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Kirchner, Macri y la Corte

A los líderes de gobiernos autoritarios con pobres calidades democráticas les encanta referenciarse en la historia, sea pasada (Irigoyen, Perón), o futura: “la historia me juzgará”. El presente lo atraviesan con excusas (herencia recibida), o autoelogios (nadie hizo tanto como yo). En nuestro país el fenómeno  agrega la perdurabilidad en altos cargos públicos de políticos y sus familiares (nepotismos), que genera una continuidad entre pasado, presente y futuro que repite políticas, estrategias y discursos que concluyen en inevitables fracasos.  

Para opinar sobre la gravedad económico-social e institucional del momento, se apelará a una regla básica de la propaganda llamada de simplificación, consistente en utilizar palabras cortas y rítmicas que sean fácilmente recordadas. En este caso se adopta la trilogía “Kirchner, Macri y la Corte”, que engloba a dos ex presidentes y a los cinco jueces vitalicios del máximo organismo judicial, quienes constituyen hitos institucionales para entender el debate sobre tres temas interrelacionados, esenciales en el desarrollo de un país: justicia, coparticipación de recursos y corrupción. En cuanto a perdurabilidad en altos cargos, Cristina Kirchner los desempeña desde hace 35 años, cuando en 1995 fue elegida senadora nacional por Santa Cruz; el ex presidente Macri durante 15 años, cuando fuera elegido al frente del gobierno de la ciudad en el 2015. Como jueces en la Suprema Corte, Maqueda tiene una antigüedad de 17 años; Highton y Lorenzetti 16, Rosenkrantz y Rossatti 4.

Identificados los referentes institucionales, es momento de mencionar el contexto político. Existe un principio que indica que las leyes deben cumplirse, por lo que su desconocimiento no es excusa para infringirla. Por ello, para ser asumidas por la sociedad deberían tener continuidad en el tiempo. Más aún en el campo penal, donde su conocimiento se supone ineludible: no se debe violar, robar, matar, estafar, corromper. No es así en nuestro país, donde las leyes y procedimientos procesales se modifican, interpretan, tergiversan, acomodan y de ser necesario se incumplen, según intereses políticos de coyuntura. En especial en casos de corrupción estatal, donde los poderes públicos son juez y parte. El círculo vicioso cierra con legislaciones administrativas y electorales que favorecen la exclusión ciudadana, la perpetuidad política y la  impunidad delictiva. Comunicacionalmente predomina el cinismo, con políticos complacientes o cómplices con la impunidad que claman por la independencia de poderes, para horas más tarde presionar públicamente a miembros de la Corte y jueces.

Las anomalías institucionales se acumulan. Los condenados y procesados por corrupción pueden gobernar,  legislar y encabezar acciones y reformas judiciales que afectan causas penales que los involucran. Recientemente, el ineficaz Consejo de la Magistratura, con el voto decisivo de la diputada lavagnista Graciela Camaño, promovió el desplazamiento de jueces cuyo traslado el mismo Consejo aprobara hacía dos años, obligando a que la Corte dictamine sobre lo que ya dictaminó hace dos años. El principal problema es que para los corruptos la jurisprudencia no existe. Para justificar estas contradicciones, a la ciudadanía se le inculca que la justicia no tiene validez general, sino se identifica con los gobiernos de turno, sea peronista, macrista o kirchnerista. La llamada “mesa judicial” macrista al menos demostró que llegar a juicios orales públicos para definir culpabilidades e inocencias en tiempos razonables es posible. Es de esperar que la “mesa judicial” kirchnerista no logre desactivarlo.

El fenómeno de la perdurabilidad se reitera en el debate por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Los jueces de la Corte Maqueda y Rossatti participaron como convencionales en la reforma constitucional de 1994, que incumplió el mandato de acordar y promulgar un nuevo régimen de coparticipación entre Nación, ciudad de Buenos Aires y provincias, antes de diciembre de 1996. En la práctica, el proclamado federalismo se somete a decisiones del Ejecutivo por decretos, avalados por senadores siempre y cuando no afecten a sus jurisdicciones. Una alternativa sería que la Corte hiciera lugar al amparo de la Ciudad, hasta tanto se cumplimente dicho mandato constitucional. Las curiosidades judiciales no se agotan. Al haber cumplido la edad establecida por la Constitución para jubilarse, la jueza de la Corte Elena Highton presentó un amparo tildando al requisito de inconstitucional.

Ante este panorama, es de desear que el fallo de la Corte, más allá del rechazo o aceptación de las demandas, defina vías claras y compartidas a futuro, que eviten continuar con decisiones fluctuantes alejadas del interés común. Por ejemplo, definir si los traslados de jueces se deciden en el ámbito judicial o en el político. Es verdad que el fallo podría ser ignorado por los políticos. Pero algo es algo.

Buenos Aires, 30 de septiembre 2020

Inseguridad fomentada

El reciente amotinamiento de la policía bonaerense es solo un síntoma visible de una grave enfermedad que carcome a todo el aparato administrativo político institucional. Dada la relevancia conceptual del término seguridad, cuyo significado entienden y afecta sin grietas a todos los niveles sociales, e involucra a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es una válida referencia para comprender la problemática del funcionamiento del Estado.  

