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Nuevo léxico político

Los argentinos deberán transitar el 2021 bajo una tormenta perfecta generada por cuatro factores simultáneos: pandemia, crisis económico-social, elecciones nacionales y mediocridad política. Las condiciones sistémicas son similares a las de los países más atrasados del planeta: crisis económicas e insolvencias recurrentes, baja calidad institucional, continuidad de las dirigencias responsables, y como natural consecuencia, una alta corrupción estatal asociada a privados.

La perdurabilidad de esta degradación, cuyas políticas repiten ideas y metodologías anacrónicas hasta el hartazgo, se explica apelando a un término añejo pero adecuado: conservadurismo político. El que es facilitado por un sistema electoral restrictivo, que comprende listas de candidatos legislativos cerradas, ley de lemas, candidaturas múltiples simultáneas, reelecciones indefinidas, y entre otras argucias, permite que integrantes de determinada lista “sábana”, una vez elegidos se pasen a otro sector político, sea sin disimulo o disfrazados de independientes. Para cambiar las estructuras de poder y generar políticas más honestas y creativas, es necesario comenzar por actualizar un léxico político intencionadamente falaz, y evitar que los análisis repitan los mismos anacronismos que pretenden criticar. El término “clase política” por ejemplo, que en democracia designa a quienes circunstancialmente y por determinados períodos de tiempo ejercen la responsabilidad de representar a ciudadanos, debiera reemplazarse por “casta política”, que históricamente define una estratificación social sólida y rígida a la que se pertenecía por nacimiento, y que la modernidad extendió a nepotismos y relaciones de amistad. Cuyos integrantes finalizada determinada representación pública, en lugar de ejercer un trabajo privado permanecen en la “casta” estatal. Un gobernador que cesa su mandato pasa a desempeñarse como senador o viceversa, y sus familiares a ocupar funciones como legisladores, puestos políticos o enigmáticos asesores. Proceso que se replica en corporaciones gremiales y representaciones empresarias

Este explícito conservadurismo disfrazado con diversos ropajes ideológicos, explica una aparente contradicción: mientras las sociedades se empobrecen, los responsables políticos no sufren los efectos de las crisis; por el contrario, crecen patrimonialmente. De lo que surge otra reformulación dialéctica: la abstracta referencia a los “poderes económicos concentrados”, debe incluir a las castas políticas como engranaje fundamental de dichos poderes. Otro término a reformular es la declamada “grieta”, concepto instalado con el surgimiento de regímenes dictatoriales en las primeras décadas del siglo XX, en reemplazo del más antiguo “dividir para reinar”, dado que el desarrollo de las comunicaciones a distancia obligó a utilizar técnicas de manejo de masas más sofisticadas, aplicadas incluso a sistemas democráticos. Carl Schmitt, prestigioso jurista y filósofo alemán con simpatías nacionalsocialistas hasta 1936, planteó que “la democracia es un Estado fuerte que debe tener bajo su control todas las esferas de la vida, con un pensamiento único y una sola línea ideológica”, e instaló al antagonismo “amigo y enemigo” como esencia de la política (cualquier semejanza con algunos ideólogos argentinos es casual). Estas formulaciones teóricas al implementarse desde el poder, se inoculan en las masas a través de reduccionismos conceptuales que generan “grietas” con consecuencias imprevisibles, pues exacerban la irracionalidad, el fanatismo y la estupidez. Pero en las “castas políticas” argentinas no hay “grietas”, sino pujas y negociaciones de poder. Entre los hermanos Rodríguez Saá por ejemplo, no hay “grietas” sino internismos para definir quién es gobernador y quién es senador. Ricardo Alfonsín por su parte, pudo ser candidato a presidente radical en el 2011, diputado por un Frente Progresista en el 2013 y embajador kirchnerista en España en el 2020. Esta plasticidad se observará este año en el armado de las listas “cerradas” de legisladores.

Para continuar desmenuzando engañosos preconceptos dialécticos, en la próxima reflexión se analizarán dos categorizaciones habituales que simulan una identidad: “izquierda-centro-derecha” y “sectores duros-sectores blandos”.

Buenos Aires, 20 de enero 2021

Mensajes presidenciales

Como última reflexión política del 2020, es adecuado detenerse en mensajes personales del presidente, al que el sistema republicano le otorga la autoridad máxima para transmitir a la ciudadanía, sin intermediarios comunicacionales que los distorsionen, el derrotero que intentará seguir su gobierno.

Existen diversos tipos de mensajes: subjetivos (no proveen información); narrativos (describen hechos reales o imaginarios); descriptivos (mencionan hechos sin adjetivarlos); argumentativos (intentan convencer). Los de tipo político expresan propuestas y/o acciones, que para convencer debieran tener una secuencia de veracidad y coherencia en el tiempo. De no ser así, el emisor perderá credibilidad, y generará escepticismo y enojo. Pero paradójicamente, es en este campo donde la verdad suele sucumbir a través de la propaganda política que en el siglo XIX se desarrolló para manipular multitudes, utilizando argumentaciones persuasivas pero falsas llamadas falacias, con mayor intensidad cuanto peor sea la calidad institucional del país.  

De los mensajes presidenciales se destacan dos: 1) su crítica a la meritocracia, que relaciona al mérito con el talento y esfuerzo y no con razones de apellido, riqueza, o nepotismo, señalando que “el más inteligente de los pobres tiene menos oportunidades que el más tonto de los ricos”. Ello explicaría que un ingeniero agrónomo que no habla inglés sea canciller, y una antropóloga sea ministra de Seguridad nacional, con los obvios resultados conocidos. 2) afirmó descreer de los planes de gobierno, cuando planificar significa formular objetivos claros y diseñar alternativas posibles para cumplirlos. Justo es reconocer que ambas opiniones, visto el atraso permanente del país y ausencia de horizontes mediatos, son compartidas por vastos sectores políticos.

