Justicia zarandeada

Aplicar principios de educación básica para que las argumentaciones políticas sean mayoritariamente comprensibles, como cuando para aprender a leer y escribir la palabra “oso” debía coincidir con la imagen de un oso, se dificulta ante temas centrados en conceptos abstractos como Justicia, y su soporte institucional Poder Judicial. Lograrlo implica analizar en base a hechos de conocimiento público, en lugar de sumergirse en complejidades jurídicas. Para detectar falacias, ayuda la fragmentación política que deja sin caparazones partidarios a los legisladores, presentándolos desnudos cual rey de la conocida fábula, lo que los obliga a transparentar sus responsabilidades e intenciones individuales en cada votación, como sucediera en la realizada en abril de este año, en la que los senadores incrementaran sus dietas. A ello se agrega que la cadena de relaciones e intereses tradicionales fue afectada por la aparición de un eslabón perdido llamado Milei.

Sin embargo, es necesario comenzar con una asociación entre palabra e imagen para interpretar el concepto justicia, recurriendo para ello a la historia. El código de justicia más antiguo conocido se remonta al año 1750 antes de Cristo, elaborado sobre piedra por el rey babilónico autócrata Hammurabi, lo que explica su perdurabilidad. Destinado a mantener la armonía y resolver los conflictos entre sus súbditos, predominantemente analfabetos, se destacaba por la claridad de sus normas sin capciosas interpretaciones, la permanencia en el tiempo y equidad en su aplicación, condiciones que en nuestra sociedad no cumplen quienes deben diseñar y aprobar leyes virtuosas y equitativas (poder legislativo), y aplicarlas eficientemente en tiempos razonables (poder judicial). Por lo que en un contexto de convicciones políticas líquidas, malas praxis judiciales y una consolidada cadena de impunidades, cabe hablar de Justicia apalancados en tres hechos vigentes: la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte, la condena en segunda instancia de Cristina Kirchner y otros funcionarios por corrupción, y el debate legislativo para implementar la Ficha Limpia para ocupar cargos públicos.

La postulación de Ariel Lijo vía Poder Ejecutivo desnudó hipocresías discursivas de muchos legisladores, pues ratificó que en la designación de jueces no caben idealismos aristotélicos que prioricen verificar rectitud, imparcialidad, honestidad y ecuanimidad, sino que son producto de negociaciones que intercambian candidatos según fidelidades y conveniencias. Al punto que quienes sueltos de lengua para degradar a propios y extraños, ante consultas respecto a cómo votarían dicha postulación, prefieren reservarse la opinión. Pero el caso Lijo promueve un interrogante preocupante: si Lijo no es moralmente apto para juez de la Corte, como puede serlo para seguir siendo juez federal. Y en busca de una respuesta, qué rol cumple el Consejo de la Magistratura al respecto, que desde 1998 debe responder por los procesos de selección primero, y desempeños que impliquen sanciones o remociones posteriormente.  

En cuanto a la ratificación de la condena de Cristina Kirchner por corrupción, y sin detenerse en alquimias defensivas medievales modernizadas como la palabra “lawfare”, la causa Vialidad Nacional permite entender que el término “corrupción” no es aplicable solo en el campo penal, con funcionarios públicos y privados asociados en una trama diseñada para enriquecerse a costa de recursos del Estado, sino que para concretar estos saqueos, es necesario transitar un largo circuito administrativo integrado por personal no jerárquico, gremialistas, opositores y contactos  judiciales de ser necesario, que “dejan hacer y dejan pasar” sea por el otorgamiento de beneficios no punibles, como privilegios y prebendas legales, o simplemente por miedo. La causa Vialidad contiene todos los condimentos posibles en este circuito: un organismo central licitante de obras específicas, empresa contratista predominante creada para la canalización de recursos durante doce años, relaciones personales y comerciales entre funcionarios y empresarios, anticipos financieros sin garantías ejecutables, y descontrol en los seguimientos de avances de obra. Configurando lo que Max Weber denominaba Estados patrimonialistas, que “dan vía libre al enriquecimiento de sus funcionarios, cortesanos, favoritos, gobernadores, mandarines, recaudadores de contribuciones, procuradores y vendedores de gracias de toda clase”.

Finalmente, un debate legislativo demuestra que se pueden explicar hechos políticos de modo que sean racionalmente entendibles por quienes cursan la enseñanza básica. Supongamos una maestra/o que muestra a los alumnos tres cartulinas de 20×20 cm. llamadas “fichas”; una es toda blanca, la segunda tiene una mancha, y la tercera dos o más manchas. Los interpelados posiblemente digan que la primera está limpia, la segunda manchada y la tercera sucia. Nuestros legisladores en cambio, quizás con espíritu de autopreservación, discuten fervorosamente cuantas manchas deben tener las llamadas Fichas Limpias, para impedir que los condenados por corrupción puedan acceder a cargos públicos.

Buenos Aires, 20 de noviembre 2024