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Juego precios y salarios

Un juego tiene como fin proporcionar entretenimiento a los jugadores, con reglas preestablecidas. Desde hace décadas en nuestro país se practica el llamado “Precios y salarios” con la entusiasta participación de políticos, empresarios y sindicalistas, pese a que invariablemente ningún jugador arriba a la meta establecida. Para explicar a la ciudadanía este misterio, se apelará al viejo juego “batalla naval”, por su popularidad y sencillez.  

Para participar basta  que cada jugador posea un lápiz y una hoja cuadriculada con columnas verticales identificadas con números y horizontales con letras. Dentro de la cuadrícula se dibujan rectángulos que según la cantidad de casilleros contiguos que ocupen, serán portaviones, acorazados o lanchas. Cuando un jugador canta una posición (ejemplo C5), los restantes deben marcarla en su hoja, y manifestar sus consecuencias: agua, nave dañada o hundida, en caso que se haya impactado en todos los casilleros de la nave. La versión criolla adolece de un tradicional vicio: los jugadores suelen mentir, y cuando una nave es impactada, los afectados cantan “agua”. El no cumplimiento del requisito de veracidad obliga a establecer una referencia temporal para dar por terminado el juego, y comenzar a verificar daños y mentiras. Este año se adoptó el rumbo de colisión del Titanic contra un témpano de hielo ubicado en las coordenadas de octubre, mes de las elecciones nacionales. A mayores engaños de los jugadores, más firme se mantendrá la posibilidad de colisión. Esta metáfora no se aleja de la realidad; el gremio bancario cerró su paritaria del 2021 con un aumento del 29% (más otros beneficios), pero por nueve meses, o sea, hasta octubre. La elección de este juego en el que el éxito depende del azar, se debe a que los gobiernos carecen de un plan que interrelacione a todos los sectores y objetivos, por lo que los acuerdos son sin cambios estructurales e invocaciones místicas de corto plazo.  

Tras la foto de rigor, con los participantes convocados al evento expresando el deseo de no defraudar las expectativas de los espectadores argentinos, y en especial de los que “menos tienen” (esta frase la agrega la oficina de prensa), se inicia el juego con la máxima autoridad política presente, usualmente el ministro de economía, cantando con voz clara que la inflación del 2021 será del 29% (casillero D4). Al unísono y entre carcajadas, el resto de los avezados jugadores responden: agua. De inmediato se abre un fuego cruzado entre las fuerzas en pugna, para definir si ganan más quienes tienen vacas lecheras o los que venden leche envasada; quiénes comercializan ganado en pie o las carnicerías y supermercados; quiénes producen trigo, o los que venden pan en mostrador. De pronto, empresarios y sindicalistas concentran fuego en las naves estatales, preguntando cuál es el porcentaje de impuestos en los precios, y quiénes afrontan el déficit fiscal. Para evadir la encerrona, pícaramente los funcionarios ocultan ministerios, organismos inservibles y miles de asesores, entre otras mercaderías, en submarinos no declarados. El fragor del combate se intensifica, con variado tipo de objetivos: valor del dólar (E3), déficit fiscal (A7); presión impositiva (C8), grandes ganancias empresarias (F4), legislación laboral añeja (G1), subsidios varios (J4), créditos oficiales incobrables (H9), vivir con lo nuestro (L2); evasiones fiscales consentidas (R9). Ante cada impacto los jugadores afectados, impávidos, cantan “agua”. Por ejemplo, las crónicas registran que no participaron de la apertura del juego los dueños de empresas, con excepción de Madanes Quintanilla de Aluar y Teddy Karagozian del sector textil. El primero tiene como insumo básico al aluminio, que fluctúa con el dólar; el segundo representa a una industria nacional que aunque no tiene competencia de importación, tuvo aumentos superiores al 60% en la vestimenta. Seguramente, salvo que algún jugador lo desmienta, ambos cantaron “agua”.

Una vez más el resultado será inevitable: tras el voto de la ciudadanía en octubre, el Titanic argentino impactará contra el inmutable témpano. Tras la catástrofe, la aleccionadora metáfora continúa. Los escasos botes salvavidas los ocuparán las privilegiadas castas dirigentes políticas, sindicales y empresariales, las que retomarán el juego de la “batalla naval” previo a las elecciones del 2023. Por su parte muchos de los ciudadanos transportados en tercera clase bajo cubierta perecerán, y los sobrevivientes seguirán con las heladeras vacías y las parrillas sin usar.

Buenos Aires, 17 de febrero 2021

Léxico, imagen y contexto

Para desarmar las anacrónicas estrategias discursivas sostenidas por nuestras conservadoras castas políticas, se deben comentar cuatro herramientas que estructuran a los mensajes: ideología, léxico, imagen y contexto. Oportunamente se analizó que la ideología dejó de otorgar identidad, debido a la extinción de partidos de alcance nacional y las fluctuantes asociaciones electorales. Respecto al léxico, conocer el significado de cada palabra es esencial para clarificar conceptos. Por ejemplo, sustituir “clase” política por el de “casta” política, permite entender la perpetuación de las dirigencias responsables del atraso. Resta comentar imagen y contexto.