Pero lo institucionalmente preocupante no ya desde lo discursivo sino desde lo fáctico, son los mensajes presidenciales acoplados a la campaña para lograr la impunidad de funcionarios y cómplices juzgados o procesados por corrupción. La campaña cumple con tres reglas básicas de la propaganda política: 1) la Simplificación, cuya base es el eslogan, que consiste en emitir mensajes inequívocos, breves y simples, que actúen sobre todas las franjas sociales por igual, con independencia de su nivel intelectual. En este caso se emplean los términos “lawfare” y “presos políticos”. 2) la Orquestación, consistente en la repetición incesante por parte de diversos emisores políticos, sociales y culturales del mensaje/eslogan diseñado, que jamás mencionará el término “inocente” o hará referencia a elementos tangibles de prueba. 3) la Unanimidad para propagarlo e instalarlo, sustentada en que la presión de un grupo predomina sobre la opinión individual, y la cantidad otorga veracidad. Por lo que tiene igual valor la opinión de un funcionario, un abogado o simples ciudadanos que no tengan idea de lo que significa “lawfare”. Esta trilogía con fuertes contenidos psicológicos, busca incidir a través de la presión, miedo, negociación o adhesión, sobre actores judiciales y políticos para que en forma activa (actuar), o pasiva (dejar hacer), permita lograr las impunidades buscadas. No en vano las reglas básicas de la propaganda política moderna la desarrollaron el bolcheviquismo, fascismo y nazismo.

El riesgo institucional se incrementa cuando es el propio presidente quien se suma a esta campaña coral en busca de impunidad, (que involucra a integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y Consejo de la Magistratura), y presiona públicamente a la Corte y jueces, cuestiona la legalidad de la ley del arrepentido, o mimetiza presos políticos con corruptos. En una democracia la inocencia de quienes tienen en juego sus libertades y patrimonios debe surgir de juicios orales y públicos, no de evitarlos. Para seguir la evolución de los acontecimientos se deberán evitar distracciones respecto a “quién manda”; el poder legitimado por el votante lo conforman Fernández en el Ejecutivo, Cristina Kirchner conduciendo el Senado y Sergio Massa la Cámara de Diputados. La atención, en un contexto en el que para lograr objetivos se negociarán privilegios compensatorios, deberá volcarse en el accionar de actores institucionales secundarios necesarios para el objetivo de impunidad, en especial los que se autodefinen como opositores o independientes. Y saber que a los jueces y fiscales que se mantengan firmes en la defensa de los principios de justicia, sin un fuerte apoyo social que los respalde les será difícil contrarrestar el declarado objetivo de impunidad. 

Debidamente interpretados, los mensajes permiten detectar las prioridades de un gobierno. Mientras los de búsqueda de impunidad siguen una estrategia clásica planificada, coherente y consistente en el tiempo, los destinados a informar la política sanitaria de vacunación contra la pandemia son confusos, dispersos y contradictorios. Sin embargo, los estrategas comunicacionales son los mismos.

Buenos Aires, 23 de diciembre 2020

Próxima newsletter: 14 de enero 2021

Indecisos reversibles

El período que define a una generación oscila entre 20 y 30 años, por lo que un siglo contiene a cuatro: abuelo, padre, hijo y nieto. Bajo esta óptica, asombra la perdurabilidad temporal que en esferas de poder tiene nuestra dirigencia política, gremial y empresaria, responsable de la decadencia del país. Un análisis simplista que invoque el sistema democrático, adjudicaría a los anónimos votantes las culpas, sin profundizar en las estrategias políticas que los condicionan, centradas en leyes electorales distorsivas que no existen en otros países, y partidos sustituidos por “espacios políticos” alejados de compromisos comunes, vicios que llevaron a la destrucción de la garantía ciudadana de tener la representatividad establecida en el artículo 22 de la Constitución, cuando expresa que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”.

Legislativamente, esta representatividad que involucra a 257 diputados y 72 senadores, es manipulada en dos instancias: en la etapa de elegir, y posteriormente al momento de ejercer, en ambos casos en el marco de la ley. En la instancia electiva se limita el derecho del ciudadano a elegir por medio de innumerables subterfugios, comenzando por las “listas sábanas”, cerradas o bloqueadas (el orden de los candidatos no puede ser alterado por el elector). Armadas entre pocos dirigentes, abundan en nepotismos, oportunismos y personajes impresentables. Más grave es el engaño poselectoral de muchos al momento de ejercer, cuando una vez asumidos se apartan del compromiso político ante los votantes, para convertirse en librepensadores e integrantes de interbloques de coyuntura que nadie votó con el solo fin de negociar con el oficialismo de turno, que en su condición de tal tiene más contraprestaciones que ofrecer. Los temas a negociar son invariables: obtención de quórum para el tratamiento de leyes, y aportar los votos necesarios para aprobar sus proyectos legislativos. De este modo, quienes dispersamente alcanzaron un 7% del total de votos, pasan a cobrar mayor importancia que una oposición con una representatividad de más del 40 % de los votos.

Para disimular esta anomalía, los reconvertidos en librepensadores aplican el juego dual de la reversibilidad, como se define a “lo que se puede usar tanto en un sentido como en el otro”, actitud que excluye temas de conciencia como el del aborto. Prolongan el misterio hasta las instancias finales para definir sus votos, y solo aportan los necesarios para que el oficialismo obtenga quórum y se aprueben sus leyes, mientras otros se abstienen o votan negativamente. Además, con visión de futuro y a fin de encarar negociaciones preelectorales, se presentan como una tercera vía electoral, pese a la comprobada insustancialidad de esta estrategia, como demostrara recientemente Sergio Massa al incorporarse al kirchnerismo a horas del cierre de listas.

