Coimas de novela (cuaderno 6)
En el cuaderno 6, Centeno manifiesta que tras el fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner en octubre del 2010, los traslados de dinero se reiniciaron a tan solo siete días de su deceso, si bien fueron menos frecuentes y con montos menores. En el próximo cuaderno 7, asentará que el 21 de diciembre interrumpió sus anotaciones hasta mayo del 2013, “por temor que me descubran y quede sin trabajo”. Este periodo en blanco es oportuno para comenzar a desentrañar la matriz político-institucional que posibilitó tamnaño saqueo al Estado, partiendo de un interrogante simple: cómo es posible que en un sistema democrático la trama delictiva conformada por políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y delincuentes comunes, haya permanecido indemne tantos años?
El análisis debe comenzar por el Presidente, quien “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país” (artículo 99 de la Constitución Nacional). A esta definición viejas prácticas políticas adosaron al cargo la condición de ser ejercido por líderes providenciales, y de ser posible de carácter sucesorio como en las añejas monarquías. Este requisito se transparenta en provincias como San Luis, Formosa, Santiago del Estero y Santa Cruz, conducidas por anacrónicos y eternos caudillajes. Lo que genera esta condición en las democracias imperfectas, es que el presidencialismo verticalista deja de ser una condición de gobernabilidad republicana, para cobijar elites prebendarias de carácter celular pero interrelacionadas entre sí. Por ello, una continuidad delictiva temporal en perjuicio del Estado, exige igualmente una continuidad política temporal en la conducción del mismo, con perspectivas de eternización. En estas circunstancias, los actos corruptos dejan de ser puntuales y anecdóticos (Skanska, IBM, Aduana), para transformarse en “estado de corrupción” permanente, que entrecruza nombres de distintos sectores de poder público y privado. No es casual entonces que las causas de corrupción no se agoten en los funcionarios responsables enriquecidos, sino se extiendan a los poderes judicial y legislativo, asociados a grupos empresarios, sindicales, fuerzas de seguridad y delincuencia común, que en conjunto hacen viable el saqueo y aseguran su impunidad. Esta mecánica que nace de una cúpula política tiene un efecto multiplicador indetenible, que se extiende a secretarios privados, mayordomos, jardineros, jueces, fiscales, sindicalistas, jefes de departamentales policiales, universidades, organizaciones intermedias, periodistas y actores. El poder mesiánico del líder en un sistema corrupto o dictatorial, no puede establecer límites; debe negociar, expandir el negocio.
Entenderlo implica establecer tres niveles de participación en la corrupción estatl-privada: 1) funcionarios públicos y actores privados activos; 2) funcionarios o legisladores pasivos “que dejan hacer” o simulan “no ver nada”, pero exigen como compensación prebendas privadas; 3) millones de ciudadanos víctimas a los que solo les resta subsistir, y muchas veces, someterse a la adhesión forzada a líderes enriquecidos. Para producir un cambio debemos evitar el debate distractivo sobre si “Cristina debe ir o no presa”. Esta trampa ya se vivió con Menem, quien hoy con dos condenas, ejerce como senador con protección política y judicial. También debemos evitar los engaños de los eternos responsables de los fracasos, cuando intentan mimetizarse tras casi místicas referencias al peronismo, radicalismo o socialismo, para terminar ofreciéndose finalmente al mejor postor para obtener cargos. Todos los volátiles espacios partidarios que se conforman cada cuatro años para presentarse a elecciones bajo siglas cuasi comerciales, están plagados de quienes se dicen peronistas, radicales o socialistas.
Es revelador que ninguna de las principales dirigencias políticas se pronunciaran taxativamente contra los hechos de corrupción, salvo en términos genéricos, o como recurso de coacción para atacar al adversario. Por el contrario, muchos políticos penalmente ” honestos”, están dedicados a ubicarse en alguna lista para la próxima elección, gestionar un privilegiado cargo judicial para su pareja, o vencido su mandato como legislador, obtener un cargo de asesor en el Consejo de la magistratura. Los escasísimos ejemplos de persistencia contra la corrupción pertenecen exclusivamente a mujeres. Pero los acuerdos políticos existen. Resulta imposible aprobar una ley de Extinción de Dominio eficaz, que permita recuperar parte de lo sustraído al Estado. Más aún, visto sus consecuencias, muchos legisladores estarán arrepentidos de haber de haber aprobado hace dos años la ley conocida como la del “imputado arrepentido”.
Buenos Aires, 03 de octubre 2018
Coimas de novela (cuaderno 5)
Las anotaciones con el detalle de los recorridos que para recaudar coimas realizara el chofer del Secretario del Ministerio de Planificaciòn Roberto Baratta, comenzó el 1º de febrero del 2005. En el cuaderno 6 Centeno registrará una suspensión momentánea de la actividad recaudatoria con motivo del fallecimiento del ex presidente Kirchner en octubre del 2010, por lo que es oportuno aprovechar la cercana interrupciòn para alejarnos por un momento de la deslumbrante hojarasca de millones de dólares sustraídos al Estado a través de asociaciones entre funcionarios, empresarios y sindicalistas, y hurgar en la matriz político-institucional que hizo posible tamaño saqueo.