La imagen es un conjunto de percepciones de objetos reales o imaginarios. Su utilización política la destacó el pensador Giovanni Sartori, al señalar la transición del “homo sapiens” (hombre    que sabe), a la del “homo videus” (hombre que ve). Si bien el corazón de una campaña es el candidato, el corazón del candidato es su imagen, en la que juegan no solo los aspectos visibles (rasgos, gestos), sino también subyacentes (pasado, actitudes). El riesgo de decidir adhesiones basados solo en lo audiovisual, lo explicitó Maquiavelo hace más de 500 años, cuando le dijo al príncipe: “Cada uno ve lo que parece, pero pocos palpan lo que eres”. El contexto es una suma de circunstancias pasadas y presentes que rodean a los acontecimientos y mensajes (tiempo, lugar, situación, antecedentes), los cuales deben evaluarse adecuadamente para emitir un juicio. Dado que individualmente se optará por determinados aspectos de la ideología, léxico, imagen y contexto, las conclusiones no serán irrebatibles, pero deberían tener una trazabilidad racional, de la que habitualmente carece el discurso político. Ello permitirá que el ciudadano se transforme en analista activo, en lugar de receptor pasivo.

Un ensayo se podría aplicar a los mensajes del presidente Fernández, máxima autoridad del gobierno, juzgados como confusos y contradictorios. Su ideología es de origen peronista, habiendo participado en sucesivas internas que atravesaron los gobiernos de Menem, Duhalde y Kirchner. Su imagen responde a un funcionario con rasgos clásicos en el vestir y hablar, con un léxico de estilo docente antes que de barricada. Cobran relevancia los aspectos subyacentes de la imagen. Desempeñó solo cargos políticos, salvo cuando fue legislador porteño por el partido de Domingo Cavallo, durante tres años. Nunca encabezó agrupaciones políticas propias, y actuó como jefe de campaña de candidatos justicialistas. Por sus nexos docentes y políticos, se le adjudica la condición de operador en el ámbito judicial, y es habitual concurrente a programas de opinión, en los que se desempeña con desenvoltura. Con estos datos, la utopía de que se conforme un “albertismo” es fácticamente inexistente. Estas condiciones seguramente fueron evaluadas por Cristina Kirchner, cuando en mayo de 2019 los designó como candidato a presidente, reservándose ella la vicepresidencia, o sea, la presidencia del Senado. Las críticas de Fernández a su gestión presidencial fue un detalle menor en relación a los tres objetivos buscados: ganar la elección nacional (se cumplió), lograr inmunidad judicial y refinanciar la deuda externa (pendientes). A poco más de un año de gobierno, cabe analizar la dificultad en alcanzar los dos objetivos faltantes.

En primer lugar, Fernández no fue ni será un títere; asumió un compromiso con reglas de juego que intenta cumplir. Pero se obvió considerar el cambio de contexto. Un operador judicial tiene eficacia como intermediario entre el poder y la justicia, en conversaciones informales que amenazantes o distendidas, estén alejadas de la luz pública. No las puede realizar quien encabeza el poder; menos aun cuando las causas de corrupción son ampliamente conocidas como para abortarlas sin altísimos costos y consecuencias (caso del juez Obligado con el condenado Boudou). Si para lograrlo Cristina transfiere el poder a Fernández, en temas judiciales Fernández pasa a ser Cristina. En cuanto a la renegociación de la deuda, el ministro de economía está imposibilitado de darle un curso técnico a la gestión por las profundas contradicciones dentro de la alianza gobernante. En ambos acuerdos pendientes, Fernández intenta cumplirlos pero se ve imposibilitado por causas ajenas. Con el agravante de la proximidad de un hecho que las castas políticas priorizan por sobre cualquier urgencia: las elecciones nacionales

Este contexto es el que explica acciones y discursos presidenciales cambiantes, confusos y contradictorios. Pasó del distendido ámbito de las gestiones reservadas y asesorías diversas, a ser la cara visible de divergencias propias y ajenas. Se transformó en una víctima de no creer en un plan de gobierno, del que el país carece desde hace décadas. En tanto, los esfuerzos de las castas políticas se concentran en mantener privilegios, aumentar impuestos y negociar impunidad.

Buenos Aires, 10 de febrero 2021

La tapa de los labios

Es conocida la preocupación que genera en muchos políticos “las tapas de los diarios”, dada su incidencia en la opinión pública. Con encabezados adecuadamente diseñados, en pocas palabras suelen plantear temas incómodos para el poder, que solo atina a desacreditar a los medios, financiar a los oficialistas, o en dictaduras, acallar las disidencias. Sin embargo, muchas de esas tapas mediáticas se basan en las tapas de los labios a cargo de dirigencias políticas, cuyos mensajes son igualmente breves y elaborados, que pueden tener a personajes delirantes como acompañamiento coral.

Las tapas de los diarios son leídas por todos los sectores sociales, no así las páginas interiores que desarrollan los temas enunciados. Lo mismo sucede con frases del discurso político (tapas de los labios). A esta similitud entre medios privados y mensajes políticos, les comprende por igual las opciones de veracidad, profesionalidad, falacia, engaño, mentira. Como la herramienta comunicacional es el léxico, a las palabras hay que darles inicialmente un significado, para luego analizar el contenido y desentrañar mensajes. En el campo político, este juego combinatorio de palabras para elaborar el discurso se diseña en función de principios básicos de propaganda, que no deben confundirse con marketing. Se busca impactar en la sociedad desde lo emocional (creo/no creo; me gusta/no me gusta), y no desde lo racional (porqué; en base a qué). De allí que desarmar las falacias discursivas de los mensajes, exige que los ciudadanos receptores abandonen la pasividad receptiva emocional, para analizarlos compitiendo desde lo racional. Las fichas del juego son las mismas: el léxico.

Reemplazar la expresión “clase política” por “casta política”, permite entender porque en un país en continua decadencia permanecen inmutables las dirigencias responsables; explica la razón de la rutinaria manipulación de los sistemas electorales, las interpretaciones capciosas que protegen a los políticos acusados de delitos, y los acuerdos por privilegios estatales de los que carecen los ciudadanos comunes. Y transparenta que en las castas la famosa “grieta” solo son pujas circunstanciales de poder, que pueden concluir con las más asombrosas asociaciones electorales. De igual modo, la estrategia que combina las palabras “presos” y “políticos”, con supuestos distintos significados según se ordenen como presos políticos o políticos presos, omite lo esencial, que es el motivo: delitos económicos contra el Estado. Los verdaderos presos políticos son detenidos por oponerse a regímenes dictatoriales, no por enriquecerse con fondos públicos.

