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Cómo funciona la AFI?

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), años atrás llamada SIDE, conforma con otros organismos militares, de seguridad y policiales el Sistema de Inteligencia de la Nación (ley 25.520), cuya misión es la de proteger la seguridad exterior e interior del país. Sin embargo, la SIDE/AFI se destaca desde hace más de tres décadas por ser parte en todos los escándalos políticos (sobresueldos a funcionarios; sobornos a senadores; maniobras ilegales). Pese a lo cual se mantiene inalterable. Será porque en contextos de alta corrupción estatal, en lugar de ser un organismo profesional de inteligencia, es un útil instrumento para operaciones políticas?.

Lograr una respuesta implica alejarse de lo escenográfico para detenernos en aspectos claves que emergen de las causas judiciales, que en simultáneo tramitan los jueces federales Ramos Padilla, Augé y de Giorgi, y generan interrogantes que no son planteados en los debates. Si tomamos como punto de partida el conflicto entre el poderoso agente Stiuso y el entonces ministro Béliz en el año 2004, se conocieron públicamente a la fecha como integrantes del organismo, sean secretarios, directores, personal de planta o contratados, veintitrés nombres con cierto orden cronológico: Stiuso, Vila, Larcher, Mena, Taihade, Pocino, Parrilli, Arribas, Magdalani, Caamaño, López, Bogoliuk, Degastaldi, Barreiro, Miragaya, Alan Ruiz, Dalmau Pereyra, Martín Coste, Araque, Melo, Sáez, Matta y Funes Silva. Tal movilidad laboral jerárquica en los integrantes de planta en un período de tan solo 16 años, demuestra que tanto la profesionalidad a través de funcionarios de carrera, como el cumplimiento del requisito de reserva, no son virtudes del organismo. Muchos de los nombres señalados transparentan las fuertes conexiones existentes en el seno de la AFI, entre los poderes ejecutivo (conducción); legislativo (control), judicial (jueces y fiscales) y Consejo de Magistratura, que aglutina a diez representantes de los tres poderes del Estado, y tres de entes privados. No es un detalle menor. El “oscuro mundo de los servicios de inteligencia”, es un cabal reflejo del “oscuro mundo de la política”.

A partir de esta realidad se abre un sinnúmero de interrogantes. Uno de ellos referido a la forma de seleccionar a los agentes de inteligencia, dado que dentro de la AFI funciona la Escuela Nacional de Inteligencia, encargada de formar, capacitar y perfeccionar a todo el personal perteneciente al sistema de inteligencia nacional. Cuál es el plan de estudios y duración de la carrera para ingresar a la AFI? Es condición necesaria cursarla y aprobarla para actuar como agente en planta permanente? Existe un escalafón que determine ascensos según méritos y posgrados de perfeccionamiento, o en la práctica los niveles de conducción son políticos? Estas dudas nacen en que muchos de los involucrados en las causas se presentan como “ex agentes”. Se retiraron por jubilación, voluntad propia o fueron echados? Sean activos o retirados, cumplen con el requisito de guardar secreto establecido en el artículo 12° del decreto reglamentario?

Nuevos interrogantes surgen cuando las crónicas periodísticas presentan a espías como “inorgánicos” y contratados. Inorgánico define químicamente a sustancias que no forman parte de seres vivos; en este caso, a quienes no pertenecen a la AFI. En esta condición, tienen acceso a instalaciones y al personal? Policialmente hay un término menos sofisticado pero más explícito: soplones, que se mueven en un ámbito delictivo y brindan información a contactos policiales. Es esta la función de los “inorgánicos”? Por la asociación de nombres que surgen públicamente no lo pareciera. En cuanto al personal contratado, debe prestar servicios transitorios por tiempo determinado. Se cumple este requisito, o como en la administración pública, este personal sin formación específica es contratado por tiempo indefinido, con acceso a áreas de inteligencia? Estos interrogantes deberán ser respondidos por el presidente Fernández, quien debe fijar anualmente los lineamientos estratégicos y objetivos de la Inteligencia Nacional, la fiscal Caamaño, interventora de la AFI, y quienes integran la Bicameral legislativa de Seguimiento, en especial de la oposición (hay que ganarse la dieta de cada día).

Retornando al campo judicial, y entendidas las fuertes interrelaciones políticas que confluyen en la AFI y las dudas en cuanto a su estructura, las causas en curso cobran mayor relevancia. Todos los servicios cuentan con direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia, esta última para detectar y desarmar operaciones de inteligencia. El desafío de los jueces será diferenciar entre unas y otras. Y eventualmente, constatar un uso externo de información confidencial destinada a amenazar y coaccionar, como sucediera en el caso DAlessio, que lamentablemente el juez Ramos Padilla demora en elevar a juicio oral y público. Que como dato de color, muestra un aparente paradigma del espía argentino: DAlessio se presentaba como tal en programas televisivos, sin que se detectara su engaño.

Buenos Aires, 22 de julio 2020

Espiar qué y para qué?

En un país con alta corrupción estatal asociada a privados, desentrañar la “manada” de causas judiciales por espionaje presenta una dificultad: muchos de los corruptos operan en altos niveles institucionales. Pero al eliminarse el recurso del secreto por la gran cantidad de espías y personajes intervinientes, se facilita obtener resultados, sanciones y cambios estructurales, siempre y cuando se eluda la trampa política de encapsular la investigación solo en la AFI, y evitar llegar a los juicios orales y públicos, que es la única forma de responder al histórico reclamo “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Lo públicamente conocido a la fecha indica que las investigaciones se enfocan en un hecho delictivo específico: espionaje ilegal a figuras políticas y sociales locales, a través de escuchas telefónicas, fotos y filmaciones. Al respecto no pueden obviarse los avances tecnológicos, que permiten a cualquier ciudadano con un celular, grabar conversaciones y filmar sucesos, que registren primicias informativas, revelen actos de corrupción o armen escenarios para litigios privados. Así se filmaron y trascendieron asambleas gremiales en las que el sindicalista de taxistas Viviani impulsaba que sus afiliados apedrearan taxis que no se adhirieran a una huelga, o que el piloto de Aerolíneas Argentinas Biró, arengara combatir a Macri. A ello se agrega información obtenida a través de cámaras de seguridad, sean públicas (bolsos de López arrojados en un convento), o privadas (un grupo de Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero). Lo que hace usual que a través de fuentes o de simples ciudadanos, el periodismo obtenga en cuestión de horas información de un fallo judicial, un peritaje o documentos. Realidades tecnológicas de uso masivo, que en principio no son delictivas.

