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Mitos, mentiras y verdades

El cierre de listas legislativas el pasado sábado 24, repitió la escenografía de diversos integrantes de castas políticas pujando fervorosamente por incorporarse a las listas sábanas de legisladores nacionales, provinciales y municipales, en ubicaciones que les permitan concretar sus ambiciones aún en condición de minoría. Obviando debates programáticos, los patriarcas de castas priorizaron la inclusión de familiares directos, amigos de confianza, algunas figuras taquilleras que simulen renovación, y eventualmente premiar a quienes elegidos como “tercera vía”, terminaron adhiriendo al oficialismo con sus votos.

Hasta la elección general del 14 de noviembre, se mantendrán las pujas de poder y privilegios por sobre las urgencias económico-sociales de la población. En contraposición, para el ciudadano este período debería ser óptimo para detectar falacias y contradicciones de los mensajes que se emitirán a través de la propaganda masiva planificada y el discurso político individual. No es difícil si se explicitan principios de una propaganda política masiva. Sus instrumentos (imágenes, discursos, eslogans), deben tener una simplicidad de identidad que permita sea entendida por todos los sectores sociales y educativos. Al respecto Maquiavelo distinguía entre tres cerebros: “el primero discierne por sí; el segundo entiende lo que los otros disciernen, y el tercero no entiende ni discierne lo que otros disciernen”. En la propaganda política moderna los mensajes se dirigen a los tres cerebros simultáneamente, por lo que deben ser simples, muchas veces hasta infantiles. Su complejidad reside en el diseño, que incluye elementos psicológicos y sociológicos, para que actúen sobre la parte emocional de los cerebros, no sobre la racional. Por ello el uso de terminologías basadas en símbolos o conceptos virtuosos, tales como Patria, Justicia, Unión, Juntos, Todos. Otro aspecto a considerar es la instalación de temas, siempre con simplicidad. Es habitual ver manifestantes portando carteles con “No pagar al FMI con hambre”, sin saber porque pagar deudas implica hambre. Pero no se observa tal confluencia y convicción para portar carteles que digan “Basta de corrupción”, pese a que ambos mensajes tienen directa relación. El cerebro menos privilegiado recepta emocionalmente la relación FMI-hambre por su histórica repetición, pero no comprende el término “corrupción” y sus efectos, porque a la política no le interesa instalarlo, sino mantenerla y facilitar impunidades. No en vano este mensaje lo encabezan solo los autoconvocados. A lo expresado se agrega un segundo elemento complementario invalorable, que es el de identificar a los emisores de la propaganda política, sus antecedentes y contexto social, que en este caso son tradicionales y privilegiadas castas políticas insertas en el marco de un pobre sistema institucional.

Con este conocimiento previo, los sortilegios habituales de la propaganda política, basados en mitos, mentiras y verdades, serán más fácilmente detectables. Los mitos son narraciones ancestrales con explicaciones prodigiosas, que con el tiempo adquieren carácter de verdad (algunos lo llaman relato). Las falacias son razonamientos engañosos con apariencia de verdad, que si se las formula  con el fin de engañar, se llaman mentiras. Las verdades surgen de la plena coincidencia entre afirmaciones y hechos.

Sirve como metáfora para que los ciudadanos comunes encaren por sí mismos el ejercicio de detectar mitos, falacias y verdades en los mensajes políticos, un cuento infantil del danés Andersen. A un rey frívolo y preocupado por su vestuario, dos estafadores que simularon ser sastres le vendieron lujosas prendas inexistentes, que según afirmaban tenían la capacidad de ser invisibles para los estúpidos e incapaces. Para no ser considerados como tales, todos en la Corte, incluido el rey, alababan dichos trajes. Para asistir a un desfile los estafadores simularon vestir al rey con uno de ellos, siendo vitoreado por el pueblo, que conocía el sortilegio. Hasta que un niño gritó: el rey va desnudo!

Concluyamos con dos ejercicios preliminares: 1) La supuesta precariedad salarial de los legisladores expresada por la diputada Vallejos, “los diputados argentinos tenemos el salario mucho más bajo de toda la región. Casi que da vergüenza”, se desnudó inconsistente con la desesperación para integrar listas legislativas (verdades). 2) La ministra Vizzotti, tras un año de polémicas y ocultismos, anunció esta semana un acuerdo con el laboratorio norteamericano Pfizer para la provisión en este año de 20 millones de dosis. En este caso, vistos los antecedentes y anunciarse en campaña electoral, el tiempo constatará si el anuncio pertenece a los mitos o a las verdades.

Buenos Aires, 28 de julio 2021

Magnicidios verbales

El magnicidio de personajes políticos o religiosos relevantes, sirve como metáfora para explicar las voces que dan por cerrados los liderazgos y ciclos políticos de ex presidentes, una vez derrotados electoralmente. Muchas de ellas son de justicialistas que afirman nunca haber sido menemistas, o radicales que juran no haber colaborado con la caída de De la Rúa. Por su plena vigencia, cabe reflexionar sobre los casos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri, sometidos a planteos que repiten intentos jubilatorios anticipados.

