Mes: marzo 2026

Mafias estatales en acción

El término “mafioso” suele ser aplicado por la clase política local contra quienes afectan sus patrimonios, intereses personales o de grupo. El último ejemplo lo protagonizó la ex presidenta Cristina Kirchner en el juicio oral por la causa conocida como Cuadernos, acusando de mafiosos a un juez y un fiscal. Pero sería un error considerar el uso del término como un exabrupto metafórico al que es afecto el discurso político, porque hay que aprovechar el conocimiento popular del que gozan las clásicas mafias criminales a través de películas y bibliografías que las describen fielmente, para constatar que nuestras mafias políticas replican sus estrategias, prácticas, usos y costumbres, salvo la práctica de “sangre y fuego”.  

La organización y ganancias de las mafias criminales tradicionales, se sustentaban en negocios clandestinos privados (juego, contrabando, prostitución, drogas), cuya complicidad estatal se resumía a que, con sobornos o amenazas mediante, funcionarios públicos “dejaran hacer”. Las mafias estatales por su parte, se diferencian en que son conducidas desde el Estado por funcionarios políticos asociados a cómplices privados, siendo las ganancias producto del saqueo de presupuestos públicos, mediante sobrecostos en la contratación de obras, bienes y servicios, y desvíos de partidas destinadas a beneficiarios sociales. Clarificada la diferencia estructural, comienzan las semejanzas operativas: amenazas, incluso en juicios (caso testigos en el juicio oral de la causa Cuadernos), espionajes solo para coaccionar y desprestigiar, campañas mediáticas que no apelan a la información sino a la confusión y tergiversación, y la tradicional “omertá”, como se observa con los presidentes de clubes de fútbol en el caso AFA. Lo expuesto no es novedoso, dados algunos antecedentes políticos al respecto, como la falsa denuncia contra el fallecido Olivera, candidato a intendente de CABA por la Coalición Cívica; la tarjeta Banelco para anular la reforma laboral, y el conocido “operativo Puff” para hacer caer la causa Cuadernos, entre las más conocidas. Todas operaciones en cabeza de grupos organizados, no de “lobos solitarios”. El desarrollo tecnológico perfeccionó la calidad de instrumentos documentales, como fotografías, filmaciones y grabaciones, sumado al uso de inteligencia artificial, pero no modificó lo humano en cuanto a estrategias, asumiendo que las Operaciones carecen de fines éticos y morales, que sus promotores suelen invocar hipócritamente para simular virtud. Se detallan cuatro prácticas.

1) Instalación de las denuncias. Suelen presentarse como “escándalos”. Para detectar contradicciones, se debe presuponer que tanto la Operación como la Corrupción denunciada, son posibles y pueden coexistir (caso Agencia de Discapacidad y su ex director Spagnuolo). De no encararlo así, el prejuzgamiento parcial invalida todo análisis posterior. 2) Inmediatez en los objetivos. Dado que las Operaciones tienen el objetivo de generar crisis, y de ser posible, forzar destituciones institucionales, el esclarecimiento no puede esperar a los tiempos judiciales, siendo la inmediatez de resultados esencial. Un condenado puede ser candidato a un cargo público, pero un sospechado debe renunciar. 3) Sustento de las denuncias. Consisten en supuestas pruebas escritas, grabadas o filmadas de origen anónimo, difundidas a través de legisladores, empleados o periodistas, incluso del mundo del espectáculo, que no certifican legitimidad, invocando la lógica reserva de fuentes. Las grabaciones y mails utilizan mensajes que presuponen diálogos comprometedores con el político a perjudicar, pero sin la contraparte verbal o escrita de éste. Los diálogos son crípticos, como “órdenes de arriba”, apodos, nombres sin apellidos, para no comprometerse penalmente. No se acusa con claridad probatoria; se echan sombras. 4) Fechas de producción de las supuestas pruebas. Este dato es relevante, porque es habitual observar que los documentos gráficos, grabaciones y mails dados a conocimiento público, tuvieron origen en varias semanas, meses e incluso años previos a su difusión (caso reciente del árbitro Lobo Medina con mails que refieren a un partido de fútbol del año 2021, entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero). Ello indica que se esperan momentos oportunos para su difusión. Las Operaciones no son solo entre mafias y gobierno, sino también entre mafias.

Resta comentar el rol de los medios de comunicación, que oficiarán de bibliografía escolar para un aprendizaje básico y de comprensión masiva, sabiendo que tienen una valoración política dual según su utilidad circunstancial: pueden ser valiosas fuentes informativas y educativas, o vehiculizar maliciosas campañas mediáticas.  