Cuando este accionar se traslada al campo institucional a través de un servicio de inteligencia, debe cumplir normativas que definen el carácter legal o ilegal del espionaje. Debemos recordar que los objetivos de los servicios de inteligencia, según los contextos políticos, pueden ser descubrir o encubrir; combatir el delito o asociarse a él, proteger información o comercializarla. A mayor corrupción estatal, habrá menor profesionalidad y mayores oportunidades delictivas para sus agentes. No en vano la mayor causa de corrupción pública-privada nació de los cuadernos de un chofer, y no de investigaciones de la AFI. Por ello para analizar los próximos capítulos de esta zaga de suspenso, debemos reparar en ciertas inconsistencias. Las escuchas hechas públicas pueden parecer impactantes periodísticamente (D`Elía como nexo con iraníes; el apodo de Parrilli dado por la vicepresidenta; Moyano tomando un “champusardo” con un juez; Tinelli negociando un árbitro con Grondona; el diputado Valdez anunciando a Baratta, horas antes de la denuncia del empresario Etchebest en el juzgado federal de Dolores, la operación “Puf Puf” de la causa “cuadernos”), pero no configuran delito ni aportan judicialmente. Si se la compara con declaraciones públicas recientes, tales como “A tu maldito Macri lo fusilaría en Plaza de Mayo y de espaldas al pueblo” (Luis D Elía); “Macri tiene que estar colgado en Plaza de Mayo” (sindicalista “Pata” Medina); “Quiero ver a Macri con casco y chaleco entrando a Tribunales” (Pablo Moyano), las escuchas conocidas hasta pueden considerarse divertidas.

Si a ello se agrega un burdo espionaje al Instituto Patria que descubre un simple agente municipal de tránsito, o un diskette olvidado en la AFI por un anónimo agente de “inteligencia”, las causas judiciales por espionaje ilegal lejos de perder relevancia adquieren mayor gravedad, porque surge la sospecha que tras el operativo “indignación” existe una estrategia de inteligencia clásica: entretener públicamente con irrelevancias, mientras se mantienen ocultos los objetivos reales, que aglutinan entre supuestas víctimas y victimarios, a espías nada secretos, procesados por corrupción, delincuentes marginales, jueces y fiscales sospechados y un tropel de abogados que entrecruzan espionaje, causas y defendidos. Y que tamaña movilización no responde a resarcimientos morales, sino a intereses millonarios. De ahí la importancia del interrogante inicial aún sin respuesta: espiar qué y para qué?

Por ello debiera preocupar la injustificada demora del juez Ramos Padilla en elevar a juicio oral la causa D`Alessio, que brindaría muchas respuestas. En lo inmediato, para continuar desmenuzando capítulos de la historia de espías, cabe plantearse una nueva pregunta: cómo funciona la AFI?

Buenos Aires, 15 de julio de 2020

Reuniones en el Titanic

Conservadurismo es un término que tiene la virtud de encerrar en sí mismo su significado: conservar. Aplicado a lo político, el objetivo no es conservar tradiciones o valores religiosos, sino poder. Sus beneficiarios, con independencia de proclamadas ideologías supuestamente divergentes, coinciden en generar estructuras burocráticas que les permiten sostener su poder y privilegios a lo largo del tiempo. Reacios a las reformas o cambios sociales, a sus gobernados empobrecidos los contienen con dádivas que llaman subsidios. Reconocer esta condición que caracteriza a gran parte de nuestra dirigencia política encaramada en el Estado desde hace décadas, vale como punto de partida para analizar la coyuntura, urgencias y futuro próximo, en un contexto agravado por una inédita pandemia que trastocó las habituales problemáticas internas y externas del país.

Toda emergencia reclama niveles de conducción con la capacidad y experiencia necesarias para enfrentarla y minimizar daños inevitables, requisitos que supuestamente cumpliría una dirigencia casi hereditaria. Por el contrario, transcurridos más de siete meses de elegido, el gobierno continúa sin tener un plan definido con cambios estructurales imprescindibles, plasmados en un presupuesto. Tal parálisis conductiva plácidamente acompañada por las oposiciones, se intenta disimular con dispersas y concurridas reuniones de altos funcionarios con gobernadores, empresarios, gremialistas y variados consejos consultivos, que en lugar de debatir y acordar acciones integradoras y factibles de largo plazo, sus asistentes califican ante la prensa como desarrolladas en un “clima de cordialidad”. Situación que recuerda la escena de la orquesta tocando en cubierta durante el hundimiento del Titanic, en medio del caos para sobrevivir.

En paralelo se reiteran viejos recursos conservadores para que nade cambie: delegación de atribuciones constitucionales para que se gobierne por decreto; afectación de jubilaciones manteniendo las de privilegio; creación de impuestos para financiar estructuras burocráticas insostenibles, interrupción de la inacción judicial solo para gestiones relacionadas con mantener la impunidad; intervención de la empresa Vicentín por sobre el juez que entiende en su convocatoria sin “reuniones cordiales” previas. Los fracasos se disimulan como siempre: subsidiando pobreza con recursos públicos que se manejan como propios. Para tales incongruencias se presenta como excusa a la renegociación de la deuda externa con privados y la pandemia, que ofrecen un rasgo común: no tienen plazos de cierre definidos. Lo que paradójicamente, debiera obligar a una frenética actividad coordinada entre ejecutivo, legislativo, sectores de la producción y del trabajo, para modificar coherentemente estructuras burocráticas, sistema impositivo, regímenes laborales, financiero y judicial, que definan un rumbo de al menos una década. Muchos de los nuevos escenarios futuros quedaron expuestos durante el aislamiento: trabajos a distancia con recursos tecnológicos (sistema bancario; parcialmente educación y salud; comercio); flexibilización forzosa de la añeja legislación laboral; surgimiento de nuevas empresas innovadoras en software y tecnología, con alta ocupación de mano de obra y volúmenes exportables. De no planificar ya, la pandemia provocará que una vez más, se apele a acciones coyunturales, oportunistas y caóticas (caso Vicentín).

