Revolucionarios conservadores

Toda comunicación política masiva posee un principio básico con origen en la propaganda, que aplican gobiernos democráticos, autoritarios o dictatoriales: los mensajes, para que lleguen a todos los niveles culturales y socio-económicos y se supongan comprendidos, deben ser breves, impactantes y sencillos. Por ello usan palabras convocantes como Patria, República, Solidaridad, Juntos, Todos, o a generalizaciones indefinidas como derecha, izquierda, neoliberal, populismo. De este principio, a fin de analizar temas más complejos, podría rescatarse la simplicidad. En este caso, para detectar las falencias político-institucionales causantes de la decadencia argentina.

El punto de partida sería entender la interrelación y diferencias entre Estado y Gobierno. El primero conforma la estructura jurídica-institucional del sistema político (constitución, leyes y normas), y Gobierno la parte operativa burocrática encargada de ejecutar tareas (organismos y funcionarios). En los países desarrollados, el Estado mantiene una organización consistente en el tiempo (solidez institucional), mientras que el Gobierno varía en sus matices de conducción y ejecución política a través de autoridades elegidas mediante elecciones, respetando los marcos institucionales preexistentes del Estado. De esta elemental explicación a nivel de eslogan, emerge el huevo de la serpiente: en nuestro país la relación virtuosa entre Estado y Gobierno no se cumple. Si se parte desde 1983 a la fecha, para no extendernos en el tiempo, todos los andamiajes institucionales han sido, son y serán modificados, adaptándolo a las coyunturas político/partidarias: la Constitución, número de miembros de la Corte, número de integrantes del Consejo de la Magistratura, leyes electorales, sistema jubilatorio, leyes impositivas, privatizaciones, reestatizaciones, etc. Solo se mantienen inmutables los privilegios políticos e impunidades por corrupción.

La consecuencia de la fusión de Estado (permanente) con Gobierno (circunstancial), genera concentración creciente de poder y pérdida de horizontes nacionales. El ejemplo extremo se plasmó en la frase del monarca absolutista francés Luis XIV: “El Estado soy yo”. Esta referencia histórica no es casual, pues las formas de ejercer el poder determinan la configuración de sus soportes administrativos, sea en las antiguas Cortes, o en los presentes Gobiernos. En las Cortes pululaban consejeros, ministros, ujieres, barones, condes, doncellas, servidumbre, bufones, aduladores, que poseían privilegios por el solo hecho de formar parte de ella. Dichos personajes, algunos con otras denominaciones, existen en los gobiernos autoritarios actuales. En ambos casos mantenerlos implica costosas estructuras administrativas, mayormente ociosas, solventadas con crecientes impuestos que pagan los que trabajan sin privilegios. Las consecuencias son inevitables: cúpulas burocráticas enriquecidas, y poblaciones empobrecidas.

Esta matriz histórica que relaciona modelos de ejercer el poder con sus estructuras de gobierno, se plasma en nuestra realidad política, con una modificación permanente de principios que debieran ser estables (Estado), que es acompañada por el crecimiento continuo de las estructuras burocráticas (Administración). En este proceso las ideologías transmutan en negociaciones por poder y privilegios. Ejemplifiquemos con la simplicidad de un eslogan: Alberto Fernández mutó con la presidencia; Victoria Donda con el Inadi; Ricardo Alfonsín con la embajada en España, enarbolando discursos engañosamente revolucionarios o progresistas, que legislan y practican reelecciones indefinidas, listas sábanas, nepotismos, fueros especiales, ingresos a la administración pública con padrinazgos que sustituyen al mérito, entre otros vicios. Esta patología institucional genera una decadencia que no puede adjudicarse a “grietas” ideológicas, pues los principales partícipes del sistema con sus volubles adhesiones políticas, son desde hace décadas los mismos. Las divergencias más difíciles de resolver son las basadas en pujas por poder y privilegios.  

Por ello es conveniente analizar la problemática de la estructura administrativa estatal comenzando por lo conceptual (causas), para luego profundizar en lo cualitativo y cuantitativo (efectos). Entender lo conceptual desarmará falaces discursos conservadores disfrazados de revolucionarios, como que “el país no soporta más ajustes”, mientras se aumentan impuestos, se reducen las jubilaciones medias y bajas, se promueven negocios subsidiados, se incrementa el desempleo y la pobreza. Lamentablemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), se centrará en establecer plazos, montos y saldos para el pago de deudas, sin detenerse en analizar si para ello se ajustan jubilaciones o se eliminan sobrecostos de corrupción y privilegios. Los ajustes internos sobre los sectores políticamente más vulnerables, llamados cínicamente “solidarios”, los realizan revolucionarios conservadores criollos.  

Buenos Aires, 11 de noviembre 2020