Seguridad significa ausencia de peligro o riesgo. Para aplicarla a la protección de personas y bienes contra el delito y cumplir una obligación indelegable, el Estado crea organismos con capacidad de ejercer control. Tras este breve resumen de escuela primaria, en escasos meses se concatenaron incongruencias políticas: peleas entre Fréderik y Berni, máximos funcionarios del área, que recuerdan las entregas semanales de un “cómic” de los 60; liberaciones promovidas y legalizadas de presos peligrosos; tomas de tierras públicas y privadas planificadas y consentidas; anuncio de un plan de seguridad consistente en incorporar más policías y comprar más patrulleros, cuando cantidades no hacen un plan, sino es un plan el que determina cantidades. Y finalmente, usar la crisis para manotear fondos entre jurisdicciones. Como dirían los jóvenes, “dirigencias políticas al palo”.

Como consecuencia, un pequeño número de policías amotinados ante la impotencia de sus jefes, transparentó porque la operatividad delictiva predomina claramente por sobre la efectividad de la seguridad estatal. Para explicarlo se deben incorporar dos conceptos: complicidad y fomento. Cómplice es quien como partícipe necesario ayuda a cometer un delito sin tomar parte en su ejecución material.  Fomenta quien favorece de algún modo el avance del delito, sea por acción (ideología) u omisión (incapacidad operativa). Si bien los tres poderes del Estado y miembros de las fuerzas están implicados en ambas alternativas, cabe detenerse en el fomento institucional, que es la causa de la situación generalizada de inseguridad.  

Los presos no se fugaron; fueron legalmente liberados. Las tomas fueron organizadas por sectores con contactos políticos. Un juez de garantías tardó 60 días en ordenar un desalojo que luego el Ejecutivo no ejecuta, mientras altos funcionarios discutían si la usurpación es o no delito. Los reclamos policiales se basaron en compararse salarialmente con otras fuerzas, sin medir profesionalidad, cantidad y eficacia. La provincia tiene 90.000 policías activos, de los cuales cerca de 50.000 fueron incorporados hace siete años durante la gestión Scioli-Granados. Sin embargo, se reclama el auxilio de fuerzas federales. Se plantea el mal estado de los patrulleros, pero en lugar de ponerlos a punto y mantenerlos, se anuncia la compra de 2.000 nuevos patrulleros. Se expresa que el policía debe tener un buen salario, pero nada se aclara respecto a su formación profesional y logística que cuide su principal bien: la vida. El periodismo debiera colaborar en el esclarecimiento de la problemática, haciendo preguntas más precisas a los funcionarios responsables durante sus cabalgatas mediáticas. Por ejemplo:  

1) el clásico y universal “alto o disparo” a un delincuente, tiene vigencia en las directivas superiores? 2) cómo debe actuar el policía ante delincuentes con armas blancas? 3) se le enseña defensa personal? 4) existen prácticas regulares de tiro? 5) tiene sentido desgastarlo físicamente con “changas” adicionales? 6) se realiza un control regular de consumo de estupefacientes? 7) qué requisitos físicos debe reunir el ingresante (relación altura/ peso, visión, etc.) 8) cuál es el tiempo de formación policial, y que relación ingreso/egreso existió en los últimos ocho años?

Este tipo de interrogantes relativos a tareas específicas, deberían plantearse ante cada uno de los organismos estatales en estudio, a fin de optimizar recursos y rendimientos en base a principios de igualdad de oportunidades, valoración del esfuerzo personal y calidad del servicio brindado a la sociedad, que es el fin de un empleado público. Por último, cabe destacar la reiteración dialéctica que intenta disimular incapacidades políticas asociando delito con pobreza, cuando son los pobres quienes más sufren el delito. Con el agravante que simultáneamente, en los más altos niveles se libra a cara descubierta una batalla político-judicial para desactivar múltiples causas de corrupción en perjuicio del Estado, que involucran a funcionarios, empresarios, financistas, testaferros y abogados, todos multimillonarios. En estos casos es de suponer que el delito se asocia con riqueza, y la pobreza es moral.

Buenos Aires, 23 de septiembre 2020

La política de los helechos

Para analizar hechos y arribar a conclusiones se debe tener presente que el discurso político suele incluir omisiones, falacias y cinismos que ocultan los verdaderos objetivos. En la asunción de Fernando Espinosa como intendente de La Matanza el 13 de diciembre de 2019, la vicepresidenta Cristina Kirchner expresó ante sus adeptos: “En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro”. Cuidándose de mencionar que el justicialismo gobernó en forma ininterrumpida durante 36 años a La Matanza (1983-2020); 26 años a la provincia de Buenos Aires (1989-2015), y 14 años a la Nación (2002-2015). A casi nueve meses de la citada frase, una secuencia de sucesos clarifica roles en el poder gobernante, y más importante, permite proyectar con mayor precisión futuros escenarios políticos.  

1) el 13 de diciembre, el discurso de la vicepresidenta en La Matanza; 2) en marzo, comienzan los disensos públicos entre Fréderick y Berni, responsables de la seguridad nacional y provincial; 3) en abril, se promueve la liberación masiva de presos peligrosos; 4) en agosto, se produce una usurpación generalizada de tierras; 5) en septiembre, el día 4, ante Kicillof, Frederic y Berni, el presidente anuncia un Plan de Seguridad provincial; el día 7, con epicentro en La Matanza, se amotina la policía bonaerense; el día 9, se anuncia la quita de fondos coparticipables de la “opulenta” ciudad capital, para trasladarlos a la provincia de Buenos Aires; el día 10, Kicillof accede a los reclamos policiales, y mantiene en sus cargos al jefe de la policía y al secretario Berni; en el mismo día, 19 gobernadores apoyan públicamente la medida en desmedro de la ciudad.

Lo detallado, que exhibe componentes políticos que exceden el tema de la seguridad, permite proyectar el curso de gobierno tras 270 días de ejercicio, y obliga a modificar hipótesis analíticas recurrentes e incorrectas.

