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Los recurrentes intentos de reforma judicial fracasan por sustentarse en aspectos instrumentales de coyuntura (cantidad de miembros de la Corte, cantidad de juzgados), obviando claras fundamentaciones jurídicas, sociológicas y filosóficas que la justifiquen. Falencia que podría deberse a que muchos de sus promotores, al ser por acción u omisión partícipes en el estado de corrupción que sufre el país, son sospechados de tener como objetivo lograr impunidad. En este escenario, para formarse una opinión que eluda falacias dialécticas e intencionadas omisiones, a los ciudadanos comunes se le presentan dos desafíos: 1) cómo ser parte del debate sin ser profesionales del derecho? 2) cómo diferenciar entre honestos y deshonestos, cuando integrantes de los tres poderes del Estado forman parte de una trama de corrupción estatal-privada.   

Para responder al primer interrogante, cabe recordar que no son los “ilustrados” los que crean e imponen leyes a las sociedades, sino éstas con sus creencias, usos y costumbres, determinan pautas para que los eruditos del derecho diseñen normas y leyes acordes, comprensibles y justas. Obviedad plasmada hace casi 3.800 años en el Código de leyes más antiguo y mejor conservado, integrado con 282 leyes y normas grabadas en piedra diorita, que lleva el nombre del rey Hammurabi, creador del primer Imperio Babilónico. Destinado a regular la vida urbana, planteaba entre otros aspectos el principio de presunción de inocencia, brindando al acusado y acusador la oportunidad de aportar pruebas, castigaba el falso testimonio o al difamador que no aportaba pruebas, y establecía penas que incluía la muerte. Conscientes que para ser cumplidas el conocimiento de las leyes no debía presumirse sino promoverse, se realizó una campaña de difusión oral, dado el analfabetismo de entonces.

Esta necesaria inserción social de las leyes invalida proponer reformas judiciales acotadas a consensos de cúpula, con asesoramiento cuasi aristocrático de “notables” preseleccionados, que más allá de sus intenciones, virtudes personales e intelectuales, son parte del problema. Obviando en su elaboración a quienes deben legislar y asesorarse con organizaciones civiles dedicadas a la problemática del delito y sus consecuencias, reduciendo el rol legislativo al de juntar votos. Más dudas se generan cuando las declamadas intenciones de mejorar el funcionamiento de la justicia, provienen de los responsables de no cubrir desde hace años decenas de cargos judiciales vacantes. O que las intenciones reformadoras se concentren en el fuero federal penal, con intervención directa de involucrados y procesados en causas de corrupción pública. Es como si la exitosa ley promulgada en 1970 en Estados Unidos para combatir sofisticadas organizaciones criminales llamada RICO por sus siglas (se aplicó para desbaratar la corrupción en la FIFA), hubiese contado con la entusiasta colaboración de delincuentes de entonces, como Giancana, Genovese y Gotti. Si las intenciones fueran virtuosas, es de suponer que previo a aumentar miembros de la Corte, juzgados, personal e infraestructura, se debiera optimizar lo existente, incluido la promulgación de leyes superadoras.  

El segundo desafío es más complejo, porque refiere al factor esencial en toda organización: el humano. Dado que en las áreas ejecutivas y legislativas las contradicciones y oportunismos son harto conocidos, cabe preguntarse cómo encarar esta evaluación en el campo judicial, a fin de diferenciar entre honestos y deshonestos, capaces e incapaces, sin caer en prejuzgamientos. Una ayuda al respecto surgió en el seno de la propia justicia, cuando en apoyo al proyecto elevado al Congreso en el 2013 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, llamado “Democratización de los poderes judiciales”, integrantes del poder judicial conformaron la asociación civil Justicia Legítima, invocando el mismo objetivo. El nombre no es feliz, porque por oposición hace suponer la existencia de una justicia ilegítima, que en muchos casos es verdad. Pero para no centrar el debate en una bipolaridad que nos sumerja en el engañoso juego de la simplificación, en el que la razón se somete al discurso, es necesario incorporar dos nuevas categorizaciones: arrepentidos (jueces y fiscales que abandonaron inacciones o complicidades), e intachables (apoyados en sus antecedentes). Con estos cuatro grupos el debate se clarifica, posibilitando entender que cuando desde el poder se critica genéricamente a Comodoro Py, no se incluye a todos sus jueces y fiscales, sino solo algunos de ellos. Y cuando se habla de “presiones a la justicia”, no se refiere a quienes cajonean expedientes, sino a los que cumplen plazos procesales lógicos hasta llegar a los juicios orales. La instancia que se está atravesando es natural e inevitable. La lucha no será entre demócratas y no demócratas, sino entre honestos y deshonestos. Sin siglas ideológicas ni pertenencias partidarias anexas. Según quien triunfe, habrá o no una mejor justicia.

Buenos Aires, 12 de agosto 2020

De Campagnoli a Canicoba

Cuando la discordancia entre dialéctica y hechos se traslada al campo político, la dialéctica asume el grado de compromiso. Para justificar incumplimientos o esconder intenciones, el político suele apelar a la hipocresía de aceptar al mensaje simple y breve tipo eslogan como instrumento propagandístico esencial, pero cuando lo emplea como opinión personal e intenta retractarse, aduce que la frase “fue sacada de contexto”. Para evitar esta dicotomía oportunista, los análisis no deberán sustentarse en simples opiniones o eslógans, sino en hechos adecuadamente insertos en sus contextos. Por ello la utilidad de relacionar el enjuiciamiento del fiscal Campagnoli en el 2014, con el del juez Canicoba Corral recientemente cerrado. Los seis años transcurridos entre uno y otro, con muchos de sus actores vigentes y sorprendentes similitudes, facilitarán entender las falacias discursivas y riesgos institucionales.