En el Senado, el bloque Frente de Todos lo integran 41 representantes, número que otorga mayoría simple y quórum propio. Por haberse identificado preelectoralmente  ante el votante con Cristina Kirchner, poseen legitimidad de representación. En el caso de Diputados, el Frente de Todos tiene 119, Juntos por el Cambio 116, y la izquierda, que por tradición se opone o se abstiene en las votaciones, tiene 3. El número de 257 legisladores se completa con 19 que conformaron dos interbloques federales, que cual coctelera mezclan diversas pertenencias, sean partidarias como justicialismo y socialismo; personalistas (lavagnistas); provincialistas (cordobeses, misioneros, mendocino y rionegrino), y desertores (tres legisladores que abandonaron Juntos por el Cambio). Un bloque es  conducido por Eduardo Bucca, de la provincia de Buenos Aires, y el otro por José Ramón, mendocino. Estas asociaciones de ocasión que nadie votó, y que en muchos casos no defienden siquiera a quienes dicen representar (caso de los siete diputados porteños kirchneristas en la afectación de los recursos de su distrito), son producto de leyes electorales armadas para distorsionar la proclamada “voluntad popular”, sostenidas en los vicios de no poder elegir individualmente a quienes nos representan y mantener en la indefinición si la banca pertenece al partido o al legislador, entre muchos otros recursos para limitar las participaciones electorales democráticas.

Para esbozar una conclusión, podríamos preguntarnos si para un sistema democrático es más nocivo un bloque compacto y coherente con los derechos y limitaciones otorgadas por sus votantes, o interbloques de coyuntura con negociadores reversibles que nadie votó, que faciliten concentración de poder y políticas alejadas de los declamados “consensos mayoritarios”.

Buenos Aires, 16 de diciembre 2020

Aprendizaje judicial

El fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que con votos de los jueces Barroetaveña y Petrone y disidencia de la jueza Figueroa rechazó el planteo de algunos procesados de declarar inconstitucional la llamada ley de arrepentidos, promueve análisis que exceden a la decisión en sí. La corrupción estatal tiene la dificultad que sus partícipes principales pertenecen a la misma esfera pública de quienes deberán investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, por lo que las eventuales complicidades para lograr impunidad pasan a ser institucionales. Es válido entonces preguntarnos cómo se hubiera argumentado si el fallo hubiera aceptado el reclamo de inconstitucionalidad.   

La ley 27304 se aprobó en octubre de 2016, promovida por el actual diputado oficialista Sergio Massa, en respuesta a la indignación social provocada por las imágenes del ex funcionario José López en un convento, e integrantes de la empresa de Lázaro Báez en una oficina de Puerto Madero, en ambos casos con millones de dólares en bolsos.  Cabe suponer que los legisladores poseen una amplia estructura de apoyo jurídico para verificar requisitos de constitucionalidad de las leyes, que en este caso posee exitosos antecedentes internacionales en la lucha contra delitos complejos. En Estados Unidos facilitó confesiones, juicios y condenas en el caso “FIFAGate”, mientras que en nuestro país la jueza Servini de Cubría aún no elevó a juicio oral la causa “Fútbol para Todos”, iniciada en el 2014 por la desaparición de 760 millones de pesos pagados por el Gobierno entre el 2009 y 2015, no ingresados a la AFA. En Brasil y otros países permitió juzgar y condenar a implicados en el caso de sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht, mientras en nuestro país el juez Martínez de Giorgi no elevó a juicio oral la causa “Soterramiento del tren Sarmiento” iniciada en el 2017, en la que ejecutivos de la contratista Odebrecht confesaron haber pagado coimas a funcionarios argentinos.

En cuanto al ámbito judicial, el reclamo arribó a la Sala I con no menos de diez fallos previos que avalaban la ley, entre ellos el fiscal Plee de esta Sala, del fallecido juez Bonadío, sus fiscales Stornelli y Rívolo, y la Sala III. Por lo que la eventual opinión negativa de dos de los camaristas de la Sala I, que hubiera hecho caer la aplicación de la ley, consolidaría una inquietud recurrente: que las divergencias de criterios de constitucionalidad y procedimientos procesales dejen de ser excepcionales para transformarse en habituales, planteando la sospecha que más que jurídicas sean un instrumento de impunidad. Las leyes, para que sean aceptadas por la sociedad deben transmitir un sentido de coherencia de criterios, justicia y equidad. Avala esta inquietud la generalizada previsibilidad del voto de la jueza Figueroa, identificada con la Asociación Justicia Legítima, creada en apoyo de la presentación pública del Proyecto “Democratización de la Justicia”, que realizara la entonces presidenta Cristina Kirchner en el año 2013. Su jactanciosa “legitimidad” que presupone que quienes no adhieren a sus principios ejercen una justicia “ilegítima”, en las actuaciones y declaraciones de sus integrantes exhibe una ideología sesgada que juzga la corrupción según pertenencias partidarias. Ello explica que las expectativas del fallo recayeran solo en los jueces Barroetaveña y Petrone, sin preconceptos ideológicos conocidos.

En lo político, las más altas esferas de gobierno utilizan el engaño y el cinismo para menoscabar y destruir la ley del arrepentido. El emblemático caso de sobornos en el Senado, que provocara la renuncia del vicepresidente Alvarez, posterior caída de De la Rúa y crisis del 2001-2002, se desencadenó a través de dos elementos: un anónimo encontrado en el Senado por el operador Daniel Bravo, y la tardía aparición en el año 2003, a seis meses de asumido el gobierno por Néstor Kirchner, de un arrepentido llamado Mario Pontaquarto, Previo a su denuncia concretada el 12 de diciembre, Pontaquarto mantuvo una reunión en el despacho del Jefe de Gabinete de entonces, con la presencia de Bravo, como consta en las actuaciones, en busca de apoyo. Tras diez años de investigaciones y cerca de 300 testigos, en diciembre de 2013 el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Gordo, Pons y Ramírez, en un fallo de 3.000 páginas, resolvió la absolución de los acusados ante la ausencia de pruebas, destacando en especial “los inconsistentes y autocontradictorios dichos del denunciante”. La actual ley del arrepentido, además de romper con las cadenas de silencio, impide que se utilicen a supuestos arrepentidos como instrumento de manipulación política. El Jefe de Gabinete consultado por Pontaquarto se llamaba Alberto Fernández, profesor de derecho penal y hoy presidente.