1.- Perdió sentido continuar planteando una única “grieta” separadora de dos expresiones  ciudadanas excluyentes. Es un recurso fomentado por castas políticas estables para manipular a la opinión pública, y que finalmente nada cambie. La realidad muestra que existen innumerables y fluctuantes grietas entre diversos sectores oportunistas que pujan por usufructuar recursos públicos. Jorge Asís los llamó irónicamente “bandas”, citando en la provincia de Buenos Aires a las conformadas por la gobernación, intendentes, la Cámpora y movimientos sociales. En agosto se coló la bonaerense.

2.- En los políticos se debe analizar tres cualidades: poder, identidad y utilidad. El poder, claramente lo ejerce Cristina Kirchner. Su referencia a “los helechos” porteños un lejano 13 de diciembre, tuvo el acompañamiento coral de sus seguidores, y concluyó en una decisión política. Esto se repetirá en los temas de su interés, que son concretos y acotados: no es una estadista. En cuanto a las identidades políticas, las cocteleras frentistas pretenden obtenerla invocando las memorias de Irigoyen, Perón, Evita o Alfonsín, o tras una hojarasca mística-partidaria como peronismo, radicalismo, progresismo, populismo, neoliberalismo, y otras, que justifiquen o legitimen desmanejos, privilegios y hasta corrupciones. Tal liviandad explica que los gobiernos se terminen personalizando en menemismo, kirchnerismo y macrismo. En este sentido, el actual es kirchnerista. Clarificación que no elimina conflictos pero ordena debates. En cuanto a la tercera cualidad, la utilidad, en política la ingenuidad personal no es una opción. Nadie se incorpora a listas sábanas legislativas u ocupa cargos ejecutivos por méritos propios, sin avales de peso y sin brindar contraprestaciones. A falta de capacidad, el beneficiado debe aportar al menos utilidad (votar, dejar hacer, no ver, ofrecer popularidad, actuar como propagador). Ello incluye a los habituales nepotismos familiares.

3.- La desactivación de un utópico “albertismo”, no supone que Alberto Fernández sea una víctima o engañara al votante. Como presidente cumple el rol que siempre practicó: operador, gestor, intermediador, conversador. Tarea que se desarrolla en ámbitos reservados en los que se discuten intereses particulares, nunca generales. El problema de Fernández es que al trasladar dicho rol al ámbito del control público, este pierde flexibilidad. Ello explica sus permanentes contradicciones discursivas.

Planteados estos parámetros generales, es momento de retomar la problemática de seguridad que estalló en agosto con el amotinamiento de la policía bonaerense, pues arroja enseñanzas a futuro. El conflicto solucionó parcialmente un tema salarial, pero se continúa sin definir una política de seguridad coherente y nacional, que interrelacione adecuadamente legislación, accionar judicial con el policial, profesionalización de las fuerzas y marco presupuestario. Será tema de la próxima opinión.

Buenos Aires, 16 de septiembre 2020.  

Política genealógica

La indisoluble relación entre sistemas de gobierno y nivel de sus representantes políticos, presenta en origen una disyuntiva: si los gobernantes respetarán el sistema, o buscarán amoldarlo a sus intereses particulares. Esta última opción genera castas políticas con tendencias totalitarias, que exacerban las luchas por alcanzar el poder político, que debe sostenerse con costosas estructuras burocráticas que se financian con altos tributos que pagarán los gobernados.  

Interpretar nuestra realidad política implica clarificar esta relación entre sistema y representación; de ser imperfecta, permite que coexistan vertientes totalitarias con democráticas. La calidad de un sistema de gobierno no la define su denominación, ni votar supone democracia. Gobernar buscando concentrar el poder puede lograrse bajo un líder (dictador), o colectivamente (partido único). El gobierno venezolano de Maduro no es más democrático que la monarquía constitucional de Inglaterra. El sistema institucional capitalista de EE: UU no es antidemocrático. El de Argentina no tiene la misma calidad que el de Uruguay y Chile. Bajo cualquier régimen, sea en EE.UU., Venezuela, Francia, Rusia, China o Argentina, es el Estado quien tiene el poder excluyente de fijar políticas, legislar, ejecutar y juzgar. De perder esta capacidad se ingresa en la anarquía. Por lo que carece de relevancia debatir en abstracto si se quiere más o menos Estado. Identificar los vicios que expliquen nuestra decadencia de décadas, requiere centrarse en la baja calidad de nuestro sistema institucional y de representación, cuyos beneficiarios invocan adhesiones o simbologías históricas como peronismo y radicalismo, encubriendo una realidad que nos aproxima al totalitarismo: la existencia de castas políticas perennes y oportunistas, sin ideologías coherentes ni intereses nacionales comunes.

