Eslabones rotos
En 2016 se produjeron una secuencia de hechos que transparentaron como nunca antes el circuito estatal-privado dedicado al pillaje de dineros públicos. En marzo se exhibió un video mostrando a un hijo del empresario Báez contando millones de dólares en una financiera. En junio fue detenido el ex secretario José López intentando ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento; el juez Ercolini ordenó abrir dos cajas de seguridad bancarias de Florencia Kirchner que contenían 4,6 millones de dólares. Ante la presión social, los legisladores aprobaron la ley del imputado colaborador en causas de corrupción. Finalmente, en el 2018 salieron a la luz pública ocho cuadernos del chofer del ex funcionario Baratta, detallando circuitos recaudatorios de coimas. La contundencia comunicacional de los hechos en la opinión pública se debió a que pudieron ser vistos, y que la existencia de bolsos repletos de dólares en un país con años de cepo cambiario no eran una ficción. El círculo cerró con los cuadernos de Centeno, que expusieron a todos los eslabones de la cadena de corrupción estatal-privada: funcionarios, empresarios, financistas, integrantes del poder judicial y testaferros.
Porqué estas constataciones surgieron en el 2016 y no antes? El grupo Báez fue filmado en el 2013; López concurrió al convento de madrugada y armado; la apertura de las cajas de seguridad de la hija de la ex presidenta provinieron de denuncias de años anteriores; la ley del arrepentido se aprobó con una velocidad legislativa inédita, y las anotaciones en los cuadernos habían concluido el 03 de noviembre de 2015. La razón tiene origen institucional; en diciembre de 2015 asumió un gobierno de distinto signo político, con el consecuente reemplazo de muchos de los eslabones en las cadenas de poder que aseguraban impunidad, especialmente los insertados en organismos de control. Esta realidad no debe utilizarse para fomentar la oscurantista grieta “Macri reemplazó a Kirchner”, sino para valorar las alternancias en el ejercicio del poder público, que son necesarias pero no suficientes. Aún permanecen sólidas castas políticas, judiciales, empresariales y gremiales, que resistirán fuertemente cambios estructurales y saneamientos institucionales, pujarán para mantener complicidades e impunidades. La resistencia para aprobar una ley de Extinción de Dominio eficaz es clara muestra de ello.
En el actual contexto, la mayor responsabilidad recae sobre el poder judicial, que deberá recuperar tres valores irrenunciables: honestidad, justicia e independencia, abandonando la práctica de “cajonear” causas de corrupción estatal, o dictar sobreseimientos cómplices. Jueces y fiscales deberán reemplazar el descrédito social, afrontando las campañas de amenazas y descrédito a la que los someterán los beneficiarios del saqueo al Estado. Dos casos ejemplifican la necesidad de cambiar los paradigmas judiciales. En mayo de 2015 estalló en Estados Unidos el mayor caso de corrupción mundial en el fútbol (Fifagate), y tiene a máximos dirigentes internacionales y argentinos condenados y presos. Por el contrario, en la causa “Fútbol para Todos” a cargo de la jueza Servini de Cubría e iniciada también en 2015, aún no se determinó el destino de 760 millones de pesos desaparecidos de los 5.600 millones pagados por el gobierno a la AFA entre el 2009 y 2015. La causa Lava-Jato (lava autos), que se hiciera pública en Brasil en mayo de 2014, ya tiene juzgados y condenados al ex presidente Lula y altos funcionarios y empresarios. En contraposición, en nuestro país los jueces federales Martínez de Giorgi, Casanello y Rafecas que investigan las ramificaciones locales, aún no requirieron a Brasil el envío de la información judicial que involucra a funcionarios y empresarios locales.
La causa Lava Jato es útil además para avizorar lo difícil que será desmontar definitivamente el circuito de corrupción estatal y su logística de complicidad. Se originó en un simple correo electrónico que la policía brasileña encontrara en 2013, allanando una estación de servicio en Brasilia, sospechada de actuar como cueva financiera y lavadora de dinero. En nuestro país por el contrario, pese a las confesiones y pruebas recolectadas, diversos operadores intentan desactivar la causa llamada “de los cuadernos”, aduciendo que se basa en fotocopias de los mismos.
