Alfonsín: honrar un fracaso

El pasado 30 de octubre se conmemoró el 35° aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín. Para asombro de muchos, el radicalismo superó al justicialismo por casi doce puntos, sumando entre ambos partidos el 92% de los votos. La sociedad había interpretado que Alfonsín y su partido eran los más confiables para afrontar la compleja reconstitución del tejido institucional, social y económico del país, sin por ello sumergirse en tramposas “grietas”. Los recientes homenajes recordaron a Alfonsín con el emblema grandilocuente  de “padre de la democracia”, pero sería más oportuno destacar propuestas esenciales que no se le permitió llevar a cabo, y que los políticos aún no han tenido la capacidad y/o voluntad de resolver.

Ya en su campaña planteó la necesidad de democratizar a dos sectores fuertemente corporativos: Fuerzas Armadas y sindicatos. Estos últimos, de clara identificación peronista, tuvieron un rol central en el armado del partido para la elección de 1983, ocupando sus representantes altos cargos partidarios y candidaturas nacionales y provinciales de peso, para obtener finalmente 35 bancas legislativas. A poco de asumir, Alfonsín envió la ley de reordenamiento sindical y electoral a fin de regularizar el funcionamiento de los gremios tras la dictadura, conocida como “ley Mucci”, en alusión al trabajador gráfico Antonio Mucci, designado Ministro de Trabajo. Entre sus puntos, se planteaba la personería gremial para el sindicato más representativo (sindicato único por rama), pero permitiendo la participación de las minorías que obtuvieran el 25 % de los votos, que los afiliados deberían emitir en forma directa, obligatoria y secreta, bajo el control de la Justicia Electoral Nacional. Los mandatos duraban tres años con una sola posibilidad de reelección inmediata. La contrapropuesta gremial fue la de retomar la ley de Asociaciones Profesionales de 1973, y encomendar la regularización de las conducciones de los gremios a comisiones designadas por los propios gremios.

Previo a ingresar al Congreso, el proyecto radical produjo un primer efecto paradójico: gremialistas enfrentados entre sí durante la dictadura, terminaron unidos ante un gobierno democrático, con una conducción colegiada de la CGT, integrada por Saúl Ubaldini, Osvaldo Borda, Ramón Baldassini y Jorge Triaca. Aprobado por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, el proyecto fue finalmente derrotado el 14 de marzo de 1984 en Senadores, por 24 a 22 votos, con el voto decisivo de Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino. El 3 de agosto de 1984, la CGT llamó al primer paro general de los trece que sufriera Alfonsín durante su mandato. El gremio docente CTERA no se adhirió.

Años más tarde, el gobierno de la Alianza encabezado por De la Rúa, consiguió en abril del 2000 la aprobación legislativa de una reforma acordada con sectores del justicialismo, que entre otros aspectos permitía sellar convenios colectivos por empresa en lugar de rama o actividad, y derogaba los convenios ultraactivos de los años 1975 y 1988 de renovación automática, aún vigentes. En mayo de ese año el sindicalista Hugo Moyano denunció que el Ministro de Trabajo Flamarique había comentado que “para los senadores tengo la Banelco”, lo que éste negó. Ello desencadenó la crisis política con la renuncia del vicepresidente Alvarez, y posterior caída de De la Rúa en diciembre de 2001. En el 2003 se derogó la ley.

Más recientemente el gobierno de Cambiemos impulsó una reforma laboral que promueve la discusión sobre aspectos conflictivos: normas que regulan las obras sociales y el Pami; poca uniformidad en los aportes sindicales; integrar prácticas laborales al sistema educativo; definir si ciertos beneficios (celular, vehículo), son parte del salario, y muchos otros. Lo tratado con sectores gremiales que en 2017 parecía viable, hoy desapareció de la agenda.

Una crítica recibida por Alfonsín, falencia que se repitió en los intentos posteriores, es no haber sido más explícito ante la sociedad y los trabajadores en especial, respecto a los costos y beneficios de las reformas propuestas. En contraposición, para obturar todo tipo de cambios y mantener privilegios, el mensaje de la corporación sindical se mantuvo inmutable en el tiempo:  “leyes impuestas por el FMI, precarización laboral, baja de salarios, pérdida de derechos”. Es momento de debatir propuestas que no incidan en los salarios de bolsillo, sino sobre costos adicionales injustificados, como excesivos aportes, seguros, ausentismo, entre otros. El problema no puede ser obviado. A comienzos de 2017 según datos oficiales, existían 12 millones de empleados registrados; 4,5 millones informales y cerca de 1,5 millones desocupados.

Modernizar el mercado laboral favoreciendo al trabajador y desarmando costosos privilegios, sería un excelente homenaje para Raúl Alfonsín.

Buenos Aires, 07 de noviembre 2018

Arenga clerical

Señalar que la desaforada corrupción estatal-privada explica la degradación del país desde hace décadas, sería un lamento inconducente. A futuro, el desafío estriba en desarmar la sólida trama de complicidad e impunidad, enquistada entre quienes dicen representarnos, entre quienes vociferan cuidar a los trabajadores, entre quienes deben impartir justicia, y entre quienes aducen aportar capital propio de riesgo para el crecimiento del país. Agrava el cuadro algunos Obispos, cuando en sus sermones omiten recordarles a esos políticos, gremialistas y empresarios reconvertidos en fervorosos feligreses, el mandamiento “No robarás”.

Sin embargo el efecto “cuadernos de Centeno”, que dejaron como nunca antes expuesto cualitativa y cuantitativamente el saqueo de recursos públicos desde hace décadas, brinda a los ciudadanos comunes ajenos al poder, una alternativa contundente para promover cambios: reelaborar críticamente el repetido discurso político o mensaje, utilizado para comunicar y/o manipular a la opinión pública. Asumiendo que en esta coyuntura las pugnas no son ideológicas o principistas, sino por poder, dinero y privilegios. Hace 2.400 años Aristóteles planteaba a la política como un concepto que no debe separarse del realismo de los objetos. Maquiavelo hace casi 500 años, en su excepcional análisis del proceder de los hombres en las luchas por el poder, señalaba que “el príncipe cuyo gobierno descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque son ambiciosos, desleales… no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”.  A éste perfil de quienes pujan por el poder, nuestro país como no podía ser de otro modo, le suma una peculiaridad no habitual en sistemas democráticos: desde hace décadas se mantienen los mismos dirigentes políticos y gremiales. Para lograr tal perdurabilidad, según convenga y con cargo público y/o privilegio bajo el brazo, un mismo personaje puede ser neoliberal o populista; de derecha o izquierda; racional o irracional.  Y muchos de ellos, a la hora de justificar patrimonios, confiesan encarnar una trinidad casi mística: ser políticos, gremialistas y empresarios simultáneamente.

Un primer intento de desmitificar frases clásicas del discurso político, partirá de la más usada en los procesos judiciales por los partícipes en actos de corrupción contra el Estado: denunciar “persecución política”, pretendiendo que  subliminalmente, los actos delictivos se confundan con la persecución de ideas. Pero el concepto “política” implica una manera de ejercer el poder público, resolviendo entre los intereses encontrados que se producen en una sociedad. Los que lo ejercen asumen además la responsabilidad de administrar los recursos públicos en función de intereses comunes. Por ello cuando los delitos no se refieren al patrimonio privado sino al público (demagógicamente llamado de todos), ese delito además de penal es “político”, agravado por el perjuicio social que provoca. El Poder Judicial, según marca la Constitución, deberá perseguir justicia y sancionar a los culpables. Los conceptos se suelen clarifican si se los confronta con su opuesto. En este caso, persecución con protección. Si el delito cometido años y/o décadas atrás recién hoy se “persigue”, en general con los mismos jueces y fiscales de entonces, es de sospechar que antes existió “protección” para lograr impunidad. Se concluye entonces que cuando en el Estado la corrupción no es puntual sino estructural, “perseguir” y “proteger” actúan como sinónimos. Por otra parte la victimización que permite el término “persecución”, jamás es acompañada por parte del funcionario sospechado / investigado / acusado, aunque sea de  modo falaz como en el caso de delincuentes comunes, por la expresión “soy inocente”. Si se presta atención, jamás. Ello debido a que decirlo, implicaría negar y/o explicar que los bienes, empresas, sociedades y cuentas en el exterior que les son adjudicadas, le pertenecen.

Otro mensaje político de manual que la impúdica exhibición de corrupción ha mostrado como falaz, es el declamado “luchar contra los grupos económicos concentrados”. Décadas atrás, esta entusiasta invocación subliminalmente remitía a nombres paradigmáticos del empresariado: Fortabat, Bunge y Born, Rocca, Macri, Bulgheroni, Perez Companc, entre otros, con capacidad económica y de “lobby” ante el poder político. El escándalo Centeno transparentó que en las tramas de corrupción estatales de los últimos quince años, los grupos económicos dejaron de ser tan concentrados, para organizarse asociando a políticos, gremialistas, legisladores, jueces y testaferros en una misma trama. Sus fortunas injustificadas, que envidiarían apellidos emblemáticos de antaño, en lugar de representar un loable fenómeno de crecimiento social y económico, explican la pobreza de muchos.

Buenos Aires, 24 de octubre de 2018

Perseguir y proteger como sinónimos

Señalar que la desaforada corrupción estatal-privada explica la degradación del país desde hace décadas, sería un lamento inconducente. A futuro, el desafío estriba en desarmar la sólida trama de complicidad e impunidad, enquistada entre quienes dicen representarnos, entre quienes vociferan cuidar a los trabajadores, entre quienes deben impartir justicia, y entre quienes aducen aportar capital propio de riesgo para el crecimiento del país. Agrava el cuadro algunos Obispos, cuando en sus sermones omiten recordarles a esos políticos, gremialistas y empresarios reconvertidos en fervorosos feligreses, el mandamiento “No robarás”.

Sin embargo el efecto “cuadernos de Centeno”, que dejaron como nunca antes expuesto cualitativa y cuantitativamente el saqueo de recursos públicos desde hace décadas, brinda a los ciudadanos comunes ajenos al poder, una alternativa contundente para promover cambios: reelaborar críticamente el repetido discurso político o mensaje, utilizado para comunicar y/o manipular a la opinión pública. Asumiendo que en esta coyuntura las pugnas no son ideológicas o principistas, sino por poder, dinero y privilegios. Hace 2.400 años Aristóteles planteaba a la política como un concepto que no debe separarse del realismo de los objetos. Maquiavelo hace casi 500 años, en su excepcional análisis del proceder de los hombres en las luchas por el poder, señalaba que “el príncipe cuyo gobierno descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque son ambiciosos, desleales… no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”.  A éste perfil de quienes pujan por el poder, nuestro país como no podía ser de otro modo, le suma una peculiaridad no habitual en sistemas democráticos: desde hace décadas se mantienen los mismos dirigentes políticos y gremiales. Para lograr tal perdurabilidad, según convenga y con cargo público y/o privilegio bajo el brazo, un mismo personaje puede ser neoliberal o populista; de derecha o izquierda; racional o irracional.  Y muchos de ellos, a la hora de justificar patrimonios, confiesan encarnar una trinidad casi mística: ser políticos, gremialistas y empresarios simultáneamente.

Un primer intento de desmitificar frases clásicas del discurso político, partirá de la más usada en los procesos judiciales por los partícipes en actos de corrupción contra el Estado: denunciar “persecución política”, pretendiendo que  subliminalmente, los actos delictivos se confundan con la persecución de ideas. Pero el concepto “política” implica una manera de ejercer el poder público, resolviendo entre los intereses encontrados que se producen en una sociedad. Los que lo ejercen asumen además la responsabilidad de administrar los recursos públicos en función de intereses comunes. Por ello cuando los delitos no se refieren al patrimonio privado sino al público (demagógicamente llamado de todos), ese delito además de penal es “político”, agravado por el perjuicio social que provoca. El Poder Judicial, según marca la Constitución, deberá perseguir justicia y sancionar a los culpables. Los conceptos se suelen clarifican si se los confronta con su opuesto. En este caso, persecución con protección. Si el delito cometido años y/o décadas atrás recién hoy se “persigue”, en general con los mismos jueces y fiscales de entonces, es de sospechar que antes existió “protección” para lograr impunidad. Se concluye entonces que cuando en el Estado la corrupción no es puntual sino estructural, “perseguir” y “proteger” actúan como sinónimos. Por otra parte la victimización que permite el término “persecución”, jamás es acompañada por parte del funcionario sospechado / investigado / acusado, aunque sea de  modo falaz como en el caso de delincuentes comunes, por la expresión “soy inocente”. Si se presta atención, jamás. Ello debido a que decirlo, implicaría negar y/o explicar que los bienes, empresas, sociedades y cuentas en el exterior que les son adjudicadas, le pertenecen.

Otro mensaje político de manual que la impúdica exhibición de corrupción ha mostrado como falaz, es el declamado “luchar contra los grupos económicos concentrados”. Décadas atrás, esta entusiasta invocación subliminalmente remitía a nombres paradigmáticos del empresariado: Fortabat, Bunge y Born, Rocca, Macri, Bulgheroni, Perez Companc, entre otros, con capacidad económica y de “lobby” ante el poder político. El escándalo Centeno transparentó que en las tramas de corrupción estatales de los últimos quince años, los grupos económicos dejaron de ser tan concentrados, para organizarse asociando a políticos, gremialistas, legisladores, jueces y testaferros en una misma trama. Sus fortunas injustificadas, que envidiarían apellidos emblemáticos de antaño, en lugar de representar un loable fenómeno de crecimiento social y económico, explican la pobreza de muchos.