La destrucción de los partidos tradicionales que produjo la crisis 2001-2002, latente ya en la segunda presidencia de Menem, hoy se observa en otras democracias, tales como Italia, España, Francia y Brasil. Muchos analistas consideran la quiebra del Banco Lehman Brothers en el 2008, con la consecuente crisis financiera mundial que empobreció a vastos sectores sociales, como desencadenante de la crisis generalizada de representatividad política. Pero esto no explica el peculiar fenómeno argentino, con crisis “terminales” recurrentes desde hace 66 años, si tomamos como referencia la segunda presidencia de Perón. Baste mencionar que desde entonces tuvimos cinco cambios en nuestra moneda de curso legal, las inflaciones anuales promedio superaron los dos dígitos, y un mismo partido pudo privatizar y reestatizar empresas en menos de una década, en ambos casos con grandes pérdidas económicas. En este contexto lo más asombroso es la continuidad de las diversas dirigencias políticas y sectoriales responsables, en un marco de exacerbada corrupción en perjuicio de los recursos del Estado. Que no se limita al campo penal (robar), sino se extiende al usufructo de privilegios (nepotismo), a conductas abusivas en el gasto público (viajes, viáticos, compras), y aprobación de leyes inequitativas o cajoneo de las que afecten intereses políticos. Por ello, más allá del seguimiento de las impactantes actuaciones judiciales en marcha, sino se explicita y comprende la conformación estructural que permitió el saqueo la trama de corrupción sobrevivirá, y el país continuará degradándose.
Un primer síntoma a destacar, es el permanente silencio de la gran mayoría de la clase política para expedirse explícitamente contra los hechos de corrupción, sea justicialismo, radicalismo, progresismo, socialismo, dirigencias gremiales o empresarias. Ello, mientras reconocidos corruptos cínicamente convocan a paros invocando la defensa de los que menos tienen, y a un año de las elecciones nacionales, eternos políticos repiten la vieja escena de apelotonarse y empujarse para subirse a los escasos botes del Titanic para obtener cargos legislativos (los cargos en organismos o asesorías se entienden solo como salvavidas para mantenerse a flote). En medio de este aquelarre, impávidos comentaristas y analistas reiteran añejas argumentaciones basadas en melancólicos contenedores partidarios que poco o nada contienen: justicialismo (decir peronismo es involucrar injustamente a Perón); radicalismo; progresismo; socialismo, izquierdas, derechas. La realidad se transparenta cuando a los contenedores les ponemos contenidos. Cuáles son los justicialistas racionales y cuáles los irracionales? Quiénes son radicales K, Pro o impolutos? Quién le ofrecerá un cargo a Victoria Donda para que defina dónde se ubica? Solá abandonó a Massa para acercarse al kirchnerismo junto con Pino Solanas, o es agente encubierto de Massa junto con Margarita Stolbizer para crear confusión? Lousteau es radical o independiente? Moyano y Pignanelli harán con Baradel y Yaski un frente de derecha, de izquierda, o acordarán unirse bajo un amplio “frente progresista”? En San Luis gobernará el Adolfo o el Alberto? Pensemos: esta ironías son falsas o tienen sustento?
En medio de estos oportunismos políticos y mediocridades analíticas, nadie parece haber reparado en los interrogantes que surgen del caso llamado “cuadernos de Centeno”. Visualizarlos y encontrar respuestas será imprescindible para producir cambios políticos-institucionales de fondo. El interrogante inicial es simple: cómo puede ser que en una democracia se pueda mantener activa e impune durante décadas una estructura delictiva multisectorial y polifacética, integrada por altos funcionarios, empresarios, sindicalistas, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y delincuentes comunes?
En la próxima newsletter buscaremos respuestas partiendo como corresponde del vértice de nuestro sistema de gobierno, con un poder Ejecutivo que usos y costumbres exigen que sea ejercido por líderes excluyentes y manejos verticalistas, y de ser posible de carácter sucesorio, como en las viejas monarquías.
Buenos Aires, 26 de septiembre 2018
Coimas de novela (cuaderno 4)
Lograr un verdadero punto de inflexión en la destrucción de la matriz de corrupción estatal-privada sólidamente instalada desde hace décadas, implica sortear las estrategias judiciales y comunicacionales con las que los sectores involucrados intentarán eludir culpabilidades, mantener libertades, salvar patrimonios mal habidos, y colateralmente, intentar mantener la trama delictiva con los menores daños posibles. Una frase literaria resume la intención: cambiar para que nada cambie.
Para evitarlo es necesario que nuestros análisis no se detengan solo en lo rimbombante, sino incursionen en el conocimiento del armado y extensión territorial de la trama. Es inevitable la repercusión que provocan nombres como Kirchner, De Vido, Rocca, Roggio y Calcaterra, alias “el primo de Macri”, entre otros. Pero concentrarnos en las cúpulas sin desactivar los eslabones, no destruirá la trama de corrupción. Es razonable priorizarlas en términos de sanciones penales, pero en términos de “desactivación” es imprescindible desarmar cientos de estructuras ficticias conformadas con el solo fin de saquear al Estado, para que no se mantengan latentes. En estas configuraciones disfrazadas de “legales”, participaron gobernadores, intendentes, rectores de universidades, cúpulas policiales, líderes sociales, cooperativas, fundaciones, y agrupaciones políticas inexistentes. En cada caso se deberá determinar si los partícipes necesarios fueron activos, cómplices o complacientes. A este último grupo pertenecen eternos políticos oficialistas u opositores penalmente inocentes, muchos de los cuales ya se autopostulan para las elecciones legislativas del 2019 (la agrupación no importa; están abiertos a escuchar ofertas). Bajo el lema “yo no vi nada” que los cobija, muchos colaboraron en promulgar leyes penales ineficaces y sistemas electorales escandalosos, o bien aportaron a la complicidad de trabar la aprobación de leyes imprescindibles como la de extinción de dominio.
