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Aprendizaje judicial

El fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que con votos de los jueces Barroetaveña y Petrone y disidencia de la jueza Figueroa rechazó el planteo de algunos procesados de declarar inconstitucional la llamada ley de arrepentidos, promueve análisis que exceden a la decisión en sí. La corrupción estatal tiene la dificultad que sus partícipes principales pertenecen a la misma esfera pública de quienes deberán investigarlos, juzgarlos y sancionarlos, por lo que las eventuales complicidades para lograr impunidad pasan a ser institucionales. Es válido entonces preguntarnos cómo se hubiera argumentado si el fallo hubiera aceptado el reclamo de inconstitucionalidad.   

La ley 27304 se aprobó en octubre de 2016, promovida por el actual diputado oficialista Sergio Massa, en respuesta a la indignación social provocada por las imágenes del ex funcionario José López en un convento, e integrantes de la empresa de Lázaro Báez en una oficina de Puerto Madero, en ambos casos con millones de dólares en bolsos.  Cabe suponer que los legisladores poseen una amplia estructura de apoyo jurídico para verificar requisitos de constitucionalidad de las leyes, que en este caso posee exitosos antecedentes internacionales en la lucha contra delitos complejos. En Estados Unidos facilitó confesiones, juicios y condenas en el caso “FIFAGate”, mientras que en nuestro país la jueza Servini de Cubría aún no elevó a juicio oral la causa “Fútbol para Todos”, iniciada en el 2014 por la desaparición de 760 millones de pesos pagados por el Gobierno entre el 2009 y 2015, no ingresados a la AFA. En Brasil y otros países permitió juzgar y condenar a implicados en el caso de sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht, mientras en nuestro país el juez Martínez de Giorgi no elevó a juicio oral la causa “Soterramiento del tren Sarmiento” iniciada en el 2017, en la que ejecutivos de la contratista Odebrecht confesaron haber pagado coimas a funcionarios argentinos.

En cuanto al ámbito judicial, el reclamo arribó a la Sala I con no menos de diez fallos previos que avalaban la ley, entre ellos el fiscal Plee de esta Sala, del fallecido juez Bonadío, sus fiscales Stornelli y Rívolo, y la Sala III. Por lo que la eventual opinión negativa de dos de los camaristas de la Sala I, que hubiera hecho caer la aplicación de la ley, consolidaría una inquietud recurrente: que las divergencias de criterios de constitucionalidad y procedimientos procesales dejen de ser excepcionales para transformarse en habituales, planteando la sospecha que más que jurídicas sean un instrumento de impunidad. Las leyes, para que sean aceptadas por la sociedad deben transmitir un sentido de coherencia de criterios, justicia y equidad. Avala esta inquietud la generalizada previsibilidad del voto de la jueza Figueroa, identificada con la Asociación Justicia Legítima, creada en apoyo de la presentación pública del Proyecto “Democratización de la Justicia”, que realizara la entonces presidenta Cristina Kirchner en el año 2013. Su jactanciosa “legitimidad” que presupone que quienes no adhieren a sus principios ejercen una justicia “ilegítima”, en las actuaciones y declaraciones de sus integrantes exhibe una ideología sesgada que juzga la corrupción según pertenencias partidarias. Ello explica que las expectativas del fallo recayeran solo en los jueces Barroetaveña y Petrone, sin preconceptos ideológicos conocidos.

En lo político, las más altas esferas de gobierno utilizan el engaño y el cinismo para menoscabar y destruir la ley del arrepentido. El emblemático caso de sobornos en el Senado, que provocara la renuncia del vicepresidente Alvarez, posterior caída de De la Rúa y crisis del 2001-2002, se desencadenó a través de dos elementos: un anónimo encontrado en el Senado por el operador Daniel Bravo, y la tardía aparición en el año 2003, a seis meses de asumido el gobierno por Néstor Kirchner, de un arrepentido llamado Mario Pontaquarto, Previo a su denuncia concretada el 12 de diciembre, Pontaquarto mantuvo una reunión en el despacho del Jefe de Gabinete de entonces, con la presencia de Bravo, como consta en las actuaciones, en busca de apoyo. Tras diez años de investigaciones y cerca de 300 testigos, en diciembre de 2013 el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Gordo, Pons y Ramírez, en un fallo de 3.000 páginas, resolvió la absolución de los acusados ante la ausencia de pruebas, destacando en especial “los inconsistentes y autocontradictorios dichos del denunciante”. La actual ley del arrepentido, además de romper con las cadenas de silencio, impide que se utilicen a supuestos arrepentidos como instrumento de manipulación política. El Jefe de Gabinete consultado por Pontaquarto se llamaba Alberto Fernández, profesor de derecho penal y hoy presidente.

Buenos Aires, miércoles 09 de diciembre 2020

Tenemos un Estado público?

El concepto Estado refiere a una forma de organización política, social y económica que abarca a todos sus habitantes, lo que le da su condición de público. Su configuración institucional dependerá del sistema de gobierno y forma de ejercer el poder. En democracias de baja calidad, en las que mantener el poder necesita de adhesiones políticas y acuerdos basados en distribución de cargos y prebendas, la creación de organismos desmedidos en cantidad y superfluos en utilidad es una consecuencia. Es el caso argentino.