Buenos Aires, 24 de octubre de 2018

Coimas de novela (cuaderno 8)

En este último cuaderno, el 03 de noviembre del 2015 es la fecha en la que Centeno concluyó con la descripción de los circuitos recaudatorios de coimas. Diez días antes, el justicialismo había sido derrotado en la provincia de Buenos Aires, tras 25 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder. Diecinueve días después, en la segunda vuelta para elegir presidente, la coalición Cambiemos derrotó al Frente encabezado por el justicialismo, que gobernara al país durante doce años consecutivos. Surge una primera hipótesis: una alternancia democrática evita y/o afecta las tramas delictivas público-privadas conformadas para asegurar impunidad en la sustracción de recursos públicos. Con vista a futuro, se debiera evitar análisis fundados en tramposas “grietas”, instaladas para que la insensatez y el fanatismo predomine sobre la racionalidad y reflexión. Por ello no se plantea que lo “bueno” sustituyó a lo “malo”, sino a un principio democrático esencial: los efectos saludables de alternancia política-institucional en el manejo de lo público. Requisito necesario pero no suficiente.

En un sistema democrático de baja calidad como el argentino, desarmar la trama de corrupción tiene gran complejidad, porque muchos de sus actores partícipes directos e indirectos están enquistados en las estructuras institucionales tanto públicas como privadas, amparados por leyes y procedimientos que ellos mismos promulgan y aplican. Y que tras un barniz institucional, de ser necesario, coaccionan a través de grupos de choque de acción directa. Este sustrato se potenció con la desaparición de partidos políticos coherentes y consolidados, y con un amplio espectro de políticos que aceptan integrar cualquier espacio partidario, siempre y cuando sea con cargo asegurado. El crítico panorama cierra con lo más grave; un conjunto de figuras variopintas de supuesta opinión influyente, dedicadas a promover golpes institucionales cuya representación simbólica es el helicóptero, recordando a De la Rùa. Olvidando que esa imagen nos retrotrae también al golpe militar que eyectó del poder a la presidenta constitucional Isabel Perón. 

El mérito no deseado de los cuadernos de Centeno, hasta simbólico si se quiere, es haber barrido con rumores, supuestos, investigaciones periodísticas de corrupción con éxitos editoriales como único resultado, debates políticos estériles y sin costos, obscenas exhibiciones de riqueza impunes, para poner sobre el escenario a todos los actores cómplices de la trama, incluidos el mayordomo, el jardinero y el secretario, como en las viejas novelas policiales. Los cuadernos cierran un capítulo, y abren el más trascendente a futuro inmediato: como actuarán las fuerzas políticas, judiciales, legislativas, empresariales y laborales en esta instancia, en donde pujarán con similar peso de representación institucional probos y cómplices, justicia y encubrimiento?

El seguimiento de los avances judiciales en las distintas causas de corrupción, en cabeza de la originada en los cuadernos de Centeno, debieran servir en paralelo para plantear interrogantes e intentar obtener respuestas, que erradiquen conceptos, leyes, léxicos, usos y costumbres, que son los que desde hace décadas, posibilitan un Estado ineficaz, débil y permeable a la corrupción. El pasado y el presente exigen castigo y resarcimiento. Pero el futuro, profundos cambios de paradigmas políticos. Citemos algunos interrogantes:

1) Conceptual. En un sistema político presidencialista verticalista, o en organizaciones empresariales jerárquicas, qué relación existe entre las responsabilidades de conducción y/o mando, y las penales por corrupción? En estructuras delictivas permanentes y a gran escala, un Presidente puede ignorar lo que hace un Ministro, este lo que hace un Secretario, y así sucesivamente? Un presidente de empresa puede ignorar coimas pagadas por subordinados?

2) Fàctico. En lugar de discutir por supuestos operadores judiciales que presionan a jueces y fiscales presionables, no sería más positivo que algún legislador del PRO, radical, justicialista racional o irracional, progresista y de izquierda blanda o dura, denunciara quiénes son los legisladores que están frenando fuertemente la ley de Extinción de Dominio, o intentando que se apruebe laxamente sin incluir los casos en trámite judicial?

3) Linguistico. Puede ser que en términos de corrupción estatal, protección y persecución sean sinónimos?

Comenzaremos a desarrollar intentos de respuesta.

Buenos Aires, miércoles 17 de 2018

Coimas de novela (cuaderno 7)

Los cuadernos de Centeno no contienen denuncias, carecen de adjetivaciones, su redacción es monocorde y rutinaria. Tres circunstancias aleatorias y concordantes produjeron su repercusión: un conflicto privado familiar de Centeno; obtención de los cuadernos por un periodista que priorizó la intervención judicial por sobre la primicia, y un juez y un fiscal de la vieja corporación judicial presuntamente arrepentidos que decidieron actuar conforme a sus obligaciones constitucionales, con el necesario sigilo para evitar las usuales estrategias comunicacionales destinadas a deslegitimar pruebas y denunciantes. Coronó el circuito la aprobación en 2016 de la ley que incorporó la figura del imputado colaborador o “arrepentido”, que parecía más declamatoria que eficaz. Esta suma de factores produjo un desmadre que pareciera afectar como nunca antes la resistente trama de impunidad, transparentando en un mismo escenario a partícipes políticos, empresarios, gremiales, corporativos, judiciales y periodísticos, aunados en complicidades, montos millonarios y arrepentimientos que no son de origen religioso.

Pero para que este hito no se diluya una vez más en lo escenográfico en lugar de lo sancionatorio y resarcitorio, es oportuno analizar recientes fallos judiciales que explican la enorme permeabilidad institucional que hizo posible los desaforados enriquecimientos ilícitos resultantes, con líderes providenciales sostenidos en malas leyes e instituciones públicas y privadas débiles. En este contexto, el “´líder” de turno para lograr supuestas y vocingleras adhesiones ideológicas y enriquecerse, debe comprar complicidades, flexibilizar controles, asociar a los poderes legislativos y judicial, e ignorar corrupciones complementarias. El procedimiento recuerda un principio económico paradójicamente liberal: dejar hacer y dejar pasar. Esta fuerte interdependencia se transparentó en tres fallos judiciales recientes.

A comienzo de octubre, la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Catucci, Riggi y Mahiques, anuló la condena a 7 años del ex presidente Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, decidida años atrás por otra Cámara de Casación. Ello no se justificó en la inocencia del ex presidente, sino en que se habían excedido todos los plazos razonables para poder administrar justicia, a 23 años de iniciada la causa. El camarista Mahiques agregó una opinión a tener presente para establecer responsabilidades de líderes políticos y empresarios, al señalar “que no estaba probado que Menem y quien fuera titular de Fabricaciones Militares hubieran sabido de los negocios que se estaban haciendo por debajo de su estructura”. Para cerrar la trama, se debe recordar que en el año 2015 la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión de la Cámara Nacional Electoral de inhabilitar la candidatura de Menem como senador nacional por carecer de idoneidad para ejercer un cargo público según el artículo 16 de la Constituciòn Nacional, aduciendo que solo una condena firme puede impedir a un ciudadano postularse a un cargo público. En un caso, la Cámara de Casación no aclaró cuáles son los plazos legales razonables en un juicio (no hay un Código Procesal?); en el otro, la Corte nos informa que la ley electoral votada por los legisladores no impide que procesados por delitos comunes puedan ser candidatos o ejercer cargos públicos.

Casi en simultáneo la misma Cámara decretó la nulidad de la causa de escuchas telefónicas iniciada hace más de 10 años en el juzgado del juez Oyarbide por la hija de Sergio Burnstein, familiar de una de las víctimas del ataque a la AMIA, que con intervención de los fiscales Di Lello primero y el fallecido Nisman luego, dio lugar en el 2010 al procesamiento entre otros, del presidente Macri. Se fundamentó en que el expediente estuvo plagado de errores procesales desde la primera hoja, dado que por ser un delito de acción privada, la denunciante Burnstein debió haber presentado una querella ante la Cámara para designar al juez por sorteo. El cuadro se completa con la decisión el pasado 08 de octubre, de la Sala I de la Cámara Federal (jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi), que anuló los sobreseimientos de los funcionarios implicados en la causa de coimas de Skanska iniciada hace 10 años, por haberse rechazado como prueba las grabaciones internas de Skanska que mencionaban el pago de las coimas.

Estos sucintos antecedentes indican que mientras viejos políticos intentan entretenernos con viejas y oportunistas polémicas, los ciudadanos debemos poner foco en las inconsistencias y omisiones de las leyes penales y electorales que aprueban los legisladores, y en la ineficacia del Consejo de la Magistratura para actuar contra jueces y fiscales incapaces y/o corruptos. Parafraseando a Clinton: “El problema no son los operadores judiciales, estúpido, sino los jueces que se dejan operar”.

Buenos Aires, 11 de octubre 2018

Coimas de novela (cuaderno 6)

En el cuaderno 6, Centeno manifiesta que tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en octubre del 2010, los traslados de dinero se reiniciaron a tan solo siete días de su deceso, si bien fueron menos frecuentes y con montos menores. En el próximo cuaderno 7, asentará que el 21 de diciembre interrumpió sus anotaciones hasta mayo del 2013, “por temor que me descubran y quede sin trabajo”. Este periodo en blanco es oportuno para comenzar a desentrañar la matriz político-institucional que posibilitó tamnaño saqueo al Estado, partiendo de un interrogante simple: cómo es posible que en un sistema democrático la trama delictiva conformada por políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y delincuentes comunes, haya permanecido indemne tantos años?

El análisis debe comenzar por el Presidente, quien “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” (artículo 99 de la Constitución Nacional). A esta definición viejas prácticas políticas adosaron al cargo la condición de ser ejercido por líderes providenciales, y de ser posible de carácter sucesorio como en las añejas monarquías. Este requisito se transparenta en provincias como San Luis, Formosa, Santiago del Estero y Santa Cruz, conducidas por anacrónicos y eternos caudillajes. Lo que genera esta condición en las democracias imperfectas, es que el presidencialismo verticalista deja de ser una condición de gobernabilidad republicana, para cobijar elites prebendarias de carácter celular pero interrelacionadas entre sí. Por ello, una continuidad delictiva temporal en perjuicio del Estado, exige igualmente una continuidad política temporal en la conducción del mismo, con perspectivas de eternización. En estas circunstancias, los actos corruptos dejan de ser puntuales y anecdóticos (Skanska, IBM, Aduana), para transformarse en “estado de corrupción” permanente, que entrecruza nombres de distintos sectores de poder público y privado. No es casual entonces que las causas de corrupción no se agoten en los funcionarios responsables enriquecidos, sino se extiendan a los poderes judicial y legislativo, asociados a grupos empresarios, sindicales, fuerzas de seguridad y delincuencia común, que en conjunto hacen viable el saqueo y aseguran su impunidad. Esta mecánica que nace de una cúpula política tiene un efecto multiplicador indetenible, que se extiende a secretarios privados, mayordomos, jardineros, jueces, fiscales, sindicalistas, jefes de departamentales policiales, universidades, organizaciones intermedias, periodistas y actores. El poder mesiánico del líder en un sistema corrupto o dictatorial, no puede establecer límites; debe negociar, expandir el negocio.

Entenderlo implica establecer tres niveles de participación en la corrupción estatl-privada: 1) funcionarios públicos y actores privados activos; 2) funcionarios o legisladores pasivos “que dejan hacer” o simulan “no ver nada”, pero exigen como compensación prebendas privadas; 3) millones de ciudadanos víctimas a los que solo les resta subsistir, y muchas veces, someterse a la adhesión forzada a líderes enriquecidos. Para producir un cambio debemos evitar el debate distractivo sobre si “Cristina debe ir o no presa”. Esta trampa ya se vivió con Menem, quien hoy con dos condenas, ejerce como senador con protección política y judicial. También debemos evitar los engaños de los eternos responsables de los fracasos, cuando intentan mimetizarse tras casi místicas referencias al peronismo, radicalismo o socialismo, para terminar ofreciéndose finalmente al mejor postor para obtener cargos. Todos los volátiles espacios partidarios que se conforman cada cuatro años para presentarse a elecciones bajo siglas cuasi comerciales, están plagados de quienes se dicen peronistas, radicales o socialistas.

Es revelador que ninguna de las principales dirigencias políticas se pronunciaran taxativamente contra los hechos de corrupción, salvo en términos genéricos, o como recurso de coacción para atacar al adversario. Por el contrario, muchos políticos penalmente ” honestos”, están dedicados a ubicarse en alguna lista para la próxima elección, gestionar un privilegiado cargo judicial para su pareja, o vencido su mandato como legislador, obtener un cargo de asesor en el Consejo de la magistratura. Los escasísimos ejemplos de persistencia contra la corrupción pertenecen exclusivamente a mujeres. Pero los acuerdos políticos existen. Resulta imposible aprobar una ley de Extinción de Dominio eficaz, que permita recuperar parte de lo sustraído al Estado. Más aún, visto sus consecuencias, muchos legisladores estarán arrepentidos de haber de haber aprobado hace dos años la ley conocida como la del “imputado arrepentido”.

Buenos Aires, 03 de octubre 2018

Coimas de novela (cuaderno 5)

Las anotaciones con el detalle de los recorridos que para recaudar coimas realizara el chofer del Secretario del Ministerio de Planificaciòn Roberto Baratta, comenzó el 1º de febrero del 2005. En el cuaderno 6 Centeno registrará una suspensión momentánea de la actividad recaudatoria con motivo del fallecimiento del ex presidente Kirchner en octubre del 2010, por lo que es oportuno aprovechar la cercana interrupciòn para alejarnos por un momento de la deslumbrante hojarasca de millones de dólares sustraídos al Estado a través de asociaciones entre funcionarios, empresarios y sindicalistas, y hurgar en la matriz político-institucional que hizo posible tamaño saqueo.