En la actualidad, como es obvio, la información se concentra casi exclusivamente en el corazón del poder político: ciudad de Buenos Aires y alrededores. Surgen cifras estimativas del “costo de la corrupción” durante el período 2003-2015, basadas en distintos indicadores, como porcentaje sobre contratos de obra pública, montos de subsidios o promedio porcentual sobre PBI. Propritkin, presidente de contadores forenses, estimó una fuga de 20.000 millones de dólares entre corrupción y despilfarro. Profesores de la UBA y del Conicet calcularon en 36.000 millones de dólares de coimas lo sumado por todas las cajas recaudatorias. O 300 millones de dólares entregados por los operadores de transporte ferroviario subsidiado. Pero estas estimaciones no atacarán las causas que facilitaron el saqueo. En la provincia de Chubut por ejemplo, antes que aparecieran Centeno y sus cuadernos y a meses del fallecimiento del gobernador Mario Das Neves en octubre pasado, una investigación por enriquecimiento ilícito de sus secretarios privados desnudó una trama de sobornos entre funcionarios y empresarios pertenecientes a la delegación de la Cámara de la Construcción, que derivó en la detención de partícipes públicos y privados. La causa judicial es conocida con el nombre de “Revelación”. Lo destacable es que no solo varios empresarios “se arrepintieron” y confesaron, sino ofrecieron a modo de “probation” o reparación, hacerse cargo del costo y construcción de obras que se acordarían con el gobierno. Interesante alternativa a considerar como una de las opciones para no interrumpir la marcha de las obras a nivel nacional, y recuperar parte de los recursos estatales sustraídos.
Como corolario vale una reflexión de cara a la reformulación del análisis político. Cuando hacen referencia a las habituales y controvertidas encuestas de opinión y se menciona a los “núcleos duros de adhesión” del justicialismo (en este caso a Cristina Kirchner), se los identifica pertenecientes a las franjas sociales más vulnerables y tolerantes con la corrupción. Al respecto se debe recordar que en la provincia de Buenos Aires el justicialismo sufrió dos derrotas consecutivas. Pero no es lo más importante. Cabe preguntarse si no es momento que los analistas evalúen de igual modo la incidencia de los “núcleos blandos” pertenecientes a clases medias altas y altas permeables a la corrupción. Caso contrario el discurso político basado en la preocupación por los pobres aparece contradictorio: no solo se los mantiene pobres, sino también se los culpabiliza por un supuesto desinterés ante la corrupción estatal- privada. Conceptualmente, este discurso pertenecería al campo del cinismo.
Buenos Aires, 29 de agosto 2018
PRÓXIMA NEWSLETTER: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Coimas de novela (cuaderno 3)
Desactivar la sólida trama de corrupción político-empresarial que permitió el multimillonario flujo espúreo de recursos públicos hacia funcionarios y empresarios asociados, implica clarificar las culpabilidades de cada uno de los sectores involucrados. En nuestra condición de ciudadanos comunes, las fuentes de datos provienen de los medios masivos de comunicación, nexo imprescindible entre los sucesos y la opinión pública. Un análisis serio debe evitar catalogarlos “a priori” como oficialistas u opositores, prestando atención a los mensajes que en cada uno de ellos transmiten periodistas, analistas y políticos, para luego comparar y evaluar. Para la tarea tendrán similar utilidad por ejemplo, las señales televisivas de TN y la contigua C5N. O La Nación y Página 12 en la prensa escrita. Lo valioso es observar a que temas dan relevancia cada medio; quienes los plantean y como los plantean.
Para este ejercicio individual para formar opinión se deben tener presentes ciertos principios de comunicación política: 1) La grandilocuencia discursiva de por sí no asegura nada, pues puede ser usada tanto por corruptos como por honestos. No es un fenómeno de la llamada “posverdad”. Jean-Marie Domenach expresaba en 1950 que “con tal que la palabra cause efecto, la idea ya no cuenta”. A la palabra, el desarrollo tecnológico moderno sumó la “imagen dinámica” (ejemplo: ver a López arrojando bolsos en un convento). 2) Para lograr impacto discursivo se aplican dos reglas: la de simplificación (ejemplo: Patria; pueblo; crecer; gobierno popular; gobierno de ricos; populismo; neoliberalismo; derecha; izquierda), y la exageración (aumentar aspectos favorables o desfavorables de los hechos). 3) Para que el mensaje tenga repercusión y no se diluya en lo individual, es necesario lograr cierta simultaneidad en su propalación.
Retomando el escándalo de las “coimas en las obras y servicios públicos”, los hechos y personajes fueron conocidos desde hace años y/o décadas. Como así también la existencia de una sólida trama política, empresaria, gremial y judicial, que asegure inmunidad ante el saqueo e impunidad en cuanto a sanciones. Cabe preguntarse entonces: porqué los cuadernos de Centeno tuvieron un impacto que no lograron siquiera los videos mostrando a López arrojando bolsos con millones de dólares en un convento; integrantes del grupo de Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero para transportarlos en bolsos, y a una integrante del grupo de Milagro Sala retirando un bolso con millones de pesos de una sucursal del Banco Nación de Jujuy días antes del cambio de gobierno?
