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La artimaña consiste en actuar en forma maliciosa para engañar y conseguir un fin determinado. Concepto aplicable al poder judicial en las causas de corrupción estatal-privada, cuyos efectos entre otros, fue el de cerrar diciembre del 2015 con 29% de pobres. Los camaristas Ballestero y Farah, al cambiar la carátula de la causa Cristóbal López/Oil Combustibles, transformando el delito de defraudación al Estado en simple evasión, aportaron el último ejemplo. Que sirve para reflexionar si realmente el poder judicial está evolucionando, o entreteniendo a la sociedad con fuegos de artificio. Analizarlo implica partir de ciertos supuestos.

El imprevisto triunfo electoral de Cambiemos, al sustituir a un partido que gobernó a la Nación y provincia de Buenos Aires durante catorce años ininterrumpidos, si bien provocó un cimbronazo político que afectó tramas de impunidad sólidamente instaladas, estas intentan permanecer. Mantienen vigencia muchos políticos, jueces, empresarios y sindicalistas que fueron partícipes necesarios del saqueo. La degradación judicial no puede independizarse de su asociación con otros sectores de poder, enhebrada a través de nepotismos y amiguismos, que bien describiera el periodista Carlos Pagni en sus columnas de La Nación. Este “sembrado” de complicidades es necesario porque los poderes del Estado  no son independientes como se declama, sino interdependientes, pues deben controlarse mutuamente. El órgano constitucional Consejo de la Magistratura por ejemplo, que se encarga de la selección y remoción de magistrados, es burocráticamente costoso y sospechosamente inoperante.

El caso Cristóbal López/Oil Combustibles, si bien impacta por su volumen de deuda y relación con el matrimonio Kirchner, replica una mecánica de saqueo seguida con otras empresas, como el Correo OCA y el grupo de medios Spolzki/Garfunkel, entre otras. La mecánica consta de dos etapas: 1) la inicial, con el armado de grupos empresariales sobredimensionados sostenidos con dinero estatal, cuyas “ganancias” inexistentes se comparten entre empresarios y funcionarios cómplices. 2) la de crisis o quiebra una vez concluido el flujo estatal, que consiste en enmascarar el vaciamiento y diluir responsabilidades a través de falsos adquirentes y/o inversores sin solvencia económica, como Martínez Rojas con el grupo Spolzki/Garfunkel, o Rosner y De la Torre con Oil Combustibles/Indalo. De tal modo el Estado no solo no recupera lo que se le robó, sino bajo la argucia de cuidar “puestos de trabajo”, se le exige mantener  estructuras empresariales insustentables. Este circuito necesita de otros dos partícipes necesarios: funcionarios de la AFIP y sindicalistas. Los primeros consienten la defraudación. Los sindicalistas omiten cumplir con su obligación de controlar el depósito de los aportes patronales de sus afiliados.

En la etapa terminal de crisis, licuados los aportes estatales y ocultados los patrimonios particulares, entran en acción los “Ballesteros y Farahs”, que nos recuerdan que en el Poder Judicial nada cambió.

La supuesta aceleración de la dinámica judicial federal fue forzada por los recordados videos con el ex secretario de Obras Públicas José López arrojando un bolso con nueve millones de dólares en un convento, y días después, el grupo Báez contando millones de dólares arrastrados en bolsos. Hechos que obligaron a jueces y fiscales iniciar el juego de artificio, consistente en retomar denuncias o causas adormecidas desde hacía años, y sobreactuar con algunas detenciones. Pero en concreto, Ballestero y Farah dictaminan como siempre. Casanello, Servini de Cubría y Lijo entre otros, son tan lentos como siempre, y la Corte Suprema de Justicia anuncia grandilocuentes cambios que nunca concreta. En este marco de complicidades, el gobierno de Cambiemos solo consiguió la renuncia del ícono judicial Oyarbide, y con enormes dificultades, la remoción del camarista Freiler, quien integrara la Sala I junto con Ballestero y Farah.  

Los legisladores completan el capítulo político de la trama, buscando encubrir delitos económicos tras falsos debates ideológicos, cuando el problema, parafraseando a Clinton, “es el dinero, estúpido”. También participan del juego de coacciones, en el cual impúdicamente legisladores procesados por delitos comunes contra el Estado, pretenden juzgar a funcionarios por inobservancias éticas. Y por si fuera poco, congelan leyes claves contra la corrupción, como la de Extinción de Dominio en el Senado.

Buenos Aires, 28 de marzo 2018

El concepto de igualdad de género responde al principio establecido en el artículo 16 de la Constitución, que estipula que “todos los habitantes son iguales ante la ley”. Usos y costumbres en muchos casos ancestrales, reservó para la mujer un rol de maternidad y hogar, con limitaciones no explícitas de derechos cívicos, laborales y de oportunidades. El debate actual hace hincapié en la violencia ejercida por el hombre, para amenazar, dañar e incluso matar a mujeres por conflictos personales. En este contexto, es interesante destacar manifiestas desigualdades de género en los campos político y deportivo relacionadas con la corrupción, que no han sido resaltadas en el debate.

