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Jekyll y Hyde políticos

La historia está jalonada de guerras y pestes que teorías pretendidamente anticipatorias, plantearon que cambiarían el mundo. Obviando que con los vicios y virtudes que bien describiera Maquiavelo, serán nuestros perennes políticos y sus luchas de poder, quienes marcarán la realidad presente y futura, que hasta el momento no presenta atisbos de cambios cualitativos (estructuras estatales sobredimensionadas e ineficientes; privilegios legalizados; baja calidad institucional), ni cuantitativos (alta inflación sistémica, carencia de moneda, agobio impositivo, desempleo privado, alta pobreza, corrupción), indicadores que se agravarán de no implementarse reformas estructurales que las “familias políticas” eluden debatir.  

Las pestes, pasada la etapa de destrucción y muerte en la que los hechos priman sobre los discursos y las injusticias resaltan ante los privilegios, permitieron avances notables en infraestructuras y sistemas sanitarios, que en el caso argentino debieran manifestarse en profundas e innovadoras reformas político institucionales que desactive un sistema elitista y anacrónico. El principal obstáculo es que la corporación política y privada beneficiaria del sistema, invocando emergencias, pretende mantenerlo. En este contexto será la acción ciudadana expresada a través de la temida opinión pública, que rudimentariamente se expresa en cacerolazos o autoconvocatorias, la que deberá forzar dichas transformaciones. Esta disociación entre intereses particulares y ciudadanos se manifiesta en plena pandemia, cuando con poderes constitucionales y actividades privadas paralizadas o reducidas a su mínima expresión, importantes cúpulas políticas, judiciales y legislativas se mueven con celeridad y sin barbijos, para mantener la impunidad en los innumerables casos en trámite de corrupción estatal-privada.

Para no realizar análisis basados en preconceptos que deriven en la repetición de críticas inconducentes que nada cambien, previamente se debieran detectar las falacias de viejas estrategias discursivas y de acción política, estableciendo pautas reflexivas más creativas:

1.- Eludir la trampa de la “grieta” social, que es un instrumento ancestral de manejo de masas basado en dividir para gobernar, perfeccionado a principios del siglo XX con el surgimiento del bolcheviquismo y del fascismo.

2.- Evitar que las conclusiones se sustenten solo en abstracciones (justicia, derechos humanos), y personificaciones excluyentes (Perón, Alfonsín, Kirchner, Macri). El problema argentino es estructural, no circunstancial.

3.- Dado que los medios de comunicación son fuente informativa casi excluyente para el ciudadano común, asumir que en democracia ofrecen una diversidad ideológica no exenta de opiniones tendenciosas o falaces. Recae entonces en el receptor la responsabilidad de evaluar y detectar contradicciones en los mensajes políticos, que en muchos casos son solo eslógans, títulos de nota o noticias falsas, utilizándolos para formular nuestros propios  interrogantes en busca de nuevas respuestas.   

Preguntarnos por ejemplo, ante nombres paradigmáticos vigentes desde hace más de 30 años: qué no se dijo y denunció de Carlos Menem? Hoy condenado, es senador. Qué no se dijo y denunció de Cristina Kirchner? Hoy con múltiples procesos, es vicepresidenta de la Nación. Cómo es posible esta realidad inédita en países socialmente más desarrollados? Para obtener respuestas, más importante que centralizarnos en las figuras de Menem y Kirchner, es desentrañar las tramas político-institucionales que lo hace posible. Seguramente, se entenderían los fracasos, corrupción y pobreza.

Como los análisis se basarán en antecedentes y opiniones fehacientes de políticos y dirigentes a través de medios de comunicación, se deberá tener presente sus fluctuaciones dialécticas y oportunistas adhesiones partidarias. Para ello es oportuno citar como metáfora al personaje de la famosa novela “Doctor Jekyll y el señor Hyde”, escrita por Louis Stevenson en 1886. Jekyll es un científico que, para estudiar la doble personalidad, crea una bebida que separa la parte más humana del lado más maléfico de una persona. Cuando Jekyll la toma se convierte en Hyde, un sujeto capaz de cualquier atrocidad. Tras beberla nuevamente, recobra su personalidad más humana. Pasado el tiempo, desesperado por no conseguir los ingredientes con la pureza necesaria para lograr esta disociación de personalidades y poder gobernarlas, Jekyll se suicida, dejando una nota en la que confiesa el homicidio de Hyde.