En la recuperación de la democracia en 1983, dos partidos tradicionales y consolidados como el PJ y la UCR alcanzaron casi el 92% total de los votos.  En 1989 ambos partidos sumaron casi el 80 %. Tras el Pacto Menem-Alfonsín que derivara en una reforma constitucional de pobres resultados, y un crecimiento desmesurado de las estructuras burocráticas, en 1995 se reeligió a Menem. El radicalismo, con el 17% de los votos perdió su identidad, que nunca recuperó. Lo mismo le sucedió al PJ en 1999, al caer derrotado ante una alianza conformada por radicales y peronistas disidentes. La desaparición del clásico bipartidismo se efectivizó en la crisis 2001-2002, a partir de la cual las pujas electorales se dirimen entre frentes polifacéticos y fluctuantes, plagados de oportunismos y acuerdos que fueron degradando el sistema institucional a través de legislaciones altamente restrictivas del derecho del pueblo a elegir a sus representantes, como listas sábanas, reelecciones indefinidas, ley de lemas, autoprotección en causas penales, digitación del acceso a cargos públicos, etc. Consolidando de este modo a una dirigencia que semeja a árboles genealógicos familiares (nepotismos), y políticos (travestismos). Los “consensos” sin identidades definidas abundan: De la Rúa-Alvarez (1999); Rodríguez Saá-Posse (2003); Cristina Kirchner-Cobos y Lavagna-Morales (2007); Ricardo Alfonsín con De Narváez en su lista (2011); Macri-Pichetto y Fernández-Massa asociados a la por ellos denostada Cristina Kirchner (2019). Los “disensos” se manifiestan en peleas entre lenguaraces y charlatanes de feria, como llamara el Chino Navarro a Berni, para definir quién es más inútil, más corrupto o si usurpar propiedades públicas y privadas es un delito. Esta consolidación de genealogías políticas promotoras de legislaciones que las sostienen y protegen, explica que las prioridades en plena pandemia y pobreza, pasen por complejas reformas judiciales en el fuero penal, que desarmen y/o afecten causas de corrupción que involucran a funcionarios del ejecutivo, del legislativo y privados asociados, todos ellos succionadores de recursos públicos.

Esta estructura institucional débil y plagada de cínicos que pueden negar lo afirmado en el pasado o modificar a futuro lo que dicen en el presente, opera nocivamente en el proceso de gobernar, y destructivamente en los gobernados. Maquiavelo describió a estos personajes con precisión, cuando se refirió a las tropas mercenarias: “Son inútiles y peligrosas; y el príncipe que descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos…”  

Buenos Aires, 09 de septiembre 2020

Políticos lenguaraces

El lenguaraz, adjetivo que describe a quien habla con descaro y desvergüenza, en la historiografía gauchesca cumplía el rol de oficiar de traductor entre indios nativos y conquistadores territoriales, para lograr acuerdos. No era tarea fácil, pues un mismo término tenía significados distintos para unos u otros; por ello para crear confianza, su locuacidad y picardía debía evitar agresiones y falsas interpretaciones. Este personaje que se suponía extinguido, revivió en el mes de agosto encarnado en los máximos capitostes del poder político desde la recuperación de la democracia en 1983: el presidente en ejercicio Fernández, y los ex presidentes Duhalde, Cristina Kirchner y Macri. Menem se excusó, aduciendo quizás razones de salud. Debido a los avances tecnológicos, los mensajes se trasladaron a las diversas tribus en formato audiovisual y tuits, en lugar de hacerlo a través de los históricos chasques.

El fecundo diálogo lo inició el 6 de agosto la ex cacique perseguida por corrupción Cristina Kirchner, con un tuit impactante: “No hay argentino más impune que Mauricio Macri”.

El 23 de agosto el actual cacique mayor de la argentina, también conocido como Alberto, expresó con tono místico mientras exhibía una filmina: “Al país le fue mejor con el coronavirus que con Macri”.

El 24 de agosto por la noche, en un estudio-toldería televisivo, el ex cacique Duhalde expresó: “El próximo año no habrá elecciones. Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe». Entre los presentes cundió la duda respecto a la traducción: golpe significaría hacer sonar tambores en son de paz o de guerra?  

El 25 de agosto reapareció el gran cacique Alberto, señalando que se había olvidado de informar a las tribus que tras el inicio de la cuarentena parlamentó el pasado 19 de marzo con el anterior cacique Macri, y éste le recomendó: “Dejemos a la gente en la calle y que se mueran todos los que tengan que morirse».

El 26 de agosto el ex cacique Macri, también llamado Mauricio, quien se encontraba en Suiza tratando de colonizar a la FIFA, desmintió al gran cacique Fernández, señalando que sin verdad no se puede negociar.

El mismo día por la mañana en un estudio-toldería radial, el ex cacique Duhalde confesó que debido a la cuarentena, “es muy posible que yo también esté afectado psicológicamente por lo que estamos todos afectados”, adjudicando sus dichos a un brevísimo brote psicótico.  

Para tranquilidad de poblados y tolderías argentinas, agosto concluyó sin nuevas declaraciones entre lenguaraces, que a la pandemia le sume reacciones psicóticas masivas. Sin embargo se debe destacar una expresión del ex cacique Duhalde a la que no se le prestó atención, al señalar que tras ser designado en la crisis 2001-2002 presidente en reemplazo del renunciante radical De la Rúa, gobernó “junto al doctor Raúl Alfonsín” (textual), quien durante su presidencia sufriera por parte del entonces identificable y compacto justicialismo una oposición dura, plasmada en trece paros generales de la CGT. Al punto que, como sucediera con De la Rúa, debió abandonar el gobierno antes de finalizar su mandato. Si bien esta mención de Duhalde no puede ser ratificada por el fallecido Alfonsín, ni afecta a su justo reconocimiento como verdadero demócrata y presidente honesto, merece una reflexión.

Ejercer oposiciones constructivas es imprescindible, pero plantear en un sistema democrático “cogestiones” que no son tales, solo encubren sumisiones de supuestos opositores ante monopolizadores del poder, las que canjean por privilegios personales. La condescendencia de Duhalde con el fallecido Alfonsín obliga a poner la lupa sobre el accionar de quienes hoy, diciéndose radicales o defensores de derechos humanos, solo usufructúan memorias y símbolos para actuar como “caballos de Troya” que favorezcan a gobiernos monopólicos e impida alternancias. Consensuar en base a principios virtuosos y de interés común necesita de legitimidades equilibradas de representación, en lugar de invocar al consenso para esconder perpetuaciones y beneficios personales. Ello explica porque,  pese al dislate de agosto entre lenguaraces, el eslogan “Argentina unida” mantendrá vigencia. Su redacción virtuosa esconde un mensaje subliminal habitual en sistemas dictatoriales o democracias de baja calidad: “unida bajo mi conducción”.