La destrucción de los partidos tradicionales que produjo la crisis 2001-2002, latente ya en la segunda presidencia de Menem, hoy se observa en otras democracias, tales como Italia, España, Francia y Brasil. Muchos analistas consideran la quiebra del Banco Lehman Brothers en el 2008, con la consecuente crisis financiera mundial que empobreció a vastos sectores sociales, como desencadenante de la crisis generalizada de representatividad política. Pero esto no explica el peculiar fenómeno argentino, con crisis “terminales” recurrentes desde hace 66 años, si tomamos como referencia la segunda presidencia de Perón. Baste mencionar que desde entonces tuvimos cinco cambios en nuestra moneda de curso legal, las inflaciones anuales promedio superaron los dos dígitos, y un mismo partido pudo privatizar y reestatizar empresas en menos de una década, en ambos casos con grandes pérdidas económicas. En este contexto lo más asombroso es la continuidad de las diversas dirigencias políticas y sectoriales responsables, en un marco de exacerbada corrupción en perjuicio de los recursos del Estado.  Que no se limita al campo penal (robar), sino se extiende al usufructo de privilegios (nepotismo), a conductas abusivas en el gasto público (viajes, viáticos, compras), y aprobación de leyes inequitativas o cajoneo de las que afecten intereses políticos. Por ello, más allá del seguimiento de las impactantes actuaciones judiciales en marcha, sino se explicita y comprende la conformación estructural que permitió el saqueo la trama de corrupción sobrevivirá, y el país continuará degradándose.  

Un primer síntoma a destacar, es el permanente silencio de la gran mayoría de la clase política para expedirse explícitamente contra los hechos de corrupción, sea justicialismo, radicalismo, progresismo, socialismo, dirigencias gremiales o empresarias. Ello, mientras reconocidos corruptos cínicamente convocan a paros invocando la defensa de los que menos tienen, y a un año de las elecciones nacionales, eternos políticos repiten la vieja escena de apelotonarse y empujarse para subirse a los escasos botes del Titanic para obtener cargos legislativos (los cargos en organismos o asesorías se entienden solo como salvavidas para mantenerse a flote). En medio de este aquelarre, impávidos comentaristas y analistas reiteran añejas argumentaciones basadas en melancólicos contenedores partidarios que poco o nada contienen: justicialismo (decir peronismo es involucrar injustamente a Perón); radicalismo; progresismo; socialismo, izquierdas, derechas. La realidad se transparenta cuando a los contenedores les ponemos contenidos. Cuáles son los justicialistas racionales y cuáles los irracionales? Quiénes son radicales K, Pro o impolutos? Quién le ofrecerá un cargo a Victoria Donda para que defina dónde se ubica? Solá abandonó a Massa para acercarse al kirchnerismo junto con Pino Solanas, o es agente encubierto de Massa junto con Margarita Stolbizer para crear confusión? Lousteau es radical o independiente? Moyano y Pignanelli harán con Baradel y Yaski un frente de derecha, de izquierda, o acordarán unirse bajo un amplio “frente progresista”? En San Luis gobernará el Adolfo o el Alberto? Pensemos: esta ironías son falsas o tienen sustento?

En medio de estos oportunismos políticos y mediocridades analíticas, nadie parece haber reparado en los interrogantes que surgen del caso llamado “cuadernos de Centeno”. Visualizarlos y encontrar respuestas será imprescindible para producir cambios políticos-institucionales de fondo. El interrogante inicial es simple: cómo puede ser que en una democracia se pueda mantener activa e impune durante décadas una estructura delictiva multisectorial y polifacética, integrada por altos funcionarios, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y delincuentes comunes?

En la próxima newsletter buscaremos respuestas partiendo como corresponde del vértice de nuestro sistema de gobierno, con un poder Ejecutivo que usos y costumbres exigen que sea ejercido por líderes excluyentes y manejos verticalistas, y de ser posible de carácter sucesorio, como en las viejas monarquías.  

Buenos Aires, 26 de septiembre 2018

Coimas de novela (cuaderno 4)

Lograr un verdadero punto de inflexión en la destrucción de la matriz de corrupción estatal-privada sólidamente instalada desde hace décadas, implica sortear las estrategias judiciales y comunicacionales con las que los sectores involucrados intentarán eludir culpabilidades, mantener libertades, salvar patrimonios mal habidos, y colateralmente, intentar mantener la trama delictiva con los menores daños posibles. Una frase literaria resume la intención: cambiar para que nada cambie.

Para evitarlo es necesario que nuestros análisis no se detengan solo en lo rimbombante, sino incursionen en el conocimiento del armado y extensión territorial de la trama. Es inevitable la repercusión que provocan nombres como Kirchner, De Vido, Rocca, Roggio y Calcaterra, alias  “el primo de Macri”, entre otros. Pero concentrarnos en las cúpulas sin desactivar los eslabones, no destruirá la trama de corrupción. Es razonable priorizarlas en términos de sanciones penales, pero en términos de “desactivación” es imprescindible desarmar cientos de estructuras ficticias conformadas con el solo fin de saquear al Estado, para que no se mantengan latentes. En estas configuraciones disfrazadas de “legales”, participaron gobernadores, intendentes, rectores de universidades, cúpulas policiales, líderes sociales, cooperativas, fundaciones, y agrupaciones políticas inexistentes. En cada caso se deberá determinar si los partícipes necesarios fueron activos, cómplices o complacientes.  A este último grupo pertenecen eternos políticos oficialistas u opositores penalmente inocentes, muchos de los cuales ya se autopostulan para las elecciones legislativas del 2019 (la agrupación no importa; están abiertos a escuchar ofertas). Bajo el lema “yo no vi nada” que los cobija, muchos colaboraron en promulgar leyes penales ineficaces y sistemas electorales escandalosos, o bien aportaron a la complicidad de trabar la aprobación de leyes imprescindibles como la de extinción de dominio.

En la actualidad, como es obvio, la información se concentra casi exclusivamente en el corazón del poder político: ciudad de Buenos Aires y alrededores. Surgen cifras estimativas del “costo de la corrupción” durante el período 2003-2015, basadas en distintos indicadores, como porcentaje sobre contratos de obra pública, montos de subsidios o promedio porcentual sobre PBI. Propritkin, presidente de contadores forenses, estimó una fuga de 20.000 millones de dólares entre corrupción y despilfarro. Profesores de la UBA y del Conicet calcularon en 36.000 millones de dólares de coimas lo sumado por todas las cajas recaudatorias. O 300 millones de dólares entregados por los operadores de transporte ferroviario subsidiado. Pero estas estimaciones no atacarán las causas que facilitaron el saqueo. En la provincia de Chubut por ejemplo, antes que aparecieran Centeno y sus cuadernos y a meses del fallecimiento del gobernador Mario Das Neves en octubre pasado, una investigación por enriquecimiento ilícito de sus secretarios privados desnudó una trama de sobornos entre funcionarios y empresarios pertenecientes a la delegación de la Cámara de la Construcción, que derivó en la detención de partícipes públicos y privados. La causa judicial es conocida con el nombre de “Revelación”. Lo destacable es que no solo varios empresarios “se arrepintieron” y confesaron, sino ofrecieron a modo de “probation” o reparación, hacerse cargo del costo y construcción de obras que se acordarían con el gobierno. Interesante alternativa a considerar como una de las opciones para no interrumpir la marcha de las obras a nivel nacional, y recuperar parte de los recursos estatales sustraídos.

Como corolario vale una reflexión de cara a la reformulación del análisis político. Cuando hacen referencia a las habituales y controvertidas encuestas de opinión y se menciona a los “núcleos duros de adhesión” del justicialismo (en este caso a Cristina Kirchner), se los identifica pertenecientes a las franjas sociales más vulnerables y tolerantes con la corrupción. Al respecto se debe recordar que en la provincia de Buenos Aires el justicialismo sufrió dos derrotas consecutivas. Pero no es lo más importante. Cabe preguntarse si no es momento que los analistas evalúen de igual modo la incidencia de los “núcleos blandos” pertenecientes a clases medias altas y altas permeables a la corrupción. Caso contrario el discurso político basado en la preocupación por los pobres aparece contradictorio: no solo se los mantiene pobres, sino también se los culpabiliza por un supuesto desinterés ante la corrupción estatal- privada. Conceptualmente, este discurso pertenecería al campo del cinismo.

Buenos Aires, 29 de agosto 2018

PRÓXIMA NEWSLETTER: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Coimas de novela (cuaderno 3)

Desactivar la sólida trama de corrupción político-empresarial que permitió el multimillonario flujo espúreo de recursos públicos hacia funcionarios y empresarios asociados, implica clarificar las culpabilidades de cada uno de los sectores involucrados. En nuestra condición de ciudadanos comunes, las fuentes de datos provienen de los medios masivos de comunicación, nexo imprescindible entre los sucesos y la opinión pública. Un análisis serio debe evitar catalogarlos “a priori” como oficialistas u opositores, prestando atención a los mensajes que en cada uno de ellos transmiten periodistas, analistas y políticos, para luego comparar y evaluar. Para la tarea tendrán similar utilidad por ejemplo, las señales televisivas de TN y la contigua C5N. O La Nación y Página 12 en la prensa escrita. Lo valioso es observar a que temas dan relevancia cada medio; quienes los plantean y como los plantean.

Para este ejercicio individual para formar opinión se deben tener presentes ciertos principios de comunicación política: 1) La grandilocuencia discursiva de por sí no asegura nada, pues puede ser usada tanto por corruptos como por honestos. No es un fenómeno de la llamada “posverdad”. Jean-Marie Domenach expresaba en 1950 que “con tal que la palabra cause efecto, la idea ya no cuenta”. A la palabra, el desarrollo tecnológico moderno sumó la “imagen dinámica” (ejemplo: ver a López arrojando bolsos en un convento). 2) Para lograr impacto discursivo se aplican dos reglas: la de simplificación (ejemplo: Patria; pueblo; crecer; gobierno popular; gobierno de ricos; populismo; neoliberalismo; derecha; izquierda), y la exageración (aumentar aspectos favorables o desfavorables de los hechos). 3) Para que el mensaje tenga repercusión y no se diluya en lo individual, es necesario lograr cierta simultaneidad en su propalación.

Retomando el escándalo de las “coimas en las obras y servicios públicos”, los hechos y personajes fueron conocidos desde hace años y/o décadas. Como así también la existencia de una sólida trama política, empresaria, gremial y judicial, que asegure inmunidad ante el saqueo e impunidad en cuanto a sanciones. Cabe preguntarse entonces: porqué los cuadernos de Centeno tuvieron un impacto que no lograron siquiera los videos mostrando a López arrojando bolsos con millones de dólares en un convento; integrantes del grupo de Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero para transportarlos en bolsos, y a una integrante del grupo de Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación de Jujuy días antes del cambio de gobierno?

La razón pareciera ser una eficaz y reservada investigación judicial previa tomando como guía los famosos cuadernos, y la reciente incorporación de la figura penal del arrepentido colaborador, con las consecuentes, incontenibles e inéditas confesiones de empresarios, funcionarios, testaferros, y un emblemático ex juez federal. Caso cerrado entonces? De ningún modo; se avecina una dura etapa de encubrimiento, o al menos de minimización de daños. Y como no podía ser de otro modo dado que lo que se sustrajeron fueron cuantiosos recursos del Estado, los principales intérpretes pertenecen a la clase política. Las mencionadas reglas de simplificación y simultaneidad de propalación, se transparentan en el mensaje de batalla inicial: “se usa el caso de los cuadernos para tapar la situación económica”. Lamentablemente el eslogan es reversible, pudiéndose plantear que tras la situación económica se pretende tapar el escándalo de corrupción. Por otra parte muestra gran desprecio por el entendimiento del ciudadano común. El hambre es hambre, y la corrupción es corrupción.

Pero lo revelador es el amplio espectro político que acoplado al lógico justicialismo kirchnerista, hace uso de una estrategia que mezcla especulación, necedad y complicidad. Citemos entre otros al justicialismo fluctuante (Solá, Arroyo, Alberto Fernández); al progresismo (Pino Solanas); a radicales quejosos (Ricardo Alfonsín); a la izquierda dura (Del Caño, Pitrola), a amigos papales (Grabois), y a representantes de derechos humanos (Estela Carlotto). Al listado se sumó un novel dirigente invitado a mesas de debate, que se presenta como presidente de un insólito Partido Piquetero.

Que factor común interrelaciona a ésta supuesta diversidad ideológica tras un mensaje único?  Todos reciben recursos del Estado, y dicen defender a los pobres. Evidentemente, desarmar la trama de corrupción no será fácil.

Buenos Aires, 23 de agosto 2018

Coimas de novela (cuaderno 2)

En el cuaderno anterior recordamos la causa de las coimas en el Senado como un caso paradigmático para comprender el circuito de corrupción, especulación política e impunidad final, vigente desde hace décadas. Este segundo cuaderno reflexiona sobre los inéditos y masivos mal llamados arrepentimientos de importantes empresarios, políticos y jueces. Cabe recordar que existen dos clases de arrepentimientos: el religioso (dejar de pecar para volver al camino de Dios y del bien), y el penal (temor a ser castigado judicialmente). Este último adquirió eficacia a partir del año 2016 con la modificación de artículos del Código Penal que incorporó la figura del colaborador. Los últimos sucesos podrían terminar con una variante habitual de arrepentimiento más peligrosa y cínica: pregonar principios éticos y denunciar corrupciones como mero juego político, bajo el paraguas de impunidad de los culpables  asegurada.  