La historia de más de 130 años merece adaptaciones a nuestro contexto. Los cambiantes mensajes políticos actuales no obedecen a una doble personalidad sino al uso consciente del cinismo, lo que explica que sus autores no se suiciden. El maléfico Hyde por su parte, de haber sido detenido en la actualidad, podría haber invocado ser un perseguido político.

Buenos Aires, 20 de mayo 2020

Complicidades explícitas

La historia argentina está jalonada de hechos de corrupción estatal resonantes y emblemáticos (sobreprecios en obras, servicios y compras, contrabandos, incumplimiento de concesiones de servicios, vaciamiento de organismos públicos crediticios y de fomento), que tienen como único afectado a los recursos públicos. La recurrente impunidad y no recuperación del dinero sustraído, insertó al país en una corrupción sistémica y permanente, que se transparentó a partir de 2016 por la sustitución de un gobierno de larga permanencia en el poder por otro de distinto signo político. En estas transiciones políticas, sea por pérdida de temor, búsqueda de justicia o producto de resentimientos, surgen denuncias, testigos, filmaciones, escuchas telefónicas, con jueces y fiscales expuestos por su inacción. Ante la multiplicidad de casos, el conocimiento de las “tramas” públicas-privadas armadas para el saqueo, se destacaron por sobre los “casos” individuales.  

Tras la exhibición pública de filmaciones con el grupo de Lázaro Báez y el ex Secretario José López contando y transportando millones de dólares, en el 2016 se aprobó la ley del arrepentido. A comienzos de 2018 surgió la llamada “causa de los cuadernos”, emblemática para comprender el alcance de las tramas delictivas en perjuicio del Estado. El alto nivel político y económico de sus integrantes (gobernantes, ministros, funcionarios varios, secretarios privados, empresarios, financistas, testaferros, jueces, fiscales), aunados sin desgastarse en debates ideológicos o “grietas” estériles, convertía en inevitable una contraofensiva feroz de igual nivel, para salvar patrimonios mal habidos y libertades personales. Pero la acumulación de evidencias y hartazgo social, obligó a que por primera vez los involucrados, en lugar de apelar a las clásicas operaciones subterráneas para negociar impunidad, debieran gestionar y amenazar a cara descubierta. Es en este contexto, agravado por la pandemia y una crisis económica estructural, que es necesario identificar paradigmas conceptuales y/o discursivos basados en falacias, para entender posibles escenarios inmediatos.

1.- El factor institucional más importante, inédito en otros países, es que producto de leyes aprobadas por las “familias políticas”, los procesados y condenados por delitos contra la administración pública pueden gobernar y legislar. Por ello como consecuencia de un nuevo cambio de gobierno nacional, retornaron altas autoridades nacionales y provinciales en dicha condición judicial, para cumplir simultáneamente los roles de representante público y parte acusada de delitos. Incongruencia que provocó la reciente crisis penitenciaria, con liberación desenfrenada de presos.

2.- En cuanto al ámbito judicial, dada la relevancia que tendrá en esta etapa de esclarecimiento y presiones políticas, es necesario clarificar preconceptos. Los poderes constitucionales no son asépticamente independientes, sino funcionalmente interdependientes. Como ejemplo, la designación y remoción de jueces, o que una misma persona pueda desempeñar roles en el ejecutivo, legislativo y judicial en distintas etapas. En el caso de los controvertidos jueces De Lázzari y Violini en la provincia de Buenos Aires, que encabezaron el operativo político de liberación masiva de presos, el primero fue Secretario de Seguridad de Duhalde, y el segundo precandidato a intendente de La Plata por el Justicialismo. Las intencionalidades políticas en muchos casos no se ocultan. Son conocidas las groseras intervenciones de jueces y fiscales en redes sociales y otros medios públicos, para denigrar a quienes no responden a sus preferencias políticas. El mismo Violini realizó duras críticas a la ex gobernadora Vidal por su intento de desactivar las bandas políticas-judiciales en la provincia, a lo que llamó “persecución judicial”. Recientemente la camarista Ana María Figueroa declaró haber sido presionada por un funcionario de Macri hace cuatro años, sin dar su nombre ni denunciarlo entonces ni ahora. En un sistema democrático el criterio de “independencia” debe aplicarse a la capacidad de decidir conforme a leyes y principios de justicia, asociada a la virtud de honestidad. Y no como la doctora Figueroa, adjudicar oportunistamente categorías políticas de gobierno malo (el que se fue), y gobierno bueno (el que está).