En lo político, quienes en las últimas décadas fueron perseverantes en la investigación seria, denuncia y seguimiento de casos de corrupción estatal-privada, han sido mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer, Alonso, a las que, con responsabilidades ejecutivas de gobierno, se suma María Eugenia Vidal. La rama política masculina por el contrario, ejercita expresiones meramente declamatorias, o más grave aún, formula denuncias superficiales con el fin de coaccionar y/o desprestigiar para negociar impunidad. Esta falencia de género no se manifiesta en el periodismo de investigación, en el que se desempeñan eficazmente ambos sexos.

Pero la desigualdad mayor se presenta en el campo deportivo, en un sector en el que conviven como dirigentes representantes políticos, empresarios, sindicales, judiciales y delincuentes de armas tomar, con una amplitud partidaria, ideológica y social envidiable. Para mezclar negociados con honestas administraciones, cuentan con una cobertura jurídica ideal: los clubes de fútbol son organizaciones civiles no gubernamentales “sin fines de lucro”, cuyo objetivo es alcanzar el bien común.

Si las mujeres, en especial las comprometidas contra la corrupción, pudieran atravesar esta sólida coraza masculina, tendrían un excelente campo de experimentación no solo para visualizar la corrupción “en bruto”, sino constatar los entramados intersectoriales para lograr complicidad e impunidad. En lo económico, aprenderán de transacciones multimillonarias de jugadores realizadas a través de intermediarios; evasiones fiscales, balances manipulados aprobados con coacción de barras bravas; circuitos paralelos de comercialización de entradas, sobrefacturación de servicios, y todo tipo de irregularidades. No es casual que en muchos clubes, incluidos los llamados grandes, corran riesgos las verdaderas funciones sociales, como las recreativas y educativas.

En cuanto a las tramas de complicidad, los nexos entre las dirigencias de clubes y de la AFA, convierten en ridículas las clásicas elucubraciones para detectar a los misteriosos operadores judiciales, como en su momento Javier Fernández; hoy Daniel Angelici, Alfredo Lijo o el multifacético Alberto Fernández, autoproclamado consultor para defender “a los trabajadores” en la causa judicial de Indalo. El camarista Jorge Ballestero por ejemplo, integra desde hace años el tribunal de penas de la AFA. Las relaciones entre empresarios y sindicalistas, no necesitan de supuestos. La empresa OCA que preside Farcuh, también deudora de miles de millones de pesos al Estado, promociona la camiseta del glorioso club Independiente presidido por los representantes de sus trabajadores, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano. Los objetivos del “bien común” alcanza tal fervor, que muchos dirigentes participan en la conducción de dos o más clubes, poniendo en crisis el concepto basado en que lo único que no cambia en la vida es la fidelidad futbolera.

La tarea de las mujeres para ingresar al mundo “sin lucro” del fútbol, será mucho más compleja que obtener en el campo laboral igualdad de oportunidades y salariales.  

Buenos Aires, 21 de marzo 2018

El delito a gran escala, presenta patrones universales en lo organizativo y psicológico. Los hampones de la década del 30 necesitaban para sus negocios ilícitos (prostitución, juego y contrabando), activas complicidades políticas, policíacas y judiciales. Para la pasividad de la población, utilizaban la resignación, el miedo o el crimen. Sus enormes ganancias contaban con eficaces estructuras administrativas que falseaban balances, lavaban dinero (de esa época surge el término), y abrían cuentas offshore.

Décadas más tarde, los delitos económicos estatales no presentan diferencias de fondo sino de matices. El dinero ilícito no surge de negocios privados, sino de recursos del Estado. Semánticamente, el duro término “delito” se dulcificó en el híbrido “corrupción”. Los “hampones” de entonces, mutaron en funcionarios políticos asociados a empresarios cómplices. Las antiguas crónicas policiales que relataban cinematográficos robos a bancos en medio de balaceras, se dedican hoy a los sofisticados saqueos de presupuestos públicos planificados en confortables oficinas o confiterías de moda. La única diferencia entre el ayer y el hoy, es el acelerado desarrollo tecnológico digital y de medios de comunicación, que hace cada vez más difícil la utilización invalorable “del secreto” para ocultar pruebas y complicidades. Ello obligó a que la clásica estrategia comunicacional de la lucha de “buenos contra malos”, se transformara en un discurso que por repetido no deja de mantener cierta eficacia: “no hay inocentes, somos todos ladrones”. O bien disimular culpabilidades con el recurso de la falsa proclamación ética que tan bien definiera el historiador Luis Alberto Romero: “quienes se sienten amenazados en sus intereses, se defienden empleando el mismo lenguaje de la virtud”.

Para evitar la mimetización entre culpables e inocentes, o entre procesados y denunciados, con el fin de confundir a la opinión pública para que nada cambie, se deben destacar cinco conceptos.  

1) Muchos de los responsables políticos, judiciales, empresariales y sindicales que por acción u omisión posibilitaron la corrupción en las últimas décadas, están en pleno ejercicio de sus roles. De ahí que una real acción contra la corrupción, se logrará solo manteniendo una fuerte y sostenida presión social.

2) Para evitar el engaño encubridor de “todo es lo mismo”, es necesario categorizar acciones y sus consecuencias políticas: a) rendición de cuentas por actos de gobierno que importaron sustracción ilegal de recursos del Estado (delito); b) cuentas y/o bienes en el exterior no declarados (evasión); c) cuentas y/o bienes en el exterior declarados (legítimo).