Por ello, para reformular el anquilosado y repetido léxico político que mantienen acciones de gobierno igualmente nocivas y anacrónicas, es más importante identificar las falacias, que son argumentaciones psicológicamente persuasivas pero inexactas, antes que debatir con personajes secundarios o impresentables que aportan a las estrategias de confusión. De este modo se podrá lograr que la sociedad vaya imponiendo temas en la agenda institucional, en lugar de someterse pasivamente a fluctuantes y personalistas intereses de quienes buscan mantener privilegios, disfrazados de derecha, centro o izquierda. Las multitudinarias convocatorias contra la impunidad en casos de corrupción, es un ejemplo.

Dado que la política es el único medio a través del cual las sociedades se organizan, un diagnóstico realista es imprescindible como punto de partida para lograr cambios esperanzadores. Existen camadas de políticos capacitados y honestos, pero lamentablemente el devenir de nuestro país indica que hasta el momento para la toma de decisiones virtuosas son minoría. En esta tarea las abstracciones conceptuales deben acompañarse con referencias tangibles. Por ello en lo inmediato se debe concentrar la atención ciudadana en el accionar de solo 355 nombres políticos que tienen el poder para acordar y decidir: presidente, vice presidente, 24 gobernadores, 257 diputados y 72 senadores. Prestando atención a como ejecutan y votan, no a como declaran.

Buenos Aires, 03 de febrero 2021

Desde los extremos a la nada

Para desactivar un sistema político de raigambre conservadora que repite actores y fracasadas metodologías de gobierno desde hace décadas, es necesario reformular conceptos discursivos falaces utilizados por las castas políticas, que recuerdan cuando en la obra El Gatopardo, ante la desazón del príncipe de Salina por el desembarco de las tropas de Garibaldi en Sicilia, preanunciando un cambio de época respecto a las aristocracias, su sobrino le aconseja: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie” La versión criolla de esta estrategia la expresan quienes habiendo gobernado durante décadas provocando atraso y pobreza, cuando retornan al poder prometen “reconstruir al país”.

A diferencia de épocas pasadas, en las que el poder modelaba sociedades sustentado en la fuerza y en los feudos, en la modernidad se utiliza como factor aglutinador y/o diferenciador a las ideologías, entendidas como un conjunto de ideas y postulados compartidos que definen un pensamiento político. Pero que asociadas al poder, actúan como elemento de identidad antes que de intelectualidad, siendo trasladadas a los ciudadanos a través de mensajes breves y estrategias comunicacionales que apelan a lo simbólico y grandilocuente (peronismo, pueblo, Patria, Solidaridad), antes que a clarificaciones ideológicas. Es así como se usufructúa la memoria de Perón, fallecido hace 47 años, para involucrarlo en los intereses contemporáneos, o la memoria del libertador Simón Bolívar para asociarlo al régimen dictatorial de Venezuela. Paradójicamente, las ideologías extremas, sean de izquierda como el comunismo de Stalin, o de derecha como el fascismo de Hitler, presentan enormes similitudes. Fueron totalitarias y sangrientas, expansionistas, de pensamiento único, racistas, promotoras de fanatismo y culto a la personalidad.

Pero como en democracia la ideología debe competir con las consecuencias del hacer y el desarrollo social, que es lo que afecta a los gobernados, en nuestra “grieta” criolla surge una manifiesta contradicción: la división tajante con la que se pretende dividir a la sociedad en su conjunto, no se extiende a las castas políticas que la promueven, que por el contrario, exhiben una multiplicidad y/o plasticidad ideológica sorprendente. Se observan las variantes kirchnerista, peronista o radical histórico, radical “K”, socialista, neoliberal, liberal de izquierda, populista de derecha o izquierda, social demócrata, progresista, federalista, y como dato de color, algún comunista. Obviamente, ningún político sería capaz de diferenciar entre tamaña diversidad ideológica, pues la utilizan solo como envase para negociar el usufructo de privilegios estatales y acuerdos políticos. Este oportunismo, que causó la desaparición de agrupaciones políticas unificadas, coherentes y estables con programas de gobierno de mediano y largo plazo, recuerda a Maquiavelo cuando hace 500 años, refiriéndose a los oportunistas de entonces expresó: “Quien cambia de bandos, queda en ninguno”

Dentro de esta hibridez es habitual que en el espectro “izquierda-derecha”, los políticos prefieran ubicarse en el “centro”, sin más aclaraciones. O que periodísticamente se caracterice a determinados políticos como “blandos o duros”, distinción útil para describir propiedades de materiales, pero no actitudes políticas. Respecto a la corrupción por ejemplo, blando puede ser quien deja hacer, y duro quien presiona para lograr impunidad. La propaganda política difunde estos simplismos mediante mensajes breves, entendibles, no necesariamente veraces, y menos aún esclarecedores.

Para ir sorteando estos subterfugios y lograr mejoras institucionales, sería oportuno que los ciudadanos reclamen opinar sobre “opciones” en lugar de “grietas”. Algunas de ellas podrían ser si los procesados por corrupción pueden o no ejercer representaciones y cargos políticos; si las listas sábana legislativas deben o no transformarse en abiertas, o si el aumento de los salarios públicos y jubilaciones deben o no referenciarse en el salario y jubilación mínimas, cuya diferencia actual con los valores máximos es de 35 veces. Inequidades que políticamente solo pueden disimularse a través de eslogans y falsas grietas.

