Mes: julio 2026

Poder judicial en estado líquido

Todo análisis necesita apoyarse en una estructura ordenadora racional y viable para arribar a conclusiones consistentes. En el campo institucional, los poderes ejecutivos y legislativos, por ser fluctuantes en sus conformaciones partidarias e ideológicas, presentan una endeblez que se potencia en las etapas electorales producto de acuerdos de ocasión, por lo que no representan un soporte estable a partir del cual interrelacionar variables. Este rol podría suponerse que lo cumple el poder judicial, vista la estabilidad que marcan las extensas carreras judiciales de sus integrantes, con relaciones familiares en muchos casos. Sin embargo, la reiterada participación judicial en el juego de intereses políticos e inacción ante la corrupción, no solo licuó su invocada independencia, sino que lo transformó en actor clave para explicar la decadencia argentina de décadas.

Para argumentar en este sentido, se explicitan dos reglas: 1) no basarse en abstracciones para opinar, como justicia o corrupción, sino en nombres propios. El título “Por qué nadie le cree a la Justicia” de Morales Solá, publicado en La Nación el pasado 08 de julio, es injusto para fiscales y jueces que cumplen con su misión, bajo amenazas inclusive. 2) no iniciar un análisis adjetivando, prejuzgando o sospechando de personas, y menos aún, apelar a los rumores o supuestas cercanías con investigados en actos de corrupción, pues es un clásico recurso mafioso para distraer, confundir y coaccionar en pos de lograr impunidad o generar crisis. Por ejemplo, refiriéndose al negocio conocido como “rulo financiero” con el dólar, centrado en autoridades del Banco Central, afirma Carlos Pagni en su columna en La Nación el pasado 23 de abril: “Pero hay infinidad de versiones que aseguran que, a través de Massa y su entorno, parte del dinero llegó a manos de los hermanos Milei” (textual). Cabe preguntarse si el prestigioso medio La Nación no tiene reconocidos profesionales de investigación para confirmarlo o descartarlo, en lugar de plantear oscurantistas y peligrosas afirmaciones para la democracia. Lo señalado no implica que no se critique la personalidad de Milei con total libertad, y justificadamente si es el caso, pero no intentar involucrarlo como participe de delitos “según versiones”, y en paralelo, los mismos periodistas indignarse si se afirma que los hay “ensobrados” para realizar operaciones de desprestigio.

Una investigación profesional no suele comenzar por los beneficiarios “de arriba”, que supuestamente planificaron el delito, sino por “los de abajo”, que lo viabilizaron administrativamente, y son los eslabones más débiles de la cadena. La causa Cuadernos, por ejemplo, no comienza con ministros y empresarios, sino con un chofer y un funcionario recaudador de coimas. Secuencia que presenta una primera contradicción de las máximas autoridades políticas de los organismos sospechados, aduciendo que no pueden saber lo que hacen sus subordinados jerárquicos, pese a que ellos los designaron, estrategia popularmente conocida como “hacerse el boludo”.

Tras esta introducción, para evaluar el accionar de integrantes del poder judicial en concreto, es ideal comenzar por el caso de la Mansión en Pilar, iniciado en diciembre de 2025 y relacionado con la AFA, que muestra a varios de sus integrantes actuando a cara descubierta, y actores políticos y sus nexos privados, actuando en las sombras. A la fecha, dieciséis reconocidos camaristas, jueces y fiscales, tras ocho meses de iniciado el expediente, están logrando que los supuestos testaferros, madre e hijo, no hayan sido citados a declarar. Dando tiempo además para que se vayan licuando pruebas, y no se asusten los eslabones más débiles cuando declaren. Como necesaria ayuda memoria, en la newsletter del pasado 22 de julio, cuya web es www.politicaenborrador.com, se citan cronológicamente los nombres intervinientes y sus actuaciones. A nivel subjetivo, observar las decisiones de los camaristas Alberto Lugones y Mariano Borinsky.