Buenos Aires, miércoles 09 de diciembre 2020

Tenemos un Estado público?

El concepto Estado refiere a una forma de organización política, social y económica que abarca a todos sus habitantes, lo que le da su condición de público. Su configuración institucional dependerá del sistema de gobierno y forma de ejercer el poder. En democracias de baja calidad, en las que mantener el poder necesita de adhesiones políticas y acuerdos basados en distribución de cargos y prebendas, la creación de organismos desmedidos en cantidad y superfluos en utilidad es una consecuencia. Es el caso argentino.

Una estructura de gobierno supone un armado piramidal que explicite responsabilidades, jerarquías, cargas laborales, salarios, derechos y obligaciones, con recursos humanos idóneos. La primera anomalía aparece en el vértice. En un país de condición fuertemente presidencialista, el presidente no encabeza la pirámide salarial estatal. En cuanto a lo institucional, el organigrama del Ejecutivo lo encabezan los Ministerios, que la Constitución de 1853 estableció en cinco: 1) Interior; 2) Relaciones Exteriores; 3) Hacienda; 4) Justicia, Culto e Instrucción Pública; 5) Guerra y Marina. En 1983 el gobierno democrático asumió con ocho: 1) Economía; 2) Interior; Relaciones Exteriores; 4) Defensa; 5) Justicia y Educación; 6) Trabajo; 7) Salud y Acción Social; 8) Obras y Servicios Públicos, como pilares de las obligaciones del gobierno. El descontrol comienza con la reforma constitucional de 1994, nacida no con un objetivo político modernizador sino personalista: la reelección de Menem. Se negoció la creación de innumerables organismos que daban lugar a “nuevas fuentes laborales políticas”, con grandilocuencias dialécticas que invocaban protección de derechos del pueblo y humanos, de jubilados, la niñez, la mujer, contra la discriminación, contra la corrupción, mejora de la justicia (Consejo de la Magistratura), y mejor representatividad en el Senado (se incrementaron en un tercio sus miembros). Ante lo perentorio de aprobar la reelección, se prorrogó en poco más de un año el tema más importante para el país: acordar un nuevo sistema de coparticipación federal, obligación que jamás se cumplió.

Con el transcurso del tiempo se constató que a mayor cantidad de ministerios, institutos de similar rango, variadas defensorías y representaciones internacionales, mayor fue el subdesarrollo, desempleo y pobreza. Los declamados derechos constitucionales quedaron arrasados por la realidad, pero no así las estructuras que supuestamente los protegían. Tampoco la sociedad tuvo acceso a los cargos estatales a través de concursos públicos, los que son distribuidos entre parientes, amigos y militantes, en una secuencia que carece de “grietas” ideológicas. Cambiemos alcanzó los 21 ministerios, reducidos por fuerza mayor a 11 al final del mandato. El Frente de Todos tiene 20 ministerios, algunos manifiestamente testimoniales como Equidad y Género, o el INADI, ambos carentes de atribuciones ejecutivas y beneficios sociales. Esta multiplicación burocrática se expandió a los organismos de control, sociedades del estado, poderes legislativos y judicial, cuyos integrantes, cínicamente, justifican incapacidades o malas praxis aduciendo carecer de presupuesto y/o personal suficiente.

El problema de esta desmesura es que cuando la “cantidad” no surge de la “necesidad” destruye la “calidad”, trasladándose los sobrecostos a los gobernados a través de impuestos o artilugios presupuestarios, presentados bajo rótulos rimbombantes como Patria, Solidaridad, Riqueza. En la presente pandemia quedó evidenciada la relación virtuosa entre cantidad y necesidad en los casos de médicos, enfermeras, transportistas, policías y docentes al frente de alumnos. Como así también se transparentaron ociosidades prescindibles de miles de coordinadores o creaciones similares, o los 4.500 asesores legislativos. Por ello las estructuras administrativas no deben ser analizadas inicialmente bajo ópticas económicas sino de “calidad” institucional, considerando su racionalidad instrumental, capacidad operativa, eficacia de resultados y equidad social. De no reformular al Estado bajo estos parámetros, se repetirán políticas que se reflejan en las pirámides jubilatorias y burocráticas, en las que los responsables de los fracasos ubicados en el extremo superior, implementan ahorros a costa de los ubicados en los niveles inferiores.

Un modo de abordar la utilidad de organismos y cargos es prestar atención a sus denominaciones, que cuanto más extensas sean a fin de explicar su función, más innecesaria será su existencia. Por ejemplo, el funcionario Fernando “Chino” Navarro del Movimiento Evita, tiene el cargo de Secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.  

Buenos Aires, 02 de diciembre 2020

Privilegios patrióticos

Describir en pocas líneas la descomunal estructura burocrática-política causante del empobrecimiento del país pareciera complejo, ante la abundancia de fuentes de información con datos y cifras parciales o carentes de veracidad. Podría encararse a modo escuela primaria, que brinda conocimientos básicos que alcanzan a todos los niveles sociales por igual (leer, escribir y operaciones matemáticas simples). Lo cual no degrada el análisis, pues la simplicidad se aplica a los adultos a través de mensajes y eslógans políticos, ya no basados en la razón (enseñar), sino en la emoción (convencer o engañar).