A comienzos del año 2014, el fiscal Campagnoli fue sometido a juicio por la entonces procuradora Gils Carbó, acusándolo de haber alterado el objeto procesal en la causa por extorsión en la venta de la Financiara SGI de Federico Elaskar, dado que la investigación alcanzó al empresario kirchnerista   Lázaro Báez, contra quien se reunieron importantes pruebas. Formado el Tribunal de Enjuiciamento con siete miembros, y un plazo de 180 días hábiles para dictaminar, Campagnoli fue suspendido por 4 votos contra 3. Su segura destitución, con el avance del proceso y presión de la opinión pública se complicó. Habiendo trascendido un empate entre seis de los miembros, la decisión final recaía en la jueza y jurado María Cristina Córdoba, quien previo a los alegatos, aduciendo problemas de salud renunció. Agotados los plazos procesales, el juicio concluyó sin veredicto.  

En el presente año el Consejo de la Magistratura tenía cinco expedientes por corrupción contra el juez federal Canicoba Corral. En julio último, en una sesión vía Zoom para decidir si el juez sería sometido a juicio político, la consejera y diputada Graciela Camaño, cuyo voto era decisivo por existir un empate entre los doce consejeros restantes, adujo problemas de conexión para votar, y la sesión se suspendió. Al no tener asegurada su continuidad, Canicoba renunció a partir del 29 de julio, día en el que cumplía 75 años, acogiéndose a la jubilación. Como en el juicio a Campagnoli, la causa concluyó sin decisión. De lo expuesto surgen enseñanzas: 1) es mucho más fácil opinar o cajonear expedientes, que asumir ante la sociedad los costos de sancionar o absolver; 2) una vez renunciado, Canicoba demostró que los jueces pueden actuar con celeridad. Tras expresar públicamente haber sido perseguido por el “macrismo”, en su última semana procesó a los ex funcionarios Dietrich, Iguacel, Dujovne y Frías Saravia, en la causa de renegociación de concesiones de peajes; 3) en la misma semana la diputada Camaño superó los problemas técnicos y pudo desempatar, pero en este caso votando a favor de habilitar la revisión del traslado de jueces.

Esta continuidad temporal entre actores, metodologías y similares desenlaces, es lo que conforma un contexto. Detectarlos y asociarlos ayudarán a clarificar la urgencia del gobierno en priorizar, en el marco de una profunda crisis económico-social, una compleja reforma judicial virtuosa en lo dialéctico, sospechada de manipular impunidad en los hechos, y de implementación altamente dudosa. Estas circunstancias hacen dudar sobre si el objetivo es transformar la Justicia a mediano plazo, o bien presionarla a corto plazo.

Buenos Aires, 05 de agosto 2020

Hay plan, estúpido

La conocida frase “es la economía, estúpido”, usada por Clinton en su campaña electoral, puede readaptarse a la supuesta ausencia de un plan económico de gobierno, que además de presupuestario es político. De un periodista esperamos opinión; de un actor interpretación; de un cómico humor; de un delincuente amenaza; de un intelectual conocimiento; de un político planificación para gobernar. Cada uno de estos roles exige identificar objetivos, tener un plan para alcanzarlos, y equipo para implementarlos. Sin embargo,   mientras confiesan no tener un plan para conducir al país, nuestros políticos ejercitan entusiastamente la opinión, la interpretación, el humor, la amenaza y escasa intelectualidad. Es un ejemplo de mediocridad o de engaño?

La respuesta a esta pregunta, si se observan las decisiones adoptadas desde diciembre pasado, incluidos meses previos a la pandemia, sería “hay plan, estúpido”. Lamentablemente, nada creativo: concentración de poderes en el ejecutivo, adormecimiento del poder legislativo, prorrogar un presupuesto vencido para tener manejo discrecional en el uso de fondos y relación con las provincias, decretar ajustes que recortan jubilaciones sin afectar privilegios, poner al poder judicial al servicio de acelerar o demorar causas de corrupción estatal-privada según convenga, aumentar impuestos invocando a los pobres mientras se proponen blanqueos impositivos exculpatorios de corrupción, intentar expropiaciones cuando se carecen de recursos para atender servicios esenciales, mantener sin cambios la ineficiente estructura estatal. Por ejemplo, sería imposible renegociar deudas externas e internas sin plan, pues deudores y acreedores debieran saber cuáles son sus límites para acordar. Quien proclama “es mi última oferta”” y luego presenta sucesivas mejoras, perdió.

La pandemia, al transparentar con mayor crudeza desigualdades y arbitrariedades, convierten a la estrategia del “no plan” en inviable, y causa de inmanejables y graves conflictos económicos y sociales. Tener un plan virtuoso, posible y mayoritariamente consensuado que oriente el presente y el mediano plazo pos pandemia, no surge de exigencias externas, sino nacionales. Más aún, cuando el país carece de las calidades institucionales e instrumentos económicos del mundo desarrollado, y aún de países vecinos. Elaborarlo con propuestas concretas integradas en un Plan Nacional es responsabilidad inexcusable del Estado, por poseer la información e instrumentos necesarios. Y recién entonces debatirlo con los históricamente fracasados Concejos económicos-sociales, y otras representaciones sectoriales.  

Diseñarlo implica identificar y reconocer debilidades políticas (las sociales y económicas son harto conocidas), para no reiterar fracasos. Podrían citarse: 1) considerando que nadie renuncia fácilmente a sus privilegios, se destaca una legislación protectora de la corporación política, que permite a procesados y condenados por corrupción desempeñar cargos públicos. Entre otros efectos, explica que en plena pandemia y una crisis económico-social inédita, se prioricen intereses particulares en el marco de acciones político-judiciales para lograr impunidad. 2) evitar oportunistas posicionamientos ideológicos, que solo provocan que quienes se hicieron millonarios a través del Estado, discutan si son de izquierda o de derecha. En la política vernácula las “grietas” son circunstanciales. Moreau, Solanas, Donda y Ricardo Alfonsín, entre otros, con cargos privilegiados bajo el brazo las sortearon con facilidad. 3) el debate debe sustituir el antagonismo oficialismo y oposición, por las opciones transformación o conservadurismo político; honestidad o impunidad. Macri gobernó con minoría parlamentaria en ambas Cámaras, minoría de gobernadores, y una añeja y estable corporación de políticos, gobernadores, legisladores, jueces, sindicalistas, empresarios, y representantes de entidades sectoriales. Aún con un panorama más favorable, si desea cambiar el sistema político, económico y social, Fernández tendrá similares problemas que Macri.