En paralelo se está en la etapa de cubrir alrededor de 178 cargos de jueces y camaristas en distintos fueros, que exhibe los clásicos vicios respecto a la selección de los mismos, y explica la mediocridad de muchos magistrados. En toda empresa para cubrir puestos se analizan antecedentes personales y capacidades para la función. Los antecedentes de los postulantes, por los años de carrera transitados, se suponen fehacientemente conocidos. Respecto a méritos; se realiza un exámen escrito evaluatorio, elevando a los ubicados en las tres primeras posiciones a consideración presidencial. Obviando que hubo casos con copia de exámen, el sistema parecería inobjetable, y a resguardo de manipulaciones políticas. Surge entonces la milagrosa entrevista personal, por la que un mediocre en el exámen, puede ascender para alcanzar la terna, y ser juez. Para ocupar la vacante del juzgado en lo Penal Económico n° 10, por ejemplo, en donde por ahora se tramita la causa de la Mansión en Pilar relacionada con la AFA, que hasta el momento subroga la jueza Straccia, María Pérez-Cárrega, secretaria del juez Lugones, quien integra la Comisión de Selección, tras la entrevista pasó del lugar 12° a ubicarse en la terna. Situación que se repite en gran número de concursos. ¿Podría algún periodista de investigación averiguar e informar a la sociedad si existen grabaciones de las entrevistas, si son públicas, y qué pautas generales están establecidas para calificar? Será justicia.

Buenos Aires, 29 de julio 2026

Discurso político: uso del negativo

Los discursos políticos fluctúan entre el uso del afirmativo para enunciar promesas sin aclarar la estrategia a implementar para cumplirlas, o del negativo cuando se quieren encubrir realidades o intenciones. Por ejemplo, la frase “pensar en la elección presidencial de octubre del 2027 a dieciséis meses de su realización es una locura”, en la práctica actúa como línea de largada para que políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas y encuestadoras reales y ficticias, entretengan con posibles candidaturas y alianzas, que van de lo posible a lo disparatado. El ciudadano debiera usar esta etapa de campaña híbrida, para detectar incongruencias y falacias de los mensajes, tarea que será de utilidad para juzgar al momento de decidir su voto. Se considerarán frases y datos específicos con cita de la fuente cuando corresponda, y el funcionamiento de sectores de la estructura institucional.

En el campo judicial, tema a tratar, el uso del negativo se caracteriza por el “no hacer”, aplicando procedimientos que paralicen, retarden, compliquen y licúen pruebas en las causas de corrupción política, con la colaboración de leyes y organismos que lo facilitan. Para argumentar sobre lo expresado, se toman los casos Insaurralde, AFA y Adorni en orden cronológico, que adecuadamente interrelacionados, agregando la necesaria y masiva designación de jueces y camaristas, transparentan varias de las razones del pobre funcionamiento judicial, en términos de causas cerradas en tiempo y forma con relación de las tramitadas, que, por añadidura, favorecen las denuncias mafiosas que pretenden consecuencias políticas inmediatas, invocando cínicamente fines morales. Las fuentes informativas provendrán de la prensa escrita tradicional en general, por estar al alcance de todos, con opiniones de integrantes reconocidos del llamado “ámbito político”, que incluye a periodistas y analistas. Se evitará basarse en abstracciones (la gente, la corrupción), citando nombres y hechos concretos, inicialmente sin prejuzgar, sospechar y calificar a los mismos, pero insertos en una matriz ordenadora de los múltiples datos volcada a la sociedad, cuyo diseño es subjetivo, pero que puede reformularse para sacar individualmente sus propias conclusiones. Lo importante es pensar, y plantearse interrogantes.

Un caso ideal para comenzar el ejercicio es el de la Mansión en Villa Rosa, Pilar, que iniciada en diciembre del 2025 solo se conocen los nombres Pantano y su madre Conte como dueños o testaferros, sin tener capacidad contributiva, y que a la fecha han intervenido directa o indirectamente un total de 16 magistrados, a los que se agregan el que allanó la vivienda del denunciante de la Mansión, y los tres que aceptaron al baldío en Pilar como sede de la AFA, en lugar de la histórica situada en la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires. En este hecho que no reconoce antecedentes desde la recuperación de la democracia, el uso del “negativo” judicial, que podría interpretarse como complicidad, se manifiesta haciendo rotar el expediente a través de reclamos de competencia y excusaciones. En la cronología de la causa, se citan solo los nombres de jueces y camaristas. Los fiscales, en cada instancia opinaron que la causa no podía permanecer a cargo del juez federal de Zárate-Campana, Adrián Charvay.

