Debate entre engaños

El engaño consiste en dar mediante palabras o acciones apariencia de verdad a la mentira. La filósofa Hanna Arendt planteaba que “verdad y mentira no son fácilmente discernibles, porque el que miente sabe la verdad pero no la dice..” En el discurso político el engaño se complementa con técnicas propagandísticas como la llamada orquestación, consistente en instalar en las sociedades conceptos simples pero falaces, propagados de manera simultánea y coordinada por distintos emisores. Un ejemplo es la teoría del “lawfare”, que intenta imponerse por sobre pruebas de delitos. En consecuencia, detectar verdad, engaño, promesa, y en muchos casos cinismo, exige que los ciudadanos analicen los mensajes políticos críticamente.

La reforma judicial en debate presenta dos peculiaridades: 1) se prioriza sin que exista plan integral de gobierno, en el marco de un aislamiento social forzado y una crisis económico-social inédita; 2) la encabezan funcionarios involucrados en causas de corrupción en marcha. El llamado “Plan de democratización de la justicia”, acotado a movimientos estructurales y operativos de coyuntura en busca de control judicial, repite con muchos de sus políticos aún vigentes, los permanentes cambios institucionales, reforma constitucional de 1994 incluida, llevados a cabo desde hace décadas. Los resultados son conocidos: mayores privilegios políticos y corrupción. Esta ausencia de sentido común e interés general que es esencia de la buena política, obliga a concentrar la atención en aspectos conceptuales y filosóficos omitidos en el debate.

1.- Es falaz plantear en abstracto la independencia de los poderes constitucionales, pues son naturalmente interdependientes. La independencia surge por el respeto que los integrantes de cada poder tengan por la Constitución, leyes y normas que representen el interés común. En nuestra realidad, muchos de los representantes públicos intercambian roles entre distintos poderes, arrojando sombras sobre sus capacidades e intereses prioritarios, lo que por acción u omisión facilita las tramas de corrupción. 

2.- La reforma judicial se concentra en el fuero federal penal que investiga casos de corrupción pública, cuyas modificaciones afectarán a investigaciones y juicios orales en marcha y próximos, que involucran a importantes funcionarios y empresarios asociados, con poder político y económico para afrontar y manipular juicios. Ello no solo quita legitimidad a la reforma, sino desnuda el mito judicial que “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”, cuando es evidente que las diferencias sociales impiden dicha igualdad.

3.- El poder de decidir lo tendrán quienes ajenos a los imperativos ciudadanos, se autoprotegen con dos falacias interpretativas: a) que quienes tras años de investigaciones son condenados en primera instancia por un tribunal, son inocentes si apelan. No es verdad; apelan para eventualmente dejar de ser culpables; b) que los fueros legislativos establecidos en la constitución, protegen a los procesados por delitos comunes. No es verdad; los fueros protegen la libre opinión.

4.- La intención “democratizadora” de la justicia resulta dudosa, considerando que el país lleva 37 años de continuidad democrática, con centenares de políticos vigentes que actuaron solo en la función pública. Período durante el cual hubo ausencia de condenas judiciales o de la Magistratura en el único delito en el que el acusado debe demostrar su inocencia: el enriquecimiento ilícito. Lo que deja claro que el problema prioritario no es funcional sino humano, como sucediera con el “no voto” de la diputada Camaño en el caso del juez Canicoba Corral.

5.- El uso del cinismo se manifiesta al invocar “evitar operaciones o mesas judiciales”, cuando el notorio nivel de impunidad y corrupción de décadas se manifiesta en la diferenciación entre castas públicas enriquecidas y ciudadanos empobrecidos. Cuesta creer que esta desigualdad la corregirán sus beneficiarios, sino por el contrario, surge la justificada sospecha sobre si la “democratización” tiene como objetivo promover la agilización de los juicios orales y públicos, única instancia democrática para establecer inocencias y culpabilidades, o bien  mantener impunidades político-judiciales.

En este barrial nos encontramos los argentinos. Aislados en medio de una pandemia, y en paralelo, con muchos políticos activos en la lucha para mantener patrimonios mal habidos, libertades e impunidades. La urgencia en lograrlo fuerza a que los encubrimientos no se realicen subterráneamente entre cúpulas políticas, “mesas judiciales” kirchneristas o macristas, o misteriosos operadores. La lucha es a voz en cuello y tambor batiente, con una grieta ancestral que divide entre honestos y deshonestos.

Buenos Aires, 19 de agosto 2020