Para las transformaciones necesarias es de utilidad el reconocimiento explícito del gobierno de no considerar como “trabajadores esenciales” en épocas de crisis, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, y mayoría de organismos públicos, con cargos y salarios asegurados, mientras los llamados “esenciales” son trabajadores públicos y privados de salarios medios y bajos. Lo que muestra la falsedad del mensaje que para lograr un Estado menos gravoso y más eficiente sean necesarios despidos masivos. Los afectados serían los niveles superiores de la pirámide: organismos irrelevantes, cargos jerárquicos prescindibles, puestos de asesores y coordinadores, los que cobran dos o más salarios públicos, y los que no tienen concurrencia a sus trabajos.

En cuanto a la renegociación actual de deuda, la clásica frase política “no negociaré a costa del hambre del pueblo”, explicita que ya existen pautas y parámetros para negociar los futuros desembolsos. A los inversores privados no les interesa mayormente si hay programa de gobierno, sino lograr las tasas de interés más altas posibles, porque los nuevos bonos de inmediato recircularán por el mundo financiero. Pero en la postergada negociación con el FMI, que no aceptará reducciones de capital pero extenderá plazos, se exigirá el hoy inexistente programa, que además de hacer viables los futuros desembolsos, debiera promover un desarrollo nacional virtuoso para que no exista “hambre en el pueblo argentino”, que tanto preocupa a las familias políticas.

Dado que la responsabilidad del funcionamiento y calidad de vida de un país, sea comunista o capitalista, recae exclusivamente en la eficacia de su Estado, que es el que legisla, controla, ejecuta y juzga, lo que la clase política conservadora en sus actos y progresista en lo discursivo, deberá esclarecer en lo inmediato si para concretar transformaciones virtuosas, resignará privilegios.

Buenos Aires, 10 de junio 2020

Espionaje en manada

Las actuales e innumerables causas judiciales por espionaje, debieran tomarse como una nueva oportunidad para desactivar una trama de corrupción estatal-privada vigente desde hace décadas. El ciudadano común interesado podría analizarlas cual investigador amateur, que en lugar de absorber pasivamente la información obtenida a través de los diversos medios de comunicación, la procese e interrelacione para formularse interrogantes que no tienen respuesta en las diversas manifestaciones públicas. El primero de ellos sería elemental: porqué los partícipes en estas causas actúan por fuera del secreto, principio básico del espionaje? Comencemos a interconectar datos.

Universalmente, el objetivo del espionaje es obtener en forma encubierta información confidencial o secreta relevante para la seguridad exterior y/o interior de un país, con foco en actividades militares, terroristas, narcotráfico, industriales, financieras e informáticas. Tarea vital que exige alta profesionalidad e inteligencia, lo que no excluye el uso del soborno, el chantaje y la traición. Sin embargo, de nuestros servicios llamados “de inteligencia”, no se conocen éxitos en delitos complejos de origen externo (léase atentados a la embajada de Israel y a la Amia, pacto con Irán y muerte de Nisman), ni existen “arrepentidos” para explicar tal ineficacia, como los que sí se presentan a raudales en casos de sobornos y corrupción estatal local. Cabe preguntarse entonces: quiénes son los responsables de la falta de profesionalidad del organismo, y de mantener intocable su estructura, que la fiscal Caamaño pareciera no modificar? En principio, la AFI no puede evaluarse como ente autónomo dependiente del Poder Ejecutivo, sino como eslabón de una cadena operativa que además del Ejecutivo, integran el poder judicial federal, la bicameral legislativa de seguimiento, y el Consejo de la Magistratura, cuya actividad para sancionar a los malos jueces es nula. Ello facilita una impunidad institucional que integran protagonistas activos (delinquir) y pasivos (dejar hacer), lo que explicaría que quienes conducen circunstancialmente a la AFI no sean de carrera, sino roten entre diversos roles de dicha cadena, pudiendo ser diputados, intermediario de futbolistas o una fiscal federal.

Un dato llamativo, inédito en servicios de inteligencia, es la cantidad de involucrados en las distintas causas. Si excluimos a los políticos al frente del organismo (Parrilli, Magdalani, Arribas, Caamaño), y a los testigos también conocidos, muchos de ellos procesados por corrupción que manifiestan su indignación por haber sido espiados, es interesante detenerse en los numerosos nombres, si bien desconocidos para el público, forman una subtrama con variadas funciones y nexos entre ellos. En la causa del juez Ramos Padilla, figuran D`Alessio, Etchebest, Traficante, Degastaldi, Bogoliuk, Bidone, Barreiro, Bouzat, Luffi, Robles, Bindi, Guijo, Hortel, Liñani, Cifuentes, Brusa Dovat, Santoro y Stiusso. En la del juez  Augé, que absorbió la del juez Villena, figuran hasta el momento “Verdura” Rodríguez, Ruiz, Nieto, Martinengo, Melo, Araque, Sáez, Funes Silva, Dalman Pereyra, Matta, Leiva, Terra, Lasaigues, Bustos, Baldasarre, Tenorio, Fermani, Flores, Ochoa, Cicarelli, entre otros. En cuanto al juez De Giorgi, que tiene la denuncia de la interventora de la AFI, y la causa contra Cristina Kirchner por poseer en Calafate documentación de inteligencia, aún no realizó arrestos y/o indagatorias. La última novedad de esta “manada” de arrestos y denuncias la protagonizó el juez Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura, denunciando ante el juzgado federal de Campana haber sido víctima de una escucha ilegal por la cual trascendió su opinión manifestada a 184 integrantes de un grupo de whatsapp judicial, referida a la Corte y reclamos salariales. Lo llamativo es que descartó como responsable de la filtración a los 184 integrantes del grupo.

