politicaenborrador

El helicóptero: ¿cuál de ellos?

Algunos hechos políticos actuales facilitan entender el principio del eslogan, instrumento básico de la propaganda, consistente en frases breves que sean fácilmente asimilables por todos los estamentos socio-culturales. Para lograr este impacto y ser eficaz, el mensaje debe presentar credibilidad social. Lo expresado puede ejemplificarse en el caso AFA, con la política inserta en el fútbol, y en declaraciones recientes, con la política institucional inserta en roles golpistas.

En el caso AFA, con dirigentes al frente de “entidades sin fines de lucro” que realizan costosos viajes en aviones privados, pretendiendo ocultar mansiones, autos de lujo, caballos de raza, balances, hace que su reciente comunicado planteando el eslogan textual “El fútbol argentino es el pueblo. Y el pueblo no se vende”, carezca de toda verosimilitud, y solo obre como un recurso ocultista. Pero cuando un eslogan se distorsiona y consolida a través de los años como instrumento de golpismo institucional, adquiere características extremadamente peligrosas. Tal el caso de las referencias políticas al “helicóptero”, asociándolo solo a la crisis del 2001, omitiendo al 2002. En primer término, cabe aclarar que en cuanto a realidades históricas, helicópteros asociados a golpes contra la democracia que partieron de Casa de Gobierno  hay dos: el que transportó a la derrocada presidenta Isabel Perón en el golpe militar de marzo de 1976, y en el que se retiró De la Rúa tras el golpe institucional planificado en diciembre de 2001. Como es este último el que promueven algunos políticos, legisladores, sindicalistas y el gobernador Quintela, quien señaló que los 39 muertos de entonces era una consecuencia indeseada, sin aclarar que entre los mismos no había dirigentes, vale citar algunos mojones de la crisis 2001-2002, a ser eventualmente verificados y ampliados por el lector a través de bibliografías, Internet y lectura de páginas de los diarios de la época.  

De la Rúa asumió en alianza con el justicialismo disidente, con Carlos Alvarez de vice, tras 10 años del gobierno justicialista de Menem (no se dirá peronismo por respeto a Perón, muerto en 1974). Regía la convertibilidad, en la que un peso valía un dólar, que nadie se atrevía a desarmar. La fuga de capitales era creciente. En agosto de 2001, ante el acelerado retiro de depósitos bancarios por temor, los legisladores aprobaron una redundante ley que aseguraba la Intangibilidad de los depósitos. Se instaló luego el “corralito” que limitaba la extracción de los mismos. En provincia de Buenos Aires se implementó la “cuasi moneda” llamada Patacón. En el conurbano se iniciaron saqueos de supermercados, e intendentes de esos distritos transportaron agitadores a Plaza de Mayo. El 20 de diciembre De la Rúa partió en helicóptero desde la casa Rosada. En medio del caos, asumió como presidente interino Rodríguez Saa, quien el 1° de enero de 2002 anunció la suspensión de pagos de la deuda pública por más de u$s 140.000 millones, con aplausos eufóricos de los mismos legisladores que habían asegurado la intangibilidad de los depósitos ciudadanos cuatro meses atrás. Tras la renuncia de Rodríguez Saa (se aclara que se retiró en automóvil), la Asamblea Legislativa eligió presidente a Duhalde, quien el día 7 decretó el fin de la convertibilidad, y procedió a la incautación de ahorros en pesos y dólares de los ahorristas, aduciendo que los bancos no podían devolverlos a la gente. En realidad, los que no podían eran los bancos públicos nacionales y provinciales, plagados de préstamos políticos irrecuperables, no así los extranjeros, por quienes respondían sus casas matrices. La desocupación superó el 23%, y la pobreza el 57,5% según el Indec. Nacieron los subsidios a servicios públicos, aún vigentes, aplicables a ricos y pobres por igual. Se realizó la mayor devaluación de la historia, llegando el dólar a una relación de 1 a 3 pesos, ante lo cual surgió el temido eslogan hoy vigente, que se utiliza en acuerdos entre funcionarios y empresarios prebendarios: “hay que cuidar el trabajo de los argentinos”. A requerimiento de grandes empresas endeudadas en dólares, con Mendiguren como gestor principal, se diseñó la pesificación asimétrica, por la que el Estado pesificó parte de esas deudas en dólares, licuando pasivos de varias corporaciones, por un monto estimado de 10.000 millones de dólares. Repitiendo la estatización que en 1982 llevó a cabo el gobierno militar del general Brignone, por la que se transfirió unos 15.000 millones de dólares de deuda externa corporativa, muchas fraudulentas, al Estado. Por lo tanto, quien añore o amenace con otro 2001, no está pensando “en el pueblo trabajador”, sino en cooptar poder político y salvar grandes patrimonios. No se citan nombres de corporaciones y financieras beneficiadas para no ser parcial, pero figuran en publicaciones de la época.

Actualmente en estado fantasmal, el caso AFA podría incorporar a la historia política argentina un tercer helicóptero. Es el o los que aterrizaban en la mansión sin reales dueños conocidos de Pilar, sin pasajeros, o pasajeros también desconocidos.

Buenos Aires, 04 de marzo 2026

Círculo rojo desteñido

Las transformaciones democráticas presentan una etapa en la que coexisten la  identificación de vicios del pasado, con un diseño pretendidamente virtuoso del futuro. A fin de lograr consensos sólidos y comprensibles para todos los sectores socio-culturales, las argumentaciones y análisis deben ser didácticos y basados en datos esenciales, veraces y verificables, relegando los escándalos, frivolidades discursivas y amenazas directas, como se observara en las recientes sesiones legislativas en diputados, al espectáculo farandulero.

Como las reglas de la propaganda política creadas en las primeras décadas del siglo XX permanecen vigentes, cabe recordar algunas de ellas: el uso del eslogan, frase breve que pretende un impacto masivo por repetición; la mimetización de un grupo con simbologías y personajes históricos; falacias persuasivas, y concentrar los ataques en enemigos únicos, para no diluir sus efectos (Kirchner, Milei, FMI). Sin embargo, el problema que afronta la clase dirigente argentina es haber vulnerado un principio clave de toda propaganda: los mismos personajes que llevaron al empobrecimiento de una enorme mayoría social no pueden mantenerse en el tiempo repitiendo las mismas políticas y los mismos mensajes, salvo en dictaduras. Es por ello que las polémicas y quejas desatadas por la reforma y/o modernización laboral, asoció públicamente a personajes que hasta ahora se suponían con intereses divergentes. Entre otros, a Paolo Rocca y Madanes Quintanilla en el mundo empresario; Moyano, Barrionuevo, Martínez y Rodríguez en el mundo sindical, y para citar a un peronista auténtico y racional, Pichetto en el mundo político. El hecho de que todos ellos superan los 70 años, lleva a trabajar sobre una hipótesis a ser verificada a futuro, basada en que existe una dirigencia generacional activa desde hace más de tres décadas, que atravesó una etapa de degradación económico-social sin menoscabo para sus patrimonios, enriquecimientos y privilegios. De ser así, los beneficiarios repiten un interrogante de validez universal: si estamos bien en lo económico y usufructo de privilegios, ¿para qué cambiar?

