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Castas, lawfare y AFI (parte 1)

La problemática de un país en función de sus gobiernos, depende de los oficialismos, oposiciones y corporaciones relacionadas con el poder. Analizarla implica definir un período de evaluación de antecedentes, para identificar actores, políticas aplicadas y sus consecuencias, sean bienestar y desarrollo de los gobernados, o su empobrecimiento y degradación. Dado que una generación se estima en 25 años, período en el que se recuperaron países arrasados por la segunda guerra, como Alemania y Japón entre otros, o tuvieron un desarrollo económico y tecnológico sorprendente como China, hoy compitiendo palmo a palmo con Estados Unidos, cabe preguntarse de qué mojones podríamos partir los argentinos: la asunción presidencial de Perón en el 45 (76 años); su regreso en el 73 (48 años); las asunciones de Alfonsín en el 83 (38 años); de Menem en el 89 (32 años), o de Kirchner en el 2003 (18 años).

Retrotraernos 76 años para partir con Perón en el 45, no solo se justificaría porque su nombre es invocado, con más oportunismo que convicción, para justificar políticas de gobierno y estrategias discursivas contemporáneas, sino por mostrar vigencias políticas y dialécticas sorprendentes. En un discurso pronunciado en Plaza de Mayo en su primera presidencia, ante presiones devaluatorias Perón preguntó a la muchedumbre: “¿Alguno de ustedes vio alguna vez un dólar?”. Siete décadas más tarde, el pasado 24 de marzo nuestra vicepresidenta clamó por terminar con el bimonetarismo (peso/dólar), en lugar de priorizar terminar con la inflación. En la segunda presidencia de Perón, la Memoria del Banco Central de 1952 señalaba que “el volumen de exportaciones se redujo drásticamente debido a los resultados desfavorables de la campaña agrícola producto de la sequía”, provocando una fuerte caída de reservas. En el 2021 nada cambió. La salud de la economía depende de los éxitos y fracasos de los productos exportables del campo, de la ayuda de Dios respecto al clima, y del mundo en relación a los precios. Pese a lo cual subsisten políticos y empresarios prebendarios que plantean “vivir con lo nuestro”, obviamente “sin afectar lo mío”. 

Con esta genealogía, partir de los 38 años transcurridos desde la asunción de Alfonsín (una generación y media), ya no parecería excesivo. De dicho período podría destacarse que por primera vez el justicialismo fue derrotado en las urnas, permanecía un bipartidismo con identidad y extensión territorial que incluía al 92% de los ciudadanos, y se produjo la traumática hiperinflación de 1989. La asunción anticipada de Menem hace 32 años no solo nos aproxima a los 25 años de una generación, sino establece parámetros que se prolongan a la actualidad. Se pueden señalar cuatro: 1) Reforma del Estado; 2) Reforma constitucional de 1994; 3) Inicio de la manipulación de las leyes electorales; 4) La más importante: consolidación de las castas políticas y la corrupción. La reforma del Estado era una exigencia ineludible producto de costos fiscales insostenibles, pobres prestaciones de servicios públicos y una inflación galopante, no de un supuesto neoliberalismo. Dos ejemplos: YPF, empresa emblema, daba pérdidas producto del saqueo a que era sometida por políticos, sindicalistas y proveedores. Asimismo, conseguir teléfono residencial era imposible, al punto que poseerlo incrementaba el valor de venta de las propiedades. Se privatizaron organismos y jubilaciones; se cancelaron regalías con las provincias petroleras (600 millones de dólares a Santa Cruz), se implementaron participaciones accionarias de los trabajadores en empresas privatizadas, ubicando en sus directorios a políticos y sindicalistas defensores del “patrimonio nacional”, que naturalmente, no detectaron el vaciamiento de las empresas. Con el oxígeno de las arcas públicas saneadas e inflación controlada, surgió un clásico de las castas políticas criollas: deseo de reelección, en este caso de Menem. Ello dio lugar a la reforma constitucional de 1994 bajo el subterfugio de una modernización institucional, que derivó en un jubileo para retomar grandes gastos en estructuras políticas superfluas sin beneficios sociales. Se crearon innumerables organismos burocráticos costosos y sin poder de decisión, como defensorías del pueblo, de la tercera edad, del niño, de la mujer, de los derechos humanos, contra la discriminación, y Consejo de la Magistratura para la independencia de la justicia, entre otros. Dichos patrióticos servicios son realizados desde cómodas oficinas con atención en días hábiles, mientras las víctimas “protegidas” sufren el aumento de la pobreza y la ausencia de acción estatal en el lugar de los hechos. En paralelo, comenzaron las manipulaciones de los sistemas electorales para facilitar la permanencia de las castas, y se fueron entretejiendo complicidades para proteger la corrupción estatal-privada.

Los actores principales, sus familiares y descendientes de esta reseña siguen vigentes, por lo que bajo el concepto de “castas” se deberá analizar la actualidad y riesgos futuros. En la próxima reflexión se comprobará que temas supuestamente dispersos como castas, lawfare y Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entre otros, están directamente interrelacionados.

Buenos Aires, 31 de marzo 2021

El engaño del lawfare

El designio de la propaganda política es convencer y subyugar, no educar. Sus objetivos se canalizan a través de mensajes breves y supuestamente comprensibles para todos los ciudadanos, con independencia de sus niveles culturales, económicos e ideológicos. En este contexto la estrategia de instalar el vocablo inglés “lawfare”, presenta curiosidades. Se utiliza un término extranjero, y no su traducción para que sea comprendido por todos, lo que supondría cierto elitismo. Tampoco se explica su origen, significado y correcta aplicación del término. Estas intencionadas omisiones responden al objetivo buscado, consistente en que el debate en casos de corrupción se reduzca a creer si hay o no “lawfare”, en lugar de establecer si la teoría del “lawfare” es aplicable.

