Dos jueces audaces

Se define como audaz a quien es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican, con independencia de que el objetivo de la audacia sea loable o malicioso. Comenzar la reflexión caracterizando de audaces a los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, que sobreseyeron sin juicio oral a los dieciséis imputados en la causa de los complejos hoteleros Hotesur y Los Sauces, inicialmente evita utilizar el preconcepto “escandaloso”.

Es sabido que la Justicia no se configura a través de caprichosas elaboraciones jurídicas y procesales aplicables a una sociedad, sino es ésta la que impone un ordenamiento legal acorde a sus necesidades, usos y costumbres, las que no debieran ser distorsionadas con argucias por parte de quienes lo elaboran y aplican. Principio básico que ya se respetaba en los más antiguos códigos conocidos, como el del rey babilónico Hammurabi de hace 3.750 años, tallado en piedra. El fallo Obligado-Grünberg expone una serie de anomalías vigentes desde hace décadas, que deberán ser corregidas con urgencia, a fin de que los próximos acuerdos políticos, sean internacionales o locales, que inevitablemente exigirán mayores sacrificios a todos los ciudadanos que no gocen de privilegios, ostenten una legitimidad y equidad que no pueden ofrecer los corruptos y promotores de impunidad. Cabe mencionar algunos aspectos emergentes de este y otros fallos:

1.- La perdurabilidad de castas políticas y corporativas sostenidas en nepotismos que obligan a sobredimensionar estructuras burocráticas para negociar privilegios e impunidades, hace que la independencia de poderes sea declamatoria. Lo confirma los habituales intercambios de roles entre miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, por lo que la existencia de las llamadas “mesas judiciales” y sus consecuencias resultan obvias: una impunidad histórica. En el período 2015-19 avances judiciales que demostraron que eran posible realizar investigaciones complejas y elevar las causas a juicio oral y público en tiempos razonables, parecieron revertir las políticas de impunidad. 

2.- Sin embargo, con las castas políticas legislando que procesados e incluso condenados por delitos de corrupción puedan gobernar y ocupar altos cargos políticos, permite que quienes ejerzan poder político sean juez y parte y actúen en su propia defensa e interés. Las misteriosas “mesas judiciales” abandonaron las sombras para mostrarse a la luz pública, con amenazas realizadas sin subterfugios por el presidente, su vice, ministros y legisladores a magistrados intervinientes en causas de corrupción, complementadas con un acompañamiento coral de complicidad, que intentaba confundir la persecución del delito estatal con persecución política, y licuar pruebas tangibles mediante la abstracta teoría del “lawfare”.

3.- Esta estrategia incorporó una novedad: los designados en un Tribunal Oral y Público para juzgar a imputados en causas que habían transitado la compleja etapa investigativa de recolección de pruebas y declaración de testigos, con intervención de fiscales, jueces y camaristas ante eventuales apelaciones, pueden resolver “per se” que todos ellos estaban equivocados, y sobreseer a los imputados sin someterlos a consideración pública en un juicio oral. Es lo que hicieron los jueces Obligado y Grunberg, pese a que la tercera integrante, la jueza Adriana Pallioti, dictaminara que no se presentó prueba nueva alguna que justificara la decisión de extinguir la acción penal, como indica la ley. Ante lo cual se abren dos únicas posibilidades: o el nivel profesional de los magistrados actuantes precedentemente es preocupantemente bajo, con errores que detectaron y corrigieron Obligado y Grunberg, o la impunidad judicial alcanzó niveles explícitos inéditos. Dichas opciones son de una gravedad institucional manifiesta, por lo que la ciudadanía merece una aclaración unívoca por parte del poder judicial y de quienes legislan.

4.- A futuro y en condición de ciudadanos comunes, es importante identificar explícitamente a los actores de hechos políticos, legislativos y judiciales, evitando opinar y/o juzgar en base a generalidades que no esclarecen, tales como “la Justicia”; “el Tribunal Oral 5 sobreseyó…”, u obviedades como “hay fiscales y jueces honestos y otros que no lo son”. En este caso los actores preponderantes son los jueces Obligado y Grunberg, no Cristina Kirchner. Que sin duda, son jueces audaces.

Buenos Aires, 01 de diciembre 2021