Quizás Duhalde sufrió un síntoma que no es psicótico, y alcanza a demasiados políticos argentinos: no resignarse a ser una parte del pasado.

Buenos Aires, 02 de septiembre de 2020

Entre roscas y principios

Finalizada su gestión como presidente de la Cámara de Diputados y ante el aplauso de sus pares, en diciembre de 2019 Emilio Monzó reivindicó la “rosca” política, que para el común de la gente se relaciona con negociaciones oscuras al límite de la legalidad. Seguramente, quiso destacar al debate entre visiones distintas como fundamento legislativo para lograr consensos mayoritarios. El término dejaría de ser peyorativo si en cada debate se explicitaran ante la sociedad los verdaderos objetivos pretendidos y los medios utilizados para alcanzarlos, de modo que los acuerdos respondan a intereses nacionales y principios de equidad. Este desafío lo afrontarán los 329 legisladores que deberán decidir la controvertida e inoportuna reforma judicial.

Los antecedentes no despiertan expectativas favorables, en especial cuando la pandemia se utiliza para evitar y degradar reclamos populares originados en acciones del propio gobierno, mientras se legisla a distancia a través de pantallas con imágenes variadas (rostros móviles, fijos o fondos grises), manejadas a través de botoneras centralizadas. A ello se agrega que los legisladores no se eligen individualmente, sino a través del anacrónico e inmodificable sistema de listas “sábana” o “paquetes cerrados”, que facilita perpetuaciones y nepotismos políticos. Con el agravante que muchos de los elegidos, luego de asumir abandonan su escasa legitimidad individual de origen, y simulando ser libres pensadores, conforman mini bloques de alta cotización ante votaciones ajustadas. Ante ello, las expresiones mayoritarias legitimadas deben competir con costosos “rosqueos” individuales que transitan por ilegitimidades de ejercicio. No en vano el politólogp Max Weber (1864-1920), afirmaba que en política las supuestas virtudes de la individualidad transitaban por otros intereses. En consecuencia, las presentes especulaciones y declaraciones deben tomarse con reserva, pues pueden pretender subir cotizaciones individuales para “la rosca”, teniendo presente que políticos y denunciantes comparten un vicio: lo que expresan públicamente no siempre lo ratifican en el voto los primeros, o en su declaración judicial los segundos.

La “rosca” criolla suma sospechas ante el incumplimiento del mandato establecido en la reforma constitucional de 1994, que obligaba acordar y aprobar un nuevo sistema de coparticipación entre Nación y provincias. Por lo que en nuestro declamado federalismo las provincias dependen de recursos arbitrariamente manejados desde el poder central, facilitando que entre éste y los gobernadores se genere un sub “rosqueo” con promesas de obras y envío de fondos, asimilables metafóricamente a “coimas” institucionales. Antecedentes que justifican los interrogantes respecto a los principios de oportunidad, equidad, justicia e interés general que guían al debate por la reforma judicial. Como las abstracciones no son eficaces para obtener respuestas, los ciudadanos deberán evaluar a distancia el desempeño personal de 257 diputados y 72 senadores.

Con mayoría kirchnerista en el Senado, los datos “duros” del tablero de opciones en Diputados muestran que los dos frentes mayoritarios alcanzaron en la última elección el 89% de los votos, con la siguiente distribución legislativa en diputados: Frente de Todos 119 representantes; Juntos por el Cambio 116; Interbloque Federal que conduce Eduardo Bucca 11 (siete en principio lavagnistas y cuatro cordobeses); Interbloque Unidad Federal que conduce José Luis Ramón 8 (entre ellos tres de Cambiemos, que una vez elegidos lo abandonaron para convertirse en libre negociadores); la Izquierda 2 y Movimiento Popular Neuquino 1, cuyo apellido es símbolo de perdurabilidad: Sapag. Tras esta conformación, que presenta al oficialismo con mayor solidez disciplinaria, surgen los siguientes interrogantes: 1) Cómo votarán los seguidores de Sergio Massa, con expectativas presidenciales para la elección del 2023? 2) Cómo lo harán los seguidores de Lavagna, que ubicó en altos puestos de gobierno a varios adherentes? 3) Cómo votarán los tres legisladores que abandonaron Cambiemos? 4) Cómo votarán quienes tengan expectativas de renovar sus cargos en la elección del año próximo mediante las listas sábana? 5) Quiénes darán quórum pero se abstendrán de votar? 6) Quiénes utilizarán el recurso de aprobar en general y no votar algún artículo en particular? 7) Quiénes se ausentarán?

El presente análisis omite hablar de principios, pues éstos se practican, no se declaman. Y hasta el momento, las votaciones no se llevaron a cabo.

Buenos Aires, 26 de agosto de 2020

Debate entre engaños

El engaño consiste en dar mediante palabras o acciones apariencia de verdad a la mentira. La filósofa Hanna Arendt planteaba que “verdad y mentira no son fácilmente discernibles, porque el que miente sabe la verdad pero no la dice..” En el discurso político el engaño se complementa con técnicas propagandísticas como la llamada orquestación, consistente en instalar en las sociedades conceptos simples pero falaces, propagados de manera simultánea y coordinada por distintos emisores. Un ejemplo es la teoría del “lawfare”, que intenta imponerse por sobre pruebas de delitos. En consecuencia, detectar verdad, engaño, promesa, y en muchos casos cinismo, exige que los ciudadanos analicen los mensajes políticos críticamente.