En cuanto a identificar oportunidades, la pandemia ofrece una que lamentablemente no nace de convicciones: el miedo. Las grandes revoluciones (francesa, bolchevique), se produjeron ante la confluencia de dos factores presentes en nuestro país: alta corrupción y población hambrienta. La crisis 2001-2002 generó un clamor generalizado hacia los políticos: que se vayan todos. Pese a lo cual no solo se quedaron casi todos, sino se multiplicaron. Será repetible este fenómeno?

Buenos Aires, 29 de julio 2020

Cómo funciona la AFI?

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI), años atrás llamada SIDE, conforma con otros organismos militares, de seguridad y policiales el Sistema de Inteligencia de la Nación (ley 25.520), cuya misión es la de proteger la seguridad exterior e interior del país. Sin embargo, la SIDE/AFI se destaca desde hace más de tres décadas por ser parte en todos los escándalos políticos (sobresueldos a funcionarios; sobornos a senadores; maniobras ilegales). Pese a lo cual se mantiene inalterable. Será porque en contextos de alta corrupción estatal, en lugar de ser un organismo profesional de inteligencia, es un útil instrumento para operaciones políticas?.

Lograr una respuesta implica alejarse de lo escenográfico para detenernos en aspectos claves que emergen de las causas judiciales, que en simultáneo tramitan los jueces federales Ramos Padilla, Augé y de Giorgi, y generan interrogantes que no son planteados en los debates. Si tomamos como punto de partida el conflicto entre el poderoso agente Stiuso y el entonces ministro Béliz en el año 2004, se conocieron públicamente a la fecha como integrantes del organismo, sean secretarios, directores, personal de planta o contratados, veintitrés nombres con cierto orden cronológico: Stiuso, Vila, Larcher, Mena, Taihade, Pocino, Parrilli, Arribas, Magdalani, Caamaño, López, Bogoliuk, Degastaldi, Barreiro, Miragaya, Alan Ruiz, Dalmau Pereyra, Martín Coste, Araque, Melo, Sáez, Matta y Funes Silva. Tal movilidad laboral jerárquica en los integrantes de planta en un período de tan solo 16 años, demuestra que tanto la profesionalidad a través de funcionarios de carrera, como el cumplimiento del requisito de reserva, no son virtudes del organismo. Muchos de los nombres señalados transparentan las fuertes conexiones existentes en el seno de la AFI, entre los poderes ejecutivo (conducción); legislativo (control), judicial (jueces y fiscales) y Consejo de Magistratura, que aglutina a diez representantes de los tres poderes del Estado, y tres de entes privados. No es un detalle menor. El “oscuro mundo de los servicios de inteligencia”, es un cabal reflejo del “oscuro mundo de la política”.

A partir de esta realidad se abre un sinnúmero de interrogantes. Uno de ellos referido a la forma de seleccionar a los agentes de inteligencia, dado que dentro de la AFI funciona la Escuela Nacional de Inteligencia, encargada de formar, capacitar y perfeccionar a todo el personal perteneciente al sistema de inteligencia nacional. Cuál es el plan de estudios y duración de la carrera para ingresar a la AFI? Es condición necesaria cursarla y aprobarla para actuar como agente en planta permanente? Existe un escalafón que determine ascensos según méritos y posgrados de perfeccionamiento, o en la práctica los niveles de conducción son políticos? Estas dudas nacen en que muchos de los involucrados en las causas se presentan como “ex agentes”. Se retiraron por jubilación, voluntad propia o fueron echados? Sean activos o retirados, cumplen con el requisito de guardar secreto establecido en el artículo 12° del decreto reglamentario?

Nuevos interrogantes surgen cuando las crónicas periodísticas presentan a espías como “inorgánicos” y contratados. Inorgánico define químicamente a sustancias que no forman parte de seres vivos; en este caso, a quienes no pertenecen a la AFI. En esta condición, tienen acceso a instalaciones y al personal? Policialmente hay un término menos sofisticado pero más explícito: soplones, que se mueven en un ámbito delictivo y brindan información a contactos policiales. Es esta la función de los “inorgánicos”? Por la asociación de nombres que surgen públicamente no lo pareciera. En cuanto al personal contratado, debe prestar servicios transitorios por tiempo determinado. Se cumple este requisito, o como en la administración pública, este personal sin formación específica es contratado por tiempo indefinido, con acceso a áreas de inteligencia? Estos interrogantes deberán ser respondidos por el presidente Fernández, quien debe fijar anualmente los lineamientos estratégicos y objetivos de la Inteligencia Nacional, la fiscal Caamaño, interventora de la AFI, y quienes integran la Bicameral legislativa de Seguimiento, en especial de la oposición (hay que ganarse la dieta de cada día).

Retornando al campo judicial, y entendidas las fuertes interrelaciones políticas que confluyen en la AFI y las dudas en cuanto a su estructura, las causas en curso cobran mayor relevancia. Todos los servicios cuentan con direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia, esta última para detectar y desarmar operaciones de inteligencia. El desafío de los jueces será diferenciar entre unas y otras. Y eventualmente, constatar un uso externo de información confidencial destinada a amenazar y coaccionar, como sucediera en el caso DAlessio, que lamentablemente el juez Ramos Padilla demora en elevar a juicio oral y público. Que como dato de color, muestra un aparente paradigma del espía argentino: DAlessio se presentaba como tal en programas televisivos, sin que se detectara su engaño.

Buenos Aires, 22 de julio 2020

Espiar qué y para qué?