Profundizar acerca de esta práctica puede arrojar enseñanzas. Quienes practican los magnicidios verbales suelen obviar sus responsabilidades en los gobiernos que critican, y lograr objetivos propios vía renunciamientos ajenos. No cualquiera crea agrupaciones políticas consolidadas en el tiempo, ejerce la máxima responsabilidad ejecutiva, y mantiene un importante caudal de votantes propios. En tal sentido, la actual coalición gobernante nacida bajo la frase “con Cristina sola no se gana; pero sin ella tampoco”, permite dos conclusiones: 1) las alianzas basadas en acumular agrupaciones irrelevantes solo para ganar, no sirven para gobernar; 2) quien pese a su mayor caudal de votos no puede liderar, y debe asociarse a dirigentes utilitarios y mediocres para alcanzar el poder, como señalara Natalio Botana, deja de ser líder para transformarse en un jefe potencialmente vulnerable y pendiente de traiciones. Estas anomias se manifiestan cada dos años en el armado de listas legislativas, que semejan al cierre del libro de pases en el fútbol. Muchas adhesiones dependen de cargos públicos, y no de compromisos programáticos explícitos y concretos ante los ciudadanos.  

La desaparición de líderes genuinos o estadistas en sistemas democráticos, no debiera preocupar si se poseen estructuras institucionales virtuosas y sólidas. Ni siquiera hay líderes en Cuba, Venezuela y Nicaragua, sino personajes hereditarios sostenidos por costosos aparatos militares y de seguridad represivos. Tampoco existen en China y Rusia líderes excluyentes, sino quienes encabezan sistemas milenarios de poder concentrado, (emperadores y zares hasta hace un siglo), que poseen un ancestral sustrato cultural que les permite insertarse en variantes capitalistas, con exitosos desarrollos científicos y tecnológicos.

Las coaliciones por su parte, son válidas siempre y cuando se conformen con partidos perdurables y coherentes, como en algunos parlamentarismos europeos (caso Alemania). En nuestro país, por el contrario, al diluirse las identidades del justicialismo y el radicalismo como partidos unívocos en lo programático y con extensión territorial, deben asociarse con agrupaciones minoritarias o testimoniales de actividad nula que se mantienen en estado de hibernación hasta las instancias electorales, para que sus armadores negocien con las castas principales cargos y privilegios, configurando coaliciones inestables y carentes de programas de gobierno explícitos. A lo que se suma absurdos permitidos, como que legisladores ingresados en listas presuntamente opositoras, una vez en ejercicio del cargo las abandonen, y armen bloques “independientes” para negociar nuevas prebendas con el poder. O que procesados por corrupción en y en contra el Estado puedan ejercer cargos públicos relevantes. En esta liquidez política, ni siquiera el comunismo asoma como riesgo, pues nuestros revolucionarios y defensores del pueblo operan desde Puerto Madero, Recoleta y lujosos barrios cerrados. Este es el principal problema argentino, avalado e irresuelto por las castas gobernantes.

Ante la ostensible mediocridad política existente desde hace décadas, es razonable pensar que todo acuerdo y/o consenso que excluyendo impunidades judiciales permitan cambios estructurales con trascendencia a futuro, deben encabezarlo Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Ambos ejercieron la máxima responsabilidad institucional, mantienen el mayor caudal de votos, y simbolizan las diferencias llamadas “grietas”. Aunque pareciera irrealizable, históricamente los acuerdos trascendentes en la guerra o en la paz se legitiman suscritos por los reales jefes de los bandos enfrentados, no por los oportunistas o timoratos que quieren reemplazarlos. No es tiempo de entretener a la sociedad con híbridos y falaces debates ideológicos ante el peligro que nos acecha: el caos.

Buenos Aires, 21 de julio 2021

Lenguaje de castas

Tras definir como castas a las dirigencias políticas y corporativas responsables de nuestra decadencia, para explicar su prolongada permanencia  es necesario conocer los instrumentos que utilizan. Ya se mencionó el sistema electoral, armado para limitar el derecho ciudadano a elegir a sus representantes, e internamente condicionar todo intento de renovación política que exceda a la decisión de los jefes de castas. Cabe ahora analizar el discurso político que conecta al poder público con los ciudadanos, no desde la prediseñada masividad de la propaganda, sino desde la singularidad de las expresiones personales. Para ello se adjunta un listado cronológico de frases públicas con sus autores y fechas, para plantearse dos interrogantes: 1) muestran diferencias conceptuales a través del tiempo?; 2) priorizan esclarecer a la sociedad o a las pujas entre castas?

Históricas

“Hay que pasar el invierno” (ministro Alvaro Alsogaray; crisis 1959)

“Hay que sincerar la economía” (ministro Celestino Rodrigo; crisis 1975)

“El que apuesta al dólar pierde” (ministro Lorenzo Sigault; crisis 1981)

“El que depositó dólares recibirá dólares” (presidente Duhalde; crisis 2001/02)

“Primero tenemos que plantearnos el país que queremos” (frase universal de las castas cuando se les pide propuestas concretas)

“Hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente” (frase universal de las castas gobernantes durante procesos electorales)

“Vengo a pedir perdón de parte del Estado argentino por la vergüenza de haber callado por veinte años de democracia tantas atrocidades” (Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004). Posdata: perdón Raúl Alfonsín.

