meizner. En nuestro país la jueza Servini de Cubría aún no elevó a juicio oral la causa “Fútbol para Todos”. 

Están invitados a participar de la evaluación los jueces Lorenzetti en representación de la Corte Suprema, y los jueces federales Servini de Cubría, Bonadío, Lijo, Casanello, Rafecas, Martínez de Giorgi, Rodríguez, Ramos y Ercolini. Invitación especial al ex juez Oyarbide.

Buenos Aires, 24 de mayo 2018