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Al Capone candidato

Para revertir el proceso de nuestra decadencia política de al menos dos generaciones, se deben formular diagnósticos correctos para luego diseñar transformaciones virtuosas. Un impedimento que caracteriza a dictaduras o autocracias pero no a sistemas democráticos, es que nuestras representaciones políticas y gremiales en lugar de ser circunstanciales y rotativas, permanecen en manos de castas familiares y hereditarias responsables de la decadencia, que son las que diseñan el andamiaje institucional que las sustentan. Esta anormalidad se puede ejemplificar a través de una hipótesis supuestamente inverosímil, por la que Al Capone, el más conocido delincuente de la historia, en nuestro país estaría en condiciones de ocupar altos cargos públicos, sea como funcionario, legislador o binomio presidencial.

Capone nació en 1899 en Nueva York en donde inició su carrera delictiva, trasladándose posteriormente a Chicago para convertirse en la figura criminal más importante en las décadas del 20 y 30. Los negocios ilícitos por los que las mafias de entonces competían sangrientamente, y vía coimas o amenazas contaban con altas complicidades políticas, judiciales y policiales, eran el juego ilegal, el contrabando y la prostitución. Ante la opinión pública se mostraba como benefactor de los pobres y humildes, justificando su alto nivel de vida como vendedor de antigüedades. Al imponer en 1927 el Tribunal Supremo un impuesto que obligaba a tributar por los ingresos obtenidos ilícitamente, el castigo que no se logró por sus crímenes se obtuvo por evasión de impuestos, descubierta por un investigador del Departamento del Tesoro. Momentos previos al inicio del juicio oral y público en 1931, el juez del tribunal cambió a último momento los jurados, que estaban sobornados o amenazados. Comprobada la evasión, Capone fue condenado a once años de prisión, que cumplió primero en Atlanta y luego en Alcatraz. Transcurridos ocho años obtuvo la libertad condicional por mostrar signos de demencia y deterioro físico, para morir en 1947 en Miami por neumonía.

Traslademos a Capone a la Argentina actual, en la que muchos delitos también cuentan con complicidad política, judicial y policial, acusado por sustracción de impuestos por no entregar al Estado 8.000 millones de pesos percibidos entre 2011/15 como agente de retención de combustibles en sus estaciones de servicio. A diferencia del gobierno de Estados Unidos, el delito de nuestro supuesto Capone no fue detectado por organismos estatales, sino por investigaciones periodísticas. Durante su prisión preventiva e invocando persecución de un tal Mauricio Macri, que una alta autoridad política denunciara en un tuit que “tenía un componente mafioso por sus ancestros calabreses”, organizaciones de derechos humanos rentadas por el Estado pedirían su liberación. Previo al juicio no existiría un sorpresivo cambio de jurados que el Capone criollo hubiera denunciado como “lawfare”, pues en nuestro país se acostumbra a cambiar jueces de tribunales, no jurados. Una vez condenado nuestro Capone tampoco sería trasladado a prisión, porque a diferencia de otros países desarrollados, en libertad apelaría ante la Cámara de Casación y Corte Suprema sucesivamente. Períodos durante los cuales el condenado puede exclamar desafiante “soy inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, cuando la frase debiera ser inversa. Reunido con sus viejos protectores políticos, le permitirían devolver lo sustraído al Estado en un cómodo plan de pagos a varios años con intereses promocionales, que posiblemente tampoco pague. Ya más distendido, nuestro Capone criollo repararía en que leyes y fueros especiales aprobadas por las castas políticas, permiten que procesados y condenados puedan ser funcionarios, legisladores y presidentes.

Ante ello y para protegerse de futuras experiencias amargas y traumáticas, decidiría incursionar en política y presentarse a un cargo electivo. La hipótesis inicialmente inverosímil dejó de serlo. En nuestro sistema político-electoral, Al Capone podría ser candidato y ser elegido.

Buenos Aires, 19 de mayo 2017

Discursos paranoides

Es habitual identificar épocas a través de figuras preponderantes, sin profundizar sobre sus entornos inmediatos, cuya mediocridad es directamente proporcional al nivel de autoritarismo y mesianismo de quienes conducen. Cuando estos procesos se prolongan en el tiempo sin marcos institucionales estables y consolidados, la consecuencia es irreversible: subdesarrollo y pobreza.  Es preocupante entonces que nuestras castas políticas, en lugar de extremar la capacidad de planificar y conducir estrategias eficaces para afrontar los presentes desafíos, persistan en repetir viejos recursos para mantener su poder y privilegios, priorizando intereses individuales (judiciales, electorales) por sobre los intereses ciudadanos (campañas de vacunación, fuentes laborales). Situación agravada por un presente en el que las castas manipulan precios, tarifas, dólar y salarios para triunfar en una elección, para una vez cerrado el escrutinio, corregir las severas distorsiones provocadas con ajustes mucho más dolorosas para la sociedad (recordar el rodrigazo en 1975).

No menos preocupante es que quienes conducen, en lugar de exhibir templanza transmiten un descontrol emocional y verbal inédito desde 1983, pues no lo manifestaban el fervor discursivo de Alfonsín o Néstor Kirchner, o la circunspección de De la Rúa, que en todos los casos se correspondían con sus personalidades. Al combo pandemia, año electoral y descontrol emocional, se agrega que los mensajes institucionales lo comparten el binomio Alberto Fernández – Cristina Kirchner, en lugar de concentrarse en el presidente como máxima autoridad de gobierno. Ante esta situación, es más importante reflexionar sobre como influenciará esta realidad en las políticas públicas de corto y mediano plazo, que distraernos en presuponer “quien manda en el binomio”, o más infantil aún, quién es el bueno y quién el malo.