La razón pareciera ser una eficaz y reservada investigación judicial previa tomando como guía los famosos cuadernos, y la reciente incorporación de la figura penal del arrepentido colaborador, con las consecuentes, incontenibles e inéditas confesiones de empresarios, funcionarios, testaferros, y un emblemático ex juez federal. Caso cerrado entonces? De ningún modo; se avecina una dura etapa de encubrimiento, o al menos de minimización de daños. Y como no podía ser de otro modo dado que lo que se sustrajeron fueron cuantiosos recursos del Estado, los principales intérpretes pertenecen a la clase política. Las mencionadas reglas de simplificación y simultaneidad de propalación, se transparentan en el mensaje de batalla inicial: “se usa el caso de los cuadernos para tapar la situación económica”. Lamentablemente el eslogan es reversible, pudiéndose plantear que tras la situación económica se pretende tapar el escándalo de corrupción. Por otra parte muestra gran desprecio por el entendimiento del ciudadano común. El hambre es hambre, y la corrupción es corrupción.
Pero lo revelador es el amplio espectro político que acoplado al lógico justicialismo kirchnerista, hace uso de una estrategia que mezcla especulación, necedad y complicidad. Citemos entre otros al justicialismo fluctuante (Solá, Arroyo, Alberto Fernández); al progresismo (Pino Solanas); a radicales quejosos (Ricardo Alfonsín); a la izquierda dura (Del Caño, Pitrola), a amigos papales (Grabois), y a representantes de derechos humanos (Estela Carlotto). Al listado se sumó un novel dirigente invitado a mesas de debate, que se presenta como presidente de un insólito Partido Piquetero.
Que factor común interrelaciona a ésta supuesta diversidad ideológica tras un mensaje único? Todos reciben recursos del Estado, y dicen defender a los pobres. Evidentemente, desarmar la trama de corrupción no será fácil.
Buenos Aires, 23 de agosto 2018
Coimas de novela (cuaderno 2)
En el cuaderno anterior recordamos la causa de las coimas en el Senado como un caso paradigmático para comprender el circuito de corrupción, especulación política e impunidad final, vigente desde hace décadas. Este segundo cuaderno reflexiona sobre los inéditos y masivos mal llamados arrepentimientos de importantes empresarios, políticos y jueces. Cabe recordar que existen dos clases de arrepentimientos: el religioso (dejar de pecar para volver al camino de Dios y del bien), y el penal (temor a ser castigado judicialmente). Este último adquirió eficacia a partir del año 2016 con la modificación de artículos del Código Penal que incorporó la figura del colaborador. Los últimos sucesos podrían terminar con una variante habitual de arrepentimiento más peligrosa y cínica: pregonar principios éticos y denunciar corrupciones como mero juego político, bajo el paraguas de impunidad de los culpables asegurada.
La corrupción desaforada necesitó de una trama estructurada desde cúpulas cleptocráticas consolidadas, multifacéticas, apolíticas en lo ideológico, asociada a otros poderes constitucionales y organismos de control, y con un sinnúmero de partícipes secundarios necesarios, sea por acción o adhesión (secretarios, testaferros, periodistas, actores, policías, choferes, jardineros), o por omisión, amansando a políticos y funcionarios penalmente “honestos”, con cargos públicos bien rentados, extendidos a sus familiares de ser necesario. Por ello los antecedentes de arrepentidos con pruebas sólidas (Skanska, Siemens, IBM-Banco Nación, entre otros), o best sellers sobre la corrupción como “Robo para la corona”, se diluían como entretenimientos mediáticos, pero no mucho más.
Es oportuno no embarcarse en prematuros entusiasmos emocionales, pese a la relevancia de los arrepentidos y contundencia de sus declaraciones. Se instalarán las clásicas estrategias legales y comunicacionales de negación, confusión y ocultamiento, que ya planteaba el psicólogo social Dunlap en 1925, cuando señalaba que ante la opinión pública se debían sustituir los argumentos por las declaraciones. No es casual que políticos o empresarios en lugar de argumentar “inocencia”, se limitaran a declarar “persecuciones políticas”, o bien, “fui obligado”. Del mismo modo se abusará del rumor, que Ludendorff definía como el medio de propaganda más peligroso de todos: ”La idea se siembra y nadie sabe de dónde ha salido”.
Sin embargo la gran incógnita es vernácula: hasta cuándo el sistema político seguirá auto protegiéndose? Como referencia basta señalar la capciosa e inconstitucional interpretación de la ley de fueros, que permite que procesados y condenados por delitos comunes puedan ser candidatos y legisladores; la increíble resistencia a promulgar una ley eficaz de extinción de dominio de bienes de la corrupción; la permanencia de un sistema electoral absurdo que facilita cualquier despropósito para permanecer en los cargos.
Mientras estas preguntas esperan respuestas, el seguimiento de las causas judiciales aconseja tener presente: 1) los primeros arrepentidos deberán ser los integrantes de la justicia penal; en especial jueces y fiscales federales. 2) eludir la distracción con fetiches de culpabilidad como objetivo unívoco y engañoso: Menem y los Kirchner, Oyarbide y Bonadìo, Wágner y Calcaterra, peronistas y radicales. En la propaganda política el recurso de hacer foco en lo coyuntural o anecdótico para mantener lo estructural se llama Regla de Simplificación, cuyo símbolo es el eslogan. 3) no interrelacionar reclamos ciudadanos de honestidad política con encuestas de adhesión y/o rechazo político a personajes y/o sectores. La corrupción estatal no tiene ideología. En las cúpulas favorecidas predominan los negocios y el dinero; en las franjas sociales vulnerables, el temor a perder lo poco que recibieron.
Ocho cuadernos y una reforma en el Código Penal generaron un tifón dentro del cual giran desordenadamente políticos, empresarios, jueces, fiscales, sindicalistas y testaferros. En lo inmediato se introduce un nuevo mensaje de impunidad, que sostiene que las empresas involucradas en las coimas y sus obras entrarán en crisis, incumpliendo contratos e incrementando la recesión. Ante ello, el gobierno debiera elaborar una estrategia jurídica, técnica y presupuestaria para mantener fuentes de trabajo y obras claves de desarrollo. Recordemos que las dirigencias argentinas son muy especiales. No hay inversiones por la corrupción, pero tampoco las hay si se la combate.
