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Ajuste sin destete político

Es habitual que los medios de comunicación propaguen opiniones de políticos, gremialistas e incluso empresarios, absolutamente contrapuestas con las que formularan pocos meses o años atrás. Como así también que los declarantes exhiban una larga perdurabilidad en cargos y usufructo de recursos públicos. Por lo que cabe suponer que para resolver la problemática de una Administración pública sobredimensionada, ineficiente y succionadora voraz de impuestos al trabajo, no habrá “quorum”, y que la expresión política “el país no soporta un ajuste” mientras una vez más se gestiona ante el FMI facilidades para postergar pagos de deudas invocando pobreza, se ajustan jubilaciones medias y bajas, se suben impuestos y se deprecian salarios, debe interpretarse que quienes “no soportan un ajuste” son los beneficiarios políticos, gremiales y empresarios de la referida estructura estatal, causante de las recurrentes crisis.

La situación podría asimilarse a la milenaria tradición hindú que en un marco de pobreza protege por ley a las vacas, consideradas símbolos sagrados de la fecundidad por proveer leche a los terneros y a la población. En nuestro caso el símbolo sagrado “Recursos Públicos” es succionado solo por sectores privilegiados que desde hace décadas se niegan a cumplir con la natural etapa del destete. Esta desigualdad genera un déficit fiscal (o de leche), que obliga a contratar forraje extranjero para alimentar a las vacas (crédito externo), mientras los empobrecidos ciudadanos reciben “leche” de descarte a modo de dádivas, o moneda sin valor para adquirirla (emisión de pesos). Consecuentemente la “leche” nunca alcanza para “todos y todas”, porque la producción de calidad es vorazmente consumida por quienes transformaron el concepto “servidores públicos” en “públicos a mi servicio”. A este contexto se le suman líderes mesiánicos que predican contra los “grupos de poder”, pero succionan de la misma ubre estatal. Los privilegios políticos incluyen familiares, servidumbre militante de apoyo y empresarios asociados en negocios corruptos.  

Esta recurrencia preanuncia que el país no podrá pagar los nuevos compromisos futuros que los propios responsables del atraso gestionan ante el FMI, sin modificar la desmesura estatal. El FMI lo sabe, pero no es su función trabajar en detalles, sino establecer metas fiscales macro que permitan suponer saldos para afrontar a futuro la renovada deuda, que generará una nueva negociación cuando haya que pagar. Terminar con esta secuencia del atraso permanente, previo a ejemplificarla con nombres y datos numéricos, necesita establecer algunos pilares conceptuales. En principio cinco: 1) Inevitabilidad: el “ajuste” no solo es inevitable, sino está afectando a vastos sectores sociales desde hace décadas, y se agravará próximamente. La prioridad debería ser desarmar privilegios, estructuras burocráticas y cargos ociosos, sin afectar laboralmente a las franjas no políticas que realmente trabajan con carga horaria real; 2) Equidad: las medidas que se adopten deben eliminar el falaz término “solidaridad”, consistente en sacar dinero a los que producen para sostener privilegios políticos, reemplazándolo por “equidad”, basada en no favorecer a una persona perjudicando a otra. Los sacrificios jubilatorios, por ejemplo, deberán alcanzar proporcionalmente a todos los regímenes previsionales sin excepción, y los privilegios no podrán disfrazarse de conquistas laborales o derechos adquiridos; 3) Corrupción: desarmar el andamiaje burocrático, jurídico y normativo que favorece el saqueo de recursos públicos, la permanencia de sus responsables y la facilitación de la impunidad. 4) Representatividad: eliminar las listas sábanas y sean los ciudadanos quienes elijan a sus legisladores, quienes una vez asumidos no podrán traicionar al votante pasando a otro sector político, o declararse “independientes”. Y desactivar de inmediato los esfuerzos legislativos destinados a complejos rearmados judiciales que faciliten impunidad. 5) Grietas: asumir que las grietas políticas de cúpulas no son ideológicas sino pujas por poder y privilegios, como cada dos años muestra el armado de listas para elecciones nacionales. Pero que inoculadas a las masas, las dividen en crédulas (propaganda), idiotas útiles (fanatismo), u oportunistas (adhesiones canjeadas por recursos o cargos).  

Las oposiciones por su parte, incluidas las izquierdas, no pueden agotarse en lo discursivo o en no votar, lo que las convierte por acción u omisión en ineptas, indiferentes o cómplices. Su obligación es actuar e informar claramente a la sociedad sus objeciones, inequidades y contrapropuestas, aunque luego pierdan las votaciones. Esta tarea esclarecedora no puede recaer exclusivamente en el periodismo.

Buenos Aires, 18 de noviembre 2020

Revolucionarios conservadores

Toda comunicación política masiva posee un principio básico con origen en la propaganda, que aplican gobiernos democráticos, autoritarios o dictatoriales: los mensajes, para que lleguen a todos los niveles culturales y socio-económicos y se supongan comprendidos, deben ser breves, impactantes y sencillos. Por ello usan palabras convocantes como Patria, República, Solidaridad, Juntos, Todos, o a generalizaciones indefinidas como derecha, izquierda, neoliberal, populismo. De este principio, a fin de analizar temas más complejos, podría rescatarse la simplicidad. En este caso, para detectar las falencias político-institucionales causantes de la decadencia argentina.