El descontrol emocional no refiere a las abundantes contradicciones discursivas, prácticas habituales que suelen ejercitar los políticos sin consecuencias traumáticas para ellos. Se presenta cuando el presidente llama “miserables” a empresarios; “asesinos” a quienes pretenden cierta presencialidad escolar, “odiadores” a quienes no terminaron un plan de viviendas, “golpistas” a integrantes de la Corte ante un fallo, o expresar con el dedo alzado “conmigo, rebeliones no”. Para pocos días más tarde, invocar la necesidad de unión nacional y consensos políticos. Esta desmesura que es producto de la desconfianza y recelo que el afectado tiene hacia los demás, caracteriza a las actitudes paranoides. Que pueden ser circunstanciales sin implicar una patología, pero sufrida por una máxima autoridad institucional en momentos críticos, tienen graves consecuencias.     

En este juego discursivo bipolar la vicepresidenta se mueve con mayor comodidad, por cuatro razones: tiene menor exposición pública, elige los temas y oportunidad sobre los que opinará, el medio que utilizará (redes sociales o discurso ante adherentes), y cuenta con una cohorte rentada con fondos públicos de replicadores textuales de sus mensajes, en los que puede transmitir enojos reales o actuados, pero no descontrol emocional. Estrategia que deriva en otro absurdo: el presidente Fernández termina convirtiéndose a su vez en un propagador textual de los mensajes de la vicepresidenta, y no a la inversa.

Para no colaborar con la confusión general en una situación de crisis, los análisis deberían considerar al binomio representado por el presidente (ejecutivo), y vicepresidenta (Senado) como una unidad que comparte políticas y responsabilidades, situación que no es privativa de la política: en un avión lo representan el piloto y copiloto; en un barco el capitán y el contramaestre. Ello sin desconocer la importancia de los propagadores rentados de mensajes preelaborados, útiles para acompañar creando climas y ejerciendo presiones; pero no para aportar creatividad virtuosa o decidir. Los que todos debieran tener presente es la posibilidad de que los pasajeros (ciudadanos), se subleven por hartazgo ante la incompetencia de quienes conducen y comparten privilegios públicos, que incluye a supuestos opositores y falsos “independientes”.

Buenos Aires, 12 de mayo 2021

No sabía, yo no fui

La expresión del título remite a excusas de la infancia ante travesuras de relativa gravedad que presuponían un castigo familiar. Si bien parecería absurdo que la formularan los padres ante sus infantes, ello sucede en nuestras castas políticas ante hechos que involucran al Estado en perjuicios patrimoniales o sospechas de corrupción. El conocimiento público de los mismos suele darse a través del odiado periodismo de investigación, que no debe confundirse con amarillistas operaciones de desprestigio. Tres casos actuales que interrelacionan altas autoridades públicas con grupos privados asociados, ejemplifican lo expresado: 1) gestiones para contratar la provisión de vacunas contra el Covid y planificación de vacunación; 2) la extracción irregular de dinero en efectivo en ATC; 3) el cobro de hisopados rápidos y obligatorios en Ezeiza y Aeroparque, por un laboratorio desconocido.

En dichos casos cabe destacar las declaraciones exculpatorias de los responsables involucrados, sin presuponer irregularidades o corrupciones aún no certificadas judicialmente, sino desde la óptica institucional, administrativa y operativa que define responsabilidades jerárquicas, niveles de control y calidad de gestión. Recordando que las castas designan en cada condado (repartición estatal), a personas de su “máxima confianza” (parientes, amigos y recomendados de otras castas), pese a lo cual al momento de aclarar y/o justificar irregularidades resurge el absurdo: los padres (altos funcionarios), dicen a sus hijos menores (ciudadanos): “no sabía, yo no fui”.

1.- En marzo del 2020 se decretó el primer aislamiento nacional obligatorio. En julio se anunció contactos presidenciales con el laboratorio Pfizer, que aseguró prioridad para el envío de 13 millones de vacunas al país en etapas a definir, por haber realizado ensayos de la vacuna con 5500 voluntarios argentinos, En agosto, el empresario argentino Sigman comprometió la provisión de 22,4 millones de dosis del laboratorio Astra Zeneca, abonándose un equivalente a 54 millones de dólares por el 60% del contrato. En medio de negociaciones confusas con crisis ministeriales y diplomáticas, cobra influencia la asesora argentina Nicolini, una desconocida de reciente residencia en España, con una supuesta mayor eficacia de gestión que el presidente, ministros y diplomáticos. Se negocia entre estados con Rusia y China para obtener vacunas de ese origen, tras lo cual el 10 de diciembre el presidente anunció un contrato con Rusia por el que se vacunarían 10 millones de personas entre enero y febrero, y 5 millones adicionales en marzo. El 24 de diciembre llegan las primeras 300 mil vacunas Sputnik al país, en medio de una algarabía aeronáutica. También ingresan vacunas chinas (Sinopharm), y  de Astra Zeneca vía Organización Mundial de la Salud para países en vías de desarrollo, fabricadas en India. Se retoman gestiones con Pfizer, y se anuncian contactos para obtener una desconocida vacuna cubana, y con el dueño del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, para fabricar la Sputnik en Argentina en plazo indefinido, dado que a la fecha no cuenta con infraestructura y capital nacional necesario. A mediados de marzo, Sigman anuncia que en mayo llegarán las primeras partidas de Astra Zeneca, sin definir cantidades. El viernes 30 de abril se lanzó una campaña publicitaria oficial eufórica basada en el número 10, que refiere a  las 10 millones de vacunas llegadas al país hasta el momento, sin cronograma de entregas futuras. Conclusión, las castas políticas en una instancia de máxima gravedad exhibieron sus vicios: exitismo inicial y autocomplacencia, conducción administrativa carente de profesionalidad, y reformulaciones estratégicas tardías. En este combo, “yo no sabía, yo no fui” abunda.