Buenos Aires, 25 de marzo 2026

Política sin inteligencia artificial

En un mundo donde la inteligencia artificial se expande a gran velocidad, como muestra la tecnología militar en el actual conflicto bélico en Medio Oriente, y que en su versión más básica permite procesar y actualizar millones de datos en forma permanente, la política local y empresarial en cuanto a comunicación pública, usa solo la inteligencia natural, en donde lo discursivo intenta validarse con datos dispersos, de veracidad incomprobable y eventualmente mal intencionados. En el campo estatal el gobierno debe implementar una base con datos concretos de la organización institucional de los tres poderes del Estado, indicando organigramas internos de la administración central, entes descentralizados y empresas estatales, cantidad de personal en cada uno de ellos, subdivididos en cargos políticos sin estabilidad, personal de planta y contratado, con sus remuneraciones brutas, presupuestos anuales y erogaciones mensuales. De igual modo, el sector privado a través de las Cámaras pertinentes, deben indicar empresas afiliadas y/o relevadas con sus altas y bajas de personal, balances anuales certificados, y eventuales convocatorias. Esta información elemental, veraz y unívoca de acceso público obtenible con un simple click vía Internet, debe replicarse con los presupuestos provinciales y municipales en todo el país. El sistema permite que datos sospechados de falaces o equivocados, sean objetados y clarificados, y los ciudadanos comunes dejarán de tener que elegir entre distintas datos contradictorios y parcializados, donde la verdad compite con la desinformación. Cuando un dirigente, consultor o periodista diga “cerraron tantas pymes”, ello debe verificarse en la base de datos de la Cámara empresarial correspondiente, detallando zonificaciones nacionales, provinciales y municipales, para identificar áreas críticas, y desentrañar posibles causas de crisis.

Hasta que ello no suceda, de la relación datos-discurso cabe centrarse en el discurso, pues a diferencia de la matemática, en la que el orden de los factores no altera el producto ((3×4 o 4×3 da 12), cuando se opina o argumenta en base a datos, deben preceder a lo discursivo. Pero si los datos no son veraces, los números se transforman en meras palabras, fenómeno muy usual en la propaganda. Ello lo observó Lenin, quien inició las bases de la propaganda política moderna, cuando decía que la lucha económica por sí sola no crea conciencia política, sino que debe complementarse con cosas simples y visibles. Por ejemplo, si la cantidad de peluquerías disminuía, no era porque eran demasiado numerosas, sino porque las personas no tienen más que el dinero necesario para sus necesidades vitales (Jean-Marie Domenach – París, 1950). Aplicado a nuestra realidad, el interrogante puede ser si la falta de competitividad de determinadas grandes empresas es producto de importaciones tipo “dumping”, o bien porque ganan más y más fácil, siendo protegidas y subsidiadas.

Para comenzar con la evaluación de mensajes políticos, cabe considerar dos aspectos: 1) en cuanto a los emisores, la tarea se facilita porque prácticamente no rige el principio de Maquiavelo, que reza: “en general, los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, porque todos ven lo que pareces ser, más pocos saben lo que eres”.La gran mayoría de nuestros dirigentes, vigentes desde hace décadas, son vastamente conocidos. 2) para detectar omisiones, contradicciones y falacias, cabe tener presente el factor hipocresía, que el diccionario define como “fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan”. Este aspecto es clave, porque en temas de corrupción los objetivos no suelen ser morales, sino los de ocultar, amenazar, demorar, igualar o coaccionar. Para potenciarlos, participan en su propagación personajes aptos para todo servicio, como el abogado Dalbón o la diputada y periodista Pagano.

El primer mensaje a considerar es recurrente: “La gente no llega a fin de mes”. Al decir “la gente”, se apela a la regla propagandística llamada de Unanimidad, basada en que la presión de mayorías, psicológicamente condiciona la opinión individual. Contra esta estrategia, cabe preguntarse si el presidente, vice, gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, cargos políticos, jueces y diplomáticos de todo el país, “no llegan a fin de mes”. Porque de ellos depende el funcionamiento integral del Estado, y cobran por los impuestos que aportan los ciudadanos, incluidos los que no llegan a fin de mes.

Buenos Aires, 18 de marzo 2026

P.D.: para los que juegan a ser detectives en el campo judicial, tener presente que en el caso “AFA – Mansión en Pilar”, a más de noventa días de iniciada la causa, los “dueños” Pantano y su madre jubilada aún no fueron citados a declarar.