Actuales

“Derrotar a la inflación es fácil” (Mauricio Macri en campaña electoral 2015)

“Hay cosas que dan vergüenza del gobierno de Cristina, pero más de Macri” (Felipe Solá; febrero 2019)

“Que Cristina vuelva, pero sin chorros” (Juan Grabois; marzo 2019)

“Si deja Cambiemos, podemos sumar a Lousteau a gran frente contra Larreta” (Mariano Recalde; abril 2019)

“El dólar está totalmente subvaluado” (Alberto Fernández; julio 2019)

“Macri provocó la devaluación” (sindicalista bancario Palazzo; agosto 2019)

“Mauricio Macri tenía un componente mafioso por sus ancestros calabreses” (Cristina Kirchner desde Cuba, marzo 2020)

“Prefiero diez por ciento más de pobres y no cien mil muertos en la Argentina” (Alberto Fernández, reportaje del periodista Fontevecchia; abril 2020)

“La actual conformación de la Corte Suprema está agotada” (Leopoldo Moreau; mayo 2020)

“Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años” (Alberto Fernández; septiembre 2020)

“Veo a Alberto Fernández “grogui” como De la Rúa o yo” (Eduardo Duhalde; septiembre 2020)

“El cepo es sintonía de desequilibrios. No venimos a aguantar, sino a tranquilizar la economía” (ministro Martín Guzmán; septiembre 2020)

“A Bullrich le conozco todas las caras, no puede especular conmigo” (Elisa Carrió; junio 2021)

Tras este breve ejercicio para entender el lenguaje de las castas políticas, vale un consejo del escritor Ray Bradbury acorde a las circunstancias: “Apaguen todo. Patrullen la casa para desconectar los enchufes de la televisión, la radio, el fax y la computadora. Vayan a sentarse al porche con un vaso de vodka con limón, una libreta, un lápiz, y piensen de verdad”

Buenos Aires, 14 de julio 2021

Castas sólidas e ideas líquidas

En su obra “La política” Aristóteles expresaba: “Si los primeros Estados han sido sometidos a los reyes, y si las grandes naciones lo están aún, es porque todos se han formado de elementos habituados a la autoridad real”. Si bien este pensamiento pareciera extemporáneo, es aplicable a dictaduras, feudalismos y autocracias actuales. En nuestro país más de una generación se desenvolvió habituada a los mismos políticos, empresarios y sindicalistas que sumergieron al país en el atraso y la pobreza.  

Esta continuidad hace suponer que las transformaciones no surgirán desde las cúspides de poder, sino de consensos ciudadanos de base sin artificiales grietas. Esa intención nunca plasmada en acciones concretas deberá iniciarse cuanto antes, pues la ya grave situación económico-social del país se verá agravada en el corto plazo. Lejos de ser una predicción alarmista, es una realidad reconocida públicamente por los propios actores políticos, empresarios y sindicales, cuando fijan como fecha para redefinir las vigentes políticas de contención de tarifas, congelamiento parcial de precios, valor del dólar mantenido con costosas intervenciones del Banco Central, renovación permanente de acuerdos paritarios, prórrogas de prohibición de despidos a privados, entre otras medidas, todo ello sin realizar desembolsos relevantes de pagos de deudas externas e internas, al acto eleccionario del próximo 14 de noviembre. Es ante este panorama inevitable de agravamiento de la crisis, que la ciudadanía, en un marco democrático, deberá impulsar cambios profundos que las castas que la provocaron no realizarán, porque sus pretendidas ideologías son líquidas, mientras sus objetivos son conservadores. Por lo que la llamada “clase política”, como se denominan a quienes ejercen al rol de representación democrática de modo circunstancial, ha sido sustituida por “castas políticas”, que caracterizan a quienes perduran en base a linajes que comparten privilegios y nepotismos, apoyados en un sistema electoral limitante del derecho ciudadano a elegir.

Para lograr consensos entre ciudadanos carentes de instituciones de calidad que les permitan intermediar con el poder, previamente se deberá detectar las falacias conceptuales, discursivas y de políticas públicas aplicadas desde hace más de tres décadas, partiendo del derecho a la información en su saludable diversidad, para procesarla en cuanto a racionalidad y veracidad. No es fácil, porque las castas apelan al secretismo y desinformación. En cuanto al derecho de convocarse para peticionar, si bien se mostró coyunturalmente eficaz en temas como frenar intentos políticos de desactivar causas de corrupción, o recientemente ampliar a otros laboratorios las posibilidades de adquirir vacunas contra el Covid, los reclamos deberán ser consistentes, coordinados y sustentables, para evitar que se repita el emocional “que se vayan todos” en la crisis 2001-2002, que concluyó en que se quedaran casi todos.

En cuanto a lo discursivo y propagandístico, la responsabilidad de identificar las contradicciones y/o insustancialidades de los mensajes no recae en el emisor político (sea oficialista u opositor), sino en el receptor (el ciudadano común). En uno de sus histriónicos discursos, Mussolini decía: “El hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer”. En el proceso comunicacional que relaciona a gobernantes con gobernados, es necesario entender el léxico utilizado por nuestras castas, caracterizado por la insustancialidad conceptual, la grandilocuencia discursiva, el presentar a la opinión personal como información, el falsear datos, el agraviar para ocultar problemas, y el pretender mimetizarse tras simbologías patrióticas y/o históricas (Patria, País), entre otras técnicas.

Dado que en la próxima reflexión se darán ejemplos del vocabulario y modismos de las castas, cabe concluir citando la frase más utilizada por políticos de todas las tendencias, que quizás inadvertidamente, explicita el fracaso o cinismo de quienes gobiernan desde hace décadas: “es necesario definir qué país queremos”.