3) La justicia deberá investigar con igual celeridad denuncias sobre el gobierno anterior como del actual. Será esencial el aporte de organismos de control público, hasta hace poco facilitadores de la corrupción estatal-privada ( AFIP, Personas Jurídicas, Procelac, etc.). Si sus responsables ocultan y/o niegan la entrega de documentación en tiempo y forma, deberán ser denunciados y procesados.

4) Los legisladores deberán cumplir con su obligación indelegable de lograr leyes eficaces para combatir la corrupción. Y abandonar el intento de confundir a la sociedad con opinables debates éticos de carácter filosófico, dado que las inobservancias éticas no son penalmente punibles. Menos aún pueden incursionar en este campo quienes se autoprotegen interpretando capciosamente la ley de fueros, permitiendo que procesados y/o condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y/o legisladores. 

5) Un ejemplo de la distancia política que existe entre lo discursivo ético y lo legislativo sancionatorio, es la ley de Extinción de Dominio, que permite decomisar bienes de la corrupción y reintegrarlos al presupuesto público. Aplicada con éxito en los países más avanzados, se encuentra congelada desde hace casi dos años en el Senado. Podrían decomisarse por ejemplo, los nueve millones de dólares de José López. Con un beneficio adicional; al actuar prestamente sobre el objeto del delito (dinero y bienes), perderá sentido “cajonear” causas judiciales, pues.los propios afectados serán los interesados en acelerarlas.

Buenos Aires, 14 de marzo 2018

Propagandística y comunicacionalmente, en las grandes concentraciones las pujas políticas se apoyan en tres elementos básicos: imagen, espectáculo y discurso. La imagen contiene un escenario emisor, en el que los oradores a manera de escenografía coral, son rodeados por dirigentes afines. El espectáculo lo aporta una multitud anónima pero con un rol cuantitativo y simbólico sustancial: legitimar la protesta y el poder y/o representatividad de los dirigentes convocantes. El discurso apela a la emoción por sobre la razón, y al eslogan por sobre la información veraz. Finalizada la representación, se ingresa en una etapa supuestamente más enriquecedora, que reemplaza la directa intermediación entre orador y multitud, por el diversificado ámbito del análisis y debate.    

Análisis y opinión son en esencia subjetivos, pues contienen posturas ideológicas y habitualmente intereses sectoriales. Por ello aún en la comparación de opiniones, continuamos dependiendo de los datos que suministran sectores en pugna. Sin embargo, los cambios generados por la velocidad de digitalización de datos, transformó la clásica vía unidireccional del emisor unívoco al receptor masivo, en un ida y vuelta entre ambos. La posibilidad de acceder a otras fuentes informativas alejados de intermediaciones interesadas, nos posibilita formular nuestras propias interpretaciones de imágenes y discursos, detectar contradicciones no planteadas, y transformarnos a su vez en emisores de interrogantes no aclarados. Esta novedad ha sobrepasado a políticos y formadores de opinión que al sentirse forzados a participar del mundo digital, han expuesto mediocridades u omisiones. Sirva como ejemplo, comparar la calidad expositiva de muchos ciudadanos comunes en las cartas de lectores publicadas en medios gráficos, con las insustanciales y monocordes frases de políticos tuiteros o panelistas en debates televisivos. Los empresarios, sindicalistas y ámbito judicial, amigos del “secreto”, intentan eludir el desafío digital.

La protesta encabezada por la familia Moyano el pasado 21 de febrero, es adecuada para intentar un análisis sin intermediación, utilizando las tres herramientas comunicacionales: imagen, espectáculo y discurso. Considerando las circunstancias que rodearon la convocatoria, irónicamente llamaremos a la imagen “Cuadro de familia”. Moyano en el estrado acompañado por sus hijos y el abogado defensor de la familia, el ex juez Llermanos. Si bien el discurso no soslayó su situación judicial, cabe preguntarse si aportó un mensaje relevante. En principio no, pues lo judicial avanzará por otra vía. Pero en el campo de la imagen, surge la incógnita sobre si el acompañamiento coral de dirigentes en el escenario/palco, podría significar un nuevo polo de oposición. Dado que actualmente no solo existe oposición, sino el gobierno tiene minoría legislativa y en las gobernaciones provinciales, el concepto distintivo clave sería el de “polo” (confluencia de objetivos). Para vislumbrar su factibilidad, se pueden resaltar tres aspectos para ser debatidos. Ellos son:

1) En el palco se encontraban Juan Grabois y Gustavo Vera, enigmáticamente considerados “amigos del Papa” por quienes transformaron al Papa en un emoticón, según sonría o no sonría (imagen). Pero lo importante no reside en relaciones de amistad personales, sino en transparentar roles. Grabois, Menéndez y Navarro son “intermediadores” entre recursos del Estado y sectores sociales necesitados. Esta intermediación está claramente definida y controlada? Es necesario explicitarlo. 2) Compartían el escenario los gremialistas Piumatto (judiciales), y Palazzo (bancarios), que representan a sectores bien remunerados, lo que es meritorio, pero que avalan y protegen prebendas que deben solventar toda la sociedad, como regímenes jubilatorios de privilegio, y en el caso de judiciales, el no pago de ganancias. Pueden coexistir desamparo con privilegios? 3) El gremialista y diputado Hugo Yasky fue ejemplo de síntesis cuando bramó: “los ladrones están en la casa Rosada”. Al unísono aplaudieron sectores de derecha y de izquierda. En el palco no había corruptos; los ladrones son los otros.                 