Llegados a este punto, debemos recordar que en las novelas de espionaje no cabe la frase “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, sino “todos son sospechosos hasta que se demuestre que son inocentes”. El misterio en los clásicos del espionaje reside en descubrir a traidores propios o infiltrados externos, y sus células de apoyo. En las investigaciones locales, la dificultad estriba en la cantidad de sospechosos infiltrados en instituciones del Estado, que lejos de actuar como “topos”, mantienen una alta influencia pública. Para seguir la trama, cabe poner el foco en el objetivo de las operaciones, y en el delito denunciado. Como los objetivos, sean legales o ilegales son a la fecha incomprobables, el elemento tangible es el delito denunciado: escuchas ilegales. Lo que lleva a preguntarse acerca del uso que pretendieron darle los responsables: chantajes, amenazas en busca de otros fines, hacer caer causas de corrupción? La causa D`Alessio, que el juez federal de Dolores Ramos Padilla lamentablemente demora en elevar a juicio oral, seguramente daría respuesta a estos interrogantes. En lo inmediato, cabe reflexionar el próximo miércoles si realmente las escuchas hechas públicas en medios de comunicación son trascendentes, o meramente entretenidas.

Buenos Aires, 08 de julio 2020

Espías y espiados reversibles

En su estudio del movimiento de cuerpos, el físico Newton explicó que a una fuerza en determinado sentido (acción), se le opone otra de igual valor y sentido contrario (reacción). Pero las acciones y reacciones humanas, al carecer de precisión científica, debieran analizarse aplicando el concepto de reversibilidad, que define lo que puede usarse tanto en un sentido como en el inverso, y coexistir en una misma persona. Bajo esta óptica de contrapuestos fluctuantes (propaganda con contrapropaganda; espionaje con contraespionaje y justicia con impunidad), deberán desentrañarse las actuales causas de espionaje, por las que desfilan actores públicos y privados relacionados con causas de corrupción. Para lo cual se considerarán antecedentes, factor de simultaneidad judicial, origen de cada causa, partícipes, y desenlaces posibles.

Respecto a los antecedentes de causasrelacionadas con servicios de inteligencia, útiles para detectar similitudes e incongruencias con las vigentes, en la última reflexión se citaron tres: sobresueldos en el gobierno de Menem; supuestos sobornos a senadores en la gestión De la Rúa, y conflicto Béliz-Stiusso durante el gobierno de Néstor Kirchner. Respecto al factor de simultaneidad, es llamativo que investigaciones complejas y en principio reservadas, se tramiten simultáneamente, hasta ahora, en cuatro juzgados federales: el de Dolores (juez Ramos Padilla); el 8 (juez Martínez de Giorgi, que además subroga el 11, del fallecido juez Bonadío); el 1 de Lomas de Zamora (juez Federico Villena), y el 2 de esta localidad (juez Juan Pabló Augé).

En cuanto al origen de las causas, el detallees el siguiente: a) la del juez Ramos Padilla se inició el 29 de enero del 2019, con el empresario Etchebest denunciando al falso abogado D Alessio, que invocando al fiscal Stornelli, le exigió una coima para no involucrarlo en la causa “cuadernos”, en la que Etchebest nunca estuvo incluido. b) la causa del juez Di Giorgi nació cuando la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció el 26 de mayo pasado el hallazgo de un disco rígido, con supuestos espionajes a figuras políticas y sociales, que un desconocido y olvidadizo espía dejara en el organismo (recordar el anónimo que apareció en el año 2000 en el Senado, denunciando coimas a senadores). Este juzgado también investiga a Cristina Kirchner, por habérsele encontrado en su vivienda en Calafate durante el allanamiento de agosto del 2018 ordenado por el juez Bonadío, carpetas de inteligencia sobre políticos y jueces. c)  la del juzgado del juez Villena, activo en causas de drogas, se origina en las revelaciones que, tras su detención, formulara el narcotraficante Sergio Rodríguez, alias “Verdura”, mencionando que había sido utilizado por un ex agente de la AFI, Facundo Melo, para colocar una bomba intimidatoria a otro ex espía, y que poseía evidencias de una estructura ilegal de espionaje. d) la del juez Juan Pablo Augé se origina en agosto del 2018, cuando integrantes del Instituto Patria denunciaron que al solicitar un agente de tránsito documentos a tres personas estacionadas en un auto en la cuadra del Instituto, se constató que eran espías y el vehículo pertenecía a la AFI. El hecho confirmaría la alta profesionalidad de nuestros espías, que supera a la del inspector Clouseau.

En campo de los partícipes, sean denunciantes o denunciados,abundan personajes relacionados con causas de corrupción, en un marco de declaraciones mediáticas rimbombantes alejadas de la reserva y seriedad que ameritan las investigaciones. Los numerosos agentes de inteligencia citados son presentados bajo distintos ropajes: activos, retirados, contratados, inorgánicos, expulsados, falsos, y excepcionalmente, “secretos” (testigo A, B, etc.). Respecto a los supuestos arrepentimientos (caso Pontaquarto en el 2008), cabe recordar que en el juego político no son morales o religiosos, sino terrenales. A partir de la eficaz ley 27304 promulgada en el 2016 para delitos complejos (entre ellos la corrupción), la designación correcta es imputado arrepentido. Para ser aceptado como tal y firmar un acuerdo de colaboración, el fiscal y el juez intervinientes deben considerar que los datos que presente el denunciante contra niveles superiores al suyo para reducir su pena, sean precisos y comprobables.

En cuanto a los desenlaces posibles, los abundantesantecedentes de muchos políticos, jueces y fiscales, indican que las “familias” políticas no priorizan la verdad, sino las operaciones de desprestigio e impunidad. Es así como condenado en dos instancias, Menem es hoy senador. O que en diciembre pasado la Cámara Federal de Mar del Plata debió solicitarle al juez Ramos Padilla que cerrara la etapa investigativa de la causa D Alessio para iniciar el juicio oral, lo que no hizo a la fecha. Ello explica que hoy fervorosos acusadores en paralelo intenten desactivar los juicos orales y públicos por corrupción estatal-privada. Estos antecedentes hacen suponer que el organismo SIDE, AFI o como se lo rebautice, no sufrirá cambios estructurales, ni la sociedad tendrá información sobre su funcionamiento, selección y formación del personal.

