Alfonsín: honrar un fracaso
El pasado 30 de octubre se conmemoró el 35° aniversario del triunfo electoral de Raúl Alfonsín. Para asombro de muchos, el radicalismo superó al justicialismo por casi doce puntos, sumando entre ambos partidos el 92% de los votos. La sociedad había interpretado que Alfonsín y su partido eran los más confiables para afrontar la compleja reconstitución del tejido institucional, social y económico del país, sin por ello sumergirse en tramposas “grietas”. Los recientes homenajes recordaron a Alfonsín con el emblema grandilocuente de “padre de la democracia”, pero sería más oportuno destacar propuestas esenciales que no se le permitió llevar a cabo, y que los políticos aún no han tenido la capacidad y/o voluntad de resolver.
Ya en su campaña planteó la necesidad de democratizar a dos sectores fuertemente corporativos: Fuerzas Armadas y sindicatos. Estos últimos, de clara identificación peronista, tuvieron un rol central en el armado del partido para la elección de 1983, ocupando sus representantes altos cargos partidarios y candidaturas nacionales y provinciales de peso, para obtener finalmente 35 bancas legislativas. A poco de asumir, Alfonsín envió la ley de reordenamiento sindical y electoral a fin de regularizar el funcionamiento de los gremios tras la dictadura, conocida como “ley Mucci”, en alusión al trabajador gráfico Antonio Mucci, designado Ministro de Trabajo. Entre sus puntos, se planteaba la personería gremial para el sindicato más representativo (sindicato único por rama), pero permitiendo la participación de las minorías que obtuvieran el 25 % de los votos, que los afiliados deberían emitir en forma directa, obligatoria y secreta, bajo el control de la Justicia Electoral Nacional. Los mandatos duraban tres años con una sola posibilidad de reelección inmediata. La contrapropuesta gremial fue la de retomar la ley de Asociaciones Profesionales de 1973, y encomendar la regularización de las conducciones de los gremios a comisiones designadas por los propios gremios.
Previo a ingresar al Congreso, el proyecto radical produjo un primer efecto paradójico: gremialistas enfrentados entre sí durante la dictadura, terminaron unidos ante un gobierno democrático, con una conducción colegiada de la CGT, integrada por Saúl Ubaldini, Osvaldo Borda, Ramón Baldassini y Jorge Triaca. Aprobado por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, el proyecto fue finalmente derrotado el 14 de marzo de 1984 en Senadores, por 24 a 22 votos, con el voto decisivo de Elías Sapag, del Movimiento Popular Neuquino. El 3 de agosto de 1984, la CGT llamó al primer paro general de los trece que sufriera Alfonsín durante su mandato. El gremio docente CTERA no se adhirió.
Años más tarde, el gobierno de la Alianza encabezado por De la Rúa, consiguió en abril del 2000 la aprobación legislativa de una reforma acordada con sectores del justicialismo, que entre otros aspectos permitía sellar convenios colectivos por empresa en lugar de rama o actividad, y derogaba los convenios ultraactivos de los años 1975 y 1988 de renovación automática, aún vigentes. En mayo de ese año el sindicalista Hugo Moyano denunció que el Ministro de Trabajo Flamarique había comentado que “para los senadores tengo la Banelco”, lo que éste negó. Ello desencadenó la crisis política con la renuncia del vicepresidente Alvarez, y posterior caída de De la Rúa en diciembre de 2001. En el 2003 se derogó la ley.
Más recientemente el gobierno de Cambiemos impulsó una reforma laboral que promueve la discusión sobre aspectos conflictivos: normas que regulan las obras sociales y el Pami; poca uniformidad en los aportes sindicales; integrar prácticas laborales al sistema educativo; definir si ciertos beneficios (celular, vehículo), son parte del salario, y muchos otros. Lo tratado con sectores gremiales que en 2017 parecía viable, hoy desapareció de la agenda.
Una crítica recibida por Alfonsín, falencia que se repitió en los intentos posteriores, es no haber sido más explícito ante la sociedad y los trabajadores en especial, respecto a los costos y beneficios de las reformas propuestas. En contraposición, para obturar todo tipo de cambios y mantener privilegios, el mensaje de la corporación sindical se mantuvo inmutable en el tiempo: “leyes impuestas por el FMI, precarización laboral, baja de salarios, pérdida de derechos”. Es momento de debatir propuestas que no incidan en los salarios de bolsillo, sino sobre costos adicionales injustificados, como excesivos aportes, seguros, ausentismo, entre otros. El problema no puede ser obviado. A comienzos de 2017 según datos oficiales, existían 12 millones de empleados registrados; 4,5 millones informales y cerca de 1,5 millones desocupados.