La corrupción desaforada necesitó de una trama estructurada desde cúpulas cleptocráticas consolidadas, multifacéticas, apolíticas en lo ideológico, asociada a otros poderes constitucionales y organismos de control, y con un sinnúmero de partícipes secundarios necesarios, sea por acción o adhesión (secretarios, testaferros, periodistas, actores, policías, choferes, jardineros), o por omisión, amansando a políticos y funcionarios penalmente “honestos”, con cargos públicos bien rentados, extendidos a sus familiares de ser necesario. Por ello los antecedentes de arrepentidos con pruebas sólidas (Skanska, Siemens, IBM-Banco Nación, entre otros), o best sellers sobre la corrupción como “Robo para la corona”, se diluían como entretenimientos mediáticos, pero no mucho más.

Es oportuno no embarcarse en prematuros entusiasmos emocionales, pese a la relevancia de los arrepentidos y contundencia de sus declaraciones. Se instalarán las clásicas estrategias legales y comunicacionales de negación, confusión y ocultamiento, que ya planteaba el psicólogo social Dunlap en 1925, cuando señalaba que ante la opinión pública se debían sustituir los argumentos por las declaraciones. No es casual que políticos o empresarios en lugar de argumentar “inocencia”, se limitaran a declarar “persecuciones políticas”, o bien, “fui obligado”. Del mismo modo se abusará del rumor, que Ludendorff definía como el medio de propaganda más peligroso de todos: ”La idea se siembra y nadie sabe de dónde ha salido”.

Sin embargo la gran incógnita es vernácula: hasta cuándo el sistema político seguirá auto protegiéndose? Como referencia basta señalar la capciosa e inconstitucional interpretación de la ley de fueros, que permite que procesados y condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y legisladores; la increíble resistencia a promulgar una ley eficaz de extinción de dominio de bienes de la corrupción; la permanencia de un sistema electoral absurdo que facilita cualquier despropósito para permanecer en los cargos.

Mientras estas preguntas esperan respuestas, el seguimiento de las causas judiciales aconseja tener presente: 1) los primeros arrepentidos deberán ser los integrantes de la justicia penal; en especial jueces y fiscales federales. 2) eludir la distracción con fetiches de culpabilidad como objetivo unívoco y engañoso: Menem y los Kirchner, Oyarbide y Bonadìo, Wágner y Calcaterra, peronistas y radicales. En la propaganda política el recurso de hacer foco en lo coyuntural o anecdótico para mantener lo estructural se llama Regla de Simplificación, cuyo símbolo es el eslogan. 3) no interrelacionar reclamos ciudadanos de honestidad política con encuestas de adhesión y/o rechazo político a personajes y/o sectores.  La corrupción estatal no tiene ideología. En las cúpulas favorecidas predominan los negocios y el dinero; en las franjas sociales vulnerables, el temor a perder lo poco que recibieron.

Ocho cuadernos y una reforma en el Código Penal generaron un tifón dentro del cual giran desordenadamente políticos, empresarios, jueces, fiscales, sindicalistas y testaferros. En lo inmediato se introduce un nuevo mensaje de impunidad, que sostiene que las empresas involucradas en las coimas y sus obras entrarán en crisis, incumpliendo contratos e incrementando la recesión.   Ante ello, el gobierno debiera elaborar una estrategia jurídica, técnica y presupuestaria para mantener fuentes de trabajo y obras claves de desarrollo. Recordemos que las dirigencias argentinas son muy especiales. No hay inversiones por la corrupción, pero tampoco las hay si se la combate. 

Buenos Aires, 15 de agosto 2018

Coimas de novela (cuaderno 1)

“Cambian los actores, se transforma el escenario, tenemos sensación de novedad, pero el libreto mantiene sus líneas cardinales. La Argentina es distinta y la misma a la vez. Posee identidad. La última década, escándalo más, escándalo menos, está prefigurada en las anteriores. Ha demostrado que el título de esta obra le calza a perfección”. Este concepto lo escribió Marcos Aguinis en su libro “Un país de novela”, publicado en 1988. Treinta años más tarde, surge un éxito rutilante de un escritor desconocido, de profesión chofer, autor de una bitácora que en ocho entregas describe la corrupción estatal-privada entre los años 2005-2015. El libreto del país de novela mantiene sus líneas cardinales, pero asombrosamente, también a muchos actores y escenarios de entonces. Presidentes, gobernadores, legisladores, gremialistas, empresarios y jueces podrán tener hoy otros cargos, o haber sido sucedidos dinásticamente por familiares, pero sus ilustres apellidos permanecen. Primera conclusión: estas continuidades dirigenciales por décadas, son esenciales para sostener las extendidas tramas de corrupción estatal-privada con impunidad.

También se mantendrán las clásicas estrategias de encubrimiento, aplicando una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada “contra propaganda”. Consiste en minimizar impactos en la opinión pública buscando destruir y/o diluir acusaciones, tras un alud de opiniones políticas que entrecruzan información con desinformación, profesionalidad con encubrimiento, racionalidad con delirios. Estos servicios profesionales disfrazados de opinión, son excelentemente remunerados.  Un caso que ejemplifica la relación entre juegos políticos, corrupción e impunidad, es el de las coimas en el Senado. Recordarlo servirá para seguir el avance de las investigaciones actuales. En homenaje a la síntesis, lo resumiremos al estilo Centeno; cronológicamente y con descripciones escuetas.

Año 2000.- En mayo el Senado sanciona la ley de Reforma Laboral. En agosto aparece en Sala de Periodistas un anónimo denunciando sobornos a senadores justicialistas, y La Nación comienza con una serie de artículos al respecto. Moyano declara que el Ministro Flamarique le dijo que tenía la Banelco para las coimas. Inicia una causa el juez Carlos Liporace. En octubre renuncia el vicepresidente Carlos Alvarez, mencionando la compra de leyes.

Año 2001.- En febrero el juez Liporace es suspendido acusado por enriquecimiento ilícito (luego condenado por cohecho). Toma la causa Canicoba Corral. En diciembre renuncia De la Rúa.

Año 2002.- Asume como presidente Duhalde en el contexto de un caos económico y político inédito.

Año 2003.- En mayo asume la presidencia Néstor Kirchner. En junio el ex secretario legislativo radical Pontaquarto se presenta en un reportaje como arrepentido, afirmando haber participado en los sobornos transportando 5 millones de dólares entregados por la SIDE. Canicoba Corral dice que los sobornos están probados. En un reportaje televisivo, señalando una mesa de su despacho presidencial, Kirchner expresa: “acá se pagaron los sobornos”.

Año 2004.- La Cámara Federal dispuso la nulidad de lo actuado por Canicoba Corral, que diera por acreditadas las coimas, y traslada la causa a Daniel Rafecas.

Año 2013.- Elevada a juicio la causa y tras el desfile de más de 300 testigos, en diciembre el Tribunal Oral 3 sobreseyó a todos los acusados. En su fallo menciona que Pontaquarto “se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente”. Destacó la parcialidad de algunos jueces intervinientes, “en especial del dr. Rafecas”. El fiscal Taiano solicitó investigar al ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández y al ex Jefe de la Ciudad Aníbal Ibarra, entre otros testigos, por sus declaraciones “sospechadas de falsas y contradictorias”. Los testigos, entre ellos Alvarez, Moyano y personal de la SIDE relevado de su obligación de confidencialidad, no aportaron pruebas fehacientes.

Porqué esta causa es emblemática para observar las investigaciones y juicios que se avecinan? Hayan existido o no los sobornos, la gravedad institucional es exactamente la misma. Los involucrados en la causa demostraron que usan la corrupción solo como recurso de desprestigio político, pero manteniendo a resguardo la impunidad de los culpables. Con respecto a lo expresado por Marcos Aguinis en 1988, hay una diferencia: los actores y escenarios de entonces, salvo razones de fuerza mayor, son los mismos de hoy.

Buenos Aires, 08 de agosto 2018

Denunciar para que nada cambie

Las denuncias originadas en aportes “truchos” detectados en la pasada campaña electoral legislativa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, debieran constituir un hito para reformular definitivamente la legislación electoral y de financiamiento de los partidos, evitando que el debate una vez más no se reduzca a un mero juego dialéctico que distribuya costos electorales, sin que nada cambie.

Para converger en este difícil objetivo, se debe reconocer que Cambiemos y sus recaudadores son culpables. Y de ser necesario, aceptar que en este tema “son todos iguales”. Pero este reconocimiento no resuelve el problema de fondo. Que los gastos de campaña de los partidos electoralmente competitivos superan exponencialmente los gastos autorizados por ley, es verificable a simple vista. Basta observar los enormes carteles publicitarios de candidatos ubicados a la vera de las principales rutas que aparecerán a la brevedad, incumpliendo además los plazos legales de campaña. Los vicios estructurales alcanzan a toda la reglamentación partidaria electoral, que incluye a las agrupaciones menores y de escasa vida, como veremos más adelante. Los legisladores deberán reformular esta intencionada maraña burocrática con permanentes cambios según conveniencias de coyuntura, permeable a todo tipo de corruptelas pero con un claro objetivo: facilitar la permanencia indefinida y/o hereditaria de una misma casta política desde hace décadas.

La reformulación debe ser integral, abarcando las tres áreas de influencia interrelacionadas: la ley electoral, la de financiamiento de campañas, y el cumplimiento de las normas de control administrativo y judicial en tiempo y forma. Bancarizar aportes es un simple paliativo que no provee soluciones de fondo. En el caso Cambiemos y otros, sabemos que la justicia electoral y federal no resolverá nada, porque es parte del problema. Por ejemplo, jamás emitió dictamen por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner-Julio Cobos de 2007, relacionado con actividades ilícitas tales como la valija de Antonini Wilson y aportes de laboratorios involucrados en el contrabando de efedrina. Recién nueve años más tarde, el juez federal Ariel Lijo se limitó a castigar al FPV con la retención del 2% del dinero recibido del Estado. Son muchos los aspectos relacionados con el financiamiento espúreo de la política que están legalmente protegidos, y curiosamente obviados en todo debate. Citemos solo dos:

1.- El negocio de las llamadas “pymes” partidarias. La fragmentación política que promueve un sistema electoral que habilita candidaturas múltiples, listas espejo y colectoras, ley de lemas, candidaturas testimoniales y otros abusos, facilita la enorme cantidad de partidos que aparecen y desaparecen en cada elección sin control de legalidad (en la última elección presidencial sumaron 624 en todo el país), lucrando con el negocio subterráneo de recaudar bajo la figura de impresión de boletas, que paga el Estado, transformando los actos electorales en negocios de menudeo. En la elección del 2017 la Cámara Electoral frenó solo por defectos formales, no legales, un pago de 72 millones de pesos al Frente Unión Federal encabezado por el actor Cutzarida y el cantante Antonio Ríos, que inscribió 26 listas (13 para diputados y 13 para senadores). En la misma elección y en el marco de la ley, el senador Pino Solanas con mandato hasta diciembre del 2019, se presentó en las PASO nuevamente como candidato por seis años, pero sin renunciar a su actual senaduría. Su divertimento electoral tuvo un costo fiscal de 1.554.000 pesos.

2.- Fundaciones y Asociaciones Civiles creadas por políticos con fines recaudatorios. Estas personas jurídicas privadas autorizadas y controladas por la Inspección General de Justicia, que el Código Civil y Comercial define como entidades sin fines de lucro, son habitualmente usadas para recaudar y mover importantes sumas de dinero. Es usual que sus autoridades se nieguen a brindar información de aportantes y/o donantes, y que sus balances cuando los presentan, exhiban manifiestas inconsistencias que repiten los mismos vicios de los balances partidarios y de campaña.

Pueden existir grietas en lo discursivo como meros operativos de desprestigio, pero no para resistir la implementación de boletas únicas, impedir dobles candidaturas, fomentar “pymes” electorales, mantener la capciosa interpretación de los fueros legislativos, y demorar la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio eficaz, entre otras complicidades. A los legisladores se les debería recordar que denunciar es un derecho, pero legislar en base al interés común es una obligación.

Buenos Aires, 01 de agosto 2018

La Patria está en peligro

Las denuncias originadas en aportes “truchos” detectados en la pasada campaña electoral legislativa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, debieran constituir un hito para reformular definitivamente la legislación electoral y de financiamiento de los partidos, evitando que el debate una vez más no se reduzca a un mero juego dialéctico que distribuya costos electorales, sin que nada cambie.

Para converger en este difícil objetivo, se debe reconocer que Cambiemos y sus recaudadores son culpables. Y de ser necesario, aceptar que en este tema “son todos iguales”. Pero este reconocimiento no resuelve el problema de fondo. Que los gastos de campaña de los partidos electoralmente competitivos superan exponencialmente los gastos autorizados por ley, es verificable a simple vista. Basta observar los enormes carteles publicitarios de candidatos ubicados a la vera de las principales rutas que aparecerán a la brevedad, incumpliendo además los plazos legales de campaña. Los vicios estructurales alcanzan a toda la reglamentación partidaria electoral, que incluye a las agrupaciones menores y de escasa vida, como veremos más adelante. Los legisladores deberán reformular esta intencionada maraña burocrática con permanentes cambios según conveniencias de coyuntura, permeable a todo tipo de corruptelas pero con un claro objetivo: facilitar la permanencia indefinida y/o hereditaria de una misma casta política desde hace décadas.