3.- Respecto a las estrategias comunicacionales públicas, para detectar operativos de confusión y lograr un cambio de fondo en las estructuras administrativas burocráticas, se deberá evitar la trampa del uso de abstracciones encubridoras de responsabilidades. En lugar de “poder judicial”, deberemos concentrarnos en nombres de jueces y fiscales actuantes en los distintos casos, con sus antecedentes y decisiones, lo que incluye a la Corte Suprema. En un contexto explícito de casos de corrupción estatal-privada, la puja no será doctrinaria sino ancestral: lucha entre honestos y deshonestos y/o acomodaticios. Es sabido que en estas circunstancias y conociendo nuestra historia, los embates del poder político se centrarán en los honestos.

Hace unos 2.600 años el legislador ateniense Solón, promotor de reformas para aliviar al campesinado asediado por la pobreza, afirmaba: “Las leyes son como las telarañas. Atrapan a los más débiles, pero los más fuertes pueden escapar”.

Buenos Aires, 13 de mayo de 2020

Virus político activo

Alberto Fernández se transformaba el pasado 27 de octubre en presidente de Argentina, con Cristina Kirchner como vicepresidenta. Hasta su asunción el 10 de diciembre, contaba con 43 días para conformar el equipo de funcionarios y presentar el plan de gobierno. No sucedió, y en su lugar se legislaron medidas que reiteraban viejos vicios invocando emergencia: delegar funciones en el ejecutivo para gobernar por decreto, congelar tarifas y diversos precios, crear más impuestos, afectar jubilaciones y mantener privilegios políticos y estructuras estatales ineficaces y económicamente insostenibles para la ciudadanía. Transcurridos a la fecha 190 días de elegido, el gobierno continúa sin presentar un plan nacional y presupuestario de gobierno. A fines de febrero surgieron las primeras noticias sobre un virus que asolaba a una lejana localidad china, que se extendió rápidamente a nivel mundial. El 20 de marzo se declaró en el país un aislamiento estricto aún vigente, que incluyó a los esenciales poderes legislativo y judicial. En ese letargo institucional, y asesorado por especialistas, el presidente se ponía entusiastamente al frente de las estrategias para minimizar daños de la pandemia. Pero, tras su estadía en Cuba, alguien decidió que ya era momento de reactivar la acción política: Cristina Kirchner.

En marzo, los diputados Heller y su hijo Máximo elaboraron un proyecto de impuesto a la riqueza; los defensores del condenado Boudou, doctores Rúa y Peñafort, lograron que el juez Daniel Obligado autorizara su detención domiciliaria, que el mismo juez rechazara una semana antes; los funcionarios del Ministerio de Justicia Pietragalla y Pryzbilski, entre otros, presionaron judicialmente para obtener la libertad de Ricardo Jaime, Martín Báez y Luis DElía, presos privilegiados sin hacinamiento, tras lo cual, coordinadamente se desató la fiebre liberadora de presos peligrosos; la vicepresidenta puso a trabajar a la Corte, solicitándole certidumbre sobre la validez de sesiones legislativas a distancia, y la funcionaria del Senado y defensora de Boudou, Graciana Peñafort, advirtió a sus miembros que “es la Corte Suprema quien tiene que decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones». La Corte se expidió de inmediato. En la administración central, Vanoli, titular de la Anses (principal presupuesto estatal), fue relevado por la kirchnerista Raverta. El sutil canciller Solá, generaba permanentes conflictos con países vecinos.  

Las acciones políticas deben analizarse como secuencias interconectadas, no como impulsos coyunturales. En especial, cuando de ahora en más lo político predominará sobre lo sanitario, con independencia de la duración de la pandemia. Todo análisis debe explicitar las hipótesis sobre las que se sustenta. Se destacan tres: 1) ineficaz y costosa organización administrativa político-institucional, carente de partidos políticos creíbles y activos, que han sido sustituidos por “familias políticas perennes” cada vez más asociadas a la corrupción estatal-privada. 2) limitantes económicas propias del país desde hace décadas: carencia de moneda nacional, alta inflación sistémica, y cúpulas industriales y comerciales sin capital de riesgo propio y gestoras de prebendas políticas, que ahogan todo atisbo de modernización y competencia. 3) ausencia de liderazgos con visión de futuro y capacidad de implementación. Alfonsín tuvo honestidad y éxitos institucionales, pero dejó anticipadamente el gobierno con hiperinflación.