El punto de partida sería entender la interrelación y diferencias entre Estado y Gobierno. El primero conforma la estructura jurídica-institucional del sistema político (constitución, leyes y normas), y Gobierno la parte operativa burocrática encargada de ejecutar tareas (organismos y funcionarios). En los países desarrollados, el Estado mantiene una organización consistente en el tiempo (solidez institucional), mientras que el Gobierno varía en sus matices de conducción y ejecución política a través de autoridades elegidas mediante elecciones, respetando los marcos institucionales preexistentes del Estado. De esta elemental explicación a nivel de eslogan, emerge el huevo de la serpiente: en nuestro país la relación virtuosa entre Estado y Gobierno no se cumple. Si se parte desde 1983 a la fecha, para no extendernos en el tiempo, todos los andamiajes institucionales han sido, son y serán modificados, adaptándolo a las coyunturas político/partidarias: la Constitución, número de miembros de la Corte, número de integrantes del Consejo de la Magistratura, leyes electorales, sistema jubilatorio, leyes impositivas, privatizaciones, reestatizaciones, etc. Solo se mantienen inmutables los privilegios políticos e impunidades por corrupción.

La consecuencia de la fusión de Estado (permanente) con Gobierno (circunstancial), genera concentración creciente de poder y pérdida de horizontes nacionales. El ejemplo extremo se plasmó en la frase del monarca absolutista francés Luis XIV: “El Estado soy yo”. Esta referencia histórica no es casual, pues las formas de ejercer el poder determinan la configuración de sus soportes administrativos, sea en las antiguas Cortes, o en los presentes Gobiernos. En las Cortes pululaban consejeros, ministros, ujieres, barones, condes, doncellas, servidumbre, bufones, aduladores, que poseían privilegios por el solo hecho de formar parte de ella. Dichos personajes, algunos con otras denominaciones, existen en los gobiernos autoritarios actuales. En ambos casos mantenerlos implica costosas estructuras administrativas, mayormente ociosas, solventadas con crecientes impuestos que pagan los que trabajan sin privilegios. Las consecuencias son inevitables: cúpulas burocráticas enriquecidas, y poblaciones empobrecidas.

Esta matriz histórica que relaciona modelos de ejercer el poder con sus estructuras de gobierno, se plasma en nuestra realidad política, con una modificación permanente de principios que debieran ser estables (Estado), que es acompañada por el crecimiento continuo de las estructuras burocráticas (Administración). En este proceso las ideologías transmutan en negociaciones por poder y privilegios. Ejemplifiquemos con la simplicidad de un eslogan: Alberto Fernández mutó con la presidencia; Victoria Donda con el Inadi; Ricardo Alfonsín con la embajada en España, enarbolando discursos engañosamente revolucionarios o progresistas, que legislan y practican reelecciones indefinidas, listas sábanas, nepotismos, fueros especiales, ingresos a la administración pública con padrinazgos que sustituyen al mérito, entre otros vicios. Esta patología institucional genera una decadencia que no puede adjudicarse a “grietas” ideológicas, pues los principales partícipes del sistema con sus volubles adhesiones políticas, son desde hace décadas los mismos. Las divergencias más difíciles de resolver son las basadas en pujas por poder y privilegios.  

Por ello es conveniente analizar la problemática de la estructura administrativa estatal comenzando por lo conceptual (causas), para luego profundizar en lo cualitativo y cuantitativo (efectos). Entender lo conceptual desarmará falaces discursos conservadores disfrazados de revolucionarios, como que “el país no soporta más ajustes”, mientras se aumentan impuestos, se reducen las jubilaciones medias y bajas, se promueven negocios subsidiados, se incrementa el desempleo y la pobreza. Lamentablemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), se centrará en establecer plazos, montos y saldos para el pago de deudas, sin detenerse en analizar si para ello se ajustan jubilaciones o se eliminan sobrecostos de corrupción y privilegios. Los ajustes internos sobre los sectores políticamente más vulnerables, llamados cínicamente “solidarios”, los realizan revolucionarios conservadores criollos.  

Buenos Aires, 11 de noviembre 2020

La carta y la Corte

“La carta” de la vicepresidenta Kirchner emitida la pasada semana, y el reciente “fallo” de la Corte Suprema relacionado con el desplazamiento de jueces que entienden en causas de corrupción estatal-privada, ratifica que la modernidad no modifica ancestrales principios, simbolismos y actitudes políticas. Este revival historicista se complementa con la actuación de Grabois, un personaje que recuerda al monje medieval florentino Savonarola.

“La carta” cumple el rol de los antiguos oráculos, mediante los cuales los dioses a través de pitonisas transmitían mensajes en forma de profecías y augurios, que daban respuesta a las inquietudes de sus fieles. Los únicos nombres mencionados eran los de dioses, siempre omnipotentes, y los enemigos de turno. El oráculo/carta vicepresidencial, que se permite recordar que los dioses pueden tener benevolencia para perdonar a quienes en su momento los atacaron y agraviaron, encierra múltiples enigmas. Reconoce que el pueblo sin distinción de clases busca protegerse de los desaguisados políticos a través del dólar; que es necesario un gran acuerdo nacional, pero sin los enemigos; que hay funcionarios que no funcionan, y que el que decide es el presidente. Tras el pronunciamiento, gran número de hermeneutas, como se denominan a los que ejercen el arte de descifrar mensajes, analizaron posibles y diversos significados. En lo referido al presidente, mencionado pese a que no había consultado al oráculo, se manejaron entre otras las opciones darle una oportunidad, advertencia, empoderamiento, debilitamiento, trampa mortal. El aludido, político al fin, no anduvo con rodeos e interpretó el mensaje como apoyo. Se repite un desafío ancestral: pronunciado el oráculo, su veracidad dependía de que fuera correctamente interpretado por el común de los mortales, pues el oráculo nunca se equivocaba. De no ser entendido, al poder político y a los ciudadanos le esperaban crisis y derrotas.

Mientras esta versátil tarea interpretativa está en pleno desarrollo (aún no se encontró solución a los enigmas planteados, y menos aún se pudo ubicar a un funcionario que reconozca que no funciona), en el plano judicial se elabora otro oráculo a cargo de cinco dioses, que integran la llamada Corte Suprema. El caso reviste cierta complejidad, pues deberán resolver un aspecto también repetido en la historia: ante un cambio de poder político, desdecirse de una predicción anterior para satisfacer los deseos del poder vigente. Vale decir, jugar con las palabras para que los fieles interpreten que no cambió el concepto. Cabe reiterar que los dioses, omnipotentes, también pueden ser injustos.

