Webmaster Política en Borrador

Para comprender el caso del ex ministro de Planificación Julio De Vido, habría que analizarlo inicialmente desde un punto de vista médico antes que legal. Un virus es un microorganismo que se introduce como parásito en otras células para reproducirse, causando enfermedades en la población. Cuando su origen es desconocido es necesario identificarlo, para luego desarrollar la vacuna que brinde curación en lo inmediato, y protección e inmunidad a futuro. En nuestro país existe una enfermedad desde hace dos décadas con características de plaga, que ha dejado un tendal de víctimas bajo los síntomas de marginalidad, pobreza y delito. Es conocida como corrupción estatal-privada. Lo llamativo es que pese al tiempo transcurrido, los científicos investigadores (jueces y fiscales federales), no han descubierto la vacuna salvadora que acabaría con el negociado de venta de placebos caros e inocuos, permitiendo que los enormes beneficios para los involucrados se mantengan. Las asociaciones que regulan y controlan el ejercicio de la profesión científica (en este caso Consejo de la Magistratura y poder legislativo), no actúan sobre los responsables.

Esta ineficacia y/o complicidad han generado virus de una resistencia formidable. El más conocido es el denominado Menem. Con condena penal (vacuna descubierta), cuenta con el apoyo de asociaciones médicas (legisladores), para mantenerlo como uno de sus miembros distinguidos. Inclusive hay quienes en congresos médicos (elecciones legislativas), afirman que Menem no afecta a determinados consumos (votos). En ese contexto se inserta la repercusión mediática que produjo la reconocida infectóloga Elisa Carrió, cuando vociferó: el virus que se expande en otras células es De Vido !!! Cómo nadie lo descubrió??

El virus De Vido pertenece a una familia que se desarrolló en una región de clima riguroso y desértico, que le otorga gran resistencia ante tratamientos farmacológicos inadecuados. Por ello, cuando se trasladó desde su hábitat de origen al más vulnerable de las grandes urbes, hizo estragos. Su efecto epidemiológico es inversamente proporcional: a mayor enriquecimiento del microorganismo, mayor empobrecimiento de la población afectada. Tras la denuncia de Carrió, se constató que De Vido había sorteado innumerables análisis de laboratorio (jueces, fiscales y organismos de control), ante diversas epidemias: enriquecimiento ilícito (Aráoz de Lamadrid); Skanska (jamás investigado); tragedia de Once (jamás investigado); compra de trenes usados a España y Portugal (Ercolini); planes de viviendas a Sueños Compartidos (De Giorgi); obras públicas a Lázaro Báez (Casanello); y finalmente, multimillonarios mini contratos con la Universidad Tecnológica Nacional, destinados a irrelevantes trabajos en la mina de Río Turbio, que sumados alcanzan como mínimo 264 millones de pesos (Luis Rodríguez). La denuncia de la infectóloga Carrió desató el caos en la comunidad científica judicial, político-legislativa y empresaria. El becario Stornelli pidió el inmediato desafuero y detención de De Vido, por ser responsable del nombre del virus. El investigador senior Luis Rodríguez mantuvo la calma y lo denegó. Pero el caso ofrece aristas atípicas. De Vido brindó pistas para que en lugar de su nombre, el virus se rebautice “Ministro argentino”. Declaró que el máximo responsable de la cadena parasitaria (Ministerio), al pasar a otras células para multiplicarse, no deja huellas. Nunca firma. En paralelo, Massa y Stolbizer, dos de los encargados de elaborar los protocolos médicos (legisladores), enarbolando en público sendas jeringas (lapiceras), anunciaron la creación de una vacuna, y renunciaron a sus fueros. Es lo que en la jerga científica se conoce como autoinoculación en la etapa investigativa.

Pero el mayor dislate lo produjo la prestigiosa Academia Nacional de Medicina (Corte Suprema de Justicia). Para obtener información acerca del éxito en la derrota de la plaga Lava Jato en Brasil, que incluye el pago de coimas a funcionarios en nuestro país, autorizó el viaje a Estados Unidos de conocidos investigadores, entre los que se destacan Casanello, Rafecas y De Giorgi, quienes jamás consiguieron aislar siquiera un simple virus de gripe (o sea, enriquecimientos ilícitos). Les entregará realmente las autoridades americanas información probatoria consistente? No correrían el riesgo que mal usada y manipulada, pueda provocar la inmediata excarcelación de Marcelo Odebrecht?

Buenos Aires, 12 de julio 2017

La impunidad de la corrupción estatal-privada instalada desde hace dos décadas, es explicable por la permanencia de una sólida red de complicidad entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, asociados a testaferros y empresarios. Con una enorme dosis de ingenuidad en algunos casos, o de malicia en otros, se instaló que el solo cambio de gobierno desbarataría el entramado. Se obviaron tres detalles: 1) el oficialismo no tiene mayoría legislativa en ninguna de las Cámaras; 2) los corruptos cuentan con fuerzas de choque golpistas; 3) es un mito que jueces y fiscales federales actúen según los resultados electorales. Lo hacen según mantengan las coberturas de protección. Hasta el momento, siempre encontraron en el Consejo de la Magistratura el voto que los salve de un juicio político. Colabora la pata política, que hace imposible aprobar leyes consistentes contra la corrupción. No debiera sorprender que en Diputados y Senado, otrora “Honorables Cámaras”, ingresen cada vez más procesados o condenados. Si bien es verdad que ningún juez o fiscal cambió, tampoco cambiaron viejos políticos y sus discípulos, eternos gremialistas y prebendarios empresarios. Dada la responsabilidad prioritaria del poder judicial para cortar con esta continuidad delictiva, aportaremos algunos elementos consistentes para evaluar su accionar. Los dividiremos en causas elevadas a juicio oral, condenas, promesas y acciones distractivas.

