¿Existe la SIDE?

Reflexionar didácticamente acerca de hechos políticos, implica partir de postulados básicos, veraces y masivamente entendibles. Tres de ellos acapararon la atención mediática reciente: las empanadas de Darín, las condiciones actorales de la jueza Mackintosh, y la existencia de una directiva secreta de la SIDE para “monitorear a grupos sociales vulnerables”, denunciada por el periodista Alconada Mon el 28 de mayo en La Nación. Por ser un tema histórico recurrente y de importancia institucional, se analizará el caso de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que en el gobierno anterior se bautizara como Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Dado que las fuentes de información de un ciudadano común provienen de medios de comunicación, el primer paso para evitar la simplista afirmación de “lo creo o no lo creo”, es replicar la curiosidad infantil en la enseñanza básica que impulsa a preguntar, y ya más adulto, detectar omisiones o contradicciones.

Alconada Mon expresó que lo denunciado “consta en una copia de esa orden secreta firmada por Diego Kravetz que obtuvo La Nación, siendo  circulada por al menos una decena de despachos oficiales, y cuya autenticidad se verificó con dos fuentes independientes entre sí”. La primera inconsistencia es que la circulación de la nota por múltiples despachos, profesionalmente le quitaría su condición de secreta. En cuanto a los intentos de hackeos sufridos por el periodista de los que da detalles, hace suponer que de ser aptos, la SIDE y otros organismos de inteligencia deberían ubicar a los responsables en el corto plazo. Y por último, resurge el clásico pedido legislativo de llamar al responsable de la SIDE, Sergio Neiffert, para que brinde explicaciones, lo que genera otra incongruencia: ¿no se debería llamar previamente a los doce legisladores que integran la Comisión Bicameral de Fiscalización de los organismos de inteligencia, presidida por el senador Lousteau, que tienen obligación de controlar y  poseen facultades para investigar de oficio?

Mientras estas dudas se dilucidan, a fin de establecer un cuadro de situación primero y plantear una hipótesis luego, se citan antecedentes recientes del Organismo verificables por Internet, teniendo presente que el Sistema de Inteligencia de la Nación fue promulgado por ley 25520 en diciembre del 2001, y según su artículo 2°, inciso 1, tiene como misión detectar amenazas a la seguridad exterior e interior de la Nación. 1) Respecto a información y documentación interna, el personal deberá observar las clasificaciones de estrictamente secreto, secreto, confidencial, reservado y público. 2) En cuanto a la profesionalidad de las conducciones, vale comenzar por un hecho icónico producido en 2004, en el programa televisivo de Hora Clave conducido por Mariano Grondona, cuando el entonces ministro de Justicia Gustavo Béliz mostró la foto del agente de inteligencia Antonio Stiuso, describiéndolo como peligroso. Tal vulneración de reserva implicó que Béliz debiera trasladarse con su familia a Estados Unidos, mientras que Stiuso no solo continuó ejerciendo sus funciones, sino que fue permanentemente mencionado en crónicas periodísticas y acusaciones políticas asociándolo a actividades tenebrosas, y participando de reuniones sociales de políticos, fiscales y jueces. Lo que pareciera una rareza en agentes secretos, no es tal si se observa quienes condujeron al Organismo desde el 2015: el político Parrilli; el empresario Arribas; la fiscal Caamaño; el político Rossi; la política administrativa Alberdi; el abogado administrativo Silvestre Sívori y el político Neiffert. En posiciones relevantes, se destacaron los políticos Majdalani, Tailhade y Mena. Vale decir, en tan solo diez años la SIDE (o AFI) tuvo siete conducciones distintas, sin formación específica, y rotando por distintos cargos burocráticos. 3) Como no podía ser de otro modo, las incongruencias se extendieron al campo judicial, dado que las supuestas actividades “secretas” de los servicios de inteligencia criollos eran ventiladas ante distintos juzgados, entre ellos los de Servini de Cubría, de Giorgi, Ercolini, Ramos Padilla, Villena, Auge y Kreplak. La incompetencia la reflejó la conducción de la fiscal Caamaño, con dos hitos épicos: cuando a requerimiento del juzgado de Lomas de Zamora debió enviar información reservada con datos personales de unos cien espías, la misma se hizo pública, y dos de los espías situados en el extranjero debieron ser repatriados por riesgo de vida. Y cuando el fiscal Taiano solicitó a la AFI el listado de los 89 espías que registraron intercomunicaciones activas el día de la muerte del fiscal Nisman para citarlos a declarar, la interventora respondió que 64 de ellos ya no pertenecían a la AFI, y se desconocían sus paraderos. El juez Martínez de Giorgi por su parte, mantiene desde hace años cuatro causas de espionaje ilegal sin avances. Tales absurdos aconsejan aclarar que no corresponden a capítulos de la inolvidable serie televisiva americana Superagente 86, que en la década del 60 parodiaba a las películas de espías.

Con estos datos públicos y verificables, es momento de abandonar la figura literaria que califica a los servicios de inteligencia como “sótanos de la democracia”, para preguntarnos si los políticos formaron una inteligencia apta para proteger al país de amenazas exteriores ya instaladas, o solo una tipo casero para espionajes burdos, negociados y debates políticos oportunistas.    

Buenos Aires, 04 de mayo 2025