Esta escenografía historicista se complementa con un componente religioso, ante la aparición de un tal Grabois, alias “amigo del Papa”, que nos retrotrae a Girolamo Savonarola, que fuera un religioso dominico que en la Florencia del siglo XV predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia católica, conducida entonces por Alejandro VI, que pertenecía a la familia Borgia. Al incrementar sus críticas políticas y perdidos los apoyos por su fanatismo, Savonarola fue juzgado y ejecutado. Sin llegar a estos extremos punitivos, Grabois se gratifica expresando que “nuestras vidas están consagradas a la causa del pueblo pobre y trabajador”, mientras promueve caóticas tomas de tierras con gran despliegue de recursos, justificadas tras homilías que denuncian “la prepotencia del poder y su inmensa capacidad de corrupción y cooptación de las instituciones democráticas”, e interpelando a las autoridades: “Dejen de ceder ante el poder fáctico”. Curiosamente, tal grandilocuencia se manifiesta mientras altos sectores del poder público y privado realizan ingentes esfuerzos para lograr su impunidad en causas de corrupción estatal. Como en la Florencia del siglo XV y épocas posteriores, nuevamente “cartas” políticas, “fallos” judiciales y mesianismos liberadores, se interrelacionan con corrupción y degradación institucional.

Entre tanto griterío rimbombante, pasó desapercibido que el debate sobre la propiedad privada no es conceptual, pues es un anhelo histórico de todas las sociedades. En Guernica por ejemplo, tras la usurpación lo primero que se hizo fue un prolijo loteo, tras el cual cada ocupante podía reclamar “el lote es mío”. Lo revelador fue la metodología para cumplimentar tal deseo, basada en el engaño, prepotencia y amenazas, al amparo estatal. Nuestros Savonarolas criollos no se agotan en la prédica, pues cuentan con cuantiosos recursos económicos y cargos que les provee el Estado por fuera de las obligaciones sociales de ministerios, gobernaciones y municipios, que no se destinan a disminuir la pobreza, sino a manipularla. Prueba de ello es que los enormes costos fiscales provocados por las logísticas de usurpación y desocupación respectivamente, no solucionaron ni solucionarán la problemática de los pobres.  

Buenos Aires, 04 de noviembre 2020

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Quiénes nos gobiernan?

Formular una argumentación exige tener en claro el tema a desarrollar y objetivos pretendidos. En este caso el tema es gobernar, y el objetivo determinar quiénes encabezan dicha responsabilidad, y sus roles. En especial, en momentos que se atraviesa una crisis económico-social inédita que lejos está de haber alcanzado su punto máximo. Esta identificación es imprescindible para comenzar a elaborar políticas de corto plazo que minimicen daños, y de mediano/largo plazo que reviertan la matriz de decadencia, antes que distraernos con especulaciones acerca de pujas de poder internas en el oficialismo y en la oposición

Plantear “quiénes” y no “quién” nos gobierna no es casual. Tras sucesivas crisis sufridas por el país, continuar caracterizándonos como un sistema democrático “fuertemente presidencialista” es falaz, ante la desaparición de partidos estables de alcance nacional como intermediadores de la política con la sociedad. Los partidos unívocos fueron suplidos por alianzas de coyuntura en las que la distribución de cargos reemplaza ideologías y programas de gobierno consistentes. Ante este panorama, el actual gobierno presenta dos curiosidades: 1) un presidente elegido por su vicepresidenta sin consultas partidarias, e informado públicamente a través de un tuit; 2) a once meses de asumido, carece de un plan integral al que deberían ajustarse propios y extraños. En su lugar, la economía, seguridad, salud, relaciones exteriores, entre otras áreas, generan confusos debates en su propio seno. La única cohesión se observa en la estrategia para desactivar las causas de corrupción.

Aportando a la confusión, los análisis políticos de diversas tendencias ideológicas, calidades reflexivas y fuentes reservadas, se explayan en presuponer preeminencias de poder (mandar), cuando lo importante es conocer los niveles de coordinación para actuar (gobernar). Ningún gobierno soporta presunciones o conjeturas permanentes sobre sus confusiones y debilidades; el país lo vivió con resultados nefastos. Es como si en pleno hundimiento de un trasatlántico sus ocupantes se preguntaran quiénes mandan, mientras el capitán y su plana mayor disfrazados de pasajeros se arrojan en los botes salvavidas para sobrevivir, metáfora que explica la permanencia de muchos políticos responsables de sucesivos hundimientos. Para evitar una nueva tragedia y distracciones fútiles, se debe tener en claro que gobierna el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, con los roles de presidente, jefa del Senado y de la Cámara de diputados respectivamente, que poseen los bloques legislativos mayoritarios. En segundo plano, el experimentado Roberto Lavagna, quien ubicó en puestos relevantes a varios de sus adherentes, como su hijo Marco en el Indec (positiva designación como lo fuera la del fallecido Todesca por parte de Macri), y en directorios del Banco Central y Nación, entre otros, además de contar con tres diputados propios. Uno de ellos, la diputada Graciela Camaño, que con su voto en el Consejo de la Magistratura desencadenó la crisis provocada por los desplazamientos de jueces que investigan la corrupción.    