Una estructura de gobierno supone un armado piramidal que explicite responsabilidades, jerarquías, cargas laborales, salarios, derechos y obligaciones, con recursos humanos idóneos. La primera anomalía aparece en el vértice. En un país de condición fuertemente presidencialista, el presidente no encabeza la pirámide salarial estatal. En cuanto a lo institucional, el organigrama del Ejecutivo lo encabezan los Ministerios, que la Constitución de 1853 estableció en cinco: 1) Interior; 2) Relaciones Exteriores; 3) Hacienda; 4) Justicia, Culto e Instrucción Pública; 5) Guerra y Marina. En 1983 el gobierno democrático asumió con ocho: 1) Economía; 2) Interior; Relaciones Exteriores; 4) Defensa; 5) Justicia y Educación; 6) Trabajo; 7) Salud y Acción Social; 8) Obras y Servicios Públicos, como pilares de las obligaciones del gobierno. El descontrol comienza con la reforma constitucional de 1994, nacida no con un objetivo político modernizador sino personalista: la reelección de Menem. Se negoció la creación de innumerables organismos que daban lugar a “nuevas fuentes laborales políticas”, con grandilocuencias dialécticas que invocaban protección de derechos del pueblo y humanos, de jubilados, la niñez, la mujer, contra la discriminación, contra la corrupción, mejora de la justicia (Consejo de la Magistratura), y mejor representatividad en el Senado (se incrementaron en un tercio sus miembros). Ante lo perentorio de aprobar la reelección, se prorrogó en poco más de un año el tema más importante para el país: acordar un nuevo sistema de coparticipación federal, obligación que jamás se cumplió.

Con el transcurso del tiempo se constató que a mayor cantidad de ministerios, institutos de similar rango, variadas defensorías y representaciones internacionales, mayor fue el subdesarrollo, desempleo y pobreza. Los declamados derechos constitucionales quedaron arrasados por la realidad, pero no así las estructuras que supuestamente los protegían. Tampoco la sociedad tuvo acceso a los cargos estatales a través de concursos públicos, los que son distribuidos entre parientes, amigos y militantes, en una secuencia que carece de “grietas” ideológicas. Cambiemos alcanzó los 21 ministerios, reducidos por fuerza mayor a 11 al final del mandato. El Frente de Todos tiene 20 ministerios, algunos manifiestamente testimoniales como Equidad y Género, o el INADI, ambos carentes de atribuciones ejecutivas y beneficios sociales. Esta multiplicación burocrática se expandió a los organismos de control, sociedades del estado, poderes legislativos y judicial, cuyos integrantes, cínicamente, justifican incapacidades o malas praxis aduciendo carecer de presupuesto y/o personal suficiente.

El problema de esta desmesura es que cuando la “cantidad” no surge de la “necesidad” destruye la “calidad”, trasladándose los sobrecostos a los gobernados a través de impuestos o artilugios presupuestarios, presentados bajo rótulos rimbombantes como Patria, Solidaridad, Riqueza. En la presente pandemia quedó evidenciada la relación virtuosa entre cantidad y necesidad en los casos de médicos, enfermeras, transportistas, policías y docentes al frente de alumnos. Como así también se transparentaron ociosidades prescindibles de miles de coordinadores o creaciones similares, o los 4.500 asesores legislativos. Por ello las estructuras administrativas no deben ser analizadas inicialmente bajo ópticas económicas sino de “calidad” institucional, considerando su racionalidad instrumental, capacidad operativa, eficacia de resultados y equidad social. De no reformular al Estado bajo estos parámetros, se repetirán políticas que se reflejan en las pirámides jubilatorias y burocráticas, en las que los responsables de los fracasos ubicados en el extremo superior, implementan ahorros a costa de los ubicados en los niveles inferiores.

Un modo de abordar la utilidad de organismos y cargos es prestar atención a sus denominaciones, que cuanto más extensas sean a fin de explicar su función, más innecesaria será su existencia. Por ejemplo, el funcionario Fernando “Chino” Navarro del Movimiento Evita, tiene el cargo de Secretario de Relaciones Parlamentarias Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete.  

Buenos Aires, 02 de diciembre 2020

Privilegios patrióticos

Describir en pocas líneas la descomunal estructura burocrática-política causante del empobrecimiento del país pareciera complejo, ante la abundancia de fuentes de información con datos y cifras parciales o carentes de veracidad. Podría encararse a modo escuela primaria, que brinda conocimientos básicos que alcanzan a todos los niveles sociales por igual (leer, escribir y operaciones matemáticas simples). Lo cual no degrada el análisis, pues la simplicidad se aplica a los adultos a través de mensajes y eslógans políticos, ya no basados en la razón (enseñar), sino en la emoción (convencer o engañar).

La recuperación de la democracia en 1983 es un adecuado punto de partida para evaluar el proceso político. Desde ese entonces se produjo una paulatina anomia partidaria que derivó en la desaparición del radicalismo y justicialismo como expresiones unívocas, sustituidos por recipientes llamados frentes, que tras ideologías y personajes simbólicos disimulan oportunismos y fluctuaciones políticas de coyuntura, basadas en canjes de cargos públicos y privilegios, que es la causal del sobredimensionamiento estatal. Pretender explicar el proceso de decadencia bajo rótulos temporales como menemismo, kirchnerismo o macrismo carece de sentido, pues todos recibieron y dejaron “pesadas herencias”. De usarse un denominador común para nuestro sistema político, sería el de “conservador”, por presentar resistencia a cambios institucionales superadores, obstruir intentos modernizantes y aferrarse a privilegios establecidos.

El gobierno de Cambiemos gobernó con minorías en ambas Cámaras legislativas, gobernaciones e intendencias. El actual gobierno, pese a que presenta una situación cuantitativa muy superior en cuanto a mayorías, afrontará desafíos similares si intenta modificar estructuras políticas, gremiales y empresarias decadentes, ineficaces y privilegiadas. Una vez más el justicialismo se ve ante la coyuntura de ajustar, posibilidad que no tienen las oposiciones. Sucedió en 1975 con el Rodrigazo; en 1990 con las privatizaciones de Menem, y en el 2002 con Duhalde-Remes Lenicoff. En todos los casos las decisiones de emergencia  tuvieron un origen común no ideológico: falta de dinero. La decisión de Menem de privatizar no fue neoliberalismo como se pregona. Con empresas estatales ineficientes y saqueadas por políticos, gremialistas y proveedores, como el caso de YPF, fue inevitable. No en vano Menem continúa siendo senador, al igual que muchos que lo acompañaron. Tampoco fueron ideológicas las reestatizaciones de YPF y las AFJP  en el 2008; el gobierno necesitaba dinero, y estaba en cesación de pagos. La historia se repite en el 2020: al Estado le falta mucho dinero, pero hasta ahora las estructuras estatales conservadoras e ineficientes no se ajustan. Peor aún, en simultáneo con la crisis y gestiones ante el FMI, se desarrolla una indisimulada puja en ámbitos políticos-judiciales para lograr impunidad. Por ello Aristóteles planteaba hace más de 2500 años que la única “grieta” admisible era la que dividía a las formas de gobierno en puras (los gobernantes buscan el bien común), e impuras o corruptas (los gobernantes buscan su propio bien).