En esta difícil etapa de lucha entre justicia e impunidad, vale recordar lo que el legislador ateniense Solón expresaba 600 años a.C.: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.
Buenos Aires, 13 de marzo 2019
Dinero fácil; castigo difícil
La corrupción estatal es un fenómeno mundial, asentado en una paradoja: la afirmación popular “el dinero público es nuestro” es una verdad simbólica, porque para quienes lo manejan no tiene dueños. Esta realidad genera un interrogante: si en los actos de corrupción privados las pujas pueden ser controladas y castigadas por el Estado, quién controla y castiga al Estado? La respuesta se asociará con la calidad institucional y político-social de cada país. En sociedades democráticas desarrolladas existen “actos corruptos” puntuales entre intereses privados y públicos. En regímenes dictatoriales o autoritarios en países subdesarrollados, predomina un “estado de corrupción” permanente, pues es el propio Estado quien encabeza la trama de corrupción para depredar recursos públicos. En este caso la secuencia es: dinero del Estado fácil, con castigo a cargo del Estado difícil.
Desde hace décadas nuestro país presenta tres causales interrelacionadas óptimas para la corrupción: 1) institucionales: posee un sistema democrático pero de baja calidad; 2) económicas: no califica como desarrollado o subdesarrollado, sino híbridamente en vías de desarrollo; 3) políticas: sin ser una dictadura vive en estado de corrupción. Debido a esta simultaneidad, la corrupción estatal no debe analizarse exclusivamente bajo la óptica de los aspectos delictivos. Las causales políticas se agravan en nuestro país ante peculiaridad no usual en democracias: una asombrosa subsistencia de dirigentes, debido a leyes electorales y nepotismos que permiten la continuidad de linajes familiares, como en las viejas monarquías. Citar nombres sería discrecional e injusto, pero cualquier ciudadano podría armar su propio listado de ejemplos partiendo desde 1983, pasando por los actores involucrados en la reforma constitucional de 1995 y en la crisis 2001/02. Esta perdurabilidad es imprescindible para armar sólidas tramas delictivas estatales, extendidas a organizaciones y actividades no gubernamentales, a través de la figura del “militante” que no milita, sino factura. Este fenómeno queda expuesto en la presente etapa preelectoral, con políticos históricos y bisoños pujando para integrar listas de cargos electivos, sin que partidos, viejos agravios o la corrupción sean limitantes.
Planteado el diagnóstico, cabe preguntarse si en este contexto será posible desactivar el estado de corrupción permanente. Para lograr una respuesta se deberá eludir la trampa comunicacional de las “grietas”, recurso apropiado para influenciar en la opinión pública invocando genéricas ideologías, pero no para combatir la corrupción. Si bien los entramados estatales a gran escala nacen en las cúpulas de poder político, necesitan luego de complicidades activas y pasivas en sectores institucionales y privados. Actualmente, a diferencia de históricos casos de corrupción de alto impacto político y económico que quedaron impunes, pareciera haber surgido hechos cuyas características peculiares abren una posibilidad de éxito en el combate contra la corrupción estatal-privada, con la siguiente cronología:
Marzo de 2016.- Canal 13 exhibe videos de una cámara de seguridad que muestran a los hijos de Báez contando millones de dólares en el 2012, en oficinas de una financiera en Puerto Madero.
Junio de 2016.- En la madrugada es detenido el ex secretario de Obras Públicas José López, intentando ocultar bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Casi de inmediato, Diputados aprobó el proyecto de ley de Extinción de Dominio, y la trasladó al Senado.
Julio de 2016.- Por orden del juez Ercolini a cargo de la causa Hotesur, ordena abrir dos cajas de seguridad en el Banco Galicia a nombre de Florencia Kirchner, conteniendo 4,6 millones de dólares.
Octubre de 2016.- Se aprueba la ley 27.304, que incorpora en el Código Penal la figura del imputado colaborador, conocida como la del arrepentido.
Enero de 2018.- Llega a manos del periodista Diego Cabot una caja conteniendo ocho cuadernos del chofer del Secretario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, con detalladas anotaciones del circuito recaudatorio de coimas entre marzo del 2005 hasta noviembre del 2015.
Cabe analizar porque dichos sucesos fueron posibles, que características inéditas presentan, y que feroz lucha política de encubrimiento se aproxima.