2.- A comienzos de marzo trascendió que directivos del canal oficial ATC retiraron de la sucursal del Banco Itaú 11,4 millones de pesos en efectivo. Rosario Lufrano, quien preside la empresa estatal, manifestó sorpresa y anunció una auditoría, cuando lo inmediato era que los responsables explicaran la extracción irregular del dinero, y se aclararse si la misma es posible sin la firma, conocimiento explícito o responsabilidad de la máxima autoridad. En el interín se conocieron los desmesurados salarios de los responsables, que se asimilan a canales privados de alta rentabilidad obtenida por el aporte de anunciantes y clientes, pese a que la función de un canal oficial es priorizar lo cultural y lo “nacional y popular” por sobre lo comercial. Por el momento, Lufrano mantiene “no sabía, yo no fui”.

3.- La demora en la obtención de vacunas fue concomitante con la escasez de testeos. Pero ello no impide la obtención de ganancias fáciles auspiciadas por el Estado, que emitió una resolución administrativa que obliga a hisoparse a pasajeros del exterior (excelente). Tras lo cual el concesionario Aeropuertos 2000 cede el operativo con una recaudación diaria multimillonaria a la Fundación Educativa San Lázaro (los habituales intermediarios sin fines de lucro), que a su vez contrata al desconocido laboratorio Labpax, cuyos responsables son dos monotributistas. Detectada la irregularidad por un odiado periodista de investigación, los ministerios de Salud y de Transportes deslindaron responsabilidades, y Aeropuertos 2000 anunció una insólita auditoría, dado que se supone que conocía previamente los antecedentes de quienes contrató. En este caso el “no sabía, yo no fui” lo comparten Ministerios, una Fundación y Aeropuertos 2000.

Buenos Aires, 05 de mayo 2021

Castas, Maquiavelo y Argentina

Maquiavelo es considerado el padre de la ciencia política. Su formación se desarrolló en el fecundo ámbito de la Florencia del Renacimiento italiano. En ese entonces Italia se dividía en ciudades-Estado esbozadas como repúblicas o principados (Milán, Venecia, Pisa, Roma-Vaticano, Nápoles), manejadas por castas (Medici, Sforza, Orsini, Borgia), en un clima de permanentes conflictos plagados de traiciones y engaños, sean internos, entre ciudades o amenazas extranjeras (Francia y Alemania). Las tropas de apoyo usualmente eran mercenarias. Los recursos económicos se obtenían de altos tributos que debían pagar el pueblo trabajador, sean labriegos, comerciantes o artesanos, en parte derivados para desarrollar un florecimiento intelectual y artístico inédito (Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael). Como diplomático ante los más altos estamentos de poder, Papa incluido (Alejandro VI), Maquiavelo percibió con agudeza las acciones humanas innatas para obtener, concentrar y mantener el poder.  

Bajo esta óptica historicista pueden confrontarse las similitudes entre lo descripto y nuestra actualidad política: 1) ciudades-Estado (Formosa, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz), manejadas por castas familiares (Insfrán, Rodríguez Saá, Zamora, Kirchner); 2) conflictos internos plagados de traiciones y engaños, y tensiones políticas jurisdiccionales (Nación y Ciudad); 3) aislamiento internacional, sea con países vecinos o apoyo a autocracias/dictaduras (Venezuela); 4) tropas políticas mercenarias con “condottieris” volátiles (Alberto Fernández, Massa, Alfonsín hijo, Pichetto), cuya soldadesca (militancia) se alquila con cargos públicos; 5) altos tributos al trabajo para sostener al privilegiado sistema de castas, que a diferencia de la época renacentista, en lugar de destinarse parte de lo recaudado al desarrollo educativo y artístico, se consume en corrupción estatal-privada. Cuando los costos de estas estructuras burocráticas familiares se hacen insostenibles para los gobernados y aumenta la pobreza, estallan revoluciones (francesa, bolchevique). Que a diferencia de los llamados “golpes” producto de peleas entre castas, tienen consecuencias incontrolables.  

Un conflicto vigente ejemplifica lo expuesto. En el marco de una pandemia inédita y creciente pobreza, se crea un conflicto demencial entre la Nación y Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación de impuestos y su nivel de autonomía, alejado de las urgencias de la sociedad,. Su origen reside en la reforma constitucional de 1994, cuyo objetivo principal era prolongar el mandato presidencial del representante de la entonces poderosa casta Menem. Tal era el apuro por la reelección, que se postergó mediante una cláusula transitoria hasta diciembre de 1995 el tratamiento del aspecto más importante para el país, referido al diseño de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, que hoy privilegia a la Nación. En su lugar, los constituyentes priorizaron dedicarse a incrementar desproporcionadamente las estructuras burocráticas administrativas estatales, para asegurarse en el futuro puestos laborales públicos que sostengan a familias y herederos de las diversas castas. Pero un tema aprobado solo ante la urgencia de lograr la reelección presidencial, causó escozor en el poder nacional centralista: la autonomía a la ciudad de Buenos Aires. No solo jamás se cumplió el mandato constitucional de implementar un nuevo régimen de coparticipación de impuestos, sino el entonces senador Antonio Cafiero, que integrara el gabinete de Perón en 1952 y diera nacimiento a una de las castas más tradicionales que mantiene una presencia de tres generaciones, promovió una ley que limitó las atribuciones constitucionales que le fueran conferidas a la ciudad (justicia ordinaria, fuerzas de seguridad, determinados servicios públicos, propiedad de inmuebles). En el actual conflicto desatado por el presidente Fernández con el “condottieri” Rodríguez Larreta en representación de la casta Kirchner (a la fecha con dos generaciones), el nieto de Antonio llamado Santiago, es Jefe de Gabinete. Y dos de los jueces de la Corte que deberán expedirse sobre el litigio (Maqueda y Rosatti), integraron la constituyente de 1994. A lo que se agrega que siete de los legisladores elegidos para representar a los porteños, votaron a favor de la quita de recursos. Y los candidatos electorales perdidosos a “condottieri” de la ciudad, Matías Lammens y Matías Tombolini, compensados con cargo público otorgado por la casta gobernante, se llamaron a silencio. Cuando hay acuerdos entre castas, no pierden ni los que perdieron.