Como toda hipótesis exige demostración, vale detenerse en aspectos propagandísticos manipuladores de la opinión pública, que han perdido eficacia. Tal el recurso de la “grieta”, que según el diccionario es “una hendidura o abertura alargada en la estructura de un cuerpo sólido”, pues los problemas pasados y futuras soluciones no dependen de dos sectores divididos, sino de tres por igual: empresarios, sindicalistas y políticos, quienes asumen la responsabilidad de acordar transformaciones en pos del interés común. Tampoco sirve el ocultista uso de abstracciones, como indica la aparición en queja de los relevantes empresarios industriales Rocca y Madanes Quintanilla, dando una saludable voz y encarnadura a la mística abstracción Círculo Rojo. Y menos aún, como mostró el vergonzoso debate legislativo por la ley laboral, políticos mimetizándose a los gritos con las memorias de Alem, Yrigoyen y Perón, reduciéndolos a simbologías que disimulen las malas praxis y corrupciones de quienes gobiernan desde hace más de tres décadas, en las que existieron formidables avances tecnológicos y se atravesaron crisis locales e internacionales, pese a lo cual, para justificar incompetencias y enriquecimientos, se continúa culpando a los “malévolos” chinos, “yankees”, o enemigos de ocasión.  

Para argumentar sobre la hipótesis generacional empobrecedora, se fija a las décadas del 60/70 como punto de partida arbitrario, con la revolución militar de Onganía que derrocó a Illía, y consolidó el principio mussoliniano del corporativismo, al lograr adhesiones gremiales con el otorgamiento de Obras Sociales y la vigente Ley Laboral. En paralelo se promovió geopolíticamente el desarrollo patagónico, que se plasmó en 1971 con el ya mencionado Parque Textil Trelew (Chubut), y en 1972 la promoción de la industria electrónica fueguina, aún vigente. A esta época se remonta los ancestros de Madanes Quintanilla, cuando en 1971 tras una compulsa internacional, el entonces presidente militar Lanusse adjudicó por decreto una planta productora de aluminio instalada en Puerto Madryn (Chubut), a la firma italiana Aluar, en cabeza entonces de Manuel Madanes, tío del actual presidente de la empresa. Las obras se contrataron con las empresas italianas Impresit e Italipianti, que inclusive importaron cemento y hierros de construcción desde Italia (verificar este dato). En 1974 se produjo la primera colada de aluminio, con la habilitación de parte del total de 92 cubas electrolíticas. Al ser consumidora de gran energía eléctrica, una Sociedad del Estado construyó la presa hidroeléctrica Futaleufú en la cordillera, y una red de alta tensión de 600 kilómetros hasta la planta, que se habilitó totalmente en 1978. El estado nacional por su parte, construyó un muelle de aguas profundas en el Golfo Nuevo para exportar el aluminio. Carece de sentido profundizar hoy sobre las polémicas provocadas por la adjudicación. Lo relevante es que la industria es exitosa y exportadora, pero asociada a enormes inversiones del Estado. Cabe preguntarse: ¿considera Madanes que su cancha quedó nivelada? No; siempre solicita nuevas prebendas.

Transformar, informar y formar a la ciudadanía en forma clara, no lo lograrán grupos fascistas en el recinto legislativo, troskistas en la calle, y empresarios ocultos en Círculos Rojos.

Buenos Aires, 25 de febrero 2026

Del papelito a la burocracia judicial

Cabe retomar al desarrollo de las causas judiciales en trámite, con base en la llamada “Mansión Pilar” relacionada con la AFA, porque tiene una fecha de inicio definida (noviembre de 2025), derivaciones que se interrelacionan con otras causas, complicidades multisectoriales, y la intervención de una sorprendente cantidad de camaristas, jueces y fiscales en menos de tres meses, lo que la convierte en un didáctico ejemplo para analizar estrategias, procedimientos y eventuales impunidades judiciales. En las argumentaciones no se utilizará la abstracción JUSTICIA, sino se identificará por sus nombres a los funcionarios actuantes, con sus antecedentes verificables de ser necesario, sin adosar adjetivaciones, que solo generan polémicas que no esclarecen.  

La estrategia de la grieta en la llamada “familia judicial” nació en su propio seno, con la creación de la asociación civil Justicia Legítima en el año 2013, que hizo suponer que no existía en el país una justicia unívoca. Pero ante el accionar de sus propios miembros surgieron incongruencias en cuanto a objetivos declamados. Por ejemplo, Garrigós de Rébori a cargo del Sistema Penitenciario, facilitó el “home office” en las cárceles; Cristina Caamaño, directora de la AFI, reveló nombres de espías argentinos en el exterior, y Alejandro Ramos Padilla intentó hacer caer la causa Cuadernos. Es por ello que ante la necesidad de producir cambios estructurales que saquen al país de la decadencia, los análisis priorizarán la simpleza verificable para que sean masivamente comprensibles, apelando en algunas circunstancias al diccionario, usado en la escolaridad básica como instrumento unificador de conceptos. Ello permite, por ejemplo, asumir que es incorrecto decir que poderes del Estado y organismos estatales son independientes, pues el diccionario indica que tal condición la cumplen quienes “no dependen de otro”, que no es el caso, por lo que son interdependientes. Pero es en el Poder Judicial que se observa una mayor dependencia del poder político, cuyo interés en las designaciones se centra en posibles futuros fallos judiciales en causas de corrupción, antes que en la idoneidad profesional. Ello se manifiesta en las pujas para designar integrantes de la Corte Suprema, y cubrir más del 40% de vacantes en juzgados. Para disimular esta realidad, se crean estructuras como el Consejo de la Magistratura, cuya ineficacia y politización nos retrotrae a una vieja anécdota de mayo de 2002, cuando durante un trámite de pliegos de jueces, el entonces senador Raúl Alfonsín fue fotografiado leyendo un papel que decía “el juez que hay que cajonear es Antelo”, entonces secretario de la Corte Suprema. Como es usual en el cine clásico político, se produjo gran escándalo y denuncias, para concluir que nadie sabía quién había alcanzado el papel, y menos aún quien lo había escrito. Desde entonces nada cambió en el metafórico intercambio de papelitos entre senadores, que finalmente son quienes deciden. Es en este contexto judicial que cobra valor el caso “Mansión en Pilar”, observándolo a través de su secuencia cronológica, actualmente en la etapa investigativa.