En este contexto, qué unificaría al eventual polo opositor?

Buenos Aires, 07 de marzo 2018

Hugo y Pablo Moyano, en su desesperada arenga para movilizarse en defensa de los trabajadores, lograron una inédita simbiosis entre diversos sectores políticos, gremiales y sociales. Hasta hace meses era inimaginable poder cobijar bajo un mismo paraguas de imagen y discurso, a sindicalistas como los Moyano, Santa María, Baradel, Micheli y Palazzo, a izquierdas duras y violentas,  autoproclamados líderes sociales como Grabois; viejos políticos negadores del pasado como Filmus y Solá, y kirchneristas varios. No sorprende en cambio Alberto Fernández, quien con pegamento en mano, es experto en intentar acuerdos de coyuntura con fidelidades oscilantes. Esta asociación variopinta la logró Moyano con un mensaje conciso y entendible: hay que combatir a Macri. El análisis de estas ajadas fotos sepia no debiera banalizarse bajo ironías o eventuales preocupaciones judiciales de la familia Moyano, sino interpretarlas recurriendo a pensadores políticos trascendentes y universales.

Hace más de 2.400 años Aristóteles, a diferencia de Platón, planteaba que las ideas o conceptos no deben separarse del realismo de los objetos. Sobre esta base filosófica entendió que el fin de la política debía ser el lograr el bien común. A fines del siglo XV, en un mundo que ingresaba a la modernidad en un contexto de permanente luchas entre reinos, incluido el Papado, el florentino Maquiavelo, considerado creador de la ciencia política, entendió la puja por el poder en función de la naturaleza humana (no es lo que deseo, sino lo que es). Décadas más tarde a inicio del siglo XX, ante el creciente fenómeno de masas, el filósofo jurídico alemán Carl Schmitt sostuvo que para manejarlas y lograr el poder, se debía plantear la vida política como una lucha sin cuartel entre enemigos irreconciliables. Aristóteles representaba la armonía del bien común, criterio aplicado en lo discursivo. Maquiavelo y Schmidtt revelaron los pliegues más oscuros de la naturaleza humana en las luchas por el poder, por lo que predominan en lo fáctico. Ambos no diferenciaron entre monarquías o repúblicas; entre derechas o izquierdas. A Schmidtt siempre se lo consideró un pensador de derecha, pero sus principios fueron igualmente aplicados por el marxismo.

Lo expresado ayuda a comprender las disímiles convergencias logradas por el “Concilio familiar Moyano”, aunque no hayan leído a Maquiavelo o a Schmidtt. Actuaron conforme a su naturaleza, identificando claramente a un enemigo único para ejercer presión. El enemigo nunca debe ser abstracto (Cambiemos), sino concreto y visible: Mauricio Macri. Al compartirlo, se naturalizó la asociación entre sindicalistas de derecha con grupos de izquierda y troskistas. Acaso Hitler y Stalin no firmaron un pacto de no agresión, mientras les era conveniente?

Mencionados algunos antecedentes conceptuales históricos, es momento de detenernos en los componentes vernáculos. Cuál es la alternativa al “enemigo Macri”? Viejos políticos y gremialistas que atravesaron impertérritos cavallismos, menemismos, kirchnerismos, sin jamás reconocer culpas? Nuevamente encontramos una respuesta sólida en pensadores trascendentes; en este caso Karl Marx. Al referirse a las repeticiones históricas que planteaba Hegel, señaló: “La historia se repite dos veces; primero como tragedia y después como farsa”. Lo que nos recuerda que con los años, la marcha peronista parece haberse convertido en un símbolo de exilio político: se la canta solo cuando se está en el llano. Por ello, a más de cuarenta años de fallecido, Juan Domingo Perón no merece ser usado por los patéticos oportunismos modernos. Vale al respecto la opinión de un auténtico referente del peronismo histórico. Dijo Julio Bárbaro: “El drama de los argentinos es que le ponemos el nombre de peronismo al oportunismo y al apoliticismo, pero podríamos llamarlo de cualquier otra manera. El peronismo no es un partido. Es una asociación al poder”.

Las grietas aún hoy son tragedia, pero el tiempo y personajes desgastados las están convirtiendo en farsa. Evolucionar es una oportunidad para quienes tienen raíces socialistas, radicales, justicialistas, y para las mayorías sin identidades partidarias. Pero evolucionar significa mirar hacia adelante, no repetir el pasado.

Buenos Aires, 21 de febrero 2018

La renovada crítica al nepotismo en distintas organizaciones estatales, reitera grandilocuencias discursivas que pretenden aprovechar coyunturas políticas, sin que nada cambie. Sin embargo la supervivencia de viejas clases dirigentes agrietó este oportunismo y/o cinismo dialéctico, permitiendo que la ciudadanía detecte cosméticas del engaño, como la de señalar supuestas inobservancias éticas, en lugar de desactivar los vicios y abusos legalizados que destruyen a la organización política, social y económica llamada Estado. Que alcanza a las instituciones no gubernamentales y/o privadas, cuando perciban recursos públicos cuyo destino el Gobierno está obligado a controlar (subsidios, créditos, aportes).