Diciembre 2025.- Jueces Daniel Rafecas y Javier Biscayart, camarista Leopoldo Bruglia y juez Aguinsky.

Enero 2026.- Juez Walter Saetone (allanó la vivienda del denunciante de la mansión), camarista Alberto Lugones (ordenó que el expediente pasara al juez federal Adrián GonzálezCharvay, de Zárate-Campana).

Febrero 2026.- Camaristas Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Javier Carbajo. Se excusó Mahiques, y lo suplantó la jueza Angela Ledesma.

Marzo 2026.- Se excusó el camarista Daniel Petrone, y lo suplantó el juez Mariano Borinsky.

Mayo 2026.- Ledesma, Carbajo y Borinsky anularon el envío de la causa a Charvay, y resolvieron que el conflicto de competencia lo decidieran los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Borinsky habló de “celeridad procesal”

Junio 2026.- Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset aceptaron como sede de la AFA el baldío en Pilar. Los camaristas Hornos y Robiglio resolvieron que la causa de la Mansión se tramite en el juzgado penal económico que subrogaba Aguinsky, y actualmente subroga la jueza Verónica Straccia.

Julio 2026.- A través de sus abogados los testaferros presentaron un recurso contra esta decisión, que con la disidencia del juez Alejandro Slokar, aceptaron los camaristas Diego Barroetaveña, que integró el Tribunal de Ëtica de la AFA, y Mariano Borinsky, que al tratar el tema en mayo habló de “celeridad procesal”.

En la reflexión del próximo miércoles se comentará la designación de postulantes para cubrir juzgados vacantes. Pero se adelanta una hipótesis de trabajo. Es conocida la anécdota de cuando en la sesión de mayo 2002, el entonces senador Alfonsín fue filmado leyendo en su banca un “papelito” alcanzado por un colaborador, que indicaba que había que cajonear a determinado juez. Como veremos, con la creación del costoso Consejo de la Magistratura en 1994, nada cambió.

Aires,22 de julio de 2026

Entender el idioma político

Para aprender y entender más fácilmente el idioma político criollo, se puede apelar a recursos lúdicos para despertar interés, pues aunque la didáctica sea sospechada de infantil, se debe recordar que gran parte de las opiniones elaboradas para su difusión masiva responden a reglas pertenecientes a la propaganda política, cuyas reglas, que fueron diseñadas por regímenes dictatoriales entre 1917 y 1945, consideran que el hombre medio es intrínsecamente influenciable, por lo que los mensajes propagados se formulan para que los receptores los consideren como si fueran propios. De allí que el instrumento principal sea el eslogan, frase simplificadora breve y recordable. También mantiene vigencia Maquiavelo en cuanto a las actitudes humanas en pos de alcanzar y mantener el poder político, por lo que la “real politik” predomina sobre el idealismo moral, habitualmente usado solo para lo discursivo. La referencia lúdica surge de que el ejercicio consistirá en detectar entre los diversos mensajes y opiniones políticas, contradicciones, falacias, interrogantes y desinformaciones, siendo estas últimas valioso instrumento propagandístico.

La saturación y fatiga informativa causada por un sistema mediático fragmentado producto de los avances tecnológicos, que obliga al periodismo a competir con todo tipo de contenido digitales, pareciera conspirar contra este objetivo simplificador. Pero nuestro país presenta una situación favorable para analizar el desarrollo político- institucional hasta las elecciones nacionales de 2027, consistente en la presencia predominante de actores políticos, judiciales y sindicales vigentes desde casi tres décadas, lo que permite que los análisis se sustenten en conocidos nombres propios y fluctuantes alineamientos partidarios, en lugar de sumergirse en discutibles complejidades ideológicas. Las informaciones y opiniones a considerar surgirán de medios de comunicación reconocidos y preferentemente gráficos, evitando sospechas de autenticidad y noticias falsas, y los temas a tratar serán popularmente conocidos, evitando sofisticaciones argumentativas que no ejemplifican. En cuanto al periodismo profesional vale citar un consejo de Martín Baron, editor ejecutivo del Washington Post durante más de una década con varios premios Pulitzer, en un reciente reportaje: “Necesitamos una alfabetización mediática, y capacitar a las personas sobre cómo evaluar sus fuentes de información, de noticias, comprender que es una fuente creíble y que no lo es, y que  tipo de preguntas deberían hacerse para distinguir unas de otras. En el Post tenemos más de mil periodistas. No necesitamos mil personas para inventar. Con diez nos bastaría”.

