Observatorio político OBVIO

Existe una instancia en la que todos los niveles culturales, económicos y sociales comparten los estados emocionales del escepticismo, angustia, hartazgo, que en los sectores más desprotegidos alcanzan el nivel de desesperación. Lograrlo exige una continuidad generacional de fracasos políticos que nuestro país supera largamente, con breves ciclos de crecimiento y una matriz de decadencia inmutable. Para conservar el poder en estos contextos, los gobiernos y sus dirigentes responsables apelan a dos recursos clásicos: cooptar instituciones burocráticas y controlar/manipular la opinión pública. La creación por parte de la Defensoría del Público de un Observatorio cuyas siglas son NODIO, comprende ambos aspectos.

El fin del Observatorio es el de “detectar, verificar, identificar y desarticular las estrategias argumentativas de noticias maliciosas”. Grandilocuencia que recuerda a la tira cómica en la cual el perro Diógenes, ante los pensamientos de su dueño el Linyera, expresaba: ¡qué lo parió! Pero en lugar de sumergirnos en una grieta de apoyos y rechazos que embrutece a los situados en uno u otro lado, el hecho debería permitirnos reflexionar acerca de sus significados e implicancias políticas. En origen, el tema se instala en el campo de la opinión pública y propaganda política,  destinada precisamente a influenciar en la opinión de masas. Sus reglas básicas aún vigentes, que incluyen engaños y manipulación, nacieron en las primeras décadas del siglo XX con el surgimiento del bolcheviquismo, fascismo y nazismo, potenciadas con los avances tecnológicos de entonces, como la radio y el cine, que otorgaron a los mensajes simultaneidad y velocidad de llegada a destinos lejanos (leer “La propaganda política”- Jean Marie Domenach – 1950). No es casual entonces que los controles de opinión pretendan ser ejercidos por organismos estatales.

A fines de dicho siglo, el desarrollo de plataformas digitales provocó un impacto inédito: la comunicación dejó de ser unidireccional (emisor político activo/receptor ciudadano pasivo), para convertirse en bidireccional, que permitía que anónimos ciudadanos a través de redes sociales pudieran actuar como emisores, afectando a pretendidos monopolios privados y estatales. A éstos últimos ya no le era suficiente con perseguir o prohibir medios disidentes, ni financiar periodismo adherente. Para colmo, los políticos al verse obligados a competir en ésta moderna ágora virtual para no perder presencia, en pocos caracteres expusieron sus mediocridades y pobrezas argumentativas. Esta modernidad presenta costos y beneficios que en caso de afectar derechos inviolables de las personas, sus responsables deberán afrontar las sanciones civiles y penales que correspondan. En el estudio de esta compleja problemática actúan instituciones privadas, universitarias y periodísticas, no para “desarticular”, sino para formar, informar y debatir en base a la razón por sobre la emoción, para que la detección de mentiras y engaños sea tarea de cada ciudadano, y no de un grupo de iluminados estatales politizados, que con psicólogo incluido piense por los ciudadanos. Nada nuevo: esto se llama libertad de expresión.

Pero oponerse cerradamente a NODIO tendría el efecto perjudicial de impedir la necesaria etapa experimental que demuestre cómo se “detectarán y desarticularán las noticias maliciosas”. Ejemplo, si se consideraría malicioso que un presidente brinde públicamente datos económicos falsos, y en ese caso, constatar cómo actuarían nuestros protectores. En lo inmediato, el ciudadano se podría entrenar en el ejercicio de detectar contradicciones e intenciones ocultas en los mensajes políticos “encapsulados” en un único tema, utilizando la sigla OBVIO, como se define a lo que debería ser notorio, visible y elemental. En el caso que nos ocupa, lo que pareciera acotado al campo comunicacional se debería asociar a lo institucional, para detenernos en un aspecto que la clase política, aún con graves crisis económicas y pobreza, se niega a reformular “por única vez”: la existencia de una estructura burocrática estatal sobredimensionada e ineficaz plagada de privilegios. Existe una intrascendente Defensoría del Público destinada a cuidar el pensamiento de adultos, con presupuestos de 400 millones de pesos. Simultáneamente, el responsable de la Oficina Anticorrupción anuncia que no actuará como querellante en los casos de corrupción de funcionarios, por no tener el personal suficiente. La propaganda política plasmaría lo descripto en un eslógan: ¡Pobres los pobres!

Buenos Aires, 21 de octubre 2020

Página web: www.políticaenborrador.com