La reforma judicial en debate presenta dos peculiaridades: 1) se prioriza sin que exista plan integral de gobierno, en el marco de un aislamiento social forzado y una crisis económico-social inédita; 2) la encabezan funcionarios involucrados en causas de corrupción en marcha. El llamado “Plan de democratización de la justicia”, acotado a movimientos estructurales y operativos de coyuntura en busca de control judicial, repite con muchos de sus políticos aún vigentes, los permanentes cambios institucionales, reforma constitucional de 1994 incluida, llevados a cabo desde hace décadas. Los resultados son conocidos: mayores privilegios políticos y corrupción. Esta ausencia de sentido común e interés general que es esencia de la buena política, obliga a concentrar la atención en aspectos conceptuales y filosóficos omitidos en el debate.

1.- Es falaz plantear en abstracto la independencia de los poderes constitucionales, pues son naturalmente interdependientes. La independencia surge por el respeto que los integrantes de cada poder tengan por la Constitución, leyes y normas que representen el interés común. En nuestra realidad, muchos de los representantes públicos intercambian roles entre distintos poderes, arrojando sombras sobre sus capacidades e intereses prioritarios, lo que por acción u omisión facilita las tramas de corrupción. 

2.- La reforma judicial se concentra en el fuero federal penal que investiga casos de corrupción pública, cuyas modificaciones afectarán a investigaciones y juicios orales en marcha y próximos, que involucran a importantes funcionarios y empresarios asociados, con poder político y económico para afrontar y manipular juicios. Ello no solo quita legitimidad a la reforma, sino desnuda el mito judicial que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, cuando es evidente que las diferencias sociales impiden dicha igualdad.

3.- El poder de decidir lo tendrán quienes ajenos a los imperativos ciudadanos, se autoprotegen con dos falacias interpretativas: a) que quienes tras años de investigaciones son condenados en primera instancia por un tribunal, son inocentes si apelan. No es verdad; apelan para eventualmente dejar de ser culpables; b) que los fueros legislativos establecidos en la constitución, protegen a los procesados por delitos comunes. No es verdad; los fueros protegen la libre opinión.

4.- La intención “democratizadora” de la justicia resulta dudosa, considerando que el país lleva 37 años de continuidad democrática, con centenares de políticos vigentes que actuaron solo en la función pública. Período durante el cual hubo ausencia de condenas judiciales o de la Magistratura en el único delito en el que el acusado debe demostrar su inocencia: el enriquecimiento ilícito. Lo que deja claro que el problema prioritario no es funcional sino humano, como sucediera con el “no voto” de la diputada Camaño en el caso del juez Canicoba Corral.

5.- El uso del cinismo se manifiesta al invocar “evitar operaciones o mesas judiciales”, cuando el notorio nivel de impunidad y corrupción de décadas se manifiesta en la diferenciación entre castas públicas enriquecidas y ciudadanos empobrecidos. Cuesta creer que esta desigualdad la corregirán sus beneficiarios, sino por el contrario, surge la justificada sospecha sobre si la “democratización” tiene como objetivo promover la agilización de los juicios orales y públicos, única instancia democrática para establecer inocencias y culpabilidades, o bien  mantener impunidades político-judiciales.

En este barrial nos encontramos los argentinos. Aislados en medio de una pandemia, y en paralelo, con muchos políticos activos en la lucha para mantener patrimonios mal habidos, libertades e impunidades. La urgencia en lograrlo fuerza a que los encubrimientos no se realicen subterráneamente entre cúpulas políticas, “mesas judiciales” kirchneristas o macristas, o misteriosos operadores. La lucha es a voz en cuello y tambor batiente, con una grieta ancestral que divide entre honestos y deshonestos.

Buenos Aires, 19 de agosto 2020   

Los recurrentes intentos de reforma judicial fracasan por sustentarse en aspectos instrumentales de coyuntura (cantidad de miembros de la Corte, cantidad de juzgados), obviando claras fundamentaciones jurídicas, sociológicas y filosóficas que la justifiquen. Falencia que podría deberse a que muchos de sus promotores, al ser por acción u omisión partícipes en el estado de corrupción que sufre el país, son sospechados de tener como objetivo lograr impunidad. En este escenario, para formarse una opinión que eluda falacias dialécticas e intencionadas omisiones, a los ciudadanos comunes se le presentan dos desafíos: 1) cómo ser parte del debate sin ser profesionales del derecho? 2) cómo diferenciar entre honestos y deshonestos, cuando integrantes de los tres poderes del Estado forman parte de una trama de corrupción estatal-privada.   

Para responder al primer interrogante, cabe recordar que no son los “ilustrados” los que crean e imponen leyes a las sociedades, sino éstas con sus creencias, usos y costumbres, determinan pautas para que los eruditos del derecho diseñen normas y leyes acordes, comprensibles y justas. Obviedad plasmada hace casi 3.800 años en el Código de leyes más antiguo y mejor conservado, integrado con 282 leyes y normas grabadas en piedra diorita, que lleva el nombre del rey Hammurabi, creador del primer Imperio Babilónico. Destinado a regular la vida urbana, planteaba entre otros aspectos el principio de presunción de inocencia, brindando al acusado y acusador la oportunidad de aportar pruebas, castigaba el falso testimonio o al difamador que no aportaba pruebas, y establecía penas que incluía la muerte. Conscientes que para ser cumplidas el conocimiento de las leyes no debía presumirse sino promoverse, se realizó una campaña de difusión oral, dado el analfabetismo de entonces.