Modernizar el mercado laboral favoreciendo al trabajador y desarmando costosos privilegios, sería un excelente homenaje para Raúl Alfonsín.
Buenos Aires, 07 de noviembre 2018
Arenga clerical
Señalar que la desaforada corrupción estatal-privada explica la degradación del país desde hace décadas, sería un lamento inconducente. A futuro, el desafío estriba en desarmar la sólida trama de complicidad e impunidad, enquistada entre quienes dicen representarnos, entre quienes vociferan cuidar a los trabajadores, entre quienes deben impartir justicia, y entre quienes aducen aportar capital propio de riesgo para el crecimiento del país. Agrava el cuadro algunos Obispos, cuando en sus sermones omiten recordarles a esos políticos, gremialistas y empresarios reconvertidos en fervorosos feligreses, el mandamiento “No robarás”.
Sin embargo el efecto “cuadernos de Centeno”, que dejaron como nunca antes expuesto cualitativa y cuantitativamente el saqueo de recursos públicos desde hace décadas, brinda a los ciudadanos comunes ajenos al poder, una alternativa contundente para promover cambios: reelaborar críticamente el repetido discurso político o mensaje, utilizado para comunicar y/o manipular a la opinión pública. Asumiendo que en esta coyuntura las pugnas no son ideológicas o principistas, sino por poder, dinero y privilegios. Hace 2.400 años Aristóteles planteaba a la política como un concepto que no debe separarse del realismo de los objetos. Maquiavelo hace casi 500 años, en su excepcional análisis del proceder de los hombres en las luchas por el poder, señalaba que “el príncipe cuyo gobierno descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque son ambiciosos, desleales… no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”. A éste perfil de quienes pujan por el poder, nuestro país como no podía ser de otro modo, le suma una peculiaridad no habitual en sistemas democráticos: desde hace décadas se mantienen los mismos dirigentes políticos y gremiales. Para lograr tal perdurabilidad, según convenga y con cargo público y/o privilegio bajo el brazo, un mismo personaje puede ser neoliberal o populista; de derecha o izquierda; racional o irracional. Y muchos de ellos, a la hora de justificar patrimonios, confiesan encarnar una trinidad casi mística: ser políticos, gremialistas y empresarios simultáneamente.
Un primer intento de desmitificar frases clásicas del discurso político, partirá de la más usada en los procesos judiciales por los partícipes en actos de corrupción contra el Estado: denunciar “persecución política”, pretendiendo que subliminalmente, los actos delictivos se confundan con la persecución de ideas. Pero el concepto “política” implica una manera de ejercer el poder público, resolviendo entre los intereses encontrados que se producen en una sociedad. Los que lo ejercen asumen además la responsabilidad de administrar los recursos públicos en función de intereses comunes. Por ello cuando los delitos no se refieren al patrimonio privado sino al público (demagógicamente llamado de todos), ese delito además de penal es “político”, agravado por el perjuicio social que provoca. El Poder Judicial, según marca la Constitución, deberá perseguir justicia y sancionar a los culpables. Los conceptos se suelen clarifican si se los confronta con su opuesto. En este caso, persecución con protección. Si el delito cometido años y/o décadas atrás recién hoy se “persigue”, en general con los mismos jueces y fiscales de entonces, es de sospechar que antes existió “protección” para lograr impunidad. Se concluye entonces que cuando en el Estado la corrupción no es puntual sino estructural, “perseguir” y “proteger” actúan como sinónimos. Por otra parte la victimización que permite el término “persecución”, jamás es acompañada por parte del funcionario sospechado / investigado / acusado, aunque sea de modo falaz como en el caso de delincuentes comunes, por la expresión “soy inocente”. Si se presta atención, jamás. Ello debido a que decirlo, implicaría negar y/o explicar que los bienes, empresas, sociedades y cuentas en el exterior que les son adjudicadas, le pertenecen.
Otro mensaje político de manual que la impúdica exhibición de corrupción ha mostrado como falaz, es el declamado “luchar contra los grupos económicos concentrados”. Décadas atrás, esta entusiasta invocación subliminalmente remitía a nombres paradigmáticos del empresariado: Fortabat, Bunge y Born, Rocca, Macri, Bulgheroni, Perez Companc, entre otros, con capacidad económica y de “lobby” ante el poder político. El escándalo Centeno transparentó que en las tramas de corrupción estatales de los últimos quince años, los grupos económicos dejaron de ser tan concentrados, para organizarse asociando a políticos, gremialistas, legisladores, jueces y testaferros en una misma trama. Sus fortunas injustificadas, que envidiarían apellidos emblemáticos de antaño, en lugar de representar un loable fenómeno de crecimiento social y económico, explican la pobreza de muchos.