Para quienes no hablan inglés, habitual en nuestras castas políticas, “lawfare” surge de la contracción gramatical de las palabras law (ley) y warfare (guerra), que traducido al castellano significa guerra judicial. El concepto, más allá de esbozos teóricos anteriores, se comenzó a utilizar a principios del siglo XXI, en relación a problemáticas de seguridad nacional, conflictos armados y situaciones conexas, como la afectación de derechos humanos de los más débiles. Charles Dunlap, abogado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y una vez retirado prestigioso profesor universitario, en un ensayo académico del año 2001 definió al “lawfare” como “el uso o mal uso de la ley como sustituto de los medios tradicionales para lograr un objetivo operativo”. El tema de la corrupción política de los gobiernos no era un factor a considerar, pues se supone que un país debe juzgar su propia corrupción, o solucionar el conflicto institucional que lo impide. La incorporación de la corrupción al “lawfare” se produjo hace escasos años como método de defensa de gobernantes y políticos latinoamericanos enriquecidos, permitiendo que acusados de corrupción, en un escenario de realismo mágico latinoamericano que tan bien describiera García Márquez, puedan gritarle con furia para asustar a los jueces del tribunal que los juzga “esto es lawfare”, sin proclamar inocencia ni justificar enriquecimientos, evasiones fiscales y asociaciones ilícitas entre funcionarios y privados. La versión criolla le agregó el dramatismo de una confabulación contra los acusados de turno de sectores políticos, judiciales, empresariales y periodísticos, y de ser necesario, de potencias extranjeras. De este modo la vaguedad del concepto “lawfare” permite que sin sustentarse en leyes vigentes, sospechados de corrupción deslegitimen el accionar judicial que debe investigar y juzgar. Un ejemplo comprensible ilustra lo señalado.

La llamada causa “cuadernos”, iniciada con el hallazgo de ocho cuadernos del chofer estatal Centeno, tiene actores judiciales (el fallecido juez federal Bonadío  y el fiscal Stornelli entre otros), implicados políticos (varios altos funcionarios), empresarios (incluido un familiar del ex presidente Macri), nexos externos (financistas, intermediarios, abogados), y amplia cobertura de medios de comunicación tildados de no kirchneristas, sean de prensa escrita, como La Nación y su periodista Diego Cabot, y televisiva como la señal TN, del grupo Clarín. Meses más tarde, se inició la causa conocida como operativo “puf” de la causa cuadernos, originada en una denuncia del empresario Etchebest en el juzgado de Dolores. También presenta actores judiciales (el juez Ramos Padilla), implicados políticos (varios ex funcionarios), empresarios (el mencionado Etchebest y otros), nexos externos (el conocido D Alessio, ex agentes de inteligencia, policías, abogados), y medios de comunicación tildados de kirchneristas con amplia cobertura en apoyo de la denuncia, sean de prensa escrita como Página 12, o televisiva como la señal C5N del empresario Cristóbal López, con los periodistas Víctor Hugo Morales y Gustavo Sylvestre.

En cuál de las dos causas hubo “lawfare”? En ninguna, porque la figura penal no existe. Lo que existen y sobradamente, son denunciantes, denunciados, testigos, operadores y elementos de prueba, cuyas verosimilitudes deberán dilucidarse en la única instancia democrática válida: el juicio oral y público. Ambos juicios serán tremendamente ilustrativos para la ciudadanía, porque permitirán conocer a innumerables personajes que interactúan lucrativamente como segundas líneas en ambas causas, lo que es habitual en gobiernos que someten a sus gobernados a vivir en un estado de corrupción permanente.

Buenos Aires, 24 de marzo 2021

Castas como forma de conducción

Los sistemas de gobierno determinan los estilos de conducción política. Lo que pareciera una obviedad deja de serla si se observan las diferencias institucionales, económicas y sociales existentes entre países donde las reglas democráticas predominan sobre las personas, y el poder es ejercido por representantes de los ciudadanos en forma rotativa, o por el contrario, son las instituciones las que se someten a grupos políticos estables que priorizan intereses sectoriales. En el primer caso los que ejercen el poder se identifican como clase política; en el segundo caso, como casta política. Lejos de ser un juego de palabras, esta diferenciación que también se manifiesta en lo discursivo y operativo, permite clarificar las causas del atraso de décadas de nuestro país.

Nuestras castas políticas, instaladas en el marco de una democracia imperfecta y autoritaria, presentan las siguientes características: 1) Permanencia por décadas en cargos públicos privilegiados; 2) Usufructo de recursos públicos, con excesiva carga impositiva; 3) Anomia ideológica, con predominio del interés de la casta; 4) Excepciones legales destinadas a beneficiar a las castas (fueros, sistema electoral); 5) Nepotismo, con elección arbitraria de familiares para ocupar cargos, lo que recuerda una característica histórica de las castas, que es el linaje o herencia familiar; 6) Disolución del principio de división de poderes (ejecutar, legislar y juzgar); 7) Alta corrupción, como consecuencia inevitable al conformarse en el tiempo sólidas cadenas de complicidad. Dado que nuestro sistema no es una dictadura, cabe preguntarse en que instrumentos se apoyan nuestras castas para lograr tamaña perdurabilidad. Inicialmente cabe mencionar tres: a) ausencia de un régimen de coparticipación federal de impuestos, obligación que fue incumplida en la reforma constitucional de1994, lo que genera fuertes dependencias de las provincias con el gobierno central; b) excepcionalidades otorgadas por el legislativo al ejecutivo en base a emergencias económicas, que facilitan arbitrariedades y restricciones democráticas; c) sistema electoral limitativo del derecho ciudadano a elegir a sus representantes, acomodándolo a necesidades de coyuntura (listas cerradas o sábanas; ley de lemas, modificación de calendarios electorales).   