Buenos Aires, 15 de agosto 2018
Coimas de novela (cuaderno 1)
“Cambian los actores, se transforma el escenario, tenemos sensación de novedad, pero el libreto mantiene sus líneas cardinales. La Argentina es distinta y la misma a la vez. Posee identidad. La última década, escándalo más, escándalo menos, está prefigurada en las anteriores. Ha demostrado que el título de esta obra le calza a perfección”. Este concepto lo escribió Marcos Aguinis en su libro “Un país de novela”, publicado en 1988. Treinta años más tarde, surge un éxito rutilante de un escritor desconocido, de profesión chofer, autor de una bitácora que en ocho entregas describe la corrupción estatal-privada entre los años 2005-2015. El libreto del país de novela mantiene sus líneas cardinales, pero asombrosamente, también a muchos actores y escenarios de entonces. Presidentes, gobernadores, legisladores, gremialistas, empresarios y jueces podrán tener hoy otros cargos, o haber sido sucedidos dinásticamente por familiares, pero sus ilustres apellidos permanecen. Primera conclusión: estas continuidades dirigenciales por décadas, son esenciales para sostener las extendidas tramas de corrupción estatal-privada con impunidad.
También se mantendrán las clásicas estrategias de encubrimiento, aplicando una de las reglas básicas de la propaganda política, llamada “contra propaganda”. Consiste en minimizar impactos en la opinión pública buscando destruir y/o diluir acusaciones, tras un alud de opiniones políticas que entrecruzan información con desinformación, profesionalidad con encubrimiento, racionalidad con delirios. Estos servicios profesionales disfrazados de opinión, son excelentemente remunerados. Un caso que ejemplifica la relación entre juegos políticos, corrupción e impunidad, es el de las coimas en el Senado. Recordarlo servirá para seguir el avance de las investigaciones actuales. En homenaje a la síntesis, lo resumiremos al estilo Centeno; cronológicamente y con descripciones escuetas.
Año 2000.- En mayo el Senado sanciona la ley de Reforma Laboral. En agosto aparece en Sala de Periodistas un anónimo denunciando sobornos a senadores justicialistas, y La Nación comienza con una serie de artículos al respecto. Moyano declara que el Ministro Flamarique le dijo que tenía la Banelco para las coimas. Inicia una causa el juez Carlos Liporace. En octubre renuncia el vicepresidente Carlos Alvarez, mencionando la compra de leyes.
Año 2001.- En febrero el juez Liporace es suspendido acusado por enriquecimiento ilícito (luego condenado por cohecho). Toma la causa Canicoba Corral. En diciembre renuncia De la Rúa.
Año 2002.- Asume como presidente Duhalde en el contexto de un caos económico y político inédito.
Año 2003.- En mayo asume la presidencia Néstor Kirchner. En junio el ex secretario legislativo radical Pontaquarto se presenta en un reportaje como arrepentido, afirmando haber participado en los sobornos transportando 5 millones de dólares entregados por la SIDE. Canicoba Corral dice que los sobornos están probados. En un reportaje televisivo, señalando una mesa de su despacho presidencial, Kirchner expresa: “acá se pagaron los sobornos”.
Año 2004.- La Cámara Federal dispuso la nulidad de lo actuado por Canicoba Corral, que diera por acreditadas las coimas, y traslada la causa a Daniel Rafecas.
Año 2013.- Elevada a juicio la causa y tras el desfile de más de 300 testigos, en diciembre el Tribunal Oral 3 sobreseyó a todos los acusados. En su fallo menciona que Pontaquarto “se contradijo, se desdijo y corrigió sistemáticamente”. Destacó la parcialidad de algunos jueces intervinientes, “en especial del dr. Rafecas”. El fiscal Taiano solicitó investigar al ex Jefe de Gabinete Alberto Fernández y al ex Jefe de la Ciudad Aníbal Ibarra, entre otros testigos, por sus declaraciones “sospechadas de falsas y contradictorias”. Los testigos, entre ellos Alvarez, Moyano y personal de la SIDE relevado de su obligación de confidencialidad, no aportaron pruebas fehacientes.
Porqué esta causa es emblemática para observar las investigaciones y juicios que se avecinan? Hayan existido o no los sobornos, la gravedad institucional es exactamente la misma. Los involucrados en la causa demostraron que usan la corrupción solo como recurso de desprestigio político, pero manteniendo a resguardo la impunidad de los culpables. Con respecto a lo expresado por Marcos Aguinis en 1988, hay una diferencia: los actores y escenarios de entonces, salvo razones de fuerza mayor, son los mismos de hoy.
Buenos Aires, 08 de agosto 2018
Denunciar para que nada cambie
Las denuncias originadas en aportes “truchos” detectados en la pasada campaña electoral legislativa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, debieran constituir un hito para reformular definitivamente la legislación electoral y de financiamiento de los partidos, evitando que el debate una vez más no se reduzca a un mero juego dialéctico que distribuya costos electorales, sin que nada cambie.