Buenos Aires, 24 de octubre de 2018
Perseguir y proteger como sinónimos
Señalar que la desaforada corrupción estatal-privada explica la degradación del país desde hace décadas, sería un lamento inconducente. A futuro, el desafío estriba en desarmar la sólida trama de complicidad e impunidad, enquistada entre quienes dicen representarnos, entre quienes vociferan cuidar a los trabajadores, entre quienes deben impartir justicia, y entre quienes aducen aportar capital propio de riesgo para el crecimiento del país. Agrava el cuadro algunos Obispos, cuando en sus sermones omiten recordarles a esos políticos, gremialistas y empresarios reconvertidos en fervorosos feligreses, el mandamiento “No robarás”.
Sin embargo el efecto “cuadernos de Centeno”, que dejaron como nunca antes expuesto cualitativa y cuantitativamente el saqueo de recursos públicos desde hace décadas, brinda a los ciudadanos comunes ajenos al poder, una alternativa contundente para promover cambios: reelaborar críticamente el repetido discurso político o mensaje, utilizado para comunicar y/o manipular a la opinión pública. Asumiendo que en esta coyuntura las pugnas no son ideológicas o principistas, sino por poder, dinero y privilegios. Hace 2.400 años Aristóteles planteaba a la política como un concepto que no debe separarse del realismo de los objetos. Maquiavelo hace casi 500 años, en su excepcional análisis del proceder de los hombres en las luchas por el poder, señalaba que “el príncipe cuyo gobierno descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque son ambiciosos, desleales… no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”. A éste perfil de quienes pujan por el poder, nuestro país como no podía ser de otro modo, le suma una peculiaridad no habitual en sistemas democráticos: desde hace décadas se mantienen los mismos dirigentes políticos y gremiales. Para lograr tal perdurabilidad, según convenga y con cargo público y/o privilegio bajo el brazo, un mismo personaje puede ser neoliberal o populista; de derecha o izquierda; racional o irracional. Y muchos de ellos, a la hora de justificar patrimonios, confiesan encarnar una trinidad casi mística: ser políticos, gremialistas y empresarios simultáneamente.
Un primer intento de desmitificar frases clásicas del discurso político, partirá de la más usada en los procesos judiciales por los partícipes en actos de corrupción contra el Estado: denunciar “persecución política”, pretendiendo que subliminalmente, los actos delictivos se confundan con la persecución de ideas. Pero el concepto “política” implica una manera de ejercer el poder público, resolviendo entre los intereses encontrados que se producen en una sociedad. Los que lo ejercen asumen además la responsabilidad de administrar los recursos públicos en función de intereses comunes. Por ello cuando los delitos no se refieren al patrimonio privado sino al público (demagógicamente llamado de todos), ese delito además de penal es “político”, agravado por el perjuicio social que provoca. El Poder Judicial, según marca la Constitución, deberá perseguir justicia y sancionar a los culpables. Los conceptos se suelen clarifican si se los confronta con su opuesto. En este caso, persecución con protección. Si el delito cometido años y/o décadas atrás recién hoy se “persigue”, en general con los mismos jueces y fiscales de entonces, es de sospechar que antes existió “protección” para lograr impunidad. Se concluye entonces que cuando en el Estado la corrupción no es puntual sino estructural, “perseguir” y “proteger” actúan como sinónimos. Por otra parte la victimización que permite el término “persecución”, jamás es acompañada por parte del funcionario sospechado / investigado / acusado, aunque sea de modo falaz como en el caso de delincuentes comunes, por la expresión “soy inocente”. Si se presta atención, jamás. Ello debido a que decirlo, implicaría negar y/o explicar que los bienes, empresas, sociedades y cuentas en el exterior que les son adjudicadas, le pertenecen.
Otro mensaje político de manual que la impúdica exhibición de corrupción ha mostrado como falaz, es el declamado “luchar contra los grupos económicos concentrados”. Décadas atrás, esta entusiasta invocación subliminalmente remitía a nombres paradigmáticos del empresariado: Fortabat, Bunge y Born, Rocca, Macri, Bulgheroni, Perez Companc, entre otros, con capacidad económica y de “lobby” ante el poder político. El escándalo Centeno transparentó que en las tramas de corrupción estatales de los últimos quince años, los grupos económicos dejaron de ser tan concentrados, para organizarse asociando a políticos, gremialistas, legisladores, jueces y testaferros en una misma trama. Sus fortunas injustificadas, que envidiarían apellidos emblemáticos de antaño, en lugar de representar un loable fenómeno de crecimiento social y económico, explican la pobreza de muchos.