Este oportunismo discursivo que entremezcla ética con nepotismos, amiguismos, complicidades y tramas de corrupción, pretende obviar acuerdos virtuosos para desactivar procedimientos y subterfugios legales que permiten crear organismos irrelevantes, funciones superfluas con ingreso de personal innecesario y apartado de los requisitos de ley (sin quejas gremiales), con escalas salariales que vulneran el principio de “a igual trabajo igual remuneración”. De este modo, los acuerdos multipartidarios y gremiales tienden a mantener una administración pública familiar y clientelar, que limita el acceso de los ciudadanos comunes a cargos públicos por vía de la competencia y méritos propios.  

Al engaño de invocar supuestos conceptos éticos, oficialismos y oposiciones predican que ciertos conceptos se presuman válidos por su solo enunciado y repetición. El ejemplo más claro es el de “cargos políticos”. Destaquemos algunas leyes, conceptos y números. A nivel legal, el artículo 85 de la Constitución en su inciso 7, señala que el presidente de la Nación “por sí solo” nombra y remueve al Jefe de Gabinete, ministros, oficiales de su secretaría, agentes consulares y empleados cuyo nombramiento no esté reglado por la Constitución.  Fuera de este marco, las designaciones necesitan acuerdos legislativos. Por su parte la Ley 25.164 que regula el Régimen de Empleo Público, en el inciso b) del artículo 4°, indica que la selección para el ingreso a la Administración deberá asegurar “el principio de igualdad en el acceso a la función pública” (textual). Su artículo 9° establece que el régimen de contratación, siempre es de carácter transitorio. Es evidente que políticos y sindicalistas no aplican las leyes.

Relacionemos lo conceptual con lo numérico. Es usual y razonable que un presidente cuente con la posibilidad legal de cubrir discrecionalmente los principales cargos del poder Ejecutivo, con quienes entiende reúnen los perfiles adecuados y se identifican con el programa de gobierno. Llamémoslo “confianza”. Cuando lo traducimos a números, se reconocen 3.000 cargos políticos en la administración nacional, excluidos organismos descentralizados. Surgen preguntas sin respuestas: es el número que la Constitución faculta al presidente, o dicha facultad se extiende a otros funcionarios? Cuáles son “cargos políticos”, y quiénes los definen? Quiénes los controlan y evalúan?  

En cuanto a política salarial, las inconsistencias se incrementan. Se apela al ardid de otorgar a organismos supuestas “autonomías funcionales” e inexistentes “autarquías financieras”, pues los recursos tienen como único origen lo que recauda el Estado. Es como si un hijo que depende económicamente de su padre, considerara que tiene autarquía financiera. El Presidente de la Nación, que es el más alto cargo público, percibía a septiembre de 2017 un sueldo de $ 208.207. Pero asombrosamente es superado por muchos otros funcionarios “autónomos y autárquicos”. El absurdo no reconoce jerarquías. Un chofer del Banco Central gana cuatro veces más que un chofer de un ministerio. Estas asimetrías explican la negativa a transparentar los salarios públicos, o aún falsearlos.

Estas irracionalidades no son inicialmente imputables a los que genéricamente se llaman “empleados”. Se deberán solucionar desde arriba hacia abajo, desactivando otra excusa falaz: “el ahorro es irrelevante”. El problema no es “bajar salarios”, sino crear cargos absurdos “para justificar salarios”. Lo enunciado es de plena aplicación para los poderes legislativo, judicial y organismos internacionales.

Buenos Aires, 14 de febrero 2018

La recurrente práctica del nepotismo político abarca a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, municipios y provincias. Al momento de debatirlo, los sectores favorecidos repiten discursos cínicos y falaces. Cínicos, porque los oficialismos y oposiciones de turno lo ejercen y avalan desde hace décadas. Falaces, porque para que nada cambie, plantean el debate en términos éticos, cuando debiera ser en marcos legales. Pero el juego de la demagogia se desgastó. La ciudadanía evaluó como igualmente nefasto que la hija del ex ministro Rossi o la hermana del actual ministro Triaca hayan sido designadas en el directorio del Banco Central por sus vínculos familiares. Es oportuno entonces reflexionar sobre el origen y consecuencias del nepotismo, que exceden a las consideraciones ético-morales.

El nepotismo es de origen monárquico, muchas veces asociado a manejos hereditarios del poder (toda semejanza con algunos gobernadores, intendentes y gremialistas es casual). En sus antecedentes históricos jamás se asoció a debates éticos, sino a una forma de concentración y mantenimiento del poder, bajo distintos matices: absolutismo, despotismo ilustrado, monarquías constitucionales, dictaduras, democracias. El origen conceptual no varía: “Tengo poder discrecional para decidir o intermediar, y favorezco a mis intereses”. La ética por su parte, es una rama de la filosofía relacionada con la moral, que estudia los comportamientos humanos íntimos o externos en la obediencia de normas y costumbres. A diferencia de la ley, ninguna persona puede ser penalizada por no cumplir normas éticas, a diferencia de las normas administrativas o penales con sanciones específicas.