Noviembre 2025: la causa se inicia con una denuncia de la Coalición Cívica. Es sorteado el juez federal Rafecas, quien se declaró incompetente, pasando el expediente al juez penal-económico Aguinsky, quien también rechazó intervenir.  Diciembre 2025: Ante la denuncia de vecinos en cuanto a movimientos en la mansión, Rafecas ordenó varios allanamientos. En pleno desarrollo de los mismos, el camarista Bruglia resolvió que el caso lo tramite el juez Aguinsky, quien inició nuevas medidas de prueba. Enero 2026: el día 2, el juez Saettone, de San Isidro, a pedido del fiscal Camafreitas, dispuso el allanamiento de la vivienda de Matías Yofre, uno de los denunciantes en la causa. El juez Aguinsky citó a declarar a los “dueños sin recursos económicos” de la mansión, Pantano y Ana Conte. De inmediato, el abogado defensor solicitó que la causa pase al juez federal de Campana, González Charvay, a lo que accedió el camarista Alberto Lugones. Febrero 2026: El fiscal Cearras se opuso a la competencia de Campana, y acudió en queja ante la Cámara Federal de San Martín, que confirmó a Gonzáles Charvay, quien de inmediato inició actuaciones. Ante ello Cearras planteó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación, integrada por Petrone, Carbajo y Mahiques, quienes definirán la controversia. Hasta el momento se observa un esquema habitual de los abogados defensores en causas de corrupción: demorar discutiendo competencias y excusaciones. Es así como a casi tres meses de iniciada la causa, los supuestos dueños Pantano y Conte aún no declararon. Ello plantea ante la ciudadanía un interrogante esencial, relativo a si las leyes penales permiten que el Estado pueda incautar, decomisar o confiscar a la brevedad y sin condena previa bienes en manos de testaferros, para ingresarlos al erario público. Un beneficio subsidiario, sería el de hacer menos rentables los artilugios judiciales dilatorios.

Otro aspecto a clarificar es el de si las leyes son pasibles de “interpretación”, pues el diccionario define al término “interpretar” como una “comprensión personal de la realidad”. Por lo tanto, si una ley es interpretable, o está mal redactada, o no se le puede exigir a un ciudadano que no pueda invocar desconocerla.  

Buenos Aires,  18 de febrero 2026

Peluca y Chatarrín

La pérdida por parte de Techint de la licitación internacional para proveer caños de acero para la construcción de un gasoducto desde Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, al ofertar 40% más que la empresa india ganadora Welspun, reavivó un debate con argumentos que en nuestro país son inmutables desde hace ocho décadas. Sobre la base de que existe un contexto político-social que busca transformar y evolucionar en lugar de conservar, vale focalizarse en los dos actores más representativos de intereses en principio encontrados: Milei, presidente de la Nación, y el CEO de Techint Paolo Rocca, el empresario industrial más importante del país, Para entender la divergencia de posturas de modo distendido y sin apelar a descalificaciones inútiles, se usará la licencia humorística de llamar “Peluca” a Milei, y “Chatarrín” a Rocca. Y para evitar la jactancia de opinar sin los fundamentos necesarios, solo se mencionarán algunos hitos históricos verificables y relevantes, que por elegirse arbitrariamente, pueden ser complementados o sustituidos por otros. Lo relevante es que con independencia de coyunturas internacionales y locales, la recurrencia argentina en pos del fracaso es inédita.

Década del 40.- En 1945 finalizó la Segunda Guerra Mundial, con Europa en ruinas. Japón, que sufrió dos bombas nucleares, es hoy la cuarta economía mundial. En Argentina se comenzó a financiar un gasto estatal descontrolado con emisión del Banco Central. En esta década se fundó Techint.   

Década del 50.- Bajo el régimen de Mao, en China se produjo la gran hambruna, con millones de muertos. En Argentina, en 1955 un golpe militar derrocó a Perón.

Década del 60.- Australia y Nueva Zelanda ganaron mercados mejorando notoriamente su productividad, mientras en nuestro país la industria textil se mantuvo estancada, En 1966 se produjo un nuevo golpe militar.

Década del 70.- Con el gobierno militar vigente, en febrero del 70 se crearon Obras Sociales con control sindical. Se implementó el IVA, que pagan ricos y pobres, con una tasa del 13%. En 1971 se creó el Parque Industrial Trelew, en Chubut, aportando la Provincia tierras fiscales, infraestructura de servicios y exenciones impositivas durante 10 años. Se instalaron 56 fábricas textiles, procesando el 90% de lana del país. Vencido el plazo de promoción, más de 45 cerraron sus instalaciones. En 1972 se creó el régimen promocional de la industria fueguina, basada en importar productos desarmados y armarlos en la isla con un enorme costo fiscal. En 1973 se reingresó a la democracia, con el triunfo del peronismo. En 1975 se produjo el Rodrigazo, y en 1976 un nuevo golpe militar. En mayo del 76 se promulgó la Ley de Contrato de Trabajo vigente. En China, tras el fallecimiento de Mao, en 1978Deng Xiaoping introdujo el “socialismo con características chinas”, eufemismo para no hablar de capitalismo, con un modelo exportador inicialmente precario, que provocó las primeras quejas empresarias locales por competencia de productos de baja calidad fabricados con “mano de obra esclava”.

Década del 80.- Guerra de Malvinas. En 1983 se recupera la democracia. Fracasó el intento de Alfonsín de actualizar la Ley Laboral. En 1986 el IVA se unificó en el 18%. Hiperinflación en 1989.