Lo expuesto es metafórico en cuanto a lo temporal, pero no en lo conceptual. Lo ratifica el propio Maquiavelo cuando expresa que “es partidario de la República, pero bien organizada, disponiendo de las instituciones necesarias para canalizar el conflicto entre pueblo y gobierno dentro de las mismas, sin las cuales la República se desarmaría”. Argentinismo puro.

Buenos Aires, 28 de abril 2021

Gobierno de castas

El concepto ancestral de castas se aplica a grupos conservadores de poder con continuidad hereditaria, o sea por generaciones.  En la actualidad el término se utiliza como metáfora para señalar continuidades políticas plagadas de nepotismos y elitismos en el que la perdurabilidad predomina sobre lo ideológico. Sus sistemas de gobierno presentan matices siempre alejados del concepto de democracia y republicanismo: autocracia, dictadura, dirigismo, militarismo, entre otros. En algunos casos predomina el personalismo; Cuba se identifica con el castrismo y Venezuela con el chavismo. En otros como Rusia y China, sus sistemas mantienen tradiciones autocráticas e imperiales, pero con estrategias de desarrollo modernas que les permite competir con otras potencias en un marco capitalista. 

Nuestras castas criollas presentan características peculiares: su continuidad temporal la logran en el marco de una democracia, si bien de pobre calidad, y pese a ser responsables del atraso y empobrecimiento del país. El invocado “fuerte presidencialismo” se diluye en un sinnúmero de mini castas cuyos integrantes pueden intercambiarse en cada elección. Pese a lo cual discursivamente se sigue apelando al principio binario de “amigo y enemigo” planteado por Carl Schmitt como forma de concentrar poder (la grieta), que perdió vigencia en nuestra realidad política debido a una multiplicación de castas con múltiples grietas internas fluctuantes, y alejadas de todo proyecto nacional basado en intereses comunes virtuosos. La situación semeja a las luchas entre ciudades-estados en la Italia de los siglos XV y XVI, en donde los acuerdos de ocasión y traiciones habituales llevaron a Maquiavelo a expresar “que los que cambian siempre de bando, terminan estando en ningún lado”. Esta anomia explica también el costoso y ocioso sobredimensionamiento del Estado, pues las “casta y mini castas” no negocian programas de gobierno sino cargos y prebendas.

Imprevistamente una pandemia mundial aún inmanejable puso a prueba la capacidad conductiva de los gobiernos, bajo la expectativa de que “toda crisis presenta una oportunidad”. La fiebre amarilla a fines del siglo XIX permitió un fenomenal avance en las infraestructuras de saneamiento. En nuestro caso solo sirvió para exponer como nunca antes las superficialidades discursivas y mediocridades conductivas políticas, que mantuvieron el conservador y repetido simplismo conceptual de siempre, sin comprender el profundo cambio de escenario. Como natural consecuencia de la falta de una estructura de gobierno nacional coherente, el presidente Alberto Fernández oscila entre confusiones declarativas y descoordinaciones ejecutivas, transformándose en un mal comunicador antes que en un presidente. La vicepresidenta por su parte emite epístolas circunstanciales grandilocuentes dedicadas a su propio gobierno, pero sin cursos de acción definidos. Como corolario, la oposición se suma al festival literario y declarativo tipo boletín informativo.

Comenzada la pandemia, la acción oficial arrancó con los habituales exitismos autocomplacientes y rimbombantes, para un año más tarde, carecer de una política de vacunación definida y menos aún una política económica, siquiera a corto plazo. El ministro de economía (del que dependen más de 200 cargos jerárquicos políticos en el árbol burocrático), recorre el mundo con Vaticano incluido, clamando que la deuda no se puede pagar (lo que todos sabemos), pero sin un plan económico de corto y mediano plazo conocido en primer lugar por los argentinos. Cual morosos consuetudinarios, vamos tirando.

Cuando el exitismo inicial mutó en desesperación, no solo se mantuvo la grieta comunicacional “Macri/Cristina” como recurso propagandístico simplificador, sino se la trasladó demencialmente a la acción de gobierno: salud o economía; camas hospitalarias o aulas; si el virus circula de capital a provincia o viceversa; si en la reforma constitucional de 1994, el nivel de autonomía de la ciudad de Buenos Aires es o no equivalente a una provincia. En este contexto las castas y mini castas no postergaron sus prioridades, como la de batallar en ámbitos legislativos y judiciales para mantener libertades y proteger patrimonios mal habidos de varios de sus miembros, y tomar posesión de los escasos botes del Titanic representados por los recursos públicos, ya sea por las buenas (prebendas), o por las malas (corrupción). Como en la antigüedad, las castas necesitan de costosas estructuras de apoyo que se sostienen con tributos del pueblo (hoy impuestos), y conquistas territoriales que les provean recursos (hoy sacar por decreto coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, y restarle autonomía a esta caprichosa ciudad-estado)

Los pobres? Hasta el momento alcanzan el 42% en el país, y se ubican en la tercera vía ante la grieta: carecen de opciones. Solo piden pan.

Buenos Aires, 21 de abril 2021

Los pastorcitos políticos

Identificar a un sistema de gobierno bajo abstracciones tales como democracia, autocracia, derecha, izquierda, es irrelevante sino se explicitan sus estructuras institucionales, legales y operativas, para establecer la calidad del sistema y su impacto en los ciudadanos. Y para elegir cursos de acción adecuados que modifiquen situaciones críticas o dañinas, es necesario formular diagnósticos correctos en el marco de contextos veraces. Asumir entonces que desde hace décadas nos gobiernan “castas políticas” en lugar de “políticos” a secas cambian las ópticas analíticas, y permite entender la pobreza de nuestros poderes republicanos al amparo de leyes y decisiones que adoptan, claro está, las castas políticas.

