Adorni, AFA en Pilar y jueces

Los bienes de Adorni, la mansión en Pilar relacionada con la AFA, y su tramitación judicial, ofrecen una oportunidad didáctica para explicar la corrupción estructural institucionalizada, por varios factores: centrarse en hechos popularmente entendibles (patrimonio, mansión y jueces), tener amplia cobertura mediática, coexistencia temporal desde el inicio de los expedientes judiciales (diciembre de 2025 la mansión, y mediados de marzo de 2026 el caso Adorni), y un poder judicial que oscila entre la complicidad y la incompetencia. Sin obviar que se producen en un contexto de mafias estatales que reconocen los propios políticos al acusarse habitualmente de mafiosos, y una hipócrita dialéctica moralizadora mientras se opera a través de rumores, sospechas y medias verdades, por lo que las reflexiones no caerán en la trampa de juzgar a los robos por sus montos, someterse al recurso encubridor de que “todos somos corruptos”, o apelar a adjetivaciones y prejuzgamientos. El ejercicio se basará en intentar detectar contradicciones, falacias y omisiones en los mensajes e informaciones que se trasladan a la sociedad, o bien formular interrogantes en busca de respuestas.

Inicialmente se plantea la recurrente duda respecto a lo que se prioriza para mantener supuestos casos de corrupción pública en las primeras planas de los medios, que en el caso Adorni supera los dos meses. Comercialmente, que el caso mantenga el interés de los consumidores de medios, sea por la envergadura política de los sospechados, los montos delictivos en juego, el circuito administrativo seguido para obtenerlos, y documentación de respaldo exhibida, más allá de que su verosimilitud deberá certificarse judicialmente. En cuanto a repercusión popular de los sospechados, supongamos que los casos Adorni y mansión en Pilar son similares. En los antecedentes, el caso Adorni refiere a operaciones inmobiliarias, crediticias, refacciones interiores, pileta con “cascada”, viajes relámpagos y turísticos familiares. En tanto la mansión en Pilar en manos de testaferros, con similar cobertura gráfica y detallista, muestra extensas superficies cubiertas, cochera con decenas de autos de alta gama, caballerizas y un helipuerto. En la estimación de montos en juego, las diferencias adquieren escala: El diario La Nación del día 11 de mayo, brindó un detallado listado de deudas de Adorni, que incluye el total de créditos hipotecarios, y cuyo monto alcanza los 625.681 dólares. El mismo medio informó que un peritaje judicial valuó a la mansión en 17.000.000 de dólares. Pero como la corrupción y actos mafiosos no se miden en montos de dinero, sino en prácticas delictivas, cabe profundizar en los procedimientos, en donde se detectan contradicciones. Es hipócrita invocar moralidad, cuando no se aplica que “todo ciudadano es inocente hasta que no se demuestre lo contrario”, y en paralelo, se legisla que condenados puedan ejercer representaciones políticas y electivas, lo que explica que las operaciones políticas, sean o no mafiosas, para ser efectivas políticamente exigen inmediatez de resultados. Por ello, al mantenerse Adorni en el cargo desde iniciada la denuncia, bajó el interés popular en el caso, pese al intento de sostenerlo a través de la aparición “por goteo” de nuevos testigos. Dicho lo cual, el gran centro de interés se traslada a pocos días más, cuando Adorni presente su declaración de bienes actualizada, y se compruebe como se compatibiliza con lo denunciado. Entonces sí, lo que surja y se resuelva no será una operación política, sino aplicación de justicia, que debiera incluir la recuperación de los bienes no justificados.

Es en el ámbito judicial donde se produce la gran diferencia entre ambos casos. La causa Adorni la sustancian el juez Lijo y el fiscal Pollicita, sin conflictos de competencia. La causa mansión en Villa Rosa, Pilar, que involucra a la AFA e incluye evasión, enriquecimientos ilícitos, lavados de dinero, entre otros negociados, y contiene a innumerables “Adornis”, presenta una tramitación que no tiene antecedentes judiciales, pues en una lucha de competencias y aprietes, intervinieron hasta el momento cinco jueces, cuatro fiscales y un camarista, hasta que el expediente llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, en la que se auto inhibieron dos jueces (Mahiques y Petrone), quedando finalmente conformada por los jueces Angela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, quienes se tomaron casi un mes solo para dictaminar que el camarista Alberto Lugones no tenía jurisdicción para trasladar en enero el caso a Campana, y derivar la decisión final a la Cámara en lo Penal Económico. Casi unánimemente, los periódicos titularon a este fallo como “Revés para Tapia y Toviggino”, cuando en realidad fueron favorecidos, al continuar dilatando y diluyendo la causa, y mantener el expediente en manos del juez federal de Campana, González Charvay, que obviamente lo tiene paralizado. Las expectativas de ahora en más, se resumirían en esperar la declaración de bienes de Adorni y ver como zafa, y las declaraciones de los testaferros de la mansión, y ver como zafan sus verdaderos dueños. Verbo zafar: salvarse, eludir un problema, con o sin ayuda judicial.

Buenos Aires, 20 de mayo 2026