Merece atención el tema liderazgos, en un país que proclama líderes a quienes concentran recursos públicos y actúan como anacrónicos caudillos, para clarificar especulaciones inconducentes sobre quien manda en la fórmula presidencial. En la campaña, el presidente Fernández se presentó como “un hombre común”. Pésima estrategia. Las sociedades están plagadas de hombres y mujeres comunes, concepto que no excluye a esforzados trabajadores y empresarios exitosos. Lo que la política argentina demanda y no logra, es que a las virtudes de “hombre común” se le agregue la difícil condición de estadista, con un equipo de gobierno acorde. En 1913, José Ingenieros lo llamaba hombre superior, definiéndolo como capaz de concebir ideales que propongan un futuro por el cual luchar. Por el contrario, hoy políticos, jueces, fiscales, empresarios, todos ellos “comunes”, concentran esfuerzos en destruir las causas y juicios por corrupción, marco en el que se inserta la provocada crisis carcelaria.

Cabe preguntarse: si la vicepresidenta tampoco es una estadista, y solo líder de un grupo férreo y acotado, que la distingue del “común” Alberto Fernández? Maquiavelo, creador de la ciencia política moderna, en su tratado El príncipe afirmaba: “cada cual ve lo que el príncipe parece ser, pero pocos comprenden lo que es realmente”. Pero Cristina Kirchner, más allá de asesores de imagen, transmite lo que realmente es. Desinteresada por eventos sociales que excedan lo familiar, rechazo a los debates políticos presenciales, rencores explícitos, exigencia de adhesiones irrestrictas, planificadora de estrategias, opera, elige, decide, y será difícil traicionarla por quienes solicitaron su amparo. En este contexto de políticos “comunes”, es razonable establecer que Fernández propone y Cristina Kirchner dispone, lo que no implica un menoscabo para uno u otro. Simplemente los roles surgieron de un acuerdo de partes, aunque muchos de los involucrados y actores ajenos sueñen con dejarlo sin efecto.  

Buenos Aires, 06 de mayo de 2020

329 patriotas

329 corresponde al total de diputados y senadores nacionales que deberán decidir sobre la aplicación del impuesto bautizado Patria “a los que más tienen”. Los trascendidos periodísticos, con estimación de contribuyentes, montos patrimoniales alcanzados y alícuotas a aplicarse, son suficientes para formular interrogantes basados en discursos y hechos de los impulsores del proyecto, que al amparo del símbolo Patria deberán debatir los 329 diputados y senadores.   

La referencia global a 329 legisladores en lugar de diferenciar entre oficialismo y oposición, y priorizar el término “familias políticas” por sobre partidos políticos, merece una aclaración.  Los diputados no son elegidos individualmente por los votantes, sino por las “familias” que los incluyeron en las listas sábanas más votadas. Muchos de los cuales tras las elecciones y asumido el cargo, se convierten en formadores de interbloques que nadie votó, al solo fin de negociar votos en base a oportunismos de ocasión antes que de intereses ciudadanos. Negociaciones que el ex diputado de Cambiemos Monzó llamó “la rosca”, provocando en el recinto la ovación de los legisladores. Por ello, se ubica a los 329 legisladores en un pie de igualdad para debatir y clarificar el proyecto.  

En cuanto a lo discursivo, los mensajes políticos breves se diseñan según dos campos distintos: el electoral, y el de rotular objetivos. El electoral utiliza términos socialmente aglutinadores, como juntos, unidos, todos. El rotulado de objetivos, en especial los antipáticos o con afectaciones patrimoniales, se estructura según tres componentes: 1) el “simbólico”, que emplea abstracciones como Argentina, País, Patria. Los bonos que creara en 1962 el ministro Álvaro Alsogaray para pagar sueldos a estatales y jubilados, que al momento de comercializarse significara una pérdida del 30% de los salarios, fueron llamados “9 de julio”. 2) el de “excepcionalidad”, basado en promesas de aplicación por única vez o determinado plazo, que nunca se cumplen. 3) el de “dramatismo”, que invoca situaciones de emergencia extrema.  Clarificada la estrategia discursiva del proyecto (Patria, única vez y emergencia), es el campo de los hechos donde se generan interrogantes plenamente pertinentes, atento a que los sectores políticos institucionales suelen autoexcluirse de los “que más tienen”.