Para incursionar en la etapa de ejemplos cabe mantener la metáfora de enseñanza primaria. La matemática comienza con números puros, para tiempo después enseñar porcentajes, que son muy usados en la comunicación política y encuestas, porque al no explicitarse la metodología de cálculo, sus veracidades son incomprobables. Es distinta la comprensión masiva entre 20 y 20%. Los datos “macro”, imprescindibles a nivel internacional, por sí solos no clarifican. Por ejemplo, un indicador relevante es el ingreso per cápita de cada país, que se obtiene dividiendo la renta (o riqueza) producida por su población total. A mayor ingreso individual, mayor desarrollo y bienestar. Sin embargo, si un país produce 100 pesos  a dividir por sus 10 habitantes, da un ingreso de 10 pesos per cápita, pese a que un habitante tenga 40 pesos, dejando a tres con cero. Por ello un indicador internacional más preciso para visualizar inequidades, es establecer la diferencia entre los ingresos estatales máximos y mínimos, pues es el Estado quien establece políticas, leyes, controles, impone impuestos, decide privilegios y determina sus ingresos y egresos Esto se grafica piramidalmente, lo que es razonable: muy pocos arriba y muchos abajo; cuanto mayor es la diferencia, mayor es la desigualdad. Internacionalmente se considera que una diferencia entre ingresos en el vértice (máximos), y la base (mínimos) superior a 15, indica niveles crecientes de pobreza y desigualdad. 

Se puede experimentar con un tema de alta sensibilidad económico-social: los jubilados. En noviembre de 2020 la jubilación máxima pertenece al ex juez Zaffaroni (régimen especial), con un haber jubilatorio de $ 830.000, mientras que la mínima es $ 18.129 (unos 4.200.000 jubilados). La diferencia entre vértice y base es de 45,78 veces, que supera largamente el indicador de 15 veces. Cuando se plantean estas inequidades jubilatorias, salariales y laborales en cúpulas estatales, el menú de excusas no reconoce diferencias ideológicas: “si no tenemos buenos sueldos gobernarían los ricos”; “los privilegiados somos pocos”. Esta disociación con la realidad entre conductores y conducidos la deben haber tenido Luis XVI antes de la Revolución Francesa, y el zar Nicolás antes de la Revolución Rusa, ambos considerados monarcas muy ineptos. Pero quizás ambos nunca hubieran imaginado que centurias más tarde, un legislador argentino diseñaba un impuesto para los “ricos”, mientras obtenía una benévola financiación estatal para pagar su millonaria deuda impositiva.

Buenos Aires, 25 de noviembre 2020

Ajuste sin destete político

Es habitual que los medios de comunicación propaguen opiniones de políticos, gremialistas e incluso empresarios, absolutamente contrapuestas con las que formularan pocos meses o años atrás. Como así también que los declarantes exhiban una larga perdurabilidad en cargos y usufructo de recursos públicos. Por lo que cabe suponer que para resolver la problemática de una Administración pública sobredimensionada, ineficiente y succionadora voraz de impuestos al trabajo, no habrá “quorum”, y que la expresión política “el país no soporta un ajuste” mientras una vez más se gestiona ante el FMI facilidades para postergar pagos de deudas invocando pobreza, se ajustan jubilaciones medias y bajas, se suben impuestos y se deprecian salarios, debe interpretarse que quienes “no soportan un ajuste” son los beneficiarios políticos, gremiales y empresarios de la referida estructura estatal, causante de las recurrentes crisis.

La situación podría asimilarse a la milenaria tradición hindú que en un marco de pobreza protege por ley a las vacas, consideradas símbolos sagrados de la fecundidad por proveer leche a los terneros y a la población. En nuestro caso el símbolo sagrado “Recursos Públicos” es succionado solo por sectores privilegiados que desde hace décadas se niegan a cumplir con la natural etapa del destete. Esta desigualdad genera un déficit fiscal (o de leche), que obliga a contratar forraje extranjero para alimentar a las vacas (crédito externo), mientras los empobrecidos ciudadanos reciben “leche” de descarte a modo de dádivas, o moneda sin valor para adquirirla (emisión de pesos). Consecuentemente la “leche” nunca alcanza para “todos y todas”, porque la producción de calidad es vorazmente consumida por quienes transformaron el concepto “servidores públicos” en “públicos a mi servicio”. A este contexto se le suman líderes mesiánicos que predican contra los “grupos de poder”, pero succionan de la misma ubre estatal. Los privilegios políticos incluyen familiares, servidumbre militante de apoyo y empresarios asociados en negocios corruptos.  