La mal llamada ley de Ética Pública vigente fue promulgada en el año 1999. Presenta curiosidades que explican el cinismo del debate político: el nepotismo no es mencionado. Más aún, su Artículo 23 prevé una Comisión Nacional como organismo de aplicación, que nunca fue creada. Un aspecto relevante es la obligación de los funcionarios y legisladores de presentar declaración jurada de bienes, y en los casos que correspondan para establecer eventuales incompatibilidades, sus antecedentes laborales. Jamás se aplicaron sanciones para quienes incumplieron este requisito. El próximo tratamiento por el Congreso de la reformulación de la ley que lleva a cabo la Oficina Anticorrupción, brinda una oportunidad para entender la diferencia entre ética y legalidad. El tratamiento de la ley y su aprobación estará a cargo de quienes legalizaron fueros propios, que les permiten presentarse como candidatos electivos o ejercer como legisladores, estando procesados o condenados por delitos comunes (enriquecimiento ilícito, contrabando, defraudación, etc.). Evidentemente no es ético, pero es legal. Y lo exigible es lo legal. Por ello la ciudadanía no debe dejarse engañar por la falsa estética discursiva de la ética, sino guiarse por las calidades y cumplimiento de las leyes.   

Superada la instancia filosófica, indaguemos en los concretos efectos del nepotismo en nuestro sistema democrático, en el que aún sobreviven demasiados y ansiosos golpistas civiles. El más devastador es el de la corrupción estatal, que asocia a funcionarios, empresarios y testaferros para depredar recursos públicos. Para ello se debe instalar una extendida “trama” de complicidades en los sectores del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos de control y sindicales, para obtener el paraguas necesario de la impunidad. Implementar la trama y lograr su continuidad temporal no es sencillo. Se apoya en reelecciones indefinidas, sistemas electorales que faciliten continuidades, leyes laxas contra la corrupción, organismos de control sin control, elecciones gremiales condicionadas, traspasos hereditarios, nepotismos. Ante hechos corruptos repercuten en la opinión pública los actores “activos” partícipes directos en el delito, pero poco se habla de los “pasivos”. Son los que sin recibir beneficios pecuniarios del negociado, lo permiten “dejando hacer”, ocultando, o incluso interviniendo en acciones de propaganda para deslegitimar acusaciones y  confundir a la opinión pública. También usufructúan fondos públicos, a través de cargos bien remunerados o importantes honorarios en caso de “servicios externos”. Para otorgarlos se necesita poder de decisión. Ello nos confronta con una pregunta que incursiona  en las estructuras del Estado: cuántos funcionarios tienen ese poder de decisión? La segunda pregunta es más inquietante: el Presidente de la Nación tiene de por sí solo el poder para desactivar la sólida trama “política-nepotismo-corrupción”?

Buenos Aires, 07 de febrero 2018

El concepto de maraña es aplicable a los objetos, hechos e ideas, que al entrecruzarse conforman un todo confuso. Pareciera adecuado para entender la larga crisis del peronismo, que excede lo partidario. Las democracias exigen opciones de gobierno con expresiones políticas basadas en principios y coherencia, y no en oportunismos de coyuntura. La confusión alcanza a sectores no peronistas, que en sus análisis suelen catalogarlo simultáneamente como peronismo, justicialismo, menemismo o kirchnerismo. El subterfugio “plasticidad ideológica”, o el eslogan “somos los únicos que sabemos gobernar”, sucumbieron tras décadas de ejercer el poder. La situación social de la provincia de Buenos Aires tras 26 años ininterrumpidos de gobierno, 24 de los cuales fueron con presidencias  del mismo signo, exime de mayores comentarios.

En la crisis del peronismo inciden contextos exógenos, producto de las transformaciones sociales y la crisis del 2001-2002, y endógenos, atribuibles a quienes pretenden continuar usufructuando poder invocando la memoria de Perón. En la recuperación de la democracia en 1983, el peronismo ya había perdido la jactancia de la imbatibilidad. Raúl Alfonsín (UCR), derrotaba a Italo Luder (PJ), por casi 12 puntos, en un contexto en el que entre ambos partidos captaron el 91,91% de los votos. La crisis 2001-2002 con la práctica de suplir los golpes militares por los “institucionales”, arrasó con ese histórico bipartidismo, tras el justificado y sorpresivo clamor popular para “que se vayan todos los políticos”. Las consecuencias sociales fueron catastróficas: una devaluación feroz; un empobrecimiento inédito con sustracción de los ahorros de la clase media, y estatización de parte de las deudas en dólares de grandes grupos empresarios. Por ello, quienes nostálgicamente recuerdan al helicóptero y reclaman la caída del gobierno actual, no defienden a los más humildes, sino añoran tomar el poder por asalto para mantener patrimonios mal habidos, y recuperar las inmunidades judiciales. 