La reformulación debe ser integral, abarcando las tres áreas de influencia interrelacionadas: la ley electoral, la de financiamiento de campañas, y el cumplimiento de las normas de control administrativo y judicial en tiempo y forma. Bancarizar aportes es un simple paliativo que no provee soluciones de fondo. En el caso Cambiemos y otros, sabemos que la justicia electoral y federal no resolverá nada, porque es parte del problema. Por ejemplo, jamás emitió dictamen por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner-Julio Cobos de 2007, relacionado con actividades ilícitas tales como la valija de Antonini Wilson y aportes de laboratorios involucrados en el contrabando de efedrina. Recién nueve años más tarde, el juez federal Ariel Lijo se limitó a castigar al FPV con la retención del 2% del dinero recibido del Estado. Son muchos los aspectos relacionados con el financiamiento espúreo de la política que están legalmente protegidos, y curiosamente obviados en todo debate. Citemos solo dos:

1.- El negocio de las llamadas “pymes” partidarias. La fragmentación política que promueve un sistema electoral que habilita candidaturas múltiples, listas espejo y colectoras, ley de lemas, candidaturas testimoniales y otros abusos, facilita la enorme cantidad de partidos que aparecen y desaparecen en cada elección sin control de legalidad (en la última elección presidencial sumaron 624 en todo el país), lucrando con el negocio subterráneo de recaudar bajo la figura de impresión de boletas, que paga el Estado, transformando los actos electorales en negocios de menudeo. En la elección del 2017 la Cámara Electoral frenó solo por defectos formales, no legales, un pago de 72 millones de pesos al Frente Unión Federal encabezado por el actor Cutzarida y el cantante Antonio Ríos, que inscribió 26 listas (13 para diputados y 13 para senadores). En la misma elección y en el marco de la ley, el senador Pino Solanas con mandato hasta diciembre del 2019, se presentó en las PASO nuevamente como candidato por seis años, pero sin renunciar a su actual senaduría. Su divertimento electoral tuvo un costo fiscal de 1.554.000 pesos.

2.- Fundaciones y Asociaciones Civiles creadas por políticos con fines recaudatorios. Estas personas jurídicas privadas autorizadas y controladas por la Inspección General de Justicia, que el Código Civil y Comercial define como entidades sin fines de lucro, son habitualmente usadas para recaudar y mover importantes sumas de dinero. Es usual que sus autoridades se nieguen a brindar información de aportantes y/o donantes, y que sus balances cuando los presentan, exhiban manifiestas inconsistencias que repiten los mismos vicios de los balances partidarios y de campaña.

Pueden existir grietas en lo discursivo como meros operativos de desprestigio, pero no para resistir la implementación de boletas únicas, impedir dobles candidaturas, fomentar “pymes” electorales, mantener la capciosa interpretación de los fueros legislativos, y demorar la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio eficaz, entre otras complicidades. A los legisladores se les debería recordar que denunciar es un derecho, pero legislar en base al interés común es una obligación.

Buenos Aires, 01 de agosto 2018

Humor o vulgaridad política?

En la última newsletter señalamos que el fútbol profesional, al ser de interés en vastas y diversas franjas socioeconómicas y culturales del país, y poseer dirigencias en las que sin necesidad de debates ideológicos convergen políticos, empresarios, banqueros, sindicalistas, jueces y barras bravas, es excelente para entender popularmente el funcionamiento de la política sin complejas sofisticaciones. Este mismo rol y aún con mayor eficacia, lo cumple una actividad de invalorable tradición histórica: el humor político, sea verbal, escrito o gráfico, a través de parodia, sátira o caricatura.

El humor político exige ingenio y agudeza para describir o criticar sintéticamente contextos y sucesos, con toques de ironía que aún en la disidencia nos haga sonreír. Su éxito depende de un factor invalorable: describir certeramente lo que la sociedad asume como verdadero. De no ser así, el pretendido humor se transforma en vulgaridad o sarcasmos encubridores de la verdad, habituales en muchas opiniones casi farandulescas usadas en los debates políticos. Tal el caso reciente del cruce verbal entre los diputados Agustín Rossi y Elisa Carrió, abogados con largos usufructos de cargos políticos bien rentados, enrostrándose en el parlamento viejos vicios y cuitas familiares, o vociferando grandilocuencias falaces, como cuando Rossi afirmó que “los diputados representamos a quienes nos votan”, soslayando que acceden a través de las férreamente defendidas “listas sábana” armadas en quinchos por los líderes de turno. Con la posibilidad que una vez alcanzada la banca, el bendecido pueda convertirse en “libre pensador”, conformar un monobloque unipersonal, o traspasarse a otro partido.

El humor político bien entendido admite ironías, pero no cinismos. De allí su prestigio, y las persecuciones expresas o encubiertas sufridas por sus autores por parte de gobiernos de facto y democráticos. Por la forma sintética de reflejar sucesos y personajes de la época, se convierten en verdaderos auxiliares para las investigaciones históricas. Fue pionero “El Mosquito”, periódico dominical de características satírico-burlescas, publicado entre 1863 y 1893. Ya en el siglo XX, nació “Tía Vicenta”, revista satírica creada por Landrú (Juan Carlos Colombres), que se publicó entre 1957 y 1966 (golpe militar contra Illía), y luego entre 1977 y 1979. La revista “Humor”, que fue editada entre 1978 y 1999, contaba con periodistas e intelectuales respetados, en la que el humor y la sátira para denunciar a la dictadura militar dentro de los límites posibles, la convirtió en un éxito editorial. En cuanto a monólogos, son inolvidables los de Tato Bores. Aún hoy asombra la vigencia que mantienen sus descripciones de las diversas coyunturas políticas desde su comienzo en la década del 60 hasta su muerte en la década del 90. Fue presionado y aún prohibido por diversos gobiernos, e inclusive la jueza Servini de Cubría intentó impedir la salida al aire de un programa que la mencionaba. Sus monólogos durante más de tres décadas, nos confronta con la triste realidad que con el paso del tiempo no hemos aprendido nada.  

De la época actual cabe mencionar tres ejemplos. El de Hermenegildo Sabát (caricaturista), que despierta temor en altas esferas políticas tan solo dibujando; Enrique Pinti (monólogos), y la columna dominical de Sebastián Borenzstein (prensa escrita). Este último ejemplo merece una mención especial, porque revaloriza la relación del humor con el aporte serio para entender la realidad, permitiendo un excelente aprendizaje por parte de la sociedad en su conjunto de nuestras realidades políticas, sociales y económicas. Sus ironías las apoya con datos históricos y económicos verificables, que no confunden sino esclarecen. El buen humor político duele y es temido por las dirigencias porque llega al hueso de las realidades, sin necesidad de debates histéricos y discursos grandilocuentes ante cámaras.

El humor no carece de acidez y toques de amargura. Borenzstein hace hincapié en la importancia del perro vagabundo recibido e instalado en la Casa Rosada, bautizado Balcarce. Su misión es estar atento al devenir político, y actuar cuando sea necesario recobrar la sensatez. Cabe preguntarse si no se debiera promover que tenga crías, para distribuirlas entre gobernadores y legisladores y los ayuden a que en un sobrehumano esfuerzo, finalmente definan políticas de Estado eficaces y permanentes en el tiempo que permitan avizorar un futuro esperanzador. El problema es definir a quien se elegiría para intentar la cruza. No te escapes Balcarce!!!

Buenos Aires, 13 de julio 2018

Tinelli y los pobres

Es interesante analizar el modo utilizado por el empresario y conductor Marcelo Tinelli, como tanteo inicial para su eventual incorporación a la actividad política partidaria. En un reciente viaje a Jujuy con su familia, Tinelli se refirió a las condiciones precarias en las que viven los habitantes de zonas rurales. Su  sorpresa y preocupación, que reiteró en oportunas entrevistas mediáticas, naturalmente se viralizò en las redes sociales.

Este suceso permite un excelente punto de partida para reflexionar sobre dos aspectos habituales de los debates políticos: 1) crear adhesiones o rechazos al mensaje en base a las adhesiones o rechazos que provoca el mensajero; 2) como resultado de lo anterior, no profundizar acerca de la reiterada utilización de una supuesta preocupación por los pobres, que formulan las viejas dirigencias desde hace décadas. Que lo repita Tinelli es revelador, porque proviene de alguien exitoso que no se dedicò a la política partidaria. Incursionar en este análisis hace necesario sortear primero la trampa de “la grieta”. El concepto lo desarrollò el polìtòlogo y filòsofo alemán Carl Schmidt, inicialmente adherente al nacional socialismo, quien acuñò la teoría del amigo/enemigo como binomio esencial de la ciencia política. Resultò de enorme utilidad para el manejo de masas, por lo que lo usufructuaron y usufructúan por igual las extremas derechas y extremas izquierdas.

Apliquemos la “grieta” vernácula a Tinelli. Acusaciòn: es un rico empresario oportunista en ocasiones asociado a grandes grupos económicos para hacer negocios (entre ellos Cristóbal López). Defensa: Tinelli trabajó toda su vida y creció con esfuerzo generando trabajo genuino (virtud que no muchos políticos pueden exhibir); si algunos de sus socios estafó al Estado, es responsabilidad de los organismos de control y funcionarios públicos asociados, no de Tinelli. Respecto a ser oportunista, en especial en política, solo cabe recordar la frase bíblica: “el que esté libre de culpa que tire la primera piedra”. Conclusiòn: Tinelli tiene derechos legítimos para incursionar en política. Pasado el filtro de la grieta, analicemos lo mas importante: su mensaje de presentación. Es escueto, simple y verdadero: Tinelli observò mucha pobreza en Argentina. Pero apeló a viejos cànones discursivos de eternos políticos, gobernadores, sindicalistas, empresarios, en especial de la comunicación, que comparten una condición curiosa:.ninguno es pobre, pese a que atravesaron hiperinflaciones, incautación de ahorros a las clases medias, destrucción de las cajas jubilatorias, desconocimientos de las deudas asumidas por el Estado. Más aún; son màs ricos que cuando comenzaron a preocuparse por los màs pobres.

Por ello, Tinelli renunciò a todo mensaje innovador que representara un cambio dialèctico y permitiera avizorar algo nuevo. Si Tinelli prestara atención detectarìa contradicciones imputables a las castas dirigenciales en su conjunto, y no solo del Ejecutivo, que no tiene mayorìas legislativas. Lo que no impide que parte de sus integrantes participen de estos “grandes acuerdos” de la vieja política. Tinelli podrìa preguntarse: porquè Palazzo del gremio bancario y Piumato del gremio judicial declaman defender a los pobres jubilados, mientras protegen sus regímenes de privilegio subvencionados por la ciudadanía? Porquè el Senado mantiene cajoneada desde hace dos años la ley de Extinciòn de Dominio, que permitiría recuperar parte de los recursos saqueados al Estado vìa corrupciòn? Porquè se promulgan y/o interpretan leyes para permitir que procesados y/o condenados por delitos contra el Estado puedan ser legisladores? Cómo hicieron Cristòbal Lòpez y muchos otros empresarios para defraudar al Estado por cifras millonarias en aportes patronales, sin que los defensores de los trabajadores actuaran?

Un mensaje innovador sería no hacer demagogia a costa de los pobres, sino concentrarse en identificar a los causantes de la pobreza. Para ello vale un concepto del reconocido economista argentino Roberto Frenkel: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que màs ganan”.

Buenos Aires, 29 de junio de 2018

Empresarios a exámen

Dado la degradación institucional, económica y social de nuestro país en las últimas décadas con la permanencia de las mismas clases dirigentes, es necesario variar los igualmente repetidos enfoques analíticos y discursivos. Para ello se podrían crear canales comunicacionales que faciliten que sean los ciudadanos comunes quienes formulen interrogantes a ser respondidos por diversos niveles de representación y/o poder. En newsletters anteriores se simularon “exámenes” con preguntas específicas que intenten evitar que se eludan respuestas precisas bajo el artilugio de incursionar en abstractos debates ideológicos o apelar a eslógans o estadísticas de veracidad incomprobable. Se analizó anteriormente a economistas, jueces y sindicalistas. Es ahora el turno de los empresarios.

El término empresario se consolida a fines del siglo XVIII con la Revolución Industrial, caracterizando a quien interrelaciona recursos materiales, trabajo y capital para producir bienes y servicios. Evaluarlos presenta una primera dificultad; a diferencia de la locuacidad mediática de políticos, economistas, sindicalistas y aún jueces, empujados por la reacción social contra la corrupción, en el empresario predomina la discreción, el silencio, el secreto. Utilizan la globalidad estadística como factor de presión pública (la industria, las pymes, las textiles), pero jamás presentan estudios de costos y menos aún, informan márgenes de ganancia. Su frase preferida es “trabajamos a pérdida”. Se expresan a través de las cámaras que los representan, lobbystas cercanos al poder político (ejemplo Mendiguren), y en un hecho inédito que realimenta la inflación, actúan muchas veces asociados con los sindicalistas, quienes cumplen el rol de presionar “en la calle”, para luego acordar aumentos que de inmediato son trasladados a la sociedad. El caso más reciente es el de los empresarios de transporte de cargas, cámara que conduce Daniel Indart, y el gremio de camioneros que dirige los Moyano, padre e hijo. Ambos hicieron paro; los primeros para que el Gobierno (o sea la sociedad), les subsidie combustibles y peajes; el gremio para lograr incrementos salariales por sobre la media. Demagògicamente invocan paritarias libres, pero durante las negociaciones las partes involucradas les hablan al Gobierno, para que se haga cargo. Excepcionalmente el reclamo es explícito: “El Gobierno debe intervenir más fuerte en las paritarias” (Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, La Nación, 17 de mayo de 2014).