Para converger en este difícil objetivo, se debe reconocer que Cambiemos y sus recaudadores son culpables. Y de ser necesario, aceptar que en este tema “son todos iguales”. Pero este reconocimiento no resuelve el problema de fondo. Que los gastos de campaña de los partidos electoralmente competitivos superan exponencialmente los gastos autorizados por ley, es verificable a simple vista. Basta observar los enormes carteles publicitarios de candidatos ubicados a la vera de las principales rutas que aparecerán a la brevedad, incumpliendo además los plazos legales de campaña. Los vicios estructurales alcanzan a toda la reglamentación partidaria electoral, que incluye a las agrupaciones menores y de escasa vida, como veremos más adelante. Los legisladores deberán reformular esta intencionada maraña burocrática con permanentes cambios según conveniencias de coyuntura, permeable a todo tipo de corruptelas pero con un claro objetivo: facilitar la permanencia indefinida y/o hereditaria de una misma casta política desde hace décadas.
La reformulación debe ser integral, abarcando las tres áreas de influencia interrelacionadas: la ley electoral, la de financiamiento de campañas, y el cumplimiento de las normas de control administrativo y judicial en tiempo y forma. Bancarizar aportes es un simple paliativo que no provee soluciones de fondo. En el caso Cambiemos y otros, sabemos que la justicia electoral y federal no resolverá nada, porque es parte del problema. Por ejemplo, jamás emitió dictamen por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner-Julio Cobos de 2007, relacionado con actividades ilícitas tales como la valija de Antonini Wilson y aportes de laboratorios involucrados en el contrabando de efedrina. Recién nueve años más tarde, el juez federal Ariel Lijo se limitó a castigar al FPV con la retención del 2% del dinero recibido del Estado. Son muchos los aspectos relacionados con el financiamiento espúreo de la política que están legalmente protegidos, y curiosamente obviados en todo debate. Citemos solo dos:
1.- El negocio de las llamadas “pymes” partidarias. La fragmentación política que promueve un sistema electoral que habilita candidaturas múltiples, listas espejo y colectoras, ley de lemas, candidaturas testimoniales y otros abusos, facilita la enorme cantidad de partidos que aparecen y desaparecen en cada elección sin control de legalidad (en la última elección presidencial sumaron 624 en todo el país), lucrando con el negocio subterráneo de recaudar bajo la figura de impresión de boletas, que paga el Estado, transformando los actos electorales en negocios de menudeo. En la elección del 2017 la Cámara Electoral frenó solo por defectos formales, no legales, un pago de 72 millones de pesos al Frente Unión Federal encabezado por el actor Cutzarida y el cantante Antonio Ríos, que inscribió 26 listas (13 para diputados y 13 para senadores). En la misma elección y en el marco de la ley, el senador Pino Solanas con mandato hasta diciembre del 2019, se presentó en las PASO nuevamente como candidato por seis años, pero sin renunciar a su actual senaduría. Su divertimento electoral tuvo un costo fiscal de 1.554.000 pesos.
2.- Fundaciones y Asociaciones Civiles creadas por políticos con fines recaudatorios. Estas personas jurídicas privadas autorizadas y controladas por la Inspección General de Justicia, que el Código Civil y Comercial define como entidades sin fines de lucro, son habitualmente usadas para recaudar y mover importantes sumas de dinero. Es usual que sus autoridades se nieguen a brindar información de aportantes y/o donantes, y que sus balances cuando los presentan, exhiban manifiestas inconsistencias que repiten los mismos vicios de los balances partidarios y de campaña.
Pueden existir grietas en lo discursivo como meros operativos de desprestigio, pero no para resistir la implementación de boletas únicas, impedir dobles candidaturas, fomentar “pymes” electorales, mantener la capciosa interpretación de los fueros legislativos, y demorar la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio eficaz, entre otras complicidades. A los legisladores se les debería recordar que denunciar es un derecho, pero legislar en base al interés común es una obligación.
Buenos Aires, 01 de agosto 2018
La Patria está en peligro
Las denuncias originadas en aportes “truchos” detectados en la pasada campaña electoral legislativa de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, debieran constituir un hito para reformular definitivamente la legislación electoral y de financiamiento de los partidos, evitando que el debate una vez más no se reduzca a un mero juego dialéctico que distribuya costos electorales, sin que nada cambie.
Para converger en este difícil objetivo, se debe reconocer que Cambiemos y sus recaudadores son culpables. Y de ser necesario, aceptar que en este tema “son todos iguales”. Pero este reconocimiento no resuelve el problema de fondo. Que los gastos de campaña de los partidos electoralmente competitivos superan exponencialmente los gastos autorizados por ley, es verificable a simple vista. Basta observar los enormes carteles publicitarios de candidatos ubicados a la vera de las principales rutas que aparecerán a la brevedad, incumpliendo además los plazos legales de campaña. Los vicios estructurales alcanzan a toda la reglamentación partidaria electoral, que incluye a las agrupaciones menores y de escasa vida, como veremos más adelante. Los legisladores deberán reformular esta intencionada maraña burocrática con permanentes cambios según conveniencias de coyuntura, permeable a todo tipo de corruptelas pero con un claro objetivo: facilitar la permanencia indefinida y/o hereditaria de una misma casta política desde hace décadas.