Buenos Aires, 27 de enero 2021

Nuevo léxico político

Los argentinos deberán transitar el 2021 bajo una tormenta perfecta generada por cuatro factores simultáneos: pandemia, crisis económico-social, elecciones nacionales y mediocridad política. Las condiciones sistémicas son similares a las de los países más atrasados del planeta: crisis económicas e insolvencias recurrentes, baja calidad institucional, continuidad de las dirigencias responsables, y como natural consecuencia, una alta corrupción estatal asociada a privados.

La perdurabilidad de esta degradación, cuyas políticas repiten ideas y metodologías anacrónicas hasta el hartazgo, se explica apelando a un término añejo pero adecuado: conservadurismo político. El que es facilitado por un sistema electoral restrictivo, que comprende listas de candidatos legislativos cerradas, ley de lemas, candidaturas múltiples simultáneas, reelecciones indefinidas, y entre otras argucias, permite que integrantes de determinada lista “sábana”, una vez elegidos se pasen a otro sector político, sea sin disimulo o disfrazados de independientes. Para cambiar las estructuras de poder y generar políticas más honestas y creativas, es necesario comenzar por actualizar un léxico político intencionadamente falaz, y evitar que los análisis repitan los mismos anacronismos que pretenden criticar. El término “clase política” por ejemplo, que en democracia designa a quienes circunstancialmente y por determinados períodos de tiempo ejercen la responsabilidad de representar a ciudadanos, debiera reemplazarse por “casta política”, que históricamente define una estratificación social sólida y rígida a la que se pertenecía por nacimiento, y que la modernidad extendió a nepotismos y relaciones de amistad. Cuyos integrantes finalizada determinada representación pública, en lugar de ejercer un trabajo privado permanecen en la “casta” estatal. Un gobernador que cesa su mandato pasa a desempeñarse como senador o viceversa, y sus familiares a ocupar funciones como legisladores, puestos políticos o enigmáticos asesores. Proceso que se replica en corporaciones gremiales y representaciones empresarias

Este explícito conservadurismo disfrazado con diversos ropajes ideológicos, explica una aparente contradicción: mientras las sociedades se empobrecen, los responsables políticos no sufren los efectos de las crisis; por el contrario, crecen patrimonialmente. De lo que surge otra reformulación dialéctica: la abstracta referencia a los “poderes económicos concentrados”, debe incluir a las castas políticas como engranaje fundamental de dichos poderes. Otro término a reformular es la declamada “grieta”, concepto instalado con el surgimiento de regímenes dictatoriales en las primeras décadas del siglo XX, en reemplazo del más antiguo “dividir para reinar”, dado que el desarrollo de las comunicaciones a distancia obligó a utilizar técnicas de manejo de masas más sofisticadas, aplicadas incluso a sistemas democráticos. Carl Schmitt, prestigioso jurista y filósofo alemán con simpatías nacionalsocialistas hasta 1936, planteó que “la democracia es un Estado fuerte que debe tener bajo su control todas las esferas de la vida, con un pensamiento único y una sola línea ideológica”, e instaló al antagonismo “amigo y enemigo” como esencia de la política (cualquier semejanza con algunos ideólogos argentinos es casual). Estas formulaciones teóricas al implementarse desde el poder, se inoculan en las masas a través de reduccionismos conceptuales que generan “grietas” con consecuencias imprevisibles, pues exacerban la irracionalidad, el fanatismo y la estupidez. Pero en las “castas políticas” argentinas no hay “grietas”, sino pujas y negociaciones de poder. Entre los hermanos Rodríguez Saá por ejemplo, no hay “grietas” sino internismos para definir quién es gobernador y quién es senador. Ricardo Alfonsín por su parte, pudo ser candidato a presidente radical en el 2011, diputado por un Frente Progresista en el 2013 y embajador kirchnerista en España en el 2020. Esta plasticidad se observará este año en el armado de las listas “cerradas” de legisladores.

Para continuar desmenuzando engañosos preconceptos dialécticos, en la próxima reflexión se analizarán dos categorizaciones habituales que simulan una identidad: “izquierda-centro-derecha” y “sectores duros-sectores blandos”.

Buenos Aires, 20 de enero 2021

Mensajes presidenciales

Como última reflexión política del 2020, es adecuado detenerse en mensajes personales del presidente, al que el sistema republicano le otorga la autoridad máxima para transmitir a la ciudadanía, sin intermediarios comunicacionales que los distorsionen, el derrotero que intentará seguir su gobierno.

Existen diversos tipos de mensajes: subjetivos (no proveen información); narrativos (describen hechos reales o imaginarios); descriptivos (mencionan hechos sin adjetivarlos); argumentativos (intentan convencer). Los de tipo político expresan propuestas y/o acciones, que para convencer debieran tener una secuencia de veracidad y coherencia en el tiempo. De no ser así, el emisor perderá credibilidad, y generará escepticismo y enojo. Pero paradójicamente, es en este campo donde la verdad suele sucumbir a través de la propaganda política que en el siglo XIX se desarrolló para manipular multitudes, utilizando argumentaciones persuasivas pero falsas llamadas falacias, con mayor intensidad cuanto peor sea la calidad institucional del país.  

De los mensajes presidenciales se destacan dos: 1) su crítica a la meritocracia, que relaciona al mérito con el talento y esfuerzo y no con razones de apellido, riqueza, o nepotismo, señalando que “el más inteligente de los pobres tiene menos oportunidades que el más tonto de los ricos”. Ello explicaría que un ingeniero agrónomo que no habla inglés sea canciller, y una antropóloga sea ministra de Seguridad nacional, con los obvios resultados conocidos. 2) afirmó descreer de los planes de gobierno, cuando planificar significa formular objetivos claros y diseñar alternativas posibles para cumplirlos. Justo es reconocer que ambas opiniones, visto el atraso permanente del país y ausencia de horizontes mediatos, son compartidas por vastos sectores políticos.

