Miserables: unos y otros

El discurso político suele abusar de adjetivos calificativos aplicados a personas o hechos, cuyos emisores suelen apelar a las complacencias personales o con el grupo de pertenencia, y a las denigraciones de adversarios o sectores críticos y opositores. En cuanto a los hechos, los cambios de gobierno y sus autoridades son ideales para visualizar las ineficacias y privilegios de nuestra estructura estatal, que una inédita pandemia transparenta como nunca antes. Hay ciudadanos con puestos laborales e ingresos asegurados aunque no trabajen, y otros que los pierden o no cobran si no trabajan. Hay trabajadores públicos y privados prestando diariamente servicios críticos en condiciones de riesgo, y sectores públicos privilegiados como legislativos, judiciales y bancarios, reacios a cumplir sus obligaciones esenciales en ámbitos y condiciones sanitarias restringidas y controladas, como aporte para paliar los efectos de la crisis.

En el campo discursivo cabe destacar la reciente interpelación del presidente Fernández al sector privado, llamando “miserables” a empresarios que transitan la pandemia vía despidos o precios abusivos. Lo ilustrativo de este caso, es que en simultáneo el Ministerio de Acción Social reconocía a empresarios privados la compra de alimentos esenciales destinados a los sectores más vulnerables con precios exorbitantes, y una situación similar en el Gobierno de la Ciudad en la compra de barbijos. Claros ejemplos para entender las distancias entre el discurso y los hechos, y ratificar que en materia de corrupción no existen grietas ni debates ideológicos. Dadas las diversas acepciones del término “miserable”, como desdichado, infeliz, insignificante, pobre, se debería aclarar que a los partícipes públicos y privados asociados para saquear los recursos estatales, llamados por los políticos “dinero de todos”, les corresponderían las calificaciones de despreciables, ruines y canallas. Y reclamarles a los amantes de los adjetivos discursivos impactantes, más precisión para definir circunstancias e intervinientes. Ejemplifiquemos recientes contradicciones entre hechos y discursos, que transparentan distorsiones estatales estructurales.    

1.- La nueva administración de Aerolíneascesanteó a 10 directores y 28 gerentes: 4 de gerencia comercial, 3 de gestión, 5 de económica financiera, 4 de abastecimiento y logística, 2 de asuntos legales, 4 de recursos humanos, 5 de sistemas y 1 de recursos técnicos y aeronáuticos. En su mejor época, Aerolíneas tenía seis gerencias: comercial, económico, operaciones, mantenimiento, legal y personal. De estos privilegios subsidiados, no son responsables sus empleados. Lo discursivo lo aportó el ministro de Transporte Mario Meoni, al aclarar que los despedidos no cobraron doble indemnización porque se trata de una empresa pública. Obviando el absurdo de legislar para que solo paguen empresas privadas, Meoni ignora u oculta que Aerolíneas es una sociedad de derecho privado.

2.- La nueva titular del PAMI, Luana Volnovich, como primera medida designó a su hermano en una función cuyo nombre indica su intrascendencia: coordinador. Reiterando la duda sobre si los familiares de funcionarios designados en cargos políticos estaban desocupados, o la actividad privada es menos rentable que la pública. De inmediato se decidió la cesación en sus cargos de más de cien empleados, planteando otra duda: si todos son cargos políticos innecesarios, o serán reemplazados por una cantidad similar o mayor, dado que los gremios no aceptan resignar aportes a sus cajas, y no formularon quejas.

3.- El escritor Juan Sasturain, recién asumido como director de la Biblioteca Nacional, declaró en un reportaje que encontró un presupuesto “solo para pagar sueldos”. Esta afirmación podría tomarse como referencia para evaluar las  administraciones nacionales, provinciales y municipales, relacionando presupuestos de salarios con los de servicios. Por ejemplo, que las intendencias informen a sus vecinos la relación porcentual existente entre recaudación anual de impuestos locales (excluyendo aportes nacionales), masa salarial (incluyendo a los concejos deliberantes, bonos y adicionales), y lo invertido en obras, maquinaria y mantenimiento. En diciembre último, mientras a nivel nacional se negociaba duramente entre funcionarios, empresarios y gremialistas un bono de fin de año entre $ 5.000 y $ 10.000, y en el Congreso se derogaba la actualización de los haberes jubilatorios, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, uno de los municipios más pobres y poblados del conurbano, autorizó por decreto un bono de $ 12.750 para los empleados municipales.  

Si esta evaluación basada en la relación costo salarial-servicios brindados se extendiera a todos los organismos (por ejemplo, en legislaturas salarios respecto a leyes aprobadas; en el Consejo de la Magistratura salarios respecto a jueces designados y sancionados; en los juzgados salarios respecto al número de causas elevadas a juicio oral), se comprobaría matemáticamente porque hay cada vez más pobres en el país. Transparentando la urgencia en desactivar una matriz político-institucional de décadas, basada en ineficacias, privilegios, corrupción y nepotismos entre familias políticas. Lograrlo no será responsabilidad de los privados que “más tienen”, sino exclusivamente de los políticos.  

Buenos Aires, 22 de abril de 2020