Buenos Aires, 07 de julio 2021

La indignación de Vallejos

El próximo 24 de julio vencerá el plazo de presentación de candidaturas para renovar 128 diputados y 24 senadores, a través de las inamovibles listas cerradas o sábanas. Durante esta etapa bianual, en la que el ciudadano podrá observar los comportamientos y expresiones individuales de nuestras castas políticas, pujarán con fervor para acceder a una banca quienes desean renovarla (todos), y quienes pretenden acceder a dicho privilegio (muchos). Las listas, cual marquesina teatral, podrán incluir alguna figura popular, mientras repetidos políticos temerosos de dejar de pertenecer al mundo de los privilegios, resucitarán a las apuradas la fracasada tercera opción o vía del medio. Vencido el plazo y retirados del campo de batalla los postergados y resentidos, lo individual dará paso a lo grupal, retomándose la “grieta” discursiva que proclama virtudes propias y destaca vicios de opositores.   

Esta ansiedad generalizada por ser legislador contrasta con la reciente indignación pública manifestada en un tuit por la diputada Fernanda Vallejos en cuanto a las dietas, ante las críticas provocadas por el aumento del 40% otorgado por Cristina Kirchner y Sergio Massa a los legisladores y trabajadores del Congreso, a tan solo seis meses de que aprobaran una inflación del 29% en el presupuesto 2021. Señaló la diputada Vallejos que “los diputados argentinos tenemos el salario más bajo (mucho más) de toda la región. Casi que da vergüenza. Los de Juntos por el Cambio no están por esa plata. ¡Por favor! Ellos son todos ricos. Están porque capturando el Estado garantizan los verdaderos negocios del poder económico, al que responden”, y criticó “que un CEO de cualquier empresa gane más que un representante de la voluntad popular”.

En el marco de una situación económica-social crítica y de deterioro creciente, su opinión es relevante debido a su formación profesional (es economista) y pertenecer a una nueva generación política, por lo cual la convicción que transmite transparenta la disociación de las castas políticas con la sociedad que dicen representar. Analicemos sus indignaciones.

1.- “Diputados argentinos tienen los salarios más bajos de la región”. En la relación institución-desarrollo social, omite decir que nuestro país tiene los indicadores de inflación, pobreza y desocupación no solo mucho más altos en la región, sino en el mundo. Básicamente producto de ineficacias legislativas asociadas el poder ejecutivo, con leyes oportunistas, confusas y cambiantes.  

2.- “Los diputados de Juntos por el Cambio no están por esa plata. Ellos son todos ricos. Están en la legislatura para garantizar los verdaderos negocios del poder económico”. Cabe recordar que su coalición gobernante tiene mayoría en ambas Cámaras, en las que también existen “ricos”, comenzando por su líder Cristina Kirchner, su hijo Máximo y Mendiguren, entre otros. Ni hablar si a esta categorización agregamos gobernadores y sindicalistas. En cuanto a negocios del poder económico, la diputada Vallejos debiera reparar en la aprobación de leyes que licúan enormes deudas impositivas de empresarios procesados, o permiten adquisiciones y/o fusiones de empresas en base a refinanciaciones ruinosas de deudas con el Estado. Para saquear recursos públicos se asocian funcionarios, empresarios y testaferros sin prejuicios ideológicos, lo que explica la persistencia para hacer caer las causas judiciales por corrupción que involucran a políticos y empresarios asociados.

3.- “Indigna que un CEO de cualquier empresa gane más que un representante de la voluntad popular”. Respecto a la dieta actual de$ 240.711 brutos, más gastos de movilidad y desarraigo, se omite mencionar lo más grave: un legislador no tiene la obligación de asistencia al trabajo, ni de entender o presentar proyectos. Se le otorgan más de diez “asesores” a su elección, usualmente familiares, amigos y recomendados, que tampoco tienen obligación de asistencia, y solo cumplen tareas de apoyo en la carrera política del legislador. En algunos casos, legisladores autoproclamados como “independientes”, agregan beneficios negociando sus votos. Un CEO, con menores privilegios y más salario (es verdad), si no satisface el afán de lucro de quien lo emplea, o la empresa quiebra por mala praxis o políticas públicas erráticas, termina en la calle. Un legislador, aunque no trabaje o carezca de capacidad no corre ningún riesgo. En cuanto a la voluntad popular, cabe recordar que se ingresa por lista sábana, no por elección individual del votante.

Quizás la diputada Vallejos entienda ahora porque existen tantas tensiones en el armado de las listas legislativas, ante el temor de muchos políticos de dejar de pertenecer a las castas privilegiadas y tener que conseguir trabajo en el llano.

Buenos Aires, 30 de junio 2021

Secretismo no es confidencialidad

Tras la irrupción de la pandemia, el gobierno mostró una tranquilizante racionalidad comunicacional, a través de conferencias de prensa quincenales que compartían de modo ameno Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. La estrategia inicial consistió en una cuarentena estricta durante la cual incrementar el número de camas de terapia intensiva, y evaluar los avances que países desarrollados y grandes laboratorios tenían en la búsqueda de vacunas contra el virus. Pero las castas políticas, más acostumbradas a las pullas entre sus miembros que a pensar en el bien común, en poco tiempo abandonaron la racionalidad para dar lugar a su habitual mediocridad.