Pero lo institucionalmente preocupante no ya desde lo discursivo sino desde lo fáctico, son los mensajes presidenciales acoplados a la campaña para lograr la impunidad de funcionarios y cómplices juzgados o procesados por corrupción. La campaña cumple con tres reglas básicas de la propaganda política: 1) la Simplificación, cuya base es el eslogan, que consiste en emitir mensajes inequívocos, breves y simples, que actúen sobre todas las franjas sociales por igual, con independencia de su nivel intelectual. En este caso se emplean los términos “lawfare” y “presos políticos”. 2) la Orquestación, consistente en la repetición incesante por parte de diversos emisores políticos, sociales y culturales del mensaje/eslogan diseñado, que jamás mencionará el término “inocente” o hará referencia a elementos tangibles de prueba. 3) la Unanimidad para propagarlo e instalarlo, sustentada en que la presión de un grupo predomina sobre la opinión individual, y la cantidad otorga veracidad. Por lo que tiene igual valor la opinión de un funcionario, un abogado o simples ciudadanos que no tengan idea de lo que significa “lawfare”. Esta trilogía con fuertes contenidos psicológicos, busca incidir a través de la presión, miedo, negociación o adhesión, sobre actores judiciales y políticos para que en forma activa (actuar), o pasiva (dejar hacer), permita lograr las impunidades buscadas. No en vano las reglas básicas de la propaganda política moderna la desarrollaron el bolcheviquismo, fascismo y nazismo.

El riesgo institucional se incrementa cuando es el propio presidente quien se suma a esta campaña coral en busca de impunidad, (que involucra a integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y Consejo de la Magistratura), y presiona públicamente a la Corte y jueces, cuestiona la legalidad de la ley del arrepentido, o mimetiza presos políticos con corruptos. En una democracia la inocencia de quienes tienen en juego sus libertades y patrimonios debe surgir de juicios orales y públicos, no de evitarlos. Para seguir la evolución de los acontecimientos se deberán evitar distracciones respecto a “quién manda”; el poder legitimado por el votante lo conforman Fernández en el Ejecutivo, Cristina Kirchner conduciendo el Senado y Sergio Massa la Cámara de Diputados. La atención, en un contexto en el que para lograr objetivos se negociarán privilegios compensatorios, deberá volcarse en el accionar de actores institucionales secundarios necesarios para el objetivo de impunidad, en especial los que se autodefinen como opositores o independientes. Y saber que a los jueces y fiscales que se mantengan firmes en la defensa de los principios de justicia, sin un fuerte apoyo social que los respalde les será difícil contrarrestar el declarado objetivo de impunidad. 

Debidamente interpretados, los mensajes permiten detectar las prioridades de un gobierno. Mientras los de búsqueda de impunidad siguen una estrategia clásica planificada, coherente y consistente en el tiempo, los destinados a informar la política sanitaria de vacunación contra la pandemia son confusos, dispersos y contradictorios. Sin embargo, los estrategas comunicacionales son los mismos.

Buenos Aires, 23 de diciembre 2020

Próxima newsletter: 14 de enero 2021

Indecisos reversibles

El período que define a una generación oscila entre 20 y 30 años, por lo que un siglo contiene a cuatro: abuelo, padre, hijo y nieto. Bajo esta óptica, asombra la perdurabilidad temporal que en esferas de poder tiene nuestra dirigencia política, gremial y empresaria, responsable de la decadencia del país. Un análisis simplista que invoque el sistema democrático, adjudicaría a los anónimos votantes las culpas, sin profundizar en las estrategias políticas que los condicionan, centradas en leyes electorales distorsivas que no existen en otros países, y partidos sustituidos por “espacios políticos” alejados de compromisos comunes, vicios que llevaron a la destrucción de la garantía ciudadana de tener la representatividad establecida en el artículo 22 de la Constitución, cuando expresa que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”.

Legislativamente, esta representatividad que involucra a 257 diputados y 72 senadores, es manipulada en dos instancias: en la etapa de elegir, y posteriormente al momento de ejercer, en ambos casos en el marco de la ley. En la instancia electiva se limita el derecho del ciudadano a elegir por medio de innumerables subterfugios, comenzando por las “listas sábanas”, cerradas o bloqueadas (el orden de los candidatos no puede ser alterado por el elector). Armadas entre pocos dirigentes, abundan en nepotismos, oportunismos y personajes impresentables. Más grave es el engaño poselectoral de muchos al momento de ejercer, cuando una vez asumidos se apartan del compromiso político ante los votantes, para convertirse en librepensadores e integrantes de interbloques de coyuntura que nadie votó con el solo fin de negociar con el oficialismo de turno, que en su condición de tal tiene más contraprestaciones que ofrecer. Los temas a negociar son invariables: obtención de quórum para el tratamiento de leyes, y aportar los votos necesarios para aprobar sus proyectos legislativos. De este modo, quienes dispersamente alcanzaron un 7% del total de votos, pasan a cobrar mayor importancia que una oposición con una representatividad de más del 40 % de los votos.

Para disimular esta anomalía, los reconvertidos en librepensadores aplican el juego dual de la reversibilidad, como se define a “lo que se puede usar tanto en un sentido como en el otro”, actitud que excluye temas de conciencia como el del aborto. Prolongan el misterio hasta las instancias finales para definir sus votos, y solo aportan los necesarios para que el oficialismo obtenga quórum y se aprueben sus leyes, mientras otros se abstienen o votan negativamente. Además, con visión de futuro y a fin de encarar negociaciones preelectorales, se presentan como una tercera vía electoral, pese a la comprobada insustancialidad de esta estrategia, como demostrara recientemente Sergio Massa al incorporarse al kirchnerismo a horas del cierre de listas.