Como ciudadanos comunes, nuestra una única alternativa para evitar continuar sometidos a este juego, será la de exigir investigaciones en plazos razonables (un año, como en la causa cuadernos), y en los casos que corresponda, se realicen los juicios orales y públicos que definan culpabilidades e inocencias.

Buenos Aires, 01 de julio de 2020

El espionaje como sátira

El repetido tema de los servicios de inteligencia del Estado pareciera más cercano a una sátira, en la que los supuestos agentes, antes que profesionales   especializados recuerdan al ridículo inspector Clouseau en la famosa serie La Pantera Rosa. Y que confirma que desde hace décadas, en un contexto en el que procesados por corrupción pueden gobernar, legislar y ser funcionarios, la “inteligencia” estatal no se dedica a la seguridad nacional, sino que participa de una corrupción nacional que involucra a presidentes, políticos, jueces, fiscales, narcotraficantes y barras bravas.

Profundizar este planteo implica clarificar la diferencia entre espionaje e inteligencia. El primero es una actividad de campo para obtener información (vigilancia, fotos, escuchas). La inteligencia procesa y sistematiza dicha información para detectar actividades criminales y de seguridad. En los personajes que desfilan por causas judiciales y medios de comunicación, la inteligencia brilla por su ausencia. Otro aspecto a tener presente, es que a la actividad de inteligencia se le opone la contrainteligencia, que busca afectar determinadas investigaciones, o bien utilizarlas en beneficio propio. Por ejemplo, hacer caer causas de corrupción estatal-privada. En síntesis; se tenga como objetivo combatir la criminalidad o formar parte de ella, los procedimientos son los mismos. En un contexto de alta corrupción estatal-privada, este doble juego redituable, puede simultáneamente facilitar el saqueo de recursos públicos y la impunidad de los saqueadores.

En cuanto a la escasa profesionalidad de los servicios, la responsabilidad es excluyentemente política. No existen en el mundo servicios eficaces con conductores que además de carecer de formación específica, roten entre distintos cargos públicos. En 30 años desfilaron entre otros Anzorregui, Santibáñez, Larcher, Mena, Parrili, Arribas, Majdalani, Caamaño. El marco político lo cierra la complicidad “sin grietas” de la multipartidaria Comisión Bicameral de Seguimiento, que debiera controlar al organismo en sus aspectos orgánicos, operativos y presupuestarios, y no solo no lo hace, sino que cínicamente, opera citando a denunciantes sin obligación de decir verdad. Ello explica que la mal llamada “inteligencia” no sirviera para descubrir a los responsables del atentado a la embajada de Israel, a la mutual Amia o la muerte de Nisman. Para mantener esta útil inutilidad del organismo, existe un factor clave para los políticos: los fondos reservados, presentes en recordados escándalos de corrupción. Se citan tres viejos antecedentes cuyos partícipes, pasados más de 20 años aún mantienen vigencia. Esto permitirá entender el derrotero de las actuales denuncias, no solo en su metodología, sino en sus posibles desenlaces.  

En diciembre del 2015 el Tribunal Oral 4, en fallo ratificado por la Cámara de Casación, condenó al ex presidente Menem y otros funcionarios por haber pagado durante su mandato sobresueldos con fondos de gastos reservados de la SIDE. Ello se constató por haberlo confesado la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública. Desde el primer pago en 1990 hasta el dictamen, pasaron 25 años.

Tras la aprobación de una Reforma Laboral en abril del 2000, en el mismo año un tal Bravo encontró en el Senado un anónimo que denunciaba el pago de coimas a doce senadores justicialistas y radicales. A cargo del expediente judicial estuvieron cronológicamente los jueces Liporace (fue apartado por enriquecimiento ilícito), Canicoba Corral y Rafecas. En el 2003, tras una reunión con el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández, se presentó en tribunales como arrepentido el ex secretario parlamentario radical Pontaquarto, confesando haber repartido 5.000.000 de dólares obtenidos de fondos reservados de la SIDE. Tras 300 declaraciones, incluidos agentes de la SIDE relevados de su obligación de confidencialidad, en fallo ratificado por la Cámara Federal de Casación, en abril del 2015 el Tribunal Oral Federal 3 resolvió la absolución de todos los acusados por no haberse presentado pruebas fehacientes. Las actuaciones judiciales duraron 15 años.

En julio del 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces Ministro de Justicia Gustavo Béliz acusó públicamente en un programa televisivo a Jaime Stiusso, entonces director de Operaciones de la SIDE, por sus manejos ilegales. Tras la denuncia, Béliz debió residir en el exterior, y Stiusso continuó en funciones hasta enero del 2015, en el que se lo relevó en medio de acusaciones cruzadas por la firma del pacto con Irán. Pasados 16 años, Béliz es actualmente un importante funcionario de Gobierno, Stiusso está jubilado, y las denuncias en sede judicial no avanzaron.

Estos antecedentes facilitarán que en la reflexión del miércoles próximo se analicen las analogías con la actualidad, que entrecruzan “inspectores Clouseau”, políticos, corruptos, cómplices, jueces y fiscales.

Buenos Aires, 24 de junio de 2020

Vicentín es nuestra o ajena?

La reciente decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentín, muestra un resquebrajamiento del riguroso aislamiento social de quienes pretenden gobernar de modo unitario. Decisiones trascendentes se adoptan mediante decretos; se legisla con presencia física de representantes del gobierno mientras los opositores gesticulan en centenares de pantallas, y el poder judicial permanece cerrado a la actividad privada, pero receptivo a denuncias políticas realizadas con el estratégico objetivo de hacer caer las causas de corrupción estatal-privada, sean juicios orales iniciados o próximos a iniciarse. Vicentín debiera configurar un quiebre de este bloqueo institucional, no solo por sus múltiples aspectos legales, judiciales, económicos y laborales, sino por explicitar una estrategia política que se mantendrá a futuro.