Buenos Aires, 07 de marzo 2019
El silencio de los no inocentes
Para arribar a conclusiones acertadas respecto a la corrupción estatal-privada, los análisis debieran concentrarse en los acotados estamentos públicos, institucionales, empresariales y gremiales directa o indirectamente relacionados con el manejo de los recursos del Estado. Es la única forma de entender una trama delictiva con vértice en lo institucional, que alcanzó niveles de despojo económico y de complicidad sorprendentes por su extensión y diversidad. Previamente es necesario tener presente dos trampas comunicacionales: 1) enmascarar responsabilidades individuales tras porcentajes de supuestas adhesiones masivas a un partido y/o candidato; 2) transformar actos de índole penal en épicas políticas, para lograr la impunidad de los culpables y la sobrevivencia de las estructuras delictivas.
La táctica del enmascaramiento la ejemplifica la frase “la sociedad es tolerante con la corrupción, que no le mueve el amperímetro”. Pero lo importante es juzgar a los estamentos estatales de responsabilidad, que integran no más de 1.000 funcionarios entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y una estimación de 4.000 agentes con complicidades activas y pasivas (políticos, empresarios, gremialistas, testaferros, comunicadores), sobre una población total de 44 millones de habitantes. Por lo que en lugar de juzgar en abstracto a la sociedad, debiera priorizarse el mensaje que “a demasiados dirigentes que configuran las “células madre” del poder institucional, empresarial y gremial, la corrupción no les mueve el amperímetro”. En cuanto a la estrategia de encubrir delitos tras escenografías persecutorias o de épicas políticas para lograr la impunidad, existe un ejemplo ilustrativo: el ex presidente Carlos Menem, a 23 años de iniciada la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y tras dos condenas firmes, continúa siendo senador, con aval de la Corte Suprema de Justicia para ser candidato.
Explicitadas estas estrategias relacionadas con la propaganda política, es momento de plantear un interrogante más complejo y de directo impacto económico-social en la sociedad: cómo ha sido posible mantener esa trama delictiva eficaz aún subsistente durante más de una década, en el marco de un sistema democrático? Nuevamente debemos avizorar posibles instrumentos. Uno legal, a través de un sistema electoral que restringe el poder del voto ciudadano (reelecciones, ley de lemas, listas sábana, permanentes modificaciones oportunistas de las leyes), que favorecen las continuidades políticas. El otro la cobertura de partícipes pasivos, que sin actuar directamente en los circuitos de corrupción desde el punto de vista penal, desempeñan un rol igualmente necesario: dejar hacer, no ver, callar. Sus apetencias son satisfechas con cargos y prebendas públicas, muchas veces extensivas a familiares, Este grupo representa el silencio de los no inocentes.
Muchos de los reconocidos actores activos y pasivos participan en la actual etapa preelectoral de una danza alocada para acceder o mantener el usufructo de cargos públicos privilegiados (listas de candidatos), sin que en sus discursos la corrupción sea un límite. Les es más fácil simular debates genéricos y grandilocuentes basados en justicialismo kirchnerista o “racional”, radicalismo Pro o K, neoliberalismo, populismo, progresismo, y otros “ismos”, que plantear el combate a las cleptocracias, enriquecimientos ilícitos, latrocinios, peculados. Este ejercicio intenso de hipocresía que durará hasta el cierre de listas, incluye a modernos Savonarolas políticos, que oscilando entre la mística y la obsecuencia, pregonan públicamente que el líder malo de ayer, está mucho más bueno hoy. Tanto oportunismo explícito, genera a los líderes actuales el mismo problema que a los príncipes de ayer. Aconsejaba Maquiavelo respecto a los mercenarios: “No se pueden confiar en ellos si son hombres de mérito, porque aspirarán siempre a forjar su propia grandeza. Y mucho menos si no lo son, pues con seguridad llevarán al príncipe a la ruina”.
Lograr cambios profundos con los mismos dirigentes desde hace casi tres décadas no será fácil, pero un paso que los ciudadanos podemos intentar es desarmar sus falacias dialécticas. Un comienzo sería preguntarnos: porqué fue posible la causa llamada de los cuadernos? Cómo se intentará neutralizarla? Será un punto de inflexión?