En el Senado, el bloque Frente de Todos lo integran 41 representantes, número que otorga mayoría simple y quórum propio. Por haberse identificado preelectoralmente  ante el votante con Cristina Kirchner, poseen legitimidad de representación. En el caso de Diputados, el Frente de Todos tiene 119, Juntos por el Cambio 116, y la izquierda, que por tradición se opone o se abstiene en las votaciones, tiene 3. El número de 257 legisladores se completa con 19 que conformaron dos interbloques federales, que cual coctelera mezclan diversas pertenencias, sean partidarias como justicialismo y socialismo; personalistas (lavagnistas); provincialistas (cordobeses, misioneros, mendocino y rionegrino), y desertores (tres legisladores que abandonaron Juntos por el Cambio). Un bloque es  conducido por Eduardo Bucca, de la provincia de Buenos Aires, y el otro por José Ramón, mendocino. Estas asociaciones de ocasión que nadie votó, y que en muchos casos no defienden siquiera a quienes dicen representar (caso de los siete diputados porteños kirchneristas en la afectación de los recursos de su distrito), son producto de leyes electorales armadas para distorsionar la proclamada “voluntad popular”, sostenidas en los vicios de no poder elegir individualmente a quienes nos representan y mantener en la indefinición si la banca pertenece al partido o al legislador, entre muchos otros recursos para limitar las participaciones electorales democráticas.

Para esbozar una conclusión, podríamos preguntarnos si para un sistema democrático es más nocivo un bloque compacto y coherente con los derechos y limitaciones otorgadas por sus votantes, o interbloques de coyuntura con negociadores reversibles que nadie votó, que faciliten concentración de poder y políticas alejadas de los declamados “consensos mayoritarios”.

Buenos Aires, 16 de diciembre 2020

Aprendizaje judicial

El fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que con votos de los jueces Barroetaveña y Petrone y disidencia de la jueza Figueroa rechazó el planteo de algunos procesados de declarar inconstitucional la llamada ley de arrepentidos, promueve análisis que exceden a la decisión en sí. La corrupción estatal tiene la dificultad que sus partícipes principales pertenecen a la misma esfera pública de quienes deberán investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, por lo que las eventuales complicidades para lograr impunidad pasan a ser institucionales. Es válido entonces preguntarnos cómo se hubiera argumentado si el fallo hubiera aceptado el reclamo de inconstitucionalidad.   

La ley 27304 se aprobó en octubre de 2016, promovida por el actual diputado oficialista Sergio Massa, en respuesta a la indignación social provocada por las imágenes del ex funcionario José López en un convento, e integrantes de la empresa de Lázaro Báez en una oficina de Puerto Madero, en ambos casos con millones de dólares en bolsos.  Cabe suponer que los legisladores poseen una amplia estructura de apoyo jurídico para verificar requisitos de constitucionalidad de las leyes, que en este caso posee exitosos antecedentes internacionales en la lucha contra delitos complejos. En Estados Unidos facilitó confesiones, juicios y condenas en el caso “FIFAGate”, mientras que en nuestro país la jueza Servini de Cubría aún no elevó a juicio oral la causa “Fútbol para Todos”, iniciada en el 2014 por la desaparición de 760 millones de pesos pagados por el Gobierno entre el 2009 y 2015, no ingresados a la AFA. En Brasil y otros países permitió juzgar y condenar a implicados en el caso de sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht, mientras en nuestro país el juez Martínez de Giorgi no elevó a juicio oral la causa “Soterramiento del tren Sarmiento” iniciada en el 2017, en la que ejecutivos de la contratista Odebrecht confesaron haber pagado coimas a funcionarios argentinos.

En cuanto al ámbito judicial, el reclamo arribó a la Sala I con no menos de diez fallos previos que avalaban la ley, entre ellos el fiscal Plee de esta Sala, del fallecido juez Bonadío, sus fiscales Stornelli y Rívolo, y la Sala III. Por lo que la eventual opinión negativa de dos de los camaristas de la Sala I, que hubiera hecho caer la aplicación de la ley, consolidaría una inquietud recurrente: que las divergencias de criterios de constitucionalidad y procedimientos procesales dejen de ser excepcionales para transformarse en habituales, planteando la sospecha que más que jurídicas sean un instrumento de impunidad. Las leyes, para que sean aceptadas por la sociedad deben transmitir un sentido de coherencia de criterios, justicia y equidad. Avala esta inquietud la generalizada previsibilidad del voto de la jueza Figueroa, identificada con la Asociación Justicia Legítima, creada en apoyo de la presentación pública del Proyecto “Democratización de la Justicia”, que realizara la entonces presidenta Cristina Kirchner en el año 2013. Su jactanciosa “legitimidad” que presupone que quienes no adhieren a sus principios ejercen una justicia “ilegítima”, en las actuaciones y declaraciones de sus integrantes exhibe una ideología sesgada que juzga la corrupción según pertenencias partidarias. Ello explica que las expectativas del fallo recayeran solo en los jueces Barroetaveña y Petrone, sin preconceptos ideológicos conocidos.