Sobre este consejo, podría utilizarse el caso Adorni para una cobertura similar respecto a las actuaciones judiciales de los casos “Mansión en Pilar – AFA”, y “Enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde”, replicando un seguimiento continuo y coordinación de datos nuevos, y en un pequeño recuadro diario en tapas de periódicos, detallar cuantos días van transcurriendo desde el inicio de los expedientes sin que los testaferros de la Mansión e Insaurralde sean

citados a declarar, pues ambos casos exhiben una complicidad o ineficacia judicial ostensible.  

Como inicio del ejercicio lúdico se toman dos referencias. La primera refiere al clásico eslogan de campaña “terminar con la casta”, promovido por Milei. Teniendo presente que los eslogans no explican, sino se diseñan para impactar masivamente desde lo emocional, instalarlo en un país empobrecido con las principales dirigencias vigentes por décadas, fue eficaz en términos de campaña, por asociarse el término “casta” a lo perenne y privilegiado, como abolengo, linaje, alcurnia. Pero que hoy reconocidos periodistas señalen irónicamente a Milei por incluir en su gobierno a “castas”, es menospreciar a los ciudadanos, pues en un sistema democrático se debe cohabitar con quienes ocupan cargos electivos, y los que surjan de acuerdos interpartidarios. En todo caso, lo prioritario sería convencer a las castas electivas para votar leyes transformadoras. El término adecuado y vigente sería el de “familias”, siendo el ejemplo más típico la familia judicial, poder en el que no se ingresa por concurso sino por recomendación, vulneración constitucional que no provoca amparos. Como dato de color, hasta el dirigente gremial judicial está casado con una jueza.

La segunda referencia supone un abusivo e incorrecto uso del término “escándalo”, término que define alborotos, grescas, tumultos y desordenes producidas entre ciudadanos en general, y pertenecientes al mundo del espectáculo. Pero la farandulización de determinados políticos y periodistas provocó que se llame escándalo a cada hecho de corrupción política de modo individual, cuando su reiteración hace que el escándalo sea uno solo: el funcionamiento institucional, y las impunidades judiciales.

Buenos Aires, 15 de julio 2026

División de poderes en crisis

El triunfo presidencial de Milei en el 2023 por sobre coaliciones con nombres cambiantes en cada turno electoral, transparentó no solo la licuación de identidades partidarias históricas, sino la pérdida de credibilidad de quienes ocupan posiciones políticas relevantes desde hace décadas. Esto generó un estado de confusión generalizada que ha desnudado las falencias expresadas en la extrema debilidad de la forma representativa, republicana y federal que establece la Constitución, cuyos poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, separados formalmente, actúan peligrosamente asociados para mantener privilegios.  

Las fuentes informativas a mencionar, mayoritariamente provendrán de los medios de comunicación como canales de acceso masivo y habitual de opinión y debate, lo cual justifica llamar a la actividad periodística cuarto poder, el que puede usarse para informar, desinformar, educar o manipular. El objetivo didáctico consistirá en destacar datos, frases o actitudes, para esclarecer conceptos, señalar contradicciones, y sugerir mejoras institucionales, para lo cual se debe diferenciar entre opinión subjetiva, información de validez verificable, investigación profesional a ser validada judicialmente, y campañas políticas de desprestigio y desinformación. Teniendo en cuenta que la mayoría de los comentarios periodísticos se asimilan a las series documentales, que advierten al espectador que ciertos hechos, personajes y diálogos son ficticios o supuestos, lo que permite mostrar, por ejemplo, detalles de la vida privada de personajes históricos. Ello explica porque las columnas políticas abundan en el uso del condicional como “sería y podría”, signos de interrogación, menciones a “cercanías” entre personajes, etc. De esta técnica hay un ejemplo ilustrativo reciente, cuando en un programa televisivo la periodista Laura Di Marco adjudicó a Karina Milei haber dicho algo, retrucando la senadora provincial Florencia Arietto que según le constaba no era cierto. Di Marco aclaró que se lo contó una alta fuente, replicando Arietto que esa fuente le mintió. A lo que Di Marco insistió: a lo mejor te mintieron a vos. En síntesis, las “altas fuentes” no identificadas son periodísticamente útiles para instalar contextos o sembrar sospechas, pero no brindan certezas, entre otras razones, porque las “altas fuentes” cercanas al poder podrían actuar en función de su propio interés, que incluye el resentimiento. El peligro es cuando en casos judiciales de corrupción el recurso periodístico lo utilizan jueces, fiscales, niveles políticos del Ejecutivo y Legislativo, para encubrir, demorar o licuar las investigaciones. Al respecto se presentan tres casos cronológicamente ordenados a seguir en sus actuaciones judiciales futuras, adecuados para avalar la hipótesis de la afectación de los roles de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y tangencialmente el aporte de algunos medios de comunicación en la tarea.   