Las dudas comienzan con los autores del proyecto; el político de mandatos permanentes y banquero Carlos Heller, y el diputado Máximo Kirchner, juzgado junto a su familia por asociación ilícita en perjuicio del Estado. Esto último posible porque en nuestro país los procesados o condenados pueden ser funcionarios o legislar. Hasta el momento no se aclara qué criterio cuantitativo definirá a “los que más tienen”, antiguamente llamados multimillonarios: si el patrimonio total, o solo capital líquido y en acciones. Si los patrimonios se considerarán individuales, o del núcleo familiar directo (esposo/esposa; hijos/hijas). En cuanto a lo cualitativo, si el tributo diferenciará entre sectores rentistas, productivos y financieros. Si entre los alcanzados tributarán gobernadores, jueces, intendentes, legisladores, y funcionarios (ejemplos: senadores Rodríguez Saa y Urtubey, diputados Mendiguren, Heller y Máximo Kirchner), y cómo se actuará en los casos de funcionarios que no tienen las obligatorias declaraciones juradas patrimoniales presentadas.    

Ingresados al campo de las causas judiciales de corrupción en trámite y cerradas en primera instancia, y atento a que los legisladores se negaron a aprobar la ley de extinción de dominio, se debería explicitar qué prevé la ley respecto de los bienes detectados y/o embargados en las causas de corrupción. Por ejemplo, si tributarán los 8.000 millones de pesos (más de 80 millones de dólares al año 2015), en impuestos que como agente de retención el empresario Cristóbal López no reintegró a la Afip; los millones de dólares del empresario Lázaro Báez y familia; los de la familia del fallecido ex secretario Muñoz; los cuatro millones seiscientos mil dólares detectados en la caja de seguridad de Florencia Kirchner; los ocho millones de dólares en efectivo secuestrados al procesado Marcelo Balcedo, sindicalista del Soeme.  

En cuanto a lo operativo, se debe indicar los organismos que proveerán y certificarán la veracidad del listado de los hoy supuestos 12.000 aportantes, que debiera ser entregado a los legisladores para su análisis. Será sólo la Afip? Las respuestas a estos y otros interrogantes debieran asegurar que la ley cumpla con principios de equidad y justicia que justifique que el impuesto se llame Patria, y no contenga las habituales excepciones políticas antipatrióticas. En cuanto a los legisladores que a la fecha se presentan como opositores responsables, es momento que además de reclamar tratamientos y votaciones presenciales, analicen a fondo el proyecto, y fundamenten públicamente objeciones concretas y no declamatorias. No debiera preocupar que los acusen de proteger “a los que más tienen”, pues el costoso y privilegiado andamiaje político aún no hizo ningún ajuste. Hasta ahora, se decreta y/o legisla para que se ajusten otros.

Buenos Aires, 29 de abril de 2020

Detectar parásitos

El Estado, por ostentar el monopolio para decidir, ejecutar, legislar y juzgar, define el perfil de un país. Pero explicar nuestro atraso de décadas implica pasar de la abstracción Estado al tangible concepto de Gobierno, conformado por organismos, funcionarios políticos y empleados. A los gobiernos se los juzga por la calidad de vida económica, social e institucional que brinda sus ciudadanos, y luego por indicadores macroeconómicos. Determinada presión impositiva porcentual por ejemplo, puede ser razonable en países que brindan servicios públicos de calidad, o asfixiante si lo recaudado se diluye en gastos improductivos, privilegios burocráticos y corrupción. Al respecto, es recomendable el artículo del politólogo José Nun publicado en La Nación el 24 de febrero pasado, titulado “La alta presión impositiva es síntoma de la desigualdad”.

Es inevitable que a las argumentaciones racionales se le contrapongan las de mediocres demagogos, que llaman “parásitos” a quienes exhiben desarrollos creativos, maquinarias y tecnología, y no casualmente, excluyan de tal deshonor a burócratas y “familias políticas” que usufructúan recursos públicos multiplicando en su beneficio organismos intrascendentes, por lo que eluden debatir la reconfiguración de la estructura estatal. Lo que obliga a que este debate lo inicien ciudadanos comunes, analizando los mensajes políticos públicos y fehacientes, sin riesgo de tergiversaciones. Con dos prevenciones: 1) el concepto “familias políticas” no discrimina entre circunstanciales oficialismos y oposiciones, sino se basa en la continuidad temporal de sus integrantes. Las críticas no se dirigen entonces a determinado gobierno, sino a un sistema político estatal. 2) la mayoría de las frases políticas cortas y contundentes a considerar no suelen ser fidedignas, pues no pretenden informar, sino impresionar.