1.- Causas elevadas a juicio oral. Ninguna de las causas de corrupción más trascendentes que involucran a altos funcionarios y empresarios del gobierno anterior, conocidas desde hace más de cuatro años por la precisa y detalla información brindada por el periodismo de investigación, tienen fecha de juicio oral. Se destacan las que involucran a la familia Kirchner por retornos y lavado de dinero; Amado Boudou por Ciccone; Lázaro Báez como contratista testaferro de obras públicas; Cristóbal López por evasión multimillonaria de impuestos; José López por enriquecimiento ilícito e intermediario de sobornos, y Sueños Compartidos por desvío de fondos públicos.

2.- Condenas.– Con indisimulable ironía destacaremos dos: 1) En el 2013 fueron condenados a 13 años de prisión los hermanos Juliá, por transportar desde Ezeiza al aeropuerto español El Pratt, 944 kilos de cocaína. Claro está, la condena fue en España. En Argentina iniciaron la investigación los jueces Alejandro Catania y Rafael Caputo en ese orden, sin ningún resultado a la fecha. 2) En el 2015 fue detenido y puesto en arresto domiciliario el argentino Alejandro Burzaco, ex CEO de Torneos y Competencias, por el escándalo de lavado de dinero y coimas en la FIFA. Pero sucedió en Nueva York. En Argentina, tras dos años de investigación y con el informe de sus veedores Alicia López, Alberto Piotti y Horacio Della Rocca por el caso Fútbol para Todos, la jueza Servini de Cubría aún no elevó la causa a juicio oral, ni determinó quienes se quedaron con la diferencia de 760 millones de pesos entre lo pagado por el Gobierno y lo ingresado en la AFA.

3.- Promesas.– En medio del virus de transparencia que afectó a círculos de poder tras el cambio de gobierno, en febrero de 2016 el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti prometió un relevamiento de causas del fuero federal, y darle estado público. No se cumplió. El Consejo de la Magistratura por su parte, a pedido del Colegio de Abogados de Capital, realizó una auditoría de las causas de corrupción tramitadas en la justicia federal en los últimos veinte años (más de 2.000 abiertas), comprometiendo su difusión pública para marzo de este año. No se cumplió.

4.- Acciones distractivas.- Tras cinco años de iniciada la causa por el pago de 7,6 millones de pesos por parte del gobierno de Formosa a la inexistente Old Fund, para refinanciar la deuda provincial con la Nación, recién ahora el fiscal Di Lello pidió al juez Lijo indagar al gobernador Gildo Insfrán. El fiscal Stornelli por su parte, tras doce años de iniciada la causa por el pago de coimas de la empresa Skanska a funcionarios, solicitó al juez Casanello reactivarla.

Estas inacciones y/o complicidades no debieran sorprender al legislador y político griego Solón, quien expresara hace más de 2.500 años: “Las leyes son como las telarañas; detienen a lo débil y ligero, y son desechas por lo fuerte y poderoso”.

Buenos Aires, 05 de julio 2017

La etapa de armado de alianzas y conformación de listas que concluirá el próximo sábado 24, antes que provocarnos desazón e ironías, debiera ser un punto de partida para que la ciudadanía de todas las ideologías políticas, presionen para lograr una profunda reforma de un sistema electoral caduco y restrictivo de la voluntad popular. Al punto que los mal llamados representantes del pueblo, se transformaron en castas casi hereditarias en el usufructo de cargos privilegiados. Ningún sector político está exento de responsabilidad. Incluye tanto a los malversadores de recursos del Estado, para quienes permanecer significa mantener libertades y patrimonios mal habidos, como a los llamados “honestos”, que no roban pero dejan hacer. O como sucediera recientemente en el Consejo de la Magistratura con el salvataje del camarista Freiler, impiden hacer justicia.

A esta situación se arriba tras décadas de degradación institucional, que barrió con los partidos políticos históricos, sustituyéndolos por “espacios” híbridos similares a franquicias comerciales. El cuadro se agrava con la frecuencia de elecciones legislativas cada dos años, que condiciona la trascendente tarea de legislar en interés de la ciudadanía, a las negociaciones especulativas basadas en intereses personales de corto plazo. El espectáculo previo a las elecciones legislativas de octubre próximo se asimila al hundimiento del Titanic en 1912, en el Atlántico Norte. En dicha catástrofe murieron el 70% de los que iban a bordo. La principal causa del alto número de víctimas fue que el lujoso trasatlántico solo poseía botes salvavidas para la mitad de los transportados. Los lujosos camarotes superiores lo ocupaban pasajeros de primera clase (muchos de ellos millonarios reconocidos), y los estrechos ubicados bajo cubierta inmigrantes y trabajadores.

Producida la colisión con el iceberg, cundió el caos. Los escasos botes se destinaron a los de primera clase, bajo la orden de “primero las mujeres y los niños”. (en la actualidad, los líderes o mesas chicas). Pero en la desesperación por sobrevivir, fortunas, apellidos o inclinaciones políticas se convirtieron en irrelevantes. Sobrecargados en exceso, muchos botes cayeron al mar y quedaron inutilizados. Esta imagen ejemplifica lo que recurrentemente sucede con el armado de listas legislativas. Hay muchos más pasajeros en la cubierta que desean el bote/cargo para salvarse, que los botes/cargos disponibles.