Definidas las cabezas políticas responsables de fijar el rumbo del gobierno, se deben replantear recurrentes frivolidades, como reemplazar ministros solo para para “oxigenar” sin cambiar, o apelar a un “gran acuerdo nacional” como invocación mística. En el primer caso, a un ministro de Economía no puede exigírsele control de variables económicas, mientras altos funcionarios avalan y promueven usurpaciones, los responsables de la seguridad hablan y no conducen, los diplomáticos que contradicen a su ministro permanecen en sus cargos, y se actúa persistentemente para lograr la impunidad en las causas por corrupción. En cuanto a un “gran acuerdo nacional”, no puede lograrse si el que gobierna no presenta una propuesta integral, fundamentada y viable como base de acuerdo, que también debería presentar la oposición, que cuenta con la estructura e información para elaborarla. Recién entonces someterlas a consideración de las diversas entidades sectoriales para que formulen las contrapropuestas que consideren oportunas. Al transparentarse coincidencias y divergencias concretas, se conforma una plataforma de debate explícita que permita arribar a un acuerdo sustentable en el tiempo, en donde todos ceden algo. Comenzando por la política.

Buenos Aires, 30 de octubre 2020

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Observatorio político OBVIO

Existe una instancia en la que todos los niveles culturales, económicos y sociales comparten los estados emocionales del escepticismo, angustia, hartazgo, que en los sectores más desprotegidos alcanzan el nivel de desesperación. Lograrlo exige una continuidad generacional de fracasos políticos que nuestro país supera largamente, con breves ciclos de crecimiento y una matriz de decadencia inmutable. Para conservar el poder en estos contextos, los gobiernos y sus dirigentes responsables apelan a dos recursos clásicos: cooptar instituciones burocráticas y controlar/manipular la opinión pública. La creación por parte de la Defensoría del Público de un Observatorio cuyas siglas son NODIO, comprende ambos aspectos.

El fin del Observatorio es el de “detectar, verificar, identificar y desarticular las estrategias argumentativas de noticias maliciosas”. Grandilocuencia que recuerda a la tira cómica en la cual el perro Diógenes, ante los pensamientos de su dueño el Linyera, expresaba: ¡qué lo parió! Pero en lugar de sumergirnos en una grieta de apoyos y rechazos que embrutece a los situados en uno u otro lado, el hecho debería permitirnos reflexionar acerca de sus significados e implicancias políticas. En origen, el tema se instala en el campo de la opinión pública y propaganda política,  destinada precisamente a influenciar en la opinión de masas. Sus reglas básicas aún vigentes, que incluyen engaños y manipulación, nacieron en las primeras décadas del siglo XX con el surgimiento del bolcheviquismo, fascismo y nazismo, potenciadas con los avances tecnológicos de entonces, como la radio y el cine, que otorgaron a los mensajes simultaneidad y velocidad de llegada a destinos lejanos (leer “La propaganda política”- Jean Marie Domenach – 1950). No es casual entonces que los controles de opinión pretendan ser ejercidos por organismos estatales.

A fines de dicho siglo, el desarrollo de plataformas digitales provocó un impacto inédito: la comunicación dejó de ser unidireccional (emisor político activo/receptor ciudadano pasivo), para convertirse en bidireccional, que permitía que anónimos ciudadanos a través de redes sociales pudieran actuar como emisores, afectando a pretendidos monopolios privados y estatales. A éstos últimos ya no le era suficiente con perseguir o prohibir medios disidentes, ni financiar periodismo adherente. Para colmo, los políticos al verse obligados a competir en ésta moderna ágora virtual para no perder presencia, en pocos caracteres expusieron sus mediocridades y pobrezas argumentativas. Esta modernidad presenta costos y beneficios que en caso de afectar derechos inviolables de las personas, sus responsables deberán afrontar las sanciones civiles y penales que correspondan. En el estudio de esta compleja problemática actúan instituciones privadas, universitarias y periodísticas, no para “desarticular”, sino para formar, informar y debatir en base a la razón por sobre la emoción, para que la detección de mentiras y engaños sea tarea de cada ciudadano, y no de un grupo de iluminados estatales politizados, que con psicólogo incluido piense por los ciudadanos. Nada nuevo: esto se llama libertad de expresión.

Pero oponerse cerradamente a NODIO tendría el efecto perjudicial de impedir la necesaria etapa experimental que demuestre cómo se “detectarán y desarticularán las noticias maliciosas”. Ejemplo, si se consideraría malicioso que un presidente brinde públicamente datos económicos falsos, y en ese caso, constatar cómo actuarían nuestros protectores. En lo inmediato, el ciudadano se podría entrenar en el ejercicio de detectar contradicciones e intenciones ocultas en los mensajes políticos “encapsulados” en un único tema, utilizando la sigla OBVIO, como se define a lo que debería ser notorio, visible y elemental. En el caso que nos ocupa, lo que pareciera acotado al campo comunicacional se debería asociar a lo institucional, para detenernos en un aspecto que la clase política, aún con graves crisis económicas y pobreza, se niega a reformular “por única vez”: la existencia de una estructura burocrática estatal sobredimensionada e ineficaz plagada de privilegios. Existe una intrascendente Defensoría del Público destinada a cuidar el pensamiento de adultos, con presupuestos de 400 millones de pesos. Simultáneamente, el responsable de la Oficina Anticorrupción anuncia que no actuará como querellante en los casos de corrupción de funcionarios, por no tener el personal suficiente. La propaganda política plasmaría lo descripto en un eslógan: ¡Pobres los pobres!

Buenos Aires, 21 de octubre 2020

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Juegos de mesa políticos

Reconocer la creciente decadencia económico-social que desde hace al menos cinco décadas sufre nuestro país tendría un consenso unánime, sin grietas. Lo confirman cinco hitos históricos previos a la actual crisis: rodrigazo en 1975; golpe militar en 1976; hiperinflación en 1989; crisis 2001-2002, y estancamiento económico 2008-2019. Todas ellos con los mismos síntomas: inflación, valor del dólar, déficit fiscal, deuda, congelamientos de productos y servicios, presión impositiva, corrupción. Curiosamente, sobreviven a este contexto las mismas dirigencias políticas responsables y sus fracasadas estrategias de gobierno, lo que presenta el desafío de no formular opiniones o análisis políticos igualmente repetitivos. Un modo comprensible de intentarlo es a través de los populares juegos de mesa, practicados por todos los sectores sociales y educativos.