La recuperación de la democracia en 1983 es un adecuado punto de partida para evaluar el proceso político. Desde ese entonces se produjo una paulatina anomia partidaria que derivó en la desaparición del radicalismo y justicialismo como expresiones unívocas, sustituidos por recipientes llamados frentes, que tras ideologías y personajes simbólicos disimulan oportunismos y fluctuaciones políticas de coyuntura, basadas en canjes de cargos públicos y privilegios, que es la causal del sobredimensionamiento estatal. Pretender explicar el proceso de decadencia bajo rótulos temporales como menemismo, kirchnerismo o macrismo carece de sentido, pues todos recibieron y dejaron “pesadas herencias”. De usarse un denominador común para nuestro sistema político, sería el de “conservador”, por presentar resistencia a cambios institucionales superadores, obstruir intentos modernizantes y aferrarse a privilegios establecidos.

El gobierno de Cambiemos gobernó con minorías en ambas Cámaras legislativas, gobernaciones e intendencias. El actual gobierno, pese a que presenta una situación cuantitativa muy superior en cuanto a mayorías, afrontará desafíos similares si intenta modificar estructuras políticas, gremiales y empresarias decadentes, ineficaces y privilegiadas. Una vez más el justicialismo se ve ante la coyuntura de ajustar, posibilidad que no tienen las oposiciones. Sucedió en 1975 con el Rodrigazo; en 1990 con las privatizaciones de Menem, y en el 2002 con Duhalde-Remes Lenicoff. En todos los casos las decisiones de emergencia  tuvieron un origen común no ideológico: falta de dinero. La decisión de Menem de privatizar no fue neoliberalismo como se pregona. Con empresas estatales ineficientes y saqueadas por políticos, gremialistas y proveedores, como el caso de YPF, fue inevitable. No en vano Menem continúa siendo senador, al igual que muchos que lo acompañaron. Tampoco fueron ideológicas las reestatizaciones de YPF y las AFJP  en el 2008; el gobierno necesitaba dinero, y estaba en cesación de pagos. La historia se repite en el 2020: al Estado le falta mucho dinero, pero hasta ahora las estructuras estatales conservadoras e ineficientes no se ajustan. Peor aún, en simultáneo con la crisis y gestiones ante el FMI, se desarrolla una indisimulada puja en ámbitos políticos-judiciales para lograr impunidad. Por ello Aristóteles planteaba hace más de 2500 años que la única “grieta” admisible era la que dividía a las formas de gobierno en puras (los gobernantes buscan el bien común), e impuras o corruptas (los gobernantes buscan su propio bien).

Para incursionar en la etapa de ejemplos cabe mantener la metáfora de enseñanza primaria. La matemática comienza con números puros, para tiempo después enseñar porcentajes, que son muy usados en la comunicación política y encuestas, porque al no explicitarse la metodología de cálculo, sus veracidades son incomprobables. Es distinta la comprensión masiva entre 20 y 20%. Los datos “macro”, imprescindibles a nivel internacional, por sí solos no clarifican. Por ejemplo, un indicador relevante es el ingreso per cápita de cada país, que se obtiene dividiendo la renta (o riqueza) producida por su población total. A mayor ingreso individual, mayor desarrollo y bienestar. Sin embargo, si un país produce 100 pesos  a dividir por sus 10 habitantes, da un ingreso de 10 pesos per cápita, pese a que un habitante tenga 40 pesos, dejando a tres con cero. Por ello un indicador internacional más preciso para visualizar inequidades, es establecer la diferencia entre los ingresos estatales máximos y mínimos, pues es el Estado quien establece políticas, leyes, controles, impone impuestos, decide privilegios y determina sus ingresos y egresos Esto se grafica piramidalmente, lo que es razonable: muy pocos arriba y muchos abajo; cuanto mayor es la diferencia, mayor es la desigualdad. Internacionalmente se considera que una diferencia entre ingresos en el vértice (máximos), y la base (mínimos) superior a 15, indica niveles crecientes de pobreza y desigualdad. 

Se puede experimentar con un tema de alta sensibilidad económico-social: los jubilados. En noviembre de 2020 la jubilación máxima pertenece al ex juez Zaffaroni (régimen especial), con un haber jubilatorio de $ 830.000, mientras que la mínima es $ 18.129 (unos 4.200.000 jubilados). La diferencia entre vértice y base es de 45,78 veces, que supera largamente el indicador de 15 veces. Cuando se plantean estas inequidades jubilatorias, salariales y laborales en cúpulas estatales, el menú de excusas no reconoce diferencias ideológicas: “si no tenemos buenos sueldos gobernarían los ricos”; “los privilegiados somos pocos”. Esta disociación con la realidad entre conductores y conducidos la deben haber tenido Luis XVI antes de la Revolución Francesa, y el zar Nicolás antes de la Revolución Rusa, ambos considerados monarcas muy ineptos. Pero quizás ambos nunca hubieran imaginado que centurias más tarde, un legislador argentino diseñaba un impuesto para los “ricos”, mientras obtenía una benévola financiación estatal para pagar su millonaria deuda impositiva.

Buenos Aires, 25 de noviembre 2020

Ajuste sin destete político

Es habitual que los medios de comunicación propaguen opiniones de políticos, gremialistas e incluso empresarios, absolutamente contrapuestas con las que formularan pocos meses o años atrás. Como así también que los declarantes exhiban una larga perdurabilidad en cargos y usufructo de recursos públicos. Por lo que cabe suponer que para resolver la problemática de una Administración pública sobredimensionada, ineficiente y succionadora voraz de impuestos al trabajo, no habrá “quorum”, y que la expresión política “el país no soporta un ajuste” mientras una vez más se gestiona ante el FMI facilidades para postergar pagos de deudas invocando pobreza, se ajustan jubilaciones medias y bajas, se suben impuestos y se deprecian salarios, debe interpretarse que quienes “no soportan un ajuste” son los beneficiarios políticos, gremiales y empresarios de la referida estructura estatal, causante de las recurrentes crisis.

