Mafias e institucionalidad
Los indicadores socio-económicos internacionales indican que desde hace décadas Argentina ha sufrido una degradación solo comparable en Latinoamérica con las dictaduras de Cuba y Venezuela. Ello exige incursionar en dos aspectos habitualmente no interrelacionados: las mafias políticas (acciones humanas), y la calidad institucional (organización burocrática). Para argumentar esta hipótesis no se utilizarán las acusaciones de ser mafiosos cruzadas entre políticos y sus asociados, porque podrían considerarse simples insultos grandilocuentes, y muchos de quienes hoy se acusan pueden compartir una lista electoral mañana. La referencia será la breve y concisa definición de mafias del politólogo italiano Gaetano Mosca: “estructura de poder paralela, que surge por incapacidad o complicidad del Estado”. Cabe reflexionar sobre el instrumento más utilizado en nuestro país: las denuncias tendenciosas que no tienen fines morales, penales o de recuperación de fondos públicos sustraídos, sino el de afectar, degradar y eliminar al adversario, para proteger intereses y privilegios.
Un caso paradigmático se remonta al juicio penal por supuestos sobornos de cinco millones de dólares acordados entre funcionarios de la Alianza entonces gobernante con senadores justicialistas, para la aprobación de una reforma laboral en abril del año 2000. Una vez aprobada, el sindicalista Hugo Moyano denunció que el Ministro de Trabajo había expresado que para convencer a legisladores “tenía la tarjeta Banelco”, y posteriormente circuló entre los legisladores un anónimo detallando los pagos. Sobre estos supuestos se produjo una enorme crisis política, primero con la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, y luego con la crisis del 2001 que provocó la caída de De la Rúa. Asumida la presidencia por Néstor Kirchner en el 2003, el ex secretario parlamentario radical Mario Pontaquarto, tras una reunión previa con el Jefe de Gabinete Alberto Fernández, en diciembre de ese año se presentó en Tribunales como arrepentido y detalló cómo fueron los pagos. La ley laboral fue derogada en el 2004, y Alvarez premiado con cargos diplomáticos en el exterior. Transcurridos diez años de investigaciones, en el 2013 y tras un desfile de más de 300 testigos, el Tribunal Oral Federal N° 3 integrado por los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Fernando Ramírez, absolvió a todos los imputados por faltas de pruebas concretas, catalogó a Pontaquarto de embaucador debido a sus contradicciones, y solicitó se investigara al juez Rafecas por haber manipulado tendenciosamente el expediente, y al ex intendente de la ciudad de Buenos Aires Aníbal Ibarra por falso testimonio, lo que no se llevó a cabo. El fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción, acordaron no apelar el fallo ante la Corte Suprema, al considerar que los plazos procesales se agotaron. El fallo final no asegura que no hayan existido sobornos, sino ejemplifica que los objetivos de las denuncias mafiosas no persiguen fines morales sino políticos, a costa de una sana institucionalidad.
La estrategia tiene múltiples ejemplos. En el 2016 el presidente y directivos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, como resultado de investigaciones judiciales, confesaron en calidad de arrepentidos haber pagado sobornos en doce países por 799 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas, de los cuales un mínimo de 35 millones se destinaron a la Argentina, lo que motivó que en el año 2017 se iniciaran tres causas: 1) Soterramiento del tren Sarmiento, tramitada por el juez Martínez de Giorgi; 2) Ampliación de gasoductos, tramitada por el juez Rafecas; 3) Planta potabilizadoras de Aysa, tramitada por el juez Casanello. Mientras en distintos países se produjeron condenas de altos funcionarios incluidos ex presidentes (Panamá, Ecuador, Perú, Brasil), y acuerdos de resarcimientos económicos, en Argentina el juez de Giorgi fue intimado por la Cámara a no demorar la investigación, y los jueces Rafecas y Casanello elevaron sus causas a juicio oral, sin fechas de inicio.
En el campo estrictamente local, se destaca la conocida Causa Cuadernos, en la cual empresarios de obras públicas coimearon a funcionarios entre los años 2005 y 2015. Las investigaciones se iniciaron en el 2018 a cargo del fallecido juez Bonadío con decenas de arrepentidos, determinando montos pagados, circuitos del dinero y cómplices para su ocultamiento y lavado. La causa se elevó a juicio oral en septiembre del 2019, designándose para integrar el Tribunal oral N° 7 a los jueces Castelli, Méndez Signori y Canero, sin que a la fecha se haya iniciado el juicio.
Es momento entonces de que en paralelo al ordenamiento económico se encare un profundo reordenamiento de las estructuras institucionales, alejado de la frivolidad del eslogan “Estado grande o Estado chico”. Y preventivamente, desconfiar de quienes en medios de comunicación se autoproclaman honestos, o de corruptos que claman sufrir persecuciones políticas.
Buenos Aires, 23 de abril 2025