Presentan una amplia gama de opciones y complejidades; entre otras, ajedrez, cartas, ruleta, dados, adivinanzas, armado de palabras, carreras, competencias bélicas, simulaciones financieras. Algunos de ellos exigen capacidad, esfuerzo y estrategia (ajedrez), y otros solo suerte (dados), ambas necesarias en la política. Maquiavelo llamaba “virtud” a la capacidad, que es inherente a la persona, y “fortuna” a la suerte, que es ajena a la persona. Al igual que en la política, algunos juegos tienen “comodines”, así llamados porque pueden tener varios usos simultáneos. Las diversas opciones lúdicas deben cumplir el ineludible requisito de tener reglas de juego explícitas conocidas por todos los jugadores, de cumplimiento estricto. Hablar entonces de “juego político” no debiera suponer superficialidad y oportunismo, sino tener marcos de referencia estables y aceptados. Caso contrario, no hay juego.

Los juegos pueden originarse en costumbres populares que el tiempo convierte en normas (políticamente asimilables a leyes fundamentales consolidadas), o ser creados por especialistas cuyos diseños se adaptan a gustos y necesidades de época (que sería el caso de planes de gobierno). Aceptado el uso de esta metáfora lúdica para identificar la causa de nuestra decadencia, y sentados a la mesa los participantes en cualquier juego, sería absurdo comenzar a debatir cómo jugar, o que modificaciones o excepciones realizar a las normas establecidas. Sin embargo, nuestras dirigencias no poseen y/o respetan las normas tradicionales (leyes), ni las que surgen de nuevos diseños de época (planes estables de gobierno). Por el contrario, sus creatividades se destinan a incumplir, discutir, interpretar, amoldar, rechazar, corromper, toda posibilidad de jugar racionalmente bajo reglas aceptadas y compartidas (gobernar). Muestran preferencias por los juegos de cartas cuya esencia consiste en engañar, confundir, mentir, con jugadores que con expresión inmutable cantan “es necesaria la unión de todos”; “vengo a terminar con la grieta”; “quiero una oposición responsable”, mientras sorprenden jugando un “tweet” que contiene agresiones, pensamientos superficiales o pretensiones de perpetuación en el poder.

La utilidad de la simbología de los juegos de mesa como herramienta para entender las causas de la decadencia dirigencial, puede ejemplificarse con dos juegos imaginarios titulados “Shock o gradualismo?” y “Consejos económicos-sociales”. En ambos casos, sentados los jugadores en sus mesas y ante la ausencia de reglas, preguntarán sobre el contexto para decidir entre shock o gradualismo, y en el segundo juego, sobre qué temas y propuestas los integrantes del Consejo deben aconsejar. Vale decir, las normas de juego (en este caso un plan integral de gobierno) son imprescindibles para jugar (en este caso opinar, aconsejar, proponer, acordar). Su ausencia provoca que las invocaciones a la unidad tengan más de autoritario que de objetivos compartidos, y que los Consejos intersectoriales se asemejen a mesas de café entre viejos conocidos que buscan mantener privilegios.

Si se avanza en el tablero analítico, se observará que incluso las disyuntivas son contradictorias: shock y gradualismo no son opciones sino secuencias. El shock (conmoción, sacudida), se refiere a hechos imprevistos normalmente naturales (terremotos, muertes). El gradualismo se aplica a una secuencia temporal planificada, que si fuera eficaz, no derivaría en shock, el que sería inevitable si el gradualismo fracasa. Lo que nos arroja a otro engañosos y viejo debate: si el Estado se defiende con estructuras eficaces, sin privilegios ni corrupción, o coptado por falsos ideólogos succionadores de recursos públicos. Qué afecta más a una sociedad empobrecida: la pérdida de empleo de 1.700 trabajadores porque la línea aérea Latam que brinda un servicio público deja de operar, o que se dejen de pagar 4.500 salarios a quienes sin serlo ni trabajar, lucran bajo el falaz rótulo de “asesores” legislativos? Este es el debate que desde hace décadas la clase política se niega a dar.

Buenos Aires, 14 de octubre 2020

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Confundir ideología con estupidez

El desarrollo de los medios de comunicación y sus diversas plataformas digitales, obligó a los políticos a tener una presencia mediática asidua, que en lugar de exhibirlos como dirigentes capacitados y coherentes lo hacen como simples comentaristas, cuyas inconsistencias argumentales las disfrazan de ideología, cuando en realidad representan estupidez. La ideología es un conjunto de ideas amalgamadas que caracterizan a una persona; la estupidez es torpeza para comprender hechos, explicándolos desde una óptica personal y simplicidad dogmática. La que usan para mantener indemnes sus privilegios, como sucediera en las crisis de 1975, 1989, 2002, y seguramente en la actual.

Como consecuencia, en el marco de una crisis económico-social inédita, altos funcionarios en lugar de resolver problemas, se dedican a opinar sobre la meritocracia, si la usurpación es delito, o creativamente, proponer ahorrar en pesos. Tal frivolidad, cinismo o incapacidad, según se prefiera, se transparentó recientemente en dos hechos relacionados con una obligación del Estado de alta sensibilidad: la seguridad.  El primero de ellos tuvo amplia difusión a través de un video que muestra la muerte de un efectivo de la policía federal a manos de un paciente siquiátrico, en avenida del Libertador y San Martín de Tours. De inmediato los funcionarios de seguridad nacionales, de la ciudad y provincia de Buenos Aires, se embarcaron en inútiles debates que trasladaban culpas y renovaban la vieja polémica sobre el uso de las pistolas Taser, en lugar de explicitar cual es el plan nacional de seguridad, y la formación y pautas que sus efectivos tienen ante el accionar de delincuentes. A quienes debieran conducir les es más cómodo disfrazar de ideología sus incapacidades, contando como piensan en lugar de como actúan, considerando que los delincuentes no eligen a sus víctimas según a quien hayan votado.