Para subsistir, las castas generan estructuras conservadoras de poder y privilegios, repiten políticas anacrónicas y fracasadas, obtienen adhesiones a través de recursos estatales y practican estrategias discursivas oportunistas, ofensivas y carentes de solidez intelectual. No en vano sus integrantes, con independencia de los niveles de pobreza y subdesarrollo de sus gobernados, gozan de sólidas posiciones económicas, sea en forma legal o a través de la corrupción. Esbozado lo conceptual, es interesante detenernos en lo discursivo, que trasluce que temas priorizan y como argumentan ante la opinión pública las castas. Tres ejemplos, entre tantos que las castas plantean en redes sociales y declaraciones públicas, señala que los intereses que los ocupa son ajenos a las necesidades de una ciudadanía empobrecida y angustiada por la pandemia.  

1) Ante la polémica surgida por la renovación e integración de autoridades del PJ en la provincia de Buenos Aires, Grabois, dirigente piquetero y aspirante a integrar alguna casta, twiteó a quien pretende se respeten los mandatos vigentes: “Estimado Fernando Gray, que yo sepa Máximo es peronista desde que nació y vos militabas en la UCEDE con Alsogaray. La confrontación de ideas siempre suma pero largá el peronómetro y mejorá tu argumento”

2) Horas después que Alberto Fernández confirmara públicamente la salida de Marcela Losardo del Ministerio de Justicia, aclaró que uno de los posibles sucesores, el diputado Martín Soria (PJ-Río Negro), no tenía raíces kirchneristas porque su hermana María Emilia votó como diputada en el 2017 el desafuero de Julio De Vido, el ex ministro de Planificación expresó en las redes sociales: “Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo. Esto define la miserabilidad inconmensurable de Alberto Fernández”

3) En la reciente interna en la provincia de Córdoba para elegir la nueva conducción provincial del radicalismo, se asociaron el senador Negri y el ex intendente Mestre, que protagonizaran una destructiva interna en el 2019 que les hizo perder la intendencia de la capital cordobesa, para derrotar al postulante Laredo, apoyado por el senador Lousteau. Para las castas es más importante una conducción partidaria que un municipio.

Vale aclarar que todos los partícipes de pujas entre castas no pierden el beneficio de usufructuar privilegiados recursos públicos. Si un ministro renuncia o es echado, pasa a ocupar un destino diplomático u otros cargos.

Buenos Aires, 17 de marzo 2021

Grieta: Nun o Fernández?

Nuevamente dos hechos casi simultáneos y supuestamente independientes, muestran con claridad el uso político del término “grieta”. Uno de ellos fue el discurso anual de apertura de sesiones legislativas pronunciado por el presidente Fernández, en una escenografía inédita causada por la pandemia: escasos legisladores presentes en el recinto, varios a distancia reflejados en pantallas, y ausencia de barras bullangueras. Dicha sobriedad ambiental facilitó comprobar que el mensaje no fue dirigido “al gran pueblo argentino”, respondiendo a temas de interés común de una sociedad afectada por la pandemia y sumida en una crisis económica estructural, sino a pujas entre castas políticas, muchas de ellas relacionadas con lo delictivo y la impunidad.

El hecho podría asimilarse a una representación teatral en la que los actores en el escenario (en este caso políticos), en lugar de satisfacer al público asistente (en este caso los ciudadanos), lo ignoran para enfrascarse en acusaciones y amenazas por cuestiones personales. Por ello a un año de ejercer el gobierno, salvo por algunas cifras sin datos y programas que las sustenten, el mensaje no aporta definiciones concretas para el corto plazo (año 2021), y mediano plazo (fin de mandato en el 2023). En su lugar, se realizaron explícitos y rotundos ataques a opositores, miembros del Poder Judicial y medios de opinión, bajo la atenta mirada de una de las procesadas en causas judiciales: la vicepresidenta de la Nación. Resulta evidente que no existe una grieta real que interrelacione los intereses de los actores en el escenario y los de los espectadores en la sala, a los que solo les resta la indignación por el pobre espectáculo brindado. Pero tampoco pueden existir “grietas” insalvables entre quienes conviven desde hace décadas en el escenario, sino las habituales pujas de intereses particulares que los clásicos pandilleros suelen resolver sin sutilezas, cuando plantean eliminar a un juez o fiscal que los pueden condenar, para sustituirlos por otros que les aseguren la absolución. O llegados a un punto crítico, apelar a la clásica amenaza de las novelas policiales: “si yo caigo, vos caes conmigo”.