La situación podría asimilarse a la milenaria tradición hindú que en un marco de pobreza protege por ley a las vacas, consideradas símbolos sagrados de la fecundidad por proveer leche a los terneros y a la población. En nuestro caso el símbolo sagrado “Recursos Públicos” es succionado solo por sectores privilegiados que desde hace décadas se niegan a cumplir con la natural etapa del destete. Esta desigualdad genera un déficit fiscal (o de leche), que obliga a contratar forraje extranjero para alimentar a las vacas (crédito externo), mientras los empobrecidos ciudadanos reciben “leche” de descarte a modo de dádivas, o moneda sin valor para adquirirla (emisión de pesos). Consecuentemente la “leche” nunca alcanza para “todos y todas”, porque la producción de calidad es vorazmente consumida por quienes transformaron el concepto “servidores públicos” en “públicos a mi servicio”. A este contexto se le suman líderes mesiánicos que predican contra los “grupos de poder”, pero succionan de la misma ubre estatal. Los privilegios políticos incluyen familiares, servidumbre militante de apoyo y empresarios asociados en negocios corruptos.  

Esta recurrencia preanuncia que el país no podrá pagar los nuevos compromisos futuros que los propios responsables del atraso gestionan ante el FMI, sin modificar la desmesura estatal. El FMI lo sabe, pero no es su función trabajar en detalles, sino establecer metas fiscales macro que permitan suponer saldos para afrontar a futuro la renovada deuda, que generará una nueva negociación cuando haya que pagar. Terminar con esta secuencia del atraso permanente, previo a ejemplificarla con nombres y datos numéricos, necesita establecer algunos pilares conceptuales. En principio cinco: 1) Inevitabilidad: el “ajuste” no solo es inevitable, sino está afectando a vastos sectores sociales desde hace décadas, y se agravará próximamente. La prioridad debería ser desarmar privilegios, estructuras burocráticas y cargos ociosos, sin afectar laboralmente a las franjas no políticas que realmente trabajan con carga horaria real; 2) Equidad: las medidas que se adopten deben eliminar el falaz término “solidaridad”, consistente en sacar dinero a los que producen para sostener privilegios políticos, reemplazándolo por “equidad”, basada en no favorecer a una persona perjudicando a otra. Los sacrificios jubilatorios, por ejemplo, deberán alcanzar proporcionalmente a todos los regímenes previsionales sin excepción, y los privilegios no podrán disfrazarse de conquistas laborales o derechos adquiridos; 3) Corrupción: desarmar el andamiaje burocrático, jurídico y normativo que favorece el saqueo de recursos públicos, la permanencia de sus responsables y la facilitación de la impunidad. 4) Representatividad: eliminar las listas sábanas y sean los ciudadanos quienes elijan a sus legisladores, quienes una vez asumidos no podrán traicionar al votante pasando a otro sector político, o declararse “independientes”. Y desactivar de inmediato los esfuerzos legislativos destinados a complejos rearmados judiciales que faciliten impunidad. 5) Grietas: asumir que las grietas políticas de cúpulas no son ideológicas sino pujas por poder y privilegios, como cada dos años muestra el armado de listas para elecciones nacionales. Pero que inoculadas a las masas, las dividen en crédulas (propaganda), idiotas útiles (fanatismo), u oportunistas (adhesiones canjeadas por recursos o cargos).  

Las oposiciones por su parte, incluidas las izquierdas, no pueden agotarse en lo discursivo o en no votar, lo que las convierte por acción u omisión en ineptas, indiferentes o cómplices. Su obligación es actuar e informar claramente a la sociedad sus objeciones, inequidades y contrapropuestas, aunque luego pierdan las votaciones. Esta tarea esclarecedora no puede recaer exclusivamente en el periodismo.

Buenos Aires, 18 de noviembre 2020

Revolucionarios conservadores

Toda comunicación política masiva posee un principio básico con origen en la propaganda, que aplican gobiernos democráticos, autoritarios o dictatoriales: los mensajes, para que lleguen a todos los niveles culturales y socio-económicos y se supongan comprendidos, deben ser breves, impactantes y sencillos. Por ello usan palabras convocantes como Patria, República, Solidaridad, Juntos, Todos, o a generalizaciones indefinidas como derecha, izquierda, neoliberal, populismo. De este principio, a fin de analizar temas más complejos, podría rescatarse la simplicidad. En este caso, para detectar las falencias político-institucionales causantes de la decadencia argentina.

El punto de partida sería entender la interrelación y diferencias entre Estado y Gobierno. El primero conforma la estructura jurídica-institucional del sistema político (constitución, leyes y normas), y Gobierno la parte operativa burocrática encargada de ejecutar tareas (organismos y funcionarios). En los países desarrollados, el Estado mantiene una organización consistente en el tiempo (solidez institucional), mientras que el Gobierno varía en sus matices de conducción y ejecución política a través de autoridades elegidas mediante elecciones, respetando los marcos institucionales preexistentes del Estado. De esta elemental explicación a nivel de eslogan, emerge el huevo de la serpiente: en nuestro país la relación virtuosa entre Estado y Gobierno no se cumple. Si se parte desde 1983 a la fecha, para no extendernos en el tiempo, todos los andamiajes institucionales han sido, son y serán modificados, adaptándolo a las coyunturas político/partidarias: la Constitución, número de miembros de la Corte, número de integrantes del Consejo de la Magistratura, leyes electorales, sistema jubilatorio, leyes impositivas, privatizaciones, reestatizaciones, etc. Solo se mantienen inmutables los privilegios políticos e impunidades por corrupción.