El primer mojón discursivo lo produjo el presidente cuando planteó a la vida y a la economía como opciones, no como preocupaciones simultáneas. Más aún en una sociedad en la que coexisten quienes cobran salario aunque no trabajen, con los que no comen sino trabajan. En plena pandemia comenzaron a surgir acciones políticas sectoriales y descoordinadas, tales como intentos de expropiaciones y usurpaciones, impunidad judicial, afectación unilateral de coparticipaciones, y tras la aparición de las primeras vacunas, gestiones de compras que mimetizaban intereses de funcionarios con empresarios. Es en este contexto que debe analizarse el discurso político, que en lugar de informar a los ciudadanos la dinámica que interrelaciona laboratorios, provisión de vacunas, logística de traslado y aplicación, evaluación de resultados y evolución de la pandemia, transparentó la ausencia de una conducción unificada y confiable, que aunara lo operativo con lo científico a través de la comisión oficial de infectólogos, que extrañamente no incluía a la Anmat, organismo que debe aprobar las vacunas. Pese a lo cual, el gobierno intentó hacer recaer en periodistas y opositores las dudas generadas por la natural multiplicidad de opiniones científicas y políticas respecto a pandemia y vacunas, en las que coexistían conocimiento, hipótesis y necedad. Por ejemplo, funcionarios del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, sin ningún fundamento ni apoyo científico, expresaron que no era necesario que la segunda dosis de la vacuna Sputnik se aplique dentro de las doce semanas como fuera originalmente anunciado. De tal modo, lo discursivo ingresó en la bruma de la confusión, ocultamiento y estupidez, generando inquietud e interrogantes no clarificados.

En un viaje reciente, la ministra de Salud Vizzotti verificó en México la entrega de vacunas AstraZeneca, y firmó en Cuba un contrato por provisión de vacunas que se producirían en dicho país, sobre el cual no se explayó aduciendo “confidencialidad”. Concepto aplicable al campo privado (confesión, médico, periodismo), pero no a lo público, que en casos extremos aplica el término “reservado”. Dicho lo cual, no se comprenden las razones por las cuales dicha “confidencialidad” impida informar a la sociedad el tipo de vacuna cubana, etapa en desarrollo, cantidades ofrecidas, entregas estimadas y contraprestaciones establecidas. Tampoco Vizzotti informó porque dicho viaje excluyó al vecino Estados Unidos para establecer contactos directos con los laboratorios de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Ello nos recuerda que también se desconoce a quienes en el gobierno tienen las atribuciones para concentrar todo lo atinente al manejo de la pandemia desde lo comunicacional, contractual, gestión ante proveedores y planificación logística. Tal omisión hace sospechar que la mentada confidencialidad, en realidad encubre secretismo, que caracteriza a los burócratas que se niegan a informar asuntos públicos, habitual en dictaduras, autocracias o gobiernos poco democráticos. Esta situación facilita mensajes políticos falaces, oscurantistas e incluso delirantes, sin que la oposición aporte claridad al respecto. Sirvan los siguientes ejemplos.

“Pfizer me ponía en una situación muy violenta por exigencias” (presidente Fernández) “Las vacunas Pfizer no nos hacen falta; además son de logística complicada” (diputada Mara Brawer) “Es mentira que Pfizer haya comprometido 13,2 millones de dosis” (presidente de la Comisión de Salud, diputado Pablo Yedlin). “Pfizer exigió como garantía hielos continentales” (Jorge Rachid, médico asesor del gobernador Kicillof). “Según información periodística Perú y Brasil tuvieron que conceder sus recursos naturales a Pfizer. Aunque no conozco los contratos, sé que fueron muy complicados” (diputada Cecilia Moreau). “No compramos las vacunas Pfizer porque son caras” (jefe de gabinete Cafiero). La ausencia de verdad ante la ciudadanía forma parte del secretismo, con el que colabora muchas veces la impericia de la oposición. No es casual, tras quince meses de pandemia, que solo se mantenga clara la instrucción de usar barbijo, lavarse las manos y mantener distanciamiento.

Buenos Aires, 23 de junio 2021

Ceos, científicos y burócratas

Nuestras castas políticas no se presentan como planificadoras de un futuro virtuoso, sino como reparadoras del pasado prometiendo “reconstruir al país”, pese a mantener el mismo sustrato político, gremial y empresario causante de los fracasos. Situación que se agrava en años electorales, en los que para triunfar, adoptan medidas de efectos económico-sociales destructivos en el corto plazo. Como votantes comunes, es prioritario detectar las falacias del discurso político, nexo comunicacional entre gobernante y gobernados. Hechos recientes brindan un excelente campo de análisis.

Al plantear Fernández en su eslogan electoral que su gobierno “no será de CEOS sino de científicos”, omitió a un sector políticamente esencial: el burócrata, funcionario público con responsabilidad de conducir y administrar. Un requisito ineludible para todos es el de capacidad de gestión para obtener resultados. Mientras el CEO refiere a directores ejecutivos en grandes empresas, y el científico sea en el campo privado o público, tiene la relevante tarea de generar nuevos conocimientos, el burócrata político es quien determina la impronta de un país, pues posee potestades para legislar, ejecutar y juzgar, y quien determina políticas a futuro. Todos los sectores además, debieran cumplir con los requisitos de formación y honestidad. Sin olvidar que las ineficacias de los CEOS, que manejan capitales privados, se refleja en los balances. Mientras que las de los burócratas, que manejan recursos públicos aportados por todos los argentinos, se traducen en los índices de inflación, pobreza y desocupación. Las diferencias aumentan cuando las castas políticas juegan a ser CEOS para manejar lo público, como el diputado Massa poniendo a su esposa al frente de la empresa Aysa, y el gobernador Morales a la suya en el directorio del Banco Nación.