En la lucha por sobrevivir, pueden compartir aliviados el mismo bote millonarios (neoliberales?), con tripulantes (populistas?). Los peronistas de los sectores A, B, C o D, se distribuyen entre los botes que puedan. Lo mismo sucede con radicales históricos, del PRO o K.. Los progresistas, que no son muchos, les hacen “un guiño” (que significa pedir bote), al marinero que maneja un bote llamado renovador (o salva cargos). También alcanzan subirse algunos procesados penalmente, que prometen demandar a la compañía naviera por corrupción. Una vez concretado el rescate (puede ser el buque Carpathia, que acudió al rescate, o la Justicia Electoral, que certifica el nombre de las franquicias y las listas de los sobrevivientes), viene el proceso postraumático. Tanto los pasajeros de primera clase (legisladores en ejercicio que pretenden continuar), como los ocupantes de los camarotes bajo cubierta (que pretenden alcanzar una banca desde el duro llano), no expondrán en campaña sus antecedentes, proyectos presentados o a presentar, o explicarán la resistencia en aprobar las leyes contra la corrupción. Se referirán solo al Ejecutivo (en este caso al capitán Macri), soslayando que las elecciones presidenciales serán dentro de dos años. Tendrán entonces las elecciones legislativas beneficios tangibles para la ciudadanía? En este contexto pareciera difícil. El oficialismo tiene minoría en ambas Cámaras, situación que se mantendrá sea cual fuere el resultado de la elección. Con el agravante que en diciembre reasumirán sus bancas gran parte de quienes están hoy, o quienes ya estuvieron y lograron su retorno. En muchos casos, integrando alguna franquicia (espacio político), distinta a la que representaron en la elección anterior.

Lo más grave para los argentinos vendrá después. Pasados los festejos (posiblemente festejen casi todos), y tomadas unas merecidas vacaciones por los esfuerzos de campaña, a mediados del 2018 los legisladores comenzarán a actuar pensando en la elección presidencial del 2019. De igual modo, los empresarios demorarán las incumplidas inversiones hasta entonces (léase inversiones, no ganancias). Es obvio que en estas condiciones no se puede gobernar, y mucho menos crecer como país. Será necesaria una reforma constitucional que modifique aspectos electorales e institucionales de la oportunista, ineficaz y mayormente incumplida reforma del año 1994.

Buenos Aires, 21 de junio 2017

En la última opinión sugerimos transitar el desarrollo de la campaña legislativa de este año a la manera de un juego de mesa llamado “A quién voto?”. En esa oportunidad se detalló el diseño del tablero, y es el turno de comentar las reglas del juego y características de las fichas. Como sabemos, los clásicos juegos de mesa mantienen inmutables sus características a lo largo del tiempo. En el juego “A quién voto?”, por el contrario, las reglas son fluctuantes, y las fichas deben acomodarse a las coyunturas del momento, lo que complica la toma de decisiones del jugador para definir el voto. Para armar una estrategia de juego, es necesario explicar las causas de tales fluctuaciones.

Podría aducirse que al estar el juego relacionado con el devenir político, mal puede tener reglas temporales inmutables. Ante este planteo, cabe preguntarse cómo es posible que pese a reglas de juego cambiantes, las renovaciones legislativas las encabecen mayoritariamente los mismos políticos. Existen dos explicaciones: de carácter estructural y temporal. El estructural responde a la desaparición de partidos tradicionales consolidados con identidad clara y unívoca, y peso electoral suficiente. Fueron sustituidos por Frentes polifacéticos y mutables no casualmente llamados “espacios”, creados para sostener candidaturas de quienes los encabezan. En esta circunstancia Identificarse como peronista, radical, progresista u otros, no es relevante. La clave estará en prever los posibles o supuestamente imposibles, acuerdos políticos para conformar las listas de candidatos. Recién ahí, el jugador-ciudadano podrá mover sus fichas.

El factor temporal explicita más claramente lo señalado. Cada dos años se producen elecciones legislativas; las coincidentes con las presidenciales, y las llamadas de “medio término”. Si bien las estrategias de armado de listas difieren, los discursos de campaña son los mismos. En las elecciones presidenciales los candidatos, salvo los dos con posibilidades ciertas de triunfo, son legisladores a mitad de mandato, que continuarán siéndolo una vez derrotados. Vale decir, riesgo cero. Pero en las de “medio término”, puramente legislativas, los objetivos son más urgentes: acceder y/o mantenerse como legislador, y en contados casos, buscar proyección electoral para alcanzar a futuro la presidencia. Es el caso del FR (Massa) y el GEN (Stolbizer), competidores a la presidencia hace solo dieciocho meses, y que hoy licuaron identidades dando paso a la agrupación “Un país”, donde Stolbizer busca mantenerse como legisladora, y Massa incrementar caudal electoral para proyectarse al 2019.

Lo que no difiere, y eso indica un menosprecio por la actividad legislativa, es el marketing político del discurso. Es el mismo que en una elección presidencial. Se centra en el poder Ejecutivo, en lugar del Legislativo, por cuyas bancas compiten. De este modo, los candidatos eluden exponer sobre sus antecedentes, proyectos presentados, explicar el congelamiento en el Senado de la ley de Extinción de Dominio, la demora en Diputados para tratar el Régimen penal empresario; la negativa a formular una Ley del Arrepentido más estricta, similar a la de Brasil, o justificar el mantenimiento de fueros que permiten que procesados penalmente puedan ser candidatos o permanecer como legisladores.