En un país con alta corrupción estatal asociada a privados, desentrañar la “manada” de causas judiciales por espionaje presenta una dificultad: muchos de los corruptos operan en altos niveles institucionales. Pero al eliminarse el recurso del secreto por la gran cantidad de espías y personajes intervinientes, se facilita obtener resultados, sanciones y cambios estructurales, siempre y cuando se eluda la trampa política de encapsular la investigación solo en la AFI, y evitar llegar a los juicios orales y públicos, que es la única forma de responder al histórico reclamo “el pueblo quiere saber de qué se trata”.

Lo públicamente conocido a la fecha indica que las investigaciones se enfocan en un hecho delictivo específico: espionaje ilegal a figuras políticas y sociales locales, a través de escuchas telefónicas, fotos y filmaciones. Al respecto no pueden obviarse los avances tecnológicos, que permiten a cualquier ciudadano con un celular, grabar conversaciones y filmar sucesos, que registren primicias informativas, revelen actos de corrupción o armen escenarios para litigios privados. Así se filmaron y trascendieron asambleas gremiales en las que el sindicalista de taxistas Viviani impulsaba que sus afiliados apedrearan taxis que no se adhirieran a una huelga, o que el piloto de Aerolíneas Argentinas Biró, arengara combatir a Macri. A ello se agrega información obtenida a través de cámaras de seguridad, sean públicas (bolsos de López arrojados en un convento), o privadas (un grupo de Lázaro Báez contando millones de dólares en Puerto Madero). Lo que hace usual que a través de fuentes o de simples ciudadanos, el periodismo obtenga en cuestión de horas información de un fallo judicial, un peritaje o documentos. Realidades tecnológicas de uso masivo, que en principio no son delictivas.

Cuando este accionar se traslada al campo institucional a través de un servicio de inteligencia, debe cumplir normativas que definen el carácter legal o ilegal del espionaje. Debemos recordar que los objetivos de los servicios de inteligencia, según los contextos políticos, pueden ser descubrir o encubrir; combatir el delito o asociarse a él, proteger información o comercializarla. A mayor corrupción estatal, habrá menor profesionalidad y mayores oportunidades delictivas para sus agentes. No en vano la mayor causa de corrupción pública-privada nació de los cuadernos de un chofer, y no de investigaciones de la AFI. Por ello para analizar los próximos capítulos de esta zaga de suspenso, debemos reparar en ciertas inconsistencias. Las escuchas hechas públicas pueden parecer impactantes periodísticamente (D`Elía como nexo con iraníes; el apodo de Parrilli dado por la vicepresidenta; Moyano tomando un “champusardo” con un juez; Tinelli negociando un árbitro con Grondona; el diputado Valdez anunciando a Baratta, horas antes de la denuncia del empresario Etchebest en el juzgado federal de Dolores, la operación “Puf Puf” de la causa “cuadernos”), pero no configuran delito ni aportan judicialmente. Si se la compara con declaraciones públicas recientes, tales como “A tu maldito Macri lo fusilaría en Plaza de Mayo y de espaldas al pueblo” (Luis D Elía); “Macri tiene que estar colgado en Plaza de Mayo” (sindicalista “Pata” Medina); “Quiero ver a Macri con casco y chaleco entrando a Tribunales” (Pablo Moyano), las escuchas conocidas hasta pueden considerarse divertidas.

Si a ello se agrega un burdo espionaje al Instituto Patria que descubre un simple agente municipal de tránsito, o un diskette olvidado en la AFI por un anónimo agente de “inteligencia”, las causas judiciales por espionaje ilegal lejos de perder relevancia adquieren mayor gravedad, porque surge la sospecha que tras el operativo “indignación” existe una estrategia de inteligencia clásica: entretener públicamente con irrelevancias, mientras se mantienen ocultos los objetivos reales, que aglutinan entre supuestas víctimas y victimarios, a espías nada secretos, procesados por corrupción, delincuentes marginales, jueces y fiscales sospechados y un tropel de abogados que entrecruzan espionaje, causas y defendidos. Y que tamaña movilización no responde a resarcimientos morales, sino a intereses millonarios. De ahí la importancia del interrogante inicial aún sin respuesta: espiar qué y para qué?

Por ello debiera preocupar la injustificada demora del juez Ramos Padilla en elevar a juicio oral la causa D`Alessio, que brindaría muchas respuestas. En lo inmediato, para continuar desmenuzando capítulos de la historia de espías, cabe plantearse una nueva pregunta: cómo funciona la AFI?

Buenos Aires, 15 de julio de 2020

Reuniones en el Titanic

Conservadurismo es un término que tiene la virtud de encerrar en sí mismo su significado: conservar. Aplicado a lo político, el objetivo no es conservar tradiciones o valores religiosos, sino poder. Sus beneficiarios, con independencia de proclamadas ideologías supuestamente divergentes, coinciden en generar estructuras burocráticas que les permiten sostener su poder y privilegios a lo largo del tiempo. Reacios a las reformas o cambios sociales, a sus gobernados empobrecidos los contienen con dádivas que llaman subsidios. Reconocer esta condición que caracteriza a gran parte de nuestra dirigencia política encaramada en el Estado desde hace décadas, vale como punto de partida para analizar la coyuntura, urgencias y futuro próximo, en un contexto agravado por una inédita pandemia que trastocó las habituales problemáticas internas y externas del país.

Toda emergencia reclama niveles de conducción con la capacidad y experiencia necesarias para enfrentarla y minimizar daños inevitables, requisitos que supuestamente cumpliría una dirigencia casi hereditaria. Por el contrario, transcurridos más de siete meses de elegido, el gobierno continúa sin tener un plan definido con cambios estructurales imprescindibles, plasmados en un presupuesto. Tal parálisis conductiva plácidamente acompañada por las oposiciones, se intenta disimular con dispersas y concurridas reuniones de altos funcionarios con gobernadores, empresarios, gremialistas y variados consejos consultivos, que en lugar de debatir y acordar acciones integradoras y factibles de largo plazo, sus asistentes califican ante la prensa como desarrolladas en un “clima de cordialidad”. Situación que recuerda la escena de la orquesta tocando en cubierta durante el hundimiento del Titanic, en medio del caos para sobrevivir.