De esta metáfora teatral, cabe rescatar a uno de los anónimos espectadores (ciudadanos), ubicados en la platea. Cinco días ante del discurso de Alberto Fernández, fallecía el abogado y politólogo argentino José Nun, secretario de Cultura de la Nación entre 2004 y 2009 (gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner), y pensador de izquierda. Su relevancia no consiste en establecer su participación en un gobierno o su ideología, sino destacar su condición de brillante pensador de los problemas argentinos y de la democracia, entre otros aspectos. En sus últimos días se dedicó a estudios centrados en una “Renta básica universal” y “Reforma fiscal progresiva”, con una claridad propositiva envidiable, imposible de encontrar en las permanentes, caóticas y oportunistas reformas impositivas de nuestros legisladores. Salvo que estemos inmersos en una masa amorfa identificada con camisas político-gremiales negras, pardas, verdes, azules, o controlemos precios y vacunemos con pecheras políticas, con pensadores políticos como Nun es impensable que existan “grietas” irracionales, sino saludables aprendizajes y debates. De su agudeza analítica se rescata la descripción que hace de los políticos criollos: “En las zonas cálidas abundan los peces voladores, que saltan casi un metro fuera del agua y planean unos 200 metros antes de volver a sumergirse. Lo hacen para huir de sus atacantes marinos. Tienen un aire de familia con el planeo de muchos de nuestros políticos. Estos lanzan ideas voladoras, que tampoco llegan demasiado lejos, pero les sirven para salir a la superficie, esquivar a sus críticos y entretener a sus seguidores”

El discurso de Fernández sin embargo, lejos de ser leído como un recurso de entretenimiento, implica una avanzada institucional desesperada cuyo resultado definirá si se mantendrá la corrupción e impunidad que desde hace décadas genera atraso y pobreza, o se verá definitivamente erradicada mediante juicios orales y públicos. Sus supuestas contradicciones y planteos de imposibles implementación no son errores discursivos, sino concordantes con el objetivo inmediato que no es el de informar, sino amenazar, asustar y confundir. En esta instancia la única “grieta” explícita y ancestral, es la que divide entre honestos y deshonestos; entre servidores públicos y apropiadores de lo público, sean políticos, legisladores, jueces, fiscales, funcionarios, sindicalistas o empresarios. Especial atención merecerán quienes se presentan como opositores, y a la hora de negociar impunidad con el poder, se transforman en aliados, independientes y otros híbridos. Por el momento no exijamos la presencia de estadistas.

Buenos Aires, 10 de marzo 2021

Payasadas vacunatorias

Hay dos formas de diseñar los temidos títulos de los medios de comunicación: describir sintéticamente un hecho o transcribir textualmente declaraciones. En el caso de las polémicas generadas por las “vacunas políticas VIP”, descripto el hecho, cabe detenerse en las declaraciones y actitudes. A fin de no succionar nuevamente los chupetes adormecedores de la “grieta” comercializados por las castas políticas, tales como “yo robé, pero Macri también”, o “vacunamos a los amigos, pero Larreta entregó vacunas a obras sociales privadas”, es necesario clarificar el contexto.  

El chupete más tradicional y preferido por los gobernantes en dificultades es “esta es una operación de la oposición y medios de comunicación”. Vaya novedad; los sucesos escandalosos serán aprovechados por las oposiciones de turno y resaltados por los medios de difusión. Pero lo importante es que el hecho existió. Tras lo cual desfilan estrategias discursivas exculpatorias basadas en el engaño (personal estratégico), la amenaza (calificar de payasesco el accionar judicial), o el cinismo (yo no sabía que estaba mal). El análisis sin embargo no puede partir de la indignación, que especialmente en el campo político puede ser real, simulada o sobreactuada. Es necesario encuadrar el suceso y sus implicancias partiendo de clarificar los conceptos básicos de corrupción, tipificaciones penales, ética, moral y eficacia administrativa.

Corrupción, en su raíz indo-europea significa arrebatar, alterar. Los niveles de arrebatos varían: pueden ser billeteras, vacunas, recursos públicos, vidas. Dentro de las tipificaciones penales, entre otras se mencionan el incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, que algún profesor de derecho definió como “payasadas”. En cuanto la ética, que estudia la bondad o maldad de los comportamientos humanos individuales, y la moral, que analiza las costumbres de una sociedad, a diferencia de la ley, desobedecer sus normas no implica sanciones. La eficacia administrativa finalmente, debiera considerar que a nuestros representantes públicos, en especial políticos, no se les exige cumplir con los requisitos legales, éticos, morales y de formación profesional necesarios. Es sabido y confesado el desprecio por el mérito para ejercer cargos políticos, la práctica desaforada del nepotismo y amiguismo para cubrir cargos negando a la ciudadanía igualdad de oportunidades vía concursos abiertos, las prebendas legislativamente institucionalizadas, y la lucha despiadada de los más altos niveles políticos para lograr impunidad judicial.

Con estos antecedentes, el derecho a la indignación podría aceptarse inicialmente en los ciudadanos comunes carentes de privilegios, con excepción de aquéllos que aún adhieran a la teoría “roba pero hace”. No en vano se considera que en nuestro país rige desde hace décadas una corrupción que nos es circunstancial sino sistemática e institucionalizada, lo que nos inserta en un “estado de corrupción”. Por ello el análisis debiera resaltar que lo relevante del caso “vacunas VIP” no es la confesión de Verbitsky, sino que el hecho fuera promovido y ocultado por cientos de funcionarios, políticos, gremialistas y periodistas, en una complicidad recurrente para usufructuar privilegios y proteger corrupciones. Lo que hace al hecho peculiar, es que se produce en el marco de una pandemia inédita, donde compiten cara a cara la vida y la muerte.

Por ello es adecuado utilizar nuevamente como metáfora para evaluar actitudes políticas la tragedia del Titanic, que presenta tres claras y concurrentes similitudes: 1) Soberbia discursiva (en ese entonces se planteaba que el trasatlántico era insumergible); 2) impericia conductiva (se priorizó el tiempo de duración del viaje por sobre el riesgo de los icebergs); 3) exhibición de privilegios (durante el naufragio los insuficientes botes salvavidas los ocuparon los pasajeros de primera clase). En nuestra versión criolla, los escasos botes, hoy vacunas, los ocuparon muchos de nuestros políticos proclamadores de la justicia social y defensores de los que menos tienen, incumpliendo un acto elemental de verdadera solidaridad y dignidad ante una catástrofe: salvar primero a las mujeres, ancianos y niños.  