Década del 90.- En diciembre de 1991 cayó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). En nuestro país, en 1990 Tierra del Fuego se convirtió en la provincia número 24. Rebrote hiperinflacionario. En 1991 se estableció la Ley de Convertibilidad. El IVA se incrementó al 21%. Se privatizaron empresas públicas, entre ellas YPF. En 1994 se reformó la Constitución Nacional, creando organismos grandilocuentes pero irrelevantes en la práctica, mientras que el mandato de crear un nuevo régimen de coparticipación federal no se cumplió entonces, ni hasta la fecha.

Década del 2000.- El 21 de diciembre de 2001, cae De la Rúa, que también fracasó en su intento de actualizar la Ley de Contrato de Trabajo. Designado a cargo del Ejecutivo, Rodríguez Saá anunció ante el Congreso el día 24, el default de la deuda externa argentina, la mayor de la historia, entre vítores legislativos pues se salvaban privilegios. No así el de los ciudadanos, a quienes se les confiscaron depósitos. Ante la fuerte devaluación se implementó la pesificación asimétrica, por la cual parte de las deudas en dólares de grandes grupos empresarios fueron absorbidas por el Estado (léase ciudadanos), para salvar “fuentes de trabajo”, frase que se instaló como eslogan para ocultar corrupciones y malas praxis. Se reestatizaron empresas públicas, como YPF.

 Década del 2010.- China tuvo un desarrollo tecnológico exponencial, siendo hoy la segunda potencia mundial, en competencia con Estados Unidos.

Década del 2020.- Pasados más de 50 años, el 31 de diciembre de 2023 caducaron los beneficios fiscales a favor de las industrias armadoras radicadas en Tierra del Fuego, pese a lo cual el ex presidente Fernández lo prorrogó en octubre del 2023 por 15 años.

A la luz de los hitos mencionados, y en pos de revertir la decadencia argentina, como legítimos representantes de lo público y lo privado, los simpáticamente llamados Peluca y Chatarrín tienen mucho que analizar y acordar en bien del país.

Buenos Aires, 12 de febrero 2026

En la AFA Maquiavelo no murió

Cabe retomar las reflexiones políticas semanales comenzando por la afirmación de Milei en el foro internacional de Davos, respecto a que Maquiavelo ha muerto. Ello nunca sucederá, porque su filosofía refiere a los diversos matices del ejercicio del poder político bajo la perspectiva del realismo, y no del idealismo, invocado discursivamente pero poco practicado. Sin embargo, su planteo de que el éxito de un gobernante podría justificar acciones cuestionables, excluía las corrupciones que derivaban en el empobrecimiento de los gobernados. Esta diferencia se visualiza en los hechos de corrupción de la Asociación del Fútbol Argentino, con punto de partida en noviembre de 2025, cuando Tapia otorgó un inexistente título de campeón 2025 a Rosario Central. Enriquecimientos ilícitos desmesurados y visibles (realismo), se intentan encubrir planteando que la AFA es una entidad privada sin fines de lucro, y que los clubes son de los socios (idealismo).

Lo ilustrativo de este caso es que no se circunscribe a casos sectoriales como la causa Vialidad, de clara matriz santacruceña, o de empresas de obras públicas conocida como Cuadernos, sino que involucra a los poderes públicos ejecutivo, legislativo y judicial, empresarios privados, sindicalistas, financistas, y partícipes necesarios en condición de activos (planificar y ejecutar), y pasivos (dejar hacer). Tal diversidad y complejidad aconseja establecer una estructura analítica masivamente entendible que procese las informaciones útiles, irrelevantes o falsas que proveen los medios de comunicación, para luego resaltar contradicciones o formular interrogantes. Un primer paso consistiría en unificar conceptualmente los diversos hechos que se tramitan en distintos juzgados, como “corrupción en la AFA”, pues el primer intento encubridor será desmembrar las investigaciones. Seguidamente plantear como marco analítico un metafórico tablero de ajedrez, en el que se moverán piezas negras y blancas. Las primeras representan a diversos actores que, sin prejuzgar culpabilidades, están directa o indirectamente relacionados con la AFA. A manera de ejemplo se citan algunos nombres: Tapia, Toviggino, Riquelme, Villarroel, Montaña, Milito, Moretti, Nakis, Belloso, Malaspina (Comité Ejecutivo de la AFA); Beligoy y Rapallini (responsables del referato); Massa, Blanco, Moyano, Grindetti, Scioli, Espinosa, Brito, Vila, Russo, Ritondo y Angelici (políticos involucrados con los clubes); Kicillof y Achával (brindaron a la AFA asilo en la provincia); Vallejos y Piccirillo (financistas y prestamistas); Carmona, Müller y Billordo (pilotos de helicópteros); Conte, Pantano, Capurro, Verón y Yaniello (testaferros); Faroni, Paz, Ojeda, Schmalz, Beacon, Scornik, Saracco (intermediación de dinero). BCRA, ARCA, UIF, IGJ, ANAC y entidades financieras ante operaciones sospechosas (organismos de control). Lo ilustrativo de este listado es que ratifica que invocar “persecuciones políticas” como intento encubridor carece de fundamento, dado que la corrupción a costa de recursos públicos no diferencia entre alineamientos políticos, ideológicos o laborales. Pero también hace suponer las presiones que sufrirán (o aprovecharán) las fichas blancas, que conforman exclusivamente camaristas, jueces y fiscales, de los que se indican nombres. Excluidos los que integran los tribunales de Ética y Disciplina de la AFA, con las causas en trámite entre paréntesis, se cita a: 1) Rafecas, camarista Bruglia, Aguinsky, camarista Lugones y González Charvay (mansión en Pilar a nombre de testaferros). 2) Armella y fiscal Incardona (lavado de dinero de Vallejos). 3) Villena (fideicomiso del club Bánfield con Vallejos). 4) Capuchetti (lavado de dinero de Vallejos, Piccirillo y Hauque). 5) Servini (operaciones cambiarias de Piccirillo y Vallejos). 6) jueza Petazzi, que planteó incompetencia a favor de Armella (recepción de registros bancarios desde Estados Unidos, por empresas fantasmas de Faroni y su esposa en negocios con la AFA). 7) Servini, Capuchetti y Casanello (venta de dólares del Banco Central a precio oficial durante el cepo, con intervención del directorio e inspectores, que incluye a implicados en el caso AFA). 8) Amarante (solicitud de levantamiento del secreto fiscal y bursátil de Tapia, Toviggino y Malaspina).