Dado que los análisis u opiniones tienen inevitablemente preconceptos, se deben explicitar sus hipótesis de trabajo. Se destacan cinco: 1) Se utiliza como fuentes de información las de un ciudadano común: prensa oral y escrita identificable, con eventuales citas textuales.  2) Se considera relevante que nuestras dirigencias conforman “familias políticas” con vigencia desde hace más de 25 años (o sea una generación), lo que facilitará detectar contradicciones, oportunismos y falacias discursivas. 3) Las reflexiones  políticas serán de aplicación a oficialismo y oposiciones, para evitar “grietas” que anulen toda racionalidad. Neutralizando además clásicos recursos propagandísticos llamados “de orquestación”, que utilizan tanto mafias como políticos, haciendo pasar operaciones como investigaciones para lograr impunidad: nosotros robamos, pero ustedes también. 4) Aceptar que el gobierno tiene una líder operativa e ideológica excluyente: Cristina Kirchner. Seguir anhelando un “albertismo” o bien es una ingenuidad, o intenta generar una cuña en la cúpula del poder. Fernández, Massa o Solá, a quienes Maquiavelo les recordaría que “los que estuvieron en varios lugares terminan no estando en ninguno”, no reúnen condiciones de liderazgo para oponérsele. 5) Las “peleas” entre integrantes del gobierno, o expresiones delirantes de sus miembros o adherentes, cumplen un objetivo propagandístico de distracción para quitar centralidad a las oposiciones. Cuentan con la aceptación del líder; caso contrario, serían eyectados del poder.

En el caso Vicentín, lo primero que aflora en el anuncio del presidente el lunes 8 de junio, es una decisión intempestiva, sin mayor análisis en cuanto a su implementación y consecuencias. Dada su complejidad, en lo inmediato se puede opinar sobre dos aspectos: antecedentes similares y estrategia discursiva. Los innumerables antecedentes explican el atraso del país. Se podría comenzar señalando dos quiebras históricas de alimenticias: Swift (década del 70), y Sasetru (década del 80). Con integrantes del actual gobierno, se destacan cuatro referencias: Aerolíneas Argentinas/Austral; YPF, Ciccone y crisis de la cooperativa Sancor. Todos ellos con costos millonarios para el Estado, sea en indemnizaciones y/o pérdidas de juicios, y gravosas conducciones estatales. Por YPF por ejemplo, aún hoy litigan en EE. UU. por miles de millones de dólares contra el país, la familia Esquenazzi, dueños del Banco Santa Cruz.

En cuanto a lo discursivo, tanto en su presentación como en posteriores aclaraciones, el presidente Fernández utilizó como justificación de la decisión términos variados y contradictorios: intervención transitoria, salvataje, expropiación, empresa testigo, soberanía alimentaria, entre otros, generando múltiples interpretaciones y confusión. Como profesor, merece un aplazo. Más útil para análisis fundados fue la criticada y escasamente debatida frase de la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos: “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”. Si se presta atención, la propia diputada brinda en la frase una clave que demuestra que su propuesta es inaplicable en nuestro país: habla de economías desarrolladas. Bajo esta condición, que lograron no sin esfuerzo países que sufrieron guerras, las políticas serían distintas. En Alemania por ejemplo, en la crisis financiera del 2008 su gobierno compró acciones de empresas en dificultades, no para designar  burócratas en su manejo, sino para venderlas a mejor precio una vez superada la emergencia. Más aún, en este y otros países, desde hace años se está avanzando en políticas de cogestión entre empresarios y trabajadores.

En las economías desarrolladas no hay inflación sistémica, carencia de moneda propia, repetidas insolvencias para pagar deudas, legislaciones laborales de hace 40 años, y una permanente corrupción del Estado asociada a privados, sostenida por castas políticas.

Buenos Aires, 17 de junio 2020

Reuniones en el Titanic

Conservadurismo es un término que tiene la virtud de encerrar en sí mismo su significado: conservar. Aplicado a lo político, el objetivo no es conservar tradiciones o valores religiosos, sino poder. Sus beneficiarios, con independencia de proclamadas ideologías supuestamente divergentes, coinciden en generar estructuras burocráticas que les permiten sostener su poder y privilegios a lo largo del tiempo. Reacios a las reformas o cambios sociales, a sus gobernados empobrecidos los contienen con dádivas que llaman subsidios. Reconocer esta condición que caracteriza a gran parte de nuestra dirigencia política encaramada en el Estado desde hace décadas, vale como punto de partida para analizar la coyuntura, urgencias y futuro próximo, en un contexto agravado por una inédita pandemia que trastocó las habituales problemáticas internas y externas del país.

Toda emergencia reclama niveles de conducción con la capacidad y experiencia necesarias para enfrentarla y minimizar daños inevitables, requisitos que supuestamente cumpliría una dirigencia casi hereditaria. Por el contrario, transcurridos más de siete meses de elegido, el gobierno continúa sin tener un plan definido con cambios estructurales imprescindibles, plasmados en un presupuesto. Tal parálisis conductiva plácidamente acompañada por las oposiciones, se intenta disimular con dispersas y concurridas reuniones de altos funcionarios con gobernadores, empresarios, gremialistas y variados consejos consultivos, que en lugar de debatir y acordar acciones integradoras y factibles de largo plazo, sus asistentes califican ante la prensa como desarrolladas en un “clima de cordialidad”. Situación que recuerda la escena de la orquesta tocando en cubierta durante el hundimiento del Titanic, en medio del caos para sobrevivir.

En paralelo se reiteran viejos recursos conservadores para que nade cambie: delegación de atribuciones constitucionales para que se gobierne por decreto; afectación de jubilaciones manteniendo las de privilegio; creación de impuestos para financiar estructuras burocráticas insostenibles, interrupción de la inacción judicial solo para gestiones relacionadas con mantener la impunidad; intervención de la empresa Vicentín por sobre el juez que entiende en su convocatoria sin “reuniones cordiales” previas. Los fracasos se disimulan como siempre: subsidiando pobreza con recursos públicos que se manejan como propios. Para tales incongruencias se presenta como excusa a la renegociación de la deuda externa con privados y la pandemia, que ofrecen un rasgo común: no tienen plazos de cierre definidos. Lo que paradójicamente, debiera obligar a una frenética actividad coordinada entre ejecutivo, legislativo, sectores de la producción y del trabajo, para modificar coherentemente estructuras burocráticas, sistema impositivo, regímenes laborales, financiero y judicial, que definan un rumbo de al menos una década. Muchos de los nuevos escenarios futuros quedaron expuestos durante el aislamiento: trabajos a distancia con recursos tecnológicos (sistema bancario; parcialmente educación y salud; comercio); flexibilización forzosa de la añeja legislación laboral; surgimiento de nuevas empresas innovadoras en software y tecnología, con alta ocupación de mano de obra y volúmenes exportables. De no planificar ya, la pandemia provocará que una vez más, se apele a acciones coyunturales, oportunistas y caóticas (caso Vicentín).