Esta necesaria inserción social de las leyes invalida proponer reformas judiciales acotadas a consensos de cúpula, con asesoramiento cuasi aristocrático de “notables” preseleccionados, que más allá de sus intenciones, virtudes personales e intelectuales, son parte del problema. Obviando en su elaboración a quienes deben legislar y asesorarse con organizaciones civiles dedicadas a la problemática del delito y sus consecuencias, reduciendo el rol legislativo al de juntar votos. Más dudas se generan cuando las declamadas intenciones de mejorar el funcionamiento de la justicia, provienen de los responsables de no cubrir desde hace años decenas de cargos judiciales vacantes. O que las intenciones reformadoras se concentren en el fuero federal penal, con intervención directa de involucrados y procesados en causas de corrupción pública. Es como si la exitosa ley promulgada en 1970 en Estados Unidos para combatir sofisticadas organizaciones criminales llamada RICO por sus siglas (se aplicó para desbaratar la corrupción en la FIFA), hubiese contado con la entusiasta colaboración de delincuentes de entonces, como Giancana, Genovese y Gotti. Si las intenciones fueran virtuosas, es de suponer que previo a aumentar miembros de la Corte, juzgados, personal e infraestructura, se debiera optimizar lo existente, incluido la promulgación de leyes superadoras.  

El segundo desafío es más complejo, porque refiere al factor esencial en toda organización: el humano. Dado que en las áreas ejecutivas y legislativas las contradicciones y oportunismos son harto conocidos, cabe preguntarse cómo encarar esta evaluación en el campo judicial, a fin de diferenciar entre honestos y deshonestos, capaces e incapaces, sin caer en prejuzgamientos. Una ayuda al respecto surgió en el seno de la propia justicia, cuando en apoyo al proyecto elevado al Congreso en el 2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, llamado “Democratización de los poderes judiciales”, integrantes del poder judicial conformaron la asociación civil Justicia Legítima, invocando el mismo objetivo. El nombre no es feliz, porque por oposición hace suponer la existencia de una justicia ilegítima, que en muchos casos es verdad. Pero para no centrar el debate en una bipolaridad que nos sumerja en el engañoso juego de la simplificación, en el que la razón se somete al discurso, es necesario incorporar dos nuevas categorizaciones: arrepentidos (jueces y fiscales que abandonaron inacciones o complicidades), e intachables (apoyados en sus antecedentes). Con estos cuatro grupos el debate se clarifica, posibilitando entender que cuando desde el poder se critica genéricamente a Comodoro Py, no se incluye a todos sus jueces y fiscales, sino solo algunos de ellos. Y cuando se habla de “presiones a la justicia”, no se refiere a quienes cajonean expedientes, sino a los que cumplen plazos procesales lógicos hasta llegar a los juicios orales. La instancia que se está atravesando es natural e inevitable. La lucha no será entre demócratas y no demócratas, sino entre honestos y deshonestos. Sin siglas ideológicas ni pertenencias partidarias anexas. Según quien triunfe, habrá o no una mejor justicia.

Buenos Aires, 12 de agosto 2020

De Campagnoli a Canicoba

Cuando la discordancia entre dialéctica y hechos se traslada al campo político, la dialéctica asume el grado de compromiso. Para justificar incumplimientos o esconder intenciones, el político suele apelar a la hipocresía de aceptar al mensaje simple y breve tipo eslogan como instrumento propagandístico esencial, pero cuando lo emplea como opinión personal e intenta retractarse, aduce que la frase “fue sacada de contexto”. Para evitar esta dicotomía oportunista, los análisis no deberán sustentarse en simples opiniones o eslógans, sino en hechos adecuadamente insertos en sus contextos. Por ello la utilidad de relacionar el enjuiciamiento del fiscal Campagnoli en el 2014, con el del juez Canicoba Corral recientemente cerrado. Los seis años transcurridos entre uno y otro, con muchos de sus actores vigentes y sorprendentes similitudes, facilitarán entender las falacias discursivas y riesgos institucionales.

A comienzos del año 2014, el fiscal Campagnoli fue sometido a juicio por la entonces procuradora Gils Carbó, acusándolo de haber alterado el objeto procesal en la causa por extorsión en la venta de la Financiara SGI de Federico Elaskar, dado que la investigación alcanzó al empresario kirchnerista   Lázaro Báez, contra quien se reunieron importantes pruebas. Formado el Tribunal de Enjuiciamento con siete miembros, y un plazo de 180 días hábiles para dictaminar, Campagnoli fue suspendido por 4 votos contra 3. Su segura destitución, con el avance del proceso y presión de la opinión pública se complicó. Habiendo trascendido un empate entre seis de los miembros, la decisión final recaía en la jueza y jurado María Cristina Córdoba, quien previo a los alegatos, aduciendo problemas de salud renunció. Agotados los plazos procesales, el juicio concluyó sin veredicto.  