Esta habitual asociación empresarios-sindicalistas adquiere ribetes más graves cuando acuerdan conjuntamente con funcionarios, financiarse y/o enriquecerse a costa de evadir sumas impactantes en impuestos y aportes patronales: Oil Combustibles; Grupo Indalo; OCA; Sancor; Cresta Roja, y una larga lista de empresas. La excusa para facilitar los negociados y/o salvar patrimonios propios indigna por su cinismo: crear y/o cuidar fuentes de trabajo.

En una organización social sana los roles son definidos: el sector político crea instrumentos de desarrollo y equidad; el sindicalista representa derechos de los trabajadores, la justicia cuida el cumplimiento de la legalidad, y el empresario aporta capital que se supone de riesgo, creatividad, profesionalidad. Que pasa cuándo éstos roles se confunden, intercambian o asocian, descapitalizando al Estado? Dejan de ser unívocos, y se superponen: son empresarios y políticos; son sindicalistas y empresarios, son jueces y políticos. Ello facilita prebendas, negocios fáciles sin riesgos económicos, y naturalmente, corrupción.

Hay quienes equivocadamente asocian el concepto populismo con políticas distributivas virtuosas, pero sus consecuencias son las mismas que en un capitalismo salvaje: enriquecimiento desmesurado de los beneficiarios de las corruptas asociaciones estatales-privadas, y lógico crecimiento de la pobreza y marginalidad. En este esquema reclaman ser subsidiados los pobres, pero también enriquecidos empresarios exitosos gestionadores de prebendas. Es momento entonces que los empresarios, sindicalistas y funcionarios “buenos” predominen sobre los “malos”, y acuerden políticas que desactiven esta máquina de generar inflación, privilegios, desempleo y pobreza. No sorprendería que lo logren sin afectar salarios, si desarman los costos extras injustificados o corruptos que no van al bolsillo ni a la seguridad social del trabajador. En defensa de los empresarios genuinos, diremos que la conocida frase “el capital no tiene ideología” ya no se les puede adjudicar en exclusividad. Muchos políticos y sindicalistas tampoco parecieran tenerla.

Buenos Aires, 21 de junio 2018

Consensos entre quiènes?

Es recurrente e inevitable que ante situaciones políticas complejas, distintos analistas políticos y representantes sectoriales reclamen un acuerdo político entre oficialismo y oposición para revertir una decadencia de décadas. Pero jamás identifican a los autores y garantes del eventual acuerdo. Resumen sus deseos en abstracciones tales como gobierno, oposición o similares, sin establecer referentes sectoriales con legitimidad de representación. Esta hibridez conceptual se manifiesta en denominar a la oposición “el peronismo”, sin referenciarlo con el receptáculo político-institucional que debiera otorgar organicidad y coherencia: el Partido Justicialista. Este fenómeno se refleja en menor medida en los radicales, quienes al menos mantienen la estructura UCR, más escenográfica que real. Ni hablar de los volátiles partidos menores. Esta realidad genera confusión en propios y extraños, y nos retrotrae a la pregunta del inicio: quiénes serían los autores y garantes de un consenso virtuoso?

Para intentar una respuesta sin entrar en intencionadas “grietas”  que eludan debates,  se debe partir de algunos supuestos: 1) Los rótulos peronistas, radicales y similares, deben ser completados con el término “dirigentes”, para no involucrar a los ciudadanos en su conjunto. 2) Hablar de peronismo en forma global como lo mencionan políticos y periodistas, elude señalar que en la Coalición Cambiemos abundan peronistas que no reniegan de ello, e integran el gobierno. Del mismo modo hay quienes se dicen radicales y se acoplaron al peronismo. 3) Contra lo que se supone, a partir de 1990 abundaron los consensos pero a nivel de cúpulas, con resultados nefastos. Veamos una reseña histórica.

El Partido Justicialista fue fundado por Peròn en el año 1946. El nombre de peronista o justicialista, sea presentándose como tal o conformando frentes con partidos menores, se mantuvo en las elecciones presidenciales de 1951, 1973, 1983 y 1989. En el 83 el PJ sufre su primera derrota electoral a manos de la UCR, sumando entre ambos partidos el 92% de los votos. En el 89 triunfa Menem con el Frejupo, con el PJ a la cabeza. En 1995 repite Menem con un Frente con predominio del PJ, y se quiebra el bipartidismo: la UCR salió tercera. La elección de 1999 exhibe el primer “consenso”: triunfa la fórmula De la Rúa (radical)-Carlos Alvarez (peronista). En el 2003, tras la crisis 2001/02, Menem triunfó al frente del PJ con el 24,45 % de los votos, pero no se presentó a la segunda vuelta, accediendo a la presidencia Néstor Kirchner con  el Frente para la Victoria. En esa elección, los partidos PJ y UCR sumaron solo el 25,16% de los votos. Los “consensos” no virtuosos se desataron. En el 2007 triunfó el FPV con la fórmula Cristina Kirchner (peronista)-Julio Cobos (radical). Ni Perón y Balbín lo habían logrado. En la misma elección compitió la fórmula Lavagna (peronista)-Morales (radical). El PJ no participó. En el 2011 triunfa nuevamente el FPV con Cristina Kirchner, superando al “consenso” UDESO, que presentó la fórmula Ricardo Alfonsín-González Fraga, y a Francisco De Narváez como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El PJ como tal, obtuvo el 5,86 % de los votos. En el 2015 triunfó la Coalición Cambiemos sobre el FPV, del que se desconoce su futuro. El PJ por su parte, sacó el 1,64 % de los votos. Es evidente que la memoria de Perón no puede usarse para encubrir oportunismos y/o corrupciones actuales. Dos argentinos describen con precisión la mutación peronista. Exequiel Adamosky, profesor de historia en Londres, expresa en un reportaje: “En el peronismo, antes de los 90 la oposición al poderoso era más fuerte, y el componente asistencialista era complementario. Ahora su identidad pasó a ser la ayuda a los pobres, sin buscar a los responsables de la pobreza”. Julio Bárbaro, peronista genuino, señala: “Desde la muerte de Perón el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos, pero también en el receptáculo de las ideas de moda: el liberalismo con Carlos Menem, y la izquierda con Cristina Kirchner”.

En este contexto hablar de “consensos” y objetivos sin actores legítimos y confiables tanto del oficialismo y como la oposición, es repetir engaños. La tarea no será fácil; todos los responsables de la decadencia siguen vigentes. En el caso del genérico “peronismo” por ejemplo, a quiénes se debería convocar: a Cristina Kirchner, Schiaretti, Urtubey, Zamora, Barrionuevo, Gioja, Massa, Picheto, Moreau, Nito Artaza? A todos juntos quizás? El caso de los gobernadores es peculiar. Arman las listas sábana para legisladores nacionales, pero al momento de votar políticas acordadas con la Nación, definen a sus elegidos como librepensadores. Un último deseo: que los periodistas no entretengan a la ciudadanía con juegos infantiles como Mauricio o Cristina; peronistas racionales o irracionales (que para mayor confusión votan juntos). Y que los políticos sean coherentes con sus discursos, y alguna vez actúen en beneficio del país.

Buenos Aires, 07 de junio 2018

Jueces a exámen

El Estado es un concepto que refiere a la organización política, social y económica de un país. No hay “grietas” entre lo público y privado. Es entonces a partir del Estado que se debe intentar desentrañar la matriz política que sumergió al país desde hace décadas en una permanente decadencia. Para manejar hipótesis de trabajo concretas, el abstracto concepto “décadas” se acotará al período definido entre la recuperación de la democracia en 1983 y la actualidad. En estos últimos 35 años resaltan tres aspectos: 1) continuidad del sistema democrático; 2) continuidad de personajes políticos, empresarios, judiciales y gremiales, sea por una envidiable longevidad, sucesiones familiares o sistemas electivos basados en el dedo; 3) continuidad discursiva para diagnosticar los mismos problemas sin resolverlos. Surge entonces el interrogante: cómo es posible tamaña continuidad de los responsables de la decadencia?

Es verdad que los sistemas electorales están finamente diseñados para que las opciones ciudadanas sean circunscriptas a rótulos partidarios rotundos, como renovación, neoliberalismo “malo”;  justicialismo racional o  justicialismo irracional, pero siempre con listas abiertas a los continuistas hasta el cierre del libro de pases. Ante esta reiteración de actores y discursos, pareciera evidente que los vicios de fondo son ocultados a la opinión pública. Una forma de torcer esta matriz, es que sean ciudadanos comunes quienes formulen interrogantes sencillos basados en conceptos conocidos, a ser respondidos  en una mesa de exámen por diversos sectores de poder. Se hizo con un grupo de sagaces economistas, y es el turno de los jueces, emblemas del Poder Judicial. Iniciemos el cuestionario:

1.- “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar” (Solón, 600 a.C). Muchos integrantes del poder judicial ejercen la docencia. Supongamos que a un alumno se le formula una pregunta definitoria: el caso de Cristóbal López implica defraudación o evasión a la AFIP? Cuál sería la respuesta correcta para aprobar el exámen?

2.- “Todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. (Artículo 16 de la Constitución Nacional). Porqué entonces miembros del poder judicial no aportan salarialmente impuestos a las ganancias, y lo llaman derecho adquirido?

3.- “La prisión preventiva no podrá ser superior a dos años, sin que se haya dictado sentencia. En casos de complejidad podrá prorrogarse por un año más” (Ley 24.390). Esta normativa no está fijando claramente el plazo razonable para llegar a la instancia de juicio oral y público?

4.- “Combatir la corrupción fortalece la economía y la democracia” (Isabel Groba Vieira, fiscal del caso Lava Jato). Los examinados deberán explicar estas dicotomías:

4.1.- Contrabando de 944 kilos de droga desde Argentina a España (2011). En España fueron juzgados y condenados los hermanos Juliá. En nuestro país no hay avances.

4.2.- Coimas pagadas por la empresa Odebrecht (2014). En Brasil fueron procesados y condenados empresarios, funcionarios oficialistas, opositores e intermediarios. En nuestro país los jueces Casanello,  Martínez de Giorgi y Rafecas no tienen avances concretos.

4.3.- Sobornos en la FIFA (2015). En Estados Unidos están condenados o procesados altos funcionarios, entre ellos los argentinos Burzaco, De Luca y Meizner. En nuestro país la jueza Servini de Cubría aún no elevó a juicio oral la causa “Fútbol para Todos”. 

Están invitados a participar de la evaluación los jueces Lorenzetti en representación de la Corte Suprema, y los jueces federales Servini de Cubría, Bonadío, Lijo, Casanello, Rafecas, Martínez de Giorgi, Rodríguez, Ramos y Ercolini. Invitación especial al ex juez Oyarbide.

Buenos Aires, 24 de mayo 2018

Economistas a exámen

Sorprende la enorme disparidad que con independencia de afinidades partidarias o ideológicas,  existe entre la claridad y precisión que tienen los economistas y analistas para describir las coyunturas, y los pobres resultados que obtienen cuando deben asumir responsabilidades concretas en roles de gobierno, ya no para sortear crisis, sino para cambiar de paradigmas. Frases esclarecidas como “no se puede gastar más que lo que se recauda o produce”, naufragan ante los hechos concretos. Solo en diez de los últimos cien años, la Argentina tuvo equilibrio o superávit fiscal. Desde el recordado Rodrigazo del año 1975 (alta inflación, devaluación y tarifazos), el país atravesó hiperinflaciones en los años 1989/90; la convertibilidad de un peso igual a un dólar entre 1991 y 2002; incautación de ahorros privados en 1989 y 2002; privatización de empresas públicas para reestatizarlas años más tarde una vez saqueadas; falseamiento de estadísticas públicos a partir del 2008, para cerrar en el 2015 el mayor período ininterrumpido de un mismo gobierno con el 29 % de pobreza.. Cómo se puede mantener durante décadas estas políticas ineficientes y prebendarías? Usando a sus víctimas para mantenerlas: los pobres.

Todo intento de racionalidad es sepultado bajo la amenaza de ajustes que generarán más pobreza y desocupación. Lo lamentable es que la reseña de sucesos económico-sociales entre el 1975 y el 2015, indican que es verdad. Se ajusta masivamente sobre sectores medios y bajos, basados en la fórmula gasto x cantidad de beneficiarios = total pesos (ahorro). Esta globalidad conceptual es la trampa que se mantiene desde hace décadas para que los responsables de las crisis salgan indemnes. Ejemplos: se plantea sacar las jubilaciones de privilegio, para que el sistema sea realmente de reparto? No. Se plantea derogar la discriminatoria ley que exime de pago de ganancias al poder judicial? No. Se plantea una ley que impida expresamente la designación de familiares en cargos públicos sin concurso, favoreciendo enormes concentraciones salariales estatales en un mismo núcleo familiar? No. Se plantea aprobar la Ley de Extinción de Dominio congelada en el Senado, que permita como en los países más avanzados, que el Estado recupere parte del dinero que le fue sustraído? No.

Ante estas evidencias irrefutables y para simplificar el cuestionario del exámen, las preguntas a responder se acompañan de conceptos referenciales.   

 “No robarás”. (Octavo mandamiento cristiano, 3.500 años antes de Cristo). La mención no pretende una invocación religiosa, sino fáctica. Un gobierno cleptocrático que instala un estado de corrupción asociado con empresarios privados, puede tener políticas socio-económicas virtuosas?