Esta recurrencia preanuncia que el país no podrá pagar los nuevos compromisos futuros que los propios responsables del atraso gestionan ante el FMI, sin modificar la desmesura estatal. El FMI lo sabe, pero no es su función trabajar en detalles, sino establecer metas fiscales macro que permitan suponer saldos para afrontar a futuro la renovada deuda, que generará una nueva negociación cuando haya que pagar. Terminar con esta secuencia del atraso permanente, previo a ejemplificarla con nombres y datos numéricos, necesita establecer algunos pilares conceptuales. En principio cinco: 1) Inevitabilidad: el “ajuste” no solo es inevitable, sino está afectando a vastos sectores sociales desde hace décadas, y se agravará próximamente. La prioridad debería ser desarmar privilegios, estructuras burocráticas y cargos ociosos, sin afectar laboralmente a las franjas no políticas que realmente trabajan con carga horaria real; 2) Equidad: las medidas que se adopten deben eliminar el falaz término “solidaridad”, consistente en sacar dinero a los que producen para sostener privilegios políticos, reemplazándolo por “equidad”, basada en no favorecer a una persona perjudicando a otra. Los sacrificios jubilatorios, por ejemplo, deberán alcanzar proporcionalmente a todos los regímenes previsionales sin excepción, y los privilegios no podrán disfrazarse de conquistas laborales o derechos adquiridos; 3) Corrupción: desarmar el andamiaje burocrático, jurídico y normativo que favorece el saqueo de recursos públicos, la permanencia de sus responsables y la facilitación de la impunidad. 4) Representatividad: eliminar las listas sábanas y sean los ciudadanos quienes elijan a sus legisladores, quienes una vez asumidos no podrán traicionar al votante pasando a otro sector político, o declararse “independientes”. Y desactivar de inmediato los esfuerzos legislativos destinados a complejos rearmados judiciales que faciliten impunidad. 5) Grietas: asumir que las grietas políticas de cúpulas no son ideológicas sino pujas por poder y privilegios, como cada dos años muestra el armado de listas para elecciones nacionales. Pero que inoculadas a las masas, las dividen en crédulas (propaganda), idiotas útiles (fanatismo), u oportunistas (adhesiones canjeadas por recursos o cargos).  

Las oposiciones por su parte, incluidas las izquierdas, no pueden agotarse en lo discursivo o en no votar, lo que las convierte por acción u omisión en ineptas, indiferentes o cómplices. Su obligación es actuar e informar claramente a la sociedad sus objeciones, inequidades y contrapropuestas, aunque luego pierdan las votaciones. Esta tarea esclarecedora no puede recaer exclusivamente en el periodismo.

Buenos Aires, 18 de noviembre 2020

Revolucionarios conservadores

Toda comunicación política masiva posee un principio básico con origen en la propaganda, que aplican gobiernos democráticos, autoritarios o dictatoriales: los mensajes, para que lleguen a todos los niveles culturales y socio-económicos y se supongan comprendidos, deben ser breves, impactantes y sencillos. Por ello usan palabras convocantes como Patria, República, Solidaridad, Juntos, Todos, o a generalizaciones indefinidas como derecha, izquierda, neoliberal, populismo. De este principio, a fin de analizar temas más complejos, podría rescatarse la simplicidad. En este caso, para detectar las falencias político-institucionales causantes de la decadencia argentina.

El punto de partida sería entender la interrelación y diferencias entre Estado y Gobierno. El primero conforma la estructura jurídica-institucional del sistema político (constitución, leyes y normas), y Gobierno la parte operativa burocrática encargada de ejecutar tareas (organismos y funcionarios). En los países desarrollados, el Estado mantiene una organización consistente en el tiempo (solidez institucional), mientras que el Gobierno varía en sus matices de conducción y ejecución política a través de autoridades elegidas mediante elecciones, respetando los marcos institucionales preexistentes del Estado. De esta elemental explicación a nivel de eslogan, emerge el huevo de la serpiente: en nuestro país la relación virtuosa entre Estado y Gobierno no se cumple. Si se parte desde 1983 a la fecha, para no extendernos en el tiempo, todos los andamiajes institucionales han sido, son y serán modificados, adaptándolo a las coyunturas político/partidarias: la Constitución, número de miembros de la Corte, número de integrantes del Consejo de la Magistratura, leyes electorales, sistema jubilatorio, leyes impositivas, privatizaciones, reestatizaciones, etc. Solo se mantienen inmutables los privilegios políticos e impunidades por corrupción.

La consecuencia de la fusión de Estado (permanente) con Gobierno (circunstancial), genera concentración creciente de poder y pérdida de horizontes nacionales. El ejemplo extremo se plasmó en la frase del monarca absolutista francés Luis XIV: “El Estado soy yo”. Esta referencia histórica no es casual, pues las formas de ejercer el poder determinan la configuración de sus soportes administrativos, sea en las antiguas Cortes, o en los presentes Gobiernos. En las Cortes pululaban consejeros, ministros, ujieres, barones, condes, doncellas, servidumbre, bufones, aduladores, que poseían privilegios por el solo hecho de formar parte de ella. Dichos personajes, algunos con otras denominaciones, existen en los gobiernos autoritarios actuales. En ambos casos mantenerlos implica costosas estructuras administrativas, mayormente ociosas, solventadas con crecientes impuestos que pagan los que trabajan sin privilegios. Las consecuencias son inevitables: cúpulas burocráticas enriquecidas, y poblaciones empobrecidas.

Esta matriz histórica que relaciona modelos de ejercer el poder con sus estructuras de gobierno, se plasma en nuestra realidad política, con una modificación permanente de principios que debieran ser estables (Estado), que es acompañada por el crecimiento continuo de las estructuras burocráticas (Administración). En este proceso las ideologías transmutan en negociaciones por poder y privilegios. Ejemplifiquemos con la simplicidad de un eslogan: Alberto Fernández mutó con la presidencia; Victoria Donda con el Inadi; Ricardo Alfonsín con la embajada en España, enarbolando discursos engañosamente revolucionarios o progresistas, que legislan y practican reelecciones indefinidas, listas sábanas, nepotismos, fueros especiales, ingresos a la administración pública con padrinazgos que sustituyen al mérito, entre otros vicios. Esta patología institucional genera una decadencia que no puede adjudicarse a “grietas” ideológicas, pues los principales partícipes del sistema con sus volubles adhesiones políticas, son desde hace décadas los mismos. Las divergencias más difíciles de resolver son las basadas en pujas por poder y privilegios.  