Buenos Aires, 03 de marzo 2021

De Menem a Tailhade

Dos hechos independientes presentan aspectos que debidamente asociados, permiten entender las estrategias empleadas para mantener por décadas la impunidad en causas de corrupción. Deben analizarse en un marco dentro del cual no solo son culpables quienes lo parecen, sino también quienes simulan ser inocentes y prebendas mediante, dejan hacer o votan para encubrir.

Casi en simultáneo con el deceso del ex presidente Menem, el diputado oficialista Tailhade denunció al diputado Fernando Iglesias y al ex funcionario De Andreis, ambos de Cambiemos, por presunto enriquecimiento ilícito. Para no caer en la trampa ocultista de la “grieta”, en lugar de desacreditar las denuncias  acusando a Tailhade de operador político o denunciador serial, es relevante utilizarlas para formular análisis más creativos que permitan desnudar estrategias para lograr impunidad. Más aun cuando como nunca antes desde la recuperación de la democracia en 1983, la lucha entre protectores y desactivadores de impunidades es pública y notoria. Ambas denuncias, que recayeron en el juzgado federal de Sebastián Casanello y el fiscal Di Lello, apuntan a la única figura penal en que la inocencia debe ser probada por los acusados, quienes deberán aportar la documental que justifique su incremento patrimonial, y en tiempos que se suponen acotados, la justicia certifique su veracidad con peritaje incluido de ser necesario, y emita dictamen. A partir de esta simplicidad enunciativa surgen las irregularidades y/o complicidades, que incluyen al Consejo de la Magistratura. Los antecedentes sancionatorios en este delito básico son prácticamente inexistentes. Por el contrario, existen absoluciones escandalosas, o “cajoneo” de expedientes para que las causas caigan en el olvido o cierren con prescripciones.

El reciente deceso del ex presidente Menem resulta paradigmático al respecto. En el año 2000 fue denunciado por enriquecimiento ilícito por orden del entonces vicepresidente de la Alianza Carlos Alvarez, recayendo la causa en el juzgado del juez Oyarbide, hoy ocupado por la jueza Capuchetti. Transcurridos casi 22 años, el caso no solo no tiene sentencia, sino como en una broma macabra, a la fecha la jueza está esperando que la pericia contable le sea entregada. Esta situación se replica en centenares de investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios, con recordadas excepciones condenatorias, como la aplicada a María Julia Alsogaray. Surge entonces la evidencia que muchas denuncias lejos de perseguir un fin moral de justicia, con eventual sanción y resarcimiento, son clásicas estrategias de apriete y encubrimiento para negociar impunidades. No es un fenómeno nuevo. El difundido accionar del crimen organizado en EE.UU. a partir de la década del 20 se basaba no solo en el crimen, sino en el apriete, el miedo, el silencio, la complicidad, con la imprescindible cobertura política, judicial y policial. Pero cuando las luchas llegaban a la instancia de poner en riesgo sus negocios, para mantenerlos los jefes de las principales bandas formaban consejos que acordaban repartirse territorios de influencia. Salvo el crimen, usado excepcionalmente, en la corrupción política actual el resto de los instrumentos siguen vigentes.

No es entonces contradictorio que quienes desacreditan y amenazan a miembros de la justicia por actuar y sancionar hechos de corrupción política, presenten ante la misma justicia denuncias por corrupción contra adversarios, pretendiendo  masificar responsabilidades y negociar impunidad. Para practicar este juego perverso, las castas políticas legislaron para sí privilegios que envidiarían los delincuentes de antaño, por los que procesados y condenados pueden legislar y ocupar cargos públicos, lo que les permite utilizar las denuncias cruzadas sin costo alguno. Por ello la sociedad no se debe dejar engañar con la grieta y el abstracto “lawfare”, y en este caso como en todos los que se presenten, exigir que los integrantes de Cambiemos o de cualquier agrupación demuestren su inocencia, y la justicia cumpla con los plazos procesales establecidos.

La cita de Menem arroja otra enseñanza. El ex presidente, muchas veces vituperado por propios y extraños, asumió en 1989 y murió como senador. Su denunciante y ex vicepresidente Carlos Alvarez, uno de los grandes responsables de la crisis 2001-2002, permanece premiado con diversos cargos diplomáticos. Esta asombrosa perdurabilidad se repite con muchos otros funcionarios que no ocupan las primeras planas periodísticas (especialmente en destinos diplomáticos y en miles de asesorías), cuyas ideologías maleables les permitieron permanecer por décadas en cargos públicos privilegiados de distintos gobiernos. Esto es lo que se conoce como castas políticas, que no tienen “grietas” para negociar prebendas.

Buenos Aires, 24 de febrero 2021

Juego precios y salarios

Un juego tiene como fin proporcionar entretenimiento a los jugadores, con reglas preestablecidas. Desde hace décadas en nuestro país se practica el llamado “Precios y salarios” con la entusiasta participación de políticos, empresarios y sindicalistas, pese a que invariablemente ningún jugador arriba a la meta establecida. Para explicar a la ciudadanía este misterio, se apelará al viejo juego “batalla naval”, por su popularidad y sencillez.  