Los partidos de Yrigoyen y Perón, quienes fueron impulsores de grandes avances sociales pero igualmente criticados y derrocados, perdieron su condición de expresiones unívocas. El sofisticado e indefinible concepto de ideología, sin estructuras coherentes que las sustenten, transformaron los acuerdos democráticos virtuosos en groseros oportunismos de cúpulas. Se inició con la fórmula De la Rúa-Alvarez en 1999, continuó con Cristina Kirchner-Julio Cobos y Roberto Lavagna-Gerardo Morales en el 2007, Ricardo Alfonsín-Francisco de Narváez en el 2011, para manifestarse hoy patéticamente con Leopoldo Moreau como portavoz del kirchnerismo. Un punto de partida para reconfigurar expresiones políticas medianamente coherentes y con posibilidades de gobernar, es comprender que la gente ya no se impresiona por la acumulación de dirigentes, muchos de ellos con viejos y discutibles antecedentes. Quizás un punto de inflexión haya sido el debate originado ante la propuesta de la fórmula Macri – Massa como única alternativa para triunfar en la elección presidencial del 2015.  Frustrado el intento, como candidato Massa obtuvo el 21,39% de los votos, y Stolbizer el 2,51%. Integrando una única lista en las legislativas del 2017, solo obtuvieron el 11,32% del padrón provincial.

El peronismo no ha podido superar aún viejos vicios para alcanzar el poder, que mezclan dosis de misticismo, corporativismo y dirigencias perennes. Para definir estrategias y minimizar subjetividades, es habitual formular preguntas concretas para intentar lograr respuestas convincentes. Mencionemos tres interrogantes: 1) Que podrían ofrecer a la sociedad, entre otros, Kirchner, Massa, Menem, Pichetto, Scioli, ambos Fernández, Ferraresi, De Vido, Urtubey, Rodriguez Saá, Espinoza, los Moyano, aunados en un mismo proyecto de gobierno?. 2) A qué ideología puede asimilarse cada uno de los mencionados: derecha, izquierda, neoliberal, populista, republicano o conservador?. 3) La última pregunta pareciera sencilla, pero no lo es: porqué no se vinculan peronismo (pensamiento) y justicialismo (partido)? Son distintos?

Posiblemente Maquiavelo colabore en lograr respuestas adecuadas, cuando señala que “el que pretende estar en distintos lugares al mismo tiempo, termina no estando en ninguno”.

Buenos Aires, 31 de enero 2018

Por razones meramente simbólicas, los cierres de año y comienzo del siguiente suponen la necesidad de realizar un balance del pasado, y proyectar el futuro. En el campo político, ante los conocidos sucesos de diciembre, cabe preguntarse qué puede aportar un ciudadano común ante el fárrago descontrolado de mensajes emitidos  por quienes supuestamente tienen el privilegio de legislar “para todos los argentinos”. En principio, intentar resumir en pocos conceptos lo sucedido, y en cuanto al futuro inmediato, plantear interrogantes concretos para luego esbozar respuestas durante enero, mes más propenso al sosiego.

Para entender los pobres y “apasionados” debates legislativos, en especial al referido a la actualización de las jubilaciones más bajas, es oportuno recordar una frase del economista argentino Rodolfo Frenkel en un reportaje: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan”. No es casual entonces que en el clamor por los pobres jubilados, ningún sector político, entre ellos el defensor de la Tercera Edad, explicitara las causas de la quiebra del sistema jubilatorio: escandalosos privilegios sectoriales, con un uso político de los recursos de los genuinos aportantes al sistema. Basta mencionar tres ejemplos: 1) puede llamarse sistema sustentable, equitativo y de reparto, al que permite que las jubilaciones más altas superan en 40 veces a las más bajas?; 2) puede ser genuina la preocupación de gremialistas como Palazzo por los “pobres jubilados”, mientras combate contra la derogación de privilegios jubilatorios bancarios en provincia de Buenos Aires?. 3) puede existir preocupación por los que menos tienen, cuando un empresario privado puede robarse más de 8.000 millones de pesos en impuestos, en complicidad con altos funcionarios de gobierno?

Una circunstancia a tener presente, es cuando las inconsistencias verbales para enmascarar privilegios en nombre de reivindicaciones sociales (parlamento), buscan apoyatura en el terreno de los hechos violentos facciosos y organizados, como sucediera en el ataque al Congreso y a estoicos policías. Si bien este juego tiene anteceden históricos cercanos, presenta actualmente una interacción de intereses inédita y de altísimo riesgo.  Con la recuperación de la democracia las protestas, incluso con fines desestabilizantes, se resumían en repetidos paros generales de la CGT, cuyo resultado era la paralización del país, sin desmanes organizados anexos. Eran días “aburridos”. En la crisis 2001-02, cuando los políticos intentaron repetir la matriz de recambio anticipado de un gobierno, reemplazado por otro de “salvación nacional”, se vieron sorprendidos por el justificado reclamo “que se vayan todos”. Superada parcialmente la crisis a costa, una vez más, de los “que menos tienen”, durante el gobierno anterior se perfeccionó una trama de corrupción que integró eficazmente a los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y organismos de control, tras un objetivo necesario y tranquilizador: impunidad. Por ello los recientes sucesos de violencia física y verbal, exhibieron una confluencia de intereses inédita entre conocidos grupos de extrema izquierda violentos, asociados a políticos y empresarios multimillonarios a costa de los recursos del Estado, que pretenden salvar patrimonios y libertades. Como suele suceder, con la colaboración de demasiados “idiotas útiles”.