Buenos Aires, 24 de octubre de 2018
Coimas de novela (cuaderno 8)
En este último cuaderno, el 03 de noviembre del 2015 es la fecha en la que Centeno concluyó con la descripción de los circuitos recaudatorios de coimas. Diez días antes, el justicialismo había sido derrotado en la provincia de Buenos Aires, tras 25 años ininterrumpidos en el ejercicio del poder. Diecinueve días después, en la segunda vuelta para elegir presidente, la coalición Cambiemos derrotó al Frente encabezado por el justicialismo, que gobernara al país durante doce años consecutivos. Surge una primera hipótesis: una alternancia democrática evita y/o afecta las tramas delictivas público-privadas conformadas para asegurar impunidad en la sustracción de recursos públicos. Con vista a futuro, se debiera evitar análisis fundados en tramposas “grietas”, instaladas para que la insensatez y el fanatismo predomine sobre la racionalidad y reflexión. Por ello no se plantea que lo “bueno” sustituyó a lo “malo”, sino a un principio democrático esencial: los efectos saludables de alternancia política-institucional en el manejo de lo público. Requisito necesario pero no suficiente.
En un sistema democrático de baja calidad como el argentino, desarmar la trama de corrupción tiene gran complejidad, porque muchos de sus actores partícipes directos e indirectos están enquistados en las estructuras institucionales tanto públicas como privadas, amparados por leyes y procedimientos que ellos mismos promulgan y aplican. Y que tras un barniz institucional, de ser necesario, coaccionan a través de grupos de choque de acción directa. Este sustrato se potenció con la desaparición de partidos políticos coherentes y consolidados, y con un amplio espectro de políticos que aceptan integrar cualquier espacio partidario, siempre y cuando sea con cargo asegurado. El crítico panorama cierra con lo más grave; un conjunto de figuras variopintas de supuesta opinión influyente, dedicadas a promover golpes institucionales cuya representación simbólica es el helicóptero, recordando a De la Rùa. Olvidando que esa imagen nos retrotrae también al golpe militar que eyectó del poder a la presidenta constitucional Isabel Perón.
El mérito no deseado de los cuadernos de Centeno, hasta simbólico si se quiere, es haber barrido con rumores, supuestos, investigaciones periodísticas de corrupción con éxitos editoriales como único resultado, debates políticos estériles y sin costos, obscenas exhibiciones de riqueza impunes, para poner sobre el escenario a todos los actores cómplices de la trama, incluidos el mayordomo, el jardinero y el secretario, como en las viejas novelas policiales. Los cuadernos cierran un capítulo, y abren el más trascendente a futuro inmediato: como actuarán las fuerzas políticas, judiciales, legislativas, empresariales y laborales en esta instancia, en donde pujarán con similar peso de representación institucional probos y cómplices, justicia y encubrimiento?
El seguimiento de los avances judiciales en las distintas causas de corrupción, en cabeza de la originada en los cuadernos de Centeno, debieran servir en paralelo para plantear interrogantes e intentar obtener respuestas, que erradiquen conceptos, leyes, léxicos, usos y costumbres, que son los que desde hace décadas, posibilitan un Estado ineficaz, débil y permeable a la corrupción. El pasado y el presente exigen castigo y resarcimiento. Pero el futuro, profundos cambios de paradigmas políticos. Citemos algunos interrogantes:
1) Conceptual. En un sistema político presidencialista verticalista, o en organizaciones empresariales jerárquicas, qué relación existe entre las responsabilidades de conducción y/o mando, y las penales por corrupción? En estructuras delictivas permanentes y a gran escala, un Presidente puede ignorar lo que hace un Ministro, este lo que hace un Secretario, y así sucesivamente? Un presidente de empresa puede ignorar coimas pagadas por subordinados?
2) Fàctico. En lugar de discutir por supuestos operadores judiciales que presionan a jueces y fiscales presionables, no sería más positivo que algún legislador del PRO, radical, justicialista racional o irracional, progresista y de izquierda blanda o dura, denunciara quiénes son los legisladores que están frenando fuertemente la ley de Extinción de Dominio, o intentando que se apruebe laxamente sin incluir los casos en trámite judicial?
3) Linguistico. Puede ser que en términos de corrupción estatal, protección y persecución sean sinónimos?
Comenzaremos a desarrollar intentos de respuesta.