 “Sucederá siempre que un príncipe que quiere conseguir fama de pródigo consumirá en tales obras todas sus riquezas, y se verá obligado si desea conservar su reputación, a imponer excesivos tributos, a ser riguroso en el cobro y hacer todas las cosas que hay que hacer para procurarse dinero”. (Maquiavelo, florentino, siglo XVI). Cuándo se habla de bajar el déficit fiscal, se bajarán subsidios a los sectores privilegiados o a los vulnerables?   

“Ley de oferta y la demanda” (Adam Smith, siglo XVIII). Porqué cuando se informa que “bajó el consumo”, paralelamente no bajan los precios?

“Las estadísticas basadas en que a cada ciudadano le corresponde un ingreso de100, no aclaran que hay ciudadanos con 300, que dejan a dos con nada” (Oscar Varsavsky, año 1972). Está de acuerdo?

   “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que más ganan” (Roberto Frenkel, argentino, siglo XXI). Coincide en que la frase “con la inflación pierden los más pobres”, omite señalar que ganan los especuladores y sectores más ricos, al desaparecer los precios relativos?  

 “El mercado determina el precio del dólar”. (financistas anónimos del siglo XXI) Porqué cuando se habla de “mercado”, no se aclara que se refiere únicamente al financiero especulativo, y no al de bienes transables?

“En la inflación influyen las expectativas” (macroeconomía, siglo XXI). Porqué entonces cuando un gobierno fija una meta de inflación, de inmediato todos los economistas declaran que es de cumplimiento imposible?

Seguidamente detallamos el listado de economistas invitados a competir: Cavallo, Lavagna (padre e hijo); Pratt Gay, Sturzenegger, Espert, Broda, Kicillof, Ferreres, Bein, Santángelo, Spotorno, Cachanosky, Melconian, Dujovne, Caputo, Redrado, Marx (el argentino), Kiguel, Gerchunoff, Frenkel, Zuchovicki, Nielsen, Giacomini, Argañaraz, Bermúdez, Abram, Lousteau, Blejer, Vanoli, Pignanelli y Boudou. Especialmente invitado por lo histriónico, Javier Milei.

Buenos Aires, 17 de mayo 2018

Entre Totos y Totas

El papel es un material con más de dos mil años de antigüedad, consistente en una lámina delgada hecha con pasta de fibras vegetales mezcladas con otros productos molidos. Recientemente fue partícipe de tres hechos políticos, con personajes, mensajes y actitudes patéticas:  la entrevista a una “trabajadora de la noche” en un programa de televisión, la interpelación legislativa al ministro Caputo,  y la resistencia “sin grietas” de los legisladores para abandonar el subterfugio de venta de pasajes. Cabe reflexionar sobre las similitudes entre dichos casos. Para evitar innecesarias menciones partidarias, apelaremos al arte costumbrista de los apodos, llamando Toto a los personajes masculinos, y Tota a los femeninos.

El hilo conductor, como dijimos, será el papel. La cabalgata del cinismo comenzó con la “Tota” Natacha entrevistada en el programa televisivo de Mirtha Legrand. Moviendo una pila de papeles que sugería sustento documental, lanzó una catarata de denuncias de pedofilia contra figuras públicas, que podían llegar “hasta Olivos”. Al mencionar enigmáticamente a un periodista CP todos pensamos lo mismo; pero días después aclaró que era Carlos Pérez, que aún se encuentra oculto. A otro de los mencionados, el “Toto” Vera, con franquicia de representación papal vencida, se le permitió réplica en el mismo programa televisivo vía telefónica. Expresó su indignación plenamente justificada, pero en coincidencia con la “Tota” Natacha, también mencionó a los servicios de inteligencia, y al espía “Toto” Stiusso. Sin embargo, el afectado en su buen nombre y honor Vera, horas antes había denunciado a la legisladora Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito, con el patrocinio del dr. “Toto” Llermanos, abogado de los “Totos” Hugo y Pablo Moyano.  

En la misma semana fue interpelado en el Senado sobre “offshores” y deuda externa el único “Toto” genuino: el secretario de Hacienda Caputo. Existía la oportunidad de generar un debate público esclarecedor al encontrarse frente a frente economistas responsables en dos aspectos claves e  irresueltos por la clase política: el déficit fiscal (Kicillof), y crecimiento de la deuda (Caputo). Fue dilapidada en una sala atestada y clima de bulliciosa estudiantina. El clímax se produjo al final.  Aburrido tras cuatro horas de discursos, al “Toto” genuino se le ocurrió enviar un papelito a la “Tota” Cerruti, quien poniendo su mejor cara de actriz dramática moldeada en décadas como legisladora, se levantó como un resorte. Todos pensamos lo peor: el “Toto” genuino es un acosador. Pero se comprobó que solo sufrió un retroceso adolescente, recordando los papelitos que usaba para copiarse en las pruebas del Newman. Sorprendió la interpretación del “Toto” Rossi, quien ubicado detrás de la primera actriz, bramó contra los “accidentes” de la democracia. Ante el griterío del coro presente, el senador “Toto” Mayans bajó el telón.

Simultáneamente, medios de comunicación “ de grupos concentrados” publicaron una vieja inmoralidad legislativa: canjear papeles pasajes por papeles dinero, como si fueran bonos de inversión. Es sabido que para defender prebendas en los distintos poderes públicos no hay grietas. Pero sorpresivamente la defensora del subterfugio fue “la fiscal de la República”, la “Tota” Elisa Carrió. Expresó que ella recorre el país por tierra y no en helicóptero como el niño rico, que siguiendo la línea de la “Tota” Natacha llamaremos MM. Su declaración fue útil: ratificó que los pasajes no eran para “ir del trabajo a casa y de casa al trabajo” como decía Perón, sino para hacer política.

La suma de cinismos y disparates nos permite derribar un mito hacia futuro: los servicios de “inteligencia” profesionales no existen. De los espías se conocen antecedentes y biografías. Las operaciones de desprestigio para negociar impunidades la realizan conocidos “Totos” y “Totas” a cara descubierta. La familia Moyano por ejemplo, empleó al dolorido Vera para desacreditar a Ocaña. Los misteriosos operadores judiciales  son “Totos” populares: Javier Fernández; el “Tano” Angelici, el hermano del juez Lijo, entre otros. No es secreto que los expedientes de corrupción estatal-privada que ingresan a Comodoro Py se guardarán en el depósito de la impunidad. Por ello, las grandilocuentemente llamadas “operaciones de inteligencia”, por lo burdas y públicas, semejan a Peter Sellers interpretando al recordado inspector Cluzot en la serie de la Pantera Rosa.

Buenos Aires, 11 de abril 2018

Política de disfraces

El discurso político tiene un objetivo primordial: convencer. Conseguirlo implica apelar a estrategias de persuasión, según sea el fin perseguido por el emisor y los perfiles de los receptores. Pero a partir de la crisis institucional del 2001-2002, que trastocó partidos y discursos, eternos políticos intentan seguir vigentes a través de  una añeja costumbre de carnaval: el uso del disfraz, cuyo fin era el de modificar el aspecto de alguien para no ser reconocido, o simular ser quien no se es. Trasladada al campo político, surgen matices entre el ayer y el hoy.

Los disfraces de ladrones, piratas y similares no son recomendables para políticos con antecedentes. Los asesores de imagen recomiendan los de superhéroes, personajes patrios, y el de férreo defensor de los pobres. Por otra parte, la concurrencia durante años de los mismos personajes a las fiestas de disfraces, elimina el sortilegio de no ser reconocido. Es habitual escuchar que el que se disfrazó de Perón, años atrás se había disfrazado de Yrigoyen. La situación se agrava cuando el disfraz individual intenta sostenerse en lo grupal, vale decir en lo partidario. Antaño, los ritmos musicales y sus pistas bailables eran tradicionales: justicialista, radical, socialista, derecha e izquierda. Pero a partir del 2001-2002 surgieron innumerables variantes rítmicas. El  justicialismo se amplió a Federal, Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana. El radicalismo sumó a sus zapateadores clásicos, los radicales K y los PRO. El socialismo se baila solo en Santa Fe, con destino de extinción. La derecha se diluyó como expresión unívoca, repartiendo bailarines entre partidos políticos, gremios y empresarios. Solo la izquierda mantiene cierta tradición; son pocos pero siempre divididos, actuando mancomunadamente solo en exhibiciones al aire libre en lugares que los políticos llaman “la calle”, con riego físico para propios y extraños.

A los multicolores disfraces y ritmos musicales se les incorporó las lentejuelas brillantes de los términos absolutos y pretendidamente clarificadores: neoliberal, populista, progresista, social demócrata, golpista, fascista. Algunos melancólicos aún pronuncian las palabras oligarcas y gorilas. Ello permite adaptar un tema folclórico que se interpreta con charango y bombo a música electrónica. Ya sea por olvido o malicia, el único término que se omite mencionar es el recordado conservadurismo, que se aplicaba a las clases dominantes que obviamente buscaban “conservar” sus privilegios. Quizás porque políticamente mantiene vigencia a través de reelecciones indefinidas, listas sábana, nepotismos, prebendas legislativas, etc.

Este recordatorio de las ceremonias ancestrales del carnaval, incluye misticismos e invocaciones espiritistas. Las sufrió Perón en vida, cuando jóvenes manifestantes voceaban “si Evita viviera sería montonera”. Más cerca en el tiempo, el ex radical Moreau para ser premiado con una banca, debió pronunciar en éxtasis que “si Alfonsín viviera sería kirchnerista”. Menos rotundo fue el mensaje recibido por su hijo Ricardo, que anunció que “mi padre no se hubiera callado ante una receta económica de la derecha liberal”.

Cómo actuar ante prácticas discursivas especulativas enmascaradas tras falsas ideologías? Eludiendo la trampa de los conceptos absolutos y “fidelidades” fluctuantes, priorizando antecedentes personales en cuanto a capacidad, honestidad y eficacia. Sirvan como ejemplo Abad, responsable de la Afip, y Todesca a cargo del Indec. De origen peronista, ambos cumplen con todos los requisitos para ocupar tan altos cargos. En este contexto merece un comentario un reportaje reciente a Matías Lammens, presidente de San Lorenzo, que con jóvenes 38 años manifestó su deseo de incursionar en política. Cuando se le preguntó cómo se definía políticamente, se reconoció como socialdemócrata, con una “visión progresista de la sociedad”. Aclaró que las actuales expresiones políticas no lo convencen, por lo que trabajará por ”una nueva alternativa”. Cabe preguntarse: otra más? Participarán de ella repetidos políticos como mascarones de proa?  Además señaló que Fidel Castro fue importante en su proceso formativo, y haber leído sus discursos. Fue un toque “progre”? No pudo encontrar expresiones más vernáculas que nos representen política y doctrinalmente?

Lammens, joven e intelectualmente formado, puede ser una saludable alternativa de renovación generacional. Por ello debiera evitar presentarse en sociedad con un discurso ajado y demagógico. Caso contrario, sufrirá envejecimiento prematuro.

Buenos Aires, 04 de abril 2018

Artimañas judiciales

La artimaña consiste en actuar en forma maliciosa para engañar y conseguir un fin determinado. Concepto aplicable al poder judicial en las causas de corrupción estatal-privada, cuyos efectos entre otros, fue el de cerrar diciembre del 2015 con 29% de pobres. Los camaristas Ballestero y Farah, al cambiar la carátula de la causa Cristóbal López/Oil Combustibles, transformando el delito de defraudación al Estado en simple evasión, aportaron el último ejemplo. Que sirve para reflexionar si realmente el poder judicial está evolucionando, o entreteniendo a la sociedad con fuegos de artificio. Analizarlo implica partir de ciertos supuestos.

El imprevisto triunfo electoral de Cambiemos, al sustituir a un partido que gobernó a la Nación y provincia de Buenos Aires durante catorce años ininterrumpidos, si bien provocó un cimbronazo político que afectó tramas de impunidad sólidamente instaladas, estas intentan permanecer. Mantienen vigencia muchos políticos, jueces, empresarios y sindicalistas que fueron partícipes necesarios del saqueo. La degradación judicial no puede independizarse de su asociación con otros sectores de poder, enhebrada a través de nepotismos y amiguismos, que bien describiera el periodista Carlos Pagni en sus columnas de La Nación. Este “sembrado” de complicidades es necesario porque los poderes del Estado  no son independientes como se declama, sino interdependientes, pues deben controlarse mutuamente. El órgano constitucional Consejo de la Magistratura por ejemplo, que se encarga de la selección y remoción de magistrados, es burocráticamente costoso y sospechosamente inoperante.

El caso Cristóbal López/Oil Combustibles, si bien impacta por su volumen de deuda y relación con el matrimonio Kirchner, replica una mecánica de saqueo seguida con otras empresas, como el Correo OCA y el grupo de medios Spolzki/Garfunkel, entre otras. La mecánica consta de dos etapas: 1) la inicial, con el armado de grupos empresariales sobredimensionados sostenidos con dinero estatal, cuyas “ganancias” inexistentes se comparten entre empresarios y funcionarios cómplices. 2) la de crisis o quiebra una vez concluido el flujo estatal, que consiste en enmascarar el vaciamiento y diluir responsabilidades a través de falsos adquirentes y/o inversores sin solvencia económica, como Martínez Rojas con el grupo Spolzki/Garfunkel, o Rosner y De la Torre con Oil Combustibles/Indalo. De tal modo el Estado no solo no recupera lo que se le robó, sino bajo la argucia de cuidar “puestos de trabajo”, se le exige mantener  estructuras empresariales insustentables. Este circuito necesita de otros dos partícipes necesarios: funcionarios de la AFIP y sindicalistas. Los primeros consienten la defraudación. Los sindicalistas omiten cumplir con su obligación de controlar el depósito de los aportes patronales de sus afiliados.