Por ello es conveniente analizar la problemática de la estructura administrativa estatal comenzando por lo conceptual (causas), para luego profundizar en lo cualitativo y cuantitativo (efectos). Entender lo conceptual desarmará falaces discursos conservadores disfrazados de revolucionarios, como que “el país no soporta más ajustes”, mientras se aumentan impuestos, se reducen las jubilaciones medias y bajas, se promueven negocios subsidiados, se incrementa el desempleo y la pobreza. Lamentablemente el Fondo Monetario Internacional (FMI), se centrará en establecer plazos, montos y saldos para el pago de deudas, sin detenerse en analizar si para ello se ajustan jubilaciones o se eliminan sobrecostos de corrupción y privilegios. Los ajustes internos sobre los sectores políticamente más vulnerables, llamados cínicamente “solidarios”, los realizan revolucionarios conservadores criollos.  

Buenos Aires, 11 de noviembre 2020

La carta y la Corte

“La carta” de la vicepresidenta Kirchner emitida la pasada semana, y el reciente “fallo” de la Corte Suprema relacionado con el desplazamiento de jueces que entienden en causas de corrupción estatal-privada, ratifica que la modernidad no modifica ancestrales principios, simbolismos y actitudes políticas. Este revival historicista se complementa con la actuación de Grabois, un personaje que recuerda al monje medieval florentino Savonarola.

“La carta” cumple el rol de los antiguos oráculos, mediante los cuales los dioses a través de pitonisas transmitían mensajes en forma de profecías y augurios, que daban respuesta a las inquietudes de sus fieles. Los únicos nombres mencionados eran los de dioses, siempre omnipotentes, y los enemigos de turno. El oráculo/carta vicepresidencial, que se permite recordar que los dioses pueden tener benevolencia para perdonar a quienes en su momento los atacaron y agraviaron, encierra múltiples enigmas. Reconoce que el pueblo sin distinción de clases busca protegerse de los desaguisados políticos a través del dólar; que es necesario un gran acuerdo nacional, pero sin los enemigos; que hay funcionarios que no funcionan, y que el que decide es el presidente. Tras el pronunciamiento, gran número de hermeneutas, como se denominan a los que ejercen el arte de descifrar mensajes, analizaron posibles y diversos significados. En lo referido al presidente, mencionado pese a que no había consultado al oráculo, se manejaron entre otras las opciones darle una oportunidad, advertencia, empoderamiento, debilitamiento, trampa mortal. El aludido, político al fin, no anduvo con rodeos e interpretó el mensaje como apoyo. Se repite un desafío ancestral: pronunciado el oráculo, su veracidad dependía de que fuera correctamente interpretado por el común de los mortales, pues el oráculo nunca se equivocaba. De no ser entendido, al poder político y a los ciudadanos le esperaban crisis y derrotas.

Mientras esta versátil tarea interpretativa está en pleno desarrollo (aún no se encontró solución a los enigmas planteados, y menos aún se pudo ubicar a un funcionario que reconozca que no funciona), en el plano judicial se elabora otro oráculo a cargo de cinco dioses, que integran la llamada Corte Suprema. El caso reviste cierta complejidad, pues deberán resolver un aspecto también repetido en la historia: ante un cambio de poder político, desdecirse de una predicción anterior para satisfacer los deseos del poder vigente. Vale decir, jugar con las palabras para que los fieles interpreten que no cambió el concepto. Cabe reiterar que los dioses, omnipotentes, también pueden ser injustos.

Esta escenografía historicista se complementa con un componente religioso, ante la aparición de un tal Grabois, alias “amigo del Papa”, que nos retrotrae a Girolamo Savonarola, que fuera un religioso dominico que en la Florencia del siglo XV predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia católica, conducida entonces por Alejandro VI, que pertenecía a la familia Borgia. Al incrementar sus críticas políticas y perdidos los apoyos por su fanatismo, Savonarola fue juzgado y ejecutado. Sin llegar a estos extremos punitivos, Grabois se gratifica expresando que “nuestras vidas están consagradas a la causa del pueblo pobre y trabajador”, mientras promueve caóticas tomas de tierras con gran despliegue de recursos, justificadas tras homilías que denuncian “la prepotencia del poder y su inmensa capacidad de corrupción y cooptación de las instituciones democráticas”, e interpelando a las autoridades: “Dejen de ceder ante el poder fáctico”. Curiosamente, tal grandilocuencia se manifiesta mientras altos sectores del poder público y privado realizan ingentes esfuerzos para lograr su impunidad en causas de corrupción estatal. Como en la Florencia del siglo XV y épocas posteriores, nuevamente “cartas” políticas, “fallos” judiciales y mesianismos liberadores, se interrelacionan con corrupción y degradación institucional.

Entre tanto griterío rimbombante, pasó desapercibido que el debate sobre la propiedad privada no es conceptual, pues es un anhelo histórico de todas las sociedades. En Guernica por ejemplo, tras la usurpación lo primero que se hizo fue un prolijo loteo, tras el cual cada ocupante podía reclamar “el lote es mío”. Lo revelador fue la metodología para cumplimentar tal deseo, basada en el engaño, prepotencia y amenazas, al amparo estatal. Nuestros Savonarolas criollos no se agotan en la prédica, pues cuentan con cuantiosos recursos económicos y cargos que les provee el Estado por fuera de las obligaciones sociales de ministerios, gobernaciones y municipios, que no se destinan a disminuir la pobreza, sino a manipularla. Prueba de ello es que los enormes costos fiscales provocados por las logísticas de usurpación y desocupación respectivamente, no solucionaron ni solucionarán la problemática de los pobres.  

Buenos Aires, 04 de noviembre 2020

Página web: www.políticaenborrador.com.ar

Quiénes nos gobiernan?