Buenos Aires, miércoles 17 de 2018
Coimas de novela (cuaderno 7)
Los cuadernos de Centeno no contienen denuncias, carecen de adjetivaciones, su redacción es monocorde y rutinaria. Tres circunstancias aleatorias y concordantes produjeron su repercusión: un conflicto privado familiar de Centeno; obtención de los cuadernos por un periodista que priorizó la intervención judicial por sobre la primicia, y un juez y un fiscal de la vieja corporación judicial presuntamente arrepentidos que decidieron actuar conforme a sus obligaciones constitucionales, con el necesario sigilo para evitar las usuales estrategias comunicacionales destinadas a deslegitimar pruebas y denunciantes. Coronó el circuito la aprobación en 2016 de la ley que incorporó la figura del imputado colaborador o “arrepentido”, que parecía más declamatoria que eficaz. Esta suma de factores produjo un desmadre que pareciera afectar como nunca antes la resistente trama de impunidad, transparentando en un mismo escenario a partícipes políticos, empresarios, gremiales, corporativos, judiciales y periodísticos, aunados en complicidades, montos millonarios y arrepentimientos que no son de origen religioso.
Pero para que este hito no se diluya una vez más en lo escenográfico en lugar de lo sancionatorio y resarcitorio, es oportuno analizar recientes fallos judiciales que explican la enorme permeabilidad institucional que hizo posible los desaforados enriquecimientos ilícitos resultantes, con líderes providenciales sostenidos en malas leyes e instituciones públicas y privadas débiles. En este contexto, el “´líder” de turno para lograr supuestas y vocingleras adhesiones ideológicas y enriquecerse, debe comprar complicidades, flexibilizar controles, asociar a los poderes legislativos y judicial, e ignorar corrupciones complementarias. El procedimiento recuerda un principio económico paradójicamente liberal: dejar hacer y dejar pasar. Esta fuerte interdependencia se transparentó en tres fallos judiciales recientes.
A comienzo de octubre, la Cámara de Casación Penal integrada por los jueces Catucci, Riggi y Mahiques, anuló la condena a 7 años del ex presidente Menem por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, decidida años atrás por otra Cámara de Casación. Ello no se justificó en la inocencia del ex presidente, sino en que se habían excedido todos los plazos razonables para poder administrar justicia, a 23 años de iniciada la causa. El camarista Mahiques agregó una opinión a tener presente para establecer responsabilidades de líderes políticos y empresarios, al señalar “que no estaba probado que Menem y quien fuera titular de Fabricaciones Militares hubieran sabido de los negocios que se estaban haciendo por debajo de su estructura”. Para cerrar la trama, se debe recordar que en el año 2015 la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión de la Cámara Nacional Electoral de inhabilitar la candidatura de Menem como senador nacional por carecer de idoneidad para ejercer un cargo público según el artículo 16 de la Constituciòn Nacional, aduciendo que solo una condena firme puede impedir a un ciudadano postularse a un cargo público. En un caso, la Cámara de Casación no aclaró cuáles son los plazos legales razonables en un juicio (no hay un Código Procesal?); en el otro, la Corte nos informa que la ley electoral votada por los legisladores no impide que procesados por delitos comunes puedan ser candidatos o ejercer cargos públicos.
Casi en simultáneo la misma Cámara decretó la nulidad de la causa de escuchas telefónicas iniciada hace más de 10 años en el juzgado del juez Oyarbide por la hija de Sergio Burnstein, familiar de una de las víctimas del ataque a la AMIA, que con intervención de los fiscales Di Lello primero y el fallecido Nisman luego, dio lugar en el 2010 al procesamiento entre otros, del presidente Macri. Se fundamentó en que el expediente estuvo plagado de errores procesales desde la primera hoja, dado que por ser un delito de acción privada, la denunciante Burnstein debió haber presentado una querella ante la Cámara para designar al juez por sorteo. El cuadro se completa con la decisión el pasado 08 de octubre, de la Sala I de la Cámara Federal (jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi), que anuló los sobreseimientos de los funcionarios implicados en la causa de coimas de Skanska iniciada hace 10 años, por haberse rechazado como prueba las grabaciones internas de Skanska que mencionaban el pago de las coimas.
Estos sucintos antecedentes indican que mientras viejos políticos intentan entretenernos con viejas y oportunistas polémicas, los ciudadanos debemos poner foco en las inconsistencias y omisiones de las leyes penales y electorales que aprueban los legisladores, y en la ineficacia del Consejo de la Magistratura para actuar contra jueces y fiscales incapaces y/o corruptos. Parafraseando a Clinton: “El problema no son los operadores judiciales, estúpido, sino los jueces que se dejan operar”.
Buenos Aires, 11 de octubre 2018