Hacia el futuro inmediato, es útil plantearse dudas e intentar respuestas clarificadoras, como ejercicio reflexivo veraniego. El cuestionario puede ser ampliado a voluntad. 1) A quiénes representan los legisladores?; si son libre pensadores autónomos, porqué se mantienen las listas sábana para elegirlos?; 2) En relación al síndrome de demagogias y fluctuaciones legislativas y políticas, a quién representa Sergio Massa?; 3) Peronismo y Partido justicialista son sinónimos?.

Como cierre del 2017, completaremos la esclarecedora frase del economista Frenkel, con un consejo no menos preciso de Maquiavelo: “los males que nacen del Estado, cuando se los descubre a tiempo se los cura pronto. Pero ya no tienen remedio cuando, por no haberlos advertido, se los deja crecer hasta el punto que todo el mundo los ve”.

Buenos Aires, 27 de diciembre 2017

El debate sobre el régimen de movilidad de haberes previsionales, reitera discursos políticos que exhiben cinismos, falsedades, ocultamientos y mayoritariamente desconocimiento. Entre los responsables de clarificarlo se destacan quienes por sus funciones deben legislar, representar e informar en carácter de especialistas. Entre otros, Graciela Caamaño, con 20 años de legisladora; Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, Mirta Tundis, especializada en temas jubilatorios y hoy legisladora, y funcionarios de gobierno, que deberían explicitar la propuesta con ejemplos numéricos entendibles para el ciudadano común. A ellos, entre otros, se les reconoce la capacidad y obligación de saber analizar y comunicar. Sin embargo, en las instancias discursivas todos se sumergen en mensajes enlatados que igualan a capaces con mediocres, reclamando con estudiada indignación, en favor de los “pobres viejitos jubilados”. Pero nada dicen del meollo de la cuestión: miles de “afortunados viejitos” privilegiados;  uso político en el acceso a los beneficios jubilatorios, y utilización del organismo previsional como agente financiero del Estado a tasas ruines.  

Surge entonces una paradoja esclarecedora: los propios sectores políticos dolidos por los “viejitos”, legislaron inequidades, prebendas y privilegios que luego llaman “derechos adquiridos”, que son las causas de las recurrentes crisis previsionales desde hace cincuenta años. Es fácil proclamar la defensa de los “pobres viejitos” que ganan la mínima de $ 7.246, sin impedir que “afortunados viejitos” cobren más de $ 300.000. Que quienes aportaron más de treinta años o se jubilaron con 65 años, “compartan” con quienes aportaron veinte años o menos, o se jubilaron con 55 años. Que el Estado y privados con beneplácito sindical, continúen realizando pagos sin aportes.  Y así sucesivamente.

En lugar de ser atrapados por caóticos debates y porcentajes  tipo “gana-pierde”, vale una breve reseña histórica. Más allá de tibios antecedentes a comienzo del siglo XX, el presidente Perón impulsó el sistema jubilatorio a nivel nacional, con la creación de innumerables Cajas de Jubilaciones. Inicialmente funcionaban independientemente y con superávit elevado, al tener muchos aportantes y pocos jubilados. En 1967 comenzaron a unificarse parcialmente, hasta que con la creación de la Anses en 1991, se unificaron definitivamente. En 1993 el gobierno de Menem implementó un sistema jubilatorio mixto, integrado por uno estatal de reparto, y otro privado de capitalización individual. El concepto privado no excluía la participación pública, al punto que las bancas públicas Nación y Provincia de Buenos Aires, e incluso gremios, crearon sus propias aseguradoras de retiro.

 El gobierno de Kirchner abrió una consulta con la razonable intención de permitir la posibilidad el traspaso entre los sistemas público y privado. La mayoría de los afiliados permaneció en este último, no por sus bondades, sino por la desconfianza que generaban los antecedentes  del sistema jubilatorio estatal. Pese a la compulsa, tiempo más tarde, la misma generación de legisladores que privatizaron parcialmente el sistema en 1993, lo reestatizó en el 2008 debido a urgentes necesidades financieras del Tesoro. Se eliminaron las cuentas individuales, se transfirieron los ahorros acumulados a una cuenta única del Gobierno nacional, y se creó el Fondo de Garantía para preservar el valor de los aportes y efectuar pagos a los beneficiarios del sistema previsional. En paralelo, legisladores, funcionarios y sindicalistas continuaban habilitando nuevos regímenes de privilegio, fórmulas de cálculo circunstanciales, y acumulando juicios por liquidaciones no ajustadas a derecho.

Un sistema de reparto depende de muchas variables implementadas por ley, cada una de las cuáles impacta en el corto y largo plazo. Tal fluctuación insostenible en un régimen que atraviesa generaciones, se ejemplifica hoy. Lo que hasta hace pocos años parecía inalcanzable, como actualizar las jubilaciones por inflación, hoy pareciera un perjuicio inadmisible. Pasado este debate puntual, los expertos en el tema, sin especulaciones políticas, debieran clarificar e impulsar propuestas que hagan realidad los términos sustentable, solidario y de reparto. En lo inmediato y como mero ejercicio de prolijidad, algún legislador debería proponer que dichos términos no podrán ser usados, mientras sea legal que un empleado público cobre más de $ 300.000 de jubilación, y públicos y privados $ 7.246.   

Cabe plantear una inquietud final de ciudadano común; no será momento de interrelacionar de algún modo los beneficios de la Anses, el Pami y las cajas sindicales de obras sociales?

Buenos Aires, 13 de diciembre 2017