El segundo hecho casi simultáneo, se refiere a las investigaciones judiciales referidas al accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyas actividades reservadas, según la ley están destinadas a proteger “la seguridad exterior e interior de la Nación” (textual). Por el contrario, se lo convirtió en un organismo carente de profesionalidad, útil para lucrar con sus fondos reservados y ejecutar operaciones ilegales de desprestigio contra adversarios políticos. No en vano, lo condujeron sucesivamente Parrilli, Arribas y Caamaño. Tal anomalía derivó en un absurdo para cualquier organismo de inteligencia, que posee sus propios controles políticos internos y externos (bicameral): estar sometido a investigaciones judiciales en cuatro juzgados distintos: Ramos Padilla en Dolores; Augé en Lomas de Zamora; de Giorgi y recientemente Servini de Cubría, ambos en ciudad de Buenos Aires. Producto de la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño ante el juzgado de Lomas de Zamora para que investigara supuestas escuchas ilegales, se produjo lo inevitable: envió más de 3.850 decisiones emitidas entre 2015-2019 (período Macri), con detalle de movimientos internos, datos secretos y nombres de más de 100 espías, varios en el exterior, que se hicieron públicas. Como fiscal, Caamaño debería saber que las documentales que se incorporan al expediente son conocidas por el personal de los juzgados y los abogados de las partes, por lo que el secreto es imposible. Como consecuencia, el 2 de octubre ingresó a la AFI un oficio del fiscal Eduardo Taiano, solicitando datos ampliatorios referidos a 89 espías activos al momento de encontrarse muerto al fiscal Nisman en el mes de enero del 2015, cuando conducían la AFI entre otros el hoy jubilado Stiuso, y los actuales funcionarios Mena y Pocino, e información para detectar el origen de las filtraciones mencionadas. La nueva causa recayó en el juzgado federal de Servini de Cubría. El llamado caso D Alessio por su parte, a cargo del juez Ramos Padilla, es de gran interés público por la participación, sea como acusadores, acusados y abogados intervinientes, de personajes “todo terreno sin grietas” especialistas para ensuciar causas, confundir, coaccionar, engañar y amenazar, en pos de favorecer negocios e impunidades. Fracasada la operación de involucrar al fiscal Stornelli y hacer caer la causa Cuadernos, el juez demora en elevar la causa a juicio oral, como se lo reclamara en diciembre pasado la Cámara Federal de Mar del Plata.

Este cuadro de situación saturado de manipulaciones manifiestas, podrían generar consecuencias políticas virtuosas no deseadas: dado que los agentes dejaron de ser secretos, los juicios orales podrían blanquear el funcionamiento de la AFI, reestructurarla en su totalidad, y sacarla de la esfera de las malas praxis y estupideces políticas.

Buenos Aires, 07 de octubre 2020

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Kirchner, Macri y la Corte

A los líderes de gobiernos autoritarios con pobres calidades democráticas les encanta referenciarse en la historia, sea pasada (Irigoyen, Perón), o futura: “la historia me juzgará”. El presente lo atraviesan con excusas (herencia recibida), o autoelogios (nadie hizo tanto como yo). En nuestro país el fenómeno  agrega la perdurabilidad en altos cargos públicos de políticos y sus familiares (nepotismos), que genera una continuidad entre pasado, presente y futuro que repite políticas, estrategias y discursos que concluyen en inevitables fracasos.  

Para opinar sobre la gravedad económico-social e institucional del momento, se apelará a una regla básica de la propaganda llamada de simplificación, consistente en utilizar palabras cortas y rítmicas que sean fácilmente recordadas. En este caso se adopta la trilogía “Kirchner, Macri y la Corte”, que engloba a dos ex presidentes y a los cinco jueces vitalicios del máximo organismo judicial, quienes constituyen hitos institucionales para entender el debate sobre tres temas interrelacionados, esenciales en el desarrollo de un país: justicia, coparticipación de recursos y corrupción. En cuanto a perdurabilidad en altos cargos, Cristina Kirchner los desempeña desde hace 35 años, cuando en 1995 fue elegida senadora nacional por Santa Cruz; el ex presidente Macri durante 15 años, cuando fuera elegido al frente del gobierno de la ciudad en el 2015. Como jueces en la Suprema Corte, Maqueda tiene una antigüedad de 17 años; Highton y Lorenzetti 16, Rosenkrantz y Rossatti 4.

Identificados los referentes institucionales, es momento de mencionar el contexto político. Existe un principio que indica que las leyes deben cumplirse, por lo que su desconocimiento no es excusa para infringirla. Por ello, para ser asumidas por la sociedad deberían tener continuidad en el tiempo. Más aún en el campo penal, donde su conocimiento se supone ineludible: no se debe violar, robar, matar, estafar, corromper. No es así en nuestro país, donde las leyes y procedimientos procesales se modifican, interpretan, tergiversan, acomodan y de ser necesario se incumplen, según intereses políticos de coyuntura. En especial en casos de corrupción estatal, donde los poderes públicos son juez y parte. El círculo vicioso cierra con legislaciones administrativas y electorales que favorecen la exclusión ciudadana, la perpetuidad política y la  impunidad delictiva. Comunicacionalmente predomina el cinismo, con políticos complacientes o cómplices con la impunidad que claman por la independencia de poderes, para horas más tarde presionar públicamente a miembros de la Corte y jueces.

