Espiar qué y para qué?

En un país con alta corrupción estatal asociada a privados, desentrañar la “manada” de causas judiciales por espionaje presenta una dificultad: muchos de los corruptos operan en altos niveles institucionales. Pero al eliminarse el recurso del secreto por la gran cantidad de espías y personajes intervinientes, se facilita obtener resultados, sanciones y cambios estructurales, siempre y cuando se eluda la trampa política de encapsular la investigación solo en la AFI, y evitar llegar a los juicios orales y públicos, que es la única forma de responder al histórico reclamo “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Lo públicamente conocido a la fecha indica que las investigaciones se enfocan en un hecho delictivo específico: espionaje ilegal a figuras políticas y sociales locales, a través de escuchas telefónicas, fotos y filmaciones. Al respecto no pueden obviarse los avances tecnológicos, que permiten a cualquier ciudadano con un celular, grabar conversaciones y filmar sucesos, que registren primicias informativas, revelen actos de corrupción o armen escenarios para litigios privados. Así se filmaron y trascendieron asambleas gremiales en las que el sindicalista de taxistas Viviani impulsaba que sus afiliados apedrearan taxis que no se adhirieran a una huelga, o que el piloto de Aerolíneas Argentinas Biró, arengara combatir a Macri. A ello se agrega información obtenida a través de cámaras de seguridad, sean públicas (bolsos de López arrojados en un convento), o privadas (un grupo de Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero). Lo que hace usual que a través de fuentes o de simples ciudadanos, el periodismo obtenga en cuestión de horas información de un fallo judicial, un peritaje o documentos. Realidades tecnológicas de uso masivo, que en principio no son delictivas.

Cuando este accionar se traslada al campo institucional a través de un servicio de inteligencia, debe cumplir normativas que definen el carácter legal o ilegal del espionaje. Debemos recordar que los objetivos de los servicios de inteligencia, según los contextos políticos, pueden ser descubrir o encubrir; combatir el delito o asociarse a él, proteger información o comercializarla. A mayor corrupción estatal, habrá menor profesionalidad y mayores oportunidades delictivas para sus agentes. No en vano la mayor causa de corrupción pública-privada nació de los cuadernos de un chofer, y no de investigaciones de la AFI. Por ello para analizar los próximos capítulos de esta zaga de suspenso, debemos reparar en ciertas inconsistencias. Las escuchas hechas públicas pueden parecer impactantes periodísticamente (D`Elía como nexo con iraníes; el apodo de Parrilli dado por la vicepresidenta; Moyano tomando un “champusardo” con un juez; Tinelli negociando un árbitro con Grondona; el diputado Valdez anunciando a Baratta, horas antes de la denuncia del empresario Etchebest en el juzgado federal de Dolores, la operación “Puf Puf” de la causa “cuadernos”), pero no configuran delito ni aportan judicialmente. Si se la compara con declaraciones públicas recientes, tales como “A tu maldito Macri lo fusilaría en Plaza de Mayo y de espaldas al pueblo” (Luis D Elía); “Macri tiene que estar colgado en Plaza de Mayo” (sindicalista “Pata” Medina); “Quiero ver a Macri con casco y chaleco entrando a Tribunales” (Pablo Moyano), las escuchas conocidas hasta pueden considerarse divertidas.

Si a ello se agrega un burdo espionaje al Instituto Patria que descubre un simple agente municipal de tránsito, o un diskette olvidado en la AFI por un anónimo agente de “inteligencia”, las causas judiciales por espionaje ilegal lejos de perder relevancia adquieren mayor gravedad, porque surge la sospecha que tras el operativo “indignación” existe una estrategia de inteligencia clásica: entretener públicamente con irrelevancias, mientras se mantienen ocultos los objetivos reales, que aglutinan entre supuestas víctimas y victimarios, a espías nada secretos, procesados por corrupción, delincuentes marginales, jueces y fiscales sospechados y un tropel de abogados que entrecruzan espionaje, causas y defendidos. Y que tamaña movilización no responde a resarcimientos morales, sino a intereses millonarios. De ahí la importancia del interrogante inicial aún sin respuesta: espiar qué y para qué?

Por ello debiera preocupar la injustificada demora del juez Ramos Padilla en elevar a juicio oral la causa D`Alessio, que brindaría muchas respuestas. En lo inmediato, para continuar desmenuzando capítulos de la historia de espías, cabe plantearse una nueva pregunta: cómo funciona la AFI?

Buenos Aires, 15 de julio de 2020