Las fichas por su parte, se diferenciarán por color según las agrupaciones en competencia, identificándose en cada caso con el nombre de sus principales candidatos. Nuevamente el factor temporal cobra relevancia, haciendo necesario realizar movimientos según tres etapas: 1) hasta el cierre de listas, en la que todo es posible, pues no se discuten ideologías sino lugares en las mismas. 2) hasta la elección, en donde predominará la grandilocuencia verbal, que obligará al jugador a detectar inconsistencias. 3) a partir de la oficialización del resultado electoral y por un período de seis meses, el juego brinda otra oportunidad para incrementar puntaje. Consiste en detectar que legisladores que ocupan su banca por determinado partido se apartan del mismo, sea para pasarse a otro, o conformar un bloque unipersonal que podría llamarse “Dignidad nacional”.

Esta mutabilidad explica la razón por la que el juego carece de las clásicas fichas “comodines”. Llegado el caso todas podrían actuar como tales.

Buenos Aires, 31 de mayo 2017

En un año electoral, la ciudadanía deberá renovar esfuerzos para minimizar el rol de receptores pasivos de mensajes de campaña, emitidos en busca de nuestro único capital: el voto. Una forma de no resignar capacidad de análisis, sería asimilarlos a un juego de mesa hogareño, que llamaremos “A quién voto?”. El desafío será diferenciar entre información y desinformación; entre datos ciertos y falsos. Como es habitual, el juego se compondrá de tablero, reglas y fichas. Cada una de éstas, tendrá el nombre de un candidato.

El rol de tablero, que determina el límite físico del juego y circuitos posibles a realizar con las fichas, lo cumplen los medios de comunicación, al ser intermediadores entre el mensaje político y los votantes anónimos. Por ello, el tablero se subdivide en sectores que identifican a diversos medios. Los audiovisuales son más dinámicos, con conductores que marcan tiempos y temas, mientras que los escritos poseen un mensaje preestablecido (el artículo), pero el lector maneja tiempos de lectura y reflexión, y si desea, cotejo de información. Entre los medios se genera una puja similar a la de los candidatos, en busca de lograr una imagen de veracidad y profesionalidad. Se deberá tener presente que la mayoría de ellos están en manos empresariales (o gremiales), con actividades comerciales diversificadas, por lo que eventualmente sus propietarios pueden usarlos como instrumento de presión política, o protección de negocios no tan legítimos. O bien puede ser el propio poder político quien los presione en busca de una adhesión complaciente. Vale tanto para Clarín, con su periódico y señales televisivas TN y Canal 13, o para C5N, perteneciente al empresario Cristóbal López, con serios problemas legales e impositivos en relación a sus negociados con el Estado. Aceptado esto, el juego podrá iniciarse por cualquiera de los medios disponibles, pues el desafío del juego será el mismo: receptar mensajes, evaluar emisores y fuentes informativas, detectar contradicciones y eventuales intereses ocultos, y finalmente, arribar a una conclusión para definir el voto.

Es justo otorgar un reconocimiento al periodismo de investigación, que exhibió una alta profesionalidad para la obtención de elementos de prueba de la corrupción estatal-privada contundentes. No solo es valorable desde lo informativo, sino por haber transparentado la incapacidad y/o complicidad de muchos jueces, fiscales y legisladores, más esforzados en favorecer la impunidad que en combatirla.

Un comentario especial merecen las redes sociales, que son plataformas globales prediseñadas que pueden ser utilizadas pero no modificadas por los usuarios, y permiten un nivel de interacción social formidable que abarca a todas las franjas etarias (de nietos a abuelos). Pero en el campo político arrastran un vicio (o virtud?) de origen: no existe el filtro de la veracidad, lo que es aprovechado con entusiasmo por muchos políticos. Es habitual publicar perfiles falsos o de fantasía, imprecisiones y mentiras. Un ejemplo reciente fue el perfil “Araceli Arezzo”, que en busca de viralización (multiplicación de reenvíos), publicó una cantidad de mensajes simultáneos, en los que sus trabajos, sueldos y montos de las facturas de gas y luz, eran distintos. Lo único uniforme fue el hastag: “Fracasó Macri”. Es verdad que las redes tienen una virtud que aterroriza a los políticos, acostumbrados a bajar mandatos, y no a recibirlos. Otorga a los ciudadanos la capacidad de instalar temas y generar convocatorias multitudinarias, que no logran agrupaciones políticas y gremiales a través de costosas logísticas.

Los avances tecnológicos sin embargo, si bien aceleran y potencian las estrategias comunicacionales, no modifican principios básicos de la propaganda política perfeccionados durante la Segunda Guerra Mundial, como el llamado principio de la unanimidad. Consiste en convencer a mucha gente que piensa y actúa como lo hace la mayoría, creando una falsa impresión de unanimidad. En él se basan periodistas, políticos y entrevistados, cuando en lugar de plantear “yo digo o yo pregunto”, en un rapto místico, expresan “la gente dice o pregunta”.

En la próxima opinión describiremos los restantes elementos del juego, realmente complejos: las reglas y las fichas, que identifican a los candidatos.