En paralelo se reiteran viejos recursos conservadores para que nade cambie: delegación de atribuciones constitucionales para que se gobierne por decreto; afectación de jubilaciones manteniendo las de privilegio; creación de impuestos para financiar estructuras burocráticas insostenibles, interrupción de la inacción judicial solo para gestiones relacionadas con mantener la impunidad; intervención de la empresa Vicentín por sobre el juez que entiende en su convocatoria sin “reuniones cordiales” previas. Los fracasos se disimulan como siempre: subsidiando pobreza con recursos públicos que se manejan como propios. Para tales incongruencias se presenta como excusa a la renegociación de la deuda externa con privados y la pandemia, que ofrecen un rasgo común: no tienen plazos de cierre definidos. Lo que paradójicamente, debiera obligar a una frenética actividad coordinada entre ejecutivo, legislativo, sectores de la producción y del trabajo, para modificar coherentemente estructuras burocráticas, sistema impositivo, regímenes laborales, financiero y judicial, que definan un rumbo de al menos una década. Muchos de los nuevos escenarios futuros quedaron expuestos durante el aislamiento: trabajos a distancia con recursos tecnológicos (sistema bancario; parcialmente educación y salud; comercio); flexibilización forzosa de la añeja legislación laboral; surgimiento de nuevas empresas innovadoras en software y tecnología, con alta ocupación de mano de obra y volúmenes exportables. De no planificar ya, la pandemia provocará que una vez más, se apele a acciones coyunturales, oportunistas y caóticas (caso Vicentín).

Para las transformaciones necesarias es de utilidad el reconocimiento explícito del gobierno de no considerar como “trabajadores esenciales” en épocas de crisis, a los integrantes de los poderes legislativo, judicial, y mayoría de organismos públicos, con cargos y salarios asegurados, mientras los llamados “esenciales” son trabajadores públicos y privados de salarios medios y bajos. Lo que muestra la falsedad del mensaje que para lograr un Estado menos gravoso y más eficiente sean necesarios despidos masivos. Los afectados serían los niveles superiores de la pirámide: organismos irrelevantes, cargos jerárquicos prescindibles, puestos de asesores y coordinadores, los que cobran dos o más salarios públicos, y los que no tienen concurrencia a sus trabajos.

En cuanto a la renegociación actual de deuda, la clásica frase política “no negociaré a costa del hambre del pueblo”, explicita que ya existen pautas y parámetros para negociar los futuros desembolsos. A los inversores privados no les interesa mayormente si hay programa de gobierno, sino lograr las tasas de interés más altas posibles, porque los nuevos bonos de inmediato recircularán por el mundo financiero. Pero en la postergada negociación con el FMI, que no aceptará reducciones de capital pero extenderá plazos, se exigirá el hoy inexistente programa, que además de hacer viables los futuros desembolsos, debiera promover un desarrollo nacional virtuoso para que no exista “hambre en el pueblo argentino”, que tanto preocupa a las familias políticas.

Dado que la responsabilidad del funcionamiento y calidad de vida de un país, sea comunista o capitalista, recae exclusivamente en la eficacia de su Estado, que es el que legisla, controla, ejecuta y juzga, lo que la clase política conservadora en sus actos y progresista en lo discursivo, deberá esclarecer en lo inmediato si para concretar transformaciones virtuosas, resignará privilegios.

Buenos Aires, 10 de junio 2020

Espionaje en manada

Las actuales e innumerables causas judiciales por espionaje, debieran tomarse como una nueva oportunidad para desactivar una trama de corrupción estatal-privada vigente desde hace décadas. El ciudadano común interesado podría analizarlas cual investigador amateur, que en lugar de absorber pasivamente la información obtenida a través de los diversos medios de comunicación, la procese e interrelacione para formularse interrogantes que no tienen respuesta en las diversas manifestaciones públicas. El primero de ellos sería elemental: porqué los partícipes en estas causas actúan por fuera del secreto, principio básico del espionaje? Comencemos a interconectar datos.

Universalmente, el objetivo del espionaje es obtener en forma encubierta información confidencial o secreta relevante para la seguridad exterior y/o interior de un país, con foco en actividades militares, terroristas, narcotráfico, industriales, financieras e informáticas. Tarea vital que exige alta profesionalidad e inteligencia, lo que no excluye el uso del soborno, el chantaje y la traición. Sin embargo, de nuestros servicios llamados “de inteligencia”, no se conocen éxitos en delitos complejos de origen externo (léase atentados a la embajada de Israel y a la Amia, pacto con Irán y muerte de Nisman), ni existen “arrepentidos” para explicar tal ineficacia, como los que sí se presentan a raudales en casos de sobornos y corrupción estatal local. Cabe preguntarse entonces: quiénes son los responsables de la falta de profesionalidad del organismo, y de mantener intocable su estructura, que la fiscal Caamaño pareciera no modificar? En principio, la AFI no puede evaluarse como ente autónomo dependiente del Poder Ejecutivo, sino como eslabón de una cadena operativa que además del Ejecutivo, integran el poder judicial federal, la bicameral legislativa de seguimiento, y el Consejo de la Magistratura, cuya actividad para sancionar a los malos jueces es nula. Ello facilita una impunidad institucional que integran protagonistas activos (delinquir) y pasivos (dejar hacer), lo que explicaría que quienes conducen circunstancialmente a la AFI no sean de carrera, sino roten entre diversos roles de dicha cadena, pudiendo ser diputados, intermediario de futbolistas o una fiscal federal.