Para los análisis futuros será útil el reconocimiento por los propios políticos de la existencia de mafias estatales (aunque los mafiosos “sean los otros”), pues facilita comparar similitudes en actitudes y estrategias, comenzando por la clásica “omertá”, como se llama al código de silencio que prohíbe delatar actividades delictivas, y que se encuentra en plena aplicación, con declaraciones tales como “no lo sé”, “no recuerdo”, “no lo conozco”. Un dato llamativo es la inusual cantidad de jueces que, inclusive en plena feria, desean intervenir en las causas AFA, en especial en la llamada “mansión de Pilar”. Dados los antecedentes judiciales en casos de corrupción, cabe la duda si primarán los que actuarán en defensa de la sociedad y en recuperar parte de lo mal habido, o quienes cumplirán la tarea de congelar y diluir las investigaciones. Como simple observador, Maquiavelo sonríe.

Buenos Aires, 04 de febrero 2026

Jueces y fiscales a la cancha

La última reflexión del año refiere al caso identificado como “financista Vallejo-AFA”, que por insertarse en el popular mundo del fútbol profesional, y albergar a dirigencias, gobernadores, sindicalistas, empresarios, financistas, testaferros, escribanos, barras, jueces, fiscales y organismos de control, es ideal para que la sociedad entienda y analice de modo comprensible la mecánica, partícipes y consecuencias de una corrupción generalizada, pues a diferencia de la Causa Cuadernos, centrada solo en el campo de la construcción, el presente caso integra a todas las clases sociales y diversidades ideológico-partidarias. La simbiosis entre política y fútbol ya se manifiesta en los eslogans. El “Estado te cuida” invocado para saquear presupuestos públicos, en el caso de la AFA y clubes del fútbol profesional, que mueven millones de dólares, se proclama que los clubes son “entidades sin fines de lucro, y pertenecen a los socios”, lo que recuerda al verso gauchesco que inmortalizara Atahualpa Yupanqui: “las penas son de nosotros, y las vaquitas son ajenas”

La multiplicidad de actores intervinientes exige procesar ordenadamente la abundante información que brindan los medios de comunicación, que incluye valorables investigaciones y la inevitable contraparte de planificada confusión y desinformación. Para tal objetivo, la atención no debe recaer en el Poder Judicial como mera abstracción, sino en los nombres concretos de jueces y fiscales intervinientes. La advertencia responde a la mecánica de impunidad ya conocida por los argentinos: fuertes impactos mediáticos iniciales ante supuestos hechos corruptos, uso político del nombre de algunos de los sospechados, discusión de competencias, demoras en los allanamientos, presiones sobre jueces y fiscales, largas y confusas investigaciones para diluir pruebas, demorar el juicio, y de llegar a esta instancia, conseguir absoluciones u otorgar prisiones domiciliarias en lujosas propiedades obtenidas del dinero mal habido. El mundo del fútbol nos brinda abundantes ejemplos al respecto. 1) El más reciente es el caso “Fútbol para Todos”, iniciado hace diez años en el juzgado de la jueza María Servini por la desaparición de 760 millones de pesos de entonces, monto surgido de lo pagado por el Gobierno entre el 2009 y 2015, y lo ingresado en la AFA. En noviembre último, el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Basílico, Grümberg y Michilini, absolvió a todos los imputados por administración fraudulenta (entre ellos Aníbal Fernández y Jorge Capitanich), por entender que la acusación de los fiscales Miguel Osorio y María Garmendia Orueta, carecía de la fundamentación mínima exigida por la ley. El juez Grümberg es quien, junto con el juez Obligado, designados en el Tribunal 5 para llevar a cabo el juicio oral en la causa Hotesur-Los Sauces contra funcionarios y empresarios por lavado de activos y asociación ilícita, en noviembre de 2021 resolvieron la absolución de los imputados sin realizar el juicio, con la oposición de la tercera integrante del Tribunal Adriana Paillotti. 2) En la provincia de Buenos Aires permanece sin avances la causa por asociación ilícita contra dirigentes del club Independiente de Avellaneda, que durante diez años encabezara el clan Moyano, con Noray Nakis como vicepresidente segundo, por el manejo de un fideicomiso que blanqueaba divisas y eludía ingresos pertenecientes al club. Pese a la encomiable investigación del fiscal Scalera, la causa pasó por diversas manos (jueza Lamadrid, jueces Vitale, Armella y Yadarola, fiscales Viviana Giorgi y José Suarez, entre otros), sin que nadie se anime a elevarla a juicio oral. 3) El juez federal de Morón, Federico Villena, ansioso de hacerse de la causa Vallejos, como reemplazante del juez Augé durante una feria judicial, resolvió intempestivamente devolverle a Karina Moyano (hija de Hugo y ex esposa de Tapia), casi 500.000 dólares que le habían sido incautados por no justificar su origen. 4) En el conocido caso FIFA-Gate, con dirigentes internacionales arrepentidos y condenados, los veinte partícipes del capítulo local fueron sobreseídos por el juez Rafecas. El único argentino condenado, Burzaco, cumple pena en Estados Unidos, tras confesar el pago de coimas en nuestro país.

En este contexto no debiera sorprender que los Tribunales de Disciplina y Ética de la AFA estén integrados por jueces y camaristas en actividad, como Sergio Fernández, Néstor Barral, Diego Barroetaveña, Martín Peluso, Esteban Mahiques, Mario Kohan, fiscal Ramiro González, entre otros, y el juez argentino Juan Bautista Mahiques en el Tribunal de Ética de la Conmebol en Asunción, configurando la anomalía de que jueces en actividad, remunerados o no, estén sometidos a conflictos de intereses por actuar en ámbitos pasibles de lavados, o de dádivas, como entradas y alojamiento en los mundiales. Por ello el “Chiqui” Tapia debe ser considerado solo un desencadenante, pues para sancionar las corrupciones que se viabilizan a través del fútbol profesional desde hace décadas, se debe comenzar con los eslabones cómplices más débiles de la cadena, como testaferros, existencia de planos municipales aprobados del complejo de Pilar, Registros de la Propiedad Automotor, títulos de propiedad inmueble y conformación de sociedades sin actividad y corta vida, escribanías actuantes, y finalmente, ocultamientos de los organismos de control estatales. Durante la reparadora feria judicial, jueces y fiscales deberán reflexionar sobre si actuarán en defensa de la sociedad, o como en los ejemplos señalados precedentemente. Como deseo de un mejor año 2026, se propone un eslogan multipartidario: “Con sustracción de miles de millones de dólares del Estado vía negociados, sobornos, sobrecostos y lavados de dinero, no se come, no se cura, ni se educa”.