Para participar basta  que cada jugador posea un lápiz y una hoja cuadriculada con columnas verticales identificadas con números y horizontales con letras. Dentro de la cuadrícula se dibujan rectángulos que según la cantidad de casilleros contiguos que ocupen, serán portaviones, acorazados o lanchas. Cuando un jugador canta una posición (ejemplo C5), los restantes deben marcarla en su hoja, y manifestar sus consecuencias: agua, nave dañada o hundida, en caso que se haya impactado en todos los casilleros de la nave. La versión criolla adolece de un tradicional vicio: los jugadores suelen mentir, y cuando una nave es impactada, los afectados cantan “agua”. El no cumplimiento del requisito de veracidad obliga a establecer una referencia temporal para dar por terminado el juego, y comenzar a verificar daños y mentiras. Este año se adoptó el rumbo de colisión del Titanic contra un témpano de hielo ubicado en las coordenadas de octubre, mes de las elecciones nacionales. A mayores engaños de los jugadores, más firme se mantendrá la posibilidad de colisión. Esta metáfora no se aleja de la realidad; el gremio bancario cerró su paritaria del 2021 con un aumento del 29% (más otros beneficios), pero por nueve meses, o sea, hasta octubre. La elección de este juego en el que el éxito depende del azar, se debe a que los gobiernos carecen de un plan que interrelacione a todos los sectores y objetivos, por lo que los acuerdos son sin cambios estructurales e invocaciones místicas de corto plazo.  

Tras la foto de rigor, con los participantes convocados al evento expresando el deseo de no defraudar las expectativas de los espectadores argentinos, y en especial de los que “menos tienen” (esta frase la agrega la oficina de prensa), se inicia el juego con la máxima autoridad política presente, usualmente el ministro de economía, cantando con voz clara que la inflación del 2021 será del 29% (casillero D4). Al unísono y entre carcajadas, el resto de los avezados jugadores responden: agua. De inmediato se abre un fuego cruzado entre las fuerzas en pugna, para definir si ganan más quienes tienen vacas lecheras o los que venden leche envasada; quiénes comercializan ganado en pie o las carnicerías y supermercados; quiénes producen trigo, o los que venden pan en mostrador. De pronto, empresarios y sindicalistas concentran fuego en las naves estatales, preguntando cuál es el porcentaje de impuestos en los precios, y quiénes afrontan el déficit fiscal. Para evadir la encerrona, pícaramente los funcionarios ocultan ministerios, organismos inservibles y miles de asesores, entre otras mercaderías, en submarinos no declarados. El fragor del combate se intensifica, con variado tipo de objetivos: valor del dólar (E3), déficit fiscal (A7); presión impositiva (C8), grandes ganancias empresarias (F4), legislación laboral añeja (G1), subsidios varios (J4), créditos oficiales incobrables (H9), vivir con lo nuestro (L2); evasiones fiscales consentidas (R9). Ante cada impacto los jugadores afectados, impávidos, cantan “agua”. Por ejemplo, las crónicas registran que no participaron de la apertura del juego los dueños de empresas, con excepción de Madanes Quintanilla de Aluar y Teddy Karagozian del sector textil. El primero tiene como insumo básico al aluminio, que fluctúa con el dólar; el segundo representa a una industria nacional que aunque no tiene competencia de importación, tuvo aumentos superiores al 60% en la vestimenta. Seguramente, salvo que algún jugador lo desmienta, ambos cantaron “agua”.

Una vez más el resultado será inevitable: tras el voto de la ciudadanía en octubre, el Titanic argentino impactará contra el inmutable témpano. Tras la catástrofe, la aleccionadora metáfora continúa. Los escasos botes salvavidas los ocuparán las privilegiadas castas dirigentes políticas, sindicales y empresariales, las que retomarán el juego de la “batalla naval” previo a las elecciones del 2023. Por su parte muchos de los ciudadanos transportados en tercera clase bajo cubierta perecerán, y los sobrevivientes seguirán con las heladeras vacías y las parrillas sin usar.

Buenos Aires, 17 de febrero 2021

Léxico, imagen y contexto

Para desarmar las anacrónicas estrategias discursivas sostenidas por nuestras conservadoras castas políticas, se deben comentar cuatro herramientas que estructuran a los mensajes: ideología, léxico, imagen y contexto. Oportunamente se analizó que la ideología dejó de otorgar identidad, debido a la extinción de partidos de alcance nacional y las fluctuantes asociaciones electorales. Respecto al léxico, conocer el significado de cada palabra es esencial para clarificar conceptos. Por ejemplo, sustituir “clase” política por el de “casta” política, permite entender la perpetuación de las dirigencias responsables del atraso. Resta comentar imagen y contexto.

La imagen es un conjunto de percepciones de objetos reales o imaginarios. Su utilización política la destacó el pensador Giovanni Sartori, al señalar la transición del “homo sapiens” (hombre    que sabe), a la del “homo videus” (hombre que ve). Si bien el corazón de una campaña es el candidato, el corazón del candidato es su imagen, en la que juegan no solo los aspectos visibles (rasgos, gestos), sino también subyacentes (pasado, actitudes). El riesgo de decidir adhesiones basados solo en lo audiovisual, lo explicitó Maquiavelo hace más de 500 años, cuando le dijo al príncipe: “Cada uno ve lo que parece, pero pocos palpan lo que eres”. El contexto es una suma de circunstancias pasadas y presentes que rodean a los acontecimientos y mensajes (tiempo, lugar, situación, antecedentes), los cuales deben evaluarse adecuadamente para emitir un juicio. Dado que individualmente se optará por determinados aspectos de la ideología, léxico, imagen y contexto, las conclusiones no serán irrebatibles, pero deberían tener una trazabilidad racional, de la que habitualmente carece el discurso político. Ello permitirá que el ciudadano se transforme en analista activo, en lugar de receptor pasivo.