Bajo el concepto de “casta o clan” se generan consecuencias concomitantes, como la de diluir a los partidos como intermediadores entre el poder y los gobernados. Los méritos no surgen de una formación política de base, sino en prácticas de nepotismo que prioriza lo familiar y círculos cercanos, menoscabando la legítima representatividad ciudadana. Por ejemplo, a Máximo Kirchner en su condición de “hijo de”, conducir el PJ de la provincia de Buenos Aires políticamente no le aporta más que la heráldica del sello, y supuestamente mayor poder para incorporar a sus adherentes en la próxima lista sábana legislativa. En este contexto, muchos de los que electoralmente se presentan como “independientes”, terminan negociando y votando en interés de las castas gobernantes, por lo que las leyes fluctúan según intereses de coyuntura, sin establecer horizontes de mediano y largo plazo (todo es excepcional o por única vez). Los traspasos entre integrantes de castas, que odian trabajar en el llano, se basan en intereses personales que concluyen con cargos bajo el brazo. Dos ejemplos relevantes son los de Sergio Massa y Ricardo Alfonsín.

Es interesante detenerse en el hecho que las estrategias comunicacionales de las “castas”, plagadas de agravios, falsedades y mediocridades, se asemejan a peleas familiares en lugar de debates serios entre políticos, por lo que predominan las referencias personales y genealógicas (Menem, Kirchner, Macri) antes que ideológicas, buscando el efectismo antes que la información. Como en toda pelea familiar cabe la reconciliación, no sorprende que quienes hoy se acusen de mafiosos, mañana integren listas electivas comunes o compartan cargos en el gobierno. Sus altisonancias verbales públicas recuerdan la fábula “Viene el lobo”. Un pastorcito para divertirse gritaba: ¡Socorro, viene el lobo y se come las ovejas! Cuando los vecinos acudían presurosos en su ayuda, el pastorcito se reía de su burla, que repetía habitualmente. Un día apareció un lobo, pero ante los gritos aterrorizados del pastorcito, creyendo una nueva burla, nadie concurrió en su ayuda y el lobo lo devoró. La moraleja de esta fábula es aplicable a nuestros políticos lenguaraces: “Nadie cree a un mentiroso, aunque diga la verdad”.

Analizada bajo esta óptica, lo discursivo adquiere una dimensión que incluye altas dosis de cinismo. Las publicitadas incongruencias entre las feroces críticas de Alberto Fernández al gobierno de Cristina Kirchner, para luego aceptar el cargo de presidente con el que lo ungiera su criticada, muestran que los conflictos entre castas no son ideológicos ni programáticos, sino de poder. Bajo esta óptica cualquier acuerdo es posible, aunque no solucionen el subdesarrollo y la pobreza creciente de los ciudadanos.

Las referencias genealógicas se destacan en las polémicas entre castas. Recientemente el nuevo Ministro de Justicia Martín Soria, en un reportaje dijo que Mauricio Macri es una repetición de su padre Franco, respecto a la relación que tenía con el Estado, la Justicia y los impuestos. Días más tarde el periodista Carlos Pagni recordaba que apenas iniciado el gobierno de Duhalde en el 2002, Carlos Soria, padre del ministro y entonces a cargo de la SIDE, en una reunión en la Casa Rosada propuso una acción distractiva para sortear la indignación de la ciudadanía por el “corralón” de ahorros implementado: “tirarle un muerto al corralito” deteniendo a Domingo Cavallo. A tal efecto tras una reunión con los jueces federales Servini de Cubría, Canicoba Corral, Urso y Bonadío, Cavallo fue detenido en Campo de Mayo por el contrabando de armas, delito por el que fuera condenado el ex presidente Menem, pese a lo cual falleció como senador. Como las castas repiten estrategias, en plena crisis del 2021 se involucran a padres con hijos en este caso, o esposos, hermanos y novias/os en otros. Si se listaran las asociaciones familiares políticas añejas hoy vigentes, la cantidad sería asombrosa. La moraleja de esta historia es que entre castas se amenazan solo para negociar impunidades, no para acordar actos de justicia.

Planteado lo discursivo, cabe reflexionar próximamente lo más grave para la sociedad, referido a cómo las castas ejercen los gobiernos.

Buenos Aires, 14 de abril 2021

Castas, lawfare y AFI (parte 2)

La existencia de castas perennes de tendencia autocrática y acotada legitimidad de representación en estructuras burocráticas de poder, sean políticas, judiciales, gremiales y en menor grado empresarias, explica que los conflictos políticos adquieran más un carácter familiar en defensa de lo propio que del bienestar común. La híbrida teoría del “lawfare” por ejemplo, es un recurso que funcionarios, miembros de la justicia e intermediarios externos asociados para saquear recursos públicos, utilizan para desacreditar a los funcionarios, jueces y fiscales que intentan investigar y sancionar los ilícitos.

Pero las castas no pueden evitar el devenir de los hechos, sean internos o externos, que marcan su irremediable finitud, escenario aún lejano en nuestro país. Uno de ellos es el cambio de un gobierno por otro de distinto signo partidario, que impacta esencialmente en las estructuras del Ejecutivo. Es así como la asunción en diciembre de 2015 de un gobierno distinto al que gobernara desde el 2002, generó expectativas de que los reclamos sociales contra la corrupción serían atendidos. Surgieron entonces innumerables denuncias y evidencias de corrupción a gran escala, y parte del poder judicial demostró que las causas pueden tramitarse y elevarse a juicio oral en los tiempos razonables que establece la ley, disminuyendo las dilaciones y “cajoneos”. El retorno del gobierno kirchnerista a fines del 2019 también hizo su aporte, al transparentar el accionar de los llamados enigmáticamente “operadores o mesas judiciales”, cuando desde altos niveles de gobierno se amenaza y desacredita públicamente a diversos estamentos del poder judicial partícipes en las instancias investigativas de casos de corrupción, espectáculo que incluye a jueces amenazando a otros jueces. Es por ello que la lucha contra la impunidad no es entre independencia de poderes como suele plantearse, sino entre honestos y deshonestos que integran cada uno de dichos poderes.