1.- Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero de Martín Insaurralde.- La causa se inició en octubre de 2023, en el juzgado del juez federal de Lomas de Zamora Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. El juez ordenó allanamientos tras un mes de iniciada. Desde entonces el fiscal Mola prepara indagatorias que el juez nunca aprobó. En marzo del 2025 la Cámara de La Plata lo sustituyó por el juez Luis Armella en condición de suplente, quien tampoco citó a declarar a Insaurralde, aduciendo la realización de un extenso peritaje. La prensa difundió información relevante referida a propiedades, sean propias, de su ex mujer, hijos, Jessica Cirio y su sobrina, y posibles testaferros. De ser aprobadosu pliego en el Senado, luego de la feria asumiría el juzgado Tomás Rodríguez Ponte. Conclusión: transcurridos 32 meses, Insaurralde, familiares y testaferros no fueron citados a declarar.

2.- Mansión en Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a dirigentes de la AFA. La causa se inició en diciembre de 2025, producto de una denuncia de diputados de la Coalición Cívica, recayendo en el juzgado del juez federal Daniel Rafecas, quien recién una semana más tarde dispuso vigilancia policial en el inmueble ante denuncia de vecinos por movimientos sospechosos, y el día 12 el allanamiento. Desde entonces el expediente, en un hecho sin antecedentes, rotó por 25 instancias judiciales entre fiscales, jueces y camaristas, hasta recaer en el juzgado de la jueza federal del fuero penal económico Verónica Straccia. La Mansión es un elemento de referencia útil por ser un bien físico visible, pero la causa AFA encierra lavados de dinero y negociados que alcanzan a autoridades políticas, financistas, sindicalistas y testaferros relacionados con el lucrativo negocio del fútbol. Transcurridos más de siete meses, los supuestos dueños o testaferros, madre e hijo, no fueron citados a declarar.

3.- Investigación de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito. El caso se inicia cuando a comienzo de marzo de este año se publicita un viaje oficial de Adorni a Nueva York acompañado de su mujer, y más tarde, con su familia trasladándose a Punta del Este en un avión privado. No se demoró una denuncia de la periodista y legisladora Marcela Pagano acusándolo de enriquecimiento ilícito en función de su declaración patrimonial a la que tuvo acceso, recayendo la causa en el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Lo interesante de esta causa, además de las contradictorias explicaciones de Adorni para justificar los 500 mil dólares bajo sospecha, fue la inédita cobertura en tapa de los principales medios de comunicación. Por lo cual sería interesante que reconocidas encuestadoras midan las veces que el nombre Adorni figuró en la tapa de los medios gráficos de mayor tirada (por ejemplo, cinco), durante los casi 120 días que continuó ejerciendo su cargo hasta la renuncia efectivizada el 26 de junio, para de este modo, establecer una cifra base que actúe como parámetro para medir impactos periodísticos en futuros casos de corrupción