Autos chocadores judiciales

Las popularmente conocidas como “Causas en la AFA”, presenta una oportunidad didáctica para analizar prácticas corruptas activas o pasivas, porque al referirse al mundo del fútbol, no solo se cuenta con un conocimiento popular de base, sino permite observar interrelaciones entre múltiples actores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, gobernadores, intendentes, sindicalistas, empresarios, testaferros, financistas y escribanos, sin que tal diversidad genere “grietas” ideológicas o partidarias. El desafío es entonces procesar adecuadamente el alud informativo de distintas calidades e intereses, para formular hipótesis coherentes respecto al desarrollo futuro de los hechos.

Las fuentes de información para hacer comprensible por la inmensa mayoría ciudadana un tema inicialmente complejo, serán las que proveen los medios públicos de comunicación masivos, que por actuar en un marco de ibertad de expresión, pueden educar, informar, desinformar, confundir, manipular o promover la reflexión. En esta oportunidad se priorizará el periodismo de investigación, que se apoya en datos y documentación pública y privada concreta y explícita, cuya veracidad final quedará a cargo del poder judicial. Ello no invalida al amplio campo de la opinión esencialmente subjetiva, que por carecer de documentación propia, suele ser más útil para detectar contradicciones. La presente reflexión por ejemplo, al sustentarse en información ajena se transforma en opinión, que solo busca formular una propuesta analítica comprensible y viable, que puede sustituirse por otra. Y por ser opinión, se obviará el juramento de decir la verdad, pues si la intención es engañar o manipular, no se confesaría. La duda en general, y en política y corrupción en especial, es un primer paso saludable.

Se partirá del accionar de los integrantes del poder judicial (jueces, fiscales y camaristas), como hilo conductor de los acontecimientos, pues tienen una responsabilidad y conocimientos para esclarecer los hechos. Como ordenamiento temporal, se considera como inicio común de las causas al 20 de noviembre de 2025, cuando la AFA otorgó a Rosario Central el título de campeón 2025, inexistente en el calendario anual. También se evitará el uso de adjetivos, sean o no ofensivos, pues ello implica prejuzgamientos que distorsionan los análisis, como así también usar lo que en propaganda se conoce como “enemigo único” sobre el que concentrar críticas. Por ello la causa AFA no se asimilará a “Chiqui Tapia y Toviggino”, dado que silencios y adhesiones masivas aconseja llamarla “dirigencia de la AFA y de los clubes”.

Debido a la intención de lograr una simplicidad explicativa de las causas, cabe detenerse en la físicamente reconocible, llamada “Mansión Villa Rosa en Pilar”, que comienza con un hecho judicial inédito, más aún en época de feria. Para explicarlo se utilizará como metáfora a los clásicos autos chocadores de los viejos parques de diversiones, que tiene su versión moderna en el entretenimiento digital. Imaginemos que cada integrante judicial partícipe a la fecha es un auto chocador, juego en los que unos intentan mostrarse hábiles para evitar choques, y otros buscan provocarlos, siendo el resultado final el caos. Por orden cronológico, desde diciembre de 2025, intervinieron los siguientes autos chocadores judiciales, considerando que un juez y su fiscal comparten el mismo auto, salvo el fiscal de Casación. Hasta el momento están jugando once autos chocadores, según el siguiente detalle cronológico:

Juez federal Daniel Rafecas y fiscal Ramiro González – juez penal económico López Biscayart – camarista Leopoldo Bruglia – juez penal económico Marcelo Aguinsky y fiscal Navas Rial – camarista Alberto Lugones – juez federal Gonzáles Charvay y fiscal Bringas – juez Walter Saetone y fiscal Camafreita – fiscal de Cámara Carlos Cearras – Cámara de Casación integrada por  Carlos Mahiques (se inhibió y lo reemplazó Angela Ledesma); Daniel Petrone (se inhibió y lo reemplazó Mariano Borinsky), y Javier Carbajo, quienes deberán resolver si la causa “Mansión en Pilar” corresponde al juez Aguinsky o al juez Charvay.

El juego despertó tal entusiasmo, que hasta el momento los supuestos “dueños” de la Mansión en Pilar, Pantano y su madre, no declararon.

Buenos Aires, 11 de marzo 2026

El helicóptero: ¿cuál de ellos?

Algunos hechos políticos actuales facilitan entender el principio del eslogan, instrumento básico de la propaganda, consistente en frases breves que sean fácilmente asimilables por todos los estamentos socio-culturales. Para lograr este impacto y ser eficaz, el mensaje debe presentar credibilidad social. Lo expresado puede ejemplificarse en el caso AFA, con la política inserta en el fútbol, y en declaraciones recientes, con la política institucional inserta en roles golpistas.