El surgimiento de una pandemia de proyecciones aún indefinidas, puso a prueba a partir de marzo del 2020 el gobierno de científicos anunciado por Fernández, en el que coexisten burócratas (conducción, planificación y legislación), científicos (asesoramientos e investigación), y estrategias comunicacionales (discurso político). Esta interrelación debe evaluarse en cuanto a capacidad de gestionar el recurso vacunas, planificar logísticas, procesar resultados y emitir mensajes convincentes, para afrontar con éxito una pandemia que a nivel mundial presentará coyunturas sanitarias y farmacológicas cambiantes en el mediano plazo. El contexto no excluye pujas entre intereses económicos y juegos geopolíticos inevitables entre potencias y países desarrollados, pero demenciales en países con bajos niveles económicos y sociales como el nuestro. Dado que nuestras castas políticas manejarán la emergencia, por añadidura en medio de una campaña electoral que siempre les es de interés prioritario aún en pandemia, es oportuno reflexionar sobre las acciones y planteos discursivos políticos, preocupantes de mantenerse a futuro. Partamos de un breve resumen ordenador de antecedentes de hechos y declaraciones oficiales relevantes en el año 2020.

1) El 20 de marzo, conformada una mesa asesora de científicos epidemiólogos, el gobierno estableció una cuarentena estricta hasta el día 31 de ese mes. Tras 13 prórrogas sucesivas, finalizó de hecho el 31 de octubre.

2) En julio, tras reunirse con el representante de Pfizer en nuestro país, que utilizó a 6.000 argentinos para la etapa de experimentación, el presidente anunció el compromiso de la empresa para entregar 12,3 millones de dosis.  

3) En agosto se anunció oficialmente que a través del empresario argentino Hugo Sigman, se contrató con la empresa AstraZeneca la provisión de 22,4 millones de vacunas, a producirse con México y la Argentina asociadas.

4) En diciembre, en conferencia de prensa se anunció la firma de un contrato con Rusia para vacunar entre enero y febrero del 2021 a 10 millones de personas con dos dosis, o sea, 20 millones de vacunas Sputnik.

5) El 25 de diciembre del 2020 llegaron al país las primeras vacunas, con el envío de 300.000 dosis Sputnik. Se comienza a vacunar.

En la próxima reflexión se analizarán las contradicciones discursivas acumuladas en el presente año, pese a la experiencia transitada en el 2020. Las palabras claves a considerar serán confidencialidad, garantía, negligencia, esencial, estratégico, desorganización.

Buenos Aires, 16 de junio 2021

Engañar fingiendo virtud

Aceptada la hipótesis que la decadencia argentina es causada por castas políticas, gremiales y empresarias que carecen de grietas ideológicas y/o partidarias insalvables cuando en un marco de baja calidad institucional se negocia poder, cabe analizar el fenómeno de su permanencia por décadas, comenzando por la propaganda emitida a través del discurso político.  

La propaganda política moderna nació a inicios del siglo pasado en el seno de las tres dictaduras movilizadoras de masas: comunismo, fascismo y nazismo. Las tres comparten como instrumentos los avances tecnológicos (radio, cine, televisión), y las reglas básicas de la propaganda (simplificación, orquestación, unanimidad y contagio, etc.), diferenciándose en las metas proclamadas. Las de Lenin eran reales, aunque ocultaba las formas de lograrlas. Las de Goebbels no explicitaban metas ciertas, sino buscaban exaltar a las masas a través de promesas, mentiras, gritos o amenazas. Ambas opciones propagandísticas continúan vigentes en la modernidad, con independencia de que los gobiernos sean de derecha o izquierda. En nuestras castas vernáculas se combinan el ocultamiento de las metas con la exaltación y grandilocuencia discursiva. Lo curioso es que pese a los reiterados fracasos y promesas incumplidas, nuestras castas repiten esta estrategia sin variantes, lo que abre el interrogante respecto a alcanzar un peligroso punto de hartazgo en la sociedad. Un ejemplo reciente ante una nueva crisis de deudas externas (extrañamente nunca se habla de las internas, no menos graves), es repetir el recurso de anunciar la presentación de una denuncia penal contra el gobierno anterior y funcionarios del FMI como cómplices, por supuesta ilegitimidad de la deuda asumida.

El objetivo de estas denuncias es presentar a los denunciantes (gobierno) como víctimas de la crisis, y a su vez paladines de la honestidad en defensa de los intereses nacionales. En esta oportunidad, con la incongruencia de que un gobierno que encabeza una fuerte embestida contra el poder judicial para lograr impunidad de funcionarios y empresarios en casos de corrupción, pretenda otorgar a su denuncia fines virtuosos. Esta estrategia solo admisible tras una dictadura, es inaceptable en sucesiones democráticas en las que tanto oficialistas como opositores poseen todos los organismos e instrumentos de control de fuga de divisas y lavado de dinero, con la tecnología necesaria para lograr inmediatez en la información. Tal es así, que la justicia deberá pedir al Banco Central y Tesorería del Ministerio de Economía la documentación necesaria para determinar delitos si los hubiere. Ello augura que las denuncias no tendrán resultados concretos, pues las castas políticas las usan para simular virtud y/o coaccionar, no para proteger y/o recuperar patrimonios mal habidos.