Las anomalías institucionales se acumulan. Los condenados y procesados por corrupción pueden gobernar,  legislar y encabezar acciones y reformas judiciales que afectan causas penales que los involucran. Recientemente, el ineficaz Consejo de la Magistratura, con el voto decisivo de la diputada lavagnista Graciela Camaño, promovió el desplazamiento de jueces cuyo traslado el mismo Consejo aprobara hacía dos años, obligando a que la Corte dictamine sobre lo que ya dictaminó hace dos años. El principal problema es que para los corruptos la jurisprudencia no existe. Para justificar estas contradicciones, a la ciudadanía se le inculca que la justicia no tiene validez general, sino se identifica con los gobiernos de turno, sea peronista, macrista o kirchnerista. La llamada “mesa judicial” macrista al menos demostró que llegar a juicios orales públicos para definir culpabilidades e inocencias en tiempos razonables es posible. Es de esperar que la “mesa judicial” kirchnerista no logre desactivarlo.

El fenómeno de la perdurabilidad se reitera en el debate por la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Los jueces de la Corte Maqueda y Rossatti participaron como convencionales en la reforma constitucional de 1994, que incumplió el mandato de acordar y promulgar un nuevo régimen de coparticipación entre Nación, ciudad de Buenos Aires y provincias, antes de diciembre de 1996. En la práctica, el proclamado federalismo se somete a decisiones del Ejecutivo por decretos, avalados por senadores siempre y cuando no afecten a sus jurisdicciones. Una alternativa sería que la Corte hiciera lugar al amparo de la Ciudad, hasta tanto se cumplimente dicho mandato constitucional. Las curiosidades judiciales no se agotan. Al haber cumplido la edad establecida por la Constitución para jubilarse, la jueza de la Corte Elena Highton presentó un amparo tildando al requisito de inconstitucional.

Ante este panorama, es de desear que el fallo de la Corte, más allá del rechazo o aceptación de las demandas, defina vías claras y compartidas a futuro, que eviten continuar con decisiones fluctuantes alejadas del interés común. Por ejemplo, definir si los traslados de jueces se deciden en el ámbito judicial o en el político. Es verdad que el fallo podría ser ignorado por los políticos. Pero algo es algo.

Buenos Aires, 30 de septiembre 2020

Inseguridad fomentada

El reciente amotinamiento de la policía bonaerense es solo un síntoma visible de una grave enfermedad que carcome a todo el aparato administrativo político institucional. Dada la relevancia conceptual del término seguridad, cuyo significado entienden y afecta sin grietas a todos los niveles sociales, e involucra a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, es una válida referencia para comprender la problemática del funcionamiento del Estado.  

Seguridad significa ausencia de peligro o riesgo. Para aplicarla a la protección de personas y bienes contra el delito y cumplir una obligación indelegable, el Estado crea organismos con capacidad de ejercer control. Tras este breve resumen de escuela primaria, en escasos meses se concatenaron incongruencias políticas: peleas entre Fréderik y Berni, máximos funcionarios del área, que recuerdan las entregas semanales de un “cómic” de los 60; liberaciones promovidas y legalizadas de presos peligrosos; tomas de tierras públicas y privadas planificadas y consentidas; anuncio de un plan de seguridad consistente en incorporar más policías y comprar más patrulleros, cuando cantidades no hacen un plan, sino es un plan el que determina cantidades. Y finalmente, usar la crisis para manotear fondos entre jurisdicciones. Como dirían los jóvenes, “dirigencias políticas al palo”.

Como consecuencia, un pequeño número de policías amotinados ante la impotencia de sus jefes, transparentó porque la operatividad delictiva predomina claramente por sobre la efectividad de la seguridad estatal. Para explicarlo se deben incorporar dos conceptos: complicidad y fomento. Cómplice es quien como partícipe necesario ayuda a cometer un delito sin tomar parte en su ejecución material.  Fomenta quien favorece de algún modo el avance del delito, sea por acción (ideología) u omisión (incapacidad operativa). Si bien los tres poderes del Estado y miembros de las fuerzas están implicados en ambas alternativas, cabe detenerse en el fomento institucional, que es la causa de la situación generalizada de inseguridad.  

Los presos no se fugaron; fueron legalmente liberados. Las tomas fueron organizadas por sectores con contactos políticos. Un juez de garantías tardó 60 días en ordenar un desalojo que luego el Ejecutivo no ejecuta, mientras altos funcionarios discutían si la usurpación es o no delito. Los reclamos policiales se basaron en compararse salarialmente con otras fuerzas, sin medir profesionalidad, cantidad y eficacia. La provincia tiene 90.000 policías activos, de los cuales cerca de 50.000 fueron incorporados hace siete años durante la gestión Scioli-Granados. Sin embargo, se reclama el auxilio de fuerzas federales. Se plantea el mal estado de los patrulleros, pero en lugar de ponerlos a punto y mantenerlos, se anuncia la compra de 2.000 nuevos patrulleros. Se expresa que el policía debe tener un buen salario, pero nada se aclara respecto a su formación profesional y logística que cuide su principal bien: la vida. El periodismo debiera colaborar en el esclarecimiento de la problemática, haciendo preguntas más precisas a los funcionarios responsables durante sus cabalgatas mediáticas. Por ejemplo:  

1) el clásico y universal “alto o disparo” a un delincuente, tiene vigencia en las directivas superiores? 2) cómo debe actuar el policía ante delincuentes con armas blancas? 3) se le enseña defensa personal? 4) existen prácticas regulares de tiro? 5) tiene sentido desgastarlo físicamente con “changas” adicionales? 6) se realiza un control regular de consumo de estupefacientes? 7) qué requisitos físicos debe reunir el ingresante (relación altura/ peso, visión, etc.) 8) cuál es el tiempo de formación policial, y que relación ingreso/egreso existió en los últimos ocho años?

