Centralismos familiares

El artículo primero de nuestra Constitución establece que la Nación Argentina “adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”. La República es una organización del Estado conformada por entidades territoriales con cierto nivel de autonomía llamadas provincias, y los que gobiernan (Gobierno), son elegidos mediante el voto popular para ejercer el poder por períodos de tiempo limitados. Nuestro sistema político cumple con éstos requisitos? O responde a un poder centralizado en manos de grupos con reminiscencias familiares, que promueven artilugios legales para limitar el derecho ciudadano de elegir, minimizar el federalismo de las provincias (con beneplácito de muchos gobernadores), coptar instituciones, eternizarse en el poder, y apropiarse de recursos públicos con impunidad?

Analizar esta hipótesis durante la pandemia es oportuno, porque en estas circunstancias los hechos predominan por sobre las elaboraciones dialécticas, y exhiben admisiones explícitas por parte del poder político. Como la de excluir como trabajadores “esenciales” para realizar tareas y transitar durante el aislamiento, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, gran parte del ejecutivo y servicios bancarios, reconociendo que para gobernar (no solo en pandemias), basta con concentrar facultades para que el presidente decida, con pocos funcionarios de apoyo, y un aporte presencial mínimo en Diputados y Senado. Para esta forma de conducción familiar, los “esenciales” son los que menos ganan y más riesgos afrontan. Es posible asimilar este centralismo (pocos), a una democracia (muchos)? En realidad el núcleo duro legal del centralismo es preciso: 379 integrantes (presidente y vice; 24 gobernadores y sus vices, y 329 legisladores nacionales). Las “familias” suelen rotar en el desempeño de dichos roles.  Un contexto de ausencia de partidos políticos, identidades ideológicas fluctuantes y oportunismos personales que abarcan oficialismos y oposiciones, permite a las “familias políticas” el usufructo permanente del poder, con eventuales y breves interrupciones. Sea se las identifique como regímenes centralistas, autocráticos, elitistas o populistas, son esencialmente  conservadores: resisten cambios institucionales, demoran los intentos modernizantes, se aferran a sus privilegios, practican el nepotismo, y ejercen la cleptocracia, como se llama generar un estado de corrupción desde el poder.  Para lograr estas continuidades se debe minimizar el poder del voto, actuando fuertemente sobre el sistema electoral adaptándolo a las conveniencias del momento, salvo en dos aspectos: 1) la listas sábana, cuyos representantes “de los ciudadanos” acordados entre familias políticas no pueden ser modificadas por el votante; 2) permitir que procesados y condenados por delitos comunes contra el Estado puedan ser candidatos y ser elegidos, lo que asegura continuidad, impunidad e inmunidad.

José Nun, abogado y politólogo que fue secretario de Cultura de la Nación entre el 2004 y 2009, plantea que desde que los ciudadanos participan de la política a través de partidos y representantes parlamentarios que canalizan sus demandas en leyes que aplica el poder ejecutivo, y hace respetar el poder judicial, Estado y Gobierno dejaron de ser lo mismo. Pero las versiones políticas autocráticas los reunifican fuertemente. Señala Nun que “la decadencia argentina no está asociada únicamente a la voracidad capitalista sino también al saqueo de los dineros públicos y a la erosión constante de las instituciones, rasgos habituales de los liderazgos autocráticos”. El historiador argentino Tulio Halperín Dongui señalaba que “en la Argentina se formaron dos principios de legitimidad política inconciliables: el de matriz oligárquica (el país solo puede ser gobernado por nosotros), y el de matriz popular (el gobierno debe provenir de las mayorías electorales). En los últimos tiempos el peronismo se arrogó ambas representaciones” La referencia de Dongui al peronismo, plantea el interrogante si es aceptable a más de 45 años de su muerte, que se invoque la memoria de Perón para justificar oportunismos, incapacidades y corrupción. Clarifica esta duda el politólogo Julio Bárbaro, peronista histórico: “Desde la muerte de Perón, el peronismo se convirtió en un recuerdo que da votos, pero también el receptáculo de las ideas de moda: el liberalismo, con Carlos Menem; la izquierda con Cristina Kirchner” (La Nación – 10/12/17).

Es momento que todos los políticos (con privilegiados sueldos asegurados) sean incluidos como trabajadores “esenciales”, y asuman la obligación de definir un camino de mediano y largo plazo que reformule una estructura burocrática, institucional y jurídica económicamente insostenible, generadora de deudas externas e internas, pobreza y corrupción. Y se elimine la delegación de poderes (salvo la estrategia sanitaria), que permite la permanencia de un centralismo que reemplaza debates con decretos y modifica leyes con medidas “por única vez”. Si bien es verdad que el pedido se le formula a las viejas familias políticas, estas deberían asumir que sin cambios estructurales consensuados en pos del bien común, las consecuencias próximas no se podrán afrontar.

Buenos Aires, 27 de mayo de 2020