En el presente año el Consejo de la Magistratura tenía cinco expedientes por corrupción contra el juez federal Canicoba Corral. En julio último, en una sesión vía Zoom para decidir si el juez sería sometido a juicio político, la consejera y diputada Graciela Camaño, cuyo voto era decisivo por existir un empate entre los doce consejeros restantes, adujo problemas de conexión para votar, y la sesión se suspendió. Al no tener asegurada su continuidad, Canicoba renunció a partir del 29 de julio, día en el que cumplía 75 años, acogiéndose a la jubilación. Como en el juicio a Campagnoli, la causa concluyó sin decisión. De lo expuesto surgen enseñanzas: 1) es mucho más fácil opinar o cajonear expedientes, que asumir ante la sociedad los costos de sancionar o absolver; 2) una vez renunciado, Canicoba demostró que los jueces pueden actuar con celeridad. Tras expresar públicamente haber sido perseguido por el “macrismo”, en su última semana procesó a los ex funcionarios Dietrich, Iguacel, Dujovne y Frías Saravia, en la causa de renegociación de concesiones de peajes; 3) en la misma semana la diputada Camaño superó los problemas técnicos y pudo desempatar, pero en este caso votando a favor de habilitar la revisión del traslado de jueces.

Esta continuidad temporal entre actores, metodologías y similares desenlaces, es lo que conforma un contexto. Detectarlos y asociarlos ayudarán a clarificar la urgencia del gobierno en priorizar, en el marco de una profunda crisis económico-social, una compleja reforma judicial virtuosa en lo dialéctico, sospechada de manipular impunidad en los hechos, y de implementación altamente dudosa. Estas circunstancias hacen dudar sobre si el objetivo es transformar la Justicia a mediano plazo, o bien presionarla a corto plazo.

Buenos Aires, 05 de agosto 2020

Hay plan, estúpido

La conocida frase “es la economía, estúpido”, usada por Clinton en su campaña electoral, puede readaptarse a la supuesta ausencia de un plan económico de gobierno, que además de presupuestario es político. De un periodista esperamos opinión; de un actor interpretación; de un cómico humor; de un delincuente amenaza; de un intelectual conocimiento; de un político planificación para gobernar. Cada uno de estos roles exige identificar objetivos, tener un plan para alcanzarlos, y equipo para implementarlos. Sin embargo,   mientras confiesan no tener un plan para conducir al país, nuestros políticos ejercitan entusiastamente la opinión, la interpretación, el humor, la amenaza y escasa intelectualidad. Es un ejemplo de mediocridad o de engaño?

La respuesta a esta pregunta, si se observan las decisiones adoptadas desde diciembre pasado, incluidos meses previos a la pandemia, sería “hay plan, estúpido”. Lamentablemente, nada creativo: concentración de poderes en el ejecutivo, adormecimiento del poder legislativo, prorrogar un presupuesto vencido para tener manejo discrecional en el uso de fondos y relación con las provincias, decretar ajustes que recortan jubilaciones sin afectar privilegios, poner al poder judicial al servicio de acelerar o demorar causas de corrupción estatal-privada según convenga, aumentar impuestos invocando a los pobres mientras se proponen blanqueos impositivos exculpatorios de corrupción, intentar expropiaciones cuando se carecen de recursos para atender servicios esenciales, mantener sin cambios la ineficiente estructura estatal. Por ejemplo, sería imposible renegociar deudas externas e internas sin plan, pues deudores y acreedores debieran saber cuáles son sus límites para acordar. Quien proclama “es mi última oferta”” y luego presenta sucesivas mejoras, perdió.

La pandemia, al transparentar con mayor crudeza desigualdades y arbitrariedades, convierten a la estrategia del “no plan” en inviable, y causa de inmanejables y graves conflictos económicos y sociales. Tener un plan virtuoso, posible y mayoritariamente consensuado que oriente el presente y el mediano plazo pos pandemia, no surge de exigencias externas, sino nacionales. Más aún, cuando el país carece de las calidades institucionales e instrumentos económicos del mundo desarrollado, y aún de países vecinos. Elaborarlo con propuestas concretas integradas en un Plan Nacional es responsabilidad inexcusable del Estado, por poseer la información e instrumentos necesarios. Y recién entonces debatirlo con los históricamente fracasados Concejos económicos-sociales, y otras representaciones sectoriales.  

Diseñarlo implica identificar y reconocer debilidades políticas (las sociales y económicas son harto conocidas), para no reiterar fracasos. Podrían citarse: 1) considerando que nadie renuncia fácilmente a sus privilegios, se destaca una legislación protectora de la corporación política, que permite a procesados y condenados por corrupción desempeñar cargos públicos. Entre otros efectos, explica que en plena pandemia y una crisis económico-social inédita, se prioricen intereses particulares en el marco de acciones político-judiciales para lograr impunidad. 2) evitar oportunistas posicionamientos ideológicos, que solo provocan que quienes se hicieron millonarios a través del Estado, discutan si son de izquierda o de derecha. En la política vernácula las “grietas” son circunstanciales. Moreau, Solanas, Donda y Ricardo Alfonsín, entre otros, con cargos privilegiados bajo el brazo las sortearon con facilidad. 3) el debate debe sustituir el antagonismo oficialismo y oposición, por las opciones transformación o conservadurismo político; honestidad o impunidad. Macri gobernó con minoría parlamentaria en ambas Cámaras, minoría de gobernadores, y una añeja y estable corporación de políticos, gobernadores, legisladores, jueces, sindicalistas, empresarios, y representantes de entidades sectoriales. Aún con un panorama más favorable, si desea cambiar el sistema político, económico y social, Fernández tendrá similares problemas que Macri.

En cuanto a identificar oportunidades, la pandemia ofrece una que lamentablemente no nace de convicciones: el miedo. Las grandes revoluciones (francesa, bolchevique), se produjeron ante la confluencia de dos factores presentes en nuestro país: alta corrupción y población hambrienta. La crisis 2001-2002 generó un clamor generalizado hacia los políticos: que se vayan todos. Pese a lo cual no solo se quedaron casi todos, sino se multiplicaron. Será repetible este fenómeno?

Buenos Aires, 29 de julio 2020