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329 patriotas

329 corresponde al total de diputados y senadores nacionales que deberán decidir sobre la aplicación del impuesto bautizado Patria “a los que más tienen”. Los trascendidos periodísticos, con estimación de contribuyentes, montos patrimoniales alcanzados y alícuotas a aplicarse, son suficientes para formular interrogantes basados en discursos y hechos de los impulsores del proyecto, que al amparo del símbolo Patria deberán debatir los 329 diputados y senadores.   

La referencia global a 329 legisladores en lugar de diferenciar entre oficialismo y oposición, y priorizar el término “familias políticas” por sobre partidos políticos, merece una aclaración.  Los diputados no son elegidos individualmente por los votantes, sino por las “familias” que los incluyeron en las listas sábanas más votadas. Muchos de los cuales tras las elecciones y asumido el cargo, se convierten en formadores de interbloques que nadie votó, al solo fin de negociar votos en base a oportunismos de ocasión antes que de intereses ciudadanos. Negociaciones que el ex diputado de Cambiemos Monzó llamó “la rosca”, provocando en el recinto la ovación de los legisladores. Por ello, se ubica a los 329 legisladores en un pie de igualdad para debatir y clarificar el proyecto.  

En cuanto a lo discursivo, los mensajes políticos breves se diseñan según dos campos distintos: el electoral, y el de rotular objetivos. El electoral utiliza términos socialmente aglutinadores, como juntos, unidos, todos. El rotulado de objetivos, en especial los antipáticos o con afectaciones patrimoniales, se estructura según tres componentes: 1) el “simbólico”, que emplea abstracciones como Argentina, País, Patria. Los bonos que creara en 1962 el ministro Álvaro Alsogaray para pagar sueldos a estatales y jubilados, que al momento de comercializarse significara una pérdida del 30% de los salarios, fueron llamados “9 de julio”. 2) el de “excepcionalidad”, basado en promesas de aplicación por única vez o determinado plazo, que nunca se cumplen. 3) el de “dramatismo”, que invoca situaciones de emergencia extrema.  Clarificada la estrategia discursiva del proyecto (Patria, única vez y emergencia), es el campo de los hechos donde se generan interrogantes plenamente pertinentes, atento a que los sectores políticos institucionales suelen autoexcluirse de los “que más tienen”.

Las dudas comienzan con los autores del proyecto; el político de mandatos permanentes y banquero Carlos Heller, y el diputado Máximo Kirchner, juzgado junto a su familia por asociación ilícita en perjuicio del Estado. Esto último posible porque en nuestro país los procesados o condenados pueden ser funcionarios o legislar. Hasta el momento no se aclara qué criterio cuantitativo definirá a “los que más tienen”, antiguamente llamados multimillonarios: si el patrimonio total, o solo capital líquido y en acciones. Si los patrimonios se considerarán individuales, o del núcleo familiar directo (esposo/esposa; hijos/hijas). En cuanto a lo cualitativo, si el tributo diferenciará entre sectores rentistas, productivos y financieros. Si entre los alcanzados tributarán gobernadores, jueces, intendentes, legisladores, y funcionarios (ejemplos: senadores Rodríguez Saa y Urtubey, diputados Mendiguren, Heller y Máximo Kirchner), y cómo se actuará en los casos de funcionarios que no tienen las obligatorias declaraciones juradas patrimoniales presentadas.    

Ingresados al campo de las causas judiciales de corrupción en trámite y cerradas en primera instancia, y atento a que los legisladores se negaron a aprobar la ley de extinción de dominio, se debería explicitar qué prevé la ley respecto de los bienes detectados y/o embargados en las causas de corrupción. Por ejemplo, si tributarán los 8.000 millones de pesos (más de 80 millones de dólares al año 2015), en impuestos que como agente de retención el empresario Cristóbal López no reintegró a la Afip; los millones de dólares del empresario Lázaro Báez y familia; los de la familia del fallecido ex secretario Muñoz; los cuatro millones seiscientos mil dólares detectados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner; los ocho millones de dólares en efectivo secuestrados al procesado Marcelo Balcedo, sindicalista del Soeme.  

En cuanto a lo operativo, se debe indicar los organismos que proveerán y certificarán la veracidad del listado de los hoy supuestos 12.000 aportantes, que debiera ser entregado a los legisladores para su análisis. Será sólo la Afip? Las respuestas a estos y otros interrogantes debieran asegurar que la ley cumpla con principios de equidad y justicia que justifique que el impuesto se llame Patria, y no contenga las habituales excepciones políticas antipatrióticas. En cuanto a los legisladores que a la fecha se presentan como opositores responsables, es momento que además de reclamar tratamientos y votaciones presenciales, analicen a fondo el proyecto, y fundamenten públicamente objeciones concretas y no declamatorias. No debiera preocupar que los acusen de proteger “a los que más tienen”, pues el costoso y privilegiado andamiaje político aún no hizo ningún ajuste. Hasta ahora, se decreta y/o legisla para que se ajusten otros.