Buenos Aires, 24 de mayo 2017

Los términos absolutos, definidos asépticamente en los diccionarios, pueden variar su significado cuando se analizan emisores, contextos y objetivos. Gritar “ladrones” a funcionarios, puede ser una expresión indignada de sus víctimas, o partir de quienes se enriquecieron desde el Estado y una vez desplazados, pretenden coaccionar para negociar libertades y mantener patrimonios. En un año en el que se renovarán parcialmente diputados y senadores, las estrategias electorales intentarán suplir el aporte enriquecedor de las ideas con el abuso de términos absolutos. El contexto político colabora, por la presencia de dos factores: 1) la renovación legislativa en cuanto a nombres no será tal, debido a un sistema electoral restrictivo que pone en cabeza de los “jefes” de cada espacio el armado de listas sábana, sin evitar por ello pujas, enojos y traspasos entre quienes desean mantener sus bancas (casi todos), o acceder a las mismas desde el llano (demasiados); 2) el resultado electoral no modificará la condición de minoría legislativa del oficialismo.

Esta inevitable continuidad de viejos actores políticos, nos brinda una oportunidad. En lo inmediato, juzgar con suficientes antecedentes las virtudes y defectos de quienes encabezarán las listas. En el mediano plazo, incrementar la presión ciudadana para reformar un sistema electoral plagado de vicios destinados a evitar rotaciones en los niveles de representación pública, permitiendo las prolongadas permanencias. Esta realidad genera un desafío extra a los publicistas y consultores responsables del marketing político, en especial en lo referido a la construcción de imagen de los candidatos. Tema que no es nuevo en la historia. Hace ya más de 500 años, aconsejaba Maquiavelo al príncipe: “Los hombres en general, juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver, pero pocos tocar. Todos ven lo que pareces ser, mas pocos saben lo que eres”.

Cierto es que los avances tecnológicos de la comunicación, caracterizados por la masividad, velocidad y simultaneidad, exigen adecuar metodologías. Las redes sociales por ejemplo, simulan una sensación de mayor cercanía ciudadano-candidato, que no es tal. Para usarlos, los políticos utilizan un grupo de personas que usan frases breves y trilladas que opinan pero no informan. Y en muchos casos, propagar informaciones falsas. Un caso interesante para evaluar el impacto sobre la imagen y las estrategias que se emplearán para minimizar daños, es el de Daniel Scioli. Todo político y su equipo planifican qué, cuándo y cómo comunicar. Sin embargo, quizás sea sociológicamente más didáctico, porque es aplicable a los políticos en general, mensurar si entre quienes tienen una valoración negativa de Scioli, predomina su gestión pública como gobernador provincial durante ocho años, o sus anteriores y reciente actitud privada de pareja.

La desaparición de partidos tradicionales consolidados que aporten respaldo estructural e ideológico sustentado en el tiempo, hace habitual que cada dos años las listas se integren con entrecruzamientos que oscilan entre aciertos y burdos oportunismos. En estas circunstancias el factor diferenciador, que no debe ser confundido con el concepto “grieta”, parecería ser inevitable: oficialismo u oposición. Ello no debiera resignarnos a ser receptores pasivos y emotivos ante el bombardeo mediático. Más aún, cuando se elegirán legisladores, responsables de establecer las normativas legales a las que se deben ajustar los poderes ejecutivo y judicial. Deberemos evitar entonces que los candidatos persistan en la cómoda postura de sustituir el cumplimiento de sus obligaciones específicas, por la de comentaristas críticos de los otros poderes. Cuyos vicios, por otra parte, se originan precisamente en la inacción y/o ineptitud legislativa (sanciones penales, régimen de excarcelaciones, incompatibilidades públicas, recientemente la polémica por la aplicación del 2 x 1 en las penas, etc.).

En la transmisión del discurso político, los medios de comunicación desempeñan un determinante rol como nexo entre candidato y ciudadano. En nuestro país no sufrimos el monopolio de opinión, característico de sistemas totalitarios. Pero esta libertad, virtuosa en lo global, brinda dos posibilidades en lo particular. Puede ser usada para informar o para desinformar. Como receptores pasivos carentes de “información privilegiada”, podremos diferenciar entre verdades y engaños? Veremos que no es difícil.

Miércoles, 17 de mayo 2017

En la propaganda política predominan las frases breves direccionadas a lo emocional, conceptualmente correctas, psicológicamente persuasivas y aparentemente irrebatibles, en busca de convencer. Trasladado al discurso político, necesariamente de mayor extensión y con mayor influencia de las condiciones personales del emisor, al intentarse dar a la estrategia de la brevedad pretensiones de argumentación, suele caerse en obviedades, desinformación, mediocridad, cuando no en cinismo y falsedad.

Este riesgo se potencia en un año electoral, con discursos pronunciados por quienes pretenden mantener y/o acceder a las apetecibles bancas legislativas. El contexto político favorece incongruencias, al estar caracterizado por tres aspectos: 1) ausencia de representaciones políticas tradicionales; 2) alineamientos políticos oportunistas; 3) mantenimiento de los mismos representantes políticos durante décadas. En consecuencia, el recurso de la brevedad diferenciadora mediante el uso de términos “absolutos” como justicialista, radical, progresista, derecha, izquierda, socialista pierden significado, e intentan encubrir objetivos más inmediatos y terrenales, que justificarán cualquier mezcolanza acuerdista para acceder a cargos legislativos. Breves ejemplos: la asociación entre Massa y Stolbizer, quienes hace menos de dos años compitieron por la Presidencia con “proyectos de país” supuestamente distintos; el acuerdo entre “el Adolfo y el Alberto” con Cristina Kirchner, recientes enemigos, para proteger su feudo provincial; o el legislador Gustavo Vera, que suspendió su franquicia de distribución de rosarios bendecidos para buscar renovar su cargo, ya no con Carrió, sino dentro de vertientes kirchneristas. No sorprende entonces que los repetidos candidatos, en lugar de exhibir públicamente sus antecedentes, méritos y proyectos propios, se aplicarán al vacío debate entre quienes apoyen o critiquen al Ejecutivo.