Un dato llamativo, inédito en servicios de inteligencia, es la cantidad de involucrados en las distintas causas. Si excluimos a los políticos al frente del organismo (Parrilli, Magdalani, Arribas, Caamaño), y a los testigos también conocidos, muchos de ellos procesados por corrupción que manifiestan su indignación por haber sido espiados, es interesante detenerse en los numerosos nombres, si bien desconocidos para el público, forman una subtrama con variadas funciones y nexos entre ellos. En la causa del juez Ramos Padilla, figuran D`Alessio, Etchebest, Traficante, Degastaldi, Bogoliuk, Bidone, Barreiro, Bouzat, Luffi, Robles, Bindi, Guijo, Hortel, Liñani, Cifuentes, Brusa Dovat, Santoro y Stiusso. En la del juez  Augé, que absorbió la del juez Villena, figuran hasta el momento “Verdura” Rodríguez, Ruiz, Nieto, Martinengo, Melo, Araque, Sáez, Funes Silva, Dalman Pereyra, Matta, Leiva, Terra, Lasaigues, Bustos, Baldasarre, Tenorio, Fermani, Flores, Ochoa, Cicarelli, entre otros. En cuanto al juez De Giorgi, que tiene la denuncia de la interventora de la AFI, y la causa contra Cristina Kirchner por poseer en Calafate documentación de inteligencia, aún no realizó arrestos y/o indagatorias. La última novedad de esta “manada” de arrestos y denuncias la protagonizó el juez Alberto Lugones, titular del Consejo de la Magistratura, denunciando ante el juzgado federal de Campana haber sido víctima de una escucha ilegal por la cual trascendió su opinión manifestada a 184 integrantes de un grupo de whatsapp judicial, referida a la Corte y reclamos salariales. Lo llamativo es que descartó como responsable de la filtración a los 184 integrantes del grupo.

Llegados a este punto, debemos recordar que en las novelas de espionaje no cabe la frase “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, sino “todos son sospechosos hasta que se demuestre que son inocentes”. El misterio en los clásicos del espionaje reside en descubrir a traidores propios o infiltrados externos, y sus células de apoyo. En las investigaciones locales, la dificultad estriba en la cantidad de sospechosos infiltrados en instituciones del Estado, que lejos de actuar como “topos”, mantienen una alta influencia pública. Para seguir la trama, cabe poner el foco en el objetivo de las operaciones, y en el delito denunciado. Como los objetivos, sean legales o ilegales son a la fecha incomprobables, el elemento tangible es el delito denunciado: escuchas ilegales. Lo que lleva a preguntarse acerca del uso que pretendieron darle los responsables: chantajes, amenazas en busca de otros fines, hacer caer causas de corrupción? La causa D`Alessio, que el juez federal de Dolores Ramos Padilla lamentablemente demora en elevar a juicio oral, seguramente daría respuesta a estos interrogantes. En lo inmediato, cabe reflexionar el próximo miércoles si realmente las escuchas hechas públicas en medios de comunicación son trascendentes, o meramente entretenidas.

Buenos Aires, 08 de julio 2020

Espías y espiados reversibles

En su estudio del movimiento de cuerpos, el físico Newton explicó que a una fuerza en determinado sentido (acción), se le opone otra de igual valor y sentido contrario (reacción). Pero las acciones y reacciones humanas, al carecer de precisión científica, debieran analizarse aplicando el concepto de reversibilidad, que define lo que puede usarse tanto en un sentido como en el inverso, y coexistir en una misma persona. Bajo esta óptica de contrapuestos fluctuantes (propaganda con contrapropaganda; espionaje con contraespionaje y justicia con impunidad), deberán desentrañarse las actuales causas de espionaje, por las que desfilan actores públicos y privados relacionados con causas de corrupción. Para lo cual se considerarán antecedentes, factor de simultaneidad judicial, origen de cada causa, partícipes, y desenlaces posibles.

Respecto a los antecedentes de causasrelacionadas con servicios de inteligencia, útiles para detectar similitudes e incongruencias con las vigentes, en la última reflexión se citaron tres: sobresueldos en el gobierno de Menem; supuestos sobornos a senadores en la gestión De la Rúa, y conflicto Béliz-Stiusso durante el gobierno de Néstor Kirchner. Respecto al factor de simultaneidad, es llamativo que investigaciones complejas y en principio reservadas, se tramiten simultáneamente, hasta ahora, en cuatro juzgados federales: el de Dolores (juez Ramos Padilla); el 8 (juez Martínez de Giorgi, que además subroga el 11, del fallecido juez Bonadío); el 1 de Lomas de Zamora (juez Federico Villena), y el 2 de esta localidad (juez Juan Pabló Augé).

En cuanto al origen de las causas, el detallees el siguiente: a) la del juez Ramos Padilla se inició el 29 de enero del 2019, con el empresario Etchebest denunciando al falso abogado D Alessio, que invocando al fiscal Stornelli, le exigió una coima para no involucrarlo en la causa “cuadernos”, en la que Etchebest nunca estuvo incluido. b) la causa del juez Di Giorgi nació cuando la interventora de la AFI Cristina Caamaño denunció el 26 de mayo pasado el hallazgo de un disco rígido, con supuestos espionajes a figuras políticas y sociales, que un desconocido y olvidadizo espía dejara en el organismo (recordar el anónimo que apareció en el año 2000 en el Senado, denunciando coimas a senadores). Este juzgado también investiga a Cristina Kirchner, por habérsele encontrado en su vivienda en Calafate durante el allanamiento de agosto del 2018 ordenado por el juez Bonadío, carpetas de inteligencia sobre políticos y jueces. c)  la del juzgado del juez Villena, activo en causas de drogas, se origina en las revelaciones que, tras su detención, formulara el narcotraficante Sergio Rodríguez, alias “Verdura”, mencionando que había sido utilizado por un ex agente de la AFI, Facundo Melo, para colocar una bomba intimidatoria a otro ex espía, y que poseía evidencias de una estructura ilegal de espionaje. d) la del juez Juan Pablo Augé se origina en agosto del 2018, cuando integrantes del Instituto Patria denunciaron que al solicitar un agente de tránsito documentos a tres personas estacionadas en un auto en la cuadra del Instituto, se constató que eran espías y el vehículo pertenecía a la AFI. El hecho confirmaría la alta profesionalidad de nuestros espías, que supera a la del inspector Clouseau.