Otro aporte quizás no deseado del actual gobierno, es explicitar el accionar de los vituperados y siempre útiles servicios de la también enigmática Agencia Federal de Inteligencia (AFI), destacada por tareas menores de espionaje entre castas políticas, y no por su eficacia en la investigación de delitos complejos como los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA, muerte del fiscal Nisman o narcotráfico. La falta de profesionalidad no debiera sorprender, considerando que en sus niveles de conducción rotan diputados en rol de espías (Parrilli, Tailhade, Magdalani), espías que pasan a ser viceministro de Justicia (Mena), un representante de futbolistas (Arribas), o una integrante del poder judicial, la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño. Todo esto mientras se discute cuándo y dónde se reunieron jueces con presidentes. La fiscal Caamaño sumó aportes inéditos en el mundo respecto a servicios de inteligencia: logró que la AFI esté directamente vinculada con causas judiciales tramitadas, hasta ahora, en cuatro juzgados federales distintos. El de Dolores a cargo de Ramos Padilla, ya cerrada, conocida como operativo “puf” de la causa cuadernos; el de Ercolini y fiscal Taiano, que investiga la actuación de la AFI en la muerte de Nisman; y el de Auge, que reemplazó a Villena, y con posible traslado al juzgado de la jueza Capuchetti, y Martínez de Giorgi, ambos por denuncias contra el gobierno anterior por escuchas ilegales a políticos y personajes del mundo del espectáculo inclusive. Obviando que en la actualidad cualquier “hacker” medianamente formado puede interceptar llamadas telefónicas o ingresar en computadoras.

Lo expresado no quiere decir que las causas sean intrascendentes. Por el contrario, de las actuaciones judiciales trascienden aspectos relevantes en cuanto al funcionamiento del organismo. Dos ejemplos: 1) en el caso Nisman se citaron a declarar a 89 agentes de inteligencia activos el día de su muerte; la AFI informó que 64 de ellos ya no trabajaban en el organismo, y que de muchos no tenía domicilio actualizado; 2) de la documentación secreta enviada por la interventora Caamaño al juzgado de Auge, se filtraron nombres y datos de más de 100 espías, algunos con destino en el extranjero, que debieron ser repatriados por riesgo de vida. No menos importante es que en condición de denunciantes o testigos, surgen con nombre y apellido un sinnúmero de personajes desconocidos para la opinión pública (abogados, espías, policías, “inorgánicos” externos), varios con cargos públicos, parásitos subsidiarios de la corrupción dedicados a operaciones rentadas todo terreno, no precisamente para actuar en defensa del interés nacional.  

Es razonable pensar que las repetidas invocaciones por parte de viejas castas políticas a “sanear” los servicios mal llamados de inteligencia son meramente efectistas, y en consecuencia, las causas judiciales en trámite, comenzando por la de Ramos Padilla ya cerrada, jamás llegarán a juicio oral y público. 

Buenos Aires, 07 de marzo 2021

Castas, lawfare y AFI (parte 1)

La problemática de un país en función de sus gobiernos, depende de los oficialismos, oposiciones y corporaciones relacionadas con el poder. Analizarla implica definir un período de evaluación de antecedentes, para identificar actores, políticas aplicadas y sus consecuencias, sean bienestar y desarrollo de los gobernados, o su empobrecimiento y degradación. Dado que una generación se estima en 25 años, período en el que se recuperaron países arrasados por la segunda guerra, como Alemania y Japón entre otros, o tuvieron un desarrollo económico y tecnológico sorprendente como China, hoy compitiendo palmo a palmo con Estados Unidos, cabe preguntarse de qué mojones podríamos partir los argentinos: la asunción presidencial de Perón en el 45 (76 años); su regreso en el 73 (48 años); las asunciones de Alfonsín en el 83 (38 años); de Menem en el 89 (32 años), o de Kirchner en el 2003 (18 años).

Retrotraernos 76 años para partir con Perón en el 45, no solo se justificaría porque su nombre es invocado, con más oportunismo que convicción, para justificar políticas de gobierno y estrategias discursivas contemporáneas, sino por mostrar vigencias políticas y dialécticas sorprendentes. En un discurso pronunciado en Plaza de Mayo en su primera presidencia, ante presiones devaluatorias Perón preguntó a la muchedumbre: “¿Alguno de ustedes vio alguna vez un dólar?”. Siete décadas más tarde, el pasado 24 de marzo nuestra vicepresidenta clamó por terminar con el bimonetarismo (peso/dólar), en lugar de priorizar terminar con la inflación. En la segunda presidencia de Perón, la Memoria del Banco Central de 1952 señalaba que “el volumen de exportaciones se redujo drásticamente debido a los resultados desfavorables de la campaña agrícola producto de la sequía”, provocando una fuerte caída de reservas. En el 2021 nada cambió. La salud de la economía depende de los éxitos y fracasos de los productos exportables del campo, de la ayuda de Dios respecto al clima, y del mundo en relación a los precios. Pese a lo cual subsisten políticos y empresarios prebendarios que plantean “vivir con lo nuestro”, obviamente “sin afectar lo mío”. 