Vale decir que con estos perfiles, para poner en riesgo la gobernabilidad no es necesario esperar el resultado de las elecciones. Pero será necesario que una vez finalizadas las mismas, se analice una reforma constitucional que modifique las frecuencias electivas de legisladores, se ajusten los requisitos de integración de listas (excluir procesados), se especifiquen en detalle las obligaciones laborales, y se limiten las posibilidades de reelección. Respecto a la estrategia de la utilización de frases breves, es oportuno recordar algunas vernáculas, que por época, autor y poder de síntesis, reflejan adecuadamente nuestro devenir político en las últimas décadas. Vayamos por orden cronológico.

A comienzos del gobierno de Menem en 1990, el gremialista gastronómico Barrionuevo declaró que “hay que tratar de no robar por lo menos por dos años”. Transcurridos veintisiete años desde entonces, en la actualidad ese estado de beatitud exigiría como mínimo un período presidencial completo. Veinte años más tarde, en un reportaje publicado en La Nación, el barrabrava boquense Rafael Di Zeo explicó que su impunidad reside en “tener los teléfonos del poder”. Excelente síntesis para definir lo que se denomina trama delictiva, que interrelaciona a políticos, sindicalistas, empresarios, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

Pero quizás el ejemplo más valioso, por haber sido protagonizado por trabajadoras alejadas de los círculos de poder, se presentó recientemente durante el paro general de la CGT el seis de abril. Tres mujeres dueñas de una estación de servicio de Lomas de Zamora, fueron amenazadas por un grupo de patoteros del gremio para que dejaran de expender combustibles. Una de ellas les gritó: “mañana vas a ir vos al Banco para levantarme el descubierto, pelo…?” (el insulto final, hay que reconocer que se ajustó a los personajes). Quedó como pocas veces expuesta la distancia que existe entre los ciudadanos comunes que necesitan de su trabajo diario para vivir y progresar, con los eternos sindicalistas y políticos sin obligaciones laborales de cumplimiento efectivo, ni urgencias salariales. Con o sin paros, siempre ganan.

Buenos Aires, 11 de mayo 2016

La permanencia de las mismas clases dirigentes desde hace más de dos décadas, inevitablemente arroja las mismas consecuencias. La principal, que explica la involución del país y consolidación de la pobreza, ha sido la desaforada corrupción estatal-privada, sin consecuencias penales ni políticas. El acceso al poder de una nueva fuerza ajena al cada vez menos monopólico justicialismo, debiera activar nuestro espíritu crítico antes que fervores emocionales, para no repetir frustraciones. Ello exige exponer las contradicciones u omisiones de viejos discursos falaces y encubridores.

El más incoherente, porque lo critican los mismos que lo generan, es el referido al déficit fiscal, que surge cuando un gobierno gasta más que lo que recauda. Superados ciertos niveles de déficit, se hace necesario financiarlo contrayendo deuda. Ante planteos de reducirlo, voceros beneficiarios lanzan el clásico diagnóstico oportunista y cínico: el costo lo pagarán los que menos tienen, con bajos salarios y despidos de personal. Temor inicialmente justificado, porque es lo que ha sucedido históricamente. Pero lo que no plantean políticos y economistas supuestamente en las antípodas, como Dujovne, Kicillof, Pitrola, Lavagna o Loustau entre otros, es que la reducción del déficit lo absorban los que más tienen, sean funcionarios, sindicalistas o empresarios, responsables además de su existencia. Un breve comentario respecto a la estructura del Estado, que merecerá un análisis más profundo. Para hacerla eficiente, el primer paso se debería basar en el principio democrático de igualdad de oportunidades, dejando de subsidiar salarialmente a quienes no cumplen tareas específicas y horarios de trabajo, hacen de las falsas licencias médicas una práctica, y desde el poder político ejercen un nepotismo desaforado cubriendo cargos públicos con familiares.

Pero lo más importante es destacar el meollo del problema, que nadie menciona con nombres y apellidos. Consiste en derivar sin control multimillonarios fondos públicos a empresas privadas o cooperativas, bajo los encubridores objetivos de consolidar el desarrollo industrial y crear fuentes de trabajo. Los resultados fueron monumentales déficits fiscales, con créditos estatales irrecuperables. Recordemos el vaciamiento sufrido por el desaparecido Banco Nacional de Desarrollo, creado en 1971 y liquidado en 1993, con pérdidas de 5.700 millones de dólares por créditos otorgados a empresarios asociados al poder político. A ello se suma la recurrente estatización parcial de deudas en dólares a privados, la última de las cuales se realizó en el año 2002. Estos ejemplos dan por tierra con clásicas definiciones en cuanto a roles de los actores económicos. Empresario es quien combina capital propio de riesgo y trabajo, para producir bienes y/o servicios que ofertados al mercado le produzca ganancias. El sindicalismo tiene por fin asociar a trabajadores del rubro para defender sus intereses ante empleadores y gobierno. Por último, el gobierno establece políticas de desarrollo, marcos impositivos y vela por el cumplimiento de las leyes. Nuestros habituales casos de corrupción muestran que no existe capital de riesgo; que los sindicalistas no protegen las fuentes de trabajo ni vigilan los aportes patronales, y que funcionarios públicos venales se asocian al vaciamiento de empresas.

