Confundir ideología con estupidez

El desarrollo de los medios de comunicación y sus diversas plataformas digitales, obligó a los políticos a tener una presencia mediática asidua, que en lugar de exhibirlos como dirigentes capacitados y coherentes lo hacen como simples comentaristas, cuyas inconsistencias argumentales las disfrazan de ideología, cuando en realidad representan estupidez. La ideología es un conjunto de ideas amalgamadas que caracterizan a una persona; la estupidez es torpeza para comprender hechos, explicándolos desde una óptica personal y simplicidad dogmática. La que usan para mantener indemnes sus privilegios, como sucediera en las crisis de 1975, 1989, 2002, y seguramente en la actual.

Como consecuencia, en el marco de una crisis económico-social inédita, altos funcionarios en lugar de resolver problemas, se dedican a opinar sobre la meritocracia, si la usurpación es delito, o creativamente, proponer ahorrar en pesos. Tal frivolidad, cinismo o incapacidad, según se prefiera, se transparentó recientemente en dos hechos relacionados con una obligación del Estado de alta sensibilidad: la seguridad.  El primero de ellos tuvo amplia difusión a través de un video que muestra la muerte de un efectivo de la policía federal a manos de un paciente siquiátrico, en avenida del Libertador y San Martín de Tours. De inmediato los funcionarios de seguridad nacionales, de la ciudad y provincia de Buenos Aires, se embarcaron en inútiles debates que trasladaban culpas y renovaban la vieja polémica sobre el uso de las pistolas Taser, en lugar de explicitar cual es el plan nacional de seguridad, y la formación y pautas que sus efectivos tienen ante el accionar de delincuentes. A quienes debieran conducir les es más cómodo disfrazar de ideología sus incapacidades, contando como piensan en lugar de como actúan, considerando que los delincuentes no eligen a sus víctimas según a quien hayan votado.

El segundo hecho casi simultáneo, se refiere a las investigaciones judiciales referidas al accionar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyas actividades reservadas, según la ley están destinadas a proteger “la seguridad exterior e interior de la Nación” (textual). Por el contrario, se lo convirtió en un organismo carente de profesionalidad, útil para lucrar con sus fondos reservados y ejecutar operaciones ilegales de desprestigio contra adversarios políticos. No en vano, lo condujeron sucesivamente Parrilli, Arribas y Caamaño. Tal anomalía derivó en un absurdo para cualquier organismo de inteligencia, que posee sus propios controles políticos internos y externos (bicameral): estar sometido a investigaciones judiciales en cuatro juzgados distintos: Ramos Padilla en Dolores; Augé en Lomas de Zamora; de Giorgi y recientemente Servini de Cubría, ambos en ciudad de Buenos Aires. Producto de la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño ante el juzgado de Lomas de Zamora para que investigara supuestas escuchas ilegales, se produjo lo inevitable: envió más de 3.850 decisiones emitidas entre 2015-2019 (período Macri), con detalle de movimientos internos, datos secretos y nombres de más de 100 espías, varios en el exterior, que se hicieron públicas. Como fiscal, Caamaño debería saber que las documentales que se incorporan al expediente son conocidas por el personal de los juzgados y los abogados de las partes, por lo que el secreto es imposible. Como consecuencia, el 2 de octubre ingresó a la AFI un oficio del fiscal Eduardo Taiano, solicitando datos ampliatorios referidos a 89 espías activos al momento de encontrarse muerto al fiscal Nisman en el mes de enero del 2015, cuando conducían la AFI entre otros el hoy jubilado Stiuso, y los actuales funcionarios Mena y Pocino, e información para detectar el origen de las filtraciones mencionadas. La nueva causa recayó en el juzgado federal de Servini de Cubría. El llamado caso D Alessio por su parte, a cargo del juez Ramos Padilla, es de gran interés público por la participación, sea como acusadores, acusados y abogados intervinientes, de personajes “todo terreno sin grietas” especialistas para ensuciar causas, confundir, coaccionar, engañar y amenazar, en pos de favorecer negocios e impunidades. Fracasada la operación de involucrar al fiscal Stornelli y hacer caer la causa Cuadernos, el juez demora en elevar la causa a juicio oral, como se lo reclamara en diciembre pasado la Cámara Federal de Mar del Plata.

Este cuadro de situación saturado de manipulaciones manifiestas, podrían generar consecuencias políticas virtuosas no deseadas: dado que los agentes dejaron de ser secretos, los juicios orales podrían blanquear el funcionamiento de la AFI, reestructurarla en su totalidad, y sacarla de la esfera de las malas praxis y estupideces políticas.

Buenos Aires, 07 de octubre 2020

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