Para las transformaciones necesarias es de utilidad el reconocimiento explícito del gobierno de no considerar como “trabajadores esenciales” en épocas de crisis, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, y mayoría de organismos públicos, con cargos y salarios asegurados, mientras los llamados “esenciales” son trabajadores públicos y privados de salarios medios y bajos. Lo que muestra la falsedad del mensaje que para lograr un Estado menos gravoso y más eficiente sean necesarios despidos masivos. Los afectados serían los niveles superiores de la pirámide: organismos irrelevantes, cargos jerárquicos prescindibles, puestos de asesores y coordinadores, los que cobran dos o más salarios públicos, y los que no tienen concurrencia a sus trabajos.

En cuanto a la renegociación actual de deuda, la clásica frase política “no negociaré a costa del hambre del pueblo”, explicita que ya existen pautas y parámetros para negociar los futuros desembolsos. A los inversores privados no les interesa mayormente si hay programa de gobierno, sino lograr las tasas de interés más altas posibles, porque los nuevos bonos de inmediato recircularán por el mundo financiero. Pero en la postergada negociación con el FMI, que no aceptará reducciones de capital pero extenderá plazos, se exigirá el hoy inexistente programa, que además de hacer viables los futuros desembolsos, debiera promover un desarrollo nacional virtuoso para que no exista “hambre en el pueblo argentino”, que tanto preocupa a las familias políticas.

Dado que la responsabilidad del funcionamiento y calidad de vida de un país, sea comunista o capitalista, recae exclusivamente en la eficacia de su Estado, que es el que legisla, controla, ejecuta y juzga, lo que la clase política conservadora en sus actos y progresista en lo discursivo, deberá esclarecer en lo inmediato si para concretar transformaciones virtuosas, resignará privilegios.

Buenos Aires, 11 de marzo 2020

Quién manda?

No tener identificado al que manda y ejecuta en una organización, sea política, empresarial, religiosa, militar o delictiva, preanuncia serios problemas. Políticamente, Max Weber definía al poder como “la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena”. Los niveles de concentración de mando varían, según se trate de gobiernos dictatoriales, autocráticos, populistas o republicanos. Sus soportes pueden ser militares, instituciones democráticas plenas, o burocracias sometidas al poder con escenografías democráticas. El poder político, la jefatura de gobierno, la responsabilidad ejecutiva, no se comparte: no puede ser dual. Y debe transmitirse con claridad a los gobernados, sean libres o sojuzgados. Cuando a la conducción se la considera delegada, sea forzosa u oportunista, una grave crisis será inevitable.

En nuestro país, el Artículo 99 de la Constitución expresa que el Presidente de la Nación “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”. No prevé que entre el presidente y demás funcionarios exista una autoridad intermedia que comparta esta responsabilidad, como podría ser un Primer Ministro. Con este mandato constitucional, conviven condiciones lesivas para una república: un fuerte presidencialismo basado en la excepcionalidad; federalismo limitado con resabios caudillescos (Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero, Formosa); ausencia de partidos políticos estables; estructura estatal sobredimensionada incapaz de cumplir funciones básicas (educación, salud, seguridad y justicia); crisis económicas recurrentes, pobreza, corrupción estatal-privada con alta impunidad, y un contexto internacional signado por la pandemia.

La fórmula presidencial que triunfó en la elección del 2019 presenta antecedentes inéditos: el integrante con mayor estructura y caudal de votos (Kirchner), designó como candidato a presidente a quien carece de ambas condiciones (Fernández). Si nos remontamos a la historia, en 1973 Perón estaba proscripto cuando designó a Cámpora al frente de la fórmula, quien aceptó su rol de delegado. Tras 49 días en el cargo, fue reemplazado por Perón. Distinto es el poder delegado cuando el elector está en el llano. Tal el caso de Duhalde-Néstor Kirchner en el 2003. El elegido venía de gobernar férreamente a Santa Cruz, y no le llevó esfuerzo una vez asumida la presidencia, deshacerse de Duhalde. Cuando fue el vicepresidente  quien entró en conflicto con el presidente, como sucediera con De la Rúa-Carlos Alvarez (1999), las consecuencias fueron nefastas. Originó el golpe institucional que obligó a la renuncia del presidente y derivó en la crisis 2001-2002

Ante estos antecedentes, se debe recordar que la estrategia acuerdista y distribución de roles del actual gobierno se sustentó en tres objetivos, difíciles de cumplir con Cristina Kirchner como presidenta: 1) triunfo electoral; 2) acuerdo con acreedores externos privados e institucionales; 3) desactivación de las causas de corrupción estatal-privada en trámite. Ya en la campaña electoral se jugó con la dualidad “institucionalidad” (Fernández) y “populismo” (Kirchner), y en favor de Fernández, se debe reconocer que no ocultó los objetivos, al manifestar la necesidad de no entrar en una nueva cesación de pagos, y criticar a jueces que llevaron adelante las causas de corrupción. Tras las consagración de la fórmula Fernández-Kirchner, la distribución de cargos transparentó donde residía el poder. Los relacionados con importantes recursos presupuestarios y organismos de control quedaron en manos del kirchnerismo. El equipo de confianza del presidente, con poder administrativo antes que político, quedó reducido a Santiago Caffiero, Vilma Ibarra y Gustavo Béliz, dedicados a controlar y asesorar la prolijidad de los actos jurídicos presidenciales. En cuanto a la respetada doctora Losardo al frente del Ministerio de Justicia, bajo su supuesta dependencia se ubicaron funcionarios kirchneristas que actúan con total autonomía en cuanto a estrategias de impunidad.