Un claro ejemplo avala este supuesto. En el año 2001 se constituyó una Comisión Legislativa conformada por nueve diputados para Investigar la fuga de divisas y lavado de dinero. La documentación de base provino de una investigación realizada por el Senado de Estados Unidos, que a partir de un testigo reservado que trabajara con el fallecido banquero argentino Raúl Moneta, logró el levantamiento del secreto bancario en dicho país. La que involucraba a importantes políticos, empresarios y empresas argentinas, cuya base financiera de traslado de fondos se ubicó en Uruguay y Panamá, fue enviada en 18 cajas a nuestra Comisión vernácula purificadora. Un detalle a prestar atención es que las investigaciones probatorias que se inician en el exterior con involucrados argentinos (FIFA Gate; Panamá Papers; Paradise Papers, Odebrecht), se diluyen en nuestro país, probablemente porque los involucrados cubren todo el espectro político e ideológico sin grietas, por lo que investigar y sancionar es meramente escenográfico. Tras cuatro meses de trabajo, las conclusiones se dieron a conocer en agosto del 2001, en cuatro informes distintos. Léase bien: nueve diputados, cuatro informes. El suizo Giannakopoulos, director de la organización no gubernamental especializada en el estudio de redes criminales Inside Co. que actuó como asesor de los legisladores, criticó la falta de homogeneidad y consenso del informe, señalando que era un recurso político de manual para licuar su efectividad.

Los nombres de los legisladores intervinientes, agrupados por cada uno de los cuatro informes, es el siguiente: 1) Carrió y Ocaña (ARI), Gutiérrez (Demócrata de Mendoza) y Vitar (Frepaso); 2) Cristina Kirchner y el fallecido Soria, padre del actual Ministro de Justicia (PJ); 3) Stolbizer y Pernasetti (UCR), y 4) Scioli (PJ). Si quedan dudas respecto a las intenciones investigativas de las castas, nueves meses más tarde y en plena crisis del 2002, el Senado derogaba la ley de Subversión Económica entonces vigente, quitando a la justicia la principal herramienta para sancionar delitos financieros. Nombres casi todos vigentes, viejas siglas partidarias y los nulos resultados obtenidos, clarifican el daño que causan las castas políticas al patrimonio de los argentinos.    

Buenos Aires, 09 de junio 2021

Las castas nunca pagan

Hay dos términos interrelacionados y contrapuestos: crédito y deuda. Obtener y devolver, opciones que definen a cumplidores e insolventes. Estos últimos pueden sacrificar bienes propios para cumplir, o bien invocar excusas para no pagar, haciendo de la insolvencia una forma de vida, vicio que en el campo político presenta un denominador histórico: las castas hereditarias recaudan, gastan, pero no devuelven; sus saldos siempre son negativos. Al respecto Argentina ofrece una recurrencia internacional inédita, considerando que su insolvencia se remonta al empréstito tomado en 1824 con la Banca Baring para financiar obras públicas. Pasemos a la actualidad.   

El 22 de diciembre del 2001 el designado presidente interino Rodríguez Saá en un mensaje histórico, anunciaba la suspensión del pago de la deuda externa, aduciendo “que ese dinero lo utilizaremos para los planes de creación de fuentes de trabajo y progreso social” (textual). La grabación de la escena con la mayoría de los legisladores estallando en vítores, es ubicable en Internet. La inflación era del 1,1 % negativa (convertibilidad), y la pobreza el 29,3%. Tras diez días como presidente, Rodríguez Saá fue reemplazado por Duhalde, que el 2 de enero resolvió entre otras medidas, confiscar los ahorros particulares, canjeándolos por opciones financieras diversas de largo plazo, mientras los grandes deudores licuaban sus deudas. La sociedad comprendió entonces que el festejo legislativo no respondía a un supuesto progreso social futuro sino a la sobrevivencia de los privilegios políticos, provocando el reclamo popular “que se vayan todos”. Veinte años más tarde, con muchos de los responsables políticos de entonces vigentes, 40% de inflación y casi 50% de pobreza, se repiten procedimientos, discursos y el objetivo de mantener privilegios.   

El reciente pronunciamiento ”25 de mayo” reclamando el no pago de la deuda con el FMI y Club de París, es un ejemplo. La mayoría de sus avaladores, sean como funcionarios, proveedores o prestadores de servicios, son beneficiarios de recursos estatales. Como por ejemplo el ex juez Zaffaroni, con una jubilación de $ 853.000 mensuales; el ex vicepresidente Boudou condenado por corrupción y una pensión de $ 320.000 mensuales, y el abogado constitucionalista Barcesat, con un contrato de asesor en el Ministerio de Agricultura, que oficia de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para castas políticas. Evitando prometer que lo no pagado se destinará “al progreso social” como en el 2001, se utilizó el abarcador concepto de proteger al “pueblo argentino”, que tiene la virtud de incluir a las castas políticas. Ante estos antecedentes cabe resaltar viejas falacias conceptuales y engaños discursivos que se mantienen inmutables, para entender los daños presentes y futuros. 

Asumiendo la obviedad que las deudas y sus vencimientos vigentes son impagables, el desafío inmediato consiste en definir como negociar, no como pagar. Así sucedió con las crisis de deudas que años atrás afrontaran países como México, Rusia, Portugal y Grecia. En cuanto a lo que las propagandas políticas distorsionan, se debe tener presente que cuando se reclama “no pagar al FMI”, en realidad se plantea no pagar a los países que lo integran y aportaron el capital. El FMI es un organismo técnico creado para asistir a países en crisis con recursos de los países integrantes, encargado de elaborar un preacuerdo con el país en crisis, y una vez aprobado, realizar el seguimiento del cumplimiento de las acciones establecidas. Peculiar es el caso del Club de París, formado en 1956 por países europeos, cuya primera tarea fue la de renegociar la deuda que con muchos de ellos tenía la Argentina. La última renegociación la realizó en el 2014 el entonces ministro de Economía Axel Kicillof por una deuda en default de u$s 5.000 millones, que tras la negociación se transformó en u$s 9.600 millones, entre capital, intereses y punitorios.