Tres ejemplos recientes ilustran sobre el origen de enormes déficits fiscales. 1) Oil Combustibles de Cristóbal López, evadió tan solo en impuestos a los combustibles, de los que era agente de retención, 8.000 millones de pesos. 2) Sancor, cuyo presidente es Gustavo Ferrero, adeuda a la AFIP más de 2.000 millones de pesos, además de aportes patronales, con el silencio de Héctor Ponce, secretario del gremio Atilra. 3) OCA, presidida por Patricio Farcuh, adeuda a la AFIP 3.200 millones de pesos, más aportes patronales, sin que Pablo Moyano, del gremio Camioneros, reaccionara en tiempo y forma. Pese a estos antecedentes, empresarios y sindicalistas responsables no se inmutan. Bajo la amenaza de dejar un tendal de despidos y crisis sociales que ellos mismos generaron, pretenden que el gobierno acuda una vez más con recursos públicos al rescate de sus negociados, incrementando el déficit fiscal. El gobierno deberá encontrar necesariamente soluciones para los genuinos trabajadores, pero con una salvedad: que las ayudas no se canalicen a través de los mismos empresarios y sindicalistas que llevaron a las empresas al estado de quiebra. Ello no solo sería suicida, sino lo haría sospechoso de complicidad. Solo en los ejemplos mencionados, el Estado ha sido defraudado en más de 13.200 millones de pesos.

Para concluir, definamos brevemente a las víctimas de estos manejos. Son pobres los que carecen de los ingresos mínimos necesarios para vivir dignamente.

Buenos Aires, 03 de mayo 2017

Para entender la continuidad temporal de la sólida trama política-judicial-gremial-empresaria de nuestra corrupción estatal-privada, e intentar detectar las matrices de saqueo primero e impunidad después, es necesario interrelacionar a estos sectores. Los negociados de impacto en los presupuestos públicos presentan una vía delictiva unidireccional: el funcionario facilitador como eslabón interno, y el empresario receptor asociado como eslabón externo, quien retorna a los funcionarios partícipes parte de sus beneficios desmesurados obtenidos a través de sobrecostos y/o incumplimientos contractuales. Con este esquema recurrente colabora el habitual fárrago de acusaciones cruzadas entre políticos, buscando mimetizar a honestos denunciantes con deshonestos encubridores. Sin embargo hay un factor común en este vocinglerío: se evita formular acusaciones concretas contra los empresarios cómplices. Cuando sus nombres se hacen público, es debido a investigaciones periodísticas.

Para referirse a los empresarios en supuestos casos de corrupción, los políticos, aún los de izquierda, apelan a títulos, pero sin contenido. Los más conocidos son “grupos económicos concentrados” y “sectores financieros privilegiados”. El histórico “oligarquía vacuna”, con la tecnificación del campo perdió actualidad. En este contexto, no es extraño que resulte difícil encontrar políticos que realicen denuncias de carácter personal consistentes; solo se limitan a repetir publicaciones periodísticas. Los escasas excepciones corresponden a mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer. En disenso con lo expresado, se podrían citar innumerables casos de empresarios expuestos por su relación prebendaría con el Estado. Pero en el campo literario de las biografías, identificándolos enigmáticamente como “grupos de poder o dueños de la Argentina”, sin formular acusaciones formales. O en casos judiciales, utilizándolos solo para relacionarlos con adversarios políticos, o frontón para negociar impunidad con el poder de turno. A nivel judicial, a diferencia del juez Moro en Brasil, no se los investiga para determinar culpabilidades, y una vez obtenidas las evidencias, negociar delaciones que involucren, ahora sí, a los funcionarios públicos partícipes en la corrupción. Consideremos dos casos icónicos: Héctor Magnetto y Franco Macri.

Está demás señalar que los medios de comunicación son un instrumento de poder, directamente proporcional a la cantidad de usuarios. La relación Kirchner-Clarín fue excelente (se avaló la fusión Cablevisión-Multicanal), hasta que se produjo el conflicto del campo, y Kirchner perdió en 2009 la elección de diputados. Inicialmente se arremetió contra su directora Herrera de Noble, y ante la escasa repercusión pública, se proyectó a la fama al hasta entonces ignoto Magnetto. El resto de la historia, aún vigente, es conocida. Pero jamás se acusó a directivos de Clarín de delitos económicos en connivencia con funcionarios del Estado. La utilidad de Magnetto consiste en invocarlo para disimular responsabilidades políticas. De igual modo, la historia de Franco Macri es ampliamente conocida, sea por su actividad privada, o como contratista del Estado a través de sucesivos gobiernos. Tampoco se le formularon acusaciones concretas que lo asocien a funcionarios públicos del presente o pasado. El objetivo no es el patriarca Macri, sino utilizarlo para echar sospechas sobre su hijo, actual presidente.