En campo de los partícipes, sean denunciantes o denunciados,abundan personajes relacionados con causas de corrupción, en un marco de declaraciones mediáticas rimbombantes alejadas de la reserva y seriedad que ameritan las investigaciones. Los numerosos agentes de inteligencia citados son presentados bajo distintos ropajes: activos, retirados, contratados, inorgánicos, expulsados, falsos, y excepcionalmente, “secretos” (testigo A, B, etc.). Respecto a los supuestos arrepentimientos (caso Pontaquarto en el 2008), cabe recordar que en el juego político no son morales o religiosos, sino terrenales. A partir de la eficaz ley 27304 promulgada en el 2016 para delitos complejos (entre ellos la corrupción), la designación correcta es imputado arrepentido. Para ser aceptado como tal y firmar un acuerdo de colaboración, el fiscal y el juez intervinientes deben considerar que los datos que presente el denunciante contra niveles superiores al suyo para reducir su pena, sean precisos y comprobables.

En cuanto a los desenlaces posibles, los abundantesantecedentes de muchos políticos, jueces y fiscales, indican que las “familias” políticas no priorizan la verdad, sino las operaciones de desprestigio e impunidad. Es así como condenado en dos instancias, Menem es hoy senador. O que en diciembre pasado la Cámara Federal de Mar del Plata debió solicitarle al juez Ramos Padilla que cerrara la etapa investigativa de la causa D Alessio para iniciar el juicio oral, lo que no hizo a la fecha. Ello explica que hoy fervorosos acusadores en paralelo intenten desactivar los juicos orales y públicos por corrupción estatal-privada. Estos antecedentes hacen suponer que el organismo SIDE, AFI o como se lo rebautice, no sufrirá cambios estructurales, ni la sociedad tendrá información sobre su funcionamiento, selección y formación del personal.

Como ciudadanos comunes, nuestra una única alternativa para evitar continuar sometidos a este juego, será la de exigir investigaciones en plazos razonables (un año, como en la causa cuadernos), y en los casos que corresponda, se realicen los juicios orales y públicos que definan culpabilidades e inocencias.

Buenos Aires, 01 de julio de 2020

El espionaje como sátira

El repetido tema de los servicios de inteligencia del Estado pareciera más cercano a una sátira, en la que los supuestos agentes, antes que profesionales   especializados recuerdan al ridículo inspector Clouseau en la famosa serie La Pantera Rosa. Y que confirma que desde hace décadas, en un contexto en el que procesados por corrupción pueden gobernar, legislar y ser funcionarios, la “inteligencia” estatal no se dedica a la seguridad nacional, sino que participa de una corrupción nacional que involucra a presidentes, políticos, jueces, fiscales, narcotraficantes y barras bravas.

Profundizar este planteo implica clarificar la diferencia entre espionaje e inteligencia. El primero es una actividad de campo para obtener información (vigilancia, fotos, escuchas). La inteligencia procesa y sistematiza dicha información para detectar actividades criminales y de seguridad. En los personajes que desfilan por causas judiciales y medios de comunicación, la inteligencia brilla por su ausencia. Otro aspecto a tener presente, es que a la actividad de inteligencia se le opone la contrainteligencia, que busca afectar determinadas investigaciones, o bien utilizarlas en beneficio propio. Por ejemplo, hacer caer causas de corrupción estatal-privada. En síntesis; se tenga como objetivo combatir la criminalidad o formar parte de ella, los procedimientos son los mismos. En un contexto de alta corrupción estatal-privada, este doble juego redituable, puede simultáneamente facilitar el saqueo de recursos públicos y la impunidad de los saqueadores.

En cuanto a la escasa profesionalidad de los servicios, la responsabilidad es excluyentemente política. No existen en el mundo servicios eficaces con conductores que además de carecer de formación específica, roten entre distintos cargos públicos. En 30 años desfilaron entre otros Anzorregui, Santibáñez, Larcher, Mena, Parrili, Arribas, Majdalani, Caamaño. El marco político lo cierra la complicidad “sin grietas” de la multipartidaria Comisión Bicameral de Seguimiento, que debiera controlar al organismo en sus aspectos orgánicos, operativos y presupuestarios, y no solo no lo hace, sino que cínicamente, opera citando a denunciantes sin obligación de decir verdad. Ello explica que la mal llamada “inteligencia” no sirviera para descubrir a los responsables del atentado a la embajada de Israel, a la mutual Amia o la muerte de Nisman. Para mantener esta útil inutilidad del organismo, existe un factor clave para los políticos: los fondos reservados, presentes en recordados escándalos de corrupción. Se citan tres viejos antecedentes cuyos partícipes, pasados más de 20 años aún mantienen vigencia. Esto permitirá entender el derrotero de las actuales denuncias, no solo en su metodología, sino en sus posibles desenlaces.  

En diciembre del 2015 el Tribunal Oral 4, en fallo ratificado por la Cámara de Casación, condenó al ex presidente Menem y otros funcionarios por haber pagado durante su mandato sobresueldos con fondos de gastos reservados de la SIDE. Ello se constató por haberlo confesado la ex funcionaria María Julia Alsogaray para justificar su enriquecimiento durante el ejercicio de la función pública. Desde el primer pago en 1990 hasta el dictamen, pasaron 25 años.

