Aprendiendo con Adorni e Insaurralde
Interrelacionar personas y hechos popularmente reconocibles para ejemplificar y entender conceptos o temas más complejos, nos remite a métodos educativos básicos, que permiten aprender sin someterse a discursos y eslogans dispersos y oportunistas. El tema en este caso refiere a la corrupción estatal, que, para concretarla, necesita de una trama de complicidades. Cabe aclarar que se utiliza el término corrupción en su más amplia acepción, o sea descomposición, deterioro, putrefacción, que en el caso político describe tanto la afectación de recursos y servicios públicos, la identificación de sus beneficiarios, y la estructura institucional que la posibilita, que necesita de actores pasivos que dejan hacer administrativamente, y protegen judicialmente. Los montos sustraídos bajo sospecha no son factores determinantes para emitir juicios, porque los mismos dependen de la fuente del saqueo, el tiempo de duración del mismo, y la cantidad de participantes. Para visualizar similitudes, diferencias, incongruencias e interrogantes políticos que surgen de esta patología, se presentan dos actores invalorables: Adorni, hoy renunciante al cargo de jefe de gabinete del gobierno, e Insaurralde, ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Se mencionan algunos aspectos a considerar:
1.- Difusión pública del supuesto hecho de corrupción. Pueden basarse en investigaciones profesionales sustentadas en datos veraces; en denuncias políticas que ciertas o no, tienen objetivos mafiosos; que sean producto de la casualidad, como los bolsos de López en un convento o los cuadernos del chofer Centeno, y menos habitual, surgidas de un organismo público de control, que en muchos casos actúa como cómplice.
2.- Primeras repercusiones periodísticas, políticas y judiciales. Al no existir una legislación clara y uniforme que defina las diferencias en cuanto a responsabilidades éticas, morales, penales y administrativas, prima la hipocresía discursiva, con legisladores enfervorizados en sus posturas críticas y pedido de sanciones, mientras paralelamente claman por la inocencia de condenados por corrupción cumplidas todas las instancias judiciales.
3.- Denuncias por intereses políticos. Si bien siempre invocan principios morales, están destinadas a provocar crisis de gobierno o perjuicios electorales, por lo que usualmente se centran en una persona y su entorno (casos Espert y Adorni), y no en estructuras político-institucionales. Por ejemplo; en los casos Spagnuolo y Adorni, la denunciante fue la periodista y legisladora Marcela Pagano. De ser necesario, entra en escena una justicia ineficaz, complaciente o cómplice, como muestran los casos de corrupción en la AFA, y el enriquecimiento de Insaurralde.
4.- Estrategias mafiosas durante las investigaciones judiciales. Si bien por repetidas en el tiempo perdieron creatividad, se aplican cuando los sospechados o acusados políticos, empresarios y testaferros, acuden al dinero o amenazas para comprar silencios, suavizar críticas o distribuir escuchas y videos. Las escuchas de Spagnuolo en la causa Andis, y los recientes videos con millones de dólares ocultos en un vestidor de la que fuera residencia de Insaurralde y Jessica Cirio, por ejemplo, profusamente difundidos son utilizados para negociar bienes en divorcios, amenazar con hablar, lograr cobertura judicial, o evitar arrepentidos. Las escuchas abundan en frases encriptadas, como que las órdenes “vienen de arriba”, sin decir de quienes; o bien, “órdenes de K”, tras lo cual la revista Noticias dice en su tapa “Karina Milei: la cajera”. Frases que son negadas al momento de prestar testimonio en sede judicial.
5.- Aclaraciones y excusas políticas. Es sabido que, con mayor o menor pericia, lo que caracteriza a los políticos es la locuacidad, que en algunos casos se acompaña de teatrales gritos y sobreactuadas indignaciones, que pierden cuando deben justificar sus propias acciones, y se empantanan en confusas explicaciones (Espert y Adorni), o se recurre al silencio absoluto (Insaurralde). Las conducciones políticas por su parte, apelan a la brevedad hipócrita: “En caso que exista delito, es la Justicia la que tendrá que sancionarlo”, expresó escuetamente el gobernador Kicillof respecto a Insaurralde, lo que promueve los siguientes interrogantes: ¿estudian sus antecedentes quiénes designan a los que ocupan una posición en una lista legislativa o en un cargo político? ¿pueden desconocerlos quienes compartieron un mismo espacio político durante años, intercambiándose halagos aceptados con simulada humildad, sin ver los enriquecimientos injustificables? Pregunta válida para presidentes, gobernadores, legisladores, intendentes, concejales, jueces, fiscales y peritos designados judicialmente.
Vale cerrar con una ironía para distenderse ante tanta hipocresía: dados los antecedentes y una vez concretado el casamiento, al próximo marido de Jessica Cirio se le deberá investigar exhaustivamente el origen de su patrimonio.
Buenos Aires, 01 de julio 2026