¿Existen servicios de inteligencia?
Hay preguntas que tienen distinta valoración según quien las formule. Si proviene de un niño en su etapa de aprendizaje, responde a una saludable curiosidad, y exige una respuesta ilustrativa; pero si la misma pregunta la plantea un adulto, se la puede considerar estúpida. En este caso clarificar si la SIDE (o AFI) realiza tareas de inteligencia necesita de una argumentación basada en dos aspectos: 1) antecedentes del organismo; 2) participación de los legisladores. Tratar el tema es oportuno dado el apasionado debate legislativo que no prioriza la reestructuración propuesta por el gobierno, sino la integración de la Comisión Bicameral de control de los servicios de inteligencia de 14 miembros (cargos), y los fondos reservados (dinero), pese que históricamente la apetecible Comisión Bicameral tuvo escasas reuniones plenarias, nunca brindó informes a la sociedad sin afectar el secreto y confidencialidad, y muchas veces filtró a la prensa información reservada. Recordando además que la ley impide que se asocien las operaciones con el nombre de los agentes intervinientes y detalles de los montos pagados. Lo que hace sospechar que el objetivo es continuar usufructuando los beneficios de la confidencialidad sin que nada cambie.
Respecto a los antecedentes, la Ley de Inteligencia Nacional promulgada en el 2001 indica que la actividad de los organismos está orientada a obtener información específica referida a hechos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación, para lo cual se realiza espionaje (tarea de campo), e inteligencia (procesar la información obtenida). Visto que abunda el espionaje interior con objetivos políticos, pero no se detectaron los atentados a la embajada de Israel, a la Amia, la muerte del fiscal Nisman y la actividad de carteles del narcotráfico en vías marítimas, fluviales y fronteras, la conclusión es que se carece de inteligencia. Un requisito esencial en todo organismo de inteligencia es que sus conductores, personal, funcionarios, autoridades judiciales, legisladores y personas que accedan a datos y documentación de seguridad, “deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad”, que como muestran las innumerables causas judiciales vigentes, no se cumple. En cuanto a sus conducciones, desde diciembre de 1989 a la fecha, la SIDE estuvo conducida por Yofre, Anzorregui, Santibañez, Becerra, Soria, Toma, Acevedo, Izcazuriaga, Parrilli, Arribas, Cristina Caamaño, Rossi, Ana Alberdi, Sívori, y actualmente Neifert. No existen antecedentes que organismos de inteligencia profesionales hayan sido conducidos por 15 directores en 35 años. A ellos se suman funcionarios todo terreno que ocuparon circunstancialmente cargos claves sin formación específica, como Majdalani, Taihade y Mena, entre otros.
La escasa profesionalidad y malas praxis resaltan en las relaciones entre funcionarios, conducciones de la SIDE y poder judicial, como indican las más de trece causas judiciales originadas en denuncias de la SIDE, en las que supuestos expertos en inteligencia vulnerando requisitos de confidencialidad, piden a la justicia que investiguen actividades internas que nada sirven al interés nacional. Las causas obviamente, duermen en el refrigerador de los juzgados pertinentes. Cabe citar casos icónicos.
Apenas asumido el gobierno de Fernández en el 2019, la fiscal Cristina Caamaño como interventora de la AFI, denunció ante un juzgado federal de Lomas de Zamora una red de espionaje durante el gobierno macrista, (en el juzgado de Martínez de Giorgi hizo otra denuncia por la aparición de un disco rígido durante una limpieza), y envió 3.850 resoluciones del organismo con datos personales, designaciones, renuncias, jubilaciones y transferencias de espías y ex agentes que se hicieron públicas, al punto que dos de los escasos espías reales debieron ser urgentemente repatriados desde el exterior. En la causa por la muerte de Nisman, el fiscal Taiano solicitó a la entonces interventora Caamaño cuál era la situación de revista de los 89 agentes de la SIDE cuyas llamadas cruzadas los mostraron activos en la zona ese día. La insólita respuesta fue que 64 de aquellos agentes renunciaron al organismo en los meses siguientes a la muerte del fiscal, quedando activos solo 23, más dos desconocidos sin datos, desnudando la escasa profesionalidad y/o complicidad del organismo. Finalmente se recuerda el caso del espía cuentapropista D`alessio tramitado en el juzgado de Ramos Padilla en Dolores en el 2018, destinado a hacer caer la causa Cuadernos en una operación que el diputado Valdez llamara “Operativo Puff”. A cuatro años de cerrada la investigación, la causa no se elevó a juicio oral.
Ante estos ejemplos que hacen suponer objetivos de impunidad, falsedades, coacción y sobornos ajenos a la seguridad exterior e interior, debiera preocupar la entusiasta puja entre legisladores vigentes desde hace décadas para integrar la Comisión Bicameral. Por lo que cabe concluir con otra pregunta estúpida: ¿quién o quiénes conocen y aprueban las operaciones, agentes intervinientes y distribución de los fondos reservados? Es para seguir reflexionando
Buenos Aires, miércoles 21 de agosto 2023