En la etapa terminal de crisis, licuados los aportes estatales y ocultados los patrimonios particulares, entran en acción los “Ballesteros y Farahs”, que nos recuerdan que en el Poder Judicial nada cambió.

La supuesta aceleración de la dinámica judicial federal fue forzada por los recordados videos con el ex secretario de Obras Públicas José López arrojando un bolso con nueve millones de dólares en un convento, y días después, el grupo Báez contando millones de dólares arrastrados en bolsos. Hechos que obligaron a jueces y fiscales iniciar el juego de artificio, consistente en retomar denuncias o causas adormecidas desde hacía años, y sobreactuar con algunas detenciones. Pero en concreto, Ballestero y Farah dictaminan como siempre. Casanello, Servini de Cubría y Lijo entre otros, son tan lentos como siempre, y la Corte Suprema de Justicia anuncia grandilocuentes cambios que nunca concreta. En este marco de complicidades, el gobierno de Cambiemos solo consiguió la renuncia del ícono judicial Oyarbide, y con enormes dificultades, la remoción del camarista Freiler, quien integrara la Sala I junto con Ballestero y Farah.  

Los legisladores completan el capítulo político de la trama, buscando encubrir delitos económicos tras falsos debates ideológicos, cuando el problema, parafraseando a Clinton, “es el dinero, estúpido”. También participan del juego de coacciones, en el cual impúdicamente legisladores procesados por delitos comunes contra el Estado, pretenden juzgar a funcionarios por inobservancias éticas. Y por si fuera poco, congelan leyes claves contra la corrupción, como la de Extinción de Dominio en el Senado.

Buenos Aires, 28 de marzo 2018

Desigualdades de género

El concepto de igualdad de género responde al principio establecido en el artículo 16 de la Constitución, que estipula que “todos los habitantes son iguales ante la ley”. Usos y costumbres en muchos casos ancestrales, reservó para la mujer un rol de maternidad y hogar, con limitaciones no explícitas de derechos cívicos, laborales y de oportunidades. El debate actual hace hincapié en la violencia ejercida por el hombre, para amenazar, dañar e incluso matar a mujeres por conflictos personales. En este contexto, es interesante destacar manifiestas desigualdades de género en los campos político y deportivo relacionadas con la corrupción, que no han sido resaltadas en el debate.

En lo político, quienes en las últimas décadas fueron perseverantes en la investigación seria, denuncia y seguimiento de casos de corrupción estatal-privada, han sido mujeres: Carrió, Ocaña, Stolbizer, Alonso, a las que, con responsabilidades ejecutivas de gobierno, se suma María Eugenia Vidal. La rama política masculina por el contrario, ejercita expresiones meramente declamatorias, o más grave aún, formula denuncias superficiales con el fin de coaccionar y/o desprestigiar para negociar impunidad. Esta falencia de género no se manifiesta en el periodismo de investigación, en el que se desempeñan eficazmente ambos sexos.

Pero la desigualdad mayor se presenta en el campo deportivo, en un sector en el que conviven como dirigentes representantes políticos, empresarios, sindicales, judiciales y delincuentes de armas tomar, con una amplitud partidaria, ideológica y social envidiable. Para mezclar negociados con honestas administraciones, cuentan con una cobertura jurídica ideal: los clubes de fútbol son organizaciones civiles no gubernamentales “sin fines de lucro”, cuyo objetivo es alcanzar el bien común.

Si las mujeres, en especial las comprometidas contra la corrupción, pudieran atravesar esta sólida coraza masculina, tendrían un excelente campo de experimentación no solo para visualizar la corrupción “en bruto”, sino constatar los entramados intersectoriales para lograr complicidad e impunidad. En lo económico, aprenderán de transacciones multimillonarias de jugadores realizadas a través de intermediarios; evasiones fiscales, balances manipulados aprobados con coacción de barras bravas; circuitos paralelos de comercialización de entradas, sobrefacturación de servicios, y todo tipo de irregularidades. No es casual que en muchos clubes, incluidos los llamados grandes, corran riesgos las verdaderas funciones sociales, como las recreativas y educativas.

En cuanto a las tramas de complicidad, los nexos entre las dirigencias de clubes y de la AFA, convierten en ridículas las clásicas elucubraciones para detectar a los misteriosos operadores judiciales, como en su momento Javier Fernández; hoy Daniel Angelici, Alfredo Lijo o el multifacético Alberto Fernández, autoproclamado consultor para defender “a los trabajadores” en la causa judicial de Indalo. El camarista Jorge Ballestero por ejemplo, integra desde hace años el tribunal de penas de la AFA. Las relaciones entre empresarios y sindicalistas, no necesitan de supuestos. La empresa OCA que preside Farcuh, también deudora de miles de millones de pesos al Estado, promociona la camiseta del glorioso club Independiente presidido por los representantes de sus trabajadores, los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano. Los objetivos del “bien común” alcanza tal fervor, que muchos dirigentes participan en la conducción de dos o más clubes, poniendo en crisis el concepto basado en que lo único que no cambia en la vida es la fidelidad futbolera.

La tarea de las mujeres para ingresar al mundo “sin lucro” del fútbol, será mucho más compleja que obtener en el campo laboral igualdad de oportunidades y salariales.  

Buenos Aires, 21 de marzo 2018

Somos todos ladrones

El delito a gran escala, presenta patrones universales en lo organizativo y psicológico. Los hampones de la década del 30 necesitaban para sus negocios ilícitos (prostitución, juego y contrabando), activas complicidades políticas, policíacas y judiciales. Para la pasividad de la población, utilizaban la resignación, el miedo o el crimen. Sus enormes ganancias contaban con eficaces estructuras administrativas que falseaban balances, lavaban dinero (de esa época surge el término), y abrían cuentas offshore.

Décadas más tarde, los delitos económicos estatales no presentan diferencias de fondo sino de matices. El dinero ilícito no surge de negocios privados, sino de recursos del Estado. Semánticamente, el duro término “delito” se dulcificó en el híbrido “corrupción”. Los “hampones” de entonces, mutaron en funcionarios políticos asociados a empresarios cómplices. Las antiguas crónicas policiales que relataban cinematográficos robos a bancos en medio de balaceras, se dedican hoy a los sofisticados saqueos de presupuestos públicos planificados en confortables oficinas o confiterías de moda. La única diferencia entre el ayer y el hoy, es el acelerado desarrollo tecnológico digital y de medios de comunicación, que hace cada vez más difícil la utilización invalorable “del secreto” para ocultar pruebas y complicidades. Ello obligó a que la clásica estrategia comunicacional de la lucha de “buenos contra malos”, se transformara en un discurso que por repetido no deja de mantener cierta eficacia: “no hay inocentes, somos todos ladrones”. O bien disimular culpabilidades con el recurso de la falsa proclamación ética que tan bien definiera el historiador Luis Alberto Romero: “quienes se sienten amenazados en sus intereses, se defienden empleando el mismo lenguaje de la virtud”.

Para evitar la mimetización entre culpables e inocentes, o entre procesados y denunciados, con el fin de confundir a la opinión pública para que nada cambie, se deben destacar cinco conceptos.  

1) Muchos de los responsables políticos, judiciales, empresariales y sindicales que por acción u omisión posibilitaron la corrupción en las últimas décadas, están en pleno ejercicio de sus roles. De ahí que una real acción contra la corrupción, se logrará solo manteniendo una fuerte y sostenida presión social.

2) Para evitar el engaño encubridor de “todo es lo mismo”, es necesario categorizar acciones y sus consecuencias políticas: a) rendición de cuentas por actos de gobierno que importaron sustracción ilegal de recursos del Estado (delito); b) cuentas y/o bienes en el exterior no declarados (evasión); c) cuentas y/o bienes en el exterior declarados (legítimo).

3) La justicia deberá investigar con igual celeridad denuncias sobre el gobierno anterior como del actual. Será esencial el aporte de organismos de control público, hasta hace poco facilitadores de la corrupción estatal-privada ( AFIP, Personas Jurídicas, Procelac, etc.). Si sus responsables ocultan y/o niegan la entrega de documentación en tiempo y forma, deberán ser denunciados y procesados.

4) Los legisladores deberán cumplir con su obligación indelegable de lograr leyes eficaces para combatir la corrupción. Y abandonar el intento de confundir a la sociedad con opinables debates éticos de carácter filosófico, dado que las inobservancias éticas no son penalmente punibles. Menos aún pueden incursionar en este campo quienes se autoprotegen interpretando capciosamente la ley de fueros, permitiendo que procesados y/o condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y/o legisladores. 

5) Un ejemplo de la distancia política que existe entre lo discursivo ético y lo legislativo sancionatorio, es la ley de Extinción de Dominio, que permite decomisar bienes de la corrupción y reintegrarlos al presupuesto público. Aplicada con éxito en los países más avanzados, se encuentra congelada desde hace casi dos años en el Senado. Podrían decomisarse por ejemplo, los nueve millones de dólares de José López. Con un beneficio adicional; al actuar prestamente sobre el objeto del delito (dinero y bienes), perderá sentido “cajonear” causas judiciales, pues.los propios afectados serán los interesados en acelerarlas.

Buenos Aires, 14 de marzo 2018

Cuadro de familia

Propagandística y comunicacionalmente, en las grandes concentraciones las pujas políticas se apoyan en tres elementos básicos: imagen, espectáculo y discurso. La imagen contiene un escenario emisor, en el que los oradores a manera de escenografía coral, son rodeados por dirigentes afines. El espectáculo lo aporta una multitud anónima pero con un rol cuantitativo y simbólico sustancial: legitimar la protesta y el poder y/o representatividad de los dirigentes convocantes. El discurso apela a la emoción por sobre la razón, y al eslogan por sobre la información veraz. Finalizada la representación, se ingresa en una etapa supuestamente más enriquecedora, que reemplaza la directa intermediación entre orador y multitud, por el diversificado ámbito del análisis y debate.    

Análisis y opinión son en esencia subjetivos, pues contienen posturas ideológicas y habitualmente intereses sectoriales. Por ello aún en la comparación de opiniones, continuamos dependiendo de los datos que suministran sectores en pugna. Sin embargo, los cambios generados por la velocidad de digitalización de datos, transformó la clásica vía unidireccional del emisor unívoco al receptor masivo, en un ida y vuelta entre ambos. La posibilidad de acceder a otras fuentes informativas alejados de intermediaciones interesadas, nos posibilita formular nuestras propias interpretaciones de imágenes y discursos, detectar contradicciones no planteadas, y transformarnos a su vez en emisores de interrogantes no aclarados. Esta novedad ha sobrepasado a políticos y formadores de opinión que al sentirse forzados a participar del mundo digital, han expuesto mediocridades u omisiones. Sirva como ejemplo, comparar la calidad expositiva de muchos ciudadanos comunes en las cartas de lectores publicadas en medios gráficos, con las insustanciales y monocordes frases de políticos tuiteros o panelistas en debates televisivos. Los empresarios, sindicalistas y ámbito judicial, amigos del “secreto”, intentan eludir el desafío digital.

La protesta encabezada por la familia Moyano el pasado 21 de febrero, es adecuada para intentar un análisis sin intermediación, utilizando las tres herramientas comunicacionales: imagen, espectáculo y discurso. Considerando las circunstancias que rodearon la convocatoria, irónicamente llamaremos a la imagen “Cuadro de familia”. Moyano en el estrado acompañado por sus hijos y el abogado defensor de la familia, el ex juez Llermanos. Si bien el discurso no soslayó su situación judicial, cabe preguntarse si aportó un mensaje relevante. En principio no, pues lo judicial avanzará por otra vía. Pero en el campo de la imagen, surge la incógnita sobre si el acompañamiento coral de dirigentes en el escenario/palco, podría significar un nuevo polo de oposición. Dado que actualmente no solo existe oposición, sino el gobierno tiene minoría legislativa y en las gobernaciones provinciales, el concepto distintivo clave sería el de “polo” (confluencia de objetivos). Para vislumbrar su factibilidad, se pueden resaltar tres aspectos para ser debatidos. Ellos son:

1) En el palco se encontraban Juan Grabois y Gustavo Vera, enigmáticamente considerados “amigos del Papa” por quienes transformaron al Papa en un emoticón, según sonría o no sonría (imagen). Pero lo importante no reside en relaciones de amistad personales, sino en transparentar roles. Grabois, Menéndez y Navarro son “intermediadores” entre recursos del Estado y sectores sociales necesitados. Esta intermediación está claramente definida y controlada? Es necesario explicitarlo. 2) Compartían el escenario los gremialistas Piumatto (judiciales), y Palazzo (bancarios), que representan a sectores bien remunerados, lo que es meritorio, pero que avalan y protegen prebendas que deben solventar toda la sociedad, como regímenes jubilatorios de privilegio, y en el caso de judiciales, el no pago de ganancias. Pueden coexistir desamparo con privilegios? 3) El gremialista y diputado Hugo Yasky fue ejemplo de síntesis cuando bramó: “los ladrones están en la casa Rosada”. Al unísono aplaudieron sectores de derecha y de izquierda. En el palco no había corruptos; los ladrones son los otros.                 

En este contexto, qué unificaría al eventual polo opositor?

Buenos Aires, 07 de marzo 2018