Formular una argumentación exige tener en claro el tema a desarrollar y objetivos pretendidos. En este caso el tema es gobernar, y el objetivo determinar quiénes encabezan dicha responsabilidad, y sus roles. En especial, en momentos que se atraviesa una crisis económico-social inédita que lejos está de haber alcanzado su punto máximo. Esta identificación es imprescindible para comenzar a elaborar políticas de corto plazo que minimicen daños, y de mediano/largo plazo que reviertan la matriz de decadencia, antes que distraernos con especulaciones acerca de pujas de poder internas en el oficialismo y en la oposición

Plantear “quiénes” y no “quién” nos gobierna no es casual. Tras sucesivas crisis sufridas por el país, continuar caracterizándonos como un sistema democrático “fuertemente presidencialista” es falaz, ante la desaparición de partidos estables de alcance nacional como intermediadores de la política con la sociedad. Los partidos unívocos fueron suplidos por alianzas de coyuntura en las que la distribución de cargos reemplaza ideologías y programas de gobierno consistentes. Ante este panorama, el actual gobierno presenta dos curiosidades: 1) un presidente elegido por su vicepresidenta sin consultas partidarias, e informado públicamente a través de un tuit; 2) a once meses de asumido, carece de un plan integral al que deberían ajustarse propios y extraños. En su lugar, la economía, seguridad, salud, relaciones exteriores, entre otras áreas, generan confusos debates en su propio seno. La única cohesión se observa en la estrategia para desactivar las causas de corrupción.

Aportando a la confusión, los análisis políticos de diversas tendencias ideológicas, calidades reflexivas y fuentes reservadas, se explayan en presuponer preeminencias de poder (mandar), cuando lo importante es conocer los niveles de coordinación para actuar (gobernar). Ningún gobierno soporta presunciones o conjeturas permanentes sobre sus confusiones y debilidades; el país lo vivió con resultados nefastos. Es como si en pleno hundimiento de un trasatlántico sus ocupantes se preguntaran quiénes mandan, mientras el capitán y su plana mayor disfrazados de pasajeros se arrojan en los botes salvavidas para sobrevivir, metáfora que explica la permanencia de muchos políticos responsables de sucesivos hundimientos. Para evitar una nueva tragedia y distracciones fútiles, se debe tener en claro que gobierna el Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, con los roles de presidente, jefa del Senado y de la Cámara de diputados respectivamente, que poseen los bloques legislativos mayoritarios. En segundo plano, el experimentado Roberto Lavagna, quien ubicó en puestos relevantes a varios de sus adherentes, como su hijo Marco en el Indec (positiva designación como lo fuera la del fallecido Todesca por parte de Macri), y en directorios del Banco Central y Nación, entre otros, además de contar con tres diputados propios. Uno de ellos, la diputada Graciela Camaño, que con su voto en el Consejo de la Magistratura desencadenó la crisis provocada por los desplazamientos de jueces que investigan la corrupción.    

Definidas las cabezas políticas responsables de fijar el rumbo del gobierno, se deben replantear recurrentes frivolidades, como reemplazar ministros solo para para “oxigenar” sin cambiar, o apelar a un “gran acuerdo nacional” como invocación mística. En el primer caso, a un ministro de Economía no puede exigírsele control de variables económicas, mientras altos funcionarios avalan y promueven usurpaciones, los responsables de la seguridad hablan y no conducen, los diplomáticos que contradicen a su ministro permanecen en sus cargos, y se actúa persistentemente para lograr la impunidad en las causas por corrupción. En cuanto a un “gran acuerdo nacional”, no puede lograrse si el que gobierna no presenta una propuesta integral, fundamentada y viable como base de acuerdo, que también debería presentar la oposición, que cuenta con la estructura e información para elaborarla. Recién entonces someterlas a consideración de las diversas entidades sectoriales para que formulen las contrapropuestas que consideren oportunas. Al transparentarse coincidencias y divergencias concretas, se conforma una plataforma de debate explícita que permita arribar a un acuerdo sustentable en el tiempo, en donde todos ceden algo. Comenzando por la política.

Buenos Aires, 30 de octubre 2020

Página web: www.politicaenborrador.com

Observatorio político OBVIO

Existe una instancia en la que todos los niveles culturales, económicos y sociales comparten los estados emocionales del escepticismo, angustia, hartazgo, que en los sectores más desprotegidos alcanzan el nivel de desesperación. Lograrlo exige una continuidad generacional de fracasos políticos que nuestro país supera largamente, con breves ciclos de crecimiento y una matriz de decadencia inmutable. Para conservar el poder en estos contextos, los gobiernos y sus dirigentes responsables apelan a dos recursos clásicos: cooptar instituciones burocráticas y controlar/manipular la opinión pública. La creación por parte de la Defensoría del Público de un Observatorio cuyas siglas son NODIO, comprende ambos aspectos.

El fin del Observatorio es el de “detectar, verificar, identificar y desarticular las estrategias argumentativas de noticias maliciosas”. Grandilocuencia que recuerda a la tira cómica en la cual el perro Diógenes, ante los pensamientos de su dueño el Linyera, expresaba: ¡qué lo parió! Pero en lugar de sumergirnos en una grieta de apoyos y rechazos que embrutece a los situados en uno u otro lado, el hecho debería permitirnos reflexionar acerca de sus significados e implicancias políticas. En origen, el tema se instala en el campo de la opinión pública y propaganda política,  destinada precisamente a influenciar en la opinión de masas. Sus reglas básicas aún vigentes, que incluyen engaños y manipulación, nacieron en las primeras décadas del siglo XX con el surgimiento del bolcheviquismo, fascismo y nazismo, potenciadas con los avances tecnológicos de entonces, como la radio y el cine, que otorgaron a los mensajes simultaneidad y velocidad de llegada a destinos lejanos (leer “La propaganda política”- Jean Marie Domenach – 1950). No es casual entonces que los controles de opinión pretendan ser ejercidos por organismos estatales.