La consecuencia de la fusión de Estado (permanente) con Gobierno (circunstancial), genera concentración creciente de poder y pérdida de horizontes nacionales. El ejemplo extremo se plasmó en la frase del monarca absolutista francés Luis XIV: “El Estado soy yo”. Esta referencia histórica no es casual, pues las formas de ejercer el poder determinan la configuración de sus soportes administrativos, sea en las antiguas Cortes, o en los presentes Gobiernos. En las Cortes pululaban consejeros, ministros, ujieres, barones, condes, doncellas, servidumbre, bufones, aduladores, que poseían privilegios por el solo hecho de formar parte de ella. Dichos personajes, algunos con otras denominaciones, existen en los gobiernos autoritarios actuales. En ambos casos mantenerlos implica costosas estructuras administrativas, mayormente ociosas, solventadas con crecientes impuestos que pagan los que trabajan sin privilegios. Las consecuencias son inevitables: cúpulas burocráticas enriquecidas, y poblaciones empobrecidas.

Esta matriz histórica que relaciona modelos de ejercer el poder con sus estructuras de gobierno, se plasma en nuestra realidad política, con una modificación permanente de principios que debieran ser estables (Estado), que es acompañada por el crecimiento continuo de las estructuras burocráticas (Administración). En este proceso las ideologías transmutan en negociaciones por poder y privilegios. Ejemplifiquemos con la simplicidad de un eslogan: Alberto Fernández mutó con la presidencia; Victoria Donda con el Inadi; Ricardo Alfonsín con la embajada en España, enarbolando discursos engañosamente revolucionarios o progresistas, que legislan y practican reelecciones indefinidas, listas sábanas, nepotismos, fueros especiales, ingresos a la administración pública con padrinazgos que sustituyen al mérito, entre otros vicios. Esta patología institucional genera una decadencia que no puede adjudicarse a “grietas” ideológicas, pues los principales partícipes del sistema con sus volubles adhesiones políticas, son desde hace décadas los mismos. Las divergencias más difíciles de resolver son las basadas en pujas por poder y privilegios.  

Por ello es conveniente analizar la problemática de la estructura administrativa estatal comenzando por lo conceptual (causas), para luego profundizar en lo cualitativo y cuantitativo (efectos). Entender lo conceptual desarmará falaces discursos conservadores disfrazados de revolucionarios, como que “el país no soporta más ajustes”, mientras se aumentan impuestos, se reducen las jubilaciones medias y bajas, se promueven negocios subsidiados, se incrementa el desempleo y la pobreza. Lamentablemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), se centrará en establecer plazos, montos y saldos para el pago de deudas, sin detenerse en analizar si para ello se ajustan jubilaciones o se eliminan sobrecostos de corrupción y privilegios. Los ajustes internos sobre los sectores políticamente más vulnerables, llamados cínicamente “solidarios”, los realizan revolucionarios conservadores criollos.  

Buenos Aires, 11 de noviembre 2020

La carta y la Corte

“La carta” de la vicepresidenta Kirchner emitida la pasada semana, y el reciente “fallo” de la Corte Suprema relacionado con el desplazamiento de jueces que entienden en causas de corrupción estatal-privada, ratifica que la modernidad no modifica ancestrales principios, simbolismos y actitudes políticas. Este revival historicista se complementa con la actuación de Grabois, un personaje que recuerda al monje medieval florentino Savonarola.

“La carta” cumple el rol de los antiguos oráculos, mediante los cuales los dioses a través de pitonisas transmitían mensajes en forma de profecías y augurios, que daban respuesta a las inquietudes de sus fieles. Los únicos nombres mencionados eran los de dioses, siempre omnipotentes, y los enemigos de turno. El oráculo/carta vicepresidencial, que se permite recordar que los dioses pueden tener benevolencia para perdonar a quienes en su momento los atacaron y agraviaron, encierra múltiples enigmas. Reconoce que el pueblo sin distinción de clases busca protegerse de los desaguisados políticos a través del dólar; que es necesario un gran acuerdo nacional, pero sin los enemigos; que hay funcionarios que no funcionan, y que el que decide es el presidente. Tras el pronunciamiento, gran número de hermeneutas, como se denominan a los que ejercen el arte de descifrar mensajes, analizaron posibles y diversos significados. En lo referido al presidente, mencionado pese a que no había consultado al oráculo, se manejaron entre otras las opciones darle una oportunidad, advertencia, empoderamiento, debilitamiento, trampa mortal. El aludido, político al fin, no anduvo con rodeos e interpretó el mensaje como apoyo. Se repite un desafío ancestral: pronunciado el oráculo, su veracidad dependía de que fuera correctamente interpretado por el común de los mortales, pues el oráculo nunca se equivocaba. De no ser entendido, al poder político y a los ciudadanos le esperaban crisis y derrotas.

Mientras esta versátil tarea interpretativa está en pleno desarrollo (aún no se encontró solución a los enigmas planteados, y menos aún se pudo ubicar a un funcionario que reconozca que no funciona), en el plano judicial se elabora otro oráculo a cargo de cinco dioses, que integran la llamada Corte Suprema. El caso reviste cierta complejidad, pues deberán resolver un aspecto también repetido en la historia: ante un cambio de poder político, desdecirse de una predicción anterior para satisfacer los deseos del poder vigente. Vale decir, jugar con las palabras para que los fieles interpreten que no cambió el concepto. Cabe reiterar que los dioses, omnipotentes, también pueden ser injustos.