Buenos Aires, 29 de abril de 2020

Detectar parásitos

El Estado, por ostentar el monopolio para decidir, ejecutar, legislar y juzgar, define el perfil de un país. Pero explicar nuestro atraso de décadas implica pasar de la abstracción Estado al tangible concepto de Gobierno, conformado por organismos, funcionarios políticos y empleados. A los gobiernos se los juzga por la calidad de vida económica, social e institucional que brinda sus ciudadanos, y luego por indicadores macroeconómicos. Determinada presión impositiva porcentual por ejemplo, puede ser razonable en países que brindan servicios públicos de calidad, o asfixiante si lo recaudado se diluye en gastos improductivos, privilegios burocráticos y corrupción. Al respecto, es recomendable el artículo del politólogo José Nun publicado en La Nación el 24 de febrero pasado, titulado “La alta presión impositiva es síntoma de la desigualdad”.

Es inevitable que a las argumentaciones racionales se le contrapongan las de mediocres demagogos, que llaman “parásitos” a quienes exhiben desarrollos creativos, maquinarias y tecnología, y no casualmente, excluyan de tal deshonor a burócratas y “familias políticas” que usufructúan recursos públicos multiplicando en su beneficio organismos intrascendentes, por lo que eluden debatir la reconfiguración de la estructura estatal. Lo que obliga a que este debate lo inicien ciudadanos comunes, analizando los mensajes políticos públicos y fehacientes, sin riesgo de tergiversaciones. Con dos prevenciones: 1) el concepto “familias políticas” no discrimina entre circunstanciales oficialismos y oposiciones, sino se basa en la continuidad temporal de sus integrantes. Las críticas no se dirigen entonces a determinado gobierno, sino a un sistema político estatal. 2) la mayoría de las frases políticas cortas y contundentes a considerar no suelen ser fidedignas, pues no pretenden informar, sino impresionar.

Por ser ejemplificador en varios aspectos, el ejercicio comenzará con un suceso reciente, que incluye una frase presidencial. El viernes 03 de abril, fecha de inicio de los anunciados pagos de haberes a jubilados, pensionados y prestaciones sociales sin tarjetas de débito, una multitud integrada por la población más vulnerable acudió a las entidades bancarias del país, siendo forzada a incumplir la consigna de aislamiento. Tras la descripción del hecho, el análisis. El Observatorio Social de la Universidad Católica, hecha la salvedad de la manipulación estadística que realizara cuando anunció el cierre del 2019 con un índice de pobreza del 40,2 %, mientras el confiable Indec que dejara el fallecido Todesca registró el 35,5%, publicó que la Anses informa mensualmente 14 millones de beneficiarios a través de entidades financieras oficiales y privadas, y que casi el 46% de los mayores de 60 años cobran por ventanilla. Vale decir, existía información disponible para organizar la mecánica de cobros. La primera reacción de los titulares involucrados de la Anses, Banco Central (entidades bancarias) y gremio bancario, fue de manual: negaron tener culpas. Conclusión: no trabajaron coordinados y predispuestos.

Ante los hechos, de inmediato se manifestó públicamente el presidente Fernández, señalando que “los responsables fueron los bancos, que ganaron mucho en los últimos cuatro años”. Análisis: debiera aclarar si dichas ganancias fueron ilegales o legales. En el primer supuesto efectuar la denuncia pertinente, que debiera incluir a los organismos de control. De ser legales, las ganancias se produjeron con motivo de normativas aprobadas por el parlamento. Sin olvidar que los mayores patrimonios y flujos de fondos pertenecen a los Bancos públicos. Conclusión: en la necesaria reformulación de las estructuras burocráticas, esta clarificación es imprescindible.

En situaciones de graves emergencias afloran egoísmos, inequidades e ineficacias en las conducciones estatales. Mientras franjas sociales públicas y privadas carentes de privilegios y con salarios medios y bajos actúan en frentes de riesgo ante la pandemia, los sectores públicos más favorecidos como son el bancario (incluye a los privados), judicial y legislativo (no así del ejecutivo en este caso), se mantienen impertérritos en cuarentena al amparo de sus dirigencias gremiales, que se presentan en las tribunas como adalides en la defensa de los pobres y lucha contra el poder económico. Ejemplifiquemos con el poder legislativo. Entre diputados y senadores suman 329 representantes, todos con residencia en Buenos Aires. Considerando a los que tienen alto nivel de ausentismo, existe una base de 300 legisladores para trabajar diariamente, con guardias mínimas de apoyo en secretariado, biblioteca, cafetería y seguridad. A los que estén en sus provincias, se los “repatriará” a su lugar de trabajo. De este modo, respetando normas de aislamiento y alejados de los ajetreos habituales que no invitan a la reflexión y toma de decisiones, se podrían tratar reformas y leyes trascendentes. Y cumplir con una frase que a los políticos desde hace décadas les encanta pronunciar en medios de comunicación: “nos debemos un amplio debate acerca del país que queremos”.