Este tipo de interrogantes relativos a tareas específicas, deberían plantearse ante cada uno de los organismos estatales en estudio, a fin de optimizar recursos y rendimientos en base a principios de igualdad de oportunidades, valoración del esfuerzo personal y calidad del servicio brindado a la sociedad, que es el fin de un empleado público. Por último, cabe destacar la reiteración dialéctica que intenta disimular incapacidades políticas asociando delito con pobreza, cuando son los pobres quienes más sufren el delito. Con el agravante que simultáneamente, en los más altos niveles se libra a cara descubierta una batalla político-judicial para desactivar múltiples causas de corrupción en perjuicio del Estado, que involucran a funcionarios, empresarios, financistas, testaferros y abogados, todos multimillonarios. En estos casos es de suponer que el delito se asocia con riqueza, y la pobreza es moral.

Buenos Aires, 23 de septiembre 2020

La política de los helechos

Para analizar hechos y arribar a conclusiones se debe tener presente que el discurso político suele incluir omisiones, falacias y cinismos que ocultan los verdaderos objetivos. En la asunción de Fernando Espinosa como intendente de La Matanza el 13 de diciembre de 2019, la vicepresidenta Cristina Kirchner expresó ante sus adeptos: “En Capital hasta los helechos tienen luz y agua, mientras en el conurbano chapotean en agua y barro”. Cuidándose de mencionar que el justicialismo gobernó en forma ininterrumpida durante 36 años a La Matanza (1983-2020); 26 años a la provincia de Buenos Aires (1989-2015), y 14 años a la Nación (2002-2015). A casi nueve meses de la citada frase, una secuencia de sucesos clarifica roles en el poder gobernante, y más importante, permite proyectar con mayor precisión futuros escenarios políticos.  

1) el 13 de diciembre, el discurso de la vicepresidenta en La Matanza; 2) en marzo, comienzan los disensos públicos entre Fréderick y Berni, responsables de la seguridad nacional y provincial; 3) en abril, se promueve la liberación masiva de presos peligrosos; 4) en agosto, se produce una usurpación generalizada de tierras; 5) en septiembre, el día 4, ante Kicillof, Frederic y Berni, el presidente anuncia un Plan de Seguridad provincial; el día 7, con epicentro en La Matanza, se amotina la policía bonaerense; el día 9, se anuncia la quita de fondos coparticipables de la “opulenta” ciudad capital, para trasladarlos a la provincia de Buenos Aires; el día 10, Kicillof accede a los reclamos policiales, y mantiene en sus cargos al jefe de la policía y al secretario Berni; en el mismo día, 19 gobernadores apoyan públicamente la medida en desmedro de la ciudad.

Lo detallado, que exhibe componentes políticos que exceden el tema de la seguridad, permite proyectar el curso de gobierno tras 270 días de ejercicio, y obliga a modificar hipótesis analíticas recurrentes e incorrectas.

1.- Perdió sentido continuar planteando una única “grieta” separadora de dos expresiones  ciudadanas excluyentes. Es un recurso fomentado por castas políticas estables para manipular a la opinión pública, y que finalmente nada cambie. La realidad muestra que existen innumerables y fluctuantes grietas entre diversos sectores oportunistas que pujan por usufructuar recursos públicos. Jorge Asís los llamó irónicamente “bandas”, citando en la provincia de Buenos Aires a las conformadas por la gobernación, intendentes, la Cámpora y movimientos sociales. En agosto se coló la bonaerense.

2.- En los políticos se debe analizar tres cualidades: poder, identidad y utilidad. El poder, claramente lo ejerce Cristina Kirchner. Su referencia a “los helechos” porteños un lejano 13 de diciembre, tuvo el acompañamiento coral de sus seguidores, y concluyó en una decisión política. Esto se repetirá en los temas de su interés, que son concretos y acotados: no es una estadista. En cuanto a las identidades políticas, las cocteleras frentistas pretenden obtenerla invocando las memorias de Irigoyen, Perón, Evita o Alfonsín, o tras una hojarasca mística-partidaria como peronismo, radicalismo, progresismo, populismo, neoliberalismo, y otras, que justifiquen o legitimen desmanejos, privilegios y hasta corrupciones. Tal liviandad explica que los gobiernos se terminen personalizando en menemismo, kirchnerismo y macrismo. En este sentido, el actual es kirchnerista. Clarificación que no elimina conflictos pero ordena debates. En cuanto a la tercera cualidad, la utilidad, en política la ingenuidad personal no es una opción. Nadie se incorpora a listas sábanas legislativas u ocupa cargos ejecutivos por méritos propios, sin avales de peso y sin brindar contraprestaciones. A falta de capacidad, el beneficiado debe aportar al menos utilidad (votar, dejar hacer, no ver, ofrecer popularidad, actuar como propagador). Ello incluye a los habituales nepotismos familiares.

3.- La desactivación de un utópico “albertismo”, no supone que Alberto Fernández sea una víctima o engañara al votante. Como presidente cumple el rol que siempre practicó: operador, gestor, intermediador, conversador. Tarea que se desarrolla en ámbitos reservados en los que se discuten intereses particulares, nunca generales. El problema de Fernández es que al trasladar dicho rol al ámbito del control público, este pierde flexibilidad. Ello explica sus permanentes contradicciones discursivas.

Planteados estos parámetros generales, es momento de retomar la problemática de seguridad que estalló en agosto con el amotinamiento de la policía bonaerense, pues arroja enseñanzas a futuro. El conflicto solucionó parcialmente un tema salarial, pero se continúa sin definir una política de seguridad coherente y nacional, que interrelacione adecuadamente legislación, accionar judicial con el policial, profesionalización de las fuerzas y marco presupuestario. Será tema de la próxima opinión.

Buenos Aires, 16 de septiembre 2020.