En este contexto llegó la pandemia, y el 19 de marzo comenzó la etapa de aislamiento, que incluyó a instituciones republicanas esenciales, como los poderes legislativo y judicial. Ante una situación sanitaria tan traumática en lo social-económico, en un país altamente vulnerable y sin horizonte definido, sería oportuno no distraerse con reiteraciones analíticas que intentan establecer quién manda. Es momento de exigir políticas de gobierno hacia el futuro basadas en un plan integral hoy inexistente, provengan de donde provengan, y sería conveniente que Fernández abandone discursos fluctuantes y contradictorios que mellan su credibilidad. Maquiavelo decía que “quien quiere estar en todos lados termina no estando en ninguno”. Pero la misma responsabilidad que se le reclama al gobierno le cabe a la oposición. Sea para formular propuestas creativas y virtuosas, como proteger a la ciudadanía de prácticas fascistas y antidemocráticas. La enorme crisis presente y futura exigirá profundas transformaciones estructurales que de no ser las adecuadas, concluirán en caos.

Los incumplimientos no serán demandados por Dios, la Patria o la Historia, sino por los ciudadanos empobrecidos y carentes de privilegios.

Buenos Aires, 03 de junio de 2020

Centralismos familiares

El artículo primero de nuestra Constitución establece que la Nación Argentina “adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. La República es una organización del Estado conformada por entidades territoriales con cierto nivel de autonomía llamadas provincias, y los que gobiernan (Gobierno), son elegidos mediante el voto popular para ejercer el poder por períodos de tiempo limitados. Nuestro sistema político cumple con éstos requisitos? O responde a un poder centralizado en manos de grupos con reminiscencias familiares, que promueven artilugios legales para limitar el derecho ciudadano de elegir, minimizar el federalismo de las provincias (con beneplácito de muchos gobernadores), coptar instituciones, eternizarse en el poder, y apropiarse de recursos públicos con impunidad?

Analizar esta hipótesis durante la pandemia es oportuno, porque en estas circunstancias los hechos predominan por sobre las elaboraciones dialécticas, y exhiben admisiones explícitas por parte del poder político. Como la de excluir como trabajadores “esenciales” para realizar tareas y transitar durante el aislamiento, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, gran parte del ejecutivo y servicios bancarios, reconociendo que para gobernar (no solo en pandemias), basta con concentrar facultades para que el presidente decida, con pocos funcionarios de apoyo, y un aporte presencial mínimo en Diputados y Senado. Para esta forma de conducción familiar, los “esenciales” son los que menos ganan y más riesgos afrontan. Es posible asimilar este centralismo (pocos), a una democracia (muchos)? En realidad el núcleo duro legal del centralismo es preciso: 379 integrantes (presidente y vice; 24 gobernadores y sus vices, y 329 legisladores nacionales). Las “familias” suelen rotar en el desempeño de dichos roles.  Un contexto de ausencia de partidos políticos, identidades ideológicas fluctuantes y oportunismos personales que abarcan oficialismos y oposiciones, permite a las “familias políticas” el usufructo permanente del poder, con eventuales y breves interrupciones. Sea se las identifique como regímenes centralistas, autocráticos, elitistas o populistas, son esencialmente  conservadores: resisten cambios institucionales, demoran los intentos modernizantes, se aferran a sus privilegios, practican el nepotismo, y ejercen la cleptocracia, como se llama generar un estado de corrupción desde el poder.  Para lograr estas continuidades se debe minimizar el poder del voto, actuando fuertemente sobre el sistema electoral adaptándolo a las conveniencias del momento, salvo en dos aspectos: 1) la listas sábana, cuyos representantes “de los ciudadanos” acordados entre familias políticas no pueden ser modificadas por el votante; 2) permitir que procesados y condenados por delitos comunes contra el Estado puedan ser candidatos y ser elegidos, lo que asegura continuidad, impunidad e inmunidad.

José Nun, abogado y politólogo que fue secretario de Cultura de la Nación entre el 2004 y 2009, plantea que desde que los ciudadanos participan de la política a través de partidos y representantes parlamentarios que canalizan sus demandas en leyes que aplica el poder ejecutivo, y hace respetar el poder judicial, Estado y Gobierno dejaron de ser lo mismo. Pero las versiones políticas autocráticas los reunifican fuertemente. Señala Nun que “la decadencia argentina no está asociada únicamente a la voracidad capitalista sino también al saqueo de los dineros públicos y a la erosión constante de las instituciones, rasgos habituales de los liderazgos autocráticos”. El historiador argentino Tulio Halperín Dongui señalaba que “en la Argentina se formaron dos principios de legitimidad política inconciliables: el de matriz oligárquica (el país solo puede ser gobernado por nosotros), y el de matriz popular (el gobierno debe provenir de las mayorías electorales). En los últimos tiempos el peronismo se arrogó ambas representaciones” La referencia de Dongui al peronismo, plantea el interrogante si es aceptable a más de 45 años de su muerte, que se invoque la memoria de Perón para justificar oportunismos, incapacidades y corrupción. Clarifica esta duda el politólogo Julio Bárbaro, peronista histórico: “Desde la muerte de Perón, el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos, pero también el receptáculo de las ideas de moda: el liberalismo, con Carlos Menem; la izquierda con Cristina Kirchner” (La Nación – 10/12/17).

Es momento que todos los políticos (con privilegiados sueldos asegurados) sean incluidos como trabajadores “esenciales”, y asuman la obligación de definir un camino de mediano y largo plazo que reformule una estructura burocrática, institucional y jurídica económicamente insostenible, generadora de deudas externas e internas, pobreza y corrupción. Y se elimine la delegación de poderes (salvo la estrategia sanitaria), que permite la permanencia de un centralismo que reemplaza debates con decretos y modifica leyes con medidas “por única vez”. Si bien es verdad que el pedido se le formula a las viejas familias políticas, estas deberían asumir que sin cambios estructurales consensuados en pos del bien común, las consecuencias próximas no se podrán afrontar.

Buenos Aires, 27 de mayo de 2020