Buenos Aires, 27 de febrero de 2019
El silencio de los no inocentes
Para arribar a conclusiones acertadas respecto a la corrupción estatal-privada, los análisis debieran concentrarse en los acotados estamentos públicos, institucionales, empresariales y gremiales directa o indirectamente relacionados con el manejo de los recursos del Estado. Es la única forma de entender una trama delictiva con vértice en lo institucional, que alcanzó niveles de despojo económico y de complicidad sorprendentes por su extensión y diversidad. Previamente es necesario tener presente dos trampas comunicacionales: 1) enmascarar responsabilidades individuales tras porcentajes de supuestas adhesiones masivas a un partido y/o candidato; 2) transformar actos de índole penal en épicas políticas, para lograr la impunidad de los culpables y la sobrevivencia de las estructuras delictivas.
La táctica del enmascaramiento la ejemplifica la frase “la sociedad es tolerante con la corrupción, que no le mueve el amperímetro”. Pero lo importante es juzgar a los estamentos estatales de responsabilidad, que integran no más de 1.000 funcionarios entre poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y una estimación de 4.000 agentes con complicidades activas y pasivas (políticos, empresarios, gremialistas, testaferros, comunicadores), sobre una población total de 44 millones de habitantes. Por lo que en lugar de juzgar en abstracto a la sociedad, debiera priorizarse el mensaje que “a demasiados dirigentes que configuran las “células madre” del poder institucional, empresarial y gremial, la corrupción no les mueve el amperímetro”. En cuanto a la estrategia de encubrir delitos tras escenografías persecutorias o de épicas políticas para lograr la impunidad, existe un ejemplo ilustrativo: el ex presidente Carlos Menem, a 23 años de iniciada la causa por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y tras dos condenas firmes, continúa siendo senador, con aval de la Corte Suprema de Justicia para ser candidato.
Explicitadas estas estrategias relacionadas con la propaganda política, es momento de plantear un interrogante más complejo y de directo impacto económico-social en la sociedad: cómo ha sido posible mantener esa trama delictiva eficaz aún subsistente durante más de una década, en el marco de un sistema democrático? Nuevamente debemos avizorar posibles instrumentos. Uno legal, a través de un sistema electoral que restringe el poder del voto ciudadano (reelecciones, ley de lemas, listas sábana, permanentes modificaciones oportunistas de las leyes), que favorecen las continuidades políticas. El otro la cobertura de partícipes pasivos, que sin actuar directamente en los circuitos de corrupción desde el punto de vista penal, desempeñan un rol igualmente necesario: dejar hacer, no ver, callar. Sus apetencias son satisfechas con cargos y prebendas públicas, muchas veces extensivas a familiares, Este grupo representa el silencio de los no inocentes.
Muchos de los reconocidos actores activos y pasivos participan en la actual etapa preelectoral de una danza alocada para acceder o mantener el usufructo de cargos públicos privilegiados (listas de candidatos), sin que en sus discursos la corrupción sea un límite. Les es más fácil simular debates genéricos y grandilocuentes basados en justicialismo kirchnerista o “racional”, radicalismo Pro o K, neoliberalismo, populismo, progresismo, y otros “ismos”, que plantear el combate a las cleptocracias, enriquecimientos ilícitos, latrocinios, peculados. Este ejercicio intenso de hipocresía que durará hasta el cierre de listas, incluye a modernos Savonarolas políticos, que oscilando entre la mística y la obsecuencia, pregonan públicamente que el líder malo de ayer, está mucho más bueno hoy. Tanto oportunismo explícito, genera a los líderes actuales el mismo problema que a los príncipes de ayer. Aconsejaba Maquiavelo respecto a los mercenarios: “No se pueden confiar en ellos si son hombres de mérito, porque aspirarán siempre a forjar su propia grandeza. Y mucho menos si no lo son, pues con seguridad llevarán al príncipe a la ruina”.
Lograr cambios profundos con los mismos dirigentes desde hace casi tres décadas no será fácil, pero un paso que los ciudadanos podemos intentar es desarmar sus falacias dialécticas. Un comienzo sería preguntarnos: porqué fue posible la causa llamada de los cuadernos? Cómo se intentará neutralizarla? Será un punto de inflexión?
Buenos Aires, 27 de febrero de 2019