Por ser ejemplificador en varios aspectos, el ejercicio comenzará con un suceso reciente, que incluye una frase presidencial. El viernes 03 de abril, fecha de inicio de los anunciados pagos de haberes a jubilados, pensionados y prestaciones sociales sin tarjetas de débito, una multitud integrada por la población más vulnerable acudió a las entidades bancarias del país, siendo forzada a incumplir la consigna de aislamiento. Tras la descripción del hecho, el análisis. El Observatorio Social de la Universidad Católica, hecha la salvedad de la manipulación estadística que realizara cuando anunció el cierre del 2019 con un índice de pobreza del 40,2 %, mientras el confiable Indec que dejara el fallecido Todesca registró el 35,5%, publicó que la Anses informa mensualmente 14 millones de beneficiarios a través de entidades financieras oficiales y privadas, y que casi el 46% de los mayores de 60 años cobran por ventanilla. Vale decir, existía información disponible para organizar la mecánica de cobros. La primera reacción de los titulares involucrados de la Anses, Banco Central (entidades bancarias) y gremio bancario, fue de manual: negaron tener culpas. Conclusión: no trabajaron coordinados y predispuestos.

Ante los hechos, de inmediato se manifestó públicamente el presidente Fernández, señalando que “los responsables fueron los bancos, que ganaron mucho en los últimos cuatro años”. Análisis: debiera aclarar si dichas ganancias fueron ilegales o legales. En el primer supuesto efectuar la denuncia pertinente, que debiera incluir a los organismos de control. De ser legales, las ganancias se produjeron con motivo de normativas aprobadas por el parlamento. Sin olvidar que los mayores patrimonios y flujos de fondos pertenecen a los Bancos públicos. Conclusión: en la necesaria reformulación de las estructuras burocráticas, esta clarificación es imprescindible.

En situaciones de graves emergencias afloran egoísmos, inequidades e ineficacias en las conducciones estatales. Mientras franjas sociales públicas y privadas carentes de privilegios y con salarios medios y bajos actúan en frentes de riesgo ante la pandemia, los sectores públicos más favorecidos como son el bancario (incluye a los privados), judicial y legislativo (no así del ejecutivo en este caso), se mantienen impertérritos en cuarentena al amparo de sus dirigencias gremiales, que se presentan en las tribunas como adalides en la defensa de los pobres y lucha contra el poder económico. Ejemplifiquemos con el poder legislativo. Entre diputados y senadores suman 329 representantes, todos con residencia en Buenos Aires. Considerando a los que tienen alto nivel de ausentismo, existe una base de 300 legisladores para trabajar diariamente, con guardias mínimas de apoyo en secretariado, biblioteca, cafetería y seguridad. A los que estén en sus provincias, se los “repatriará” a su lugar de trabajo. De este modo, respetando normas de aislamiento y alejados de los ajetreos habituales que no invitan a la reflexión y toma de decisiones, se podrían tratar reformas y leyes trascendentes. Y cumplir con una frase que a los políticos desde hace décadas les encanta pronunciar en medios de comunicación: “nos debemos un amplio debate acerca del país que queremos”.

Buenos Aires, 25 de abril de 2020

Miserables: unos y otros

El discurso político suele abusar de adjetivos calificativos aplicados a personas o hechos, cuyos emisores suelen apelar a las complacencias personales o con el grupo de pertenencia, y a las denigraciones de adversarios o sectores críticos y opositores. En cuanto a los hechos, los cambios de gobierno y sus autoridades son ideales para visualizar las ineficacias y privilegios de nuestra estructura estatal, que una inédita pandemia transparenta como nunca antes. Hay ciudadanos con puestos laborales e ingresos asegurados aunque no trabajen, y otros que los pierden o no cobran si no trabajan. Hay trabajadores públicos y privados prestando diariamente servicios críticos en condiciones de riesgo, y sectores públicos privilegiados como legislativos, judiciales y bancarios, reacios a cumplir sus obligaciones esenciales en ámbitos y condiciones sanitarias restringidas y controladas, como aporte para paliar los efectos de la crisis.