Buenos Aires, 24 de diciembre 2025

Próxima newsletter el miércoles 03 de febrero del 2006

Lavado de un sistema corrupto

Las mafias, que el polítólogo Gaetano Mosca definiera como “estructuras de poder paralelas que surgen por incapacidad o complicidad del Estado”, cuando usufructúan recursos públicos como botín permanente ya no basta con políticos y jueces sobornables; es necesario que muchos de ellos cumplan roles activos en las estructuras burocráticas. Dos hechos en pleno desarrollo son de gran utilidad para que la sociedad comprenda esta realidad. El caso Agencia de Discapacidad-Spagnuolo combina clásicas operaciones electorales, coimas y sobreprecios, mientras que el caso Vallejos-AFA inserto en el popular mundo del fútbol, que a nivel institucional agrupa a políticos, empresarios, financistas, sindicalistas, jueces y barras, incursiona en el lavado de dinero a gran escala. Si bien, por responder a una matriz delictiva vigente desde hace décadas los hechos no son novedosos, lo es el contexto político-social, que podría resumirse en tres factores: 1) un total desprestigio de las representaciones político-institucionales; 2) un hartazgo social respecto de la combinación de hipocresías discursivas con sostenimiento de negociados y privilegios; 3) una impunidad legislativa y judicial para corrupciones en detrimento de la sociedad, cuya multiplicación alcanzó un punto de saturación.

En este contexto, el concepto de lavado de dinero podría reformularse como “lavado que expone un sistema corrupto”, que afronta un gran desafío para lograr justicia y reparación social, pues el sistema político-institucional promotor de impunidad, deberá investigarse a sí mismo. Lograr que la sociedad entienda el desarrollo de este proceso, implica explicitar pautas analíticas simples, tales como: 1) En todos los casos se trabajará en base a nombres propios. A nivel nacional, con los que a través del voto se les otorgó poder de decisión para revertir la decadencia del país, que son solo 355: presidente, gobernadores y legisladores. En el caso Vallejos-AFA, que interrelaciona corrupciones privadas y controles estatales, la cantidad de nombres involucrados serán más variados, pero con ineludibles terminales políticas. 2) Los análisis deberán evitar la trampa propagandística de centrarse en el “enemigo único”, llámense Tapia, Toviggino, Kirchner, Milei, Kicillof, u otros, porque lo relevante será desenmascarar las tramas completas de corrupción, en la que intervienen testaferros, escribanos, sindicalistas, empresarios, financistas, jueces, fiscales, y hasta una universidad AFA, no habilitada. 3) Es válido considerar a los “indicios” para abrir líneas analíticas, pero sin prejuzgar, pues orientan pero no definen. Los agravios, escándalos, sobreactuaciones emocionales, fotos y tweets, se reservarán para el mundo del espectáculo, en el que coexistirán datos veraces con falsos. 4) El tema de lavado no es sofisticado en lo conceptual, pero sí en lo instrumental, porque necesita una extendida complicidad de diversos actores, sea activa (hacer), o pasiva (dejar hacer). El lavado se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito y había que enmascararla, pero el término nace en la década del 20 en Estados Unidos, cuando para legalizar sus ganancias ilícitas, las mafias utilizaron una red de lavanderías, cuyos servicios se pagaban al contado, por lo que los ingresos no tenían una clara trazabilidad. En los Casinos por su parte, un jugador compraba fichas con dinero lícito, jugaba un tiempo, y al retirarse, recibía un cheque por sus supuestas ganancias. Con el desarrollo de tecnologías digitales se facilitó el movimiento de grandes sumas de dinero, pero también su trazabilidad y control, por lo que surgió la necesidad de ramificar por diversos canales los volúmenes de dinero o productos (ejemplo, droga), para disimular, evitar y/o dificultar dichos controles. Como dato de actualidad, se debería profundizar acerca de los sponsor en el fútbol.

Tras lo señalado se pueden formular interrogantes futboleros en calidad de meros indicios. ¿Esta necesidad de ramificar flujos de dinero explica la explosiva multiplicación de clubes de fútbol profesional, con estadios que en muchos casos no cumplen requisitos mínimos para la actividad? Y por oposición, ¿el lujoso estadio en Santiago del Estero, una de las provincias más pobres del país, se construyó sabiendo que iba a ser privilegiado con importantes finales, de las que no gozan otras provincias? En cuanto a lo contable, ¿la opacidad de los balances de las mal llamadas “entidades sin fines de lucro”, no es ideal para lavar dinero? Finalmente, ¿a qué responde el estruendoso silencio de los presidentes de clubes grandes, medianos y chicos con excepción de Juan Verón, ante las investigaciones en desarrollo que por acción u omisión los involucran? ¿O nos hallamos en presencia del añorado gran acuerdo nacional?

Buenos Aires, 17 de diciembre 2025

¿Acuerdo o cohecho político?

En un reciente artículo publicado en La Nación, el versátil político Emilio Monzó afirmaba que el triunfo contundente del gobierno en la elección legislativa, se debió a que sus errores políticos y económicos generaron un “miedo emocional” en la sociedad, de tal modo que en lugar de castigarlose le otorgara el triunfo. Es interesante el uso del término “emocional”, pues asociado al espectáculo, es la esencia de la propaganda política, que puede alcanzar límites bufonescos, como los recientes juramentos de muchos legisladores, alguno de los cuales al momento de distribuirse privilegios mutan en positivistas, planteando “por mi voto, ¿qué me ofrecés?”  Por ello, para elaborar argumentaciones racionales (pensar y optar), en lugar de emocionales (contagiarse y aceptar), los análisis se centrarán en los 355 nombres propios que integran el presidente, gobernadores y legisladores nacionales, responsables de cambiar la matriz de decadencia del país. Esta guía puede extenderse a las legislaturas provinciales y municipales de todo el país, que presentan una relación costo-beneficio social escandalosa.

Al respecto es útil detenerse en el hecho protagonizado por el gobernador y legisladores de la provincia de Buenos Aires, para avalar que el Ejecutivo se endeudara en 3.685 millones de dólares, de los cuales 1.446 son para afrontar vencimientos de deuda (razonable), y el saldo para incrementar el déficit fiscal, invocando “no afectar la salud, la educación y la seguridad” (al menos no se citó a los cargos políticos). Como se necesitaba el apoyo de los 2/3 de ambas Cámaras para lograr el objetivo, tras acordar ampliar el directorio del banco Provincia de ocho a catorce integrantes, y repartir otros cargos políticos, el endeudamiento se aprobó con apoyo de los bloques del PRO, UCR, Coalición Cívica, y ex libertarios que abandonaron el partido. La crítica en este caso no debe centrarse en el peronismo que encabeza Kicillof, sino en quienes se presentan como oposición declamando apoyar el equilibrio fiscal, y los más audaces, luchar contra los privilegios políticos.