Buenos Aires, 25 de abril de 2020

Miserables: unos y otros

El discurso político suele abusar de adjetivos calificativos aplicados a personas o hechos, cuyos emisores suelen apelar a las complacencias personales o con el grupo de pertenencia, y a las denigraciones de adversarios o sectores críticos y opositores. En cuanto a los hechos, los cambios de gobierno y sus autoridades son ideales para visualizar las ineficacias y privilegios de nuestra estructura estatal, que una inédita pandemia transparenta como nunca antes. Hay ciudadanos con puestos laborales e ingresos asegurados aunque no trabajen, y otros que los pierden o no cobran si no trabajan. Hay trabajadores públicos y privados prestando diariamente servicios críticos en condiciones de riesgo, y sectores públicos privilegiados como legislativos, judiciales y bancarios, reacios a cumplir sus obligaciones esenciales en ámbitos y condiciones sanitarias restringidas y controladas, como aporte para paliar los efectos de la crisis.

En el campo discursivo cabe destacar la reciente interpelación del presidente Fernández al sector privado, llamando “miserables” a empresarios que transitan la pandemia vía despidos o precios abusivos. Lo ilustrativo de este caso, es que en simultáneo el Ministerio de Acción Social reconocía a empresarios privados la compra de alimentos esenciales destinados a los sectores más vulnerables con precios exorbitantes, y una situación similar en el Gobierno de la Ciudad en la compra de barbijos. Claros ejemplos para entender las distancias entre el discurso y los hechos, y ratificar que en materia de corrupción no existen grietas ni debates ideológicos. Dadas las diversas acepciones del término “miserable”, como desdichado, infeliz, insignificante, pobre, se debería aclarar que a los partícipes públicos y privados asociados para saquear los recursos estatales, llamados por los políticos “dinero de todos”, les corresponderían las calificaciones de despreciables, ruines y canallas. Y reclamarles a los amantes de los adjetivos discursivos impactantes, más precisión para definir circunstancias e intervinientes. Ejemplifiquemos recientes contradicciones entre hechos y discursos, que transparentan distorsiones estatales estructurales.    

1.- La nueva administración de Aerolíneascesanteó a 10 directores y 28 gerentes: 4 de gerencia comercial, 3 de gestión, 5 de económica financiera, 4 de abastecimiento y logística, 2 de asuntos legales, 4 de recursos humanos, 5 de sistemas y 1 de recursos técnicos y aeronáuticos. En su mejor época, Aerolíneas tenía seis gerencias: comercial, económico, operaciones, mantenimiento, legal y personal. De estos privilegios subsidiados, no son responsables sus empleados. Lo discursivo lo aportó el ministro de Transporte Mario Meoni, al aclarar que los despedidos no cobraron doble indemnización porque se trata de una empresa pública. Obviando el absurdo de legislar para que solo paguen empresas privadas, Meoni ignora u oculta que Aerolíneas es una sociedad de derecho privado.

2.- La nueva titular del PAMI, Luana Volnovich, como primera medida designó a su hermano en una función cuyo nombre indica su intrascendencia: coordinador. Reiterando la duda sobre si los familiares de funcionarios designados en cargos políticos estaban desocupados, o la actividad privada es menos rentable que la pública. De inmediato se decidió la cesación en sus cargos de más de cien empleados, planteando otra duda: si todos son cargos políticos innecesarios, o serán reemplazados por una cantidad similar o mayor, dado que los gremios no aceptan resignar aportes a sus cajas, y no formularon quejas.

3.- El escritor Juan Sasturain, recién asumido como director de la Biblioteca Nacional, declaró en un reportaje que encontró un presupuesto “solo para pagar sueldos”. Esta afirmación podría tomarse como referencia para evaluar las  administraciones nacionales, provinciales y municipales, relacionando presupuestos de salarios con los de servicios. Por ejemplo, que las intendencias informen a sus vecinos la relación porcentual existente entre recaudación anual de impuestos locales (excluyendo aportes nacionales), masa salarial (incluyendo a los concejos deliberantes, bonos y adicionales), y lo invertido en obras, maquinaria y mantenimiento. En diciembre último, mientras a nivel nacional se negociaba duramente entre funcionarios, empresarios y gremialistas un bono de fin de año entre $ 5.000 y $ 10.000, y en el Congreso se derogaba la actualización de los haberes jubilatorios, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, uno de los municipios más pobres y poblados del conurbano, autorizó por decreto un bono de $ 12.750 para los empleados municipales.  

Si esta evaluación basada en la relación costo salarial-servicios brindados se extendiera a todos los organismos (por ejemplo, en legislaturas salarios respecto a leyes aprobadas; en el Consejo de la Magistratura salarios respecto a jueces designados y sancionados; en los juzgados salarios respecto al número de causas elevadas a juicio oral), se comprobaría matemáticamente porque hay cada vez más pobres en el país. Transparentando la urgencia en desactivar una matriz político-institucional de décadas, basada en ineficacias, privilegios, corrupción y nepotismos entre familias políticas. Lograrlo no será responsabilidad de los privados que “más tienen”, sino exclusivamente de los políticos.  

Buenos Aires, 22 de abril de 2020