A fines de dicho siglo, el desarrollo de plataformas digitales provocó un impacto inédito: la comunicación dejó de ser unidireccional (emisor político activo/receptor ciudadano pasivo), para convertirse en bidireccional, que permitía que anónimos ciudadanos a través de redes sociales pudieran actuar como emisores, afectando a pretendidos monopolios privados y estatales. A éstos últimos ya no le era suficiente con perseguir o prohibir medios disidentes, ni financiar periodismo adherente. Para colmo, los políticos al verse obligados a competir en ésta moderna ágora virtual para no perder presencia, en pocos caracteres expusieron sus mediocridades y pobrezas argumentativas. Esta modernidad presenta costos y beneficios que en caso de afectar derechos inviolables de las personas, sus responsables deberán afrontar las sanciones civiles y penales que correspondan. En el estudio de esta compleja problemática actúan instituciones privadas, universitarias y periodísticas, no para “desarticular”, sino para formar, informar y debatir en base a la razón por sobre la emoción, para que la detección de mentiras y engaños sea tarea de cada ciudadano, y no de un grupo de iluminados estatales politizados, que con psicólogo incluido piense por los ciudadanos. Nada nuevo: esto se llama libertad de expresión.

Pero oponerse cerradamente a NODIO tendría el efecto perjudicial de impedir la necesaria etapa experimental que demuestre cómo se “detectarán y desarticularán las noticias maliciosas”. Ejemplo, si se consideraría malicioso que un presidente brinde públicamente datos económicos falsos, y en ese caso, constatar cómo actuarían nuestros protectores. En lo inmediato, el ciudadano se podría entrenar en el ejercicio de detectar contradicciones e intenciones ocultas en los mensajes políticos “encapsulados” en un único tema, utilizando la sigla OBVIO, como se define a lo que debería ser notorio, visible y elemental. En el caso que nos ocupa, lo que pareciera acotado al campo comunicacional se debería asociar a lo institucional, para detenernos en un aspecto que la clase política, aún con graves crisis económicas y pobreza, se niega a reformular “por única vez”: la existencia de una estructura burocrática estatal sobredimensionada e ineficaz plagada de privilegios. Existe una intrascendente Defensoría del Público destinada a cuidar el pensamiento de adultos, con presupuestos de 400 millones de pesos. Simultáneamente, el responsable de la Oficina Anticorrupción anuncia que no actuará como querellante en los casos de corrupción de funcionarios, por no tener el personal suficiente. La propaganda política plasmaría lo descripto en un eslógan: ¡Pobres los pobres!

Buenos Aires, 21 de octubre 2020

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Juegos de mesa políticos

Reconocer la creciente decadencia económico-social que desde hace al menos cinco décadas sufre nuestro país tendría un consenso unánime, sin grietas. Lo confirman cinco hitos históricos previos a la actual crisis: rodrigazo en 1975; golpe militar en 1976; hiperinflación en 1989; crisis 2001-2002, y estancamiento económico 2008-2019. Todas ellos con los mismos síntomas: inflación, valor del dólar, déficit fiscal, deuda, congelamientos de productos y servicios, presión impositiva, corrupción. Curiosamente, sobreviven a este contexto las mismas dirigencias políticas responsables y sus fracasadas estrategias de gobierno, lo que presenta el desafío de no formular opiniones o análisis políticos igualmente repetitivos. Un modo comprensible de intentarlo es a través de los populares juegos de mesa, practicados por todos los sectores sociales y educativos.

Presentan una amplia gama de opciones y complejidades; entre otras, ajedrez, cartas, ruleta, dados, adivinanzas, armado de palabras, carreras, competencias bélicas, simulaciones financieras. Algunos de ellos exigen capacidad, esfuerzo y estrategia (ajedrez), y otros solo suerte (dados), ambas necesarias en la política. Maquiavelo llamaba “virtud” a la capacidad, que es inherente a la persona, y “fortuna” a la suerte, que es ajena a la persona. Al igual que en la política, algunos juegos tienen “comodines”, así llamados porque pueden tener varios usos simultáneos. Las diversas opciones lúdicas deben cumplir el ineludible requisito de tener reglas de juego explícitas conocidas por todos los jugadores, de cumplimiento estricto. Hablar entonces de “juego político” no debiera suponer superficialidad y oportunismo, sino tener marcos de referencia estables y aceptados. Caso contrario, no hay juego.

Los juegos pueden originarse en costumbres populares que el tiempo convierte en normas (políticamente asimilables a leyes fundamentales consolidadas), o ser creados por especialistas cuyos diseños se adaptan a gustos y necesidades de época (que sería el caso de planes de gobierno). Aceptado el uso de esta metáfora lúdica para identificar la causa de nuestra decadencia, y sentados a la mesa los participantes en cualquier juego, sería absurdo comenzar a debatir cómo jugar, o que modificaciones o excepciones realizar a las normas establecidas. Sin embargo, nuestras dirigencias no poseen y/o respetan las normas tradicionales (leyes), ni las que surgen de nuevos diseños de época (planes estables de gobierno). Por el contrario, sus creatividades se destinan a incumplir, discutir, interpretar, amoldar, rechazar, corromper, toda posibilidad de jugar racionalmente bajo reglas aceptadas y compartidas (gobernar). Muestran preferencias por los juegos de cartas cuya esencia consiste en engañar, confundir, mentir, con jugadores que con expresión inmutable cantan “es necesaria la unión de todos”; “vengo a terminar con la grieta”; “quiero una oposición responsable”, mientras sorprenden jugando un “tweet” que contiene agresiones, pensamientos superficiales o pretensiones de perpetuación en el poder.

La utilidad de la simbología de los juegos de mesa como herramienta para entender las causas de la decadencia dirigencial, puede ejemplificarse con dos juegos imaginarios titulados “Shock o gradualismo?” y “Consejos económicos-sociales”. En ambos casos, sentados los jugadores en sus mesas y ante la ausencia de reglas, preguntarán sobre el contexto para decidir entre shock o gradualismo, y en el segundo juego, sobre qué temas y propuestas los integrantes del Consejo deben aconsejar. Vale decir, las normas de juego (en este caso un plan integral de gobierno) son imprescindibles para jugar (en este caso opinar, aconsejar, proponer, acordar). Su ausencia provoca que las invocaciones a la unidad tengan más de autoritario que de objetivos compartidos, y que los Consejos intersectoriales se asemejen a mesas de café entre viejos conocidos que buscan mantener privilegios.

