Imagen, escándalo y aprendizaje

El ex presidente Alberto Fernández es centro de dos casos de resonancia política: uno de supuesta corrupción por la contratación direccionada de seguros en organismos del Estado, y otro de carácter privado por supuesta violencia ejercida contra su pareja. Ambos son mediáticamente categorizados como escándalos, pero para interpretarlos en el contexto de prácticas políticas que no se agotan en la persona de Fernández o en la fugacidad de hechos de impacto mediático, al concepto Escándalos políticos se lo debe interrelacionar con los de Imagen y Aprendizaje. El ejercicio será útil para interpretar el armado de las listas sábanas legislativas en la elección del 2025,

La secuencia comienza con la Imagen, que si bien es parte esencial de la propaganda política moderna que se potencia con las nuevas tecnologías de comunicación, su esencia la definió con precisión hace más de 500 años Maquiavelo, cuando expresó que “los hombres juzgan más por los ojos que con las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”. Acorde a este precepto, los asesores de imagen de políticos y candidatos determinan sus gestos, mensajes y eslogans. Pero cuando en función de gobernar, legislar o juzgar repiten fracasos y corrupciones, pese a que continúa vigente el “ver pero no tocar”, recuperar sus imágenes se hace imposible. Este es el problema que afrontan las dirigencias argentinas, en especial políticas.

En cuanto a los Escándalos, implica incursionar en un ámbito en donde la racionalidad y la verdad deben competir con hipocresías, oportunismos, indignaciones sobreactuadas e ignorancias falaces, que concluyen en que se debe esperar a lo que decida la justicia si el sospechado es del mismo espacio político (o sea años), o dar al hecho por cierto omitiendo que “toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario” si el sospechado es opositor (o sea años) En paralelo, los involucrados y sus entornos, aunque sean denunciadores seriales, armadores de carpetazos o autoproclamados honestos, apelan a los conocidos operativos despegue, con declaraciones tales como “nunca lo imaginé”, o “este no fue mi gobierno”, mientras los sospechados inician en el campo judicial sus estrategias de impunidad, que incluyen impugnaciones, dilaciones, malas praxis y operadores todo servicio. El mejor ejemplo es la causa de corrupción en la obra pública conocida como Cuadernos, que a cinco años de designado, el tribunal no comenzó el juicio oral.

Debidamente procesados los conceptos de Imagen y Escándalo, cabe detenerse en el concepto Aprendizaje, que permita llegar a conclusiones inmediatas sustentadas en hechos y acciones verificables, sin esperar futuros fallos judiciales que determinen culpabilidades e inocencias. En el conflicto del ex presidente con su pareja se destacan dos aspectos no novedosos, pero ilustrativos: que la grandilocuencia discursiva (primer trabajador, primer feminista, defensor/a de los pobres), en boca de quienes desde hace décadas usufructúan privilegios estatales, denotan hipocresía y carecen de poder persuasivo. De igual modo, cuando el conflicto en el más alto nivel político no fue detectado o bien ocultado por el gran número de funcionarias que integraban el círculo áulico presidencial, indica el cinismo en justificar la creación de organismos burocráticos tras fines virtuosos para responder a acuerdos políticos, como con el Ministerio de las Mujeres.

En cuanto a la contratación direccionada de seguros en organismos públicos, es interesante la secuencia, que se inicia con un decreto presidencial del 2021, que invocando la defensa del interés del Estado obliga a concentrarlos en el Banco Nación Seguros; su presidente Pagliaro, amigo de Fernández, descubre que no tiene personal idóneo y acude a intermediarios privados para la tarea, surgiendo el también amigo presidencial Martínez Sosa, cuya esposa es la secretaria privada de Fernández, y junto a otros brokers privilegiados, usufructuar un beneficio en concepto de comisiones que supera los 3.400 millones de pesos. El Aprendizaje en este caso, sin esperar una eventual decisión judicial que establezca si existió o no delito, es constatar una vez más la enorme facilidad con la que un grupo de funcionarios y asociados privados pueden enriquecerse a costa del erario público. Para evitar análisis sectarios y oportunistas, se aclara que tamaños negocios necesitan de la inutilidad, complacencia o participación de vastos sectores de la oposición.

Buenos Aires, 14 de agosto 2024