Secretismos e hipocresías
La democrática reacción ciudadana expresada en la elección presidencial del 2023 contra un sistema anquilosado y plagado de privilegios que derivó en la actual decadencia y pobreza, supo canalizarla el emergente Milei no por sus elucubraciones y debates sofisticados destinados a pocos, sino a través de un eslogan que tuvo la virtud de ser verosímil y entendible por todas las franjas socio-culturales: ¡basta de castas empobrecedoras! Por lo que la sencillez conceptual y argumentativa, de ser verosímil y reflejar el sentir de la sociedad, es la forma didáctica de interpretar el devenir político, y exponer contradicciones, falacias y engaños discursivos, considerando que en las castas coexisten peronistas, radicales, desarrollistas, derechas e izquierdas que sobreviven a las sucesivas coyunturas políticas por ser multipartidarias, ideológicamente líquidas, oportunistas y discursivamente hipócritas. La utilización en los análisis de nombres propios, se hará siempre y cuando reflejen un contexto de validez general, y no se agoten en anécdotas personales.
La debilidad de Milei en cuanto a sus soportes institucionales y territoriales, paradójicamente brinda una oportunidad inédita para lograr cambios estructurales sostenibles en el tiempo, pues en un sistema democrático para concretarlos se necesitan mayorías, lo que expone el accionar de todos los representantes de los poderes legislativos por igual. Y facilita desnudar hipocresías, como sucediera en los tratamientos de la Ley Bases, sistemas jubilatorios con privilegios y cambios inviables, universidades que reclaman recursos pero no rinden cuentas de gastos, o la postulación del juez Lijo a la Corte. En este tránsito, cabe reflexionar sobre el debate generado por trabas al acceso a la información pública. Como es sabido que las leyes abundan en grandilocuencias pero suelen reinterpretarse y/o no cumplirse, no se comenzará con referencias a la ley 27.275 que la reglamenta, y alcanza a todos los organismos públicos bajo sus diversas figuras jurídicas, sino por el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, que por ingenuidad o picardía, al declarar en un programa televisivo que 13 de sus 20 asesores trabajan en San Luis, brinda la oportunidad de visualizar en simultáneo los conceptos de castas, privilegios, hipocresías e información pública.
En primer lugar, las “castas” se observan más claramente en el poder legislativo, al que se llega necesariamente integrando listas negociadas, en las que participan ex presidentes y gobernadores, senadores que pretenden ser gobernadores (caso Abdala), matrimonios en el que uno ocupa un cargo ejecutivo y el otro legislativo, y una vasta planta de empleados plagada de familiares y amigos, conocidos como “asesores”, como en el caso de la hija de Adolfo Rodríguez Sáa en la planta de Abdala, quien participó del gobierno del Adolfo, pasó por el PRO, y hoy representa al actual gobierno. Se suman a los privilegios la recordada sesión en la que senadores se incrementaron las dietas en dos minutos y sin objeciones, y se agregó la dieta 13, o sea un aguinaldo. En hechos de corrupción legislativa, como en la provincia de Buenos Aires, participan peronistas y radicales entre otros, mientras el resto no sabe/no contesta. En cuanto a hipocresías, los ejemplos abundan. En el Senado trabajan 6400 personas, y en Diputados 4550, sin que se haya informado oficialmente ningún ajuste, por lo que cuando legisladores de diversos signos políticos expresan imperturbables que “el ajuste del gobierno no recae en las castas”; en el caso de los poderes independientes legislativos es verdad. Por ello y para desactivar hipocresías, senadores y diputados podrían parafrasear un eslogan popular, diciendo que en privilegios “todos somos Abdala”.
Para analizar el decreto con limitantes administrativas para acceder a la información pública, es necesario partir de lo general para luego clarificar lo particular. El concepto “público” implica el acceso individual de cualquier ciudadano y sin trámite mediante a la información pública; la propia ley menciona objetivos de máxima divulgación, participación ciudadana y gratuidad de acceso, por lo que es prioritario que a través de sus páginas web, los organismos públicos centralizados, descentralizados, empresas y sociedades del Estado informen datos básicos de permanente manejo interno, referidos a misiones y funciones, cantidad de personal, organización jerárquica, nóminas salariales con adicionales por todo concepto, datos presupuestarios de ingresos y egresos globales, y balances de cierre. De cumplirse con esta obligación esencial, el “caso Abdala” no sería hipócritamente denominado “sorprendente”; por el contrario, habría que agradecerle el patriótico servicio de esclarecimiento ciudadano.
Buenos Aires, 11 de septiembre 2024