Un ensayo se podría aplicar a los mensajes del presidente Fernández, máxima autoridad del gobierno, juzgados como confusos y contradictorios. Su ideología es de origen peronista, habiendo participado en sucesivas internas que atravesaron los gobiernos de Menem, Duhalde y Kirchner. Su imagen responde a un funcionario con rasgos clásicos en el vestir y hablar, con un léxico de estilo docente antes que de barricada. Cobran relevancia los aspectos subyacentes de la imagen. Desempeñó solo cargos políticos, salvo cuando fue legislador porteño por el partido de Domingo Cavallo, durante tres años. Nunca encabezó agrupaciones políticas propias, y actuó como jefe de campaña de candidatos justicialistas. Por sus nexos docentes y políticos, se le adjudica la condición de operador en el ámbito judicial, y es habitual concurrente a programas de opinión, en los que se desempeña con desenvoltura. Con estos datos, la utopía de que se conforme un “albertismo” es fácticamente inexistente. Estas condiciones seguramente fueron evaluadas por Cristina Kirchner, cuando en mayo de 2019 los designó como candidato a presidente, reservándose ella la vicepresidencia, o sea, la presidencia del Senado. Las críticas de Fernández a su gestión presidencial fue un detalle menor en relación a los tres objetivos buscados: ganar la elección nacional (se cumplió), lograr inmunidad judicial y refinanciar la deuda externa (pendientes). A poco más de un año de gobierno, cabe analizar la dificultad en alcanzar los dos objetivos faltantes.

En primer lugar, Fernández no fue ni será un títere; asumió un compromiso con reglas de juego que intenta cumplir. Pero se obvió considerar el cambio de contexto. Un operador judicial tiene eficacia como intermediario entre el poder y la justicia, en conversaciones informales que amenazantes o distendidas, estén alejadas de la luz pública. No las puede realizar quien encabeza el poder; menos aun cuando las causas de corrupción son ampliamente conocidas como para abortarlas sin altísimos costos y consecuencias (caso del juez Obligado con el condenado Boudou). Si para lograrlo Cristina transfiere el poder a Fernández, en temas judiciales Fernández pasa a ser Cristina. En cuanto a la renegociación de la deuda, el ministro de economía está imposibilitado de darle un curso técnico a la gestión por las profundas contradicciones dentro de la alianza gobernante. En ambos acuerdos pendientes, Fernández intenta cumplirlos pero se ve imposibilitado por causas ajenas. Con el agravante de la proximidad de un hecho que las castas políticas priorizan por sobre cualquier urgencia: las elecciones nacionales

Este contexto es el que explica acciones y discursos presidenciales cambiantes, confusos y contradictorios. Pasó del distendido ámbito de las gestiones reservadas y asesorías diversas, a ser la cara visible de divergencias propias y ajenas. Se transformó en una víctima de no creer en un plan de gobierno, del que el país carece desde hace décadas. En tanto, los esfuerzos de las castas políticas se concentran en mantener privilegios, aumentar impuestos y negociar impunidad.

Buenos Aires, 10 de febrero 2021

La tapa de los labios

Es conocida la preocupación que genera en muchos políticos “las tapas de los diarios”, dada su incidencia en la opinión pública. Con encabezados adecuadamente diseñados, en pocas palabras suelen plantear temas incómodos para el poder, que solo atina a desacreditar a los medios, financiar a los oficialistas, o en dictaduras, acallar las disidencias. Sin embargo, muchas de esas tapas mediáticas se basan en las tapas de los labios a cargo de dirigencias políticas, cuyos mensajes son igualmente breves y elaborados, que pueden tener a personajes delirantes como acompañamiento coral.

Las tapas de los diarios son leídas por todos los sectores sociales, no así las páginas interiores que desarrollan los temas enunciados. Lo mismo sucede con frases del discurso político (tapas de los labios). A esta similitud entre medios privados y mensajes políticos, les comprende por igual las opciones de veracidad, profesionalidad, falacia, engaño, mentira. Como la herramienta comunicacional es el léxico, a las palabras hay que darles inicialmente un significado, para luego analizar el contenido y desentrañar mensajes. En el campo político, este juego combinatorio de palabras para elaborar el discurso se diseña en función de principios básicos de propaganda, que no deben confundirse con marketing. Se busca impactar en la sociedad desde lo emocional (creo/no creo; me gusta/no me gusta), y no desde lo racional (porqué; en base a qué). De allí que desarmar las falacias discursivas de los mensajes, exige que los ciudadanos receptores abandonen la pasividad receptiva emocional, para analizarlos compitiendo desde lo racional. Las fichas del juego son las mismas: el léxico.

Reemplazar la expresión “clase política” por “casta política”, permite entender porque en un país en continua decadencia permanecen inmutables las dirigencias responsables; explica la razón de la rutinaria manipulación de los sistemas electorales, las interpretaciones capciosas que protegen a los políticos acusados de delitos, y los acuerdos por privilegios estatales de los que carecen los ciudadanos comunes. Y transparenta que en las castas la famosa “grieta” solo son pujas circunstanciales de poder, que pueden concluir con las más asombrosas asociaciones electorales. De igual modo, la estrategia que combina las palabras “presos” y “políticos”, con supuestos distintos significados según se ordenen como presos políticos o políticos presos, omite lo esencial, que es el motivo: delitos económicos contra el Estado. Los verdaderos presos políticos son detenidos por oponerse a regímenes dictatoriales, no por enriquecerse con fondos públicos.