Buenos Aires, 08 de julio 2026

Aprendiendo con Adorni e Insaurralde

Interrelacionar personas y hechos popularmente reconocibles para ejemplificar y entender conceptos o temas más complejos, nos remite a métodos educativos básicos, que permiten aprender sin someterse a discursos y eslogans dispersos y oportunistas. El tema en este caso refiere a la corrupción estatal, que, para concretarla, necesita de una trama de complicidades. Cabe aclarar que se utiliza el término corrupción en su más amplia acepción, o sea descomposición, deterioro, putrefacción, que en el caso político describe tanto la afectación de recursos y servicios públicos, la identificación de sus beneficiarios, y la estructura institucional que la posibilita, que necesita de actores pasivos que dejan hacer administrativamente, y protegen judicialmente. Los montos sustraídos bajo sospecha no son factores determinantes para emitir juicios, porque los mismos dependen de la fuente del saqueo, el tiempo de duración del mismo, y la cantidad de participantes. Para visualizar similitudes, diferencias, incongruencias e interrogantes políticos que surgen de esta patología, se presentan dos actores invalorables: Adorni, hoy renunciante al cargo de jefe de gabinete del gobierno, e Insaurralde, ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Se mencionan algunos aspectos a considerar:

1.- Difusión pública del supuesto hecho de corrupción. Pueden basarse en investigaciones profesionales sustentadas en datos veraces; en denuncias políticas que ciertas o no, tienen objetivos mafiosos; que sean producto de la casualidad, como los bolsos de López en un convento o los cuadernos del chofer Centeno, y menos habitual, surgidas de un organismo público de control, que en muchos casos actúa como cómplice.

2.- Primeras repercusiones periodísticas, políticas y judiciales. Al no existir una legislación clara y uniforme que defina las diferencias en cuanto a responsabilidades éticas, morales, penales y administrativas, prima la hipocresía discursiva, con legisladores enfervorizados en sus posturas críticas y pedido de sanciones, mientras paralelamente claman por la inocencia de condenados por corrupción cumplidas todas las instancias judiciales.

3.- Denuncias por intereses políticos. Si bien siempre invocan principios morales, están destinadas a provocar crisis de gobierno o perjuicios electorales, por lo que usualmente se centran en una persona y su entorno (casos Espert y Adorni), y no en estructuras político-institucionales. Por ejemplo; en los casos Spagnuolo y Adorni, la denunciante fue la periodista y legisladora Marcela Pagano. De ser necesario, entra en escena una justicia ineficaz, complaciente o cómplice, como muestran los casos de corrupción en la AFA, y el enriquecimiento de Insaurralde.

4.- Estrategias mafiosas durante las investigaciones judiciales. Si bien por repetidas en el tiempo perdieron creatividad, se aplican cuando los sospechados o acusados políticos, empresarios y testaferros, acuden al dinero o amenazas para comprar silencios, suavizar críticas o distribuir escuchas y videos. Las escuchas de Spagnuolo en la causa Andis, y los recientes videos con millones de dólares ocultos en un vestidor de la que fuera residencia de Insaurralde y Jessica Cirio, por ejemplo, profusamente difundidos son utilizados para negociar bienes en divorcios, amenazar con hablar, lograr cobertura judicial, o evitar arrepentidos. Las escuchas abundan en frases encriptadas, como que las órdenes “vienen de arriba”, sin decir de quienes; o bien, “órdenes de K”, tras lo cual la revista Noticias dice en su tapa “Karina Milei: la cajera”. Frases que son negadas al momento de prestar testimonio en sede judicial.

5.- Aclaraciones y excusas políticas. Es sabido que, con mayor o menor pericia, lo que caracteriza a los políticos es la locuacidad, que en algunos casos se acompaña de teatrales gritos y sobreactuadas indignaciones, que pierden cuando deben justificar sus propias acciones, y se empantanan en confusas explicaciones (Espert y Adorni), o se recurre al silencio absoluto (Insaurralde). Las conducciones políticas por su parte, apelan a la brevedad hipócrita: “En caso que exista delito, es la Justicia la que tendrá que sancionarlo”, expresó escuetamente el gobernador Kicillof respecto a Insaurralde, lo que promueve los siguientes interrogantes: ¿estudian sus antecedentes quiénes designan a los que ocupan una posición en una lista legislativa o en un cargo político? ¿pueden desconocerlos quienes compartieron un mismo espacio político durante años, intercambiándose halagos aceptados con simulada humildad, sin ver los enriquecimientos injustificables? Pregunta válida para presidentes, gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales y peritos designados judicialmente.

Vale cerrar con una ironía para distenderse ante tanta hipocresía: dados los antecedentes y una vez concretado el casamiento, al próximo marido de Jessica Cirio se le deberá investigar exhaustivamente el origen de su patrimonio.

Buenos Aires, 01 de julio 2026