La reformulación debe ser integral, abarcando las tres áreas de influencia interrelacionadas: la ley electoral, la de financiamiento de campañas, y el cumplimiento de las normas de control administrativo y judicial en tiempo y forma. Bancarizar aportes es un simple paliativo que no provee soluciones de fondo. En el caso Cambiemos y otros, sabemos que la justicia electoral y federal no resolverá nada, porque es parte del problema. Por ejemplo, jamás emitió dictamen por el financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner-Julio Cobos de 2007, relacionado con actividades ilícitas tales como la valija de Antonini Wilson y aportes de laboratorios involucrados en el contrabando de efedrina. Recién nueve años más tarde, el juez federal Ariel Lijo se limitó a castigar al FPV con la retención del 2% del dinero recibido del Estado. Son muchos los aspectos relacionados con el financiamiento espúreo de la política que están legalmente protegidos, y curiosamente obviados en todo debate. Citemos solo dos:
1.- El negocio de las llamadas “pymes” partidarias. La fragmentación política que promueve un sistema electoral que habilita candidaturas múltiples, listas espejo y colectoras, ley de lemas, candidaturas testimoniales y otros abusos, facilita la enorme cantidad de partidos que aparecen y desaparecen en cada elección sin control de legalidad (en la última elección presidencial sumaron 624 en todo el país), lucrando con el negocio subterráneo de recaudar bajo la figura de impresión de boletas, que paga el Estado, transformando los actos electorales en negocios de menudeo. En la elección del 2017 la Cámara Electoral frenó solo por defectos formales, no legales, un pago de 72 millones de pesos al Frente Unión Federal encabezado por el actor Cutzarida y el cantante Antonio Ríos, que inscribió 26 listas (13 para diputados y 13 para senadores). En la misma elección y en el marco de la ley, el senador Pino Solanas con mandato hasta diciembre del 2019, se presentó en las PASO nuevamente como candidato por seis años, pero sin renunciar a su actual senaduría. Su divertimento electoral tuvo un costo fiscal de 1.554.000 pesos.
2.- Fundaciones y Asociaciones Civiles creadas por políticos con fines recaudatorios. Estas personas jurídicas privadas autorizadas y controladas por la Inspección General de Justicia, que el Código Civil y Comercial define como entidades sin fines de lucro, son habitualmente usadas para recaudar y mover importantes sumas de dinero. Es usual que sus autoridades se nieguen a brindar información de aportantes y/o donantes, y que sus balances cuando los presentan, exhiban manifiestas inconsistencias que repiten los mismos vicios de los balances partidarios y de campaña.
Pueden existir grietas en lo discursivo como meros operativos de desprestigio, pero no para resistir la implementación de boletas únicas, impedir dobles candidaturas, fomentar “pymes” electorales, mantener la capciosa interpretación de los fueros legislativos, y demorar la aprobación de una Ley de Extinción de Dominio eficaz, entre otras complicidades. A los legisladores se les debería recordar que denunciar es un derecho, pero legislar en base al interés común es una obligación.
Buenos Aires, 01 de agosto 2018
Humor o vulgaridad política?
En la última newsletter señalamos que el fútbol profesional, al ser de interés en vastas y diversas franjas socioeconómicas y culturales del país, y poseer dirigencias en las que sin necesidad de debates ideológicos convergen políticos, empresarios, banqueros, sindicalistas, jueces y barras bravas, es excelente para entender popularmente el funcionamiento de la política sin complejas sofisticaciones. Este mismo rol y aún con mayor eficacia, lo cumple una actividad de invalorable tradición histórica: el humor político, sea verbal, escrito o gráfico, a través de parodia, sátira o caricatura.
El humor político exige ingenio y agudeza para describir o criticar sintéticamente contextos y sucesos, con toques de ironía que aún en la disidencia nos haga sonreír. Su éxito depende de un factor invalorable: describir certeramente lo que la sociedad asume como verdadero. De no ser así, el pretendido humor se transforma en vulgaridad o sarcasmos encubridores de la verdad, habituales en muchas opiniones casi farandulescas usadas en los debates políticos. Tal el caso reciente del cruce verbal entre los diputados Agustín Rossi y Elisa Carrió, abogados con largos usufructos de cargos políticos bien rentados, enrostrándose en el parlamento viejos vicios y cuitas familiares, o vociferando grandilocuencias falaces, como cuando Rossi afirmó que “los diputados representamos a quienes nos votan”, soslayando que acceden a través de las férreamente defendidas “listas sábana” armadas en quinchos por los líderes de turno. Con la posibilidad que una vez alcanzada la banca, el bendecido pueda convertirse en “libre pensador”, conformar un monobloque unipersonal, o traspasarse a otro partido.
El humor político bien entendido admite ironías, pero no cinismos. De allí su prestigio, y las persecuciones expresas o encubiertas sufridas por sus autores por parte de gobiernos de facto y democráticos. Por la forma sintética de reflejar sucesos y personajes de la época, se convierten en verdaderos auxiliares para las investigaciones históricas. Fue pionero “El Mosquito”, periódico dominical de características satírico-burlescas, publicado entre 1863 y 1893. Ya en el siglo XX, nació “Tía Vicenta”, revista satírica creada por Landrú (Juan Carlos Colombres), que se publicó entre 1957 y 1966 (golpe militar contra Illía), y luego entre 1977 y 1979. La revista “Humor”, que fue editada entre 1978 y 1999, contaba con periodistas e intelectuales respetados, en la que el humor y la sátira para denunciar a la dictadura militar dentro de los límites posibles, la convirtió en un éxito editorial. En cuanto a monólogos, son inolvidables los de Tato Bores. Aún hoy asombra la vigencia que mantienen sus descripciones de las diversas coyunturas políticas desde su comienzo en la década del 60 hasta su muerte en la década del 90. Fue presionado y aún prohibido por diversos gobiernos, e inclusive la jueza Servini de Cubría intentó impedir la salida al aire de un programa que la mencionaba. Sus monólogos durante más de tres décadas, nos confronta con la triste realidad que con el paso del tiempo no hemos aprendido nada.