En el campo discursivo cabe destacar la reciente interpelación del presidente Fernández al sector privado, llamando “miserables” a empresarios que transitan la pandemia vía despidos o precios abusivos. Lo ilustrativo de este caso, es que en simultáneo el Ministerio de Acción Social reconocía a empresarios privados la compra de alimentos esenciales destinados a los sectores más vulnerables con precios exorbitantes, y una situación similar en el Gobierno de la Ciudad en la compra de barbijos. Claros ejemplos para entender las distancias entre el discurso y los hechos, y ratificar que en materia de corrupción no existen grietas ni debates ideológicos. Dadas las diversas acepciones del término “miserable”, como desdichado, infeliz, insignificante, pobre, se debería aclarar que a los partícipes públicos y privados asociados para saquear los recursos estatales, llamados por los políticos “dinero de todos”, les corresponderían las calificaciones de despreciables, ruines y canallas. Y reclamarles a los amantes de los adjetivos discursivos impactantes, más precisión para definir circunstancias e intervinientes. Ejemplifiquemos recientes contradicciones entre hechos y discursos, que transparentan distorsiones estatales estructurales.    

1.- La nueva administración de Aerolíneascesanteó a 10 directores y 28 gerentes: 4 de gerencia comercial, 3 de gestión, 5 de económica financiera, 4 de abastecimiento y logística, 2 de asuntos legales, 4 de recursos humanos, 5 de sistemas y 1 de recursos técnicos y aeronáuticos. En su mejor época, Aerolíneas tenía seis gerencias: comercial, económico, operaciones, mantenimiento, legal y personal. De estos privilegios subsidiados, no son responsables sus empleados. Lo discursivo lo aportó el ministro de Transporte Mario Meoni, al aclarar que los despedidos no cobraron doble indemnización porque se trata de una empresa pública. Obviando el absurdo de legislar para que solo paguen empresas privadas, Meoni ignora u oculta que Aerolíneas es una sociedad de derecho privado.

2.- La nueva titular del PAMI, Luana Volnovich, como primera medida designó a su hermano en una función cuyo nombre indica su intrascendencia: coordinador. Reiterando la duda sobre si los familiares de funcionarios designados en cargos políticos estaban desocupados, o la actividad privada es menos rentable que la pública. De inmediato se decidió la cesación en sus cargos de más de cien empleados, planteando otra duda: si todos son cargos políticos innecesarios, o serán reemplazados por una cantidad similar o mayor, dado que los gremios no aceptan resignar aportes a sus cajas, y no formularon quejas.

3.- El escritor Juan Sasturain, recién asumido como director de la Biblioteca Nacional, declaró en un reportaje que encontró un presupuesto “solo para pagar sueldos”. Esta afirmación podría tomarse como referencia para evaluar las  administraciones nacionales, provinciales y municipales, relacionando presupuestos de salarios con los de servicios. Por ejemplo, que las intendencias informen a sus vecinos la relación porcentual existente entre recaudación anual de impuestos locales (excluyendo aportes nacionales), masa salarial (incluyendo a los concejos deliberantes, bonos y adicionales), y lo invertido en obras, maquinaria y mantenimiento. En diciembre último, mientras a nivel nacional se negociaba duramente entre funcionarios, empresarios y gremialistas un bono de fin de año entre $ 5.000 y $ 10.000, y en el Congreso se derogaba la actualización de los haberes jubilatorios, el intendente de La Matanza Fernando Espinoza, uno de los municipios más pobres y poblados del conurbano, autorizó por decreto un bono de $ 12.750 para los empleados municipales.  

Si esta evaluación basada en la relación costo salarial-servicios brindados se extendiera a todos los organismos (por ejemplo, en legislaturas salarios respecto a leyes aprobadas; en el Consejo de la Magistratura salarios respecto a jueces designados y sancionados; en los juzgados salarios respecto al número de causas elevadas a juicio oral), se comprobaría matemáticamente porque hay cada vez más pobres en el país. Transparentando la urgencia en desactivar una matriz político-institucional de décadas, basada en ineficacias, privilegios, corrupción y nepotismos entre familias políticas. Lograrlo no será responsabilidad de los privados que “más tienen”, sino exclusivamente de los políticos.  

Buenos Aires, 22 de abril de 2020