En lo político, las más altas esferas de gobierno utilizan el engaño y el cinismo para menoscabar y destruir la ley del arrepentido. El emblemático caso de sobornos en el Senado, que provocara la renuncia del vicepresidente Alvarez, posterior caída de De la Rúa y crisis del 2001-2002, se desencadenó a través de dos elementos: un anónimo encontrado en el Senado por el operador Daniel Bravo, y la tardía aparición en el año 2003, a seis meses de asumido el gobierno por Néstor Kirchner, de un arrepentido llamado Mario Pontaquarto, Previo a su denuncia concretada el 12 de diciembre, Pontaquarto mantuvo una reunión en el despacho del Jefe de Gabinete de entonces, con la presencia de Bravo, como consta en las actuaciones, en busca de apoyo. Tras diez años de investigaciones y cerca de 300 testigos, en diciembre de 2013 el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Gordo, Pons y Ramírez, en un fallo de 3.000 páginas, resolvió la absolución de los acusados ante la ausencia de pruebas, destacando en especial “los inconsistentes y autocontradictorios dichos del denunciante”. La actual ley del arrepentido, además de romper con las cadenas de silencio, impide que se utilicen a supuestos arrepentidos como instrumento de manipulación política. El Jefe de Gabinete consultado por Pontaquarto se llamaba Alberto Fernández, profesor de derecho penal y hoy presidente.

Buenos Aires, miércoles 09 de diciembre 2020

Tenemos un Estado público?

El concepto Estado refiere a una forma de organización política, social y económica que abarca a todos sus habitantes, lo que le da su condición de público. Su configuración institucional dependerá del sistema de gobierno y forma de ejercer el poder. En democracias de baja calidad, en las que mantener el poder necesita de adhesiones políticas y acuerdos basados en distribución de cargos y prebendas, la creación de organismos desmedidos en cantidad y superfluos en utilidad es una consecuencia. Es el caso argentino.

Una estructura de gobierno supone un armado piramidal que explicite responsabilidades, jerarquías, cargas laborales, salarios, derechos y obligaciones, con recursos humanos idóneos. La primera anomalía aparece en el vértice. En un país de condición fuertemente presidencialista, el presidente no encabeza la pirámide salarial estatal. En cuanto a lo institucional, el organigrama del Ejecutivo lo encabezan los Ministerios, que la Constitución de 1853 estableció en cinco: 1) Interior; 2) Relaciones Exteriores; 3) Hacienda; 4) Justicia, Culto e Instrucción Pública; 5) Guerra y Marina. En 1983 el gobierno democrático asumió con ocho: 1) Economía; 2) Interior; Relaciones Exteriores; 4) Defensa; 5) Justicia y Educación; 6) Trabajo; 7) Salud y Acción Social; 8) Obras y Servicios Públicos, como pilares de las obligaciones del gobierno. El descontrol comienza con la reforma constitucional de 1994, nacida no con un objetivo político modernizador sino personalista: la reelección de Menem. Se negoció la creación de innumerables organismos que daban lugar a “nuevas fuentes laborales políticas”, con grandilocuencias dialécticas que invocaban protección de derechos del pueblo y humanos, de jubilados, la niñez, la mujer, contra la discriminación, contra la corrupción, mejora de la justicia (Consejo de la Magistratura), y mejor representatividad en el Senado (se incrementaron en un tercio sus miembros). Ante lo perentorio de aprobar la reelección, se prorrogó en poco más de un año el tema más importante para el país: acordar un nuevo sistema de coparticipación federal, obligación que jamás se cumplió.

Con el transcurso del tiempo se constató que a mayor cantidad de ministerios, institutos de similar rango, variadas defensorías y representaciones internacionales, mayor fue el subdesarrollo, desempleo y pobreza. Los declamados derechos constitucionales quedaron arrasados por la realidad, pero no así las estructuras que supuestamente los protegían. Tampoco la sociedad tuvo acceso a los cargos estatales a través de concursos públicos, los que son distribuidos entre parientes, amigos y militantes, en una secuencia que carece de “grietas” ideológicas. Cambiemos alcanzó los 21 ministerios, reducidos por fuerza mayor a 11 al final del mandato. El Frente de Todos tiene 20 ministerios, algunos manifiestamente testimoniales como Equidad y Género, o el INADI, ambos carentes de atribuciones ejecutivas y beneficios sociales. Esta multiplicación burocrática se expandió a los organismos de control, sociedades del estado, poderes legislativos y judicial, cuyos integrantes, cínicamente, justifican incapacidades o malas praxis aduciendo carecer de presupuesto y/o personal suficiente.

El problema de esta desmesura es que cuando la “cantidad” no surge de la “necesidad” destruye la “calidad”, trasladándose los sobrecostos a los gobernados a través de impuestos o artilugios presupuestarios, presentados bajo rótulos rimbombantes como Patria, Solidaridad, Riqueza. En la presente pandemia quedó evidenciada la relación virtuosa entre cantidad y necesidad en los casos de médicos, enfermeras, transportistas, policías y docentes al frente de alumnos. Como así también se transparentaron ociosidades prescindibles de miles de coordinadores o creaciones similares, o los 4.500 asesores legislativos. Por ello las estructuras administrativas no deben ser analizadas inicialmente bajo ópticas económicas sino de “calidad” institucional, considerando su racionalidad instrumental, capacidad operativa, eficacia de resultados y equidad social. De no reformular al Estado bajo estos parámetros, se repetirán políticas que se reflejan en las pirámides jubilatorias y burocráticas, en las que los responsables de los fracasos ubicados en el extremo superior, implementan ahorros a costa de los ubicados en los niveles inferiores.

Un modo de abordar la utilidad de organismos y cargos es prestar atención a sus denominaciones, que cuanto más extensas sean a fin de explicar su función, más innecesaria será su existencia. Por ejemplo, el funcionario Fernando “Chino” Navarro del Movimiento Evita, tiene el cargo de Secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.  