De la época actual cabe mencionar tres ejemplos. El de Hermenegildo Sabát (caricaturista), que despierta temor en altas esferas políticas tan solo dibujando; Enrique Pinti (monólogos), y la columna dominical de Sebastián Borenzstein (prensa escrita). Este último ejemplo merece una mención especial, porque revaloriza la relación del humor con el aporte serio para entender la realidad, permitiendo un excelente aprendizaje por parte de la sociedad en su conjunto de nuestras realidades políticas, sociales y económicas. Sus ironías las apoya con datos históricos y económicos verificables, que no confunden sino esclarecen. El buen humor político duele y es temido por las dirigencias porque llega al hueso de las realidades, sin necesidad de debates histéricos y discursos grandilocuentes ante cámaras.
El humor no carece de acidez y toques de amargura. Borenzstein hace hincapié en la importancia del perro vagabundo recibido e instalado en la Casa Rosada, bautizado Balcarce. Su misión es estar atento al devenir político, y actuar cuando sea necesario recobrar la sensatez. Cabe preguntarse si no se debiera promover que tenga crías, para distribuirlas entre gobernadores y legisladores y los ayuden a que en un sobrehumano esfuerzo, finalmente definan políticas de Estado eficaces y permanentes en el tiempo que permitan avizorar un futuro esperanzador. El problema es definir a quien se elegiría para intentar la cruza. No te escapes Balcarce!!!
Buenos Aires, 13 de julio 2018
Tinelli y los pobres
Es interesante analizar el modo utilizado por el empresario y conductor Marcelo Tinelli, como tanteo inicial para su eventual incorporación a la actividad política partidaria. En un reciente viaje a Jujuy con su familia, Tinelli se refirió a las condiciones precarias en las que viven los habitantes de zonas rurales. Su sorpresa y preocupación, que reiteró en oportunas entrevistas mediáticas, naturalmente se viralizò en las redes sociales.
Este suceso permite un excelente punto de partida para reflexionar sobre dos aspectos habituales de los debates políticos: 1) crear adhesiones o rechazos al mensaje en base a las adhesiones o rechazos que provoca el mensajero; 2) como resultado de lo anterior, no profundizar acerca de la reiterada utilización de una supuesta preocupación por los pobres, que formulan las viejas dirigencias desde hace décadas. Que lo repita Tinelli es revelador, porque proviene de alguien exitoso que no se dedicò a la política partidaria. Incursionar en este análisis hace necesario sortear primero la trampa de “la grieta”. El concepto lo desarrollò el polìtòlogo y filòsofo alemán Carl Schmidt, inicialmente adherente al nacional socialismo, quien acuñò la teoría del amigo/enemigo como binomio esencial de la ciencia política. Resultò de enorme utilidad para el manejo de masas, por lo que lo usufructuaron y usufructúan por igual las extremas derechas y extremas izquierdas.
Apliquemos la “grieta” vernácula a Tinelli. Acusaciòn: es un rico empresario oportunista en ocasiones asociado a grandes grupos económicos para hacer negocios (entre ellos Cristóbal López). Defensa: Tinelli trabajó toda su vida y creció con esfuerzo generando trabajo genuino (virtud que no muchos políticos pueden exhibir); si algunos de sus socios estafó al Estado, es responsabilidad de los organismos de control y funcionarios públicos asociados, no de Tinelli. Respecto a ser oportunista, en especial en política, solo cabe recordar la frase bíblica: “el que esté libre de culpa que tire la primera piedra”. Conclusiòn: Tinelli tiene derechos legítimos para incursionar en política. Pasado el filtro de la grieta, analicemos lo mas importante: su mensaje de presentación. Es escueto, simple y verdadero: Tinelli observò mucha pobreza en Argentina. Pero apeló a viejos cànones discursivos de eternos políticos, gobernadores, sindicalistas, empresarios, en especial de la comunicación, que comparten una condición curiosa:.ninguno es pobre, pese a que atravesaron hiperinflaciones, incautación de ahorros a las clases medias, destrucción de las cajas jubilatorias, desconocimientos de las deudas asumidas por el Estado. Más aún; son màs ricos que cuando comenzaron a preocuparse por los màs pobres.
Por ello, Tinelli renunciò a todo mensaje innovador que representara un cambio dialèctico y permitiera avizorar algo nuevo. Si Tinelli prestara atención detectarìa contradicciones imputables a las castas dirigenciales en su conjunto, y no solo del Ejecutivo, que no tiene mayorìas legislativas. Lo que no impide que parte de sus integrantes participen de estos “grandes acuerdos” de la vieja política. Tinelli podrìa preguntarse: porquè Palazzo del gremio bancario y Piumato del gremio judicial declaman defender a los pobres jubilados, mientras protegen sus regímenes de privilegio subvencionados por la ciudadanía? Porquè el Senado mantiene cajoneada desde hace dos años la ley de Extinciòn de Dominio, que permitiría recuperar parte de los recursos saqueados al Estado vìa corrupciòn? Porquè se promulgan y/o interpretan leyes para permitir que procesados y/o condenados por delitos contra el Estado puedan ser legisladores? Cómo hicieron Cristòbal Lòpez y muchos otros empresarios para defraudar al Estado por cifras millonarias en aportes patronales, sin que los defensores de los trabajadores actuaran?
Un mensaje innovador sería no hacer demagogia a costa de los pobres, sino concentrarse en identificar a los causantes de la pobreza. Para ello vale un concepto del reconocido economista argentino Roberto Frenkel: “Los conflictos en la Argentina no son por los pobres; son por los que màs ganan”.
Buenos Aires, 29 de junio de 2018