Con esta genealogía, partir de los 38 años transcurridos desde la asunción de Alfonsín (una generación y media), ya no parecería excesivo. De dicho período podría destacarse que por primera vez el justicialismo fue derrotado en las urnas, permanecía un bipartidismo con identidad y extensión territorial que incluía al 92% de los ciudadanos, y se produjo la traumática hiperinflación de 1989. La asunción anticipada de Menem hace 32 años no solo nos aproxima a los 25 años de una generación, sino establece parámetros que se prolongan a la actualidad. Se pueden señalar cuatro: 1) Reforma del Estado; 2) Reforma constitucional de 1994; 3) Inicio de la manipulación de las leyes electorales; 4) La más importante: consolidación de las castas políticas y la corrupción. La reforma del Estado era una exigencia ineludible producto de costos fiscales insostenibles, pobres prestaciones de servicios públicos y una inflación galopante, no de un supuesto neoliberalismo. Dos ejemplos: YPF, empresa emblema, daba pérdidas producto del saqueo a que era sometida por políticos, sindicalistas y proveedores. Asimismo, conseguir teléfono residencial era imposible, al punto que poseerlo incrementaba el valor de venta de las propiedades. Se privatizaron organismos y jubilaciones; se cancelaron regalías con las provincias petroleras (600 millones de dólares a Santa Cruz), se implementaron participaciones accionarias de los trabajadores en empresas privatizadas, ubicando en sus directorios a políticos y sindicalistas defensores del “patrimonio nacional”, que naturalmente, no detectaron el vaciamiento de las empresas. Con el oxígeno de las arcas públicas saneadas e inflación controlada, surgió un clásico de las castas políticas criollas: deseo de reelección, en este caso de Menem. Ello dio lugar a la reforma constitucional de 1994 bajo el subterfugio de una modernización institucional, que derivó en un jubileo para retomar grandes gastos en estructuras políticas superfluas sin beneficios sociales. Se crearon innumerables organismos burocráticos costosos y sin poder de decisión, como defensorías del pueblo, de la tercera edad, del niño, de la mujer, de los derechos humanos, contra la discriminación, y Consejo de la Magistratura para la independencia de la justicia, entre otros. Dichos patrióticos servicios son realizados desde cómodas oficinas con atención en días hábiles, mientras las víctimas “protegidas” sufren el aumento de la pobreza y la ausencia de acción estatal en el lugar de los hechos. En paralelo, comenzaron las manipulaciones de los sistemas electorales para facilitar la permanencia de las castas, y se fueron entretejiendo complicidades para proteger la corrupción estatal-privada.

Los actores principales, sus familiares y descendientes de esta reseña siguen vigentes, por lo que bajo el concepto de “castas” se deberá analizar la actualidad y riesgos futuros. En la próxima reflexión se comprobará que temas supuestamente dispersos como castas, lawfare y Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre otros, están directamente interrelacionados.

Buenos Aires, 31 de marzo 2021

El engaño del lawfare

El designio de la propaganda política es convencer y subyugar, no educar. Sus objetivos se canalizan a través de mensajes breves y supuestamente comprensibles para todos los ciudadanos, con independencia de sus niveles culturales, económicos e ideológicos. En este contexto la estrategia de instalar el vocablo inglés “lawfare”, presenta curiosidades. Se utiliza un término extranjero, y no su traducción para que sea comprendido por todos, lo que supondría cierto elitismo. Tampoco se explica su origen, significado y correcta aplicación del término. Estas intencionadas omisiones responden al objetivo buscado, consistente en que el debate en casos de corrupción se reduzca a creer si hay o no “lawfare”, en lugar de establecer si la teoría del “lawfare” es aplicable.

Para quienes no hablan inglés, habitual en nuestras castas políticas, “lawfare” surge de la contracción gramatical de las palabras law (ley) y warfare (guerra), que traducido al castellano significa guerra judicial. El concepto, más allá de esbozos teóricos anteriores, se comenzó a utilizar a principios del siglo XXI, en relación a problemáticas de seguridad nacional, conflictos armados y situaciones conexas, como la afectación de derechos humanos de los más débiles. Charles Dunlap, abogado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y una vez retirado prestigioso profesor universitario, en un ensayo académico del año 2001 definió al “lawfare” como “el uso o mal uso de la ley como sustituto de los medios tradicionales para lograr un objetivo operativo”. El tema de la corrupción política de los gobiernos no era un factor a considerar, pues se supone que un país debe juzgar su propia corrupción, o solucionar el conflicto institucional que lo impide. La incorporación de la corrupción al “lawfare” se produjo hace escasos años como método de defensa de gobernantes y políticos latinoamericanos enriquecidos, permitiendo que acusados de corrupción, en un escenario de realismo mágico latinoamericano que tan bien describiera García Márquez, puedan gritarle con furia para asustar a los jueces del tribunal que los juzga “esto es lawfare”, sin proclamar inocencia ni justificar enriquecimientos, evasiones fiscales y asociaciones ilícitas entre funcionarios y privados. La versión criolla le agregó el dramatismo de una confabulación contra los acusados de turno de sectores políticos, judiciales, empresariales y periodísticos, y de ser necesario, de potencias extranjeras. De este modo la vaguedad del concepto “lawfare” permite que sin sustentarse en leyes vigentes, sospechados de corrupción deslegitimen el accionar judicial que debe investigar y juzgar. Un ejemplo comprensible ilustra lo señalado.

