El espionaje como sátira

El repetido tema de los servicios de inteligencia del Estado pareciera más cercano a una sátira, en la que los supuestos agentes, antes que profesionales   especializados recuerdan al ridículo inspector Clouseau en la famosa serie La Pantera Rosa. Y que confirma que desde hace décadas, en un contexto en el que procesados por corrupción pueden gobernar, legislar y ser funcionarios, la “inteligencia” estatal no se dedica a la seguridad nacional, sino que participa de una corrupción nacional que involucra a presidentes, políticos, jueces, fiscales, narcotraficantes y barras bravas.

Profundizar este planteo implica clarificar la diferencia entre espionaje e inteligencia. El primero es una actividad de campo para obtener información (vigilancia, fotos, escuchas). La inteligencia procesa y sistematiza dicha información para detectar actividades criminales y de seguridad. En los personajes que desfilan por causas judiciales y medios de comunicación, la inteligencia brilla por su ausencia. Otro aspecto a tener presente, es que a la actividad de inteligencia se le opone la contrainteligencia, que busca afectar determinadas investigaciones, o bien utilizarlas en beneficio propio. Por ejemplo, hacer caer causas de corrupción estatal-privada. En síntesis; se tenga como objetivo combatir la criminalidad o formar parte de ella, los procedimientos son los mismos. En un contexto de alta corrupción estatal-privada, este doble juego redituable, puede simultáneamente facilitar el saqueo de recursos públicos y la impunidad de los saqueadores.

En cuanto a la escasa profesionalidad de los servicios, la responsabilidad es excluyentemente política. No existen en el mundo servicios eficaces con conductores que además de carecer de formación específica, roten entre distintos cargos públicos. En 30 años desfilaron entre otros Anzorregui, Santibáñez, Larcher, Mena, Parrili, Arribas, Majdalani, Caamaño. El marco político lo cierra la complicidad “sin grietas” de la multipartidaria Comisión Bicameral de Seguimiento, que debiera controlar al organismo en sus aspectos orgánicos, operativos y presupuestarios, y no solo no lo hace, sino que cínicamente, opera citando a denunciantes sin obligación de decir verdad. Ello explica que la mal llamada “inteligencia” no sirviera para descubrir a los responsables del atentado a la embajada de Israel, a la mutual Amia o la muerte de Nisman. Para mantener esta útil inutilidad del organismo, existe un factor clave para los políticos: los fondos reservados, presentes en recordados escándalos de corrupción. Se citan tres viejos antecedentes cuyos partícipes, pasados más de 20 años aún mantienen vigencia. Esto permitirá entender el derrotero de las actuales denuncias, no solo en su metodología, sino en sus posibles desenlaces.  

En diciembre del 2015 el Tribunal Oral 4, en fallo ratificado por la Cámara de Casación, condenó al ex presidente Menem y otros funcionarios por haber pagado durante su mandato sobresueldos con fondos de gastos reservados de la SIDE. Ello se constató por haberlo confesado la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública. Desde el primer pago en 1990 hasta el dictamen, pasaron 25 años.

Tras la aprobación de una Reforma Laboral en abril del 2000, en el mismo año un tal Bravo encontró en el Senado un anónimo que denunciaba el pago de coimas a doce senadores justicialistas y radicales. A cargo del expediente judicial estuvieron cronológicamente los jueces Liporace (fue apartado por enriquecimiento ilícito), Canicoba Corral y Rafecas. En el 2003, tras una reunión con el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández, se presentó en tribunales como arrepentido el ex secretario parlamentario radical Pontaquarto, confesando haber repartido 5.000.000 de dólares obtenidos de fondos reservados de la SIDE. Tras 300 declaraciones, incluidos agentes de la SIDE relevados de su obligación de confidencialidad, en fallo ratificado por la Cámara Federal de Casación, en abril del 2015 el Tribunal Oral Federal 3 resolvió la absolución de todos los acusados por no haberse presentado pruebas fehacientes. Las actuaciones judiciales duraron 15 años.

En julio del 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces Ministro de Justicia Gustavo Béliz acusó públicamente en un programa televisivo a Jaime Stiusso, entonces director de Operaciones de la SIDE, por sus manejos ilegales. Tras la denuncia, Béliz debió residir en el exterior, y Stiusso continuó en funciones hasta enero del 2015, en el que se lo relevó en medio de acusaciones cruzadas por la firma del pacto con Irán. Pasados 16 años, Béliz es actualmente un importante funcionario de Gobierno, Stiusso está jubilado, y las denuncias en sede judicial no avanzaron.

Estos antecedentes facilitarán que en la reflexión del miércoles próximo se analicen las analogías con la actualidad, que entrecruzan “inspectores Clouseau”, políticos, corruptos, cómplices, jueces y fiscales.

Buenos Aires, 24 de junio de 2020