Manteniendo la estrategia de que los análisis se sustenten en nombres concretos, y no por lo que se declama sino por lo que cada legislador vota o se ausenta, vale citar los nombres de los cinco supuestos opositores designados en el directorio ampliado, para envidia de muchos oficialistas. Por ser en general desconocidos a nivel público, junto a sus nombres se indicará partido al que dicen representar, y entre paréntesis, el político conocido al que responden internamente. Ellos son: 1) PRO: Adrían Urreli (Grindetti) y Matías Ranzini (Ritondo); 2) UCR: Fernando Pérez (Lousteau); 3) Fernando Rozas (ex libertario), 4) Marcelo Daletto (sector Monzó). Los datos lo aportan algunos medios gráficos, que brindan información clara, comprensible y didáctica de las votaciones trascendentales como la presente, que incluyen fotos de los votantes claves y/o beneficiarios de los acuerdos, sus procedencias partidarias, antecedentes transfuguistas, y políticos a los que responden.  

Como lo descripto ratifica el conocido sendero de acuerdos malsanos y canje de privilegios a costa de incrementar la estructura burocrática ineficaz en desmedro de la salud, educación y seguridad, es válido formular interrogantes, inicialmente infantiles, para ser esclarecidos con el debido soporte jurídico.  

1.- ¿Lo negociado es un acuerdo o un cohecho, como el Código Penal define al delito de un funcionario público que solicita, acepta o recibe un beneficio (dinero, regalos o favores), para realizar u omitir un acto relacionado con sus funciones? Por ejemplo, cuando para votar leyes se utiliza dinero que perjudique al erario público a través de sobrecostos injustificados emergentes de crear cargos públicos altamente rentados e innecesarios, ¿se lo puede considerar cohecho en términos jurídicos, o bien “inhabilidad moral” y/o “falta de ética”, que no son penalmente punibles, pero los políticos aplican según convenga? O para usar un término de moda, pagar favores con cargos innecesarios con salarios que superan los 13 millones de pesos mensuales, ¿sería una forma de coimear “en blanco”?

2.- El segundo interrogante tiene larga data: ¿la banca pertenece al partido que presenta una lista que oficializada vota el ciudadano, o al legislador una vez que asume, dando lugar a transfuguismos vergonzosos que rompen con compromisos electorales. Pregunta para Monzó: ¿esto no causaría miedo emocional en la sociedad?

3.- Tarea para la Cámara Nacional Electoral. ¿Qué requisitos debe presentar un partido, agrupación o espacio, según se prefiera, para certificar su real existencia y habilitarlos para presentarse en una elección? Vale decir, sede, autoridades, actividad cierta, balances, reglamentos, afiliados certificados y rendición de cuentas. Pues son las normas electorales las que posibilitan las extensas continuidades de reconocidos políticos, no el “miedo emocional” del votante.

Maquiavelo alertaba que “el príncipe que descansa en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque son ambiciosos, desleales, no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres”

Buenos Aires,10 de diciembre 2025

Inclemencias políticas

Las 355 fichas que comprenden a los poderes ejecutivos y legislativos nacionales que asumirán la responsabilidad de establecer políticas virtuosas y consistentes para revertir la sostenida decadencia del país, atraviesan una concurrencia de hechos políticos, que, como sucede con los eclipses solares, se producen de tiempo en tiempo. Ellos son: 1) consecuencias de denuncias preelectorales; 2) la política mimetizada con el fútbol; 3) reacomodamientos de políticos temerosos de quedarse a la intemperie. Esta simultaneidad facilita un aprendizaje de política básica similar a la enseñanza primaria, en la que la palabra “perro” debía coincidir con la imagen de un perro y el accionar de un perro.  

En la campaña electoral se repitió la estrategia de denuncias de corrupción, no con objetivos moralizadores, sino mafiosos para dañar a contrincantes. Es el caso de Grabois denunciando la relación de Espert con un narcotraficante con prisión domiciliaria en Río Negro, y periodistas propagando por el canal de streaming Carnaval audios realizados desde hacía meses, en la que el entonces presidente de la Agencia de Discapacidad, Spagnuolo, hablaba de coimas que llegaban a “KM”; en paralelo, la periodista y legisladora Marcela Pagano, otrora oficialista, usaba el caso para despotricar en el recinto contra altos funcionarios del gobierno, para “defender a Milei”. No se reparó en que, ante estas repetidas prácticas, la sociedad en lugar de optar entre falso o verdadero, evaluó que las denuncias eran mafiosas en lugar de morales, y que la corrupción denunciada era altamenteposible.La causa recayó en el juzgado del juez Casanello y fiscal Piccardi, a quienes se evaluará según la celeridad y profesionalidad con la que lleven la investigación. Resumiendo, el pretendido costo electoral no se produjo, pero expuso cadenas corruptas que involucran a viejos personajes asociados a negociados públicos, sin exclusiones partidarias o ideológicas.

Todo curso político no puede obviar al fútbol profesional, que congrega a políticos, gobernadores, intendentes, empresarios, gremialistas, financistas, jueces (tribunales de disciplina), y barras bravas. Al mandamás de la AFA Claudio Tapía, alias Chiqui o Comandante, se le ocurrió otorgar un título no previsto en el calendario a Rosario Central, en una muestra de autoridad que compartió con su paje Toviggino. Ante la crítica del presidente del club Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón, club que debía afrontar un partido eliminatorio ante el club rosarino, se obligó a que los jugadores de Estudiantes le hicieran un pasillo de honor al “campeón”. Focalizar la crítica en Tapia es caer en la trampa del “Enemigo único”. Lo más revelador fue el silencio de la totalidad de los dirigentes, salvo Verón, en especial de los llamados clubes grandes, lo que recuerda al de los mafiosos de la década del 30, tras acordar la división de los negocios territoriales. Pero como sucediera en el caso Spagnuolo, el hecho desnudó una trama de corrupción latente que se encuentra en pleno desarrollo.