Por ello, para reformular el anquilosado y repetido léxico político que mantienen acciones de gobierno igualmente nocivas y anacrónicas, es más importante identificar las falacias, que son argumentaciones psicológicamente persuasivas pero inexactas, antes que debatir con personajes secundarios o impresentables que aportan a las estrategias de confusión. De este modo se podrá lograr que la sociedad vaya imponiendo temas en la agenda institucional, en lugar de someterse pasivamente a fluctuantes y personalistas intereses de quienes buscan mantener privilegios, disfrazados de derecha, centro o izquierda. Las multitudinarias convocatorias contra la impunidad en casos de corrupción, es un ejemplo.

Dado que la política es el único medio a través del cual las sociedades se organizan, un diagnóstico realista es imprescindible como punto de partida para lograr cambios esperanzadores. Existen camadas de políticos capacitados y honestos, pero lamentablemente el devenir de nuestro país indica que hasta el momento para la toma de decisiones virtuosas son minoría. En esta tarea las abstracciones conceptuales deben acompañarse con referencias tangibles. Por ello en lo inmediato se debe concentrar la atención ciudadana en el accionar de solo 355 nombres políticos que tienen el poder para acordar y decidir: presidente, vice presidente, 24 gobernadores, 257 diputados y 72 senadores. Prestando atención a como ejecutan y votan, no a como declaran.

Buenos Aires, 03 de febrero 2021

Desde los extremos a la nada

Para desactivar un sistema político de raigambre conservadora que repite actores y fracasadas metodologías de gobierno desde hace décadas, es necesario reformular conceptos discursivos falaces utilizados por las castas políticas, que recuerdan cuando en la obra El Gatopardo, ante la desazón del príncipe de Salina por el desembarco de las tropas de Garibaldi en Sicilia, preanunciando un cambio de época respecto a las aristocracias, su sobrino le aconseja: “Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie” La versión criolla de esta estrategia la expresan quienes habiendo gobernado durante décadas provocando atraso y pobreza, cuando retornan al poder prometen “reconstruir al país”.

A diferencia de épocas pasadas, en las que el poder modelaba sociedades sustentado en la fuerza y en los feudos, en la modernidad se utiliza como factor aglutinador y/o diferenciador a las ideologías, entendidas como un conjunto de ideas y postulados compartidos que definen un pensamiento político. Pero que asociadas al poder, actúan como elemento de identidad antes que de intelectualidad, siendo trasladadas a los ciudadanos a través de mensajes breves y estrategias comunicacionales que apelan a lo simbólico y grandilocuente (peronismo, pueblo, Patria, Solidaridad), antes que a clarificaciones ideológicas. Es así como se usufructúa la memoria de Perón, fallecido hace 47 años, para involucrarlo en los intereses contemporáneos, o la memoria del libertador Simón Bolívar para asociarlo al régimen dictatorial de Venezuela. Paradójicamente, las ideologías extremas, sean de izquierda como el comunismo de Stalin, o de derecha como el fascismo de Hitler, presentan enormes similitudes. Fueron totalitarias y sangrientas, expansionistas, de pensamiento único, racistas, promotoras de fanatismo y culto a la personalidad.

Pero como en democracia la ideología debe competir con las consecuencias del hacer y el desarrollo social, que es lo que afecta a los gobernados, en nuestra “grieta” criolla surge una manifiesta contradicción: la división tajante con la que se pretende dividir a la sociedad en su conjunto, no se extiende a las castas políticas que la promueven, que por el contrario, exhiben una multiplicidad y/o plasticidad ideológica sorprendente. Se observan las variantes kirchnerista, peronista o radical histórico, radical “K”, socialista, neoliberal, liberal de izquierda, populista de derecha o izquierda, social demócrata, progresista, federalista, y como dato de color, algún comunista. Obviamente, ningún político sería capaz de diferenciar entre tamaña diversidad ideológica, pues la utilizan solo como envase para negociar el usufructo de privilegios estatales y acuerdos políticos. Este oportunismo, que causó la desaparición de agrupaciones políticas unificadas, coherentes y estables con programas de gobierno de mediano y largo plazo, recuerda a Maquiavelo cuando hace 500 años, refiriéndose a los oportunistas de entonces expresó: “Quien cambia de bandos, queda en ninguno”

Dentro de esta hibridez es habitual que en el espectro “izquierda-derecha”, los políticos prefieran ubicarse en el “centro”, sin más aclaraciones. O que periodísticamente se caracterice a determinados políticos como “blandos o duros”, distinción útil para describir propiedades de materiales, pero no actitudes políticas. Respecto a la corrupción por ejemplo, blando puede ser quien deja hacer, y duro quien presiona para lograr impunidad. La propaganda política difunde estos simplismos mediante mensajes breves, entendibles, no necesariamente veraces, y menos aún esclarecedores.

Para ir sorteando estos subterfugios y lograr mejoras institucionales, sería oportuno que los ciudadanos reclamen opinar sobre “opciones” en lugar de “grietas”. Algunas de ellas podrían ser si los procesados por corrupción pueden o no ejercer representaciones y cargos políticos; si las listas sábana legislativas deben o no transformarse en abiertas, o si el aumento de los salarios públicos y jubilaciones deben o no referenciarse en el salario y jubilación mínimas, cuya diferencia actual con los valores máximos es de 35 veces. Inequidades que políticamente solo pueden disimularse a través de eslogans y falsas grietas.

Buenos Aires, 27 de enero 2021