Si se avanza en el tablero analítico, se observará que incluso las disyuntivas son contradictorias: shock y gradualismo no son opciones sino secuencias. El shock (conmoción, sacudida), se refiere a hechos imprevistos normalmente naturales (terremotos, muertes). El gradualismo se aplica a una secuencia temporal planificada, que si fuera eficaz, no derivaría en shock, el que sería inevitable si el gradualismo fracasa. Lo que nos arroja a otro engañosos y viejo debate: si el Estado se defiende con estructuras eficaces, sin privilegios ni corrupción, o coptado por falsos ideólogos succionadores de recursos públicos. Qué afecta más a una sociedad empobrecida: la pérdida de empleo de 1.700 trabajadores porque la línea aérea Latam que brinda un servicio público deja de operar, o que se dejen de pagar 4.500 salarios a quienes sin serlo ni trabajar, lucran bajo el falaz rótulo de “asesores” legislativos? Este es el debate que desde hace décadas la clase política se niega a dar.

Buenos Aires, 14 de octubre 2020

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Confundir ideología con estupidez

El desarrollo de los medios de comunicación y sus diversas plataformas digitales, obligó a los políticos a tener una presencia mediática asidua, que en lugar de exhibirlos como dirigentes capacitados y coherentes lo hacen como simples comentaristas, cuyas inconsistencias argumentales las disfrazan de ideología, cuando en realidad representan estupidez. La ideología es un conjunto de ideas amalgamadas que caracterizan a una persona; la estupidez es torpeza para comprender hechos, explicándolos desde una óptica personal y simplicidad dogmática. La que usan para mantener indemnes sus privilegios, como sucediera en las crisis de 1975, 1989, 2002, y seguramente en la actual.

Como consecuencia, en el marco de una crisis económico-social inédita, altos funcionarios en lugar de resolver problemas, se dedican a opinar sobre la meritocracia, si la usurpación es delito, o creativamente, proponer ahorrar en pesos. Tal frivolidad, cinismo o incapacidad, según se prefiera, se transparentó recientemente en dos hechos relacionados con una obligación del Estado de alta sensibilidad: la seguridad.  El primero de ellos tuvo amplia difusión a través de un video que muestra la muerte de un efectivo de la policía federal a manos de un paciente siquiátrico, en avenida del Libertador y San Martín de Tours. De inmediato los funcionarios de seguridad nacionales, de la ciudad y provincia de Buenos Aires, se embarcaron en inútiles debates que trasladaban culpas y renovaban la vieja polémica sobre el uso de las pistolas Taser, en lugar de explicitar cual es el plan nacional de seguridad, y la formación y pautas que sus efectivos tienen ante el accionar de delincuentes. A quienes debieran conducir les es más cómodo disfrazar de ideología sus incapacidades, contando como piensan en lugar de como actúan, considerando que los delincuentes no eligen a sus víctimas según a quien hayan votado.

El segundo hecho casi simultáneo, se refiere a las investigaciones judiciales referidas al accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyas actividades reservadas, según la ley están destinadas a proteger “la seguridad exterior e interior de la Nación” (textual). Por el contrario, se lo convirtió en un organismo carente de profesionalidad, útil para lucrar con sus fondos reservados y ejecutar operaciones ilegales de desprestigio contra adversarios políticos. No en vano, lo condujeron sucesivamente Parrilli, Arribas y Caamaño. Tal anomalía derivó en un absurdo para cualquier organismo de inteligencia, que posee sus propios controles políticos internos y externos (bicameral): estar sometido a investigaciones judiciales en cuatro juzgados distintos: Ramos Padilla en Dolores; Augé en Lomas de Zamora; de Giorgi y recientemente Servini de Cubría, ambos en ciudad de Buenos Aires. Producto de la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño ante el juzgado de Lomas de Zamora para que investigara supuestas escuchas ilegales, se produjo lo inevitable: envió más de 3.850 decisiones emitidas entre 2015-2019 (período Macri), con detalle de movimientos internos, datos secretos y nombres de más de 100 espías, varios en el exterior, que se hicieron públicas. Como fiscal, Caamaño debería saber que las documentales que se incorporan al expediente son conocidas por el personal de los juzgados y los abogados de las partes, por lo que el secreto es imposible. Como consecuencia, el 2 de octubre ingresó a la AFI un oficio del fiscal Eduardo Taiano, solicitando datos ampliatorios referidos a 89 espías activos al momento de encontrarse muerto al fiscal Nisman en el mes de enero del 2015, cuando conducían la AFI entre otros el hoy jubilado Stiuso, y los actuales funcionarios Mena y Pocino, e información para detectar el origen de las filtraciones mencionadas. La nueva causa recayó en el juzgado federal de Servini de Cubría. El llamado caso D Alessio por su parte, a cargo del juez Ramos Padilla, es de gran interés público por la participación, sea como acusadores, acusados y abogados intervinientes, de personajes “todo terreno sin grietas” especialistas para ensuciar causas, confundir, coaccionar, engañar y amenazar, en pos de favorecer negocios e impunidades. Fracasada la operación de involucrar al fiscal Stornelli y hacer caer la causa Cuadernos, el juez demora en elevar la causa a juicio oral, como se lo reclamara en diciembre pasado la Cámara Federal de Mar del Plata.

Este cuadro de situación saturado de manipulaciones manifiestas, podrían generar consecuencias políticas virtuosas no deseadas: dado que los agentes dejaron de ser secretos, los juicios orales podrían blanquear el funcionamiento de la AFI, reestructurarla en su totalidad, y sacarla de la esfera de las malas praxis y estupideces políticas.

Buenos Aires, 07 de octubre 2020

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