Los legisladores mientras tanto, tras las elecciones están en plena reconfiguración de bloques legislativos, ocupación de oficinas, integración de comisiones y privilegios emergentes, por lo que no es oportuno aún mover fichas, pero sí detectar incongruencias. Respecto a los que quedaron “sin techo”, como Randazzo, Stolbizer o Monzó, entre otros, honestos si no se prueba lo contrario, pero más inclinados a la dialéctica que a promover consensos estables para superar la decadencia del país, es habitual que para socorrerlos se creen organismos y cargos innecesarios, que es una de las causas de las estructuras burocráticas sobredimensionadas. En cuanto a autocríticas personales, vale citar una frase del artículo publicado por Monzó en La Nación el pasado 28 de noviembre, titulado “El crédito del miedo”, en el que señala que “el miedo alimentado por los errores políticos y económicos del gobierno nacional causaron un miedo emocional, y en lugar de castigarlo, terminó siendo el motor de su triunfo contundente del 26 de octubre”. Dado que Monzó actúa en política desde 1997, cuando fue concejal de Carlos Tejedor, ¿no se considera parcialmente responsable de ese miedo social, que, dados los antecedentes, no tiene nada de infantil?

Prestar atención al léxico político será importante para futuros análisis. Los políticos invocan representar al pueblo, mientras se autoadjudican privilegios. En el fútbol se proclama que los clubes son de los socios, que no participan de los negociados de dirigentes y afines. También se puede ser candidato con una condena penal, pero rechazar el acceso a una banca por “impedimentos morales”, y en el fútbol, los jueces del tribunal sancionar invocando “falta de ética”, que es opinable. En cuanto a quienes deciden, en ambos campos se pueden cambiar leyes, reglamentos, estructuras, cronogramas y decisiones según convenga, para lo cual se suelen lograr enriquecedores consensos.

Buenos Aires, 04 de diciembre 2025

Periodismo no es sinónimo de periodistas

Los medios de comunicación masivos serán las fuentes informativas al alcance de la ciudadanía en general, que se utilizarán para analizar de modo comprensible el devenir político hasta las elecciones del 2027, por lo que cabe  diferenciar lo estructural (periodismo), de lo particular (periodistas). El periodismo define una actividad profesional que comprende obtener, investigar y procesar datos y hechos de interés público, siendo los periodistas las personas concretas para difundirlos. Este proceso, aún realizado con profesionalidad, no está exento de subjetivismos (opinión), argumentaciones fundadas (investigación), falacias o engaños, y en un marco usualmente concordante con posturas ideológicas o intereses de las conducciones de los diversos medios. Dado que los análisis políticos se focalizarán en los 329 legisladores nacionales, que por carácter transitivo involucran a los ejecutivos nacional y provinciales, de igual modo las referencias no serán al periodismo en general, sino  a periodistas y medios en particular, replicando la técnica de enseñanza básica, en la que la explicación de la palabra “perro”, se acompaña de la imagen y accionar de un perro.

En una temática esencialmente política, cabe una referencia a la propaganda política moderna, cuyo fin es el de persuadir al mayor número de ciudadanos mediante campañas, opiniones, rumores o eslogans, dado que sus reglas y técnicas nacidas en las primeras décadas del siglo XX, continúan plenamente vigentes, y son didácticamente descriptas en el  breve libro titulado “La propaganda política”, escrito en 1950 por el escritor y periodista Jean-Marie Domenach. Dichas reglas, que son las de Simplificación, Enemigo único, Exageración, Desfiguración, Orquestación; Transfusión; Unanimidad, Contagio y Contrapropaganda, no tuvieron cambios conceptuales en el tiempo sino tecnológicos, que generaron una extensión comunicacional planetaria y multiplicación exponencial de receptores, según la secuencia panfletos y megáfonos (Lenin, Trosky), radio y cine (Mussolini, Hitler, Goebbels), televisión incipiente (década del 50), comunicación satelital, Internet, redes sociales e Inteligencia Artificial. El verdadero cambio lo produjo la conversión de la histórica unidireccionalidad entre emisores de mensajes y masas receptoras, en una multidireccionalidad, en donde en un  ida y vuelta, todos compiten en el ágora de la opinión pública. Tradicionales comunicadores como Fernández Díaz, Morales Solá o Longobardi, por ejemplo, deben poner en escena y competir con “influencers” activos en redes sociales, como el Gordo Dan y otros, cuyas existencias ignorarían sus tradicionales lectores.  

Con Milei cobraron relevancia periodística los agravios, la vulgaridad y los modos, sin reparar que desde hace décadas los medios de comunicación muestran una mimetización entre los otrora escándalos faranduleros y los escándalos políticos, que incluyen llantos, gritos, insultos, profesías, y destacadas actuaciones de políticos, periodistas, actores y hasta sacerdotes, en una realidad creciente que responde a la regla  propagandística llamada  Contagio. Hecha la salvedad que la proliferación de insultos es resultado de la mediocridad pero también de marketing planificado (el escándalo vende), al menos se pueden desactivar hipocresías, y preguntarnos si “ensobrados” es un insulto, cuando recientemente periodistas desde un canal y una periodista legisladora, participaron de operaciones con grabaciones no certificadas judicialmente, con fines preelectorales. Si “econochantas” es un insulto, pero no así que altas autoridades políticas y sus abogados llamen “mafiosos” a los integrantes de la Corte. O que “mandriles” fuera más ofensivo que la tapa de la revista Noticias con el texto “Karina Milei, la cajera”.

Resumiendo, es irrenunciable una férrea defensa de una prensa libre, que en tal condición siempre molesta al poder, por lo que se debe prestar atención a los proyectos de leyes que intenten limitarla. Pero el concepto periodismo no debe confundirse con periodistas y medios, insertos en una diversidad en la que coexisten Clarín, La Nación, Página 12, C5N, Noticias, Majul, Feinman, Rial, Navarro, Sylvestre, entre muchos otros, quienes nos proveerán de procedimientos y datos que debidamente comparados, nos ejercitará en detectar verdades, falacias, omisiones, contradicciones y operaciones. Ya mencionados algunos periodistas veteranos, cabe cerrar con un ejemplo de modernos “influencers” en redes, que demuestra la vigencia de las clásicas técnicas propagandísticas. En su concurrencia a actos, jóvenes “Fuerzas del Cielo” se identifican con ropajes y estandartes renacentistas color terracota, con capas incluidas. En este caso aplica la regla de Unanimidad, que ya se observara con las camisas rojas de Lenin; negras de Mussolini; pardas de Hitler y descamisados de Perón.

Buenos Aires, 19 de noviembre 2025