Las deudas no son de Menem, Kirchner o Macri, sino del Estado argentino. Pero en nuestro caso, lo que preocupa es que su resolución estará en mano de las mismas castas políticas que en las sucesivas crisis, y en especial a partir de la del 2001-2002, no solo se mantuvieron económicamente indemnes, sino incrementaron sus privilegios, las estructuras burocráticas ineficientes de sostén, y la corrupción estatal-privada. Es en este punto donde las castas apelan a la estrategia de las falacias discursivas y altisonantes que intentan montar espectáculos que encubran las propias responsabilidades. La habitual es denunciar penalmente supuestas deudas ilegítimas y fuga de capitales, o constituir comisiones investigadoras legislativas para tal fin. Para ejemplificar el engaño, en la próxima newsletter se recordará una Comisión legislativa integrada para investigar la fuga de divisas en el período 2001-2002 a través de instituciones financieras. El nombre de sus integrantes y conclusiones serán indicativos no solo de que estas denuncias buscan distraer en lugar de esclarecer, sino la real existencia de castas políticas.  

Buenos Aires, 02 de mayo 2021

Canje de especias políticas

Definir alineamientos basados en generalidades (neoliberalismo o populismo), o nombres (Kirchner o Macri), evita al emisor el ejercicio de argumentar, y al receptor el de pensar. Entender la permanencia de las castas políticas responsables de nuestra decadencia económico-social, exige detectar las argucias institucionales que lo posibilitan. Entre ellas la legitimidad de representación de los legisladores, actualmente debatiendo el intento de designar en el Senado al jefe de los fiscales con la mayoría absoluta de sus miembros, en lugar de los dos tercios vigentes. Modificación que implicaría que el procurador fuera elegido por quienes tienen procesos por corrupción, lo que ningún legislador desconoce.

El artículo 22 de la Constitución expresa que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución”. Pero la actual legislación impone que los legisladores se eligen a través de listas sábanas o cerradas armadas por las castas políticas, impidiendo que el ciudadano elija individualmente a sus representantes según sus méritos y antecedentes. Si a esta limitante se agrega la licuación de identidades partidarias, cabe preguntarse a quiénes representa realmente cada legislador; si a los que los incluyeron en las listas, a los gobernadores o a los distritos. La duda se incrementa ante distorsiones que burlan al votante, como el caso de quienes asumen integrando determinada lista sábana, para luego abandonar dicho espacio político autoproclamándose “independientes”, para integrar interbloques que como tales, nadie votó, afectando de este modo la representación porcentual del voto ciudadano. Es el caso reciente de los diputados Ansaloni (Buenos Aires), Beatriz Avila (Tucumán) y Carambia (Santa Cruz), que abandonaron el PRO. Una situación similar afrontó el kirchnerismo cuando perdió la elección presidencial. Por lo que el sistema electoral vigente presenta un doble perjuicio de representatividad: preelectoral (ingresa en lista sábana), y poselectoral (abandona la lista para negociar como independiente). Existen además interbloques sobre los que el gobierno opera para negociar, que se referencian en provincias (cuatro cordobeses; tres misioneros); en partidos (dos socialistas santafesinos), o en políticos (tres lavagnistas). El interrogante sobre qué bases de representatividad utilizarán para fijar postura y aprobar leyes se mantiene.    

En cuanto a las vías de gestión para decidir posturas, se reactivan viejas estrategias: el canje de especias políticas. O lo que el ex diputado Monzó, entre aplausos de los presentes en el recinto, llamara “la rosca”. El parlamentarismo (parlar, hablar), supone negociar, acordar. Pero los acuerdos tienen que sustentarse en mayorías legítimas, no distorsionadas por reconfiguraciones poselectorales que nadie votó. Un gobernador puede ser convencido con obras del poder central o aumentos impositivos coparticipables, pero al menos representa a una provincia. Por el contrario, los mutados en “independientes” se representan a sí mismos. En algunos casos con debilidades a tener en cuenta: de los diez legisladores sobre los que opera el gobierno para tener quórum a fin de tratar el tema procurador, ocho finalizan su mandato el próximo doce de diciembre. Y como sabemos, la carne es débil.

Un ejemplo de lo expuesto es el legislador mendocino José Luis Ramón (Partido Intransigente), cuyo mandato vence en diciembre próximo. Adquirió exposición pública encabezando un reducido interbloque que promueve el apoyo al proyecto oficial. Ramón tuvo la franqueza de declarar públicamente cual fue la “especie” que acordó con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, para brindar apoyo: la creación de una Procuraduría de Defensa de los Usuarios y Consumidores, organismo irrelevante pagado por una población empobrecida, para que librepensadores no tengan que trabajar como ciudadanos comunes a partir de diciembre. Por ello es importante en procesos preelectorales como el presente, en los que la escena pública para el armado de las listas sábanas la monopolizan políticos conocidos desde hace décadas, prestar atención a los antecedentes de los candidatos ubicados en posiciones inferiores con posibilidad de ingresar, tarea en la que el periodismo puede cumplir un rol esclarecedor inestimable. Sabiendo que las ubicaciones en las listas una vez elegidos y asumidos los legisladores, pierden relevancia. Cada legislador es un voto. Y muchos pueden transmutar en “independientes”.

Buenos Aires, 26 de mayo 2021