Tras la aprobación de una Reforma Laboral en abril del 2000, en el mismo año un tal Bravo encontró en el Senado un anónimo que denunciaba el pago de coimas a doce senadores justicialistas y radicales. A cargo del expediente judicial estuvieron cronológicamente los jueces Liporace (fue apartado por enriquecimiento ilícito), Canicoba Corral y Rafecas. En el 2003, tras una reunión con el entonces Jefe de Gabinete Alberto Fernández, se presentó en tribunales como arrepentido el ex secretario parlamentario radical Pontaquarto, confesando haber repartido 5.000.000 de dólares obtenidos de fondos reservados de la SIDE. Tras 300 declaraciones, incluidos agentes de la SIDE relevados de su obligación de confidencialidad, en fallo ratificado por la Cámara Federal de Casación, en abril del 2015 el Tribunal Oral Federal 3 resolvió la absolución de todos los acusados por no haberse presentado pruebas fehacientes. Las actuaciones judiciales duraron 15 años.

En julio del 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, el entonces Ministro de Justicia Gustavo Béliz acusó públicamente en un programa televisivo a Jaime Stiusso, entonces director de Operaciones de la SIDE, por sus manejos ilegales. Tras la denuncia, Béliz debió residir en el exterior, y Stiusso continuó en funciones hasta enero del 2015, en el que se lo relevó en medio de acusaciones cruzadas por la firma del pacto con Irán. Pasados 16 años, Béliz es actualmente un importante funcionario de Gobierno, Stiusso está jubilado, y las denuncias en sede judicial no avanzaron.

Estos antecedentes facilitarán que en la reflexión del miércoles próximo se analicen las analogías con la actualidad, que entrecruzan “inspectores Clouseau”, políticos, corruptos, cómplices, jueces y fiscales.

Buenos Aires, 24 de junio de 2020

Vicentín es nuestra o ajena?

La reciente decisión de intervenir y expropiar la cerealera Vicentín, muestra un resquebrajamiento del riguroso aislamiento social de quienes pretenden gobernar de modo unitario. Decisiones trascendentes se adoptan mediante decretos; se legisla con presencia física de representantes del gobierno mientras los opositores gesticulan en centenares de pantallas, y el poder judicial permanece cerrado a la actividad privada, pero receptivo a denuncias políticas realizadas con el estratégico objetivo de hacer caer las causas de corrupción estatal-privada, sean juicios orales iniciados o próximos a iniciarse. Vicentín debiera configurar un quiebre de este bloqueo institucional, no solo por sus múltiples aspectos legales, judiciales, económicos y laborales, sino por explicitar una estrategia política que se mantendrá a futuro.

Dado que los análisis u opiniones tienen inevitablemente preconceptos, se deben explicitar sus hipótesis de trabajo. Se destacan cinco: 1) Se utiliza como fuentes de información las de un ciudadano común: prensa oral y escrita identificable, con eventuales citas textuales.  2) Se considera relevante que nuestras dirigencias conforman “familias políticas” con vigencia desde hace más de 25 años (o sea una generación), lo que facilitará detectar contradicciones, oportunismos y falacias discursivas. 3) Las reflexiones  políticas serán de aplicación a oficialismo y oposiciones, para evitar “grietas” que anulen toda racionalidad. Neutralizando además clásicos recursos propagandísticos llamados “de orquestación”, que utilizan tanto mafias como políticos, haciendo pasar operaciones como investigaciones para lograr impunidad: nosotros robamos, pero ustedes también. 4) Aceptar que el gobierno tiene una líder operativa e ideológica excluyente: Cristina Kirchner. Seguir anhelando un “albertismo” o bien es una ingenuidad, o intenta generar una cuña en la cúpula del poder. Fernández, Massa o Solá, a quienes Maquiavelo les recordaría que “los que estuvieron en varios lugares terminan no estando en ninguno”, no reúnen condiciones de liderazgo para oponérsele. 5) Las “peleas” entre integrantes del gobierno, o expresiones delirantes de sus miembros o adherentes, cumplen un objetivo propagandístico de distracción para quitar centralidad a las oposiciones. Cuentan con la aceptación del líder; caso contrario, serían eyectados del poder.

En el caso Vicentín, lo primero que aflora en el anuncio del presidente el lunes 8 de junio, es una decisión intempestiva, sin mayor análisis en cuanto a su implementación y consecuencias. Dada su complejidad, en lo inmediato se puede opinar sobre dos aspectos: antecedentes similares y estrategia discursiva. Los innumerables antecedentes explican el atraso del país. Se podría comenzar señalando dos quiebras históricas de alimenticias: Swift (década del 70), y Sasetru (década del 80). Con integrantes del actual gobierno, se destacan cuatro referencias: Aerolíneas Argentinas/Austral; YPF, Ciccone y crisis de la cooperativa Sancor. Todos ellos con costos millonarios para el Estado, sea en indemnizaciones y/o pérdidas de juicios, y gravosas conducciones estatales. Por YPF por ejemplo, aún hoy litigan en EE. UU. por miles de millones de dólares contra el país, la familia Esquenazzi, dueños del Banco Santa Cruz.

En cuanto a lo discursivo, tanto en su presentación como en posteriores aclaraciones, el presidente Fernández utilizó como justificación de la decisión términos variados y contradictorios: intervención transitoria, salvataje, expropiación, empresa testigo, soberanía alimentaria, entre otros, generando múltiples interpretaciones y confusión. Como profesor, merece un aplazo. Más útil para análisis fundados fue la criticada y escasamente debatida frase de la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos: “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”. Si se presta atención, la propia diputada brinda en la frase una clave que demuestra que su propuesta es inaplicable en nuestro país: habla de economías desarrolladas. Bajo esta condición, que lograron no sin esfuerzo países que sufrieron guerras, las políticas serían distintas. En Alemania por ejemplo, en la crisis financiera del 2008 su gobierno compró acciones de empresas en dificultades, no para designar  burócratas en su manejo, sino para venderlas a mejor precio una vez superada la emergencia. Más aún, en este y otros países, desde hace años se está avanzando en políticas de cogestión entre empresarios y trabajadores.

En las economías desarrolladas no hay inflación sistémica, carencia de moneda propia, repetidas insolvencias para pagar deudas, legislaciones laborales de hace 40 años, y una permanente corrupción del Estado asociada a privados, sostenida por castas políticas.

Buenos Aires, 17 de junio 2020