Buenos Aires, 02 de diciembre 2020

Privilegios patrióticos

Describir en pocas líneas la descomunal estructura burocrática-política causante del empobrecimiento del país pareciera complejo, ante la abundancia de fuentes de información con datos y cifras parciales o carentes de veracidad. Podría encararse a modo escuela primaria, que brinda conocimientos básicos que alcanzan a todos los niveles sociales por igual (leer, escribir y operaciones matemáticas simples). Lo cual no degrada el análisis, pues la simplicidad se aplica a los adultos a través de mensajes y eslógans políticos, ya no basados en la razón (enseñar), sino en la emoción (convencer o engañar).

La recuperación de la democracia en 1983 es un adecuado punto de partida para evaluar el proceso político. Desde ese entonces se produjo una paulatina anomia partidaria que derivó en la desaparición del radicalismo y justicialismo como expresiones unívocas, sustituidos por recipientes llamados frentes, que tras ideologías y personajes simbólicos disimulan oportunismos y fluctuaciones políticas de coyuntura, basadas en canjes de cargos públicos y privilegios, que es la causal del sobredimensionamiento estatal. Pretender explicar el proceso de decadencia bajo rótulos temporales como menemismo, kirchnerismo o macrismo carece de sentido, pues todos recibieron y dejaron “pesadas herencias”. De usarse un denominador común para nuestro sistema político, sería el de “conservador”, por presentar resistencia a cambios institucionales superadores, obstruir intentos modernizantes y aferrarse a privilegios establecidos.

El gobierno de Cambiemos gobernó con minorías en ambas Cámaras legislativas, gobernaciones e intendencias. El actual gobierno, pese a que presenta una situación cuantitativa muy superior en cuanto a mayorías, afrontará desafíos similares si intenta modificar estructuras políticas, gremiales y empresarias decadentes, ineficaces y privilegiadas. Una vez más el justicialismo se ve ante la coyuntura de ajustar, posibilidad que no tienen las oposiciones. Sucedió en 1975 con el Rodrigazo; en 1990 con las privatizaciones de Menem, y en el 2002 con Duhalde-Remes Lenicoff. En todos los casos las decisiones de emergencia  tuvieron un origen común no ideológico: falta de dinero. La decisión de Menem de privatizar no fue neoliberalismo como se pregona. Con empresas estatales ineficientes y saqueadas por políticos, gremialistas y proveedores, como el caso de YPF, fue inevitable. No en vano Menem continúa siendo senador, al igual que muchos que lo acompañaron. Tampoco fueron ideológicas las reestatizaciones de YPF y las AFJP  en el 2008; el gobierno necesitaba dinero, y estaba en cesación de pagos. La historia se repite en el 2020: al Estado le falta mucho dinero, pero hasta ahora las estructuras estatales conservadoras e ineficientes no se ajustan. Peor aún, en simultáneo con la crisis y gestiones ante el FMI, se desarrolla una indisimulada puja en ámbitos políticos-judiciales para lograr impunidad. Por ello Aristóteles planteaba hace más de 2500 años que la única “grieta” admisible era la que dividía a las formas de gobierno en puras (los gobernantes buscan el bien común), e impuras o corruptas (los gobernantes buscan su propio bien).

Para incursionar en la etapa de ejemplos cabe mantener la metáfora de enseñanza primaria. La matemática comienza con números puros, para tiempo después enseñar porcentajes, que son muy usados en la comunicación política y encuestas, porque al no explicitarse la metodología de cálculo, sus veracidades son incomprobables. Es distinta la comprensión masiva entre 20 y 20%. Los datos “macro”, imprescindibles a nivel internacional, por sí solos no clarifican. Por ejemplo, un indicador relevante es el ingreso per cápita de cada país, que se obtiene dividiendo la renta (o riqueza) producida por su población total. A mayor ingreso individual, mayor desarrollo y bienestar. Sin embargo, si un país produce 100 pesos  a dividir por sus 10 habitantes, da un ingreso de 10 pesos per cápita, pese a que un habitante tenga 40 pesos, dejando a tres con cero. Por ello un indicador internacional más preciso para visualizar inequidades, es establecer la diferencia entre los ingresos estatales máximos y mínimos, pues es el Estado quien establece políticas, leyes, controles, impone impuestos, decide privilegios y determina sus ingresos y egresos Esto se grafica piramidalmente, lo que es razonable: muy pocos arriba y muchos abajo; cuanto mayor es la diferencia, mayor es la desigualdad. Internacionalmente se considera que una diferencia entre ingresos en el vértice (máximos), y la base (mínimos) superior a 15, indica niveles crecientes de pobreza y desigualdad. 

Se puede experimentar con un tema de alta sensibilidad económico-social: los jubilados. En noviembre de 2020 la jubilación máxima pertenece al ex juez Zaffaroni (régimen especial), con un haber jubilatorio de $ 830.000, mientras que la mínima es $ 18.129 (unos 4.200.000 jubilados). La diferencia entre vértice y base es de 45,78 veces, que supera largamente el indicador de 15 veces. Cuando se plantean estas inequidades jubilatorias, salariales y laborales en cúpulas estatales, el menú de excusas no reconoce diferencias ideológicas: “si no tenemos buenos sueldos gobernarían los ricos”; “los privilegiados somos pocos”. Esta disociación con la realidad entre conductores y conducidos la deben haber tenido Luis XVI antes de la Revolución Francesa, y el zar Nicolás antes de la Revolución Rusa, ambos considerados monarcas muy ineptos. Pero quizás ambos nunca hubieran imaginado que centurias más tarde, un legislador argentino diseñaba un impuesto para los “ricos”, mientras obtenía una benévola financiación estatal para pagar su millonaria deuda impositiva.

Buenos Aires, 25 de noviembre 2020