Este principio de invisibilidad empresarial se prolonga a la Justicia. En el caso Ciccone a cargo del juez Ariel Lijo, este limitó su investigación a Boudou y su entorno, sin avanzar sobre quienes se sospecha proveyeron los fondos para la compra de la empresa: Banco Macro, de Jorge Brito, y London Supplay, cuyo principal directivo es Miguel Castellanos. No es casual que empresarios asociados al poder político, que lucraron e intermediaron enormes recursos del Estado, evadieron impuestos y aportes laborales, y en muchos casos dejaron un tendal de despidos, no sean objeto de denuncias o investigaciones. Recordemos solo a Gvirtz, Spolzki y Garfunkel en medios de comunicación; Otero en la terminal de Retiro; Cirigliano como concesionario de transportes; Esquenazi accionista en YPF; Rasic a cargo de Cresta Roja; Angeli en Sol Líneas Aéreas; Farcuh en OCA. Todos ellos mantienen alto nivel de vida, sin ver afectados sus patrimonios. En Argentina no hay, como en Brasil, un juez Moro.

Buenos Aires, 26 de abril 2017

En el ámbito judicial es habitual la frase que con tono irónico, expresa que para juzgar, “la mitad de la biblioteca dice una cosa, y la otra mitad otra”. En las últimas décadas adquirió verosimilitud en relación a la protección de la corrupción estatal-privada, convirtiendo al derecho en una ficción jurídica. Lo reconocen los propios integrantes del Poder Judicial, al crear una línea interna llamada Justicia Legítima, lo que supone la existencia como contraparte de una justicia ilegítima. El poder político colabora sancionando leyes que permiten innumerables tácticas procesales dilatorias a través de impugnaciones y apelaciones; otorgando fueros que permite a los legisladores mantener sus bancas estando procesados por delitos comunes, y un Consejo de la Magistratura inactivo ante jueces y fiscales sospechados de corrupción. Todo ello complementado por un manejo de la opinión pública, a través de estrategias comunicacionales que intentan neutralizar serios trabajos de investigación periodística, y masificando las sospechas de corrupción a través de un alud de denuncias inconsistentes, escuchas judicialmente irrelevantes, y locuaces testigos que declaran una cosa en público y otra distinta ante el juez. Citemos ejemplos tan repetidos como falaces.

1.- La justicia se acomoda a los tiempos políticos. Ello no se ve reflejado en las penalidades aplicadas a los responsables de corrupción contra el Estado en las últimas décadas. Por el contrario, exhiben homogeneidad en cuanto a mantener impunes esos delitos. La supuesta mayor actividad judicial actual no fue producto del cambio de gobierno en diciembre del 2015, sino causada por tres hechos impactantes: 1) Un video con allegados a Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero; 2) Un video con allegados a Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación en Jujuy; 3) Un ex Secretario de Obras Públicas de la Nación intentando ocultar nueve millones de dólares en un extraño convento.

2.- La justicia es lenta. Formulada como una consecuencia inevitable, la frase es falsa. Ello quedó demostrado con dos casos de corrupción estatal-privada con importantes funcionarios y empresarios involucrados, y alta complejidad investigativa. El de Cromagnon, que entre el hecho y las condenas pasaron menos de cinco años, y la tragedia de Once, en la que en menos de tres años se realizó el juicio oral y se dictaron las condenas. Ambos tuvieron como factor común el accionar mancomunado y persistente de los familiares de las víctimas. Lo que estaba en juego no era el abstracto concepto “el dinero de todos los argentinos”, sino la memoria de seres queridos con nombre y apellido.

3.- Los jueces y fiscales son lentos. Esta frase es más congruente con la realidad, pero no satisface. Cabría preguntarse las razones de su “lentitud”. Incapacidad? Complicidad? La duda surge porque jueces y fiscales saben ser “rápidos” para las absoluciones de los delitos más fáciles de demostrar: el de los enriquecimientos ilícitos. Cabe recordar el del matrimonio Kirchner por Oyarbide previo a la Nochebuena del 2009; el de Scioli por el juez de La Plata Pablo Reale en el 2015, y el del camarista Eduardo Freiler por el juez Martínez de Giorgi en el 2016. En todos los casos coinciden peritajes insuficientes y complacientes, y la omisión de apelación por parte de los fiscales.

4.- Investigaciones a presidentes de la Nación. Un sistema democrático exige que en el caso de investigaciones a presidentes, sean Cristina Kirchner o Mauricio Macri, las actuaciones tengan prioridad, celeridad y profesionalidad. Las dilaciones son usadas por las tramas de corrupción para generar acciones encubridoras bajo el manto de “persecuciones políticas”, en donde los acusados ejercitan un show twitero sin atisbo de defensa personal, y promueven acusaciones variadas e incomprobables como coacción para negociar impunidad. En el caso de Macri, destacamos dos ejemplos. Desde hace un año el fiscal Delgado investiga su eventual participación en el entramado societario familiar del llamado Panamá Papers, lo que es correcto. Pero transcurrido el tiempo, la Cámara Federal le solicitó que defina la situación del presidente ante la falta de pruebas de delito. El fiscal Di Lello por su parte, imputó a Macri por el trámite de acuerdo con el Correo Argentino. Correcto. Pero simultáneamente citó a declarar al gobernador de Formosa Gildo Insfrán, por el pago en el 2012 de 7,6 millones de pesos a la inexistente empresa The Old Fund, para renegociar una deuda de la provincia con la Nación. Cómo definiríamos entonces al fiscal Di Lello? “Rápido” por la imputación a Macri, o “lento” por la citación a Insfrán?

Buenos Aires, 19 de abril 2017