Esta escenografía historicista se complementa con un componente religioso, ante la aparición de un tal Grabois, alias “amigo del Papa”, que nos retrotrae a Girolamo Savonarola, que fuera un religioso dominico que en la Florencia del siglo XV predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia católica, conducida entonces por Alejandro VI, que pertenecía a la familia Borgia. Al incrementar sus críticas políticas y perdidos los apoyos por su fanatismo, Savonarola fue juzgado y ejecutado. Sin llegar a estos extremos punitivos, Grabois se gratifica expresando que “nuestras vidas están consagradas a la causa del pueblo pobre y trabajador”, mientras promueve caóticas tomas de tierras con gran despliegue de recursos, justificadas tras homilías que denuncian “la prepotencia del poder y su inmensa capacidad de corrupción y cooptación de las instituciones democráticas”, e interpelando a las autoridades: “Dejen de ceder ante el poder fáctico”. Curiosamente, tal grandilocuencia se manifiesta mientras altos sectores del poder público y privado realizan ingentes esfuerzos para lograr su impunidad en causas de corrupción estatal. Como en la Florencia del siglo XV y épocas posteriores, nuevamente “cartas” políticas, “fallos” judiciales y mesianismos liberadores, se interrelacionan con corrupción y degradación institucional.

Entre tanto griterío rimbombante, pasó desapercibido que el debate sobre la propiedad privada no es conceptual, pues es un anhelo histórico de todas las sociedades. En Guernica por ejemplo, tras la usurpación lo primero que se hizo fue un prolijo loteo, tras el cual cada ocupante podía reclamar “el lote es mío”. Lo revelador fue la metodología para cumplimentar tal deseo, basada en el engaño, prepotencia y amenazas, al amparo estatal. Nuestros Savonarolas criollos no se agotan en la prédica, pues cuentan con cuantiosos recursos económicos y cargos que les provee el Estado por fuera de las obligaciones sociales de ministerios, gobernaciones y municipios, que no se destinan a disminuir la pobreza, sino a manipularla. Prueba de ello es que los enormes costos fiscales provocados por las logísticas de usurpación y desocupación respectivamente, no solucionaron ni solucionarán la problemática de los pobres.  

Buenos Aires, 04 de noviembre 2020

Página web: www.políticaenborrador.com.ar

Quiénes nos gobiernan?

Formular una argumentación exige tener en claro el tema a desarrollar y objetivos pretendidos. En este caso el tema es gobernar, y el objetivo determinar quiénes encabezan dicha responsabilidad, y sus roles. En especial, en momentos que se atraviesa una crisis económico-social inédita que lejos está de haber alcanzado su punto máximo. Esta identificación es imprescindible para comenzar a elaborar políticas de corto plazo que minimicen daños, y de mediano/largo plazo que reviertan la matriz de decadencia, antes que distraernos con especulaciones acerca de pujas de poder internas en el oficialismo y en la oposición

Plantear “quiénes” y no “quién” nos gobierna no es casual. Tras sucesivas crisis sufridas por el país, continuar caracterizándonos como un sistema democrático “fuertemente presidencialista” es falaz, ante la desaparición de partidos estables de alcance nacional como intermediadores de la política con la sociedad. Los partidos unívocos fueron suplidos por alianzas de coyuntura en las que la distribución de cargos reemplaza ideologías y programas de gobierno consistentes. Ante este panorama, el actual gobierno presenta dos curiosidades: 1) un presidente elegido por su vicepresidenta sin consultas partidarias, e informado públicamente a través de un tuit; 2) a once meses de asumido, carece de un plan integral al que deberían ajustarse propios y extraños. En su lugar, la economía, seguridad, salud, relaciones exteriores, entre otras áreas, generan confusos debates en su propio seno. La única cohesión se observa en la estrategia para desactivar las causas de corrupción.

Aportando a la confusión, los análisis políticos de diversas tendencias ideológicas, calidades reflexivas y fuentes reservadas, se explayan en presuponer preeminencias de poder (mandar), cuando lo importante es conocer los niveles de coordinación para actuar (gobernar). Ningún gobierno soporta presunciones o conjeturas permanentes sobre sus confusiones y debilidades; el país lo vivió con resultados nefastos. Es como si en pleno hundimiento de un trasatlántico sus ocupantes se preguntaran quiénes mandan, mientras el capitán y su plana mayor disfrazados de pasajeros se arrojan en los botes salvavidas para sobrevivir, metáfora que explica la permanencia de muchos políticos responsables de sucesivos hundimientos. Para evitar una nueva tragedia y distracciones fútiles, se debe tener en claro que gobierna el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, con los roles de presidente, jefa del Senado y de la Cámara de diputados respectivamente, que poseen los bloques legislativos mayoritarios. En segundo plano, el experimentado Roberto Lavagna, quien ubicó en puestos relevantes a varios de sus adherentes, como su hijo Marco en el Indec (positiva designación como lo fuera la del fallecido Todesca por parte de Macri), y en directorios del Banco Central y Nación, entre otros, además de contar con tres diputados propios. Uno de ellos, la diputada Graciela Camaño, que con su voto en el Consejo de la Magistratura desencadenó la crisis provocada por los desplazamientos de jueces que investigan la corrupción.    

Definidas las cabezas políticas responsables de fijar el rumbo del gobierno, se deben replantear recurrentes frivolidades, como reemplazar ministros solo para para “oxigenar” sin cambiar, o apelar a un “gran acuerdo nacional” como invocación mística. En el primer caso, a un ministro de Economía no puede exigírsele control de variables económicas, mientras altos funcionarios avalan y promueven usurpaciones, los responsables de la seguridad hablan y no conducen, los diplomáticos que contradicen a su ministro permanecen en sus cargos, y se actúa persistentemente para lograr la impunidad en las causas por corrupción. En cuanto a un “gran acuerdo nacional”, no puede lograrse si el que gobierna no presenta una propuesta integral, fundamentada y viable como base de acuerdo, que también debería presentar la oposición, que cuenta con la estructura e información para elaborarla. Recién entonces someterlas a consideración de las diversas entidades sectoriales para que formulen las contrapropuestas que consideren oportunas. Al transparentarse coincidencias y divergencias concretas, se conforma una plataforma de debate explícita que permita arribar a un acuerdo sustentable en el tiempo, en donde todos ceden algo. Comenzando por la política.

Buenos Aires, 30 de octubre 2020

Página web: www.politicaenborrador.com