La llamada causa “cuadernos”, iniciada con el hallazgo de ocho cuadernos del chofer estatal Centeno, tiene actores judiciales (el fallecido juez federal Bonadío  y el fiscal Stornelli entre otros), implicados políticos (varios altos funcionarios), empresarios (incluido un familiar del ex presidente Macri), nexos externos (financistas, intermediarios, abogados), y amplia cobertura de medios de comunicación tildados de no kirchneristas, sean de prensa escrita, como La Nación y su periodista Diego Cabot, y televisiva como la señal TN, del grupo Clarín. Meses más tarde, se inició la causa conocida como operativo “puf” de la causa cuadernos, originada en una denuncia del empresario Etchebest en el juzgado de Dolores. También presenta actores judiciales (el juez Ramos Padilla), implicados políticos (varios ex funcionarios), empresarios (el mencionado Etchebest y otros), nexos externos (el conocido D Alessio, ex agentes de inteligencia, policías, abogados), y medios de comunicación tildados de kirchneristas con amplia cobertura en apoyo de la denuncia, sean de prensa escrita como Página 12, o televisiva como la señal C5N del empresario Cristóbal López, con los periodistas Víctor Hugo Morales y Gustavo Sylvestre.

En cuál de las dos causas hubo “lawfare”? En ninguna, porque la figura penal no existe. Lo que existen y sobradamente, son denunciantes, denunciados, testigos, operadores y elementos de prueba, cuyas verosimilitudes deberán dilucidarse en la única instancia democrática válida: el juicio oral y público. Ambos juicios serán tremendamente ilustrativos para la ciudadanía, porque permitirán conocer a innumerables personajes que interactúan lucrativamente como segundas líneas en ambas causas, lo que es habitual en gobiernos que someten a sus gobernados a vivir en un estado de corrupción permanente.

Buenos Aires, 24 de marzo 2021

Castas como forma de conducción

Los sistemas de gobierno determinan los estilos de conducción política. Lo que pareciera una obviedad deja de serla si se observan las diferencias institucionales, económicas y sociales existentes entre países donde las reglas democráticas predominan sobre las personas, y el poder es ejercido por representantes de los ciudadanos en forma rotativa, o por el contrario, son las instituciones las que se someten a grupos políticos estables que priorizan intereses sectoriales. En el primer caso los que ejercen el poder se identifican como clase política; en el segundo caso, como casta política. Lejos de ser un juego de palabras, esta diferenciación que también se manifiesta en lo discursivo y operativo, permite clarificar las causas del atraso de décadas de nuestro país.

Nuestras castas políticas, instaladas en el marco de una democracia imperfecta y autoritaria, presentan las siguientes características: 1) Permanencia por décadas en cargos públicos privilegiados; 2) Usufructo de recursos públicos, con excesiva carga impositiva; 3) Anomia ideológica, con predominio del interés de la casta; 4) Excepciones legales destinadas a beneficiar a las castas (fueros, sistema electoral); 5) Nepotismo, con elección arbitraria de familiares para ocupar cargos, lo que recuerda una característica histórica de las castas, que es el linaje o herencia familiar; 6) Disolución del principio de división de poderes (ejecutar, legislar y juzgar); 7) Alta corrupción, como consecuencia inevitable al conformarse en el tiempo sólidas cadenas de complicidad. Dado que nuestro sistema no es una dictadura, cabe preguntarse en que instrumentos se apoyan nuestras castas para lograr tamaña perdurabilidad. Inicialmente cabe mencionar tres: a) ausencia de un régimen de coparticipación federal de impuestos, obligación que fue incumplida en la reforma constitucional de1994, lo que genera fuertes dependencias de las provincias con el gobierno central; b) excepcionalidades otorgadas por el legislativo al ejecutivo en base a emergencias económicas, que facilitan arbitrariedades y restricciones democráticas; c) sistema electoral limitativo del derecho ciudadano a elegir a sus representantes, acomodándolo a necesidades de coyuntura (listas cerradas o sábanas; ley de lemas, modificación de calendarios electorales).   

Para subsistir, las castas generan estructuras conservadoras de poder y privilegios, repiten políticas anacrónicas y fracasadas, obtienen adhesiones a través de recursos estatales y practican estrategias discursivas oportunistas, ofensivas y carentes de solidez intelectual. No en vano sus integrantes, con independencia de los niveles de pobreza y subdesarrollo de sus gobernados, gozan de sólidas posiciones económicas, sea en forma legal o a través de la corrupción. Esbozado lo conceptual, es interesante detenernos en lo discursivo, que trasluce que temas priorizan y como argumentan ante la opinión pública las castas. Tres ejemplos, entre tantos que las castas plantean en redes sociales y declaraciones públicas, señala que los intereses que los ocupa son ajenos a las necesidades de una ciudadanía empobrecida y angustiada por la pandemia.  

1) Ante la polémica surgida por la renovación e integración de autoridades del PJ en la provincia de Buenos Aires, Grabois, dirigente piquetero y aspirante a integrar alguna casta, twiteó a quien pretende se respeten los mandatos vigentes: “Estimado Fernando Gray, que yo sepa Máximo es peronista desde que nació y vos militabas en la UCEDE con Alsogaray. La confrontación de ideas siempre suma pero largá el peronómetro y mejorá tu argumento”

2) Horas después que Alberto Fernández confirmara públicamente la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia, aclaró que uno de los posibles sucesores, el diputado Martín Soria (PJ-Río Negro), no tenía raíces kirchneristas porque su hermana María Emilia votó como diputada en el 2017 el desafuero de Julio De Vido, el ex ministro de Planificación expresó en las redes sociales: “Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo. Esto define la miserabilidad inconmensurable de Alberto Fernández”

3) En la reciente interna en la provincia de Córdoba para elegir la nueva conducción provincial del radicalismo, se asociaron el senador Negri y el ex intendente Mestre, que protagonizaran una destructiva interna en el 2019 que les hizo perder la intendencia de la capital cordobesa, para derrotar al postulante Laredo, apoyado por el senador Lousteau. Para las castas es más importante una conducción partidaria que un municipio.

Vale aclarar que todos los partícipes de pujas entre castas no pierden el beneficio de usufructuar privilegiados recursos públicos. Si un ministro renuncia o es echado, pasa a ocupar un destino diplomático u otros cargos.

Buenos Aires, 17 de marzo 2021