Poder judicial en estado líquido

Todo análisis necesita apoyarse en una estructura ordenadora racional y viable para arribar a conclusiones consistentes. En el campo institucional, los poderes ejecutivos y legislativos, por ser fluctuantes en sus conformaciones partidarias e ideológicas, presentan una endeblez que se potencia en las etapas electorales producto de acuerdos de ocasión, por lo que no representan un soporte estable a partir del cual interrelacionar variables. Este rol podría suponerse que lo cumple el poder judicial, vista la estabilidad que marcan las extensas carreras judiciales de sus integrantes, con relaciones familiares en muchos casos. Sin embargo, la reiterada participación judicial en el juego de intereses políticos e inacción ante la corrupción, no solo licuó su invocada independencia, sino que lo transformó en actor clave para explicar la decadencia argentina de décadas.

Para argumentar en este sentido, se explicitan dos reglas: 1) no basarse en abstracciones para opinar, como justicia o corrupción, sino en nombres propios. El título “Por qué nadie le cree a la Justicia” de Morales Solá, publicado en La Nación el pasado 08 de julio, es injusto para fiscales y jueces que cumplen con su misión, bajo amenazas inclusive. 2) no iniciar un análisis adjetivando, prejuzgando o sospechando de personas, y menos aún, apelar a los rumores o supuestas cercanías con investigados en actos de corrupción, pues es un clásico recurso mafioso para distraer, confundir y coaccionar en pos de lograr impunidad o generar crisis. Por ejemplo, refiriéndose al negocio conocido como “rulo financiero” con el dólar, centrado en autoridades del Banco Central, afirma Carlos Pagni en su columna en La Nación el pasado 23 de abril: “Pero hay infinidad de versiones que aseguran que, a través de Massa y su entorno, parte del dinero llegó a manos de los hermanos Milei” (textual). Cabe preguntarse si el prestigioso medio La Nación no tiene reconocidos profesionales de investigación para confirmarlo o descartarlo, en lugar de plantear oscurantistas y peligrosas afirmaciones para la democracia. Lo señalado no implica que no se critique la personalidad de Milei con total libertad, y justificadamente si es el caso, pero no intentar involucrarlo como participe de delitos “según versiones”, y en paralelo, los mismos periodistas indignarse si se afirma que los hay “ensobrados” para realizar operaciones de desprestigio.

Una investigación profesional no suele comenzar por los beneficiarios “de arriba”, que supuestamente planificaron el delito, sino por “los de abajo”, que lo viabilizaron administrativamente, y son los eslabones más débiles de la cadena. La causa Cuadernos, por ejemplo, no comienza con ministros y empresarios, sino con un chofer y un funcionario recaudador de coimas. Secuencia que presenta una primera contradicción de las máximas autoridades políticas de los organismos sospechados, aduciendo que no pueden saber lo que hacen sus subordinados jerárquicos, pese a que ellos los designaron, estrategia popularmente conocida como “hacerse el boludo”.

Tras esta introducción, para evaluar el accionar de integrantes del poder judicial en concreto, es ideal comenzar por el caso de la Mansión en Pilar, iniciado en diciembre de 2025 y relacionado con la AFA, que muestra a varios de sus integrantes actuando a cara descubierta, y actores políticos y sus nexos privados, actuando en las sombras. A la fecha, dieciséis reconocidos camaristas, jueces y fiscales, tras ocho meses de iniciado el expediente, están logrando que los supuestos testaferros, madre e hijo, no hayan sido citados a declarar. Dando tiempo además para que se vayan licuando pruebas, y no se asusten los eslabones más débiles cuando declaren. Como necesaria ayuda memoria, en la newsletter del pasado 22 de julio, cuya web es www.politicaenborrador.com, se citan cronológicamente los nombres intervinientes y sus actuaciones. A nivel subjetivo, observar las decisiones de los camaristas Alberto Lugones y Mariano Borinsky.

En paralelo se está en la etapa de cubrir alrededor de 178 cargos de jueces y camaristas en distintos fueros, que exhibe los clásicos vicios respecto a la selección de los mismos, y explica la mediocridad de muchos magistrados. En toda empresa para cubrir puestos se analizan antecedentes personales y capacidades para la función. Los antecedentes de los postulantes, por los años de carrera transitados, se suponen fehacientemente conocidos. Respecto a méritos; se realiza un exámen escrito evaluatorio, elevando a los ubicados en las tres primeras posiciones a consideración presidencial. Obviando que hubo casos con copia de exámen, el sistema parecería inobjetable, y a resguardo de manipulaciones políticas. Surge entonces la milagrosa entrevista personal, por la que un mediocre en el exámen, puede ascender para alcanzar la terna, y ser juez. Para ocupar la vacante del juzgado en lo Penal Económico n° 10, por ejemplo, en donde por ahora se tramita la causa de la Mansión en Pilar relacionada con la AFA, que hasta el momento subroga la jueza Straccia, María Pérez-Cárrega, secretaria del juez Lugones, quien integra la Comisión de Selección, tras la entrevista pasó del lugar 12° a ubicarse en la terna. Situación que se repite en gran número de concursos. ¿Podría algún periodista de investigación averiguar e informar a la sociedad si existen grabaciones de las entrevistas, si son públicas, y qué pautas generales están establecidas para calificar? Será justicia.

Buenos Aires, 29 de julio 2026