En el caso AFA, con dirigentes al frente de “entidades sin fines de lucro” que realizan costosos viajes en aviones privados, pretendiendo ocultar mansiones, autos de lujo, caballos de raza, balances, hace que su reciente comunicado planteando el eslogan textual “El fútbol argentino es el pueblo. Y el pueblo no se vende”, carezca de toda verosimilitud, y solo obre como un recurso ocultista. Pero cuando un eslogan se distorsiona y consolida a través de los años como instrumento de golpismo institucional, adquiere características extremadamente peligrosas. Tal el caso de las referencias políticas al “helicóptero”, asociándolo solo a la crisis del 2001, omitiendo al 2002. En primer término, cabe aclarar que en cuanto a realidades históricas, helicópteros asociados a golpes contra la democracia que partieron de Casa de Gobierno  hay dos: el que transportó a la derrocada presidenta Isabel Perón en el golpe militar de marzo de 1976, y en el que se retiró De la Rúa tras el golpe institucional planificado en diciembre de 2001. Como es este último el que promueven algunos políticos, legisladores, sindicalistas y el gobernador Quintela, quien señaló que los 39 muertos de entonces era una consecuencia indeseada, sin aclarar que entre los mismos no había dirigentes, vale citar algunos mojones de la crisis 2001-2002, a ser eventualmente verificados y ampliados por el lector a través de bibliografías, Internet y lectura de páginas de los diarios de la época.  

De la Rúa asumió en alianza con el justicialismo disidente, con Carlos Alvarez de vice, tras 10 años del gobierno justicialista de Menem (no se dirá peronismo por respeto a Perón, muerto en 1974). Regía la convertibilidad, en la que un peso valía un dólar, que nadie se atrevía a desarmar. La fuga de capitales era creciente. En agosto de 2001, ante el acelerado retiro de depósitos bancarios por temor, los legisladores aprobaron una redundante ley que aseguraba la Intangibilidad de los depósitos. Se instaló luego el “corralito” que limitaba la extracción de los mismos. En provincia de Buenos Aires se implementó la “cuasi moneda” llamada Patacón. En el conurbano se iniciaron saqueos de supermercados, e intendentes de esos distritos transportaron agitadores a Plaza de Mayo. El 20 de diciembre De la Rúa partió en helicóptero desde la casa Rosada. En medio del caos, asumió como presidente interino Rodríguez Saa, quien el 1° de enero de 2002 anunció la suspensión de pagos de la deuda pública por más de u$s 140.000 millones, con aplausos eufóricos de los mismos legisladores que habían asegurado la intangibilidad de los depósitos ciudadanos cuatro meses atrás. Tras la renuncia de Rodríguez Saa (se aclara que se retiró en automóvil), la Asamblea Legislativa eligió presidente a Duhalde, quien el día 7 decretó el fin de la convertibilidad, y procedió a la incautación de ahorros en pesos y dólares de los ahorristas, aduciendo que los bancos no podían devolverlos a la gente. En realidad, los que no podían eran los bancos públicos nacionales y provinciales, plagados de préstamos políticos irrecuperables, no así los extranjeros, por quienes respondían sus casas matrices. La desocupación superó el 23%, y la pobreza el 57,5% según el Indec. Nacieron los subsidios a servicios públicos, aún vigentes, aplicables a ricos y pobres por igual. Se realizó la mayor devaluación de la historia, llegando el dólar a una relación de 1 a 3 pesos, ante lo cual surgió el temido eslogan hoy vigente, que se utiliza en acuerdos entre funcionarios y empresarios prebendarios: “hay que cuidar el trabajo de los argentinos”. A requerimiento de grandes empresas endeudadas en dólares, con Mendiguren como gestor principal, se diseñó la pesificación asimétrica, por la que el Estado pesificó parte de esas deudas en dólares, licuando pasivos de varias corporaciones, por un monto estimado de 10.000 millones de dólares. Repitiendo la estatización que en 1982 llevó a cabo el gobierno militar del general Brignone, por la que se transfirió unos 15.000 millones de dólares de deuda externa corporativa, muchas fraudulentas, al Estado. Por lo tanto, quien añore o amenace con otro 2001, no está pensando “en el pueblo trabajador”, sino en cooptar poder político y salvar grandes patrimonios. No se citan nombres de corporaciones y financieras beneficiadas para no ser parcial, pero figuran en publicaciones de la época.

Actualmente en estado fantasmal, el caso AFA podría incorporar a la historia política argentina un tercer helicóptero. Es el o los que aterrizaban en la mansión sin reales dueños conocidos de Pilar, sin pasajeros, o pasajeros también desconocidos.

Buenos Aires, 04 de marzo 2026